domingo, 2 de octubre de 2016

Libro " La Gran Brecha" Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Parte X

Por Joseph Stiglizt


CUARTA PARTE


LAS CAUSAS DE QUE AUMENTEN LAS DESIGUALDADES EN ESTADOS UNIDOS

Siempre han existido desigualdades. Siempre existirán. La pregunta que plantean estos artículos es por qué las desigualdades —en todas sus dimensiones— han aumentado tanto en los últimos 35 años. La Gran Recesión, sin duda, contribuyó enormemente (aunque, como veremos en la próxima sección, en parte también fue consecuencia de ellas), pero las tendencias estaban ya presentes mucho antes.


Cada aspecto de la desigualdad —la creciente riqueza de los de arriba, el aumento de la pobreza, el debilitamiento de la clase media— tiene sus propias explicaciones. En la zona alta tienen una parte cada vez mayor del capital y la inmensa mayoría de las ganancias que este produce. Pero lo que hay que preguntarse es por qué es así. En un artículo anterior hemos explicado el concepto de captación de rentas: hay dos maneras de enriquecerse, aumentando el tamaño de la tarta económica del país y aumentando el tamaño de la propia porción en relación con las de los demás (y en la lucha por obtener una porción más grande, la tarta incluso puede empequeñecer). El aumento de la riqueza en la parte alta está relacionado sobre todo con el incremento de la captación de rentas. Los directivos empresariales están quedándose con una parte más grande de la tarta corporativa, pero no porque de pronto se hayan vuelto más productivos.


La financiarización —la importancia creciente del sector financiero en la economía— ha sido esencial, no sólo para la inestabilidad cada vez mayor de la economía, como demostró la Gran Recesión, sino para el aumento de las desigualdades. También se ha extendido el poder monopolístico y el desarrollo de empresas con poder global de mercado (Apple, Google, Microsoft) y, en algunos casos, incluso el de empresas con más poder local de mercado (Walmart, Amazon).


En el apartado anterior destacamos una serie de aspectos de las desigualdades en Estados Unidos, incluidas la falta de igualdad en el acceso a la sanidad y la educación y la pobreza entre los niños. La consecuencia de estas injusticias es que las desigualdades se transmiten de generación en generación y los hijos de los privilegiados comienzan la vida con una ventaja importante. Las faltas de igualdad de oportunidades son al mismo tiempo causa y consecuencia de las desigualdades de rentas. No es extraño que las desigualdades aumenten con el tiempo, porque Estados Unidos sufre cada vez más segregación económica: los hijos de los ricos van a escuelas bien dotadas y los de los pobres, a escuelas que muchas veces apenas pueden funcionar.


El aumento de la desigualdad de rentas antes de impuestos e ingresos por transferencia, aunque es considerable, no es mucho mayor en Estados Unidos que en algunos otros países avanzados. Lo que diferencia nuestra situación es lo poco que hacemos para remediarlo. Otros han hecho más esfuerzos para mitigar las desigualdades.


En artículos anteriores de este libro hemos insistido en que las desigualdades son una opción: las leyes de la economía son las mismas en unos países que en otros, pero se manifiestan de maneras muy distintas. Cada ley y cada norma, cada gasto público, cada decisión política puede repercutir en las desigualdades. En la siguiente parte lo demostraremos con varios de los encendidos debates políticos en los que está enzarzado Estados Unidos. La sección anterior también ofrecía varios ejemplos: en este país hemos decidido financiar la enseñanza superior de una manera totalmente diferente a otros, y eso hace que el acceso a la universidad sea más difícil para los pobres e incluso para la clase media. En El precio de la desigualdad abordo otros ejemplos, como el hecho de que nuestras leyes de bancarrota —las leyes que especifican qué ocurre cuando una empresa o un individuo no puede pagar todo lo que debe— favorecen al sector financiero y discriminan a los pobres que tratan de ascender mediante préstamos que les permitan obtener una educación.


Los artículos de esta sección no tocan más que una parte de la historia. No hablan de que la falta de igualdad de acceso a la educación y logros académicos es al mismo tiempo una consecuencia y una causa de nuestras crecientes desigualdades de rentas y riqueza; ni de que una nutrición inadecuada y la dificultad de acceso a la atención sanitaria para los pobres (y cada vez más, incluso para la clase media) también pueden perpetuar las desigualdades; ni de que la mayor exposición de los niños pobres a los riesgos medioambientales puede tener el mismo efecto. Tampoco examinan hasta qué punto la falta de igualdad en el acceso a la justicia contribuye asimismo a ello.


En lugar de eso, estos artículos se centran en dos temas concretos: la ayuda corporativa y nuestro sistema tributario. El título del primer ensayo, escrito poco después de que se rescatara a los bancos, es muy elocuente, «El socialismo para ricos en Estados Unidos». Es bien sabido que «socialismo» es una palabra denostada en Estados Unidos, igual que «ayudas». Pero cómo, si no, calificar los megarrescates de los bancos de nuestro país. No seguimos las reglas del capitalismo, porque entonces los banqueros, accionistas y poseedores de obligaciones serían los que habrían pagado por sus errores. Quienes critican mi opinión dicen que teníamos que rescatar a los bancos. Es verdad. Pero no teníamos que rescatar a los banqueros, los accionistas ni los poseedores de bonos. El ensayo no sólo demuestra que el sistema tributario es injusto; también explica cómo distorsiona nuestra economía y genera niveles más altos de desigualdad de rentas, tanto después de impuestos como antes de impuestos. Si los especuladores están sujetos a tipos fiscales más bajos que los que viven de su trabajo, se estimula la especulación. En abril de 2014 testifiqué ante el Senado sobre el aumento de las desigualdades en Estados Unidos. Un senador preguntó cómo podía explicar a sus representados por qué un fontanero debía pagar más impuestos que alguien que obtuviera unos ingresos comparables gracias a los rendimientos de la especulación a largo plazo. Era una pregunta retórica, por supuesto, y ninguno de los asistentes, ni republicanos ni demócratas, pudo darle respuesta.


Más en general, otros artículos anteriores explicaban que las desigualdades en lo alto están relacionadas con la explotación y la captación de rentas, y aquí explico de qué manera nuestro sistema tributario fomenta estas actividades, debilita la economía y aumenta las desigualdades. En Estados Unidos, cuando se aproxima el fin del plazo para entregar la declaración de la renta, cada 15 de abril, hay siempre una avalancha de artículos sobre nuestro sistema tributario. «Un sistema fiscal en contra del 99 por ciento» demuestra que nuestro régimen de impuestos no es sólo un poco injusto, sino que está sesgado en contra de la inmensa mayoría de la población. Como los de más arriba no pagan todos los impuestos que les corresponderían, la carga que soportan los demás es mayor; y eso significa que los ricos pueden guardarse —y reinvertir— sus ganancias y ser cada vez más ricos. Warren Buffett señaló en una ocasión que era injusto que él pagara menos impuestos que su secretaria. Lo que no dijo fue que a lo que se refería era probablemente a la proporción entre sus impuestos y sus ingresos materializados. Todos los años, obtiene un salario pequeño (en relación con sus ingresos globales), recibe dividendos e intereses y materializa ciertas plusvalías. Pero suele tener además inmensas ganancias de capital no materializadas. Los activos que posee aumentan de valor y, mientras no venda sus acciones y otros títulos de propiedad, no tiene que pagar impuestos. De modo que, si los ricos conservan sus activos, pueden incrementar su valor, año tras año, sin pagar ningún impuesto. Y luego pueden transmitírselos a sus hijos; y estos, a sus hijos. Mientras no se venda ese patrimonio, nunca tendrán que pagar impuestos. Y si un bisnieto lo vende, no tendrá que tributar más que por el incremento de valor desde que los heredó; toda la plusvalía de las generaciones anteriores queda totalmente exenta. (Es cierto que puede haber impuestos de transmisión, pero una gestión astuta sabe evitarlos o, por lo menos, reducirlos al mínimo).


Escribí estos artículos antes de que se denunciaran los escándalos de evasión de impuestos a escala mundial. Hasta entonces, General Electric era el mejor ejemplo de gran empresa que había logrado no pagar los impuestos que le correspondían. Pero entonces estallaron los casos de Apple y Google, la noticia de que dos compañías de Silicon Valley, famosas por su capacidad innovadora en tecnología, habían hecho gala del mismo talento a la hora de evadir impuestos. Se aprovecharon de la globalización, de la facilidad para mover el dinero por todo el mundo. Apple aseguró que sus beneficios, en realidad, ¡podían atribuirse a unos cuantos trabajadores en Irlanda! La honradez y el sentido de la justicia parecen escasear más que el talento. Estas empresas estaban deseando tomar pero no dar: al fin y al cabo, su éxito depende de Internet, que se creó gracias al dinero del Gobierno. Si no reponemos con la investigación básica la reserva de ideas que luego pueden aprovechar las empresas, las innovaciones dejarán de fluir. Pero para eso hace falta el dinero de los impuestos. Google y Apple han demostrado que el mismo comportamiento miope y egoísta que era endémico en el sector financiero puede manifestarse también en Silicon Valley.


«Falacias de la lógica de Romney» lo escribí en medio de la indignación que despertó el vídeo de un discurso de Mitt Romney, entonces candidato republicano a la presidencia (eran unos comentarios que él había hecho en privado). En él decía que el 47 por ciento de los estadounidenses no pagaban impuestos y los llamó «aprovechados». Lo irónico era, por supuesto, que el propio Romney había conseguido evitar pagar los que le correspondían, utilizando un resquicio legal en el código tributario que permitía a los miembros del sector del capital privado pagar unos impuestos muy inferiores a los de un fontanero que ganase un dinero similar. (Hubo otra cuestión que no tuve tiempo de mencionar en el artículo. Romney reconoció que guardaba gran parte de su patrimonio en las Islas Caimán. Se supone que Estados Unidos tiene los mejores mercados financieros del mundo, al menos para servir los intereses de los ricos. No creo que tuviera su dinero en las Islas Caimán porque le ofrecieran unos servicios más extraordinarios —aparte de la falta de transparencia— que los de Wall Street. Pero nunca se dignó a dar una explicación a sus conciudadanos). Este artículo explica más en concreto cuál era el fallo de la lógica de Romney, por qué se equivocó al criticar al «47 por ciento».

EL SOCIALISMO PARA RICOS ENESTADOSUNIDOS[20*]

Con todas las noticias sobre los «brotes verdes» de recuperación económica, los bancos de Estados Unidos están tratando de rechazar los intentos de regularlos. Aunque los políticos hablan de que están decididos a emprender reformas regulatorias para evitar que se reproduzca la crisis, este es un ámbito en el que conviene leer la letra pequeña, y los bancos reunirán todas las fuerzas que les quedan para asegurarse de tener un amplio margen de maniobra que les permita seguir como antes.


El viejo sistema era muy cómodo para los banqueros (aunque no para sus accionistas), así que ¿por qué van a aceptar los cambios? Los esfuerzos para rescatarlos pensaron tan poco en el tipo de sistema financiero que queremos después de la crisis que acabaremos teniendo un sistema bancario menos competitivo y en el que los bancos que eran demasiado grandes para dejarlos caer serán todavía más grandes.


Es sabido desde hace tiempo que los bancos estadounidenses demasiado grandes para quebrar son también demasiado grandes para manejarlos. Ese es uno de los motivos por los que varios de ellos han tenido un comportamiento tan lamentable. Como el Gobierno garantiza los depósitos, tiene un papel muy importante en la reestructuración (a diferencia de otros sectores). Normalmente, cuando quiebra un banco, el Estado diseña una reestructuración financiera y, si tiene que poner dinero, por supuesto, adquiere un interés en su futuro. Las autoridades saben que, si esperan demasiado, es muy probable que los bancos zombis o casi zombis —que tienen poco o ningún patrimonio, pero a los que se trata como si fueran instituciones viables— «se jueguen todo a la resurrección». Si hacen grandes apuestas y ganan, se llevan los beneficios; si pierden, la factura la paga el Estado.


Esto no es mera teoría; es una lección que aprendimos con un gran coste durante la crisis de las cajas de ahorro de los años ochenta. Cuando el cajero automático dice que hay «fondos insuficientes», el Gobierno no quiere que eso signifique que el banco —no nuestras cuentas— no tiene dinero, así que interviene antes de que esté vacío del todo. En una reestructuración financiera, los accionistas suelen quedarse sin nada y los poseedores de bonos se convierten en los nuevos accionistas. A veces, el Estado debe suministrar más dinero; a veces busca a un nuevo inversor que se haga cargo del banco quebrado.


Sin embargo, la administración de Obama ha introducido un nuevo concepto: demasiado grande para ser reestructurado. El Gobierno alega que sería un caos si intentáramos que estos grandes bancos se atengan a las reglas habituales. Cundiría el pánico en los mercados. De modo que no sólo no podemos tocar a los titulares de bonos, sino que ni siquiera podemos tocar a los accionistas, a pesar de que la mayor parte del valor actual de las acciones refleja la apuesta por el rescate del Gobierno.


Creo que este punto de vista está equivocado. Creo que Obama ha cedido a las presiones políticas y los intentos de atemorizar de los grandes bancos. Como consecuencia, el Estado ha confundido rescatar a los banqueros y sus accionistas con rescatar a los bancos.


La reestructuración ofrece la oportunidad de empezar de nuevo: los posibles nuevos inversores (en capital o en instrumentos de deuda) tendrán más confianza, otros bancos estarán más dispuestos a prestarles dinero y ellos estarán más dispuestos a prestar a otros. Los titulares de bonos saldrán ganando con una reestructuración ordenada y, si el valor de los activos es verdaderamente mayor del que el mercado (y los analistas externos) creen, al final cosecharán los beneficios.


Lo que está claro es que los costes actuales y futuros de la estrategia de Obama son muy elevados, y, hasta ahora, no ha logrado su discreto objetivo de reanimar los créditos. El contribuyente ha tenido que aportar miles de millones de dólares, y asumir miles de millones más en garantías, unas facturas que habrá que pagar en el futuro.

Reescribir las reglas de la economía de mercado —en un sentido que ha beneficiado a quienes habían hecho tanto daño a la economía mundial— no sólo es costoso desde el punto de vista financiero. Para la mayoría de los estadounidenses es también terriblemente injusto, sobre todo después de ver que los bancos desviaban los miles de millones que tenían el propósito de permitir la reanudación de los préstamos al pago de primas y dividendos desproporcionados. La ruptura del contrato social no es algo que pueda tomarse a la ligera.


Pero esta nueva forma de capitalismo de imitación, en el que las pérdidas se socializan y los beneficios se privatizan, está condenada al fracaso. Los incentivos están distorsionados. No hay disciplina de mercado. Los bancos demasiado grandes para la reestructuración saben que pueden jugar con impunidad, y ahora que la Reserva Federal ha emitido dinero a unos tipos de interés casi nulos, existen fondos más que suficientes para hacerlo.


Algunos denominan a este nuevo régimen económico «socialismo de características estadounidenses». Pero al socialismo le preocupan las personas corrientes. Estados Unidos ha dado escasa ayuda a los millones de ciudadanos que están perdiendo sus hogares. Los trabajadores que pierden su empleo no reciben más que 39 semanas de prestaciones limitadas, y después se quedan sin ayudas. Y en la mayoría de los casos, perder el empleo significa perder el seguro de salud también.


Estados Unidos ha ampliado su red de protección a las empresas de una forma sin precedentes, desde los bancos comerciales a los bancos de inversiones, luego a los seguros, y ahora a los automóviles, sin que se vea el límite. Esto no es socialismo, sino una extensión de las históricas ayudas corporativas. Los ricos y los poderosos recurren al Gobierno para que les ayude cada vez que pueden, mientras que las personas necesitadas tienen escasa protección social.


Debemos dividir los bancos demasiado grandes para dejarlos quebrar; no existen pruebas de que estos gigantes ofrezcan beneficios sociales proporcionales a los costes que suponen para los demás. Y si no los dividimos, entonces tenemos que poner límites estrictos a sus actividades. No se puede permitir que sigan haciendo lo que hacían, jugar con el dinero de otros.


Pero esto plantea otro problema de estos bancos demasiado grandes para quebrar y para ser reestructurados: tienen un poder político excesivo. Sus presiones han funcionado siempre bien, primero para que los desregularan y luego para que los contribuyentes pagaran las labores de limpieza. Ahora confían en que les sirvan otra vez para seguir teniendo la libertad de hacer lo que quieren, sin tener en cuenta los riesgos para los contribuyentes y la economía. No podemos permitirnos el lujo de que sea así.

UN SISTEMA FISCAL EN CONTRA DEL 99 POR CIENTO[21*]


Leona Helmsley, la propietaria de una cadena hotelera que fue condenada por evasión de impuestos federales en 1989, era tristemente famosa por muchas cosas; entre otras, por haber dicho, al parecer, que «los impuestos sólo los paga la gente pequeña».


Como declaración de principios, es muy posible que esta cita le granjeara a la señora Helmsley, fallecida en 2007, el título de Reina de la Mezquindad. Ahora bien, como predicción sobre la justicia de la política fiscal estadounidense, su comentario fue probablemente premonitorio.


Hoy, fecha en la que termina el plazo para presentar la declaración de la renta de las personas físicas, es un día en el que los estadounidenses deberían hacer una pausa para reflexionar sobre nuestro sistema tributario y la sociedad que genera. A nadie le agrada pagar impuestos, pero todo el mundo, salvo los libertarios más extremistas, está de acuerdo en que, como dijo Oliver Wendell Holmes, los impuestos son el precio que pagamos por tener una sociedad civilizada. Sin embargo, desde hace varios decenios, la carga de pagar ese precio está repartida de manera cada vez más injusta.


Aproximadamente seis de cada diez personas creen que el sistema tributario es injusto, y tienen razón: dicho sin rodeos, los más ricos no pagan todo lo que debieran. Los 400 contribuyentes más ricos, con unos ingresos medios de más de 200 millones de dólares, pagan menos del 20 por ciento de su renta en impuestos, mucho menos que los que son simplemente millonarios, que pagan alrededor del 25 por ciento, y más o menos lo mismo que los que sólo ganan entre 200 000 y 500 000 dólares. En 2009, 116 de los 400 más ricos —casi la tercera parte— pagaron menos del 15 por ciento de su renta en impuestos.


A los conservadores les gusta señalar que los pagos de impuestos de los estadounidenses más ricos constituyen una gran parte de los ingresos totales. Es verdad, como debe serlo en cualquier sistema tributario progresivo, es decir, un régimen que grava a los ricos con tipos más altos que a los que tienen ingresos modestos. También es verdad que, como las rentas de los más ricos han crecido de forma increíble en los últimos años, sus impuestos totales también se han disparado. Ocurriría incluso aunque hubiera un tipo fiscal plano para todo el mundo.


Lo que debería escandalizarnos e indignarnos es que, a medida que el 1 por ciento más rico se ha ido enriqueciendo cada vez más, los tipos fiscales que pagan, en la práctica, han disminuido enormemente. Nuestro sistema tributario es mucho menos progresivo de lo que fue durante gran parte del siglo XX. El tipo marginal superior del impuesto sobre la renta alcanzó su máximo con el 94 por ciento durante la Segunda Guerra Mundial, y permaneció en el 70 por ciento durante los años sesenta y setenta; hoy es del 39,6 por ciento. La equidad fiscal ha empeorado mucho en los treinta años transcurridos desde la «revolución» de Reagan en los años ochenta.


Ciudadanos por la Justicia Fiscal, una organización que propugna un sistema fiscal más progresivo, calcula que en 2010, teniendo en cuenta los impuestos federales, estatales y locales, el 1 por ciento más rico pagó ligeramente más del 20 por ciento de todos los impuestos de Estados Unidos, aproximadamente la misma proporción de las rentas que obtuvieron; un resultado nada progresivo.


Con unos tipos fiscales tan bajos en la práctica —y, sobre todo, con el tipo fiscal del 20 por ciento para las rentas de las ganancias de capital—, no es ninguna gran sorpresa que la proporción de las rentas que va a parar al 1 por ciento más rico se haya duplicado desde 1979 ni que la proporción que va a manos del 0,1 por ciento más rico casi se haya triplicado, según los economistas Thomas Piketty y Emmanuel Saez. Si recordamos que el 1 por ciento más rico de los estadounidenses posee alrededor del 40 por ciento de la riqueza del país, la situación es todavía más inquietante.


Si estas cifras no les parecen injustas, comparémoslas con las de otros países ricos.


Estados Unidos destaca entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el club de los países ricos del mundo, por su bajo tipo marginal superior. Tener unos tipos tan bajos no es esencial para el crecimiento; Alemania, por ejemplo, ha conseguido mantener su posición de centro de fabricación avanzada a pesar de que su tipo marginal superior supera considerablemente al de Estados Unidos. Y en general, nuestro tipo fiscal superior empieza a aplicarse con rentas mucho más altas. Dinamarca, por ejemplo, tiene un tipo fiscal superior de más del 60 por ciento, que se aplica a cualquiera que gane más de 54 900 dólares. El tipo superior en Estados Unidos, 39,6 por ciento, no se aplica hasta que la renta individual alcanza 400 000 dólares (o 450 000 dólares en el caso de una pareja). Sólo tres países de la OCDE —Corea del Sur, Canadá y España— tienen umbrales más altos.


La mayor parte del mundo occidental ha experimentado un aumento de las desigualdades en los últimos decenios, aunque no tanto como Estados Unidos. Pero la mayoría de los economistas está de acuerdo en que un país con excesivas desigualdades no puede funcionar bien, y muchos países han utilizado sus códigos fiscales para ayudar a «corregir» la distribución de rentas y riqueza en el mercado. Estados Unidos no lo ha hecho, o al menos no de forma significativa. Los bajos tipos que gravan a los más ricos contribuyen a agudizar y perpetuar las desigualdades y la falta de igualdad de oportunidades. Se trata de una burda inversión de los tradicionales ideales estadounidenses de meritocracia, unos ideales que todos nuestros dirigentes, de cualquier tendencia, continúan profesando.


Con los años, algunos ricos han tenido un gran éxito a la hora de obtener un trato especial y han trasladado una parte cada vez mayor de la carga de financiar los gastos nacionales —defensa, educación, programas sociales— a otros. Irónicamente, las que más éxito han tenido son varias de nuestras compañías multinacionales, que reclaman al Gobierno que negocie tratados comerciales favorables para poder entrar con facilidad en los mercados extranjeros y defender sus intereses comerciales en todo el mundo, pero luego utilizan esas bases en otros países para eludir pagar impuestos.


General Electric se ha convertido en el símbolo de las empresas multinacionales con sede en Estados Unidos pero que casi no pagan impuestos —su tipo medio de impuesto de sociedades, en la práctica, fue inferior al 2 por ciento entre 2002 y 2012—, igual que Mitt Romney, el candidato republicano a las presidenciales de 2012, se convirtió en el símbolo de los ricos que no pagan lo que les corresponde cuando reconoció que no había pagado más que el 14 por ciento de impuestos sobre la renta en 2011, al mismo tiempo que estaba quejándose de que el 47 por ciento de los estadounidenses eran unos aprovechados. Ni General Electric ni Mitt Romney han infringido ninguna ley fiscal, que yo sepa, pero los escasos impuestos que han pagado ofenden el más elemental sentido de la justicia de cualquier estadounidense.


Al estudiar estos datos hay que ser precavidos, porque suelen reflejar los impuestos como porcentaje de las rentas declaradas. Y los códigos tributarios no exigen la declaración de todo tipo de rentas. Para los ricos, ocultar esos activos se ha convertido en un deporte de lo más selecto. Muchos se aprovechan de las Islas Caimán o algún otro paraíso fiscal para eludir los impuestos (pueden estar seguros de que no es por el buen tiempo). No tienen que declarar ninguna renta hasta que no vuelven a traer («repatriar») los activos a Estados Unidos. Y tampoco las ganancias del capital se declaran como rentas más que cuando se materializan.


Si los bienes se transmiten a los hijos o los nietos al morir, no se pagan impuestos jamás, gracias a un peculiar resquicio legal llamado «incremento en la base del coste en el momento de morir». Sí, los privilegios fiscales de ser rico en Estados Unidos se prolongan después de muertos.


Cuando los ciudadanos ven las disposiciones especiales en la ley tributaria —para las segundas residencias, pistas de carreras, fábricas de cerveza, refinerías de petróleo, fondos especulativos y estudios de cine, entre muchos otros bienes o sectores favorecidos—, es normal que se sientan desilusionados con un sistema impositivo tan lleno de recompensas específicas. Evidentemente, estos resquicios legales y estas prebendas, en su mayoría, no han salido de la nada; normalmente se ha creado para lograr contribuciones de campaña de donantes influyentes, o para agradecerles las ya hechas. Se calcula que las disposiciones fiscales especiales ascienden a unos 123 000 millones de dólares al año, y el precio de las lagunas que permiten los paraísos fiscales no está muy a la zaga. El mero hecho de eliminar estas cláusulas sería una ayuda enorme para cumplir los objetivos de reducción del déficit que exigen los conservadores fiscales preocupados por el volumen de la deuda pública.


Pero otro motivo de injusticia es el tratamiento fiscal que recibe el llamado interés devengado. Algunos financieros de Wall Street pueden pagar impuestos en función de los tipos previstos para las ganancias del capital, más bajos, por rentas procedentes de manejar activos para fondos de capital privado o fondos especulativos. ¿Por qué va a recibir la administración de activos financieros un trato diferente que la gestión de personas o la realización de descubrimientos? Por supuesto, los miembros del sector dicen que son esenciales. Pero también lo son los médicos, abogados, profesores y cualquier otro que contribuye a que funcione nuestra compleja sociedad. Dicen que son necesarios para la creación de empleo. Pero la verdad es que muchas firmas de capital privado que han sabido aprovechar el resquicio del interés devengado, en realidad, han destruido empleo; se les da muy bien reestructurar empresas para «ahorrar» en costes de mano de obra, a menudo a base de llevarse el empleo al extranjero.


Los economistas suelen evitar la palabra «justo»; la justicia, como la belleza, está en los ojos del que mira. Pero la injusticia del sistema tributario estadounidense ha aumentado tanto que no es sincero aplicarle cualquier otra etiqueta.


Tradicionalmente, los economistas se han ocupado menos de los problemas de la igualdad que de otros más prosaicos, el crecimiento y la eficiencia. Y también en este aspecto nuestro sistema tributario saca mala nota. Nuestro crecimiento fue mayor en la época de los tipos superiores marginales altos que desde 1980. Los economistas —incluso los de instituciones internacionales tradicionales y conservadoras como el Fondo Monetario Internacional— han empezado a darse cuenta de que el exceso de desigualdades es malo para el crecimiento y la estabilidad. El sistema tributario puede ser un factor considerable a la hora de moderar esas desigualdades. Pero el nuestro hace verdaderamente poco al respecto. Una de las razones de nuestro mal comportamiento económico es la gran distorsión que causa el sistema tributario en nuestra economía. Lo único en lo que todos los economistas están de acuerdo es en que los incentivos son importantes: si se bajan los impuestos a la especulación, habrá más especulación. Hemos arrastrado a nuestros jóvenes de más talento a los chanchullos financieros en lugar de crear empresas reales, hacer verdaderos descubrimientos, ofrecer servicios genuinos a los demás. Se dedica más esfuerzo a la «captación de rentas» —quedarse con una porción más grande de la tarta económica del país— que a agrandar el tamaño de la tarta.


En los últimos años, los estudios han vinculado los tipos impositivos, la lentitud en el crecimiento y el aumento de las desigualdades. Recordemos que los bajos tipos fiscales para los más ricos, en teoría, debían estimular el ahorro y el esfuerzo y, por tanto, el crecimiento económico. No fue así. En realidad, la tasa de ahorro de las familias descendió a su nivel más bajo, casi cero, después de las dos tandas de rebajas fiscales sobre los dividendos y las ganancias del capital, aprobadas por el presidente George W. Bush en 2001 y 2003. Lo que hicieron los tipos fiscales bajos fue incrementar los rendimientos de la captación de renta, que se reforzaron, lo cual quería decir que el crecimiento se desaceleró y las desigualdades aumentaron. Esta pauta se ha observado en distintos países. En contra de las advertencias de quienes desean preservar sus privilegios, los países que han incrementado la franja a la que se aplica el máximo tipo no han crecido más despacio. Y en nuestro propio país tenemos otra prueba: si los esfuerzos de los más ricos estuvieran produciendo una mejoría del motor de toda nuestra economía, sería esperable que todo el mundo se beneficiara. Si se dedicaran a la captación de rentas, a medida que aumentaran sus ingresos, esperaríamos que disminuyeran los de otros. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Las rentas de la clase media, e incluso la baja, se han estancado o han disminuido. Pruebas aparte, hay sólidos argumentos intuitivos a favor de la idea de que los tipos fiscales han promovido la captación de rentas a expensas de la creación de riqueza. Existe una satisfacción intrínseca en el hecho de crear una empresa nueva, ampliar los horizontes de nuestro conocimiento y ayudar a otros. En cambio, es muy desagradable pasar días enteros refinando prácticas deshonestas y engañosas que arrebatan dinero a los pobres, como solía ocurrir en el sector financiero antes de la crisis de 2007-2008. Creo que la inmensa mayoría de los estadounidenses, si pudiera, preferiría lo primero que lo segundo. Pero nuestro sistema tributario inclina la balanza. Aumenta los rendimientos netos de dedicarse a una de esas actividades poco agradables y nos ha ayudado a ser una sociedad de captación de rentas.


No tiene por qué ser así. Podríamos tener un régimen fiscal mucho más sencillo sin todas las distorsiones, una sociedad en la que quienes recortan cupones para vivir pagasen los mismos impuestos que alguien con los mismos ingresos que trabaje en una fábrica; en la que alguien que obtenga sus ingresos de salvar empresas pagasen los mismos impuestos que un médico que lo gana salvando vidas; en la que alguien que gana dinero gracias a las innovaciones financieras pagase los mismos impuestos que alguien que investiga para crear innovaciones reales capaces de transformar nuestra economía y nuestra sociedad. Podríamos tener un régimen tributario que fomentase las cosas positivas como el esfuerzo y el ahorro y disuadiera de hacer cosas malas como la captación de rentas, el juego, la especulación financiera y la contaminación. Ese sistema fiscal recaudaría mucho más dinero que el actual, y no tendríamos que sufrir todas las peleas que hemos vivido de bloqueos, precipicios fiscales y amenazas de acabar con Medicare y la Seguridad Social. Estaríamos en una situación fiscal sólida, al menos, durante los próximos veinticinco años.


Las consecuencias de los fallos de nuestro sistema fiscal no son sólo económicas. Nuestro régimen se basa mucho en el cumplimiento voluntario de nuestras obligaciones. Si los ciudadanos creen que el sistema es injusto, ese cumplimiento no será tan voluntario. Más en general, el Estado tiene un papel importante no sólo en la protección social, sino también con inversiones en infraestructuras, tecnología, educación y sanidad. Sin esas inversiones, nuestra economía será más débil y crecerá más despacio.


La sociedad no puede funcionar bien sin un mínimo sentido de solidaridad y cohesión nacional, y ese sentimiento de propósito común también depende del sistema tributario. Si los estadounidenses creen que el Gobierno es injusto, que es un Gobierno del 1 por ciento, por el 1 por ciento, para el 1 por ciento, la fe en nuestra democracia desaparecerá.


LA GLOBALIZACIÓN NO ES UNA SIMPLE CUESTIÓN DE BENEFICIOS; TAMBIÉN ES UNA CUESTIÓN FISCAL[22*]


El mundo entero miraba con expectación a Tim Cook, jefe de Apple, declarar que su empresa había pagado todos los impuestos que debía, lo que al parecer significaba que había pagado todos los impuestos que estaba obligado a pagar. Por supuesto, se trata de dos cosas muy diferentes. No tiene nada de extraño que una empresa que dispone de los recursos y la inventiva de Apple haga cuanto pueda para evitar pagar (dentro de los límites de la legalidad) todos los impuestos posibles. Si bien, en el caso Citizens United, el Tribunal Supremo dictaminó que las grandes empresas son personas jurídicas, con todos los derechos concomitantes, esta ficción legal no las dotó de sentido de la responsabilidad moral, pero sí están dotadas de la capacidad de Plastic Man para estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo: en todas partes cuando se trata de vender sus productos, y en ninguna cuando se trata de declarar los beneficios derivados de esas ventas.


Al igual que Google, Apple se ha beneficiado enormemente de lo que los Gobiernos de Estados Unidos y de otros países occidentales suministran: mano de obra altamente cualificada y con formación universitaria, apoyada tanto de forma directa por el Estado como indirectamente (mediante caritativas y generosas deducciones). La investigación fundamental de la que dependen sus productos se ha beneficiado de innovaciones financiadas por los contribuyentes: Internet, sin la cual no podrían existir. Su prosperidad depende en parte de nuestro sistema legal, comprendida ahí la enérgica defensa de los derechos de propiedad industrial; solicitaron al Estado (y obtuvieron de él) que obligase a países de todo el mundo a adoptar nuestros criterios, en algunos casos con un elevado coste en vidas humanas y bienestar de quienes viven en mercados emergentes y países en vías de desarrollo. Sí, aportaron talento y capacidad de organización, por los que obtuvieron un merecido prestigio. No obstante, aunque Newton al menos tuvo la modestia de reconocer que debía sus logros al hecho de haberse aupado sobre los hombros de gigantes, estos titanes de la industria no tienen el menor escrúpulo en vivir de gorra, aprovechándose generosamente de las subvenciones que ofrece nuestro sistema, pero sin que estén dispuestos a contribuir de forma correspondiente. Sin apoyo público, las fuentes de las que brotan la innovación y el crecimiento futuros se secarán, por no hablar ya de lo que sucederá con nuestra sociedad, cada vez más dividida.


Ni siquiera es cierto que unas tasas impositivas sobre sociedades más elevadas harían contraerse necesariamente las inversiones de manera significativa. Como ha demostrado Apple, puede financiar lo que quiera endeudándose, y eso incluye el pago de dividendos, otra estratagema para evitar pagar la parte de impuestos que le corresponde. Ahora bien, los pagos de intereses son desgravables, lo que significa que en la medida en que las inversiones se financian a través del endeudamiento, los costes de capital y los beneficios cambian de manera concomitante, sin ningún efecto adverso sobre las inversiones. Y dada la baja tasa impositiva sobre las ganancias de capital, la rentabilidad de las inversiones obtiene un trato todavía más favorable. Otros aspectos del código fiscal —como la depreciación acelerada y el tratamiento fiscal de los gastos de investigación y desarrollo— devengan aún más beneficios.


Va siendo hora de que la comunidad internacional afronte la realidad: nuestro régimen fiscal global es incontrolable, injusto y distorsionador. Ha desempeñado un papel fundamental en la génesis de la desigualdad cada vez mayor que azota actualmente a los países más avanzados, con Estados Unidos a la cabeza y el Reino Unido siguiéndole a escasa distancia. Es el adelgazamiento del sector público lo que ha sido decisivo para que nuestro país dejase de ser la tierra de las oportunidades, y un lugar donde hoy en día las perspectivas de futuro de un niño dependen más de los ingresos y la formación de sus padres que en otros países avanzados.


La globalización nos ha hecho cada vez más interdependientes. Las grandes beneficiarias de la globalización han sido las grandes empresas internacionales, no, por ejemplo, el trabajador medio estadounidense o el de muchos otros países que, en parte bajo la presión de la globalización, han visto cómo sus ingresos se ajustaban plenamente a la inflación (incluyendo ahí la reducción de los precios provocada por la globalización) y bajaban un año tras otro, hasta el punto de que los ingresos de un trabajador varón a tiempo completo son menores que los de hace cuatro décadas. Nuestras multinacionales han aprendido a explotar la globalización en todos los sentidos de esa expresión, comprendida ahí la explotación de las lagunas fiscales que les permiten rehuir sus responsabilidades sociales planetarias.


Estados Unidos no podría tener un sistema de impuestos sobre sociedades funcional si hubiéramos optado por un sistema de precios de transferencia (en el que las empresas «se inventan» los precios de los bienes y servicios que una parte compra a la otra, lo que permite contabilizar los beneficios en un estado u otro). Tal y como están las cosas, es evidente que Apple puede trasladar los beneficios de un sitio a otro para evitar los impuestos estatales californianos. Estados Unidos ha desarrollado un sistema formulario en el que los beneficios globales se asignan en función del empleo, las ventas y los bienes de capital. No obstante, hay margen de sobra para ajustar aún más el sistema en respuesta a la mayor facilidad para mover los beneficios de sitio, ahora que una de las principales fuentes de «valor añadido» real es la propiedad industrial.


Hay quien ha insinuado que si bien las fuentes de producción (de valor añadido) son difíciles de identificar, sus destinos lo son menos (si bien, debido a los reenvíos, esto no está tan claro), por lo que proponen un sistema basado en los destinos. Ahora bien, un sistema semejante no sería necesariamente justo, ya que no proporcionaría ingreso alguno a los países que soportaron los costes de producción. Sin embargo, está claro que un sistema basado en los destinos sería mejor que el actual.


Aun cuando Estados Unidos no se viera recompensado por sus contribuciones científicas globales públicamente subvencionadas y la propiedad industrial acumulada sobre esa base, al menos el país sería recompensado por su consumismo desenfrenado, que ofrece incentivos a tales innovaciones. Sería positivo que pudiera obtenerse un acuerdo internacional sobre la fiscalidad de los beneficios empresariales. A falta de un acuerdo semejante, cualquier país que amenazara con imponer una fiscalidad empresarial justa sería castigado: la producción (y el empleo) irían a parar a otros lugares. En algunos casos, los Estados pueden marcarse un farol. Otros quizá consideren que el riesgo es demasiado alto. Pero de lo que no se puede escapar es de la clientela.


Por sí solo, Estados Unidos podría hacer mucho para propiciar una reforma: a cualquier empresa que vendiera bienes allí se le podría obligar a pagar un impuesto sobre sus beneficios globales —digamos a una tasa del 30 por ciento sobre la base de un balance general consolidado— pero con una deducción por impuestos por beneficios empresariales pagados en otras jurisdicciones (hasta un determinado límite). En otras palabras, Estados Unidos se establecería como garante de un régimen global de impuestos mínimos. Puede que hubiera quien optara por vender fuera de Estados Unidos, pero dudo que fueran muchos.


El problema de la evasión fiscal por parte de las empresas multinacionales es de mayor calado y requiere reformas más a fondo, entre ellas lidiar con los paraísos fiscales que reciben ese dinero y facilitan su blanqueo. Google y Apple contratan a los mejores abogados, que saben cómo evadir impuestos sin saltarse la ley. Ahora bien, en nuestro sistema no debería haber lugar para países cómplices con la evasión fiscal. ¿Por qué habrían de ayudar los contribuyentes alemanes a rescatar a los ciudadanos de un país cuyo modelo empresarial se ha basado en la evasión fiscal y las espirales descendentes? ¿Y por qué deberían los ciudadanos de ningún país permitir que sus empresas se aprovechen de esos países depredadores?


Decir que Google o que Apple se aprovecharon sin más del sistema vigente sería dejarles irse de rositas demasiado fácilmente: este sistema no surgió por sí solo. Empresas como General Electric presionaron para obtener, y obtuvieron, disposiciones que les permitieron eludir todavía más impuestos. Presionaron para obtener, y obtuvieron, cláusulas de amnistía que les permitieron llevar de nuevo su dinero a Estados Unidos a una tasa reducida especial, con la promesa de invertir el dinero en el país, y se las ingeniaron para averiguar cómo ajustarse a la letra de la ley a la vez que eludían su espíritu y su intención. Si Apple y Google simbolizan las oportunidades que brinda la globalización, sus actitudes en materia de evasión fiscal las han convertido en empresas emblemáticas de lo que puede ir y está yendcon ese sistema.- 

Continuará

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