Por Samuel Farber*
HAVANA TIMES — En julio de este año, el ministro de Economía de Cuba, Marino Murillo, anunció que debido a un 20 por ciento de reducción en los envíos de petróleo de Venezuela, el gobierno proyectaba un recorte en el suministro de electricidad en un 6 por ciento, y de combustible en un 28 por ciento. Mientras tanto ordenó la reducción inmediata de consumo de energía en el sector público y la consecuente reducción de la empleo en ese sector, y advirtió la posibilidad de apagones, haciendo resurgir así el espectro de los terribles días del Período Especial de los 90.
Esto ha sido otro golpe más contra los esfuerzos del gobierno de Raúl Castro para establecer la versión cubana del modelo sino-vietnamita basado en un estado de partido único y la apertura de la economía al sector privado y al mercado.
En la esfera política esos esfuerzos se han centrado en relajar el control del estado sobre su ciudadanía. Pero eso no ha implicado ningún grado de democratización. Así por ejemplo, las reformas de emigración del 2012, que facilitaron el movimiento de los cubanos para salir y volver a la Isla, nunca reconocieron viajar al exterior como un derecho de los ciudadanos cubanos.
En la esfera de la Economía, el gobierno ha implementado una estrategia muy modesta y contradictoria. Por ejemplo, las reformas estructurales en el sector de la Agricultura permiten contratos de arrendamiento de la tierra por un máximo de 20 años, en contraste con los gobiernos chino y vietnamita que autorizan contratos mucho más largos y hasta permanentes.
Actualmente se permite el trabajo por cuenta propia en unas cuantas (poco más de 200) ocupaciones. De haberlo permitido a través de toda la economía—salvo en aquellos sectores que considera como prioridades sociales, como la Salud—la reforma podía haber aumentado significativamente la disponibilidad de productos y servicios en la Isla.
Los cambios complementarios que el gobierno introdujo—tales como el establecimiento de mercados mayoristas y la banca de crédito comercial— para reforzar las reformas estructurales fueron insuficientes y acabaron por impactar negativamente en las propias reformas. Además, la burocracia y la ineficiencia de Acopio—la agencia estatal que monopoliza el poder de compra de la mayor parte de los productos agrícolas a precios establecidos por el gobierno–ha desacelerado la producción agrícola. Y muchos productos se han echado a perder por las demoras para ser procesados en las plantas del mismo gobierno.
Sin recuperación
Antes de la crisis actual, la economía cubana había logrado recuperarse parcialmente de los terribles años del Período Especial que la devastó tras el colapso del bloque Soviético a fines de los ochenta y principios de los noventa. La economía de la isla tocó fondo entre 1992 y 1994, cuando la escasez de alimentos provocó una epidemia de neuropatía óptica que afectó cerca de cincuenta mil personas.
Actualmente la nación ha sobrepasado el PIB al que llegó en 1989. Pero hay otros indicadores—tales como el salario real y las pensiones, que en el 2014 llegaron solo al 27 y el 50 por ciento, respectivamente, de los niveles a los que estaban en 1989—que nunca se recuperaron. Mientras tanto, el gasto social ha estado en declive y se espera que el consumo familiar baje un 2.8 por ciento en 2016 y un 7.5 en 2017.
Si bien es cierto que la hambruna de principio de los noventa quedó atrás, los cubanos siguen teniendo que luchar muy duro para conseguir sus alimentos. El muy celebrado desarrollo de la agricultura orgánica urbana representa una proporción relativamente baja de la producción agrícola. Según lo señaló el economista cubano C. Juan Triana Cordoví, la disminución de la producción doméstica ha forzado a los hoteles a importar verduras, incluyendo la yuca, un tubérculo básico de la dieta nacional. Los escasos avances logrados en la agricultura sostenible no compensan el hecho que la producción de comestibles no ha llegado al nivel de 1989, y que Cuba ha tenido que importar más de la mitad de sus víveres a un costo anual de dos mil millones de dólares.
También se han perdido muchos de los logros en los campos de la Educación y la Salud. Aún no se han reemplazado a todos los maestros que abandonaron el sector debido a los bajos salarios; el número de repasadores privados—frecuentemente maestros de escuela pública que trabajan en sus horas libres—ha crecido exponencialmente. Se están derrumbando numerosos edificios escolares, bibliotecas y laboratorios. Antes del inicio del presente año escolar se cerraron 350 escuelas por las deplorables condiciones físicas en las que se encontraban.
Lo mismo ocurre con muchos de los hospitales y otras instalaciones médicas que actualmente funcionan solo con el personal mínimo indispensable; el gobierno ha estado enviando un gran número de médicos de familia y especialistas a Venezuela y a otros países a cambio de petróleo y moneda extranjera.
Es muy probable que las reformas timoratas y contradictorias del régimen actual desaparezcan junto con la salida de la escena de la generación histórica de líderes revolucionarios. Sus descendientes, la segunda generación de la burocracia estatal, muy probablemente adoptarán de lleno el modelo sino-vietnamita, con una cierta inclinación hacia un capitalismo ruso que combina el establecimiento de una oligarquía surgida del saqueo de la propiedad del Estado con una “democracia” nominal que le proporcione al Congreso estadounidense la excusa necesaria para abrogar la Ley Helms-Burton de 1996 y así revocar el bloqueo económico de la Isla.
Además de ganarse la simpatía de los EU, la nueva generación de líderes se ganará el apoyo del capital extranjero y de, por lo menos, un sector del capital cubano-americano con la promesa de un gobierno totalmente en control del estado, los medios masivos de comunicación y de las organizaciones de masa—incluyendo los sindicatos controlados por el Estado—para así garantizarle a sus nuevos inversionistas capitalistas, tanto cubanos como extranjeros, la paz, la ley y el orden.
Sin embargo, tanto fuera como dentro del gobierno se están hablando de otros modelos económicos, aunque muy discretamente debido en gran parte a un sistema político que no permite una discusión cabal, libre y honesta de las ideas.
Una economía libre y racional – los críticos del sistema
Desde hace un buen rato, los críticos del régimen que pertenecen al “mainstream” cubano han estado abogando por el establecimiento de una economía de libre mercado como la única alternativa “racional” a la administración burocrática de la economía bajo el control del Partido Comunista.
Este grupo abarca un amplio espectro de opinión que va desde una posición dura de libre mercado hasta una perspectiva social demócrata de estado de beneficencia. En este último grupo, críticos moderados se traslapan con sectores de economistas académicos en la Isla, incluyendo a miembros del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.
Pero casi ninguno de estos críticos ha siquiera mencionado la cuestión de qué hacer con la parte más importante de la economía cubana: las grandes empresas del Estado. En cambio, se enfocan en el establecimiento de PYMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) aunque nunca han aclarado qué es lo que la “mediana” empresa significa específicamente.
Mientras tanto, apoyan las medidas del gobierno para reemplazar el sistema universal de racionamiento con otro que, en lugar de subsidiar productos, lo haga a personas de bajos recursos. Hoy por hoy, todos los cubanos, independientemente de sus ingresos, reciben una serie de productos a precios bajos subsidiados por el gobierno. Bajo el nuevo sistema, solo los más pobres y desprotegidos recibirían esos beneficios, racionalizando así los mercados agrícolas y reduciendo el presupuesto gubernamental. La reciente reducción de los productos que son distribuidos por esa vía marca el primer paso hacia el sistema basado en el nivel de ingresos.
Finalmente, también insinúan su apoyo a que se elimine el monopolio estatal del comercio extranjero y se permita que los cubanos importen del extranjero sin límite alguno.
Tito en Cuba – la oposición de izquierda
Como parte de la oposición al régimen, la izquierda crítica naciente—mayormente constituida por corrientes anarquistas y social demócratas —ha tenido que funcionar bajo la vigilancia y represión del Estado. Estas corrientes están opuestas a cualquier reducción de beneficios del estado y—por primera vez en la historia de la izquierda en Cuba—abogan por una economía de autogestión obrera.
Es interesante que nunca mencionan la cuestión de planeación democrática o de coordinación entre sectores económicos. Su versión de la autogestión obrera presenta una economía de empresas autosuficientes que compiten entre sí. Se asemeja al sistema que implementó Tito en Yugoslavia desde los 1950 hasta los 1970.
Este fue un socialismo de mercado autogestionado al nivel local, pero controlado a nivel regional y nacional por la Liga Comunista. Aumentó la participación de los trabajadores, incluso en la toma de decisiones a nivel local, pero debido a la competencia y a la falta de planeación, también creó desempleo, una gran volatilidad en los ciclos económicos, desigualdad salarial y discrepancias regionales que favorecieron a las repúblicas del norte de ese país.
La falta de poder de los obreros para decidir cualquier cosa mas allá de lo que pasaba en su lugar de trabajo generó en ellos una perspectiva localista, provinciana, y aislada de las decisiones económicas a nivel nacional. Los trabajadores no veían razón alguna por la cual apoyar la inversión en otras empresas, sobre todo, las que quedaban lejos de ellos y sus lugares de trabajo.
A fin de cuentas, como lo señaló Catherine Samary en su libro Yugoslavia Dismembered, el modelo yugoslavo de autogestión no pudo hacerle frente ni al plan de la burocracia ni al mercado. La década de los 70 fue la última en la que logró obtener cierto grado de crecimiento. Acabó acumulando una deuda de 20 mil millones de dólares que conllevó a la intervención del Fondo Monetario Internacional.
Por lo tanto, el modelo yugoslavo, desde el punto de vista de la gestión obrera presenta demasiados problemas como para ser emulado en Cuba. Por añadidura, nadie en esta oposición de izquierda cuestiona cómo sería posible el modelo de autogestión en la ausencia de un movimiento obrero o cómo podría funcionar si los trabajadores no están motivados para luchar por su autogestión. Obviamente, nada de ésto propicia la posibilidad de la autogestión.
Hay otra corriente dentro de esa izquierda crítica que rechaza cualquier concesión al capital y a la empresa privada, esgrimiendo el argumento de que la empresa capitalista por definición contradice al socialismo. Pero no consideran la cuestión crítica de cómo puede emerger una Cuba socialista y democrática del estancamiento económico y la pobreza en la que se encuentra sin hacer ningún tipo de concesión al capital.
Lo que sí es posible
Para un número creciente de cubanos dentro y fuera del país, el socialismo—sea en su versión autoritaria o democrática—es una utopía irrealizable. Cada vez menos cubanos lo consideran probable o deseable. Para aquellos que todavía apoyan esa idea, la situación económica actual—en combinación con la existencia de un capital extranjero extremadamente poderoso—les impide siquiera imaginarse la posibilidad eventual de un socialismo pleno.
La viabilidad de un socialismo pleno está relacionada con la teoría marxista que rechaza la posibilidad del socialismo en un solo país, especialmente cuando se trata de una patria económicamente subdesarrollada que existe en un mundo capitalista libre de la amenaza inmediata de un movimiento revolucionario socialista.
Además de tenerse que enfrentar a las hostilidades de su vecino imperial, Cuba no podría adoptar un socialismo autárquico como vía para su desarrollo económico, porque depende de la importación del petróleo. Su dependencia al turismo, a la exportación de servicios médicos, níquel y, a menor grado, de productos farmacéuticos y de la muy reducida industria del azúcar caracterizan a su economía basada en el comercio con el exterior. Su integración al mercado capitalista mundial impide el establecimiento en su seno de una democracia socialista plena.
Pero esto no quiere decir que Cuba debe abandonar la idea del socialismo, pero sí que se puede pensar en términos de una economía de transición, de un baluarte provisional que realmente se puede implementar hasta que la situación internacional cambie en una dirección más favorable al socialismo.
La economía política del marxismo clásico ofrece un modelo de lo que ese baluarte podría ser. Reconoce, para comenzar, que en economías menos desarrolladas como la de Cuba, los individuos, la familia y la producción a pequeña escala desempeñan un papel más importante que en las economías desarrolladas.
En su Socialismo: Utópico y Científico, Federico Engels distingue entre el capitalismo moderno—en el que la producción está socializada, pero el producto es controlado y apropiado por los capitalistas–y el socialismo—en el que tanto la producción como la propiedad están socializadas. De esta distinción deriva la noción que la propiedad productiva basada en el trabajo colectivo es el objeto apropiado de la socialización y no la propiedad productiva individual o de familia, y mucho menos la propiedad de objetos para uso personal como la ropa, autos y muebles.
Por lo tanto, una economía de transición en Cuba permitiría la pequeña propiedad productiva privada. Esta es una posición que deriva de un análisis marxista del capitalismo y no de una adaptación oportunista a la política liberal del libre mercado.
Esa economía de transición subordinaría el sector privado de la pequeña empresa, regida por los mecanismos del mercado, al sector público a cargo de administrar la gran industria del país—productos farmacéuticos, turismo, minerales y la banca—bajo el control obrero, coordinada y planificada democráticamente. El gobierno trataría de armonizar–basado en los recursos a su alcance para investigar las condiciones del mercado y desarrollar los pronósticos económicos más idóneos—la economía estatal con la economía de la pequeña empresa conforme a un plan definido.
Obstáculos económicos
Pero primero es necesario hacer un reconocimiento honesto de la economía, la que ha estado en franco deterioro aun antes de la crisis actual provocada por la reducción de los envíos de petróleo de Venezuela.
Para empezar, el extenso sector público que abarca tres cuartas partes de la economía se está tambaleando. El economista cubano Pedro Monreal ha señalado que el gobierno mismo ha admitido públicamente que el 58 por ciento de las empresas estatales están funcionando “mal o deficientemente.”
El crecimiento económico ha sido bajo y empeorará con la crisis actual. Según los cálculos del también economista cubano Pável Vidal Alejandro, el PIB de Cuba no crecerá en el 2016 y muy probablemente se contraerá en un 3 por ciento en el 2017. Sería el primer año de crecimiento negativo registrado en los últimos 25 años de la economía cubana.
Hay voces importantes en la oposición de izquierda que se oponen al crecimiento económico por razones ecológicas, entre otras. Sin embargo, una de las condiciones necesarias para la democratización es la mejora de las condiciones materiales en las que viven sus ciudadanos. La alternativa—el continuo estancamiento económico y deterioro del nivel de vida—fomentará la emigración masiva, que además de ser una tragedia en sí, resta el potencial de cualquier movimiento de oposición democrática y progresiva—ya no se diga socialista—en Cuba.
Aún más alarmante es el hecho que la taza de la nueva inversión, requerida para reponer el capital existente, es una de las más bajas de Latinoamérica, con menos del 12 por ciento de su PIB. Los pronósticos del gobierno indican una disminución en la inversión del 17 por ciento en el 2016, y 20 por ciento en el 2017. Eso conllevaría a la formación bruta del capital un poco por arriba del 10 por ciento, casi la mitad de la taza de inversión necesaria para el desarrollo económico.
El deterioro del capital no solo impide expandir, sino mantener los niveles actuales de la ya deteriorada producción económica y nivel de vida. Es por eso que Cuba ha llegado al límite de sus recursos para lidiar con el aumento significativo del turismo–de 3 millones de turistas en el 2014, a 3.5 millones en el 2015, y a 3.7 millones calculados para fines del 2016–que se desató con la reanudación de las relaciones entre Cuba y los EU en diciembre del 2014. La eliminación de restricciones en las remesas a la isla, que Obama ordenó, ha empeorado significativamente la escasez de alimentos y bebida. La oferta no puede dar abasto con el aumento de la demanda.
La productividad económica en el país también se ha quedado atrás. Salvo por la papa, la producción agrícola en Cuba está muy por debajo del resto de Latinoamérica. En el sector industrial, la biotecnología ha sido el único que goza de una productividad relativamente alta en comparación con la que reina en las otras economías de la región.
El aumento de la productividad no es un asunto que solo atañe al capitalismo en su sed de lucro, sino también a una economía interesada en reducir el trabajo arduo, mejorar los niveles de vida, y maximizar el tiempo de ocio tratando de producir más con la fuerza de trabajo disponible.
El Che Guevara abogó por lo que, de hecho, acabó siendo una manera de exprimir aún más al trabajador. La organización del trabajo, la tecnología, y lo más importante: el control obrero, ofrecen una alternativa real para obtener una economía más productiva.La autogestión es en sí una motivación poderosa. La baja productividad actual deriva de un sistema burocrático que sistemáticamente desorganiza y genera caos, y que no lofrece a los trabajadores ni incentivos políticos—que le permiten a los trabajadores voz y voto con respecto a su trabajo—ni incentivos materiales—típicos del mundo capitalista desarrollado—para motivarlos. Los incentivos morales de Guevara fracasaron: fueron un método de responsabilizar a los trabajadores sin darles poder alguno, y para hacerlos trabajar más duro sin ofrecerles ningún control ni remuneración.
Obstáculos ecológicos
La oposición de la izquierda al crecimiento económico se basa, sobre todo, en consideraciones ecológicas. Cuba está confrontando muchos problemas graves del medio ambiente, entre ellos un aumento en la cantidad de roturas y filtraciones del viejo y mal mantenido sistema de agua. Esto ha causado una pérdida considerable del líquido, que muchas veces se acumula en las calles y en los terrenos vacíos, y el uso de recursos insalubres para almacenarla como respuesta a su escasez. Esta situación ha conllevado a la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, el trasmisor de la temible enfermedad del dengue.
El número creciente de cerdos, aves y de cultivos caseros–parte del muy celebrado, pero muy problemático movimiento agrícola urbano—combinado con el muy deteriorado servicio de recolección de basura ha aumentado considerablemente la posibilidad de brotes epidémicos en las áreas urbanas. Las recientes declaraciones del gobierno afirmando que ha logrado contener la epidemia de zika y que casi ha eliminado el dengue deben verse con escepticismo, en tanto que persistan las condiciones que propician la propagación de estas enfermedades.
La posición contra el crecimiento entre los cubanos de la izquierda oposicionista ganó fuerza a raíz de la reciente visita a la isla del economista Jeffrey Sachs, quien durante su estadía en La Habana instó “al pueblo cubano que no avance hacia el siglo veinte.” Según explicó el reportero Fernando Ravsberg, Sachs insistió que los cubanos debían enfocarse en crear un sistema económico sostenible y concentrarse en el desarrollo de la agricultura orgánica, sembrada sin tractores y cultivada sin el uso de fertilizantes químicos o pesticidas.
Si el reporte de Ravsberg es correcto, Sachs no sopesó los costos y beneficios que cada medida para proteger el medio ambiente implica tanto para el medio ambiente, como para la sociedad en general. Es cierto que los tractores pequeños y eficientes, que el gobierno cubano está proyectando producir en asociación con capital estadounidense, consumen petróleo. Pero los efectos negativos que el petróleo tiene en el medio ambiente no se comparan con el costo mucho mayor de una agricultura basada en energía animal o energía humana. Estas producen menos alimento y requieren cantidades masivas de energía de seres humanos y de bestias.
La historia misma de Cuba lo ha demostrado: el abandono de vehículos motorizados en la agricultura que tuvo lugar a principios del Período Especial representó, en términos netos, un gran retroceso para los cubanos.
Fue también en los noventa que el transporte urbano se desmotorizó. Los residentes urbanos recurrieron a las bicicletas, que más tarde fueron abandonadas—no porque los cubanos preferían las guaguas abarrotadas e infrecuentes o los taxis colectivos caros (solo una proporción muy pequeña de los nacionales tiene su propio carro), sino porque con la bicicleta no les era posible llegar a tiempo al trabajo desde los lejanos suburbios donde vive la clase trabajadora ni la bicicleta los protegía de la lluvia y vientos tropicales que arrasan al país de junio a noviembre.
El gobierno chino ha fomentado la propiedad individual de carros, lo que ha contribuido a la enorme contaminación urbana de ese país. Es una advertencia que debería llevar a cualquier gobierno cubano a considerar un sistema efectivo de transporte público como una política a favor del medio ambiente.
Por último, Cuba necesita mejorar la proporción de la electricidad que produce basada en recursos renovables. Actualmente es solo un 5 por ciento, lo que representa la cuarta parte de lo que se ha logrado en toda Latinoamérica.
La política hacia una alternativa socialista
El camino hacia el socialismo requiere tanto de un programa como de una política a seguir, basada en consideraciones estratégicas y tácticas regidas por ciertos principios, para participar, intervenir y responder a las propuestas del gobierno y de las varias corrientes de oposición.
Guiados por esa política principista orientada a intervenir en los problemas concretos que afectan a la sociedad, los cubanos socialistas podrían identificar ciertas áreas de interés común con los católicos liberales y los críticos socialdemócratas en la Isla. Estas incluyen propuestas para promover la producción y la productividad agrícola, tales como la codificación de los derechos de usufructo de los pequeños productores agrícolas, la eliminación de la venta forzada del producto a precios establecidos por Acopio, y el establecimiento de mercados mayoristas para la pequeña empresa y los productores individuales.
En la esfera del empleo urbano, se deben apoyar propuestas para formar cooperativas basadas en la iniciativa de los trabajadores y no por órdenes del gobierno para deshacerse de sus empresas que se están yendo a pique por bajo rendimiento,o de negocios que no puede administrar centralmente, como los pequeños restaurantes.
Igualmente importante sería oponerse a otras propuestas de esos mismos grupos, como la propuesta para legalizar el empleo en todas las ocupaciones, aun en aquellas que deben funcionar en el interés público, como la educación y la medicina.
La izquierda también debería responder a la propuesta de la libre importación señalando que un estado democrático debe decidir el uso de las divisas del país basado en una serie de prioridades que incluyen criterios sociales para favorecer a los sectores más empobrecidos de la población y la compra de bienes de producción que más beneficien el desarrollo económico. Porque de otro modo, los cubanos pudientes pueden malgastar las de por sí escasas divisas en la importación de bienes frívolos tales como carros y muebles de lujo.
Y podría presentar su oposición a la opinión dominante actual—entre los críticos y de un número creciente de economistas en el gobierno—que el Estado debe subsidiar a personas en lugar de subsidiar productos y que debe reemplazar el subsidio universal con un sistema que únicamente le proporciona ayuda a los ciudadanos más necesitados.
Es claro que los subsidios universales proveen beneficios innecesarios para los cubanos más pudientes. Pero los críticos de ese sistema nunca mencionan el lado negativo de su propuesta que consiste en que socava la solidaridad social. La experiencia internacional ha demostrado que programas basados en el bajo ingreso conllevan a la estigmatización de la gente pobre y que como resultado pierden su legitimidad a través del tiempo socavando así la asignación de fondos para sus operaciones y su viabilidad.
Una posible respuesta a ese problema podría consistir en la introducción de una escala conforme a la que los beneficios obtenidos varían en relación inversa al ingreso. Esto permitiría reconocer la existencia del diferencial de necesidades y al mismo tiempo maximizar el apoyo político a la existencia y continuación del programa.
Los socialistas que vienen de la tradición marxista saben que los subsidios tienen que ser selectivos: cualquier economía se derrumbaría si el estado proporcionara todo gratis o a precios por debajo del costo de producción. Más aún una economía relativamente subdesarrollada como Cuba, que cuenta con un excedente demasiado pequeño como para poder sostener muchos productos subsidiados o gratis.
Pero es importante conservar viva la noción del subsidio universal, porque mantiene el camino abierto a la posibilidad de su expansión cuando la economía se vuelva más productiva y más rica.
Los críticos liberales y el gobierno mismo están de acuerdo en la necesidad de la inversión extranjera como una manera de resolver la baja capitalización de la economía cubana. Muchos en la izquierda están opuestos a esa idea y la ven como el caballo de Troya del capitalismo y el dominio extranjero. Pero la ausencia de una industria doméstica desarrollada de bienes de todo tipo hace necesaria una política de inversión capitalista extranjera, aunque eso sí: controlada y selectiva. Esta posibilitaría la importación de nueva maquinaria, y la renovación de la infraestructura de los servicios públicos y del transporte.
La nueva inversión foránea también puede tener un efecto significativo en la empleomanía y un impacto multiplicador en la creación y desarrollo de nuevas industrias que complemente y contribuya al desarrollo de las industrias ya establecidas.
El impacto de dicha inversión sobre los sueldos y condiciones de trabajo sería negociado a través de sindicatos independientes, los que inmediatamente cancelarían la práctica actual del gobierno de cobrar directamente los salarios que los inversionistas extranjeros le deben a los trabajadores cubanos y de pasarles a estos últimos solo una fracción de lo que ganaron. El gobierno sostiene que con el dinero que retiene sufraga el gasto social y otras operaciones gubernamentales. Pudiera lograr lo mismo a través de un sistema de impuestos transparente y equitativo en lugar de detentar el monopolio de la venta y el control del trabajo.
Es cierto que una producción basada en la autogestión y la existencia de sindicatos poderosos pueden desalentar la inversión extrajera. Sin embargo, una administración y un sistema tributario honestos, junto con la existencia de recursos naturales y humanos no reproducibles en otros países pudieran superar esa desventaja.
Los críticos de derecha de la oposición minimizan y hasta ignoran el importantísimo problema de la creciente desigualdad. A la izquierda este problema le brinda una oportunidad única para introducir y propagar el principio de sindicatos independientes, los que aunados a un sistema progresivo de impuestos pueden funcionar más efectivamente que la política actual de reglas burocráticas diseñadas para hostigar a la pequeña empresa y a los cuentapropistas.
No quiere decir que se debe abrogar todo tipo de regulación. Esta es necesaria en varias esferas como la seguridad ocupacional, la salud, pensiones y derechos sindicales. Si fuera administrada –bajo el control y supervisión de los trabajadores—por organizaciones profesionales en lugar de una burocracia central, acabaría beneficiando a los trabajadores y no a los propietarios. Para poder hacerlo, es primero necesario distinguir entre las reglas diseñadas para proteger a los trabajadores y las reglas que protegen los intereses de los burócratas.
La intervención y participación con respecto a las propuestas presentadas tanto por el gobierno no democrático como por el sector de la oposición pro-capitalista le brinda a la izquierda la oportunidad de formular demandas específicas y de movilizar a la gente para luchar por ellas. Eso es lo que construye un movimiento—o por lo menos un polo alrededor del cual organizarse—a pesar de la represión gubernamental y el escepticismo popular.
El régimen actual de Cuba no permite la existencia legal de otros partidos, de sindicatos independientes o de medios de comunicación libres. Estos son, por supuesto, los elementos que conforman el marco político que facilitaría el tipo de sistema social y político de transición aquí esbozado. Aun así, la oposición debe hablar de una alternativa que abiertamente reconoce tanto las posibilidades como las dificultades involucradas en construir una democracia socialista. Eso es lo que le da poder a la gente en lugar de hacerle sentir que no hay nada que se puede hacer para hacer avanzar al país en una dirección anticapitalista, radicalmente democrática y encaminada al socialismo. Hay una alternativa.
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*Samuel Farber nació y se crió en Cuba y ha escrito numerosos artículos y libros sobre dicho país. Su último texto es The Politics of Che Guevara: Theory and Practice, publicado por Haymarket Press en el 2016.
Este artículo fue originalmente publicado en la revista estadounidense Jacobin y fue traducido al español por Selma Marks.