viernes, 28 de abril de 2017

¿Que deberían esperar los economistas de los funcionarios?


Por Pedro Monreal, El Estado como tal.

Frecuentemente, los ciudadanos exigen a los economistas que no discutan tanto y que acaben de “arreglar” la economía. Hay un pequeño detalle: los economistas no tienen poder para hacer eso que se les pide. 

Me refiero aquí a los economistas que hacen trabajo académico, es decir aquellos que se dedican a investigar para producir conocimiento. Es precisamente ese tipo de economista el que quizás es percibido como que “no escribe con claridad”, “discute demasiado”, “no influye tanto”, y “no resuelve” los problemas concretos. 

Las dos primeras cosas –escribir y discutir- es exactamente la naturaleza del trabajo que hacen. Viven por eso y de eso. Las otras dos –influir y resolver problemas prácticos- no son cosas que les “toca” hacer, sino que a veces se les permite hacer. Para que no haya dudas, eso depende de las decisiones de quienes tienen poder: los funcionarios y los políticos. 

No me refiero, por tanto, a los economistas –que no son pocos en Cuba- que trabajan como funcionarios (especialistas y dirigentes) y cuya tarea es otra: diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas. Tampoco me refiero a los economistas que trabajan en la esfera empresarial (estatal, no estatal, y extranjera). 

Si los economistas académicos forman parte de un proceso más amplio y muy complejo, en el cual las decisiones respecto a la utilización de la evidencia científica que ellos han producido es el resultado de relaciones de poder que ellos no controlan, ¿qué tipo de reacción deberían esperar de los funcionarios cuando les presentan una evidencia producida por la investigación que pudiera ser relevante para las políticas públicas? 

No me interesa discutir ahora en el plano normativo –“lo que debería ser”-, respecto al cual cualquiera pudiera hacer un discurso, sino a la manera concreta en que funciona esa compleja relación entre economistas y funcionarios y políticos. 

Sugiero intentar comprender esas posibles reacciones mediante la utilización de la tipología aportada por Fred Carden, investigador canadiense, basada en un estudio desarrollado durante ocho años con los datos de 23 proyectos de investigación financiados por el Centro Internacional de Canadá de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) en Asia, África y Latinoamérica, y que fue publicado en 2009 bajo el título “Del conocimiento a la política. Máximo aprovechamiento de la investigación para el desarrollo”. No encuentro en la red una versión en idioma español que esté disponible en acceso abierto, pero la versión original en inglés del libro (238 paginas) puede ser descargada aquí

A continuación, se identifican esquemáticamente los cinco “contextos de políticas” planteados por Carden, a los que he agregado en forma de preguntas –a modo ilustrativo- mis anotaciones relativas al caso de Cuba.

  1. Existencia de una demanda clara de evidencia por parte del gobierno.
Es el tipo de situación que el economista académico debe agradecer. En ese contexto, la construcción de una relación fluida de trabajo entre el académico y el funcionario es crucial. Normalmente, la investigación se necesita de manera expedita y por tanto tendrían ventaja los académicos que hayan estado trabajando sobre determinados temas, antes de que estos hubiesen adquirido prioridad política. Por lo general, es una situación que incluye el establecimiento de mecanismos precisos para evaluar el impacto del trabajo académico.
¿Es este el caso de los proyectos de investigación comprendidos en los Programas Nacionales de Ciencia y Técnica (PNCT) apoyados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)?
2. Interés del gobierno en la investigación, pero en condiciones en que el liderazgo del gobierno no existe en cuanto a conectar la investigación y las políticas.
Es una situación en la que el economista que esté interesado en encontrarle una “salida” práctica a su investigación debe ser capaz de entender cómo funcionan las relaciones de poder en el campo especifico de la política pública que intenta influir. Adicionalmente, la “comunicación científica” pudiera ser muy importante para tratar de convencer a los funcionarios que asuman el liderazgo en el proceso de “absorción” de la investigación.
¿Es este el caso de temas como el micro-financiamiento?
3. Interés del gobierno en la investigación, pero con carencia de capacidad estatal para aprovechar la investigación.
Es un contexto en que el economista académico debe tratar de encontrar la manera de demostrarle al funcionario que pueden obtenerse resultados relevantes en áreas específicas y con un empleo de recursos humanos y materiales relativamente modesto. Tratar de convencer al gobierno de hacer una gran inversión en un tema interesante para el cual los gobiernos no tienen capacidad actual, no sería muy efectivo.
¿Es este el caso de la utilización de los métodos del “pensamiento sistémico” (complejidad), por ejemplo, el empleo de “fractals” para estimar fluctuaciones de precios o respuestas del mercado ante regulaciones estatales?
4. Un tema nuevo logra activar la investigación, pero no motiva el interés de los funcionarios.
Un contexto de este tipo requiere que el economista trate de establecer “alianzas” por fuera de la comunidad académica, especialmente con los grupos sociales que pudieran ser beneficiados o afectados por ciertas políticas, para de conjunto, abogar frente a los funcionarios respecto a la necesidad de que estos se interesen en el tema. Obviamente, se trata de algo que no es fácil hacer en Cuba.
 ¿Es este el caso de la investigación relativa a las pequeñas y medianas empresas (PYMES)?
5. El gobierno trata la investigación y la evidencia producida por ella con desinterés, incluso con discordia.
Es un contexto en que al economista no le quedan muchas más opciones que abrirse el paso “a codazos”, o “esquivando”, para poder realizar sus investigaciones. Su trabajo pudiera consistir esencialmente en producir conocimiento en espera de un momento políticamente “favorable” que le permitiese comunicar directamente la evidencia a quienes se encargan de diseñar y de aplicar las políticas.
¿Es este el caso de los “puntos ciegos” que existen en temas cruciales como la pobreza y la desigualdad?
Personalmente, encuentro muy útil la tipología de Carden. Ojalá pudiera ser provechosa para otros colegas.

Consejo de Ministros aprueba Plan de enfrentamiento al cambio climático y aborda temas económicos.

Por: Leticia Martínez Hernández


Elba Rosa Pérez. Foto: Marcelino Vázquez /AIN (Archivo).

Con el fin de contrarrestar los daños que pudieran ocurrir en nuestro país a causa del cambio climático en los próximos años, el Consejo de Ministrosaprobó en su más reciente reunión el Plan de Estado para el enfrentamiento a este fenómeno, que según aseguró Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, “viene agravando y agravará los problemas ambientales, convirtiéndose en un factor determinante del desarrollo sostenible”.

Este Plan tiene como antecedentes las investigaciones que acerca del cambio climatico inició la Academia de Ciencias de Cuba en 1991 y que se intensificaron a partir de noviembre del 2004, luego de un exhaustivo análisis y debate sobre los impactos negativos causados por los huracanes Charley e Iván en el occidente del país.

Desde entonces se iniciaron los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo territoriales para la reducción de desastres.

En el año 2007 se incrementaron las investigaciones científico-tecnológicas que permitieron comenzar la conformación del Macroproyecto sobre peligros y vulnerabilidad costeras para los años 2050-2100, dirigido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y con la participación de 16 instituciones de cinco organismos de la Administración Central del Estado. El 25 de febrero del 2011, este Macroproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros.

Más recientemente, en el año 2015, bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, se comenzó un proceso de actualización de los documentos ya aprobados por el Consejo de Ministros para el enfrentamiento al cambio climático.

El documento aprobado este martes por el Consejo de Ministros, conocido también como Tarea Vida, tiene un alcance y jerarquía superiores a los anteriormente elaborados referidos al tema. Su implementación requerirá de un programa de inversiones progresivas que se irán ejecutando a corto (año 2020), mediano (2030), largo (2050) y muy largo (2100) plazos.

Señaló Pérez Montoya que se han identificado áreas priorizadas teniendo en cuenta la preservación de la vida de las personas en los lugares más vulnerables, la seguridad alimentaria y el desarrollo del turismo. Entre ellas se encuentran el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque; el litoral norte de La Habana y su bahía; la Zona Especial de Desarrollo de Mariel; Varadero y sus corredores turísticos; los cayos de Villa Clara y del norte de Ciego de Ávila y Camagüey; el litoral norte de Holguín; la ciudad de Santiago de Cuba y su bahía; así como los territorios amenazados por la elevación del nivel medio del mar en Cienfuegos, Manzanillo, Moa, Niquero y Baracoa.

Datos avalados por estudios científicos ratifican que hoy el clima de la Isla es cada vez más cálido y extremo; se ha observado gran variabilidad en la actividad ciclónica —desde el 2001 hasta la fecha hemos sido afectados por nueve huracanes intensos, hecho sin precedentes en la historia; además, el régimen de lluvias ha cambiado, incrementándose significativamente desde 1960 la frecuencia y extensión de las sequías; y se estima que el nivel del mar ha subido de forma acelerada en los últimos cinco años.

Las inundaciones costeras ocasionadas por la sobreelevación del mar y el oleaje, producidos por huracanes, frentes fríos y otros eventos meteorológicos extremos, representan el mayor peligro debido a las afectaciones que ocasionan sobre el patrimonio natural y el construido.

Se ha evaluado el daño acumulado en los principales elementos de protección costera como las playas arenosas, los humedales —bosques, herbazales de ciénaga y manglares— y las crestas de arrecifes de coral, que de modo integrado amortiguan el impacto del oleaje provocado por fenómenos naturales.

La Tarea Vida contempla un conjunto de acciones dirigidas a contrarrestar las afectaciones en las zonas vulnerables, tales como no permitir construcciones de nuevas viviendas en los asentamientos costeros y reducir las áreas de cultivo próximas a las costas o dañadas por la intrusión marina a los acuíferos subterráneos.

Asimismo, contiene 11 tareas, entre las cuales figuran asegurar la disponibilidad y el uso eficiente del agua como parte del enfrentamiento a la sequía; dirigir la reforestación hacia la máxima protección de los suelos y las aguas; detener el deterioro de los arrecifes de coral, rehabilitarlos y conservarlos; así como implementar otras medidas en programas, planes y proyectos vinculados a la energía renovable, la eficiencia energética, la seguridad alimentaria, la salud y el turismo.

El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente es el encargado de implementar y controlar las tareas del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. A la par, se consideró que en este empeño resultan decisivas las acciones encaminadas a que la población aumente la percepción del riesgo, sus conocimientos sobre el tema y la participación en el enfrentamiento al fenómeno.

Por la importancia de este asunto se decidió presentarlo a una próxima sesión de la Asamblea Nacional.

Directivas para el plan de la economía y el presupuesto del Estado de 2018

Tras una breve valoración del comportamiento del Plan de la Economía durante el primer trimestre del presente año, el ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas Ruiz, expuso la propuesta de directivas para la elaboración del Plan de la Economía y del Presupuesto del Estado del año 2018, en la cual se tuvo en cuenta consolidar y garantizar la continuidad y sostenibilidad de lo aprobado en el Plan 2017.

Refirió que se priorizarán el “respaldo de niveles productivos e inversiones asociadas a las exportaciones, sustitución de importaciones, programas de desarrollo e infraestructuras y las demandas del turismo; la producción e importación de alimentos; el aumento de la producción de materiales de la construcción e insumos agrícolas; y el aseguramiento de las actividades de educación, salud, servicios básicos a la población”.

El Ministro de Economía recalcó la necesidad de que la elaboración del Plan 2018 se distinga por la búsqueda de soluciones coherentes y sostenibles, con el propósito de conformar un plan que asegure el crecimiento, el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, la continuidad de los programas de desarrollo fundamentales y un ligero avance en el proceso de transformación de la estructura económica del país.

En tal sentido, la premisa esencial está en la capacidad de cumplir los compromisos productivos y de servicios, con el ahorro eficiente y reajuste de los indicadores de gastos en niveles inferiores al Plan 2017.

Por último, se reiteró que la conformación del Plan debe hacerse con objetividad, ajustándose a los recursos con que cuenta el país.

Cuentas por pagar y por cobrar

Como periódicamente se hace, la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza Rodríguez, presentó un informe sobre el comportamiento de las cuentas por pagar y por cobrar vencidas con cierre del año 2016, así como el correspondiente análisis de la evolución y tendencias de los impagos por organismos.

Precisó que se mantiene alta la concentración de deudas vencidas entre entidades del mismo sector de la economía, con las consecuentes cadenas de impagos, lo cual constituye un reflejo de los incumplimientos de los contratos económicos y la falta de liquidez de algunas empresas.

Asignación de graduados del nivel superior

Los miembros del Consejo de Ministros aprobaron la propuesta presentada por Margarita González Fernández, titular de Trabajo y Seguridad Social, referida a la asignación de graduados de nivel superior formados en los centros adscriptos al Ministerio de Educación Superior en el curso diurno 2016-2017.

Para su elaboración –explicó– se tomaron como referencia las demandas presentadas por los organismos de la Administración Central del Estado, los consejos de la Administración Provincial y los resultados de los balances territoriales de fuerza de trabajo calificada para el periodo 2017-2021.

A partir del debate generado a causa de la demanda aún insatisfecha de graduados de nivel superior, se determinó realizar un nuevo análisis en cada uno de los organismos para determinar las necesidades reales de esta fuerza de trabajo calificada.

Irregularidades en el comercio exterior

El tema de las afectaciones económicas ocasionadas al país por irregularidades en operaciones del comercio exterior volvió a la agenda de la reunión del Consejo de Ministros, esta vez con los problemas reportados o identificados durante el año 2016.

Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, presentó varios ejemplos de afectaciones provocadas a raíz de demoras en las reclamaciones realizadas por faltantes en las cargas que llegan al país, incumplimientos de los parámetros de calidad y problemas en contratos suscritos en operaciones de importación y exportación.

Sobre los daños relacionados con la transportación interna y los puertos, refirió que continúan las afectaciones provocadas por la estadía de los contenedores en puerto y la demora en la descarga de los buques.

Ratificó la importancia de continuar desarrollando acciones para aumentar la preparación del personal que interviene en estas operaciones e incrementar el control del cumplimiento de las normas vigentes.

En tal sentido se puntualizó que ante este tipo de problemas hay que ir a las causas que los originan, para lo cual urge perfeccionar los métodos de trabajo.

XI Comprobación Nacional al Control Interno

Gladys Bejerano Portela, contralora general, presentó una síntesis de los resultados obtenidos durante la XI Comprobación Nacional al Sistema de Control Interno, realizada en los últimos meses del 2016, donde se evaluó la implementación, desarrollo e impacto de la descentralización de facultades aprobadas para el sector empresarial y el funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias.

Manifestó que se avanza discretamente en la descentralización de facultades. “Las entidades seleccionadas del sistema empresarial cumplen en sentido general con las indicaciones metodológicas del Ministerio de Economía y Planificación para la elaboración y desagregación del Plan 2016, aunque se identificaron deficiencias propiciadas por inobservancias de las disposiciones jurídicas relativas a este proceso”.

Señaló, además, que en algunos casos se constató desconocimiento de la legislación vigente sobre los sistemas de pagos, por lo cual se requiere continuar insistiendo en la capacitación de directivos y trabajadores.

Informó que se constataron incumplimientos de indicadores directivos; violaciones en el control administrativo y contable; y elevados volúmenes de inventarios ociosos y de lento movimiento, como consecuencia de ineficiencias en su gestión.

Al referirse al funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias, la Contralora destacó que los resultados de las acciones de control demuestran la necesidad de actualizar la legislación, en correspondencia con la experiencia práctica que se ha ido obteniendo.

Por un mejor ordenamiento territorial y urbano

En la reunión del máximo órgano de Gobierno se conocieron también los resultados del plan integral de enfrentamiento a las ilegalidades en el ordenamiento territorial y urbano durante el pasado año, periodo en el cual se aprecia de manera general un discreto avance.

Según informó Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física, se constatan resultados superiores a los de años precedentes y significó los logros obtenidos en el ordenamiento de las playas.

No obstante, resultan insuficientes las acciones sobre las ilegalidades acumuladas desde años anteriores, para lo cual es determinante una mayor exigencia y sistematicidad de los gobiernos, organismos de la Administración Central del Estado y órganos superiores de Dirección Empresarial para eliminarlos.

Al mismo tiempo, es baja la imposición de multas y existe morosidad en ejecutar las demoliciones aprobadas por los consejos de la Administración Municipal.

Señaló Rodiles Planas que se requiere sumar completamente al pueblo y a las organizaciones de masas y sociales en la batalla por el orden y la disciplina.

Al conocerse que dentro de las nuevas violaciones cometidas en materia urbanística algunas corresponden a instituciones estatales, se enfatizó en que el Estado tiene que dar el ejemplo en esta batalla para poder exigirle luego a la población.

(Tomado de Granma)

La inversión directa extranjera cae un 7% a nivel mundial hasta los 1.613 billones de dólares en 2016

EFE París
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) este flujo representa el 2,2% del producto interior bruto (PIB) global, lejos del techo del 3,6% al que se llegó en 2007
Los flujos de inversión directa extranjera ha caído un 7% en el mundo el pasado año, para representar 1.613 billones de dólares, un nivel superior al constatado entre 2009 y 2014, pero inferior al pico registrado en 2007, antes de que se hiciera sentir la crisis financiera.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha explicado en un informe que ese flujo representó un 2,2% del producto interior bruto (PIB) global, lejos del techo del 3,6 % al que se llegó en 2007.
Las entradas de inversión extranjera se han incrementado un 17% en la Unión Europea con 557.542 millones de dólares, una evolución en la que pesó, en particular, el Reino Unido con 253.700 millones, frente a los 33.005 millones que había recibido un año antes.
Ese salto tuvo que ver, sobre todo, con la compra de SABMiller por Anhuser-Busch InBev, una operación valorada en 103.000 millones de dólares que unió a los que eran los dos grandes grupos cerveceros del mundo.

Recepción de inversiones extranjeras

Los otros países de la Unión Europea que más inversiones extranjeras recibieron han sido, por este orden, Holanda (67.327 millones de dólares, tras los 68.765 de 2015), Francia (34.139 millones de dólares tras 39.603 millones), Bélgica (33.094 millones tras 21.281 millones) y España (30.773 millones tras los 25.312 millones de 2015).
Por detrás quedaron Italia (28.951 millones de euros, después de los 19.332 millones de 2015), Luxemburgo (26.849 millones de dólares tras 16.003 millones) e Irlanda (22.298 millones de euros tras 188.361 millones).
Estados Unidos ha vuelto a ser el primer país receptor del mundo, con 395.995 millones de dólares, comparados con los 353.283 millones del ejercicio precedente.
China ha experimentado la tercera caída anual consecutiva y ha quedado en 170.557 millones de dólares, después de los 242.489 millones de 2015 (había llegado a 280.072 millones en 2011). México ha absorbido 26.739 millones de dólares, netamente por debajo de los 33.181 millones de 2015 (habían sido 47.537 millones en 2013.