jueves, 20 de julio de 2017

ACEPCIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO Y SOCIAL CUBANO DE DESARROLLO SOCIALISTA Y EN LAS BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HASTA EL 2030 (I)

Por Humberto Herrera Carles

Son muy importantes estas definiciones de los Documentos aprobados, ya que ayuda a comprender, entender el alcance y contenido de lo qué se está hablando y formulando, máxime cuando hay tanta confusión en algunos conceptos que significan o se emplean como algo diferente a lo enunciado. O se pretende por algunos, "apropiarse" del mismo con un significado diferente al empleado en los documentos del PCC.  

Se publicarán en dos partes , con vistas a facilitar su lectura.


PRESENTACIÓN 

El presente documento tiene el objetivo de ampliar y precisar el sentido con que se emplean algunos términos en los documentos que se presentaron al 7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba. 

1. Sociedad socialista próspera y sostenible 

Nuestra sociedad socialista, en proceso de formación, es profundamente humanista y democrática. 

Está orientada a superar definitivamente el sistema capitalista, cuya fuerza propulsora es el interés egoísta y consumista, en el cual la producción social se realiza a expensas de un creciente proceso de enajenación y diferenciación social, que convierte a las personas en instrumentos al servicio del capital, provocando su deshumanización. 

Su finalidad estratégica es el desarrollo integral del ser humano -- individual y colectivamente--, con elevados valores y principios éticos, siendo imprescindible consolidar progresivamente las bases de las nuevas relaciones sociales. 

La propiedad social sobre los medios fundamentales de producción es un rasgo esencial, característico de nuestra sociedad socialista. 

Se define como próspera porque se aspira a un desarrollo económico y social que logre satisfacer integralmente las necesidades espirituales y materiales del ser humano, fomentando sus capacidades, iniciativa y creatividad, lo que supone la transformación de la estructura económica hacia niveles crecientes de competitividad, sostenibilidad de la vida, equidad y justicia social. 

Por desarrollo sostenible se entiende el que satisface las necesidades de las generaciones presentes de manera que puede mantenerse o reproducirse por sí mismo, en especial en lo económico, social y medioambiental, sin comprometer la capacidad de desarrollo de las generaciones futuras, con equidad y justicia sociales. 

Esta condición ha de configurarse en el marco de las exigencias, posibilidades y retos de nuestra economía y del contexto global y regional. 

El mejoramiento de la calidad de vida de las personas debe ser compatible con la utilización de los recursos naturales, sin contaminar el entorno ni comprometer el desarrollo. 

2. Visión de país 

La visión de país es el estado deseable que se quiere alcanzar en la presente etapa de la construcción de nuestro socialismo como resultado del proceso de desarrollo, a partir de las circunstancias iniciales: económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales e institucionales. Por eso se define la nación como soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. 

Al elaborarse el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social dichas circunstancias deben tenerse en cuenta en el diagnóstico, de la manera más acabada y objetiva posible, cuestión indispensable para evaluar cualitativa y cuantitativamente el esfuerzo por realizar y configurar el plan de acción. 

3. Desarrollo socialista 

El proceso de desarrollo de toda sociedad está determinado por la formación socioeconómica en que tiene lugar, de acuerdo con los objetivos e intereses dominantes en esta. 

La construcción de nuestro socialismo constituye el modo históricamente alternativo al capitalismo, de asegurar y promover una mejor calidad de vida material y espiritual para todos. 

El enfrentamiento a los problemas económicos y sociales acumulados, así como a los nuevos retos que afrontan las sociedades contemporáneas se realiza en oposición a la lógica egoísta e insostenible del capital. 

La propiedad social de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la riqueza creada con estos, es su basamento material fundamental. 

En el actual contexto de globalización de las fuerzas productivas, dinámicos adelantos tecnológicos, contradicciones y conflictos económicos y sociales, se crean y fomentan capacidades de diversa índole, en especial productivas, tecnológicas y científicas, que el país puede aprovechar para el desarrollo sostenible, sobre la base de los valores propios y la apropiación crítica y creadora de lo mejor de la cultura y el desarrollo universales. 

El desarrollo socialista requiere la transformación estructural de la economía, lograr una inserción internacional ventajosa y dinámica para la elevación del bienestar y construir una sociedad próspera y sostenible. 

Una exigencia fundamental de este proceso es la creación de mayores riquezas, capaces de sostener y continuar avanzando en lo económico y social, con una distribución más justa, equitativa y diferenciada según el aporte de cada uno, que al propio tiempo no deje a nadie desprotegido. 

Se demanda un crecimiento económico alto, estable, socialmente inclusivo, en armonía con la naturaleza, capaz de ampliar y diversificar de forma sostenible las capacidades productivas y las exportaciones, proporcionar trabajos dignos que permitan satisfacer las necesidades y prosperar, tanto individual como colectivamente. 

Tiene como protagonista y objetivo fundamental al ser humano, quien a medida que transforma la economía, la sociedad, su cultura y el medio natural, realiza sus potencialidades, eleva su capacidad productiva y se transforma a sí mismo, en beneficio de las generaciones actuales y venideras. 

El desarrollo socialista no se logra de modo espontáneo, requiere prever e integrar coherentemente planes, programas de desarrollo, políticas, métodos e instrumentos, sobre la base de la participación activa de todos los miembros de la sociedad. 

4. Relaciones de propiedad sobre los medios de producción 

Las relaciones de propiedad sobre los medios de producción constituyen los vínculos e interacciones objetivos entre las personas en el proceso de la producción (producción, distribución, cambio y consumo), con respecto a la utilización de estos, su disfrute y la apropiación de la riqueza creada. Resultan determinantes sobre el conjunto de las restantes relaciones y condiciones de existencia de los individuos, así como del entramado de sus interrelaciones sociales, de tipo interpersonal, familiar, cultural, etcétera. 

En consecuencia, constituyen el núcleo de las relaciones sociales de producción históricamente determinadas, que caracterizan a cada sistema socioeconómico. 

Estas relaciones se expresan y norman mediante derechos de propiedad configurados según distintos regímenes jurídicos, bajo los que se ordenan y actúan las distintas formas de propiedad, diferenciadas según sus titulares. De este modo, los derechos de propiedad reglan el comportamiento y conducta de las personas entre sí a propósito de los medios y resultados de la producción. 

La forma de propiedad predominante sobre los medios de producción determina la estructura económico-social de la sociedad, pues ella expresa los vínculos e interacciones entre las personas respecto a los fundamentales bienes y activos de carácter productivo de que se dispone. Ella lleva a la práctica el ejercicio de los derechos de propiedad correspondientes en las relaciones entre los individuos, con impacto decisivo sobre todo el conjunto de la vida de la sociedad. 

Al consolidarse la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma principal de la economía nacional, así como su capacidad de articular y subordinar las demás formas de propiedad dentro del sistema de relaciones sociales de producción bajo la conducción del Estado, esta determina el carácter socialista de nuestro sistema socioeconómico. 

5. Propietario común de medios de producción 

Condición social y económica objetiva de todo miembro de la sociedad cubana, garantizada por la relación que, como ciudadano, establece con los medios de producción de propiedad de todo el pueblo, a través del Estado socialista. 

Esta condición de titularidad otorga derechos y deberes respecto a la conducción estratégica y fines con que se gestionan esos medios, así como a la disposición sobre el excedente o plusproducto que resulta de su empleo. 

Dado el papel principal de los medios fundamentales de producción de propiedad de todo el pueblo en el desarrollo del país, adquiere relevante significación la condición de propietario común para el ejercicio de los referidos derechos y deberes. 

Entre ellos se destaca el derecho a disfrutar o beneficiarse de la riqueza creada mediante estos medios, la exigencia y vigilancia ciudadanas por el uso eficiente y responsable de los mismos, la participación en los diferentes espacios públicos de análisis y discusión para gestionar los procesos de desarrollo a las diferentes instancias, y la responsabilidad con el cuidado de la propiedad social. 

6. Forma de propiedad no estatal 

El reconocimiento de las formas no estatales de propiedad en la presente etapa de la construcción del socialismo cubano --organizadas y actuantes en el marco de diferentes regímenes jurídicos-- bajo condiciones de predominio de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y el papel rector del Estado socialista en la economía, responde a: 

1) La existencia de la división social del trabajo y de aislamiento económico relativo entre los productores, en un contexto de heterogeneidad de las fuerzas productivas, con un nivel de desarrollo caracterizado por diversidad de escalas y niveles tecnológicos, e insuficiente productividad del trabajo. Ello exige que formas de propiedad --distintas y complementarias a la de todo el pueblo-- desplieguen su capacidad de organizar la asignación y empleo eficiente de recursos en determinados sectores y niveles de la producción de bienes y servicios, con el fin de impulsar el proceso de desarrollo bajo un marco institucional de socialización del conjunto de la producción, que se conduce por el Estado socialista. 

2) La inviabilidad práctica de que el Estado socialista se encargue con efectividad de organizar, dirigir y gestionar de forma directa todas las unidades de producción y servicios, en un entramado eficaz y eficiente de encadenamientos productivos, a la vez que cumpla las complejas tareas estratégicas que le son propias e indelegables. 

Entre ellas diseñar, conducir, ejecutar y controlar la estrategia del desarrollo económico y social, preservando y enriqueciendo las conquistas y los valores propios de nuestra sociedad, en condiciones de una economía abierta, incertidumbre y crisis internacionales cíclicas, así como de disponibilidad limitada de recursos. 

3) La necesidad de movilizar recursos no estatales —internos y externos—, para el desarrollo de las producciones y los servicios, la modernización de la infraestructura y del plantel productivo, así como el rescate y enriquecimiento del patrimonio estatal. 

Por ejemplo, la inversión extranjera directa, que insertada en una estrategia coherente de desarrollo socioeconómico, constituye una muy importante fuente y vía de acceso a capitales, tecnologías, mercados, puestos de trabajo y experiencia gerencial, que tributen a la solución de importantes desequilibrios estructurales y a encadenamientos productivos que hagan más eficiente la economía en su conjunto, en correspondencia con los planes de desarrollo económico y social, a la vez que se garantiza la soberanía e independencia, la salvaguarda del patrimonio de la nación y el medio ambiente y el uso racional de los recursos. 

4) Las posibilidades de las diferentes formas no estatales para la administración eficaz y uso eficiente de los recursos en determinadas actividades que requieren un alto grado de independencia, autonomía y responsabilidad, ya sea en su gestión, dirección o ambas, según la forma de propiedad o gestión no estatal, aportando al bienestar y al desarrollo de la economía nacional, en lugar de constituir una carga para el Estado socialista. 

5) El reconocimiento de las formas no estatales de propiedad y gestión contribuye a la liberación de las fuerzas productivas, como parte de la descentralización de la toma de decisiones que requiere la actualización del Modelo, de forma complementaria a la transformación del sistema empresarial de propiedad de todo el pueblo. Ello posibilita el despliegue de iniciativas y nuevos emprendimientos en función de los objetivos del desarrollo socialista. 

6) El carácter de propietarios comunes de los ciudadanos que trabajan en las diferentes formas no estatales constituye un fundamento objetivo para su identificación, involucramiento y participación en la construcción de una nación independiente, soberana, socialista, democrática, próspera y sostenible. 

Ello ratifica y legitima sus derechos a tomar parte en la adopción de las decisiones sobre el uso de la riqueza social creada y ser beneficiarios de esta. 

7. Propiedad personal 

Se refiere a las relaciones de propiedad sobre determinados bienes, es decir, al derecho jurídicamente normado a poseerlos y disponer sobre ellos, para la satisfacción de necesidades personales y familiares. 

Estos bienes se deben incrementar con el desarrollo económico y social, como parte de la elevación del nivel de vida --en su componente material--, en el marco de los valores y principios de nuestro socialismo, en contraposición al consumismo derrochador y enajenante. 

Cuando una persona o familia haciendo uso de derechos de transacción e intercambio previstos en la ley, utiliza bienes de su propiedad personal para generar ingresos con finalidades de lucro, estos bienes adquieren la condición de medios de producción de propiedad privada. 

8. Proyectos de vida personales, familiares y colectivos 

Los individuos, familias, diversos colectivos y comunidades, construyen sus proyectos de vida para alcanzar --mediante determinadas actividades concretas y conductas prácticas-- sus aspiraciones y expectativas en diversas esferas, de acuerdo con las capacidades históricamente configuradas, los derechos y deberes establecidos, y a cómo conciben sus propias necesidades e intereses. 

Se refieren a la vida laboral y profesional, económica, política, doméstica, familiar, grupal, escolar, estudiantil, recreativa, cultural y comunicacional, entre otras. 

Bajo el contexto de los principios de nuestro socialismo y de acuerdo con las condiciones materiales y espirituales de vida --en el marco de los derechos, obligaciones, oportunidades y retos existentes--, las finalidades, opciones y procedimientos para la materialización de los proyectos de vida son seleccionados a libre voluntad y responsabilidad. 

La historia revolucionaria cubana a partir de los orígenes de su formación como cultura de la resistencia y lucha por la independencia nacional y social, desde los mambises hasta la actualidad, fundamenta las bases más profundas de los proyectos de vida en nuestra nación, caracterizados por la ética del servicio a la Patria y a la humanidad. 

Los proyectos individuales y familiares no tienen ni deben concebirse en contraposición o antagonismo con los colectivos o de toda la sociedad, sino formando parte de una unidad e interrelación dialéctica de beneficio mutuo, en articulación con las diferencias entre lo personal y lo colectivo, cuyas formas de manifestación son históricamente cambiantes y en desarrollo. 

En consecuencia, el Modelo actualizado tributa a que los proyectos individuales y colectivos se materialicen en interacción dinámica, formando parte y acelerando el proceso de desarrollo de la construcción del socialismo, para lo cual se estimula el despliegue del talento y la creatividad en todos los escenarios. 

La expectativa de realización exitosa de los proyectos personales, familiares y colectivos, es premisa, componente, motor impulsor y resultado del proceso de desarrollo económico y social del país. 

9. Identidad de género 

Este concepto es diferente al de género y orientación sexual. 

Por orientación sexual resulta común entender la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. 

A su vez, el término de género designa el proceso de construcción social e histórica a través del cual se configuran las relaciones entre hombres y mujeres, entre hombres, y entre mujeres. El género encierra lo legitimado como masculino y femenino en una cultura, espacio y tiempo histórico determinados. 

Se ha establecido que el género constituye una construcción cultural configurada desde una perspectiva relacional, que tiene en cuenta no solo los modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad, sino toda la variedad de matices que ser hombre, mujer o persona transgénero ha implicado en cada momento histórico. 

Ello define un modo de pensar, sentir y actuar, del cual las personas se apropian a través de los vínculos que sostienen en los diferentes grupos o espacios de socialización. 

Sobre esta base se definen patrones, símbolos, representaciones, valores y sus correspondientes prácticas. 

La identidad de género se refiere específicamente a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente profundamente, que puede corresponder o no con el sexo establecido al momento del nacimiento, incluida la percepción personal del cuerpo, y otras expresiones de género, que abarcan la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

Estas vivencias personales son expresión de las relaciones sociales. Están estrechamente vinculadas a las normas y valores socialmente establecidos. 

10. Sociedad civil cubana 

La sociedad civil es el espacio de socialización pública, de transmisión de códigos y valores, de formación de hábitos culturales y patrones de conducta, de interacción ideológica donde se reproduce determinado tipo de relaciones 
sociales. No solo designa las relaciones asociativas contractuales, voluntarias, entre los individuos, sino el conjunto de todas las relaciones sociales productoras de sentido. 

Se vincula a las formas de producción y asociación económicas --donde las personas hacen ejercicio de sus derechos de transacción e intercambio--, en tanto agencias de socialización de los individuos y por ende de “civismo”, de producción, difusión y reafirmación de normas y valores, y de los códigos simbólicos distintivos que le dan un significado concreto al sentido de la sociedad, la solidaridad y la comunidad. 

Postula una relación de interpenetración y exclusión con el Estado moderno, no porque sean espacios contrapuestos, sino por la especificidad que tiene en la configuración de la hegemonía, pues en la sociedad civil se manifiestan las relaciones entre las clases, incluida su lucha, como espacio de disputa donde se reproducen y se transforman, cotidianamente, los correlatos culturales e ideológicos de la hegemonía, que sirven de base legitimadora del poder político. 

En nuestro país, a su naturaleza esencial socialista se le asocia el espacio ético-político históricamente resultante del proceso de unidad del pueblo cubano, representado por todas las organizaciones políticas, de masas, sociales y otras entidades de la sociedad civil, encabezadas por el Partido Comunista de Cuba, martiano, marxista, leninista y fidelista, vanguardia organizada de la nación cubana, fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, así como por la Unión de Jóvenes Comunistas, organización de la juventud de avanzada, que promueve la participación activa e integración social de los jóvenes en la construcción del socialismo. 

En la dinámica socializadora y participativa de la sociedad civil socialista cubana desempeñan un papel insustituible las organizaciones de masas, sociales, asociaciones, fundaciones y otras diversas formas asociativas sin ánimos de lucro, en las cuales --ejerciendo el derecho constitucional de asociación-- se unen de manera libre, personas naturales y jurídicas, bienes y voluntades, con el propósito de contribuir al proceso de desarrollo de la sociedad socialista. 

Estas diversas formas asociativas canalizan, estimulan y fomentan la integración social, la unidad del pueblo, el bienestar de la población y la participación ciudadana, diferenciada y múltiple, en los procesos de ejercicio y control del poder público en todos los niveles; la promoción del desarrollo local y comunitario; el esparcimiento, deportes y recreación sanos; la promoción de sentimientos, y valores religiosos y fraternales; las tradiciones y costumbres histórico-culturales de la nación cubana y sus diferentes componentes, entre muchos otros aspectos; todo ello en el marco de las correspondientes regulaciones estatales. 

Las organizaciones de masas y sociales son reconocidas de manera especial en la Constitución de la República de Cuba. Debido a su trascendencia histórico-revolucionaria, amplia membresía, representatividad y capacidad de integración y movilización sociales, el sistema político cubano garantiza a estas organizaciones de carácter no gubernamental amplios poderes y capacidad de consulta, opinión y decisión, en el ejercicio de la democracia participativa. 

En su conjunto, las organizaciones que componen la sociedad civil socialista cubana contribuyen a fortalecer la cultura, valores y unidad del pueblo, e impedir la manipulación desde el exterior. 

11. Integración social 

Proceso social requerido para promover la acción colectiva, la cooperación social, como fuerza impulsora y uno de los motores claves del desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo, así como condición de emancipación y realización humana integral. Para su configuración se articulan tres líneas de actuación: 

a) La participación social y acción colectiva como mecanismo decisorio, de definición de objetivos y su materialización práctica en el desarrollo de la sociedad; 

b) las vías y mecanismos con que el sistema socioeconómico fomenta la incorporación de las personas al proceso de la vida económica y social; garantiza la justicia social, la equidad y la igualdad; y 

c) la cohesión social, que establece modos específicos de interacción e intercambio, con efectividad y actuación entre los actores para el beneficio común. 

Se apoya en juicios de valor y valores solidarios, que surgen y se enriquecen en el proceso de participación. También en el sentido de pertenencia derivado de los procesos de concertación de los proyectos de vida. 

12. Institucionalidad (marco institucional) 

El término es utilizado como el marco institucional de la actividad económica que abarca el conjunto de organizaciones administrativas del país, así como las leyes, regulaciones económicas y contratos. También contempla aspectos tales como el sistema de valores que dicta el comportamiento de la diversidad de actores frente a las normas --jurídicas, políticas y económicas-- y a la vez influye sobre ellas. 

En síntesis, son las llamadas “reglas del juego” que rigen en los ámbitos a través de los cuales interactúan dichos actores en la producción, la distribución, el cambio y el consumo. 

13. Funciones estatales y empresariales 

Los estados y gobiernos regulan la vida nacional, estableciendo las normas que pautan la sociedad a partir de los intereses de las clases sociales dominantes. Las funciones de nuestro Estado –incluido el Gobierno-- se corresponden con su carácter socialista. 

El Estado cubano está al servicio del pueblo y ejerce el poder soberano en su nombre, de acuerdo con la Constitución de la República.1 Su composición, estructura y funciones están sujetas a transformaciones como parte del proceso de actualización del Modelo. 

Entre las principales transformaciones se destaca que el Estado se concentra en las funciones que le son inherentes como rector del desarrollo económico y social, coordinador y regulador de todos los actores en función de impulsar las fuerzas productivas y la eficiencia integral de la economía, asegurar los equilibrios del ciclo económico, la generación de empleos, incrementar los ingresos, el mejoramiento sostenible de los servicios públicos, contribuir al bienestar en función de los objetivos del desarrollo socialista. 

1 Artículo 9 de la Constitución de la República de Cuba. 

Las funciones estatales en el ámbito económico y social ‒incluidas las gubernamentales‒, se derivan del carácter socialista del Estado cubano, rector de todos los actores económicos y sociales. Incluyen la elaboración, aplicación y perfeccionamiento de las políticas del Estado y el Gobierno, realizar su función de fisco, dictar regulaciones oficiales, así como dirigir su implementación y controlar su cumplimiento. 

Constituyen funciones estatales la consolidación de las políticas sociales universales y focalizadas con equidad y sostenibilidad, con relevancia en la salud, la educación, la cultura, la formación en valores y la calidad de los servicios públicos; la modernización de la administración pública; la descentralización de facultades a los niveles territoriales y locales con énfasis en el municipio; la aplicación más efectiva de la política de cuadros y reservas del Estado y el Gobierno; el perfeccionamiento del sistema de normas jurídicas sustentadas en la Constitución de la República, así como el aseguramiento de los derechos ciudadanos. 

Otras funciones estatales claves son la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en las diferentes esferas, la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, involucrando a todos los actores. 

Una de las transformaciones más importantes se refiere a las relaciones del Estado con el sistema empresarial de propiedad de todo el pueblo. En lugar de administrar directamente estos bienes, el Estado encarga su administración a los directivos del sistema empresarial, para lo cual les otorga la responsabilidad y autonomía necesarias, en el marco de las facultades conferidas, con orden, disciplina y exigencia. 

El Estado adopta las decisiones principales y estratégicas de las empresas de esta forma de propiedad, tareas que le competen como titular. Define sus facultades y fiscaliza su cumplimiento; evalúa y controla integralmente sus resultados, decide sobre su constitución, disolución, liquidación y demás transformaciones organizativas, la distribución de las utilidades y la designación o sustitución de sus principales directivos. 

Las empresas, como entidades jurídicas dedicadas a actividades con fines económicos o comerciales, están encargadas esencialmente de desempeñar de manera efectiva la producción y comercialización de los bienes y servicios de carácter mercantil, a partir del principio general de cubrir sus gastos con sus ingresos, obtener utilidades y cumplir sus responsabilidades legales y sociales. 

Son funciones empresariales las que realizan las organizaciones de este tipo durante el proceso de dirección y ejecución de las actividades productivas, comerciales y de servicios que les corresponden. 

Existirán diferentes formas empresariales, tales como organizaciones superiores de dirección empresarial y empresas de diferentes escalas; así como de modelos de gestión. 

Con la actualización del Modelo las empresas de propiedad de todo el pueblo poseen la suficiente capacidad de maniobra y agilidad en la adopción acertada y oportuna de decisiones; a lo que es consustancial una alta preparación y responsabilidad de sus directivos. 

Desempeñan un papel activo en la elaboración, ejecución y control de los planes de producción e inversiones. A partir de los indicadores planificados que el Estado les aprueba --considerando sus potencialidades y necesidades, así como las de la economía nacional-- son plenamente responsables de su ejecución eficiente y eficaz. 

Entre las funciones de estas empresas se encuentran: gestionar o administrar los medios de producción y demás recursos a su cargo, contratar a los trabajadores, decidir sobre su remuneración, la organización de la producción y el trabajo, la contratación y comercialización de los insumos y las producciones y servicios, dentro de los marcos regulatorios y las políticas establecidas. 

En consecuencia, responden de sus obligaciones a partir de sus recursos, dentro de las regulaciones establecidas por la ley. El Estado, a su vez, no responde de las obligaciones contraídas por las empresas, entidades y otras personas jurídicas relacionadas.

La delimitación de las funciones estatales y empresariales en cada fase de la actualización del Modelo no es siempre clara ni fácilmente delimitable, dado el papel rector del Estado en el desarrollo económico y social. Hay que tomar en cuenta los avances en la implementación integral del Modelo, las características de cada actividad y la creación de las condiciones necesarias para descentralizar exitosamente las funciones y facultades, en particular la preparación de los directivos y funcionarios. 

Así, por ejemplo, la determinación de los precios, en general, se concibe como una función empresarial, pero si se trata de un bien o servicio de interés social, establecerlos constituye una función estatal, lo que se precisa jurídicamente. Asimismo, es función estatal mantener un adecuado nivel y estabilidad general de los precios, incluidos los fijados por las entidades empresariales, para lo cual adopta medidas de control, planificación o regulación, mediante instrumentos de dirección directos e indirectos. 

14. Separación de funciones estatales y empresariales 

Proceso mediante el cual se delimitan las funciones que le competen a las instituciones gubernamentales, de aquellas que deben corresponder a las organizaciones empresariales, para lo cual se otorgan a ambos tipos de entidades las facultades y la autonomía adecuadas. 

Este proceso parte de la distinción entre la noción de propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y el ejercicio de su gestión. 

El Estado continúa como representante del propietario de estos medios. Así, mantiene las facultades de decidir sobre las cuestiones estratégicas del sistema empresarial propiedad de todo el pueblo, tales como los planes de desarrollo, los indicadores fundamentales, objetos sociales, las normas para la distribución de utilidades, la designación de los principales directivos, entre otras. 

En consecuencia, las instituciones gubernamentales se diseñan y organizan en sus diferentes niveles, centrándose en el desempeño con mayor efectividad de sus funciones rectoras, entre ellas, planificar el desarrollo económico y social, establecer políticas públicas y las regulaciones necesarias al mercado y a todos los actores, así como implementar su cumplimiento. 

Las instituciones gubernamentales no se encargan directamente de adoptar decisiones en materia de administración o gestión del sistema empresarial de propiedad de todo el pueblo. 

Este proceso implica la actualización de las funciones y estructuras de las organizaciones empresariales, a partir de que su razón de ser es la producción de bienes y servicios con eficiencia y eficacia. 

Los directivos empresariales gestionan directamente la producción de bienes y servicios con la autonomía necesaria, asumiendo plena responsabilidad por la adopción oportuna de las decisiones requeridas, en cumplimiento de los planes y políticas estatales bajo premisas de responsabilidad social y medioambiental. 

Este proceso es gradual y transcurre sobre la base de la creación de las condiciones necesarias para asegurar sus objetivos. 

La delimitación de las funciones estatales o empresariales depende de su carácter. Así, por ejemplo, la fijación del precio de determinado producto es una facultad empresarial, excepto en los casos de particular interés social, en que se aprueban por una instancia gubernamental. 

Entre las decisiones ya adoptadas que tributan al cumplimiento de la separación de las funciones estatales de las empresariales, se encuentran: 

a) El perfeccionamiento del proceso de aprobación de los planes empresariales; 

b) la creación de las juntas de gobierno y la preparación de sus integrantes; 

c) las transformaciones de las relaciones financieras del presupuesto del Estado con el sistema empresarial y hacia el interior de estas; 

d) el incremento de las facultades al sistema empresarial, lo que tributa a la autonomía en la gestión (en lo laboral, salarial, organizacional y económico); 

e) la creación de nuevas organizaciones superiores de dirección empresarial, no subordinadas a ningún OACE.

Continuará

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