domingo, 23 de octubre de 2016

Libro " La Gran Brecha" Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Parte XIII

Por Joseph Stiglizt


POR QUÉ JANETYELLEN,Y NO LARRY SUMMERS,DEBERÍA DIRIGIR

LA RESERVA FEDERAL[28*]

La controversia en torno al próximo director de la Reserva Federal se ha vuelto inusitadamente áspera. El país tiene la suerte de disponer de una candidata enormemente cualificada: la actual vicepresidenta de la Reserva, Janet L. Yellen. Existe inquietud en torno a la posibilidad de que el presidente pudiera optar por otro candidato, Lawrence H. Summers. Dado que he trabajado de forma estrecha con ambas personas durante más de tres décadas, tanto dentro como fuera del Gobierno, quizá yo posea una perspectiva privilegiada.


Pero ¿por qué —cabría preguntarse— se trata esta cuestión en una columna habitualmente dedicada a comprender la creciente brecha entre ricos y pobres que hay en Estados Unidos y en el mundo? El motivo es sencillo: lo que hace la Reserva Federal tiene tanto que ver con el aumento de la desigualdad como prácticamente cualquier otra cosa. La buena noticia es que los dos principales candidatos hablan como si la desigualdad les importara. La mala es que las políticas impulsadas por uno de ellos, el señor Summers, tienen mucho que ver con los males que padecen las clases medias y los pobres.


La Reserva Federal tiene competencias tanto en la regulación como en la gestión macroeconómica. Los fallos de regulación estuvieron en el meollo de la crisis estadounidense. Como responsable del Departamento del Tesoro durante la administración de Clinton, el señor Summers apoyó la desregulación de la banca, incluida la derogación de la Ley Glass-Steagall, que fue decisiva para la crisis financiera de nuestro país. Su máximo «logro» como secretario del Tesoro, entre 1991 y 2001, fue la aprobación de la ley que aseguró que no se regularan los derivados, decisión que contribuyó a hacer que los mercados financieros saltaran por los aires. (Warren E. Buffett tenía razón cuando calificó a estos derivados de «armas financieras de destrucción masiva». Algunos de los responsables de estos errores políticos de bulto han reconocido los «defectos» fundamentales de sus análisis. El señor Summers, que yo sepa, no lo ha hecho).


Los fallos de regulación también estuvieron en el meollo de crisis anteriores. Desde su cargo en el Tesoro durante la década de 1990, el señor Summers animó a los estados a liberalizar rápidamente sus mercados de capitales, así como a permitir que los capitales entrasen y saliesen sin restricciones —más aún, insistió en que lo hicieran— en contra de las recomendaciones del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (al frente del cual estuve yo entre 1955 y 1997), y eso, más que ninguna otra cosa, fue lo que condujo a la crisis financiera asiática. Pocas políticas o iniciativas han tenido mayor responsabilidad en esa crisis asiática y en la crisis financiera global de 2008 que las políticas de desregulación defendidas por el señor Summers.


Los partidarios del señor Summers aducen que está excepcionalmente cualificado para gestionar crisis, y que, si bien esperamos que no se produzca una crisis en los próximos cuatro años, la prudencia requiere nombrar a alguien que sobresalga en esos momentos decisivos. Para ser justos, el señor Summers ha estado involucrado en varias crisis. Lo que importa, no obstante, no es el simple hecho de «estar presente» durante una crisis, sino dar muestras de buen criterio en la gestión de ella. Aún más importante es el compromiso de tomar iniciativas que hagan menos probable otra crisis, actitud diametralmente opuesta a la adopción de medidas que prácticamente garantizan la inevitabilidad de otra.


La conducta y el criterio del señor Summers durante las crisis fueron tan deficientes como su falta de compromiso en ese aspecto. Tanto en Asia como en Estados Unidos, a mí me parece que subestimó la gravedad de las desaceleraciones, y como consecuencia de unos pronósticos tan desacertados no es de extrañar que las políticas fuesen inapropiadas. La actuación de los miembros del Tesoro responsables de la gestión de la crisis fue cuando menos decepcionante: convirtió las desaceleraciones en recesiones y las recesiones en depresiones. Además, si bien el sistema bancario fue rescatado y Estados Unidos logró evitar otra depresión, no se puede atribuir a los responsables de la gestión de la crisis de 2008 la paternidad de una recuperación robusta e inclusiva. Las chapuceras tentativas de reestructuración hipotecaria, la incapacidad de restablecer el flujo del crédito para las pequeñas y medianas empresas y el mal manejo de los rescates están todos bien documentados, al igual que la incapacidad de prever la gravedad del colapso económico.


Hay cuatro motivos por los que estas cuestiones son importantes para cualquiera al que le preocupe la desigualdad. En primer lugar, las crisis y el modo en que se gestionan son factores reales de creación de miseria y desigualdad. Basta con ver los estragos que ha desatado la última: la riqueza media ha descendido en un 40 por ciento, los ingresos de quienes estaban en la parte intermedia del espectro social aún no han vuelto a los niveles anteriores a la crisis, y quienes pertenecen al 1 por ciento superior de la sociedad gozaron de todos los frutos de la recuperación (y más aún). Son los trabajadores ordinarios los que más han sufrido: son ellos los que se enfrentan a elevados niveles de desempleo, los que padecen reducciones salariales y quienes soportan el grueso de los recortes de servicios públicos como resultado de la austeridad presupuestaria. Son ellos quienes han perdido sus viviendas por millones. La administración de Obama podría haber hecho más, mucho más, para ayudar a los propietarios de viviendas, y para ayudar a los municipios a mantener los servicios públicos (por ejemplo, mediante la clase de ingresos compartidos con los estados y los municipios sobre la que yo insistí a principios de la crisis).


En segundo lugar, la desregulación contribuyó a la financiarización de la economía y la distorsionó. Ofreció un margen mayor a quienes manipulan las reglas del juego en beneficio propio. Como ha sostenido enérgicamente James K. Galbraith, si echamos un vistazo a lo largo y ancho del mundo, veremos que los sectores financieros hinchados e infrarregulados están estrechamente asociados a una mayor desigualdad. En aquellos países que, como Gran Bretaña, emularon la desregulación estadounidense, la desigualdad también se ha disparado.


En tercer lugar, el aspecto más odioso de esta desigualdad inducida por la desregulación es el que está ligado a las prácticas abusivas del sector financiero, que prospera a expensas de los estadounidenses de a pie mediante préstamos predatorios, manipulación de los mercados, prácticas abusivas con las tarjetas de crédito o aprovechándose de su poder monopolista en el sistema de pagos. La Reserva Federal tiene unas competencias enormes para impedir estos abusos, y más aún desde la aprobación de la Ley Dodd-Frank de 2010. Y no obstante, el banco central se ha mostrado reiteradamente incapaz de hacerlo y ha preferido concentrarse en sanear los balances de los bancos a expensas de los estadounidenses de a pie.


En cuarto lugar, no sólo se da la circunstancia de que el sector financiero estadounidense hizo lo que no debería haber hecho, sino que tampoco hizo lo que se suponía que debería haber hecho. Incluso en la actualidad, los préstamos a las pequeñas y medianas empresas escasean. Una buena regulación alejaría a los bancos de la especulación y la manipulación de los mercados, y los devolvería a lo que debería de ser su actividad fundamental: hacer préstamos.


Suceda quien suceda a Ben S. Bernanke como presidente de la Reserva Federal, tendrá que tomar reiteradas decisiones subjetivas acerca de cuándo subir o bajar los tipos de interés, las palancas de la política monetaria.


Hay dos elementos constitutivos de esos juicios. El primero son las previsiones. Unas previsiones erróneas conducen a políticas erróneas. Sin tener un buen discernimiento de hacia dónde se dirige la economía no se pueden adoptar políticas apropiadas. La señorita Yellen tiene un historial magnífico en lo relativo a prever hacia dónde se dirige la economía, el mejor, según el Wall Street Journal, de toda la gente que hay en la Reserva Federal. Como antes he señalado, el del señor Summers deja un tanto que desear.


La excelentísima actuación de la señora Yellen no debería de pillar a nadie por sorpresa. Janet Yellen, que fue alumna mía en Yale, fue una de las mejores estudiantes que tuve jamás durante mis 47 años de docencia en Columbia, Princeton, Stanford, Yale, MIT y Oxford. Es una economista de enorme inteligencia, posee una formidable capacidad de crear consenso y ha demostrado su valía como presidenta del Consejo de Asesores Económicos del presidente (me sucedió a mí en esa función), como presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco entre 2004 y 2010 y en su actual papel de número dos de la Reserva Federal.


La señora Yellen posee una comprensión no sólo de los mercados financieros y de la política monetaria, sino también de los mercados laborales, cosa fundamental en un momento en que el paro y el estancamiento de los salarios son preocupaciones de primera magnitud.


El segundo elemento de la política de la Reserva Federal es la evaluación de riesgos: si se pisan los frenos demasiado a fondo, se corre el riesgo de provocar un desempleo excesivamente elevado; si no se pisan lo suficiente, se corre el riesgo de provocar inflación. La señora Yellen no sólo ha demostrado su excelencia a la hora de hacer previsiones, sino que también ha demostrado ser equilibrada. Se han planteado dudas legítimas: dados los estrechos vínculos del señor Summers con Wall Street, ¿reflejaría este la obsesión exclusiva de los financieros por la inflación, y le preocuparían más los efectos sobre los precios de los bonos que sobre los estadounidenses comunes? En el pasado, los bancos centrales han prestado excesiva atención a la inflación. Es más, esa concentración exclusiva, con escasa consideración por la estabilidad financiera, no sólo ha contribuido a la crisis, sino que, como he expuesto en mi libro Caída libre, también ha contribuido a la disminución de la parte del ingreso total que corresponde a los trabajadores comunes.


Pese a que la disposición a tomar iniciativas para prevenir las crisis (y el buen criterio en el transcurso de las mismas) sean indudablemente decisivas a la hora de elegir al próximo presidente de la Reserva Federal, existen otras consideraciones importantes. La Reserva Federal es una organización grande que hay que dirigir, y la señorita Yellen demostró su capacidad de gestión en la Reserva Federal de San Francisco. Hay que lograr el consenso entre un grupo variopinto de individuos testarudos, algunos de ellos más preocupados por la inflación y otros más inquietos por el desempleo. Necesitamos a alguien que sepa obtener consensos, no alguien que destaque a la hora de intimidar a los demás, sino que sepa escuchar y respetar los puntos de vista de los demás. Cuando yo era presidente del Comité de Política Económica de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, pude constatar la eficacia con la que la señora Yellen representó a Estados Unidos y el respeto que se le tributaba. En años sucesivos ha ganado en talla, y hoy en día goza de un enorme respeto entre los gobernadores de los bancos centrales de todo el mundo. Posee el criterio, la sabiduría y la dignidad que cabe esperar de una directora de la Reserva Federal.


Por último, la Reserva Federal es una institución de enorme importancia, pero por desgracia, su conducta en los años previos a que la señora Yellen asumiese su papel en Washington —tanto en lo referente a su incapacidad para lidiar con la burbuja como en lo relativo a determinados aspectos de su conducta durante las secuelas inmediatas de la crisis (como la falta de transparencia)— han socavado la confianza en ella. Es importante que el candidato del presidente Obama no actúe —y que ni siquiera se considere que actúe como tal— al servicio de los mercados financieros. Esa persona no puede ser alguien que pudiera verse empañado siquiera por la acusación de la existencia de un conflicto de intereses, cosa que resulta inevitable con la «puerta giratoria», asociada demasiado a menudo con la regulación de este sector. Tampoco debería ser alguien que padezca de «captura cognitiva» por parte de Wall Street. Al mismo tiempo, esa persona tiene que gozar de la confianza de los mercados financieros y tener una profunda comprensión de ellos. La señora Yellen reúne todas estas condiciones, lo cual es todo un logro en sí mismo.

Podría uno decir que este país tiene la fortuna de tener dos candidatos que, como ha escrito el economista de Harvard Kenneth S. Rogoff, execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, son «brillantes estudiosos con una experiencia exhaustiva de servicio público». Ahora bien, la brillantez no es el único factor determinante en el desempeño. Los valores, los criterios y la personalidad también importan.


Rara vez han sido las opciones tan descarnadas ni ha habido tanto en juego. No es de extrañar que la elección del director de la Reserva Federal haya suscitado tanto revuelo. La señora Yellen posee un historial realmente impresionante en cada uno de los empleos que ha desempeñado. El país tiene ante sí a dos candidatos, a uno que desempeñó un papel decisivo en la creación de los problemas económicos a los que nos enfrentamos en la actualidad, y a otra de una estatura, una experiencia y un criterio descomunales.


LA DEMENCIA DE NUESTRA POLÍTICA ALIMENTARIA[29*]


Hace mucho tiempo que la política alimentaria estadounidense está infestada por una lógica que lleva a rascarse la cabeza. Cada año gastamos miles de millones de dólares en subvenciones agrícolas, muchas de las cuales ayudan a grandes empresas a plantar más cultivos de los que necesitamos. La saturación resultante ejerce una presión a la baja sobre los precios agrícolas a escala mundial y perjudica a los agricultores de los países en vías de desarrollo. Entretanto, millones de estadounidenses viven al borde del hambre, que apenas logramos mantener a raya mediante un programa de vales de comida que proporciona a la mayoría de sus beneficiarios poco más de cuatro dólares al día.


De modo que resulta casi demasiado absurdo que los republicanos de la Cámara estén solicitando una ley agraria que agravará todos estos problemas. Con el presunto objetivo de equilibrar la contabilidad nacional, las medidas a favor de las que está presionando la camarilla de republicanos de la Cámara en las negociaciones con el Senado, mientras el Congreso intenta aprobar una ampliación de la ley agraria (largo tiempo parada), recortaría las escasas ayudas que nuestro país ofrece a los más vulnerables y emplearía los recursos así obtenidos para seguir engordando a un reducido número de prósperos agricultores estadounidenses.


La Cámara ha propuesto recortar las prestaciones en forma de vales de comida en unos 40 000 millones de dólares en los próximos diez años, además de los 5000 millones en recortes ya aprobados este mes al expirar las ampliaciones del programa de vales de comida incluidos en la ley de estímulos de 2009. En el ínterin, los republicanos de la Cámara parecen dispuestos a permitir que las subvenciones agrícolas, que el año pasado ascendieron a un total de 14 900 millones de dólares, sigan aumentando al mismo ritmo. Las propuestas de los republicanos transformarían la ayuda gubernamental de pagos directos —pagados a un tipo fijo a los agricultores cada año para animarlos a seguir sembrando cultivos concretos con independencia de las fluctuaciones del mercado— en subvenciones para las primas de seguros de los cultivos. Sin embargo, es poco probable que esto sea más barato. Peor aún, a diferencia de los pagos directos, las subvenciones para las primas de seguros no tienen límite de ingresos para los agricultores que puedan optar a recibir esta modalidad de dádivas.


Esta propuesta es un ejemplo perfecto de cómo una creciente desigualdad ha sido alimentada por lo que los economistas denominan «captación de rentas». A medida que un reducido número de estadounidenses se ha vuelto extremadamente rico, su poder político también ha aumentado desproporcionadamente. Intereses pequeños y poderosos —en este caso el de los agricultores comerciales ricos— ayudan a crear políticas públicas de distorsión de los mercados que no benefician a nadie salvo a ellos y les permiten apropiarse de una mayor porción de la tarta económica nacional. Esa porción mayor significa que todos los demás recibimos una porción menor —porque la tarta no aumenta de tamaño— aunque los captadores de rentas suelen ser duchos en quitarle a un ciudadano estadounidense lo suficientemente poco para que apenas sea consciente de la pérdida. Si bien la cantidad que los captadores de renta han sustraído del bolsillo de cada estadounidense es pequeña, la cantidad agregada es inmensa. Y eso incrementa a su vez la desigualdad.


El acuerdo insensato propuesto por el proyecto de ley agraria de los republicanos de la Cámara es una versión especialmente indignante de este proceso. Quita dinero real a los estadounidenses más pobres, que lo necesitan para la supervivencia pura y dura, y se lo entrega a un reducido grupo de ricos que no se lo merecen a cambio de sus contribuciones de campaña y su apoyo político. No existe justificación económica alguna: de hecho, la ley distorsiona nuestra economía al fomentar la clase de producción que no necesitamos y disminuir el consumo de quienes tienen menores ingresos. Tampoco tiene justificación moral: de hecho, intensifica la miseria y la precariedad de la vida cotidiana de millones de estadounidenses.


Las subvenciones agrícolas eran una cuestión mucho más delicada cuando comenzaron, hace ocho décadas, en 1933, en una época en la que más del 40 por ciento de los estadounidenses vivía en zonas rurales. Los ingresos agrícolas se redujeron aproximadamente a la mitad durante los tres primeros años de la Gran Depresión. En ese contexto, las subvenciones eran un programa de lucha contra la pobreza.


Ahora, sin embargo, las subvenciones agrícolas sirven a una finalidad muy distinta. Según el Grupo de Trabajo Medioambiental, entre 1995 y 2012 el 1 por ciento de las explotaciones agrícolas recibía en torno a 1,5 millones de dólares cada una, lo que representa más de una cuarta parte de todas las subvenciones. Unas tres cuartas partes de las subvenciones iban a parar a sólo un 10 por ciento de las explotaciones agrícolas, que obtenían un promedio de más de 30 000 dólares anuales, unas veinte veces la cantidad que recibe el beneficiario medio individual del Programa de Asistencia Alimentaria Supletoria Nacional (SNAP, por sus siglas en inglés), también conocido como vales de comida.


En la actualidad, los vales de comida son uno de los principales pilares de nuestro esfuerzo por combatir la pobreza. Más del 80 por ciento de los aproximadamente cuarenta y cinco millones de estadounidenses que participaron en el programa SNAP en 2011 —el último año para el que existen datos exhaustivos del Departamento de Agricultura— tenían unos ingresos familiares brutos que estaban por debajo del umbral de la pobreza. (Desde entonces, el número total de participantes se ha ampliado hasta alcanzar prácticamente la cifra de cuarenta y ocho millones). Incluso disponiendo de esa ayuda, muchos de ellos padecen inseguridad alimentaria, es decir, tienen problemas para llevar comida a la mesa en algún momento a lo largo del año.


Históricamente, los programas de vales de comida y las subvenciones agrícolas han estado vinculados. Puede que unos y otros parezcan extraños compañeros de cama, pero esto no deja de tener su lógica; es preciso abordar ambas vertientes de la economía de la alimentación: la producción y el consumo. El hecho de que dentro de un mismo país haya una abundante oferta no garantiza que los ciudadanos de ese país estén bien alimentados. El desequilibrio radical entre las subvenciones agrícolas para los ricos y la ayuda nutricional para los más necesitados —un desequilibrio que las leyes agrícolas intentarían fomentar directamente— es un doloroso testimonio de la veracidad de este hecho económico documentado.


El premio Nobel de Economía Amartya Sen nos ha recordado que ni siquiera las hambrunas vienen provocadas necesariamente por una deficiencia de la oferta, sino por la incapacidad de hacer llegar los alimentos existentes a la gente que los necesita. Así sucedió durante la hambruna bengalí de 1943 y la de la patata en Irlanda un siglo antes: Irlanda, controlada por sus amos británicos, estaba exportando alimentos a la vez que sus ciudadanos se morían de hambre.


En Estados Unidos se está desarrollando una dinámica similar. A los agricultores estadounidenses se los considera de los más eficientes del mundo. Nuestro país es el mayor productor mundial y exportador de maíz y soja, por nombrar sólo dos de los cultivos de mayor entidad. Y no obstante, millones de estadounidenses siguen padeciendo hambre, y de no ser por los programas fundamentales que ofrece el Estado para prevenir el hambre y la malnutrición —esos programas que ahora pretenden recortar los republicanos—, serían millones más.


Y hay una ironía final en las políticas alimentarias de Estados Unidos: a la vez que fomentan la sobreproducción, prestan escasa atención a la calidad y diversidad de los alimentos producidos por nuestras explotaciones agrícolas. Las enormes subvenciones destinadas a la producción de maíz, por ejemplo, suponen que muchos alimentos poco saludables sean relativamente baratos, por lo que hacer la compra con un presupuesto ajustado suele traducirse en escoger alimentos poco nutritivos. Esta es una de las razones por las que los estadounidenses afrontan la paradoja del hambre de un modo desproporcionado en relación con su riqueza, además de unas tasas de obesidad que se encuentran entre las más altas del mundo, y una gran incidencia de la diabetes tipo 2. Los estadounidenses pobres corren un riesgo especialmente elevado de padecer obesidad.


Hace unos pocos años estuve en la India, un país de 1200 millones de habitantes en el que decenas de millones de personas se enfrentan al hambre a diario, y un titular de primera página de un periódico local proclamó que uno de cada siete estadounidenses se enfrentaba a la inseguridad alimentaria porque no podía costearse las necesidades fundamentales de la existencia. Los amigos indios con los que me encontré aquel día y a lo largo de la semana siguiente estaban desconcertados por la noticia: ¿cómo podía ser que en el país más rico del mundo siguiera existiendo el hambre?


Su desconcierto era comprensible: en este país tan rico el hambre es innecesaria. Lo que no entendían mis amigos indios era que el 15 por ciento de los estadounidenses —y el 22 por ciento de los niños del país— viven en la miseria. Una persona que trabaje a tiempo completo (2080 horas anuales) por el salario mínimo de 7,25 dólares ganaría aproximadamente 15 000 dólares al año, una cantidad muy inferior al umbral de la pobreza para una familia de cuatro miembros (23 942 dólares en 2012) e incluso inferior al umbral de la pobreza para una familia de tres miembros.


El lúgubre cuadro resultante es el resultado de decisiones políticas tomadas en Washington que han contribuido a crear un sistema económico en el que las personas sin estudios superiores tienen que trabajar con una intensidad excepcional simplemente para mantenerse en la pobreza.


No es así como se supone que tiene que funcionar Estados Unidos. En su célebre discurso de las «cuatro libertades» de 1941, Franklin D. Roosevelt enunció el principio de que todos los estadounidenses deberían gozar de determinados derechos económicos fundamentales, entre ellos el derecho a tener cubiertas las necesidades básicas. Estas ideas fueron adoptadas más tarde por la comunidad internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también consagró el derecho a una alimentación adecuada. No obstante, pese a que Estados Unidos desempeñó un papel fundamental a la hora de abogar a favor de estos derechos humanos económicos fundamentales en el panorama internacional —y en lograr que se adoptaran— su actuación en el ámbito doméstico ha sido decepcionante.


Por supuesto, a nadie le extrañará que, dado el elevado nivel de pobreza, millones de estadounidenses hayan tenido que acudir al Estado para poder acceder a los requisitos básicos de la existencia. Y esa cifra aumentó drásticamente con la llegada de la Gran Recesión. Entre 2007 y 2013, el número de estadounidenses que recurren a vales de comida subió más de un 80 por ciento.


Decir que la mayoría de estos estadounidenses son técnicamente pobres no hace más que rozar la superficie de su miseria. En 2013, por ejemplo, dos de cada cinco beneficiarios del programa SNAP tenían unos ingresos brutos que no llegaban ni a la mitad de lo que marca el umbral de la pobreza. La cantidad que reciben del programa es muy pequeña, sólo 4,39 dólares al día por beneficiario. Con esto apenas se puede sobrevivir, pero marca una enorme diferencia en las vidas de quienes lo reciben: el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas calcula que en 2010 el programa SNAP sacó a cuatro millones de estadounidenses de la pobreza.


Dada la inadecuación de los programas existentes para combatir el hambre y la malnutrición, y en vista de la magnitud de la miseria resultante de la Gran Depresión, cabría pensar que la respuesta natural de nuestros dirigentes políticos hubiera sido ampliar los programas que garantizaban la seguridad alimentaria. Ahora bien, los miembros de la camarilla republicana de la Cámara de Representantes ven las cosas de otro modo. Por lo visto, quieren culpar a las víctimas: a los pobres a los que se les ha proporcionado una enseñanza pública inadecuada y por tanto carecen de una formación comercializable, y a quienes buscan trabajo en serio pero no logran encontrarlo, debido a un sistema económico que se encuentra en punto muerto, y en el que casi uno de cada siete estadounidenses que quisiera encontrar empleo a tiempo completo sigue siendo incapaz de conseguirlo. Lejos de mitigar el impacto de estos problemas, la propuesta de los republicanos agravaría la privación y las desigualdades.


Y los calamitosos efectos de la propuesta llegarán incluso más allá de nuestras fronteras. Consideradas desde una perspectiva más amplia, las subvenciones agrícolas, combinadas con los recortes en vales de comida, aumentaron la miseria y el hambre globales. Esto se debe a que, con la disminución del consumo estadounidense con respecto a lo que de otro modo sería, y al aumentar la producción, es inevitable que aumenten las exportaciones de alimentos. Unas exportaciones mayores harán bajar los precios a escala global y perjudicarán a los agricultores pobres en el mundo entero. La agricultura es el principal medio de vida para el 70 por ciento de los pobres del mundo que viven en áreas rurales, que se encuentran en una proporción abrumadora en países en vías de desarrollo.


La aprobación del plan de los republicanos de la Cámara repercutirá en nuestra economía a través de varios canales. Uno de ellos es simplemente que las familias pobres con pocos recursos asfixiarán el crecimiento. Más pernicioso es el hecho de que la ley agraria de los republicanos ahondaría la desigualdad, y no sólo mediante dádivas inmediatas a los agricultores acomodados y los correspondientes recortes para los pobres. Los niños malnutridos, ya sea porque pasen hambre o como consecuencia de una mala dieta, no aprenden tan bien como los que están mejor alimentados.


Al aplicar recortes a los vales de comida aseguramos la perpetuación de la desigualdad, y además en una de sus peores manifestaciones: la desigualdad de oportunidades. Cuando se trata de oportunidades, como he escrito en otros artículos de esta serie, Estados Unidos lo está haciendo alarmantemente mal. Estamos poniendo en peligro nuestro futuro porque habrá una gran cantidad de gente en el espectro inferior de la sociedad que no podrá ver realizadas sus expectativas y que no podrá realizar la contribución que podrían haber realizado a la prosperidad del país en conjunto.


Todo esto deja al desnudo que el argumento de los republicanos a favor de estas políticas alimentarias —la inquietud ante nuestro futuro, y en particular ante el impacto de la deuda pública sobre nuestros hijos— es una farsa deshonesta y profundamente cínica. No sólo se han pulverizado los cimientos intelectuales del fetichismo de la deuda (merced al descrédito de la obra de los economistas de Harvard Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, que vincularon el crecimiento lento con índices de deuda en relación con el PIB superiores al 90 por ciento). El proyecto de ley agraria de los republicanos también perjudica claramente a los hijos de Estados Unidos y del mundo de varias formas.


Supondría un fracaso moral y económico para el país que propuestas semejantes llegaran a convertirse en ley.


DEL LADO MALO DE LA GLOBALIZACIÓN[30*]

Los acuerdos comerciales son uno de esos temas que hacen que se nos pongan los ojos en blanco, pero al que todos deberíamos estar prestando atención. En estos momentos hay propuestas comerciales en ciernes que amenazan con dejar a la mayoría de los estadounidenses del lado malo de la globalización.


De hecho, los puntos de vista discrepantes acerca de los acuerdos están desgarrando el tejido del Partido Demócrata, aunque sería imposible desprender esa conclusión de la retórica del presidente Obama. En el discurso del estado de la nación, por ejemplo, se refirió insípidamente a «nuevos socios comerciales» que iban a «crear más empleo». Lo que está más inmediatamente en disputa es el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que agruparía a doce países de la Cuenca del Pacífico en lo que sería la mayor zona de comercio libre del mundo.


Las negociaciones en torno al TPP comenzaron en 2010, con el objetivo, según el Representante de Comercio de Estados Unidos, de incrementar el comercio y la inversión mediante la reducción de aranceles y otras barreras comerciales entre los países participantes. Sin embargo, las negociaciones del TPP se han estado llevando a cabo en secreto, lo que nos ha obligado a depender de borradores filtrados para adivinar cuáles puedan ser las cláusulas que se proponen. Al mismo tiempo, este año el Congreso presentó un proyecto de ley que otorgaría a la Casa Blanca una autoridad de vía rápida a prueba de tácticas dilatorias, y en función de la cual el Congreso simplemente aprobaría o rechazaría cualquier acuerdo comercial que se le pusiera delante, sin revisiones ni enmiendas.


Ha estallado la controversia, y no podía ser de otro modo. En función de las filtraciones —y de la historia de los acuerdos aprobados en pactos comerciales anteriores— es fácil inferir la forma del TPP en conjunto, y no pinta bien. Existe un riesgo real de que beneficie al estrato más delgado y más rico de la élite estadounidense y global a expensas de todos los demás. El hecho de que un plan semejante ni siquiera se someta a consideración da fe de la profundidad con la que la desigualdad repercute en nuestras políticas económicas.


Peor aún, acuerdos como el TPP son sólo un aspecto más de un problema de mayor entidad: nuestra absoluta mala gestión de la globalización.


En primer lugar, abordemos la historia. En general, los pactos comerciales de hoy en día son notablemente distintos a los que se establecieron en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, cuando las negociaciones se centraban en la reducción de aranceles. A medida que los aranceles fueron disminuyendo por todas partes, el comercio se amplió, y cada país pudo desarrollar aquellos sectores en los que tenía mayor fuerza, y como consecuencia, el nivel de vida aumentó. Se perderían algunos puestos de trabajo, pero se crearían otros nuevos.


Hoy en día, los acuerdos comerciales tienen un objetivo diferente. Los aranceles ya son bajos en todo el mundo. La atención se ha desplazado hacia las «barreras no arancelarias», y las más importantes de estas —para los intereses de las grandes empresas que impulsan las negociaciones— son las normativas. Inmensas empresas multinacionales se quejan de que la incoherencia de las normativas encarece los negocios. Ahora bien, la mayoría de las normativas, pese a ser imperfectas, están ahí para algo: para proteger a los trabajadores, a los consumidores, a la economía y al medio ambiente.


Es más, a menudo esas normativas fueron aprobadas por Estados que respondían a las exigencias democráticas de sus ciudadanos. Los nuevos adeptos de los acuerdos comerciales pretenden eufemísticamente que sólo aspiran a una armonización de las normativas, una frase de sonido inmaculado que implica un plan inocente destinado a promover la eficiencia. Por supuesto, podría obtenerse la armonización de las normativas mediante el refuerzo de las normas y llevándolas a los máximos niveles de exigencia en todas partes. Ahora bien, cuando las grandes empresas piden armonización, lo que en realidad quieren es una espiral descendente.


Cuando acuerdos como el TPP rigen el comercio internacional —cuando cada país ha aceptado unas normativas mínimas semejantes—, las grandes empresas multinacionales pueden volver a las prácticas habituales antes de que la Clean Air Act y la Clean Water Act se convirtieran en ley (en 1970 y 1972 respectivamente) y antes de que estallara la última crisis financiera. Las grandes empresas del mundo entero bien podrían estar de acuerdo en que la eliminación de normativas sería buena desde el punto de vista de sus beneficios. Podría persuadirse a los negociadores de que estos acuerdos comerciales serían buenos para los beneficios comerciales y empresariales. No obstante, habría algunos grandes perjudicados, a saber: todos los demás.


Precisamente por lo mucho que hay en juego resulta tan arriesgado permitir que las negociaciones comerciales transcurran en secreto. En todo el mundo, los Ministerios de comercio están sometidos a intereses empresariales y financieros. Y cuando las negociaciones son secretas, no hay manera de que el proceso democrático pueda ejercer los pesos y contrapesos necesarios para limitar los efectos negativos de esos acuerdos.


Puede que el secretismo bastara para crear una controversia significativa en torno al TPP. Lo que sabemos acerca de sus detalles particulares no lo hace sino más inaceptable aún. Uno de los peores es que permite a las grandes empresas buscar restitución ante un tribunal internacional, no sólo frente a expropiaciones injustas, sino también por el presunto descenso de sus beneficios potenciales como consecuencia de la regulación. No se trata de un problema teórico. Philip Morris ya ha ensayado esta táctica contra Uruguay, alegando que sus normativas antitabaco, que han sido objeto de aclamación por parte de la Organización Mundial de la Salud, mermaron injustamente sus beneficios y violaron un acuerdo comercial bilateral entre Suiza y Uruguay. En este sentido, los recientes acuerdos comerciales recuerdan a las Guerras del Opio, durante las cuales las potencias occidentales exigieron con éxito a China que se mantuviera abierta al opio porque estas lo consideraban fundamental para corregir lo que de otro modo hubiese supuesto un gran desequilibrio comercial.


Las cláusulas ya incorporadas a otros acuerdos comerciales se están empleando en otras partes para socavar las normativas medioambientales y de otro tipo. Los países en vías de desarrollo pagan un alto precio por aceptar esas cláusulas, pero las pruebas de que a cambio obtengan mayores inversiones son escasas y controvertidas. Y aunque estos países sean las víctimas más evidentes, la misma cuestión también podría convertirse en un problema para Estados Unidos. Cabe imaginar que las grandes empresas de nuestro país pudieran fundar sucursales en algún país de la Cuenca del Pacífico, invertir en Estados Unidos a través de esas sucursales y luego emprender acciones contra su propio Estado ejerciendo unos derechos en calidad de empresa «extranjera» de los que no habrían gozado como empresas estadounidenses. De nuevo, no se trata sólo de una posibilidad teórica. Ya existen indicios de que las empresas están decidiendo cómo canalizar su dinero hacia diferentes países en función de dónde poseen una posición legal más sólida en relación con el Estado.


Existen otras cláusulas nocivas. Estados Unidos se ha estado esforzando por disminuir el coste de la atención sanitaria. Ahora bien, el TPP dificultaría más la introducción de los genéricos, y por tanto haría subir el precio de las medicinas. En los países más pobres, no se trata sólo de mover dinero hacia las arcas de las grandes empresas: miles de personas morirían de manera innecesaria. Por supuesto, hay que recompensar a los investigadores. Para eso tenemos un sistema de patentes. No obstante, se supone que el sistema de patentes equilibra cuidadosamente los beneficios de la protección intelectual con otro objetivo valioso: facilitar más el acceso al conocimiento. Ya he escrito en otras ocasiones sobre cómo se ha abusado del sistema por parte de aquellos que buscan patentes para los genes que predisponen a las mujeres a padecer cáncer de mama. El Tribunal Supremo acabó rechazando esas patentes, pero no antes de que muchas mujeres sufrieran innecesariamente. Los acuerdos comerciales ofrecen más oportunidades aún para los abusos en las patentes.


La inquietud va en aumento. Una posible lectura de los documentos filtrados de las negociaciones hace pensar que el TPP facilitaría a los bancos estadounidenses la venta de derivados arriesgados en todo el mundo, preparando quizá así el terreno para la misma clase de crisis que condujo a la Gran Recesión.


Pese a todo esto, hay quienes apoyan apasionadamente el TPP y los acuerdos semejantes, entre otros muchos economistas. Lo que hace posible ese apoyo son teorías económicas falsas y desacreditadas que todavía siguen en circulación fundamentalmente porque sirven a los intereses de los sectores más adinerados.


El libre comercio fue uno de los dogmas de la ciencia económica durante los primeros años de la disciplina. Sí, hay ganadores y perdedores, rezaba la teoría, pero los primeros siempre pueden compensar a los segundos, de modo que el libre comercio (o el comercio aún más libre) beneficia a todo el mundo. Esta conclusión, por desgracia, se basa en numerosos supuestos, gran parte de los cuales son sencillamente falsos.


Las teorías más antiguas, por ejemplo, simplemente hacían caso omiso de los riesgos, y daban por supuesto que los trabajadores podían trasladarse ininterrumpidamente de un empleo a otro. Se daba por supuesto que la economía funcionaba con pleno empleo, de manera que los trabajadores desplazados por la globalización podrían trasladarse rápidamente de sectores de baja productividad (que habían prosperado simplemente porque la competencia extranjera se mantenía a raya mediante aranceles y otras restricciones comerciales) a sectores de productividad elevada. Sin embargo, cuando hay un nivel de paro elevado, y sobre todo cuando un alto porcentaje de los desempleados son parados de larga duración (como es el caso ahora), no cabe tanta autocomplacencia.


En la actualidad hay veinte millones de estadounidenses a los que les gustaría tener un empleo a jornada completa pero que no lo consiguen. Millones de ellos han dejado de buscar empleo, de tal modo que existe un verdadero riesgo de que los individuos desplazados de empleos de baja productividad en un sector protegido acaben convirtiéndose en miembros de nula productividad del inmenso ejército de los parados. Eso perjudica hasta a quienes han conservado sus puestos de trabajo, pues un nivel de desempleo mayor presiona a la baja sobre los salarios.


Podemos discutir sobre si nuestra economía no está funcionando del modo en que se supone que debería hacerlo, ya sea por falta de demanda agregada o porque los bancos, más interesados en especular y en manipular los mercados que en ofrecer créditos, no están proporcionando fondos adecuados a las pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, sean cuales sean los motivos, lo cierto es que esos acuerdos comerciales sí corren el riesgo de aumentar el desempleo.


Unos de los motivos de que estemos en tan mal estado es que hemos gestionado mal la globalización. Nuestras políticas económicas animan a subcontratar los empleos: los bienes producidos en ultramar gracias a la mano de obra barata pueden ser devueltos a Estados Unidos a bajo precio. De manera que los trabajadores estadounidenses comprenden que tienen que competir con los del extranjero, y su poder de negociación se debilita. Ese es uno de los motivos por los que los ingresos medios de los trabajadores varones a tiempo completo es inferior del que era hace cuarenta años.


La política estadounidense actual agrava estos problemas. Incluso en las mejores circunstancias, la vieja teoría del libre comercio sostenía que los ganadores podían compensar a los perdedores, no que lo harían efectivamente. Y no lo han hecho. Todo lo contrario. Los defensores de los acuerdos comerciales suelen decir que para que Estados Unidos sea competitivo, no sólo será necesario reducir los salarios, sino también los impuestos y el gasto público, sobre todo en aquellos programas que benefician a los ciudadanos de a pie. Deberíamos aceptar el dolor a corto plazo, dicen, porque a largo plazo todos nos beneficiaremos. Ahora bien, existen pocos indicios de que los acuerdos comerciales vayan a conducir a un crecimiento más veloz o más asentado, o de que a largo plazo vayan a beneficiar a la mayoría de trabajadores.


Los críticos del TPP son tan numerosos porque tanto el proceso como la teoría subyacente están en quiebra. Ha surgido oposición no sólo en Estados Unidos, sino también en Asia, donde las conversaciones han entrado en punto muerto.

Al encabezar un rechazo total a la autoridad de vía rápida para el TPP, el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, nos ha dado un respiro a todos. Quienes consideran que los acuerdos comerciales enriquecen a las grandes empresas a expensas del 99 por ciento parecen haber salido victoriosos de esta escaramuza. No obstante, se está librando una guerra más amplia para garantizar que la política comercial —y más en general, la globalización— se diseñe de manera que incremente el nivel de vida de la mayoría de los estadounidenses. El desenlace de esa guerra sigue siendo incierto.


En esta serie he insistido reiteradamente sobre dos cuestiones: la primera es que el alto nivel de desigualdad de Estados Unidos hoy en día y su enorme incremento durante los últimos treinta años es el resultado acumulado de un surtido de políticas, programas y leyes. Dado que el propio presidente en persona ha hecho hincapié en que hacer frente a la desigualdad debería ser la prioridad número uno del país, cada nueva política, programa o ley deberían de analizarse desde la perspectiva de su impacto sobre la desigualdad. Acuerdos como el TPP han contribuido significativamente a esta desigualdad. Las grandes empresas quizá se beneficien, e incluso cabe la posibilidad —aunque esté lejos de quedar garantizado— de que el producto interior bruto, medido de acuerdo con los parámetros convencionales, aumente. No obstante, es probable que el bienestar de los ciudadanos corrientes acuse el golpe.


Y esto me lleva a la segunda cuestión que he subrayado reiteradamente: la economía de goteo es un mito. Enriquecer a las grandes empresas —como pretende hacer el TPP— no ayudará necesariamente a quienes están en la parte central del espectro social, y ya no digamos a quienes se encuentran en la parte inferior.

Continuará

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