Infolatam
Por CARMELO MESA LAGO
EL SECTOR NO ESTATAL EMERGENTE Y SU IMPORTANCIA
Este libro estudia el sector “no estatal” en Cuba, que tiene creciente importancia y el potencial de transformar la economía predominantemente estatal (72% de la fuerza laboral) y en difícil situación. En este capítulo cuantificamos el sector no estatal e identificamos cuatro grupos principales: trabajadores por cuenta propia (autónomos), usufructuarios, socios de nuevas cooperativas y compradores-vendedores de viviendas privadas. En los próximos capítulos ofrecemos los antecedentes de cada grupo, basados en la información disponible: características, tamaño y tendencias, progresos, obstáculos e impactos.
El elemento más innovador es el análisis de los resultados de 80 entrevistas intensivas hechas en Cuba en 2014-2015, para recoger las “voces” del sector. El objetivo principal del libro es ofrecer información clave no disponible sobre el sector no estatal: a) sus características (edad, género, color de la piel y educación); b) aspectos económicos importantes (como nivel de satisfacción, ocupación, ganancias, inversión, empleados contratados, recibo de remesas, microcréditos y otras ayudas, competencia, publicidad, planes de expansión), y c) su percepción de los problemas que enfrentan y sus deseos de mejora o cambio. Comparamos estos aspectos/percepciones entre los cuatro grupos, hacemos asociaciones entre sus características y una serie de respuestas a preguntas similares, y extraemos sugerencias de las “voces” para mejorar el sector y contribuir más al desarrollo económico y social del país.
1) ¿QUÉ ES EL SECTOR “NO ESTATAL” EMERGENTE?
En 2006, Raúl Castro sustituyó a su hermano Fidel al frente del gobierno, debido a la enfermedad de este, y en 2008 fue formalmente nombrado Presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Desde 2007, Raúl ha implementado numerosas reformas, siendo las más importantes las llamadas por él “estructurales” (27-7-2007) porque modifican aspectos del actual sistema económico en diverso modo y magnitud.(1)
Una de las reformas estructurales más importantes ha sido la reducción del sector estatal y la correspondiente expansión del sector no estatal, como nunca antes bajo la Revolución. En 2010, el gobierno informó que había un vasto empleo excedente o innecesario en el sector estatal que había que despedir para ahorrar recursos, mejorar la productividad laboral y aumentar los salarios; 500000 de dichos empleados serían despedidos entre octubre de 2010 y marzo de 2011, y un millón en diciembre de ese año; más tarde, se estimó el número de excedentes en 1,8 millones para ser eliminados en 2015.
Los despedidos encontrarían empleo en el sector no estatal (SNE), el cual se divide, de forma amplia, en “privado”(2) y cooperativo, ambos con diferencias en cuanto al tiempo de su implementación sus derechos de propiedad, su relación con el Estado, el rol del mercado, el tamaño del SNE y su tendencia creciente o decreciente (véase Mesa-Lago, 2013).
Si se les dieran más libertad y mejores condiciones, los cerca de un millón de trabajadores del sector no estatal generarían “un enorme crecimiento de la economía cubana y del bienestar”, opina el respetado economista y catedrático de la Universidad de Pittsburgh Carmelo Mesa Lago.
El subsector “privado” incluye cuatro grupos:
1) Los propietarios de pequeñas parcelas de tierra (“agricultores pequeños”), que comenzaron con la reforma agraria de 1959 y continúan, aunque reducidos a la mitad; estos tienen la propiedad de la tierra, aunque con ciertos compromisos con el Estado, tales como la obligación de venderle parte de la cosecha a un precio fijado por el gobierno (acopio), el cual limita la venta de sus productos a precios de mercado, aunque las reformas han flexibilizado algo esto.
2) Los trabajadores por cuenta propia (TCP), que han experimentado altibajos desde que comenzaron en el decenio del 70, pero en franca expansión desde 2011 (operan en 201 ocupaciones determinadas por el Estado); la mayoría son dueños de pequeños negocios o actividades económicas individuales (también pueden ser arrendadores de un negocio cedido por el gobierno), y sus productos o servicios se venden al precio de mercado.
3) Los usufructuarios de tierras estatales, que las reciben para ser explotadas bajo normas legales (incluyendo el acopio); estos comenzaron en el decenio de los 80, pero el mayor impulso ha sido desde 2008; no son propietarios de las parcelas, pero las cultivan y se apropian de sus frutos, y una vez cumplido el acopio, pueden vender el excedente a precio de mercado.
4) Los trabajadores empleados por los tres grupos anteriores, que no son titulares (propietarios o arrendatarios), sino asalariados.
El subsector cooperativo, que constituye un punto medio entre la propie- dad privada y la estatal, tiene, a su vez, tres grupos:
1) Las cooperativas de producción agropecuaria que son las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) —creadas en 1994 por la transformación de las granjas estatales— y las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). Ninguna de las dos es propietaria de la tierra, sino que la trabajan de forma mancomunada (el Estado mantiene la propiedad y otorga contratos de arrendamiento indefinido a los socios); ambas son las más dependientes del Estado y han decrecido en número y socios, y la mayoría de su producción va al Estado, que fija sus precios. (3)
2) Las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), en las que los campesinos privados se unen para obtener crédito, comprar insumos al por mayor y compartir parte del equipo, son las más independientes y están creciendo en número y socios.
3) Las Cooperativas de Producción no Agrícola y de Servicios (CNA), como barberías, creadas en 2013, se están expandiendo, pero el número de sus socios es todavía pequeño; estas rentan al Estado, que retiene la propiedad de los inmuebles, pero venden sus productos/servicios a precios de mercado; se alega que son más independientes que las cooperativas de producción agropecuaria.
El sector emergente no estatal también incluye la compraventa de viviendas con precios fijados por la oferta y la demanda, que comenzó en 2011 y se ha ido expandiendo, así como la construcción de viviendas privadas por individuos (“esfuerzo de la población”).
El VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), efectuado en abril de 2016, generó dos documentos: la conceptuación del modelo y un plan de desarrollo hasta 2030. El primero de ellos, reconoce la existencia de heterogeneidad en las formas de propiedad y de gestión, “adecuadamente interrelacionadas”, entre ellas la propiedad privada y la cooperativa; también acepta el rol del mercado dentro de un modelo en que prevalece la planificación central y la empresa estatal. El Estado se concentra en la dirección de la economía, la regulación y la conducción/control del proceso de desarrollo, y gestiona los medios fundamentales de producción (para un análisis del VII Congreso, véase Mesa-Lago, 2016).
La propiedad privada sobre “determinados medios de producción” juega un papel “complementario” al Estado; este se “desprende” de la administración directa de aquellas actividades que requieren un grado alto de independencia y autonomía, las cuales, además, conducen al desarrollo socioeconómico, contribuyen a la eficiencia, la creación de empleo y el bienestar. Esto “provoca el incremento del sector no estatal de la economía” (SNE), liberando recursos; no obstante, la gestión por formas de propiedad no estatal no implica “la privatización o enajenación de estos”; además, “no se permite la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales”; por último, el Estado regula al SNE, así como la apropiación privada del resultado del trabajo ajeno y las ganancias de estos negocios (PCC, 2016: 7-9).
El referido documento especifica dos tipos de “emprendimiento” privado: pequeños negocios realizados en lo fundamental por el trabajador y su familia, como personas naturales; y empresas privadas de micro, pequeña y mediana escalas, reconocidas como personas jurídicas. Además, “los tipos de cooperativas que reconoce el modelo forman parte del sistema de propiedad socialista” y tienen personalidad jurídica, ejerciendo propiedad colectiva de los medios de producción (PCC, 2016: 10). Lo anterior constituye la legitimación oficial del SNE, pero paradójicamente aún se niega la privatización; además, el SNE se concibe solo de manera supeditada al Estado y con mayores restricciones: por ejemplo, antes se prohibía la concentración de la propiedad, pero ahora se agrega también la de la riqueza. Este libro profundizará en el efecto de esos obstáculos.
El Congreso anunció una ley de empresas que regulará el sector no estatal, pero no se había promulgado tres meses después del evento.(4) Luego de resaltar la relevancia del reconocimiento de la empresa privada dentro del sistema económico cubano, Monreal (2016: 1-2) apunta el lento seguimiento en legalizar y regular la empresa privada y se pregunta “si el tema ha perdido algo de la propulsión inicial”. Agrega que la etapa educativa del proceso, clave para la etapa de implementación, “apenas ha sido visible en los medios de prensa del país”.
2) CUANTIFICACIÓN DEL SECTOR NO ESTATAL
Es complejo calcular el número de personas en el SNE porque falta una cifra integrada con una distribución de todas en dicho sector. El Anuario estadístico de Cuba (ONEI) ha publicado por varios años un cuadro (7.2 en 2014) con la distribución de los “ocupados en la economía según situación del empleo”, que los divide en “cooperativistas” (antes solo las UBPC, CPA y CCS; desde 2013, también las CNA), los trabajadores por cuenta propia (TCP) y “privado”. El último está compuesto por empleados asalariados en empresas mixtas con capital extranjero, propietarios privados de tierra y por TCP hasta 2010.
Desde 2011, los empleados por los TCP están incluidos en el número total de estos, lo cual explica en parte el gran salto de 166 % en dicho año (Cuadro 1). Es probable que los “otros” privados envuelvan un doble conteo. Otro cuadro del Anuario (9.4) exhibe la categoría “tenentes de tierras por personas naturales”, que separa usufructuarios, propietarios privados, arrendatarios y campesinos dispersos; no obstante, dicho cuadro solo está disponible desde 2013, por lo cual no se pudo incluir este grupo en el Cuadro 1.5
Notas________________________________________
1 Cuando no hay fuente específica en el estudio, viene de Mesa-Lago, 2012 y 2014; y de Mesa-Lago y Pérez-López, 2013.
2 El término ‘privado’ no se mencionó en los 313 Lineamientos de 2011, ni en los medios de comunicación hasta 2014; se evita usando eufemismos como “no estatal”, “emprendedores”, “agricultores pequeños”, “cuentapropistas”, casa “particular” (para arrendadores de casas para turistas), viviendas construidas “por la población”, etc.
3 Un reglamento dictado en 2012 procuraba dar más autonomía a las UBPC, pero sus resultados no son claros.
4 Se han promulgado varias resoluciones sobre el arrendamiento de bienes del Estado a TCP y CNA, así como sobre los mercados mayoristas, que tocan aspectos del sector no estatal, pero no una ley integral (v. caps. 3 y 5).
5 Otro cuadro del Anuario (9.3) muestra los “tenentes de tierras por personas jurídicas”, separando las empresas y granjas estatales, las UBPC, CPA y CCS, y “otros”, pero no da cuán- tas personas están en cada una de ellas.
Hay cinco empresas finalistas entre las que optan por el Premio Nacional de Calidad 2015, que se entregará el día 18 en el contexto de la I Convención Internacional sobre esa esfera, Habana 2016
