domingo, 18 de diciembre de 2016

Libro " La Gran Brecha" Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Parte XIX

Por Joseph Stiglizt

OCTAVA PARTE

PONER A ESTADOS UNIDOS A TRABAJAR DE NUEVO

Este libro empezó con una breve sección sobre la génesis de la Gran Recesión que se centraba en los vínculos entre esa recesión y la desigualdad, y en cómo esta fue a la vez consecuencia y causa de la misma. Cerraré el libro volviendo sobre esos temas.


Al concluir el año 2009 quedó claro que habíamos salvado a los bancos y que el país se había librado de otra Gran Depresión. No obstante, a esas alturas yo también tenía claro que no habíamos situado a la economía en la trayectoria que conduce a una recuperación rápida. Como señalé en la presentación del preludio, y sobre todo en «Cómo salir de la crisis financiera», necesitábamos estímulos potentes, bien diseñados, de grandes dimensiones y a largo plazo; nos hacía falta un rescate, sí, pero uno que indujera a los bancos a hacer préstamos a las pequeñas y medianas empresas. Las reformas regulatorias apropiadas nos ayudarían a lograrlo y a reducir el margen para que los bancos se dedicasen a especular y manipular los mercados. Necesitábamos una política de vivienda que ayudase a los millones de estadounidenses que estaban perdiendo sus casas. No hicimos ninguna de tales cosas. Si bien habíamos rescatado a los bancos, no habíamos impedido que millones y millones de estadounidenses perdieran sus empleos. La administración de Obama y la Reserva Federal tenían mayor confianza que yo, al parecer, en que estábamos a punto de pasar página. A mediados de 2011 empezó a dejarse sentir la desilusión. Estaba claro que necesitábamos algo más para poner a trabajar de nuevo a un número mayor de estadounidenses. Escribí «Cómo volver a poner a trabajar a Estados Unidos» para Politico con la intención de ofrecer un plan alternativo.


Corría el año 2013, y la economía seguía débil. Estaba fraguándose un nuevo debate nacional. ¿Existía una nueva normalidad? ¿Deberíamos aceptar un nuevo nivel de desempleo, más elevado? Yo seguía creyendo que la principal razón de la debilidad de nuestra economía era la falta de demanda, y una de las principales razones subyacentes era nuestro nivel de desigualdad, que se había agravado todavía más desde el comienzo de la recesión. En «La desigualdad está retrasando la recuperación» vuelvo a explicar, de forma bastante pormenorizada, por qué la desigualdad era tan mala para la economía, qué podíamos hacer para reducirla y cómo, en consecuencia, podríamos lograr no sólo un mejor rendimiento sino también menos desigualdad.


A medida que se constataba que la recuperación seguía siendo anémica comenzaron a suscitarse dudas sobre si el diagnóstico original de los problemas de la economía había sido correcto: ¿tenía la economía algún problema más fundamental? En el momento de la crisis, el diagnóstico habitual había sido que los bancos se habían dedicado a hacer préstamos temerarios, por lo que estaban en bancarrota, y sin un sistema bancario en condiciones la economía no puede funcionar. El dinero suministrado por los bancos era como la sangre para el cuerpo. Por eso, se argumentaba, era fundamental salvar a los bancos. No era porque adorásemos a los bancos y a los banqueros, sino porque no podíamos prescindir de ellos. La receta Obama-Bush se desprendía de este diagnóstico: metamos a los bancos en la UVI, hagámosles una transfusión masiva de dinero (o, dicho de manera más precisa, una infusión), y dentro de un año o dos todo habrá regresado a la normalidad. En el ínterin a la economía le haría falta un empujón a corto plazo —un estímulo—, pero puesto que el estímulo no era más que una medida temporal que sólo iba a hacer falta durante el tiempo en que los bancos tardaran en recuperarse, no había que ser demasiado tiquismiquis con los detalles. Y así fue cómo lo que finalmente tuvimos fue un estímulo demasiado pequeño, demasiado breve y no muy bien diseñado.


(Por supuesto, como expliqué en Caída libre y en partes anteriores de este libro, se podría haber salvado a los bancos sin salvar a los banqueros ni a los accionistas ni a los poseedores de bonos. La ironía de todo ello es que lo que hicimos fue innecesariamente oneroso para el contribuyente y menos eficaz de lo que podía o debía de haber sido).


Dos años después del colapso de Lehman Brothers los bancos, a grandes rasgos, gozaban de nuevo de buena salud. El nivel de préstamos a pequeñas y medianas empresas seguía siendo notablemente inferior al que había existido antes de la crisis, pero eso se debía en parte a que habíamos centrado nuestros esfuerzos de rescate en los grandes bancos, permitiendo así que cientos de bancos pequeños, locales y regionales —que se dedican de manera desproporcionada a realizar dichos préstamos— cerrasen. Aun así, la economía estadounidense no iba bien, sobre todo si uno se fijaba en el ciudadano medio. Es más, en el momento de enviar este libro a la imprenta, unos ocho años después del estallido de la burbuja y del comienzo de la Gran Recesión, y casi siete años desde el colapso de Lehman Brothers, los ingresos medios siguen estando por debajo del nivel alcanzado hace un cuarto de siglo.


Escribí «El libro del empleo» para explicar lo que estaba sucediendo. La inspiración fundamental procede de la historia, de fijarme en la Gran Depresión y de constatar el paralelismo entre lo que sucedió entonces y lo que está sucediendo ahora. Los incrementos de productividad en la agricultura contribuyeron a un espectacular descenso en los ingresos agrícolas de más del 50 por ciento. Los agricultores no podían permitirse comprar bienes manufacturados en las ciudades, por lo que allí los ingresos también descendieron. Y los agricultores con ingresos descendentes estaban atrapados en sus granjas: no podían mudarse a otros lugares. Dato interesante: quienes estaban en la ciudad y no podían obtener empleo se vieron forzados a regresar a las granjas, y debido a la mecanización de las zonas agrícolas más prósperas, se vieron obligados a emigrar a algunas de las zonas más pobres.


Lo que hacía falta era una transformación estructural de la economía, que la hiciera pasar de la agricultura a la industria; pero los mercados no se ocupan muy bien por sí solos de llevar a cabo esa clase de transiciones. La gente cuyas viviendas habían perdido casi todo su valor ni siquiera tenía dinero como para marcharse a las ciudades. Hacía falta asistencia gubernamental, y finalmente esta llegó gracias a la Segunda Guerra Mundial: hacía falta trasladar a gente a las ciudades para fabricar armamento y otras cosas necesarias para ganar la guerra. Y luego, tras la guerra, proporcionamos a todos aquellos que combatieron —lo que en la práctica quería decir a casi todos los varones jóvenes— enseñanza universitaria gratuita, preparándolos para la «nueva economía» que en aquel entonces estaba surgiendo.


El artículo sostiene que bajo el malestar económico contemporáneo hay acontecimientos similares: un aumento de la productividad en la industria que ha superado al crecimiento de la demanda, de manera que el empleo global en la industria está disminuyendo; cambios en las ventajas comparativas y la globalización —impulsados por nosotros— que implican que Estados Unidos obtendrá una proporción más reducida de este empleo menguante. Igual que la gente de entonces, hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. Y de nuevo al igual que entonces, ante semejantes transformaciones estructurales, por sí solos los mercados no dan buenos resultados. Sin embargo, ahora las cosas están todavía peor: los nuevos sectores que deberían estar creciendo son sectores de servicios como la atención sanitaria y la enseñanza, en los que el papel del Estado es fundamental. Pero el Estado, en lugar de dar un paso al frente para contribuir a esta transformación, se está echando atrás.


Si este análisis es correcto, entonces se avecina un panorama desolador. Y en el tiempo transcurrido desde que escribí este artículo, esos pronósticos se han cumplido en no poca medida. Se ha producido un comportamiento mediocre de la economía estadounidense a pesar de la existencia de fuerzas que cabría esperar que hubieran conducido a una poderosa recuperación: un sector de alta tecnología que es la envidia del resto del mundo y un boom en gas pizarra y petróleo han hecho bajar de nuevo el precio de la gasolina a niveles históricos. Pese a que mientras este libro está en prensa parece que el crecimiento económico esté regresando por fin —ocho años después de que comenzara la recesión en 2007—, ese crecimiento apenas es lo bastante robusto como para crear empleo para quienes ingresan por primera vez en la población activa. El nivel de desempleo se ha reducido, pero sobre todo porque la participación en la población activa ha bajado a unos niveles que no se habían visto en casi cuatro décadas: millones de estadounidenses han renunciado a encontrar un empleo.


Ahora bien, como he explicado aquí y en otras partes, este estancamiento a largo plazo (o como a veces se denomina, secular) en el que parece estar sumido Estados Unidos no es tanto una consecuencia de las leyes subyacentes de la economía como de nuestras políticas: la negativa del Estado a facilitar la transformación estructural y su negativa a hacer nada respecto a nuestro creciente nivel de desigualdad.

Los artículos finales de esta parte del libro están consagrados a reflexionar un poco más sobre las implicaciones del cambio tecnológico y los enigmas que por lo visto suscita. Los primeros los escribí antes del advenimiento de la Gran Recesión, pero cuando para mí ya estaba muy claro que algo no iba bien en el funcionamiento de nuestra economía. En «Escasez en una era de abundancia», me pregunté cómo podía ser que en esta era de la abundancia, con todos los avances tecnológicos de los que no paramos de alardear, haya al mismo tiempo tanta gente en Estados Unidos y en otros lugares que lo está pasando cada vez peor. La respuesta, en parte, era el incremento de la desigualdad: los frutos del progreso estaban repartidos tan poco equitativamente que en Estados Unidos la realidad era que la situación de las clases medias estaba empeorando.


A nivel global, seguía habiendo dos problemas añadidos. Algunas de las políticas estadounidenses estaban ayudando a los ricos del país más rico del mundo a expensas de los más pobres de los países más pobres: las subvenciones para nuestros agricultores podrían haberse empleado muchísimo mejor —invirtiendo en infraestructura, tecnología o enseñanza—, pero se las dimos a agricultores acaudalados, lo que hizo bajar los precios a escala global y empobreció más a los agricultores pobres de los países en vías de desarrollo.


Además, algunas de nuestras políticas de «bienestar corporativo» estaban enriqueciendo a nuestras compañías petrolíferas y mineras a expensas de las generaciones futuras. Estábamos subvencionando a esos contaminadores, que estaban agravando el cambio climático, una vez más con dinero que podría haberse invertido muchísimo mejor de otras maneras. Peor aún, se estaba distorsionando la innovación. Nuestras innovaciones estaban excesivamente orientadas a ahorrar trabajo —en un mundo en el que había una sobreabundancia de trabajadores en relación con los empleos disponibles— y demasiado poco a preservar el medio ambiente.


A largo plazo, el éxito a la hora de mejorar nuestro nivel de vida dependerá del crecimiento, del tipo adecuado de crecimiento, lo que significa una prosperidad compartida que proteja el medio ambiente. En «Para crecer, gire a la izquierda», explico cómo se puede obtener esa clase de crecimiento, por qué el funcionamiento sin trabas del mercado no creará esa clase de crecimiento por sí solo, y qué puede hacer el Estado. Lo que la crisis puso de manifiesto, por el contrario, es que los mercados ni siquiera son eficientes o estables. Incluso cuando los tipos de interés estaban muy bajos, el dinero —y las innovaciones— no se orientaron hacia la creación de empleos bien remunerados ni al aumento de la productividad en los sectores clave de la economía. Se orientaron hacia la construcción de viviendas de pacotilla en pleno desierto de Nevada, y también hacia la especulación. La innovación se orientaba hacia el diseño de nuevos productos financieros que aumentaban los riesgos en lugar de gestionarlos mejor. El artículo ofrecía el esbozo de un programa de crecimiento exhaustivo, mucho más prometedor que la inestabilidad y el estancamiento que hemos experimentado en décadas recientes.

En «El enigma de la innovación» pregunto: «¿Cómo puede ser que pretendamos ser una economía de la innovación y, sin embargo, esa innovación no aparezca en los datos macroeconómicos, por ejemplo en el PIB per cápita?». Sugiero que en parte se debe a que nuestras estadísticas de PIB no muestran realmente lo que está sucediendo en nuestra economía (ese fue el tema principal de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social, que yo presidí).[84] No obstante, también se debe en parte a que ha habido bastante ruido mediático en torno a la innovación. Enfocar la publicidad de manera más eficiente, como hacen Google y Facebook, es importante, pero ¿cabe comparar de algún modo estas innovaciones con el desarrollo de la electricidad, el ordenador, el láser o el transistor?


La otra cara de la innovación, sin embargo, es real: si la productividad aumenta más rápidamente que la demanda, se producirá una disminución de los ingresos y del empleo. Eso es lo que sucedió durante la Gran Depresión. Antes hacía falta alrededor de un 70 por ciento de la población activa para producir los alimentos que necesitamos para sobrevivir. Ahora menos del 3 por ciento puede producir más de lo que puede consumir incluso una sociedad obesa. Aquellos que pierdan sus empleos no van a encontrar empleo automáticamente en otra parte. Los tecnooptimistas citan el caso del automóvil: se perdieron empleos en la fabricación de látigos de carruaje, pero se crearon muchísimos más en la reparación y la fabricación de coches. Ahora bien, esto no tiene nada de inevitable. Y no se crearán nuevos empleos si la demanda agregada es débil, como sucede ahora.

CÓMO VOLVER A PONER A TRABAJAR A ESTADOS UNIDOS[50*]


La atención del país está —o debería estar— centrada en el empleo. Unos veinticinco millones de jóvenes estadounidenses que quisieran tener un empleo a tiempo completo no lo encuentran. Ese nivel de paro juvenil supera en más del doble la ya inaceptable media nacional. Estados Unidos siempre se ha considerado a sí mismo como la tierra de las oportunidades, pero ¿dónde están las oportunidades para nuestra juventud, que se enfrenta a perspectivas tan lúgubres? Históricamente, quienes perdían su empleo obtenían otro rápidamente, pero un sector cada vez más numeroso de los parados —que supera ahora el 40 por ciento— lleva más de seis meses sin trabajar.


El jueves el presidente Barack Obama pronunciará un discurso en el que delineará su visión de lo que se puede hacer. Otros deberían estar haciendo lo mismo.

En el país hay un pesimismo creciente. La retórica nos hará bien. Pero ¿realmente hay algo que se pueda hacer, dadas los amenazantes deuda y déficit del país?


La respuesta de la ciencia económica es: podemos hacer mucho para crear empleo y fomentar el crecimiento.


Existen políticas capaces de lograrlo, y además reducir la tasa de deuda pública en relación con el PIB a medio y largo plazo. Incluso hay cosas que, aunque sean menos eficaces a la hora de crear empleo, también podrían proteger el déficit a corto plazo.


Ahora bien, que la política nos permita hacer lo que podemos y debemos hacer ya es otro asunto.


El pesimismo es comprensible. La política monetaria, uno de los principales instrumentos de gestión de la macroeconomía, no ha sido eficaz, y es probable que siga sin serlo. Creer que podría sacarnos del lío que ha contribuido a armar sería engañarse. Por nuestro propio bien, tenemos que reconocerlo.


Entretanto, el voluminoso déficit y la deuda pública excluyen, en apariencia, el recurso a la política fiscal. O eso se nos dice. Y no hay consenso alguno en torno a qué política fiscal podría dar resultado.


¿Estamos condenados a un prolongado periodo de «malestar económico» a la japonesa hasta que el excesivo coeficiente de deuda y la capacidad real se reajusten? La respuesta, he sugerido yo, es un «no» rotundo. Dicho con más exactitud: no se trata de un desenlace inevitable.


En primer lugar, hemos de acabar con dos mitos. Uno es que la reducción del déficit saneará a la economía. No se crea empleo y crecimiento despidiendo a trabajadores y recortando el gasto público. La razón por la que las empresas con acceso a capital no están invirtiendo y contratando es que hay insuficiente demanda de sus productos. Debilitar la demanda —eso es lo que significa la austeridad— no hace sino desalentar la inversión y la contratación.


Como ha subrayado Paul Krugman, no existe ningún «hada de la confianza» que inspire mágicamente a los inversores en cuanto ven reducirse el déficit. Ese experimento lo hemos intentado una y otra vez. El presidente Herbert Hoover convirtió el crac de la bolsa en la Gran Depresión aplicando la fórmula de la austeridad. Yo pude comprobar de primera mano cómo la austeridad impuesta por el Fondo Monetario Internacional a los países de Asia oriental convirtió las desaceleraciones en recesiones y las recesiones en depresiones.


No logro entender por qué, colocado ante pruebas tan abrumadoras, ningún país se impondría a sí mismo algo semejante. Incluso el Fondo Monetario Internacional reconoce ahora que el apoyo fiscal es necesario.


El segundo mito es que el estímulo no funcionó. La supuesta prueba que corrobora esa afirmación es sencilla: el desempleo culminó al alcanzar el 10 por ciento, y sigue siendo superior al 9 por ciento. (Mediciones más precisas consideran mucho más elevada esa cifra). La administración había anunciado, sin embargo, que con el estímulo sólo llegaría al 8 por ciento.

La administración cometió un único gran error, que yo señalé en mi libro Caída libre: subestimó enormemente la gravedad de la crisis que había heredado.


Sin el estímulo, no obstante, el desempleo habría culminado en torno al 12 por ciento. No cabe duda de que el paquete de estímulo se podría haber diseñado mejor. Ahora bien, sí se redujo el desempleo significativamente con relación al que se habría producido en caso contrario. El estímulo dio resultado. Sencillamente no fue de unas dimensiones lo bastante importantes, y no duró lo suficiente: la administración no sólo subestimó la tenacidad de la crisis, sino también su profundidad.


Pensando en el déficit, tendríamos que remontarnos a diez años atrás, cuando el país tenía un superávit tan grande (2 por ciento del PIB) que al presidente de la Reserva Federal le preocupaba que pronto fuéramos a saldar la deuda nacional completa, lo que dificultaría dirigir la política monetaria. Saber cómo pasamos de aquella situación a esta nos ayuda a analizar pormenorizadamente cómo resolver el problema del déficit.


Ha habido cuatro cambios principales: en primer lugar, bajadas de impuestos por encima de las posibilidades del país. En segundo lugar, dos guerras costosas y unos gastos militares desorbitados, que han contribuido a nuestra deuda en 2,5 billones de dólares. En tercer lugar, Medicare Part D y la disposición que prohíbe al Estado, el mayor comprador de fármacos, negociar con las farmacéuticas, con un coste de cientos de miles de millones durante diez años. En cuarto lugar, la recesión.


Revertir estas cuatro políticas conduciría rápidamente al país a la senda de la responsabilidad fiscal. Lo más importante, sin embargo, es volver a poner a Estados Unidos a trabajar: unos ingresos mayores significan ingresos fiscales más elevados.


Pero ¿cómo volver a poner a Estados Unidos a trabajar? La mejor forma es aprovechar esta ocasión —con unos tipos de interés asombrosamente bajos a largo plazo— para realizar las inversiones a largo plazo en infraestructuras, tecnología y educación que el país necesita tan desesperadamente.


Deberíamos centrar nuestra atención en inversiones con un alto margen de rentabilidad y que a la vez sean intensivas en trabajo. Estas inversiones complementan la inversión privada: aumentan el rendimiento privado y, por tanto, tiran simultáneamente del sector privado.


Ayudar a los estados a pagar por la educación también permitiría salvar rápidamente miles de puestos de trabajo. En un país rico que reconoce la importancia de la educación, no tiene ningún sentido estar despidiendo profesores, y menos cuando la competencia global es tan feroz. A los países dotados de una fuerza de trabajo mejor formada les irá mejor. Es más, la enseñanza y la formación laboral son fundamentales para reestructurar nuestra economía de cara al siglo XXI.


La ventaja que tiene haber invertido insuficientemente en el sector público durante tanto tiempo es que es posible que tengamos muchas oportunidades de realizar inversiones de gran rentabilidad. El incremento de la producción a corto plazo puede generar ingresos fiscales de sobra para pagar los bajos intereses de la deuda. La consecuencia será que nuestra deuda se reducirá, nuestro PIB aumentará y la tasa de deuda pública en relación con el PIB mejorará.


Ningún analista se fijaría sólo en la deuda de una empresa: escrutaría ambas caras de los balances, los activos y los pasivos. Yo estoy exhortando a que hagamos lo mismo en el caso del Gobierno de Estados Unidos y superemos nuestro fetichismo de la deuda.


Si no somos capaces de hacerlo, existe otro modo, aunque menos potente, de crear empleo. Hace mucho tiempo que los economistas han constatado que aumentar simultáneamente el gasto público y los impuestos de manera equilibrada incrementa el PIB. La proporción en la que aumenta el PIB por cada dólar de aumento en los impuestos y el gasto público se denomina el «multiplicador de presupuesto equilibrado».


Con unos incrementos fiscales bien diseñados —concentrados en los estadounidenses de ingresos más elevados, en las grandes empresas que no están invirtiendo en Estados Unidos o en cerrar las lagunas fiscales—, además de programas de gasto público inteligente que estén centrados en la inversión, el multiplicador se situaría entre 2 y 3.

Eso supone pedirle al 1 por ciento superior del país, que en la actualidad acapara casi el 25 por ciento de todos los ingresos de Estados Unidos, que pague unos pocos impuestos más, o simplemente la parte que en justicia les corresponde. Invertir el dinero así recaudado podría tener un efecto significativo sobre la producción y el empleo. Y puesto que la economía crecería más en el futuro, la tasa de deuda pública en relación con el PIB volvería a bajar.


Si se midiera correctamente la producción, algunos impuestos realmente podrían mejorar la eficiencia de la economía y la calidad de vida, y tendrían una repercusión aún mayor sobre el rendimiento económico nacional. Yo presidí una Comisión Internacional sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social que descubrió grandes defectos en nuestro sistema de medida actual.


En la ciencia económica existe un principio básico: es mejor gravar las cosas malas que generan externalidades negativas que gravar las cosas buenas. Esto implica que deberíamos gravar la contaminación o las transacciones financieras desestabilizadoras. También existen otras formas de recaudar ingresos, por ejemplo, subastar mejor los recursos naturales del país.


Si, por algún motivo, se excluyeran tales mejoras en la recaudación —y no existe ninguna buena razón económica por la que debieran ser excluidas—, sigue habiendo margen de maniobra. El Gobierno podría cambiar el diseño de los programas fiscales y de gasto público, incluso dentro del actual marco presupuestario.


Aumentar los impuestos de las clases altas, por ejemplo, y bajárselas a las inferiores, conducirá a un mayor gasto en consumo. Subir los impuestos a las grandes empresas que no invierten en Estados Unidos y bajárselos a las que sí lo hacen alentaría mayores inversiones. El multiplicador —la proporción en la que aumenta el PIB por dólar invertido— por los gastos incurridos en guerras en el extranjero, por ejemplo, es muy inferior al multiplicador por gastos en educación, así que transferir dinero de una actividad a la otra estimula la economía.


Hay cosas que podemos hacer para ir más allá del presupuesto. El Gobierno debería tener cierta influencia sobre los bancos, y más aún dada la enorme deuda que tienen con nosotros por haberlos rescatado. El palo y la zanahoria podrían inducir a realizar más préstamos a las pequeñas y medianas empresas, y a reestructurar más hipotecas. Es inexcusable que hayamos hecho tan poco para ayudar a los propietarios de viviendas, y mientras continúen produciéndose ejecuciones hipotecarias al veloz ritmo actual, el mercado inmobiliario seguirá siendo débil.


Las prácticas anticompetitivas con tarjetas de crédito de los bancos también representan en lo fundamental un impuesto a todas las transacciones, pero se trata de un impuesto cuyos ingresos van a parar a las arcas del banco, sin servir a ninguna finalidad de interés público, como pudiera ser la reducción de la deuda pública. También sería una bendición para muchas empresas pequeñas que se obligara a cumplir más estrictamente la legislación antitrust a los bancos.


En resumidas cuentas, no nos hemos quedado sin munición. El aprieto en el que nos encontramos no es un problema de teoría económica. La teoría y la experiencia ponen de manifiesto que nuestro arsenal sigue siendo poderoso. Por supuesto, el déficit y la deuda limitan aquello que podemos hacer. Ahora bien, incluso dentro de estos límites, podemos crear empleo y expandir la economía a la vez que reducimos la tasa de deuda pública en relación con el PIB.


Que decidamos dar o no los pasos que tenemos que dar para restablecer la prosperidad de nuestra economía es simplemente una cuestión política.


LA DESIGUALDAD ESTÁ RETRASANDO LA RECUPERACIÓN[51*]

La reelección del presidente Obama fue como un test de Rorschach: estuvo sujeta a múltiples interpretaciones. En estos comicios, cada uno de los bandos debatió cuestiones que a mí me preocupan profundamente: el largo malestar en el que parece estar instalándose la economía, y la brecha cada vez mayor entre el 1 por ciento y el resto; una desigualdad no sólo de resultados sino también de oportunidades. Para mí, estos problemas representan las dos caras de una misma moneda: ahora que la desigualdad se halla en el nivel más alto desde la Gran Depresión, será difícil que a corto plazo se produzca una recuperación sólida, y el sueño americano —una buena vida a cambio de trabajar duro— se está extinguiendo poco a poco.


Los políticos suelen hablar del aumento de la desigualdad y de la lentitud de la recuperación como si se tratara de fenómenos separados, cuando en realidad están estrechamente relacionados. La desigualdad sofoca, contiene y reprime nuestro crecimiento. Cuando hasta la revista The Economist, defensora del mercado libre, argumenta —como hizo en un artículo especial del mes de octubre— que la magnitud y la naturaleza de la desigualdad que hay en el país representan una seria amenaza para Estados Unidos, deberíamos tener claro que algo ha ido terriblemente mal. Y no obstante, tras cuatro décadas de desigualdad en aumento y la mayor desaceleración económica desde el crac de 1929, no hemos hecho nada al respecto.


Hay cuatro grandes razones por las que la desigualdad está asfixiando la recuperación. La más inmediata es que nuestra clase media es demasiado débil para sustentar el gasto en consumo que históricamente ha impulsado nuestro crecimiento económico. Mientras el 1 por ciento de la gente que más dinero gana se llevó a casa el 93 por ciento del aumento de los ingresos en 2010, los hogares del sector intermedio —que tienen más probabilidades de gastar sus ingresos en lugar de ahorrarlos y que en cierto sentido son los verdaderos creadores de empleo— tienen unos ingresos por hogar más reducidos, ajustados a la inflación, de los que tenían en 1996. El crecimiento que se produjo en la década anterior a la crisis fue insostenible, ya que dependía de que el 80 por ciento de la parte inferior de la pirámide social consumiera en torno a un 110 por ciento de sus ingresos.


En segundo lugar, el encogimiento de la clase media que viene produciéndose desde la década de 1970, fenómeno que sólo se vio brevemente interrumpido durante la década de 1990, implica que esta sea incapaz de invertir en su futuro para formarse a sí misma y a su descendencia, así como de abrir nuevas empresas o mejorar las que ya existen.


En tercer lugar, la debilidad de la clase media pesa sobre la recaudación fiscal, en particular porque quienes están en la cima de la pirámide social son sumamente hábiles a la hora de evitar pagar impuestos y lograr que Washington les otorgue rebajas fiscales. El reciente y modesto acuerdo para restablecer los tipos marginales superiores del impuesto sobre la renta de la era Clinton para individuos que ganen más de 400 000 dólares y hogares que ganen más de 450 000 no hizo nada para cambiar esto. Las ganancias de la especulación en Wall Street se gravan con unos tipos mucho más bajos que otras formas de ingreso. Una recaudación fiscal baja significa que el Gobierno no puede realizar las inversiones decisivas en infraestructura, educación, investigación y sanidad para restablecer la pujanza económica a largo plazo.


En cuarto lugar, la desigualdad está ligada a ciclos de prosperidad y depresión más frecuentes y más severos, que hacen que nuestra economía sea más volátil y vulnerable. Si bien la desigualdad no fue la causante directa de la crisis, no fue ninguna casualidad que la década de 1920 —la última vez que la desigualdad de ingresos y de riqueza en Estados Unidos fue tan elevada— desembocase en el crac y la crisis de 1929. El Fondo Monetario Internacional ha tomado nota de la relación sistémica entre inestabilidad económica y desigualdad económica, pero los líderes estadounidenses no han aprendido la lección.


Nuestra desigualdad desbocada —tan opuesta a nuestro ideal meritocrático de Estados Unidos como un lugar donde cualquiera que trabaje duro y tenga talento puede «triunfar»— significa que es probable que quienes sean hijos de padres con pocos recursos nunca hagan realidad sus expectativas. Los niños de países ricos como Canadá, Francia, Alemania y Suecia tienen más probabilidades de que les vaya mejor en la vida que a sus padres que los niños estadounidenses. Más de una quinta parte de nuestros niños viven en la pobreza, lo que nos convierte en la segunda peor de todas las economías avanzadas, y nos sitúa por detrás de países como Bulgaria, Letonia y Grecia.


Nuestra sociedad está despilfarrando su recurso más valioso: nuestra juventud. El sueño de una vida mejor, que atrajo a los inmigrantes a nuestras costas, está siendo destruido por una brecha de ingresos y riqueza cada vez mayor. Tocqueville, que en la década de 1830 consideró que el impulso igualitario constituía la esencia del carácter estadounidense, debe de estar revolviéndose en la tumba.


Aun en el caso de que pudiéramos darle la espalda al imperativo económico de solucionar nuestro problema de desigualdad, el daño que está haciendo a nuestro tejido social y a nuestra vida política debería ser motivo de inquietud. La desigualdad económica conduce a la desigualdad política y a un proceso de toma de decisiones disfuncional.


Pese al compromiso declarado del señor Obama de ayudar a todos los estadounidenses, la recesión y los persistentes efectos de la forma en que se gestionó han agravado muchísimo la situación. A la vez que en 2009 entregábamos a los bancos el dinero de los rescates a espuertas, ese mismo mes de octubre el paro se disparó hasta alcanzar el 10 por ciento. La tasa actual (7,8 por ciento) parece mejor en parte porque hay muchísima gente que ha abandonado la búsqueda de trabajo, que nunca ha entrado a formar parte de la población activa o que ha aceptado empleos a tiempo parcial porque nadie les ofrecía trabajo a tiempo completo.


Un alto nivel de paro, por supuesto, presiona a la baja sobre los salarios. Ajustados a la inflación, los salarios reales se han estancado o han caído; en 2011, los ingresos de un trabajador varón típico (32 896 dólares) eran más bajos que en 1968 (33 880 dólares). A su vez, una menor recaudación fiscal ha obligado a realizar recortes en los servicios estatales y municipales, que son tan fundamentales para quienes ocupan el espectro inferior e intermedio de la escala social.


El activo más importante de la mayoría de estadounidenses es su hogar, y a medida que los precios de la vivienda caían en picado, también lo hizo la fortuna de los hogares, sobre todo teniendo en cuenta que tanta gente se había endeudado tanto para pagar sus hipotecas. Eso deja a grandes cantidades de personas con un valor negativo neto, y la fortuna media familiar descendió en casi un 40 por ciento, desde 126 400 dólares en 2007 a 77 300 en 2010, y sólo se ha recuperado ligeramente. Desde la Gran Recesión, la mayor parte del aumento de la riqueza del país ha ido a parar a la crème de la crème.


Entretanto, mientras los ingresos se estancaban o descendían, el precio de la enseñanza se disparaba. Actualmente en Estados Unidos la forma principal de acceder a la enseñanza —que es la única forma segura de ascender socialmente— es el endeudamiento. En 2010, la deuda estudiantil, que ahora es de un billón de dólares, superó por primera vez a la deuda de las tarjetas de crédito.


La deuda estudiantil casi nunca puede ser liquidada, ni siquiera en caso de bancarrota. Un progenitor que avale una deuda no necesariamente puede conseguir liquidar la deuda aun en el caso de que haya muerto su vástago. La deuda ni siquiera se puede liquidar si la universidad —que es una organización con ánimo de lucro y propiedad de financieros explotadores— ofrece una enseñanza inadecuada, engatusa al alumno con promesas falsas y es incapaz de conseguirle un empleo aceptable.


En lugar de entregar grandes cantidades de dinero a los bancos, podríamos haber intentado reconstruir la economía de abajo arriba. Podríamos haber permitido a propietarios de viviendas con el agua al cuello —los que deben más dinero de sus hipotecas de lo que valen esas viviendas— hacer borrón y cuenta nueva, reestructurando las hipotecas a cambio de entregar a los bancos una parte de las ganancias en caso de que los precios de las viviendas vuelvan a subir.


Podríamos haber reconocido que cuando los jóvenes están en paro sus habilidades se atrofian. Podríamos habernos asegurado de que todos los jóvenes estuvieran estudiando, cursando un programa de formación o empleados. En su lugar, permitimos que el paro juvenil llegara al doble de la media nacional. Los hijos de los ricos pueden permanecer en la universidad o hacer estudios de posgrado sin acumular deudas enormes, así como aceptar periodos de prácticas sin cobrar para engordar sus currículos. Quienes pertenecen a las clases medias o bajas no pueden hacer lo mismo. Estamos sembrando las semillas de una desigualdad cada vez mayor en los años inmediatamente venideros.


Por supuesto, la administración de Obama no es la única culpable. Las inmensas rebajas fiscales del presidente George W. Bush en 2001 y 2003 y sus guerras multibillonarias en Irak y Afganistán vaciaron la hucha a la vez que exacerbaban la gran brecha. El recién hallado compromiso de su partido con la disciplina fiscal —en forma de una insistencia sobre los impuestos bajos para los ricos a la vez que recortaba los servicios para los pobres— es el colmo de la hipocresía.


Se ofrecen toda clase de excusas para la desigualdad. Hay quien dice que está más allá de nuestro control y apunta hacia fuerzas de mercado como la globalización, la liberalización del comercio, la revolución tecnológica o el «auge de los demás». Otros afirman que hacer cualquier cosa al respecto empeoraría las cosas para todos, ya que asfixiaría nuestra ya achacosa maquinaria económica. Se trata de falsedades interesadas e ignorantes.


Las fuerzas de mercado no existen en el vacío; somos nosotros quienes las conformamos. Otros países, como Brasil (que está creciendo a un ritmo trepidante), las han conformado de formas que han reducido la desigualdad a la vez que creaban más oportunidades y un crecimiento mayor. Países muchísimo más pobres que el nuestro han decidido que todos los jóvenes deberían tener acceso a alimentación, educación y atención sanitaria para poder hacer realidad sus aspiraciones.


En Estados Unidos el marco legal y el modo en que lo aplicamos han proporcionado mayor margen para abusos por parte del sector financiero, para indemnizaciones perversas para los grandes ejecutivos, así como para la capacidad de los grandes monopolios de aprovecharse injustamente de la concentración de su poder.


Sí, el mercado valora algunos conocimientos más intensamente que otros, y a quienes posean esos conocimientos les irá bien. Sí, la globalización y los avances tecnológicos han llevado a la pérdida de buenos empleos en la industria, y es muy poco probable que regresen jamás. El empleo global en la industria se está contrayendo simplemente como consecuencia de unos enormes aumentos de productividad, y es probable que a Estados Unidos le toque una cantidad cada vez más reducida del número cada vez más reducido de nuevos empleos. Si conseguimos «salvar» esos empleos puede que sólo sea convirtiendo empleos mejor pagados en empleos peor pagados, cosa que difícilmente puede considerarse como una estrategia a largo plazo.


La globalización, y el modo desequilibrado en que se ha llevado a cabo, ha privado a los trabajadores de poder de negociación: las empresas pueden amenazar con trasladarse a otra parte, sobre todo ahora, cuando la legislación fiscal trata de manera tan favorable esas inversiones en ultramar. A su vez, esto ha debilitado a los sindicatos, y aunque en ocasiones estos hayan sido fuentes de rigidez, los países que respondieron de manera más eficaz a la crisis financiera global, como Alemania o Suecia, poseen sindicatos fuertes y poderosos sistemas de protección social.


Ahora que empieza el segundo mandato del señor Obama, todos hemos de afrontar el hecho de que nuestro país no puede recuperarse rápidamente y de forma significativa sin políticas que aborden directamente la cuestión de la desigualdad. Lo que hace falta es una respuesta global que tendría que incluir, cuando menos, inversiones significativas en enseñanza, un sistema fiscal más progresivo y un impuesto sobre la especulación financiera.


La buena noticia es que nuestra forma de pensar ha sido redefinida: antes solíamos preguntar cuánto crecimiento estaríamos dispuestos a sacrificar a cambio de un poco más de igualdad y de mayores oportunidades. Ahora nos damos cuenta de que estamos pagando un alto precio por nuestra desigualdad y que aliviarla y fomentar el crecimiento son dos metas estrechamente relacionadas y complementarias. Es asunto de todos —incluidos nuestros líderes— armarse de valor y previsión para curar por fin esta angustiosa enfermedad.

EL LIBRO DEL EMPLEO[52*]

Han pasado ya casi cinco años desde que estalló la burbuja inmobiliaria, al comienzo de la recesión. En Estados Unidos hay 6,6 millones de empleos menos de los que había hace cuatro años. Unos 23 millones de estadounidenses que querrían trabajar a tiempo completo no logran encontrar empleo. Casi la mitad de los que no tienen empleo son parados de larga duración. Los salarios están bajando: en la actualidad los ingresos reales de un hogar estadounidense medio están por debajo del nivel que tenían en 1997.


Ya en 2008 sabíamos que la crisis era grave. Y creíamos saber quiénes eran los «malos de la película»: los grandes bancos, que mediante préstamos cínicos y especulaciones insensatas habían conducido a Estados Unidos al borde de la ruina. Las administraciones de Bush y Obama justificaron un rescate con el argumento de que la economía sólo podría recuperarse si dábamos a los bancos dinero sin límites y sin condiciones. Así lo hicimos, no porque amásemos a los bancos sino porque (así se nos dijo) no podíamos prescindir de los préstamos que ellos hacían posibles. Mucha gente, sobre todo del sector financiero, alegó que actuar de forma enérgica, resuelta y generosa para salvar no sólo a los bancos sino también a los banqueros, a sus accionistas y a sus acreedores devolvería a la economía al estado en el que se encontraba antes de la crisis. Entretanto, un estímulo a corto plazo, de dimensiones moderadas, bastaría para sacar de apuros a la economía hasta que los bancos recobraran la salud.


Los bancos obtuvieron su rescate. Parte del dinero lo transformaron en bonificaciones. Utilizaron poco para hacer préstamos. Y en realidad la economía no se recuperó: la producción apenas es mayor ahora de lo que era antes de la crisis y la situación del empleo es desgarradora. El diagnóstico del estado en el que nos encontrábamos y las recetas que se dedujeron de él fueron incorrectos. Para empezar, fue una equivocación pensar que con tal de que se les tratara con suficiente manga ancha, los banqueros se enmendarían. De hecho, se nos dijo: «No impongamos condiciones a los bancos para exigirles que reestructuren las hipotecas o que se comporten con mayor honradez en el caso de ejecuciones hipotecarias. No les obliguemos a utilizar dinero para realizar préstamos. Esas condiciones no harían más que alarmar a los mercados, tan delicados». Finalmente, los directores de los bancos se dedicaron a cuidar de sí mismos y a hacer aquello a lo que estaban acostumbrados.


Incluso cuando hayamos reparado del todo el sistema bancario, seguiremos teniendo graves problemas, porque ya los teníamos antes. La presunta era dorada de 2007 estaba lejos ya de ser un paraíso. Sí, había muchas cosas de las que Estados Unidos podía sentirse orgulloso. Las empresas del sector de las tecnologías de la información estaban a la cabeza de una revolución. No obstante, los ingresos de la mayoría de trabajadores estadounidenses aún no habían regresado a los niveles previos a la recesión anterior. El nivel de vida de nuestro país sólo se sostenía gracias a una deuda cada vez mayor, tan grande que la tasa de ahorro estadounidense había descendido hasta prácticamente cero. Y en realidad «cero» no cuenta la historia completa. Dado que los ricos habían logrado ahorrar una parte significativa de sus ingresos colocándolos en la columna de los positivos, una tasa media de prácticamente cero quiere decir que todos los demás deben estar en números rojos. (Esa es la realidad: en el periodo inmediatamente anterior a la recesión, de acuerdo con las investigaciones realizadas por mi colega de la Universidad de Columbia, Bruce Greenwald, el 80 por ciento más pobre de la población estadounidense había estado gastando en torno al 110 por ciento de sus ingresos). Lo que posibilitó ese nivel de endeudamiento fue la burbuja inmobiliaria, que Alan Greenspan y Ben Bernanke, presidentes de la Reserva Federal, contribuyeron a diseñar gracias a los bajos tipos de interés y la ausencia de regulación, sin utilizar siquiera las herramientas regulatorias que tenían a su disposición. Como sabemos ahora, eso permitió a los bancos ofrecer préstamos y a las familias obtenerlos sobre la base de unos activos cuyo valor estaba parcialmente determinado por los efectos de una ilusión colectiva.


El hecho es que en los años previos a la crisis actual la economía se encontraba en un estado de debilidad fundamental como consecuencia de la burbuja —que hacía las veces de soporte vital— y del consumo insostenible al que esta había dado pie. De no haber sido tanto por una cosa como por la otra, el nivel de desempleo habría sido elevado. Era absurdo pensar que arreglar el sistema bancario podría haber devuelto la salud a la economía por sí solo. Devolver a la economía a «donde estaba» no hace nada en lo concerniente a abordar los problemas subyacentes.


El trauma que estamos viviendo ahora mismo recuerda al trauma que experimentamos hace ochenta años, durante la crisis de 1929, y ha sido provocado por un conjunto de circunstancias análogas. Entonces, como ahora, la quiebra del sistema bancario fue, en parte, consecuencia de otros problemas más profundos. Aun en el caso de que respondamos correctamente al trauma —los fracasos del sector financiero— será precisa una década o más para lograr una recuperación completa. En las mejores condiciones, tendremos que soportar una Larga Recesión. Si respondemos de forma incorrecta, como hemos estado haciendo, la Larga Recesión durará aún más, y el paralelismo con la crisis de 1929 adquirirá dimensiones nuevas y trágicas.


Hasta ahora, la crisis de 1929 fue la última vez en la historia de Estados Unidos en que el paro superó el 8 por ciento cuatro años después del comienzo de la recesión. Y nunca en los últimos sesenta años se había dado el caso de que el rendimiento económico fuera apenas un poco mayor, cuatro años después de una recesión, de lo que había sido antes del comienzo de la misma. El porcentaje de la población civil con trabajo se ha reducido el doble que en cualquier desaceleración económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. No es de extrañar que los economistas hayan empezado a reflexionar sobre las similitudes y las diferencias entre nuestra Larga Depresión y la crisis de 1929. Desprender de ello las lecciones apropiadas no es fácil.


Mucha gente ha sostenido que la crisis de 1929 fue causada ante todo por la excesiva restricción de la oferta de dinero por parte de la Reserva Federal. Ben Bernanke, un estudioso de la crisis de 1929, ha declarado públicamente que esa fue la lección que extrajo él y el motivo por el que abrió los grifos monetarios. Los abrió mucho. A partir de 2008, el balance de la Reserva Federal se duplicó y más adelante llegó a triplicar su nivel anterior. En la actualidad está en 2,8 billones de dólares. Si bien la Reserva Federal, al hacer esto, puede haber rescatado a los bancos, no logró salvar la economía.


La realidad no sólo ha desacreditado a la Reserva Federal, sino que también ha suscitado dudas sobre una de las interpretaciones convencionales de la crisis de 1929. Se ha esgrimido el argumento de que fue la Reserva Federal quien provocó la crisis al restringir el acceso al dinero, y que si en aquel entonces la Reserva Federal hubiera incrementado la oferta de dinero —en otras palabras, si hubiera hecho lo que la Reserva Federal ha hecho ahora— es probable que se hubiera evitado una crisis a gran escala. En economía es difícil poner a prueba las hipótesis con experimentos controlados como los que pueden llevarse a cabo en las ciencias exactas. Sin embargo, la incapacidad de la expansión monetaria para contrarrestar la recesión actual debería acabar de una vez por todas con la idea de que durante la década de 1930 el principal culpable fue la política monetaria. El problema actual, como sucedía entonces, está en otra parte. El problema actual es la llamada economía real. Es un problema que echa raíces en la clase de empleos que tenemos, en la clase de empleos que necesitamos, y que también echa raíces en la clase de trabajadores que queremos y la clase de trabajadores con los que no sabemos qué hacer. La economía real lleva décadas en un estado de transición desgarrador, y nunca se han afrontado los trastornos que padece. A la Larga Recesión le subyace una crisis de la economía real, al igual que sucedió durante la crisis de 1929.


Durante los últimos años, Bruce Greenwald y yo nos hemos dedicado a investigar una teoría alternativa de la crisis de 1929, así como un análisis alternativo de lo que aqueja a la economía en la actualidad. Esta explicación considera la crisis financiera de la década de 1930 como consecuencia no tanto de una implosión financiera como de la debilidad subyacente de la economía. La quiebra del sistema bancario no llegó a su culminación hasta 1933, mucho después de que empezara la crisis y de que hubieran empezado a dispararse los niveles de desempleo. En 1931 el paro ya estaba situado en torno al 16 por ciento, y alcanzó el 23 por ciento en 1932. Por todas partes surgían barrios de chabolas (las «Hoovervilles»). La causa subyacente era un cambio estructural en la economía real: el descenso generalizado de los precios agrícolas y de los ingresos procedentes de la agricultura, provocado por lo que normalmente se considera como algo «bueno»: una mayor productividad.


Al comenzar la crisis de 1929, más de una quinta parte de todos los estadounidenses trabajaba en la agricultura. Entre 1929 y 1932, los ingresos de estas personas se vieron reducidos a razón de entre una y dos terceras partes, lo que agravó los problemas a los que llevaban años enfrentándose. La agricultura había sido víctima de su propio éxito. En 1900 hacía falta una gran proporción de población estadounidense para producir alimentos suficientes para el país en conjunto. A continuación se produjo una revolución en la agricultura que se fue acelerando a lo largo del siglo: mejores semillas, mejores fertilizantes, mejores prácticas de cultivo, así como la mecanización generalizada. En la actualidad, el 2 por ciento de los estadounidenses producen más alimentos de los que somos capaces de consumir.


Lo que acarreó aquella transición, sin embargo, fue la destrucción de puestos de trabajo y formas de ganarse la vida en las granjas. A causa de la aceleración de la productividad, la producción aumentaba más rápidamente que la demanda y los precios cayeron de forma brusca. Fue esto, más que cualquier otra cosa, lo que desembocó en una rápida disminución de los ingresos. En aquel entonces los agricultores (como los trabajadores ahora) se endeudaron mucho para sustentar sus niveles de vida y la producción. Dado que ni los agricultores ni los banqueros fueron capaces de prever hasta qué punto iban a caer los precios, la consecuencia inmediata fue una crisis crediticia. Los agricultores sencillamente no podían devolver el dinero que debían, y el sector financiero se vio arrastrado al vórtice por el descenso de los ingresos en la agricultura.


Las ciudades no se libraron, todo lo contrario. A medida que descendían los ingresos rurales, los agricultores tenían cada vez menos dinero para comprar los bienes que producían las fábricas. Los industriales tuvieron que despedir a obreros, lo que redujo más todavía la demanda de productos agrícolas e hizo descender los precios todavía más. Al poco tiempo, el círculo vicioso había afectado a toda la economía nacional.


El valor de los activos (como las viviendas) suele reducirse cuando disminuyen los ingresos. Los agricultores quedaron atrapados en su sector en declive y en sus municipios empobrecidos. La disminución de los ingresos y de la riqueza dificultó más la emigración a las ciudades; el elevado índice de desempleo urbano redujo el atractivo de emigrar. Pese al enorme descenso de los ingresos agrícolas, en conjunto y a lo largo de la década de 1930, hubo poca emigración. Entretanto, los agricultores seguían produciendo, y a veces trabajando todavía más duro para tratar de compensar la disminución de los precios. Individualmente, eso tenía sentido, pero colectivamente no, pues cualquier aumento de la producción seguía haciendo bajar los precios. Debido a la magnitud del declive de los ingresos agrícolas, no es de extrañar que ni el mismísimo New Deal fuera capaz de sacar al país de la crisis: los programas eran demasiado modestos, y muchos de ellos fueron abandonados enseguida. En el año 1937 Franklin D. Roosevelt, cediendo ante los «halcones del déficit», recortó los esfuerzos para estimular la economía, lo que fue un error desastroso. Entretanto, los estados y municipios en apuros tuvieron que empezar a despedir a sus empleados, igual que ahora. Sin duda, la crisis bancaria complicó todos esos problemas, y amplió y ahondó la desaceleración. Ahora bien, cualquier análisis de un trastorno financiero tiene que empezar por aquello que provocó la reacción en cadena.


Es posible que la Ley de Ajuste Agrícola, la ley agraria de Roosevelt, que pretendía hacer aumentar los precios reduciendo la producción, aliviara un tanto la situación, al menos de forma tangencial. Pero Estados Unidos no empezó a salir de la crisis hasta que el gasto público se disparó en previsión de la guerra mundial. Es importante captar esta sencilla verdad: fue el gasto público —un estímulo keynesiano, no corrección alguna de la política monetaria ni resurrección alguna del sistema bancario— lo que propició la recuperación. Por supuesto, las perspectivas a largo plazo para la economía habrían sido aún mejores si una parte mayor del dinero se hubiera invertido en enseñanza, tecnología e infraestructura en vez de en munición, pero aun así, la intensidad del gasto público compensó de sobra la debilidad de la inversión privada.

De forma involuntaria, el gasto público resolvió el problema subyacente de la economía: remató una transformación estructural necesaria, llevando de forma decisiva a Estados Unidos, y en particular al sur del país, de la agricultura a la industria. Los estadounidenses tienden a ser muy reacios a expresiones como «política industrial», pero la inversión bélica fue exactamente eso: una política que cambió de forma permanente la naturaleza de la economía. La creación masiva de empleo en el sector urbano —en la industria— consiguió que la gente abandonara el campo. La oferta y la demanda de alimentos volvieron a equilibrarse, y los precios agrícolas empezaron a subir. Los nuevos inmigrantes que llegaban a las ciudades recibieron formación para adaptarse a la vida urbana y las labores industriales, y tras la guerra la Ley de Derechos de los Soldados aseguró que los veteranos que regresaban del frente estuvieran preparados para prosperar en una sociedad industrial moderna. En el ínterin, prácticamente desparecieron las inmensas reservas de trabajadores atrapados en las granjas. El proceso había sido muy largo y muy doloroso, pero la fuente de la congoja económica se había esfumado.


Los paralelismos existentes entre la historia de la crisis de 1929 y nuestra Larga Recesión son muy grandes. En aquel entonces estábamos pasando de la agricultura a la industria; ahora estamos pasando de la industria a una economía de servicios. La disminución del empleo en la industria ha sido espectacular, desde aproximadamente un tercio de la población trabajadora hace sesenta años a menos de una décima parte de ella en la actualidad. El ritmo se ha acelerado notablemente en el transcurso de la última década. Esa disminución tiene dos explicaciones. Una es una mayor productividad, es decir, la misma dinámica que revolucionó la agricultura y obligó a la mayoría de agricultores estadounidenses a buscar trabajo en otra parte. La otra es la globalización, que ha trasladado millones de puestos de trabajo al extranjero, a países con salarios reducidos o a aquellos países que han estado invirtiendo más en infraestructura o tecnología. (Como señaló Greenwald, el grueso de la pérdida de empleo que se produjo durante la década de 1990 tenía que ver con los aumentos de productividad, no con la globalización). Sea cual sea la causa concreta, el resultado inevitable es exactamente el mismo que hace ochenta años: una disminución de los ingresos y del empleo. Los millones de extrabajadores industriales sin empleo que antes trabajaban en ciudades como Youngstown, Birmingham, Gary y Detroit son los equivalentes contemporáneos de los agricultores condenados a desaparecer durante la crisis de 1929.


Las consecuencias desde el punto de vista del consumo y de la salud fundamental de la economía —por no hablar de los espantosos costes humanos— son evidentes, pese a que hayamos podido darles la espalda durante algún tiempo. Las burbujas inmobiliarias y de los mercados de préstamos lograron disimular el problema durante algún tiempo creando una demanda artificial que a su vez generó empleos en el sector financiero, así como en la construcción y otros sectores. La burbuja incluso llegó a hacer olvidar a los trabajadores que sus ingresos estaban disminuyendo. Paladearon la posibilidad de una riqueza que superase todas sus fantasías a medida que el valor de sus viviendas se disparaba y el valor de sus pensiones, invertidas en bolsa, parecía estar haciendo otro tanto. Pero los empleos eran temporales, y se alimentaban de humo.


Los economistas pertenecientes a la corriente dominante aducen que en una desaceleración el verdadero coco no es la disminución de los salarios sino su rigidez. ¡Con tal de que los salarios fuesen más flexibles (es decir, más bajos), las desaceleraciones se corregirían por sí solas! Ahora bien, eso no fue cierto durante la crisis de 1929 y tampoco lo es ahora. Al contrario, unos salarios e ingresos más bajos no harían sino reducir la demanda y debilitar aún más la economía.


De los cuatro pilares fundamentales del sector servicios —las finanzas, el sector inmobiliario, la atención sanitaria y la enseñanza— los dos primeros estaban sobredimensionados antes de que estallara la crisis actual. Tradicionalmente los otros dos, la atención sanitaria y la enseñanza, han recibido importantes subvenciones públicas. Sin embargo, la austeridad gubernamental a todos los niveles —es decir, los recortes presupuestarios adoptados frente a la recesión— han golpeado a la enseñanza con especial dureza, como han diezmado en conjunto al sector público. Durante los últimos cuatro años, a imitación de lo que sucedió durante la crisis de 1929, han desaparecido casi 700 000 empleos estatales y municipales. Al igual que en 1937, hoy en día los «halcones del déficit» reclaman presupuestos equilibrados y cada vez más recortes. En lugar de impulsar una transición estructural inevitable —en lugar de invertir en el capital humano apropiado, así como en la tecnología y en la infraestructura que acabarán llevándonos a donde necesitamos estar— el Estado se echa atrás. Las estrategias actuales sólo pueden acabar de una manera: asegurarán que la Larga Recesión sea más larga y más profunda de lo que tendría que ser.


De esta breve historia se pueden extraer dos conclusiones. La primera es que la economía no va a recuperarse por sí sola, al menos no dentro de un plazo que tenga relevancia alguna para las personas corrientes. Sí, se acabará encontrando a gente que habite todas esas viviendas embargadas, o acabarán siendo derribadas. En algún momento los precios se estabilizarán o incluso empezarán a subir. Los estadounidenses también se adaptarán a un nivel de vida más bajo, y no sólo se adaptarán a vivir dentro de sus posibilidades, sino también a hacerlo por debajo de sus posibilidades a la vez que se afanan en amortizar una montaña de deuda. Sin embargo, los daños serán enormes. La noción que Estados Unidos tiene de sí mismo como tierra de las oportunidades está ya muy deteriorada. Los jóvenes parados se sienten marginados y desafectos. Será cada vez más difícil conseguir que una proporción importante de ellos emprenda alguna trayectoria de vida productiva. Como consecuencia de lo que está sucediendo en la actualidad tendrán cicatrices de por vida. Si uno atraviesa en coche las cuencas fluviales industrial del Medio Oeste, los pueblecitos de las Grandes Llanuras o los centros industriales del sur lo que contemplará es un cuadro de decadencia irreversible.


La política monetaria no va a sacarnos de este embrollo. Aunque sea con retraso, eso es lo que ha venido a reconocer Ben Bernanke. La Reserva Federal desempeñó un importante papel a la hora de crear las condiciones actuales —estimulando la burbuja que dio pie a un consumo insostenible— pero ahora es muy poco lo que puede hacer para mitigar las consecuencias. Puedo entender que quienes formen parte de ella experimenten cierta sensación de culpa, pero cualquiera que piense que la política monetaria va a resucitar la economía se va a sentir dolorosamente decepcionado. Esa idea no es más que una maniobra de distracción, y además una maniobra de distracción peligrosa.


Lo que tenemos que hacer es embarcarnos en un programa de inversiones masivas —como hicimos, poco menos que de forma accidental, hace ochenta años— que aumente nuestra productividad en los años venideros y que también haga aumentar el empleo aquí y ahora. Esas inversiones públicas, y la restauración resultante del PIB, incrementarán la rentabilidad de las inversiones privadas. Las inversiones públicas podrían orientarse a mejorar la calidad de vida y la productividad real, en contraste con las inversiones del sector privado en innovaciones financieras, que resultaron ser algo así como armas financieras de destrucción masiva.


¿Seremos capaces de hacer esto en ausencia de una movilización de cara a una guerra mundial? Puede que no. La buena noticia (hasta cierto punto) es que Estados Unidos ha estado invirtiendo menos de lo que debería en infraestructura, tecnología y enseñanza durante décadas, por lo que la rentabilidad de las inversiones añadidas será elevada en un momento en que los costes de capital se encuentran en unos mínimos históricos sin precedentes. Si tomamos prestado hoy para financiar inversiones altamente rentables, nuestra tasa de deuda pública en relación con el PIB mejorará notablemente. Si al mismo tiempo subiéramos nuestros impuestos —por ejemplo, al 1 por ciento superior de todas las familias, medido en términos de ingresos— la sostenibilidad de nuestra deuda mejoraría aún más.


Por sí solo, el sector privado no puede llevar a cabo transformaciones estructurales de la magnitud necesaria y no lo hará ni aun en el caso de que la Reserva Federal mantuviese los tipos de interés a cero durante años. La única forma en que eso sucederá será mediante un estímulo gubernamental destinado no a conservar la vieja economía sino enfocado, por el contrario, a crear una economía nueva. Tenemos que efectuar una transición para pasar de la industria a los servicios que quiere la gente, hacia actividades productivas que aumenten los niveles de vida, no que aumenten los riesgos y la desigualdad. Con ese fin, son muchas las inversiones de alta rentabilidad que podríamos realizar. La enseñanza es uno de los sectores fundamentales en los que podríamos invertir: la población bien formada es uno de los motores básicos del crecimiento económico. Para la investigación elemental hace falta apoyo público. En décadas anteriores la inversión estatal —por ejemplo, para desarrollar Internet y la biotecnología— ayudó a impulsar el crecimiento económico. Sin invertir en investigación elemental, ¿qué será lo que impulse el próximo salto cualitativo de innovación? Entretanto, no cabe duda de que a los estados les vendría bien ayuda federal para cerrar déficits presupuestarios. Al ritmo actual de consumo de recursos el crecimiento económico a largo plazo es imposible, así que financiar la investigación, la formación de técnicos y las iniciativas destinadas a obtener una producción energética más limpia y más eficiente no sólo nos ayudará a salir de la recesión, sino también a construir una economía cuya salud durará décadas. Por último, nuestra decadente infraestructura, desde las carreteras y las vías férreas a los diques y las centrales energéticas, es un objetivo primordial de inversión rentable.


La segunda conclusión es esta: si esperamos mantener una mínima apariencia de «normalidad», hemos de arreglar el sistema financiero. Como ya he señalado, puede que la implosión del sector financiero no haya sido la causa de la actual crisis, pero la ha agravado, y representa un obstáculo para la recuperación a largo plazo. Las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las nuevas, son una fuente desproporcionadamente importante de creación de empleo en cualquier economía, y han sido golpeadas con especial dureza. Lo que hace falta es sacar a los bancos del peligroso negocio de la especulación y hacer que vuelvan a dedicarse al aburrido negocio de hacer préstamos. Ahora bien, no hemos arreglado el sistema financiero; más bien hemos entregado dinero a los bancos a espuertas, sin restricciones y sin condiciones, y sin una concepción de la clase de sistema bancario que queremos y necesitamos tener. En resumidas cuentas, hemos confundido los medios y los fines. Se supone que un sistema bancario está para servir a la sociedad, no al revés.


Que hayamos tolerado semejante confusión de medios y fines dice algo muy preocupante acerca de hacia dónde han estado dirigiéndose nuestra economía y nuestra sociedad. El conjunto de los estadounidenses está empezando a comprender lo que ha sucedido. Quienes participan en manifestaciones de protesta a lo largo y ancho del país, movidos por el movimiento Occupy Wall Street, ya lo saben.

Continuará

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