REVISTA
CUBANA DE ECONOMÍA INTERNACIONAL
Centro de Investigaciones de Economía
Internacional UH – Cuba
Dr. Lázaro Peña
Dr. Antonio
Romero Gómez
Dra. Elda
Molina
Dra. Mercedes García
Dra. Marlén
Sánchez
Dra. Carola
Salas
Dra. Oneida
Álvarez
Dra. Sarah
Rodríguez
Dra. Esther
Aguilera
Colaboradores:
Dra. Nancy Quiñones (Facultad de Economía – UH –
Cuba)
Dra. Nieves
Pico (Instituto Nacional de Investigaciones Económicas – Cuba)
Dra. Lourdes
Regueiro (Centro de Investigaciones de Política Internacional - ISRI – Cuba)
Dra. Tania
García (Centro de Estudios Juan Marinello - Ministerio de Cultura – Cuba)
ciei@rect.uh.cu
_____________________________
CAPÍTULO II
LA INSERCIÓN EXTERNA DE CUBA EN LAS FINANZAS
INTERNACIONALES
Chapter II
Cuba’s foreign
insertion in the international finances
Resumen
Para lograr los objetivos de desarrollo
económico y social que Cuba se propone, se necesitan recursos financieros
internos y externos. Como país subdesarrollado, Cuba es dependiente de los
segundos pero tiene una participación marginal en las corrientes que se mueven
a nivel mundial. Su situación económica y la de sus finanzas internas y
externas reclaman una transformación del sistema financiero doméstico que
estimule la captación de recursos externos y la ampliación del volumen y uso productivo
del ahorro interno. A esos propósitos van dirigidas las propuestas que se hacen
en este capítulo.
Palabras clave: Cuba,
financiamiento externo, deuda externa, ahorro interno, fuentes de
financiamiento multilaterales, inversión extranjera, mercado de valores.
Abstract
In order to reach Cuba’s economic and social
development goals, external and internal financial resources are necessary. As
an undeveloped country, Cuba depends on the latter, but has a marginal weight
on international flows. Its internal economic and financial situation claims
for a transformation of the domestic financial system that would encourage the
attraction of external resources and the enhancement of the volume and
productive use of the internal saving. The proposals contained in this chapter
are addressed to these purposes.
Keywords: Cuba, foreign financing, foreign debt,
domestic saving, multilateral financing sources, foreign direct investment,
securities market.
Introducción
La captación de financiamiento externo es vital
para lograr los objetivos de desarrollo económico del país. Para ello, y para
poder enfrentar el endeudamiento externo en mejores condiciones, a partir de
iniciativas no empleadas hasta ahora, es necesario una transformación del
sistema financiero, que además de nuevos objetivos en cuanto a las relaciones
externas de este sector, estimule más la ampliación del volumen y uso
productivo del ahorro interno.
En el ámbito financiero, no solo es necesario
contar con mayores flujos externos privados y oficiales, sino también su
diversificación. Así, además de incrementar los esfuerzos por atraer recursos
financieros de fuentes multilaterales e inversión extranjera directa, se deben
estudiar las mejores vías para utilizar los microcréditos y remesas, como contribución,
en el corto plazo, a incentivar iniciativas productivas y de servicios del
sector emergente, de manera que también tributen al dinamismo de la economía
nacional.
Necesidad
y posibilidad de la inserción de Cuba en las finanzas internacionales
Cuba, como país subdesarrollado, es dependiente
del financiamiento externo y tiene una participación marginal en las corrientes
que se mueven a nivel mundial.
Entre las principales causas que explican las
restricciones del país para acceder a fuentes de financiamiento externas es
preciso considerar factores por el lado de la oferta y de la demanda. (Sánchez
y Romero, 2012)1
Entre las causas externas sobresalen las
limitaciones derivadas de las tendencias que prevalecen en los mercados
internacionales de capitales y el recrudecimiento del bloqueo económico,
comercial y financiero de Estados Unidos hacia Cuba.
El patrón de financiamiento internacional actual
le plantea un agudo desafío al país en términos de lograr la credibilidad
necesaria para colocar títulos en los mercados internacionales, limitándolo
exclusivamente a endeudarse vía préstamos. Por otro lado, para atraer recursos
de inversión extranjera directa (IED) se requiere de una política de incentivos
adecuada, de un marco legal flexible y de una coherente articulación de dichos
flujos con la estrategia de desarrollo nacional que no ha sido una constante en
la lógica reinante hasta el momento para la canalización de IED.
Los flujos privados de capitales en la
actualidad se han vuelto muy inestables como resultado de la crisis. Los altos
niveles de apalancamiento con que operan los bancos y la ampliación de los
diferenciales de tasas de interés entre países desarrollados y en desarrollo
acentúan tal inestabilidad ya que provocan abruptos movimientos de capitales:
en el primer caso por la fuga hacia inversiones más seguras, en el segundo por
la búsqueda de mayores márgenes de rentabilidad y ganancia. Esta situación
exacerba la vulnerabilidad de Cuba que tendrá que conformarse con las
tradicionales fuentes de financiamiento.
Adicionalmente, el acceso a los flujos de
carácter oficial es limitado por la imposibilidad de acceder a los Organismos
Financieros Internacionales, lo que cierra prácticamente todas las fuentes
disponibles de financiamiento multilateral, y por la baja prioridad que los
donantes internacionales le conceden a Cuba al clasificar en el grupo de países
de renta media y altos indicadores de desarrollo social.
Las causas internas están asociadas, en parte, a
la deformación estructural de la economía que se expresa en un bajo nivel de
generación de ahorro interno y una alta dependencia del financiamiento externo
para garantizar la reproducción ampliada; el reducido nivel de liquidez de la
economía; y la limitada capacidad para cumplir con los
1 Las causas externas e internas que aparecen están tomadas de la fuente
citada
compromisos de la deuda externa. Esta situación
provoca un círculo vicioso en el cual, por la poca disponibilidad de liquidez
de la economía, no se puede cumplir con las obligaciones externas y, en
consecuencia, se restringe aún más el acceso a nuevas fuentes de
financiamiento.
Además, el marco normativo y de política no
incentiva suficientemente la atracción de capitales foráneos para el desarrollo
en ninguna de sus modalidades. Por otro lado, la mayoría de los actores
nacionales desconocen las posibilidades que brindan los fondos de cooperación
internacional y las vías de acceso a los mismos, lo que plantea una auténtica
paradoja entre la disponibilidad de ciertos recursos y la imposibilidad de
canalizar los mismos.
A pesar de estas amenazas, con la actualización
en curso del modelo se abren espacios para potenciar la movilización de
recursos de la cooperación internacional y del financiamiento externo que, de
consolidarse, significarían un complemento importante a los esfuerzos
nacionales para mejorar la asignación de recursos.
No hay que obviar, sin embargo, que en el
capítulo anterior se explica cómo en la actualidad las cadenas globales de
valor son la forma objetiva en que se estructura y funciona el modelo de
acumulación global que rige en la economía mundial. En términos de
financiamiento externo, ello significa que las corrientes financieras son
funcionales a ese modelo, y por tanto responden a las necesidades de las CGV.
Dicho en otras palabras, los flujos financieros internacionales se mueven hacia
donde los necesita la cadena de producción y servicios de que se trate. Así,
las posibilidades de obtención de financiamiento externo y de inserción de los
países subdesarrollados en la economía mundial, depende en gran medida de la
capacidad de sus empresas de insertarse en las cadenas globales de valor.
No obstante, a Cuba le es imprescindible contar
con flujos financieros, tanto externos como internos, para poder avanzar en la
implementación de su modelo económico y avanzar hacia el desarrollo, por tanto,
debe realizar esfuerzos por acceder a ellos.
En ese contexto, se evalúan una serie de
alternativas que pueden contribuir a conformar un escenario diferente en
materia de finanzas externas, cuyo propósito a corto y mediano plazo sería la
diversificación de las fuentes de obtención de recursos, así como su incremento
en cantidad y calidad.
Paralelamente se proponen otras acciones con
vistas a ampliar el volumen y el uso productivo del ahorro interno, en un
esfuerzo por disminuir la dependencia respecto al financiamiento externo y con
ello la vulnerabilidad financiera del país frente a choques externos.
Aunque se
reconoce que están
implícitos ciertos criterios
de precedencia en su
ejecución, e incluso se especifica cuando se
requiere el plazo en el que debieran realizarse las acciones, las propuestas se
agrupan en cuatro áreas (flujos de capital privado, flujos oficiales, deuda
externa y ahorro interno), sin establecerse un orden de prioridad.
No obstante, para asegurar la viabilidad y éxito
de las propuestas formuladas se requieren transformaciones, algunas de las
cuales están concebidas en los lineamientos pero otras no, no sólo en el sector
financiero doméstico sino a nivel de toda la economía, con vistas a estimular
la confianza de inversionistas y prestamistas e intentar asegurar el máximo
beneficio y el mínimo de riesgos.
En particular, los cambios que se requieren en
el sector financiero doméstico deben ir encaminados a su fortalecimiento y
modernización, de modo que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de los
agentes económicos que están emergiendo y a las de las nuevas relaciones entre
las empresas y entre éstas y entidades no estatales. Las transformaciones deben
también resolver las insuficiencias e incongruencias que persisten en el orden
monetario-financiero.
Un sistema eficiente y sobre todo confiable,
brinda seguridad a los depositantes y permite disponer de mayores recursos para
fines económicos; igualmente, la existencia de instituciones financieras
bancarias y no bancarias sólidas es uno de los componentes que necesita un país
para captar y retener el interés de los inversionistas foráneos.
Se necesitaría también actualizar y mejorar el
entorno legal; extender el uso de nuevos instrumentos financieros (de cobro,
pago, ahorro e inversión); y elevar el nivel técnico y profesional en las
instituciones financieras que las haga más eficientes.
Debe tenerse en cuenta que en la medida en que
el sistema se vuelva más abierto, flexible y moderno y el país se inserte más
en la economía internacional, se incrementarán los riesgos y con ello la
necesidad de manejarlos adecuadamente. Es imprescindible entonces extender el
uso de procedimientos universales de análisis y gestión de riesgos y fortalecer
los mecanismos de control y supervisión.
Por otra parte, es necesario preservar las
fortalezas del sistema financiero cubano, como la adecuada centralización que
permite controlar los recursos financieros y económicos del país y la ausencia
de fraude y corrupción. Esta, junto a una pertinente descentralización,
contribuiría a una mayor captación de flujos y su uso óptimo.
Por último, vale reiterar que las propuestas no
fueron concebidas como medidas puntuales, sino como directrices financieras
dentro de una estrategia de inserción externa de la economía cubana.
Recomendaciones:
Propuestas para la inserción financiera internacional
Promoción de flujos financieros externos
A.
Estímulo a los flujos de capital privado
La actual crisis económica y financiera
internacional que atraviesa el mundo desarrollado, cuyas secuelas se estima que
serán prolongadas, ha mermado la disponibilidad de muchas de las fuentes
tradicionales de financiamiento para países de bajos ingresos, entre ellas los
créditos oficiales y los de la banca comercial. Por esa razón, es recomendable
priorizar y fomentar la inversión extranjera directa como flujo de capital más
estable, y otras corrientes que resultan de interés para sectores específicos
como son el microcrédito y las remesas familiares, sin descartar los esfuerzos
dirigidos a colocar títulos cubanos (soberanos y corporativos) en los mercados
internacionales.
Ø Estímulo
a la Inversión Extranjera Directa (IED)
La IED es la forma básica
de captar financiamiento internacional desde finales de los años 80s y en los
últimos años manifiesta una serie de tendencias que deben ser consideradas por
sus posibilidades para complementar las insuficiencias de ahorro, acceder a
mercados internacionales, participar en cadenas globales de valor y lograr una
inserción dinámica en la economía internacional.
El aumento de la IED hacia los países
subdesarrollados y entre ellos, así como la prominencia dinámica de destinos
sectoriales vinculados a los productos primarios en los cuales descansan las
ventajas comparativas más evidentes, sugiere un momento oportuno para desplegar
una política activa de captación de estos flujos.
Cuba cuenta con ventajas naturales como la
disponibilidad de reservas minerales, suelos fértiles, entornos turísticos sin
explotar y una ubicación geográfica favorable. Como ventajas comparativas
adquiridas, están los elevados niveles de escolarización de la población, un
desarrollo científico relevante en un grupo de ramas del saber, una
infraestructura mínima para el desarrollo de producciones agrícolas e
industriales, un alto estándar de salud e higiene y un elevado nivel de
seguridad ciudadana.
En particular, el acervo de conocimientos y
resultados en sectores claves como los servicios profesionales y otros que se
consideran líderes en el cambio estructural que necesita la economía cubana
para su desarrollo, debe propiciar el vínculo con la economía internacional y
la participación en la inversión mundial como emisores y receptores. Los
procesos de integración y colaboración regional pueden constituir el escenario
natural para que estos procesos se dinamicen.
Como elementos en contra se encuentran las
desfavorables perspectivas de la balanza de pagos para cubrir las necesidades
de inversión en el corto plazo, por lo que la estrategia debe tomar en cuenta
el potencial que la IED puede desempeñar en el futuro.
Para
ello, es necesario una necesaria y urgente nueva política con respecto a la IED2, que
considere cambios relevantes como: reconocer su papel imprescindible para la
recuperación; la transparencia, coherencia y atractivos en el cuerpo legal
(régimen de incentivos, de contratación, de repatriación de utilidades y de
reinversión, monetarios, de protección, etc.) y la gradual creación de
condiciones para su desarrollo competitivo.
Asimismo, se requiere la creación gradual de un
conjunto de premisas en el orden legal, financiero, fiscal, entre otros, para
lograr un entorno favorable y eficiente para la IED.
Para asegurar un mayor impacto de la IED en la
economía en su conjunto, se recomienda otorgar la mayor preferencia a la
inversión en la producción agrícola y pecuaria; la minería y el petróleo; la
infraestructura; las producciones industriales de media y alta tecnología y las
producciones y servicios de mayor nivel de competitividad.
En síntesis, para la conformación de la política
respecto a la IED se recomienda:
· Carácter
absolutamente relevante (no complementario), de los flujos de inversión
extranjera hacia la economía cubana.
·
Necesidad de diseñar una política activa de
captación y radicación.
· Modificar
el actual cuerpo legislativo para hacerlo transparente, seguro, sin espacios
para indefiniciones o interpretaciones que pueden actuar como desestimulo a
potenciales inversores. Por ejemplo: tratamiento acerca de la propiedad del
suelo, nacionalizaciones, inversiones de cubanos en el exterior.
· Propiciar
cambios en la política de incentivos, que sean diferenciados, deslizantes y
consideren la importancia socioeconómica del sector.
·
Importancia de establecer niveles de aprobación
descentralizados.
·
Priorizar los sectores claves para el desarrollo
del país y elevar los niveles de consumo de la población. Ejemplos:
agroindustria (sustituir importaciones dentro de la canasta básica);
infraestructura (transporte, comunicaciones, construcción); energía (no
solamente petrolera sino eólica, solar, biomasa); minería; biotecnología (desde
investigación hasta comercialización).
·
Aprovechar las experiencias internacionales en
modelos con alta participación estatal (China, Vietnam) y socios estratégicos
(Rusia). Evaluar también Singapur, Nueva Zelanda y otros casos asiáticos de
interés.
·
Diversificar las formas de asociación y tipos de
negocios teniendo en cuenta la práctica internacional y las peculiaridades
cubanas especialmente importante en el sector servicios: turismo, profesionales
(educación, salud, otros vinculados a las nuevas tecnologías).
·
Considerar las tendencias internacionales en
materia de IED que están ofreciendo
posibilidades
temporales que resultaría conveniente aprovechar: dinámica de crecimiento hacia
países subdesarrollados, desarrollo del sector servicios, dinamismo hacia el sector primario, auge de los flujos Sur-Sur.
2 Debe tenerse en cuenta que el informe se realizó
antes de que saliera la nueva ley de inversión extranjera. Algunos de los
requerimientos mencionados se recogen en esta.
·
Desarrollar procesos de inversión conjunta entre
los países latinoamericanos.
Ø Estímulo a la captación y mayor aprovechamiento
de las remesas
En la actualidad, las remesas se han convertido
en la principal fuente de ingresos para algunos países subdesarrollados. En el
caso particular de América Latina y el Caribe, los montos totales por este
concepto sobrepasan los canalizados a través de la Asistencia Oficial para el
Desarrollo y, en ocasiones, también los de corrientes de carácter privado. (The
World Bank, 2007). De modo que el incremento del flujo de remesas de migrantes
para su destino a familias y comunidades de los países de origen es
considerable y, en consecuencia, dicho fenómeno debe seguirse monitorearse de
cerca por su impacto potencial en la economía y el desarrollo.
En este contexto, las políticas públicas
deberían enfocarse en la búsqueda de alternativas que permitan no sólo captar
un mayor flujo de remesas sino además, canalizar una parte de dichos ingresos
en forma de inversión y no en consumo, aunque no sea necesariamente productiva.
Acciones para captar un mayor flujo de remesas:
a) Generar
incentivos para la recepción de remesas por la vía de programas de
"bancarización". utilizar cuentas bancarias y cheques; crear cuentas
especiales de depósito; tarjetas de débito o tarjetas duales (débito y crédito);
propiciar un ambiente regulatorio que aliente el desarrollo de finanzas
electrónicas (remesas por telefonía móvil); abaratar transacciones vía tipos de
cambio y tasas de interés favorables.
b) Fomentar
programas de información entre la población receptora de remesas sobre costos y
beneficios de los distintos mecanismos de envío de dinero.
c) Promover
la expansión de instituciones de microfinanzas en la recepción de remesas.
d) Incentivar
la canalización de remesas colectivas por destinarse esencialmente a
la inversión.
Acciones
para promover el uso productivo de las remesas (individuales y colectivas):
· Evaluar
esquemas de inversión individuales, a fin de identificar experiencias exitosas
y no exitosas y poder ofrecer opciones de gasto e inversión de las remesas,
proveer asistencia técnica, capacitación e información sobre financiamiento.
· Valorar
las demandas y necesidades locales, a fin de hacerlas coincidir con programas
de financiamiento o fondos de inversión. Las remesas colectivas podrían ser una
pieza importante en el desarrollo de las comunidades de origen de los
migrantes, no tanto por su monto actual sino por tratarse de recursos de
calidad que se destinan principalmente a la inversión (no necesariamente
productiva) y son más susceptibles de "empatarse" con otras
modalidades de financiamiento. La clave del éxito de las acciones en torno a
las remesas colectivas, es apoyar las iniciativas de las asociaciones de
migrantes residentes en el extranjero, para llevar a cabo proyectos de inversión
que mejoren la calidad de vida en las comunidades de origen.
· Crear
instrumentos de financiamiento para impulsar la contribución de las remesas al
desarrollo interno de los países. Ejemplo, los bonos de la diáspora que
permitirían financiar proyectos específicos del sector público y privado,
además de ayudar a mejorar el perfil de la deuda de los países de destino. El
Banco Mundial creó un grupo de Trabajo sobre Bonos de la Diáspora para
proporcionar asistencia técnica a países interesados en implementar estos
instrumentos con el objetivo de solventar
proyectos de desarrollo.
Ventajas de la captación y uso productivo de las
remesas:
o
Fortalecimiento del sistema financiero al
incentivarse la intermediación financiera.
o
Mayor inclusión financiera al insertar
masivamente a la población al sistema bancario.
o
Introducción
de técnicas modernas
para el desarrollo
de las finanzas
electrónicas (remesas por telefonía móvil y
otros servicios financieros).
o
Contribución al
desarrollo local en
la medida en
que se logren
canalizar
fondos para financiar proyectos de territorios
específicos.
o Mayor
conectividad económica entre el migrante y su país de origen, lo que abre
oportunidades comerciales y financieras asociadas al turismo, el transporte,
las
telecomunicaciones, el comercio nostálgico y la socialización del sistema
financiero.
o
Contribución al desarrollo de la microempresa y
al fomento de la microfinanzas.
Obstáculos y Desventajas:
o Naturaleza
de las remesas. Las mismas dependen de las decisiones racionales de los
migrantes y de los receptores, por tanto no responden de manera
inmediata a los incentivos.
o Posible
fomento de una cultura de dependencia de las remesas. Una economía que vive de
las remesas es una economía artificial, incapaz de sostenerse de su propia
producción y de sus exportaciones, una economía que puede lograr altos ritmos
de crecimiento pero no de desarrollo.
Ø Desarrollo de otras formas de captación de
recursos financieros externos: mercados de valores internacionales
La práctica internacional indica que la
participación en mercados de valores internacionales es restrictiva y
complicada. Por ello, la gran mayoría de las empresas del mundo cotizan sus
acciones y obligaciones en sus mercados domésticos. Además, para tomar la
decisión de cotizar títulos valores en mercados externos hay que tener presente
tanto las ventajas como los inconvenientes y riesgos de estos instrumentos
(Molina, 2006). No obstante, no debe descartarse su utilización como opción
complementaria para la captación de financiamiento externo.
A pesar de las dificultades antes mencionadas
algunos inversionistas pudieran tener interés en comprar acciones de empresas
cubanas. Este interés provendría no solo de los beneficios actuales, sino
también de expectativas de expansión y mayor apertura en el futuro. En la
medida en que la actualización del modelo económico se revierta en recuperación
y crecimiento, el atractivo de nuestro país para los inversionistas podría aumentar.
Por el momento, pudiera estudiarse la
posibilidad de extender prácticas sobre las que existen ya algunos precedentes
en Cuba y otros países subdesarrollados.
El gobierno cubano, por ejemplo, ha hecho
emisiones de obligaciones en el mercado de Londres. Estas emisiones tuvieron carácter
experimental y pretendían sentar precedentes para operaciones futuras, pero las
condiciones hasta ahora no lo han permitido. (The Economist Intelligence Unit,
2006)
También existen precedentes de emisiones de
acciones en mercados externos. Por ejemplo, la industria
biotecnológico-farmacéutica cubana ha utilizado este mecanismo para financiar
la fase de desarrollo, registro sanitario y penetración de productos en
mercados de países desarrollados. (Brown, 1999)
El Centro de Inmunología Molecular de Cuba
desarrolló varios productos con alta potencialidad de ser efectivos en el
tratamiento de diferentes tipos de cáncer. A mediados de los 1990´s estos
productos se encontraban en diferentes estadios de investigación y desarrollo
pero requerían significativas inversiones adicionales.
Además, para su comercialización eventual en
países desarrollados, donde se concentra el 90% del mercado farmacéutico
internacional en valores, estos productos tendrían que lograr el Registro
Sanitario en los mercados objetivo. Este registro consiste en la autorización
de comercialización emitida por las autoridades sanitarias de cada país, para
lo cual debe demostrarse la efectividad y seguridad del producto en cuestión
según pruebas que generalmente deben realizarse en el país de destino a un alto
costo.
En resumen, estos productos se enfrentaban a una
combinación de alto riesgo y significativas inversiones, que Cuba no podía
asumir. Una empresa canadiense propuso, y las autoridades cubanas aprobaron, un
esquema singular:
-
Se constituyó una empresa en Canadá para el
desarrollo, registro y comercialización de cada uno de los productos
seleccionados como más promisorios.
-
La parte cubana recibiría una cuota minoritaria
(10%-20%) de las acciones de esa empresa por aportar su investigación hasta ese
momento y el know-how relativo al producto en cuestión.
-
La empresa canadiense suscribiría una parte de
las acciones, pero la mayoría sería vendida en el mercado de valores de Canadá
entre una amplia gama de inversionistas institucionales e individuales.
-
El capital captado por esa vía sería utilizado
para financiar el desarrollo, Registro Sanitario (incluyendo ensayos clínicos)
y comercialización del producto.
Este tipo de esquema podría tomarse como
referencia para otros proyectos en el propio sector de la biotecnología y la
industria farmacéutica, o en otros sectores con un alto peso del conocimiento y
la tecnología que requieran de significativas inyecciones de capital y
comporten riesgos similares.
Otras prácticas que utilizan los países -no solo
subdesarrollados sino también desarrollados, pero sobre todo los primeros por
tener mercados financieros internos menos desarrollados- para captar
financiamiento en mercados de valores internacionales, es la colocación de
acciones a través de los llamados “Recibos de Depósitos”. (Molina, 2006)
Cuba podría estudiar la posibilidad de utilizar
mecanismos similares. En este esquema, las empresas que quieren recibir
financiamiento utilizan como intermediarios a representaciones de instituciones
financieras extranjeras radicadas en sus países, las cuales, a través de sus
filiales o casas matrices en países desarrollados, venden allí títulos de
propiedad denominados Recibos de Depósitos, que acreditan la posesión de
acciones en las empresas de los países subdesarrollados.
De todos modos, para tomar la decisión de
cotizar títulos valores en mercados externos hay que tener presente tanto las
ventajas como los inconvenientes y riesgos de estos instrumentos y mercados.
(Molina, 2006)
Ventajas de la cotización de títulos en mercados
de valores:
La principal ventaja de cotizar títulos en
mercados de valores es que, teóricamente, se puede acceder a un número mayor de
potenciales inversionistas y en consecuencia a un financiamiento más barato que
el que se obtiene de otras fuentes como el financiamiento bancario. En el caso
de Cuba, habría que ver hasta qué punto existiría competencia entre los
inversionistas por invertir en el país, al punto de que resultara más barato el
financiamiento mediante títulos en comparación con el que se obtiene en la
actualidad a través de préstamos bancarios.
En cuanto a las ventajas de los títulos sobre
otros instrumentos para obtener financiamiento, se destaca su flexibilidad. En
ese sentido, los inversionistas (prestamistas) los prefieren porque son instrumentos
más líquidos, es decir, pueden transformarlos en efectivo de manera más rápida
y fácil que otros instrumentos de crédito.
Para los emisores (prestatarios), su
flexibilidad se expresa, entre otras razones, en que pueden ser convertibles,
es decir, los bonos pueden convertirse de un tipo a otro e incluso a acciones,
como se muestra en el siguiente cuadro.
BONOS CONVERTIBLES
·
Bonos de tasa de interés variable convertible a
fija:
-
Bonos con tasa
de interés variable que a opción del tenedor y durante un período previamente
pactado, pueden convertirse a bonos de tasa fija.
-
Bonos con tasa
de interés variable y con la conversión a fija de manera automática cuando se
dan determinadas condicio- nes. Ejemplo: bonos a tasas variables mientras la
tasa de interés se mantenga por debajo de determinado nivel, por encima del
cual se
convierten a bonos de tasa fija.
·
Bonos de tasa fija convertible a variable:
- Bonos que tienen uno o varios cupones iníciales
fijos antes de pasar a ser variables.
·
Bonos convertibles a acciones:
- Bonos que se convierten a acciones de manera
íntegra.
-
Una parte del
bono se convierte a acciones, es decir, el bono incorpora la opción de que el
tenedor pueda, en un determinado momento, comprar cierto número de acciones.
Fuente: Molina,
2006
La variante de conversión de bonos a acciones se
usa por lo general por empresas de reciente creación que pretenden obtener
capitales de la venta de acciones. Su ventaja es que al no tener que lanzar de
una vez un gran número de acciones al mercado, pueden diluir en el tiempo la
posible presión a la baja en sus precios. Además, al obtener financiamiento con
deuda al inicio, se demora el traspaso de la administración y control de la
empresa a los tenedores que ejerzan la convertibilidad.
Para el inversionista es ventajoso pues le
permite la utilización de un instrumento menos riesgoso en el período inicial,
ya que recibirá los pagos de interés independientemente de la situación de la
empresa y, posteriormente, si la misma resulta eficiente y confiable, hace la
conversión y disfruta de la ganancia de capital.
Las acciones también pueden ser convertibles de
preferentes a comunes o viceversa.
La ventaja de las acciones sobre los bonos, es
que no generan deuda y no hay obligación legal de pagar los dividendos si no se
generan utilidades.
En Cuba, el tipo y la cantidad de acciones que
se pongan en venta, así como sus características (cláusulas) estarán en función
del sector y empresa particular de que se trate y de la participación (control)
que el gobierno esté dispuesto a permitir.
Inconvenientes:
Los mercados de capitales están estructurados en
función de los riesgos y el rendimiento. O sea, los inversionistas más
cautelosos no invierten en mercados de alto riesgo y los más arriesgados lo
hacen solo a cambio de altos rendimientos. La situación actual de Cuba la
califica como un receptor muy riesgoso, lo que implicaría que sus títulos no
serían bien aceptados y tendrían que pagar altos rendimientos (los bonos altos
descuentos e intereses y las acciones altos dividendos) para lograr atraer
compradores.
Aun cuando se trate de empresas exitosas, las actuales empresas cubanas
son de
propiedad estatal y el riesgo país existe. A
esto se suma el precedente de prácticas negativas que se han tenido que
implementar, como la congelación de cuentas de proveedores y empresas mixtas y
el incumplimiento de obligaciones a finales del 2008.
En cuanto a los títulos, la desventaja
fundamental de las acciones es que implican compartir la propiedad y una vez
que se comercialicen en mercados secundarios esta se diluye más.
El hecho de que los títulos de empresas
radicadas en Cuba se comercialicen en mercados secundarios incrementa su
vulnerabilidad ya que aumenta la posibilidad de que se promuevan movimientos
especulativos deliberados o rumores falsos con el fin de dañar a esas empresas.
Los interesados en dañar la economía pueden
adquirir títulos de empresas cubanas para luego venderlos de forma masiva y
detonar una espiral especulativa. Su capacidad de provocar daño (asumir
pérdidas) sería proporcional al por ciento de acciones u obligaciones de la
empresa cubana que la empresa o agente extranjero detente. La fijación de
límites al por ciento de títulos que pueda detentar una empresa o inversionista
extranjero sobre una empresa doméstica clave pondría un tope relativo a la
magnitud del daño potencial.
En el caso de rumores falsos, quien los desate
no necesariamente tiene que ser tenedor de títulos o derivados financieros de
empresas cubanas
Otro inconveniente es que de permitirse a
empresas extranjeras una participación, aun cuando sea minoritaria, en las
acciones de empresas radicadas en Cuba, esto obligaría a proporcionarles
información interna sensible que actualmente se considera generalmente
confidencial. La difusión de esa información puede incrementar la
vulnerabilidad de las empresas ante acciones del enemigo.
Todos esos riesgos, comunes a cualquier país, se
hacen mayores en el caso cubano por la existencia del bloqueo, el cual puede
además obstaculizar potencialmente el éxito del uso de los mercados de valores
por empresas radicadas en Cuba por otras vías:
-
Confiscando recursos financieros transferidos
erróneamente a través de bancos radicados en Estados Unidos o denominados en
dólares sin un previo acuerdo de confidencialidad.
-
Empresas extranjeras con inversiones en activos
en Cuba pueden ser adquiridas o fusionadas con empresas norteamericanas, en
cuyo caso, dependiendo de su participación en activos cubanos y del por ciento
de sus ingresos totales que se deriven de esas operaciones, podrían ser
forzadas a liquidar sus inversiones en Cuba.
-
Algunas empresas extranjeras podrían resultar
disuadidas de adquirir títulos cubanos al considerar que eso podría afectar sus
posibilidades de negocios futuros con empresas de Estados Unidos. Se han dado
casos de empresas e incluso bancos extranjeros que han cerrado sus
operaciones con Cuba sin haber llegado a infringir las regulaciones del bloqueo
de Estados Unidos, por el temor de que en el futuro alguna de sus transacciones
pueda ser considerada punible por el Tesoro de Estados Unidos y ser sometidas a
sanciones millonarias sus filiales en ese país.
-
La imposibilidad del uso del dólar o el hecho de
que sus activos en Cuba puedan verse afectados por las restricciones del
bloqueo, incluyendo el arbitraje de sus recursos financieros derivados de
rendimientos de títulos cubanos, puede disuadir a potenciales inversionistas.
-
Todos estos factores tienen en común incrementar
la percepción de Cuba como
un mercado de alto riesgo.
En resumen, dadas las características de los
títulos valores y la situación actual de Cuba, el financiamiento por esta vía
resultaría hoy probablemente más costoso y riesgoso que a través de créditos
bancarios. Sin embargo, en la medida en que la situación económica mejore, el
uso de títulos valores se ubicaría en la corriente más dinámica de
financiamiento en la actualidad y permitiría reducir sus costos.
B. Diversificación
y maximización de las fuentes oficiales: bilaterales y multilaterales
Ø Diversificación de las fuentes de financiamiento
bilateral
El financiamiento oficial de carácter bilateral
es la fuente más importante de recursos externos de la economía cubana y a ella
corresponde, además, el mayor porcentaje de la deuda del país. A la situación
de alta concentración crediticia frente al campo socialista, le siguió en los
noventa en medio de una severa restricción financiera, una cartera de préstamos
más diversificada procedente de gobiernos latinoamericanos, asiáticos y
europeos; pero más adelante, con la fuerte presencia de Venezuela como
suministrador de recursos financieros bajo diferentes modalidades, se revierte
la situación y nuevamente, el país se coloca en un estatus de gran
vulnerabilidad, ahora ante un eventual cambio en sus relaciones con la nación
andina.
Además del peligro que encierra la excesiva
concentración en determinados acreedores o prestamistas gubernamentales, las
fuentes bilaterales presentan otros rasgos que la hacen poco conveniente e
inestables, como son el marcado sesgo político que muchas veces le imprime a
los desembolsos y las ataduras de tipo comercial que con ella pueden generarse.
Por esas razones es importante diversificarlas e intentar incrementar las de
carácter multilateral.
Incorporación a Organismos carácter Multilateral
y Regional Financieros Internacionales
La participación de Cuba en organismos
financieros internacionales es muy limitada por no ser miembros del FMI y el
Banco Mundial, ni tampoco de organismos regionales como el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID); adicionalmente, no recibe un tratamiento prioritario por
parte de otras instancias multilaterales internacionales que canalizan la Ayuda
Oficial para el Desarrollo (AOD) por clasificar en el grupo de naciones de
renta media y altos indicadores de desarrollo social. Es necesario modificar tal situación
e incluir en la agenda de discusión la posibilidad de ingresar en algunos
organismos internacionales ponderando adecuadamente los costos y beneficios que
tal decisión traería consigo.
En el caso de las instituciones de Bretton
Woods, bajo el supuesto que se prescinda de la oposición estadounidense en un
contexto de flexibilización del bloqueo, las ventajas de una eventual
incorporación se centrarían en el acceso a recursos de tipo compensatorio para
cubrir desequilibrios de balanza de pagos y a la obtención de fondos para
inversión, así como el contar con una especie de aval que incentive la entrada
de otras fuentes privadas y con un ente facilitador en procesos de
reestructuración de deudas.
Existen precedentes de naciones que sin ser
miembros de estas entidades recibieron en un momento determinado recursos y
asistencia técnica a través de terceras vías como fondos fiduciarios manejados
y administrados por agencias de Naciones Unidas radicadas en el país. Asimismo,
como otro canal de acercamiento podrían explorarse diversas formas de
colaboración en materia académica.
Concretamente, respecto al Banco Mundial no debe
perderse de vista que cuando se aprobaron los Objetivos del Milenio por parte
de las instituciones internacionales de desarrollo, esta entidad los incorporó
a sus políticas crediticias, erigiéndose los mismos en guía para muchos de sus
programas. Así, de algún modo, los actuales desembolsos que efectúa el BM están
asociados a dichos objetivos y Cuba, que es uno de los pocos países de Latinoamérica
que exhibe logros muy importantes en los distintos puntos de esa agenda,
estaría en mejores condiciones de potenciar los recursos financieros que para
dichos fines se movilicen.
Adicionalmente, los cambios acaecidos en la
economía cubana en relación al papel del sector no estatal en la producción de
bienes y servicios, brinda mayores posibilidades de captar financiamiento del
Banco Mundial a través de una de sus agencias que privilegia el apoyo a este
sector en países subdesarrollados, que es la Corporación Financiera
Internacional (CFI).
Sin embargo, hay tres elementos referidos a
estas entidades que son altamente controvertidos y no podrán obviarse: las
exigencias de información, la supervisión sistemática en materia de políticas,
y sobre todo, la propia naturaleza de las “recomendaciones” que emanan de
ellas, especialmente del FMI.
Muchos países subdesarrollados limitaron
notablemente el papel del Estado y redujeron indiscriminadamente el sector
público siguiendo “recomendaciones” de estos organismos que consideraron que
los desequilibrios macroeconómicos se debían fundamentalmente a la excesiva
intervención estatal, los subsidios y controles, y el mantenimiento de un
elevado déficit público, de ahí que la receta para combatirlos fuese la eliminación
de cualquier injerencia en las fuerzas del mercado a través de la liberalización comercial
y financiera, y un fuerte proceso de privatización.
Los países de Europa central y oriental y la
antigua URSS también aplicaron a partir de los noventa, bajo los auspicios de
organismos internacionales, programas de estabilización y ajuste estructural
que comprendieron la privatización y el desmantelamiento de antiguos monopolios
estatales, la reforma financiera, bancaria y fiscal, y la disminución del
déficit público mediante un drástico recorte de los gastos sociales. Los
resultados, aunque variaron entre los países de acuerdo a la velocidad y
profundidad de la reforma, fueron sombríos y en muchos casos se tradujeron en
el empobrecimiento de la población por la pérdida de poder adquisitivo y la
desaparición de servicios brindados por el Estado socialista que garantizaban
diversos beneficios en salud, educación, transporte, y seguridad social.
El conocimiento de la experiencia internacional
es de gran provecho para Cuba; es importante estudiar sobre todo aquellos casos
que enfrentan problemas similares en su condición de economía subdesarrollada,
y los de las antiguas economías centralmente planificadas que, en la búsqueda
de una mayor eficiencia y dinamismo económico, aceptaron la intromisión de
organismos financieros internacionales para captar recursos financieros y
generaron una situación económica y financiera caótica, “echando por la borda”
los avances sociales logrados durante más de 40 años de socialismo.
Los actuales acontecimientos de la Unión Europea
también son ilustrativos del costo social que ha significado la presencia del
FMI, como prestamista y promotor de ajustes en el “salvataje” de economías en
crisis. El desmantelamiento del llamado Estado de Bienestar en naciones como
Grecia, Irlanda, Portugal y España es un hecho avalado por las numerosas
protestas populares que han tenido lugar en la zona euro donde los ciudadanos
se han visto despojados de muchas conquistas sociales, económicas y políticas
en nombre de una austeridad fiscal que solo favorece a los acreedores. (García
Ruiz, 2012)
Por su régimen socio económico socialista, Cuba
es un caso especial en el que la política fiscal y monetaria tiene que asumir
una mayor responsabilidad y compromiso con el adecuado desenvolvimiento de la
economía nacional, el aprovechamiento racional de los recursos materiales y
financieros y el bienestar social. Son esas razones ineludibles a evaluar en
cualquier diálogo que eventualmente se entable con organismos internacionales a
los cuales no pertenece, particularmente con el FMI.
Por esos motivos, incluso si en el contexto de
la reforma de las instituciones Bretton Woods se flexibiliza o elimina el
requisito que para ser miembro del BM hay que serlo del FMI, resulta menos
complicado (técnica, económica y políticamente) juzgar la pertinencia de
ingresar, a corto plazo, en organismos subregionales con una importante
trayectoria como prestamistas en países latinoa16mericanos con requerimientos
similares a los de Cuba, como es el caso de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Son varias las razones que permiten apostar por
la CAF:
Primero, porque es un ejemplo de cooperación sur-sur
que ha demostrado sostenibilidad económica desde su fundación en 1970 y
su excelente calificación de riesgo como banca de desarrollo. La CAF accede a
los mercados internacionales de capitales con calificación de A.
Segundo, por su membrecía. Se trata de una institución
genuinamente regional, no está EE.UU y tampoco es exclusiva para los
países de la Comunidad Andina, de hecho hay países que se han retirado de la
CAN y siguen como miembros plenos de la CAF, es el caso de Chile. Por otro
lado, las economías más sólidas de la región forman parte de la CAF y dentro de
los 5 principales accionistas, tres pertenecen al ALBA.
Tercero, por su clientela. Pueden ser gobiernos de los
Estados accionistas, instituciones financieras bancarias o no bancarias
y empresas (públicas y privadas).
Cuarto, por sus funciones. Las mismas se insertan de
manera muy coherente con el proceso de transformación en curso de la
economía cubana, en particular con lo referido a la apertura del sector no
estatal (cooperativa y trabajadora por cuenta propia). La demanda de recursos
financieros de este sector emergente traspasará la capacidad del sistema
bancario y en este contexto pudieran canalizarse recursos por la vía del apoyo
de la CAF al fomento de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs).
Adicionalmente, esta institución no sólo presta asistencia financiera sino
también técnica, lo cual sería muy conveniente para Cuba en su intento por desarrollar
el sector microfinanciero por poner sólo un ejemplo. Adicionalmente, la CAF ha
alcanzado un excelente prestigio internacional por sus investigaciones y
estudios para identificar oportunidades de inversión, que sería otro nicho a
explorar por parte de Cuba, sobre todo teniendo en cuenta que dicha institución
cuenta con fondos de cooperación especializada, incluida donaciones.
Quinto, por los programas estratégicos en curso en
estos momentos. Los cuatro vigentes son absolutamente coherentes con la
agenda estratégica de Cuba: desarrollo de infraestructura; desarrollo social;
ambiental y; competitividad e inserción internacional.
C.
Tratamiento de la deuda externa sobre nuevas
bases
El problema de la deuda transciende el ámbito
puramente financiero y afecta el desenvolvimiento global de la economía, sobre
todo porque de su solución depende en gran medida la normalización del flujo
crediticio procedente del exterior en el grado y condiciones que necesita el
país.
Las autoridades del país están conscientes de la
importancia de afrontar definitivamente este problema y comienzan a percibirse
avances importantes en esta materia. Se concretó un acuerdo con Rusia para la
condonación de deuda concertada con la exigua URSS, que acumulaba el
monto principal de las deudas con los países del CAME (Frank, 2013). Por otro
lado, se están dando pasos para la renegociación de forma ordenada de la deuda
pendiente y sin comprometer de manera excesiva las prioridades sociales, se
trata de no dejar de pagar la deuda nueva, sin embargo, hay que continuar trabajando
en este sentido.
La estrategia que se diseñe tendrá que
considerar un tratamiento diferenciado por categoría de deuda (la llamada deuda
pasiva desde 1986, la deuda activa y la deuda con los países ex socialistas) y
por tipo de acreedor (oficial y privado).
Respecto a la deuda pasiva, que está
mayoritariamente nominada en préstamos bancarios, deberá reestructurarse
intentando su conversión en títulos valores (bonos) para hacerla negociable en
los mercados secundarios de deuda, lo cual permitiría potenciar esquemas de
canje por capital extranjero, a ser ejecutados en una fase futura de
consolidación de las inversiones extranjeras directas.
En general los mecanismos de conversión de deuda
suponen para los acreedores reducir su exposición al riesgo, mejorar la
composición de su cartera de inversiones y evitar seguir acumulando deudas al
limpiar sus libros de préstamos incobrables y recuperar, al menos, una parte de
los mismos.
La principal ventaja para el que adquiere el
título de deuda es que se beneficia de la diferencia entre el valor de compra y
el valor de venta del pagaré, lo que en términos prácticos significa una
ganancia variable en dependencia de los descuentos.
Para los deudores el mecanismo tiene ciertamente
algunas ventajas, pero también importantes desventajas. Se supone que la
capitalización tenga un efecto multiplicador en la economía al permitir reducir
la carga de la deuda y su servicio, incrementar los niveles de empleo, aumentar
la IED y con ello la transferencia de tecnología reactivando el crecimiento
económico. Sin embargo, en la práctica puede estimular la inflación en la
medida en que el pago en moneda local supone de constantes emisiones y plantea
la remisión de considerables montos de utilidades al exterior, lo que unido a los
pagos de intereses de otros títulos de deuda alimenta el déficit en la partida
de rentas de la balanza de pagos. (Sánchez, 2004)
En el manejo de la deuda activa se deberán
privilegiar los pagos con aquellos acreedores con los que el peso de la
relación comercial y los intereses económicos sea significativo, que es el caso
de Venezuela y China que ostentan alrededor del 55% de la deuda (The Economist
Intelligence Unit, 2013). A futuro, articular la politica de endeudamiento con
una estrategia de desarrollo que genere capacidad de pago y sostenibilidad de
la deuda que se contraiga.
Reducción de la dependencia de los flujos
financieros externos
Sin cesar en la búsqueda de alternativas para un
mayor y más favorable ingreso de recursos foráneos, el país deberá desarrollar
el máximo esfuerzo por disminuir la dependencia al financiamiento externo que
lo caracteriza. Una de las acciones que pueden realizarse de manera
inmediata es el fomento del ahorro interno y de manera paulatina buscar
mecanismos que permitan su utilización productiva.
A. Potenciación y diversificación de las fuentes de ahorro
interno y promoción de su utilización productiva
Ø Estimular el ahorro interno en divisas y su
utilización productiva:
En el corto plazo pudieran implementarse cuentas
de ahorro en otras divisas distintas al dólar para los ahorros privados, con
tasas de interés ajustadas a las fluctuaciones de la oferta y la demanda pasiva
y activa, además de reconsiderar las tasas de interés vigentes para depósitos
en moneda extranjera, que resultan poco atractivas, teniendo en cuenta las
altas tasas de interés que paga Cuba por créditos de prestamistas externos.
A mediano o largo plazos, se pueden ofrecer
otros instrumentos de inversión en divisas para captar tanto el ahorro de las
empresas como el privado, por ejemplo, títulos valores.
El mayor ahorro en divisas y su adecuada
canalización hacia la esfera productiva y los servicios permitiría complementar
los recursos financieros que se obtienen en el exterior y reducir los costos de
transferencia.
Ø Estimular el ahorro interno en moneda nacional
(estatal y no estatal) y su utilización productiva:
Por otra parte, el ahorro en moneda nacional,
además de contribuir a la financiación del déficit fiscal, podría ser
canalizado a la producción, con vistas a satisfacer las necesidades del mercado
interno y de esa forma también incidiría en una reducción de la dependencia del
financiamiento externo.
El ahorro interno público, se puede
fomentar ofreciendo mayor autonomía a las empresas estatales para manejar sus
recursos financieros, permitiéndoles invertir sus ganancias y recursos
temporalmente libres en su propia actividad o en otras. Una vía sería la
utilización de mercados de valores domésticos.
Dado que el mayor potencial no explotado se
encuentra en el aprovechamiento del ahorro interno no estatal, es
necesario expandir este sector y darle mayores posibilidades a la creación y
uso de su ahorro.
Para su creación y expansión, debe propiciarse
una mayor flexibilización de las oportunidades de inversión para negocios no estatales,
permitiendo la diversificación de actividades y sectores y facilitar la
obtención de financiamiento por diferentes vías o instrumentos. Entre ellas:
las microfinanzas; la utilización de las remesas; los títulos valores.
Además, deben ofrecerse oportunidades para la
utilización productiva de este ahorro a través de la inversión de las ganancias
y recursos temporalmente libres en otras actividades.
B.
Creación de un mercado de valores doméstico
Paralelamente, la creación de un mercado de
valores doméstico en el mediano
- largo plazo,
permitiría lograr una eficiente captación y canalización del ahorro interno
nacional, ya sea estatal o no estatal. Una vez creada esa infraestructura,
sería una plaza importante para captar financiamiento de empresas extranjeras o
mixtas radicadas en el país que estuvieran interesadas en ampliar sus negocios,
de inversionistas del exterior y a más largo plazo el sector no-estatal también
pudiera incorporarse a este mercado y utilizarlo como fuente de financiamiento.
a) Creación
de un mercado doméstico de obligaciones (gubernamentales y corporativas)
En este mercado podrían participar como
inversionistas empresas cubanas estatales y no estatales, empresas mixtas,
empresas extranjeras, e inversionistas individuales, tanto residentes como
no-residentes.
Los bonos corporativos podrían pagar
rendimientos ligeramente superiores a los que ofrecen los depósitos bancarios a
término en el mercado cubano, de manera que resulten atractivos para los
posibles inversionistas, considerando que serían inferiores a los que se están
pagando por créditos en los mercados internacionales.
Los bonos gubernamentales podrían pagar
rendimientos inferiores a los de los bonos empresariales y a las tasas de
interés pasivas de los bancos comerciales, por considerarse más seguros.
b)
Creación
de un mercado
interno de acciones
(Inversiones directas y en
cartera)
Las acciones de determinadas empresas pudieran
ser compradas, en primera instancia, por capital cubano estatal, pero también
por empresas no estatales, empresas mixtas, empresas extranjeras, e
inversionistas individuales, tanto residentes como no-residentes, que podrían
participar de manera diferenciada.
La proporción de participación, el tipo de
acciones que se venda, y los posibles accionistas (privado, estatal, oficial
extranjero o privado extranjero) estarán en función del interés del país.
Las discriminaciones anteriores podrían hacerse
a través de la creación de distintos tipos de acciones, cuya principal
característica distintiva sería el tipo de inversionista que las puede comprar.
Por ejemplo:
- Acciones
Tipo A (solo para comprarlas el gobierno u otras empresas estatales);
- Acciones
Tipo B (para entidades nacionales de propiedad estatal o no estatal e
inversionistas nacionales individuales);
- Acciones
Tipo C (entidades nacionales de propiedad estatal o no estatal, inversionistas
nacionales individuales e inversionistas extranjeros).
Además
de la diferenciación en cuanto a los posibles compradores de las acciones
pudieran definirse otras restricciones o condiciones con la utilización de
tipos
específicos de acciones, cuyas características
se adapten a los objetivos perseguidos.
Por ejemplo, las acciones nominativas son menos líquidas, difíciles de transferir y en algunos casos contemplan una opción preferente de compra por otros accionistas de la empresa; las acciones al portador pueden transferirse libremente en los mercados secundarios; las acciones preferentes no otorgan derecho a voto y tienden a tener rendimientos fijos; las acciones comunes ofrecen rendimientos en función de las utilidades de la empresa y generalmente otorgan un poder de voto proporcional al número de acciones detentadas.
El gobierno podría revisar periódicamente el
tipo de acción definido para cada empresa o sector y ajustarlo de ser
conveniente.
Todos los títulos se denominarían en moneda
nacional, una vez que se haya logrado la unificación de la circulación
monetaria y de tipos de cambio. El hecho de que los títulos valores sean
denominados en moneda nacional podría conducir a su apreciación, ya que cada
vez que un inversionista compre un título estaría demandando nuestra moneda y
ofertando a cambio divisas. Sin embargo, una vez que estos mercados estén
operando, se mantendrá un flujo de compra-venta de moneda nacional cuyo balance
contribuiría al ajuste de los tipos de cambio por el Banco Central.
Por último, para que las empresas organizadas
como sociedades por acciones materialicen su capacidad de atraer financiamiento
será necesario organizar un mercado secundario doméstico (bolsa de valores) con
reglas y supervisión adecuadas.
Para la implementación de esta propuesta deben
tomarse en consideración las ventajas, inconvenientes y riesgos de estos
mercados que fueron explicadas anteriormente, en la propuesta para la atracción
de flujos externos privados a través de los mercados de valores
internacionales.
En un inicio probablemente los montos que se
muevan en estos mercados de valores serían pequeños. Eso no tendría que ser
desalentador, pues el primer objetivo sería crear un mercado experimental para
su implementación gradual.
C.
Fomentar mecanismos de micro financiamiento
El fomento de un sector micro financiero
permitiría no solo canalizar recursos internos a corto plazo, sino además,
constituirse en una plataforma que a futuro posibilite captar ingresos de
capital procedentes del exterior.
Hoy el negocio micro financiero no consiste
únicamente en colocar créditos, sino también en captar depósitos y ofrecer
otros servicios como los de micro seguros y el micro leasing. La noción inicial
del cliente como microempresa ha evolucionado hacia la noción del cliente como
una unidad familiar de ingresos bajos, que demanda una gama amplia de servicios
financieros y que puede contribuir al desarrollo local. También ha sido parte
de esta evolución una extensión del microcrédito hacia el consumo, así como la
vinculación de las Instituciones de Micro financiamiento con el envío y la
recepción de remesas.
De esta forma, se propone desarrollar formas no
tradicionales de expansión del negocio micro financiero para incrementar la
cobertura y el acceso a los servicios financieros a través de “corresponsales
bancarios”. Por ejemplo corresponsalía con empresas comerciales y asociaciones
con farmacias, oficinas de correo, gasolineras y supermercados.
Crear instituciones propias de micro
financiamiento en cualquiera de las modalidades existentes. Las cooperativas de
crédito pueden funcionar en el sector de la agricultura, también pudieran
fomentarse Alianzas Estratégicas entre las instituciones micro financieras y
operadores del sector rural. Ejemplo: desarrollo de productos y programas
mediante modelos de crédito asociativo que involucran a productores rurales,
grandes agroindustriales, instituciones financieras y a las empresas
compradoras al final de la cadena. Las llamadas cadenas financieras de valor han
adquirido gran interés en la industria micro financiera, particularmente en la
esfera de la agricultura de cultivos.
Varios instrumentos financieros pueden
utilizarse en dependencia de la naturaleza del valor de la cadena; no se trata
de financiar a todos los actores que están dentro de la misma sino canalizar el
financiamiento hacia los eslabones más eficientes. Este esquema permite a los
diferentes actores del proceso reducir los riesgos y costos de los servicios
crediticios y ganar en calidad de las garantías presentadas. Las instituciones
de micro financiamiento pueden vincular el crédito a la prestación de
asistencia técnica, la compra de determinados insumos o la promoción de
diversos intereses del desarrollo local.
Fomentar programas de educación financiera a la
población. Se recomienda definir los objetivos por edad, género, estatus
laboral, tipo de actividad que se ejerce y su relación con el producto
financiero específico. Los canales de difusión pudieran ser múltiples: a través
de medios de difusión masiva (radial, televisiva, prensa escrita, internet);
también mediante la elaboración de plegables, minilibros, historietas con
lenguaje claro e información básica sobre manejo de riesgo, seguro, deuda y
remesas.
Teniendo en cuenta la experiencia internacional
se extraen algunas lecciones que pudieran resultar de utilidad en el fomento y
ampliación del microcrédito y las Micro finanzas (Sánchez, 2012). Por ejemplo:
1. La
conveniencia de crear instituciones propias de micro financiamiento en
cualquiera de las modalidades existentes. Las cooperativas de crédito pueden
funcionar en el sector de la agricultura, también pudieran establecerse
Alianzas Estratégicas con fondos privados y públicos.
2. La
orientación estratégica del sector es un factor clave en la estabilidad y
permanencia en el tiempo de las entidades. El futuro de este segmento del
sistema financiero no sólo depende las instituciones, las políticas públicas
tendrán que desempeñar el papel fundamental.
3. La
pertinencia de que las autoridades gubernamentales manejen un sistema consistente
de exenciones impositivas en la etapa embrionaria de desarrollo de las Micro
finanzas.
4. La
importancia de contar con marcos regulatorios e institucionales consistentes y
de lograr un adecuado equilibrio entre los objetivos de inclusión y la estabilidad
financiera doméstica.
5. La
utilidad de crear una metodología adecuada para asegurar la capacidad de pago
de los prestatarios. Los clientes de este sector no tienen una riqueza
acumulada suficiente para tener garantías.
6. La
funcionalidad y posibilidad de acceder a las tecnologías de información. Lo han
logrado países con condiciones de partida parecidas o peores a las nuestras.
7.
La utilidad de diseñar programas de educación
financiera para la población y de
capacitación para las instituciones.
Ventajas:
o Posibilidad
de reorientar estratégicamente al sector financiero y dotarlo de capacidades
para usar las nuevas tecnologías de forma innovadora, versátil y poder
adaptarse a entornos complejos. La tecnología ha revolucionado el mundo de las
micro finanzas contribuyendo de manera importante al sector con sofisticados
centros de cómputo, canales de distribución mucho más ágiles, agencias que
pueden integrarse más fácilmente a redes, el uso de la tecnología celular,
agencias móviles y cajeros automáticos inteligentes basados
en
identificación biométrica, lenguas nativas y pantallas de toque dactilar entre
otros.
o Fortalecimiento
de las políticas públicas, ya que las mismas tendrán que desempeñar el papel
fundamental en la orientación estratégica de este segmento del sistema
financiero para garantizar la estabilidad de las instituciones y la
protección a los ciudadanos.
o
Aumento de la cultura financiera de la
población. Obstáculos:
o Insuficiente
capacidad institucional para asumir un incremento significativo de la demanda
de microcrédito en términos de recursos, de logística, de personal
capacitado
en estas nuevas modalidades, de plataforma tecnológica, entre otros.
o
Limitaciones en el país para la utilización de
las nuevas tecnologías inalámbricas por razones de seguridad nacional.
Conclusiones
1. Además
de la utilización más efectiva de los recursos internos, resulta decisivo para
Cuba lograr mayor captación de financiamiento externo, que posibilite
incrementar la tasa de acumulación necesaria para avanzar hacia el desarrollo;
por tanto, ello debe ser un objetivo importante del proceso de
perfeccionamiento de su modelo económico.
2. Las
acciones deben ir dirigidas a diversificar las fuentes de obtención de recursos
externos, tanto oficiales como privados, así como a incrementar su cantidad y
calidad.
3. Respecto al
financiamiento oficial, el de carácter
bilateral representa una
fuente
de vulnerabilidad por la alta concentración en determinados acreedores y el
sesgo político que lo caracteriza, por lo que sería recomendable su diversificación,
además de hacer esfuerzos por incrementar el de carácter multilateral.
4. En el
corto plazo sería recomendable priorizar y fomentar la inversión extranjera
directa como flujo de capital más estable, sin dejar de estimular otras
corrientes privadas que resultan de interés para sectores específicos como son
el microcrédito y las remesas familiares. Para el largo plazo no deben
descartarse las posibilidades de colocar títulos cubanos (soberanos y
corporativos) en los mercados internacionales.
5. Con el
objetivo de estimular la confianza de los inversionistas y prestamistas y
mejorar las condiciones de obtención de los recursos, el país debe hacer
transformaciones en su sector financiero que aseguren la viabilidad y el éxito
de las recomendaciones formuladas en este informe, entre ellas, una de las más
importantes es resolver el problema de la deuda externa.
6. Paralelamente,
se debe ampliar el volumen y el uso productivo del ahorro interno, en un
esfuerzo por disminuir la dependencia respecto al financiamiento externo y con
ello la vulnerabilidad financiera del país frente a choques externos.
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CAPÍTULO III
LA INSERCIÓN EXTERNA DE CUBA EN LOS
PROCESOS DE COOPERACIÓN,
INTEGRACIÓN Y CONCERTACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Chapter III
The Cuba’s foreign
insertion in the cooperation, integration and coordination processes of Latin
America and the Caribbean
Resumen
Para Cuba, las relaciones con Latinoamérica y el
Caribe tienen una importancia geoestratégica, por ello, en el presente capítulo
se resalta la conveniencia de que éstas se diversifiquen al máximo y se
refuerce la interdependencia económica con dicha área y con las naciones
emergentes que ocupan cada vez mayor peso en el escenario internacional. No
obstante, ello no desconoce que para algunas necesidades de expansión comercial
y captación de financiamiento externo, los espacios de dimensión global poseen
particular valor.
Palabras clave: integración,
colaboración, concertación, América Latina y Caribe
Abstract
The relations with Latin America and the
Caribbean have a geo-strategic importance for Cuba. Thus, in this chapter
highlights the importance of diversifying them as much as possible, together
with a reinforcement of the economic interdependence with this area and with
emerging nations that have a growing weight in the international arena.
However, this doesn’t mean that global dimension spaces have no particular
value for some commercial expansion and external financing needs.
Keywords: integration, collaboration,
coordination, Cuba, Latin America and the Caribbean.
Introducción
Dado que la región latinoamericana y caribeña
reviste gran importancia geoestratégica para Cuba, y los procesos
integracionistas constituyen una fuerza potencial para impulsar el desarrollo,
es conveniente incluir en esos espacios los objetivos externos de las esferas
comercial y financiera, para así elevar la efectividad de la participación de
Cuba en dicho ámbito. Ello requiere un diseño de proyecciones y planes
diferenciados para cada uno de los esquemas, que se correspondan con la
estrategia general de inserción internacional.
Todos
los esquemas regionales
en que Cuba participa
le reportan beneficios de
distinta naturaleza, pero en la mayoría de los
casos están sub-aprovechadas sus oportunidades, en particular en las esferas
productiva, comercial y científico-técnica. Por ello, además de analizar los
aspectos más importantes relacionados con esta temática, en el presente
capítulo se proponen acciones concretas para superar dicha limitación. Además,
se plantean las ventajas de diversificar la membresía del país en dichos
mecanismos institucionales, dado que estos son muy sensibles a los cambios de
los gobiernos en el poder, lo que puede provocar modificaciones en la
orientación de sus trayectorias.
Los
procesos integracionistas regionales: consideraciones generales
Por razones de extensión, en este capítulo no se
pretende realizar un análisis totalizador sobre los diversos procesos
regionales de cooperación, integración y concertación, únicamente se abordan
aquellas aristas del tema de mayor interés para fundamentar las propuestas de
inserción de Cuba en el contexto asociativo latinoamericano y caribeño.
Resulta conveniente explicitar que los procesos
integracionistas han devenido uno de los temas más investigados y objeto de
deliberaciones en el escenario internacional. América Latina y el Caribe no
escapan a esa tendencia. En las últimas décadas se han consagrado muchos
escenarios y se han dedicado grandes esfuerzos a los procesos integracionistas
del área, tanto desde el ángulo de la teoría y la experimentación, como en lo
relativo al debate.
El enfrentamiento al proyecto denominado Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) y las negociaciones de acuerdos con otras
regiones de mayor desarrollo, unido a estancamientos y retrocesos en algunos
esquemas subregionales, modificaciones en el mapa político regional, y los
impactos de la crisis internacional, han compulsado a pensadores y políticos a
un re-análisis crítico y propositivo. Las polémicas se mueven hoy, desde el
optimismo extremo respecto a las oportunidades de estos procesos, hasta las más
escépticas posiciones, pasando por múltiples matices intermedios, motivados por
convicciones y sistemas de intereses muy heterogéneos. Poseer criterios
realistas al respecto constituye una precondición para alcanzar mayor
efectividad en la participación de Cuba en esta esfera de las relaciones
económicas regionales.
Frecuentemente se incluyen dentro de la
categoría “procesos integracionistas” diversas modalidades y etapas de
desarrollo de los esquemas asociativos regionales. Con cierto rigor, podrían
ser clasificados de forma diferente, en base a sus objetivos, el grado de
cumplimiento de los mismos, y otros elementos, como se expondrá en el curso del
presente informe.
Una aproximación a este fenómeno en la región
latinoamericana y caribeña evidencia complejidades de diversa índole. Inicialmente
resulta necesario puntualizar que no hay un “modelo” asociativo único en la
región, y que se pueden conformar esquemas de
cooperación-colaboración, concertación e integración con diferentes misiones,
niveles de amplitud, profundidad y ritmos en su avance. No obstante los matices
específicos de esos disímiles procesos de naturaleza cohesionadora,
transcurren, en la realidad, muy interconectados, y se manifiestan de forma
híbrida. Por ello, resulta conveniente precisar algunos conceptos de referencia
para este informe.
La concertación, permite articular
decisiones, partiendo de posiciones distintas, atendiendo a prioridades
acordadas. Persigue evitar la dispersión de rumbos, para alcanzar objetivos
conciliables, con mayor eficacia. Se puede destacar este perfil en los ejemplos
de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) y de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La colaboración y la
cooperación internacional3 pueden
estar referidas a pocas o muchas esferas; limitarse a acciones conjuntas
aisladas o insertarse en programas integrales; de corto, o de más largo plazo;
tener como base la reciprocidad o el principio de preferencialidad; pero
siempre son, por definición, procesos de menor compromiso,
profundidad y alcance que la integración en sus estadios avanzados. No
necesariamente tienen que conducir a la convergencia de políticas o posiciones,
ni a elevados niveles de interdependencia. Durante las primeras etapas de un
proceso de integración se pueden desdibujar las diferencias entre dichos
conceptos, y predominar las características de la colaboración y la
cooperación. En todo caso, resulta significativo identificar los objetivos
finales, los mecanismos diseñados para lograrlos y las fuerzas impulsoras del
proceso.
La integración, en esta
perspectiva, se concibe como un proceso que trasciende la
colaboración, y se propone un gradual acercamiento multidimensional e
interdependencia económica, entre países con proyectos nacionales de desarrollo
compatibles, para alcanzar objetivos comunes. Precisa una férrea voluntad
política, sustentada en estrategias de Estado, y con el
consenso de la sociedad civil, para dotarlo de una “visión” de
largo plazo. Su profundidad, en estadios superiores, por lo general, es más
limitada integralmente, en la medida en que su membresía sea más amplia, por la
lógica dificultad de lograr elevados niveles de concertación, e intereses
coincidentes, entre un mayor número de participantes4.
3 No deben identificarse estos términos con “ayuda
al desarrollo”, que por definición debe implicar la preferencialidad, sin
condicionamientos.
4 Definición del colectivo de autores.
No se debe olvidar que los procesos
integracionistas pueden contribuir más o menos al progreso de sus
participantes, en función de los objetivos que se tracen, los actores que los
lideren, el carácter de sus instituciones, los mecanismos de negociación que se
adopten, y los ámbitos de cooperación que se prioricen. De ahí la importancia
de identificar y caracterizar dichos factores claves, porque no todas
las iniciativas asociativas posibilitan resultados satisfactorios para las
grandes mayorías de la población.
Una complejidad ampliamente reconocida del
proceso integracionista regional radica en su propia arquitectura
institucional. Coexisten hoy los llamados esquemas “tradicionales”, que son los
espacios subregionales de Centroamérica (MCCA - Mercado Común Centroamericano y
SICA - Sistema de Integración Centroamericano), Caribe (CARICOM - Caribbean
Community), región andina (CAN -Comunidad Andina) y cono sur (MERCOSUR -
Mercado Común del Sur), con los regionales de más larga data (ALADI -
Asociación Latinoamericana de Integración) y A E C - Asociación de Estados del
Caribe), junto a instituciones “de nuevo tipo”, y menos años de
vida, como UNASUR (Unión Sudamericana de Naciones) y ALBA-TCP (Alianza
Bolivariana para los Pueblos de nuestra América y Tratado de Comercio de los
Pueblos).
Esa mixtura institucional se amplía con variados
proyectos de cooperación, por ejemplo, energética con PETROCARIBE, en
infraestructura con el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana) u otros, creando un entramado que se
entrecruza en muchas ocasiones, pero de naturaleza diferente, y con objetivos
específicos en cada caso, además de las posibles coincidencias. Añade
complicación a este panorama la permanencia del Movimiento de Cumbres Hemisféricas,
Cumbres Iberoamericanas, y la Organización de Estados Americanos (OEA), que si
bien no son mecanismos integracionistas, ni estrictamente regionales, abordan
temas concurrentes, con amplia participación de gobiernos del área, junto a la
asistencia de representantes foráneos de alta jerarquía institucional.
Lo más expectante en este panorama es la nueva
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe
(CELAC). Este mecanismo de concertación multilateral podría convertirse
en espacio de convergencia de aspiraciones e intereses comunes a escala de toda
la región, ya que se ha concebido, desde su nacimiento, basada en principios y
objetivos estratégicos que permitan acercar, conciliar, consensuar y fortalecer
el movimiento integracionista que se ha venido desarrollando por más de medio
siglo.
Completa el laberinto de este entramado
institucional la iniciativa de algunos países para integrar la Alianza del
Pacífico, que ha quedado conformada inicialmente por México, Colombia, Chile y
Perú, con probabilidades de que se sume Costa Rica,que ya ha manifestado su interés al respecto, al
igual que lo han hecho los actuales gobiernos de Panamá y Honduras. Los países
involucrados en este acuerdo deben tener firmados tratados de libre comercio
con Estados Unidos, lo que evidencia las inclinaciones geopolíticas de este
nuevo grupo asociativo. Muchos analistas perciben desafiada la estrategia
cohesionadora latinoamericana por este proyecto.
Ello sugiere propiciar sinergias pro-activas
capaces de contrarrestar posibles escisiones, partiendo de reconocer los
intereses de algunos gobiernos latinoamericanos en dicha iniciativa, y procurar
que no abandonen la plataforma de principios sustantivos que une al conjunto de
Latinoamérica y el Caribe. Evaluar la naturaleza de esa Alianza, los intereses
de sus fuerzas promotoras, los objetivos trazados y los temas excluidos,
corresponde a las fuerzas políticas y ciudadanía de esos países. En esa misión
no obviarán que otros movimientos asociativos regionales tienen un foco de
acción más dirigido a consolidar beneficios sociales, colaborar en esferas
decisivas para el desarrollo, y fortalecer la capacidad negociadora frente a
terceros, en sintonía con las aspiraciones de las mayorías. Estos ámbitos
pueden ofrecer mayor seguridad y beneficios a toda su población que los
tratados centrados esencialmente en las relaciones económicas y financieras,
como es el caso de la Alianza del Pacífico.
Otra gran dificultad que se afronta al
estudiar los procesos asociativos en Latinoamérica y el Caribe reside en que no
existe una “visión compartida” sobre el modelo de
integración que se quiere alcanzar en esta región. Este es un problema
trascendente para las ciencias sociales, y de serias implicaciones prácticas.
En determinados esquemas institucionales, los intereses de las empresas
transnacionales y de “los centros” de hegemonía mundial se priorizan, en
ocasiones, por encima de los nacionales y regionales. Ello se vincula con la
esencia de esos procesos, donde está ausente la incorporación de la sociedad
civil a la toma de decisiones.
Conviven visiones teórico-conceptuales
diferentes en estos momentos en torno a las necesidades y posibilidades de
dichos mecanismos en América Latina y el Caribe, y es necesario por ello
esclarecer las principales variantes de “modelos” a las cuales se
hace referencia.
• Algunos
expertos y organismos de la región se refieren a un “Mercado Común
Latinoamericano” con estables vínculos entre las economías de los países
miembros, con regulación estatal a nivel nacional y avances en los órganos institucionales,
que deben llegar a tener algunas competencias supranacionales. Predominio de
las relaciones comerciales, reforzadas con el desarrollo del sector financiero
latinoamericano.
• Especialistas
del Banco Mundial y de otros países desarrollados, así como ciertos analistas
de instituciones regionales, consideran difícil que la región pueda superar sus
obstáculos al desarrollo si no le otorga mayor peso a los vínculos con “el
Norte” que a los intra-latinoamericanos. Es uno de los fundamentos del “regionalismo
hacia fuera,” que impulsa la multiplicidad de negociaciones simultáneas
sostenidas por algunos países de la región, en la actualidad. La “Alianza del Pacífico” es un
claro ejemplo de esta fundamentación.
• Autoridades
políticas y académicos latinoamericanos y caribeños argumentan cada vez más la
necesidad de un proyecto de colaboración solidaria, con armonía entre las
esferas económica y política; que impulse un auténtico desarrollo, sobre nuevas
bases de coordinación gubernamental, especialmente en materia de política externa
respecto a terceros, y con énfasis en el aseguramiento de objetivos sociales, a
partir de vínculos en sectores productivos, de servicios y complementariedades
científico-técnicas, infraestructurales y en el plano financiero. Se concibe
con fuerte conducción de los Estados nacionales, amplia participación de la
sociedad civil, y atención a las asimetrías entre países, ofreciendo
tratamiento preferencial a los de menor desarrollo relativo.
• Algunos
movimientos sociales e intelectuales, identificados con un modelo alternativo
al capitalismo, fundamentan el criterio de que no se logrará una integración
capaz de generar bases para un auténtico desarrollo sin trascender el sistema
capitalista de producción, y todo proyecto que se conciba
en este
contexto, de una u otra forma, le hace el juego a los intereses “continuistas”
o reformistas.
Adicionalmente, es conveniente considerar que en
la teoría convencional sobre integración regional se concibe que esos procesos
pueden transitar por diferentes etapas, cuya complejidad y
niveles de compromisos para sus miembros varía, desde la forma más
simple, representada por el Área de Libre Comercio5 hasta el esquema más desarrollado vigente en la
actualidad, que es la Unión Económica y Monetaria de Europa
Occidental, pasando por los posibles estadios de Unión Aduanera6, Mercado Común7 y demás
variantes que de estas etapas se deriven.
Los principales resultados de la integración
económica, en su modalidad más desplegada -la Unión Europea- abarcan el
desmantelamiento progresivo de las barreras al movimiento de mercancías,
servicios, y capitales, con el propósito de favorecer los intereses de las
principales fuerzas motrices de dichos procesos. Incluyen la coordinación de
políticas sectoriales, armonización macroeconómica, intentos de compatibilidad
de políticas externas, fiscales, y otros requerimientos (especialmente para
avanzar hacia la unión monetaria). La libre movilidad de fuerza de trabajo ha
sido objeto de mayores restricciones, que se acrecientan en las actuales
condiciones, debido al aumento del desempleo y las prácticas xenófobas
aplicadas por muchos países de Europa Occidental.
En la región latinoamericana los esquemas
integracionistas han tenido tradicionalmente como núcleo de sus propósitos la
esfera económico-comercial, y en ese plano no han rebasado el estatus de uniones
aduaneras imperfectas, pero para
5 Desmantelamiento gradual de obstáculos comerciales.
6 Implica la formación de un arancel externo común
frente a terceros en un Área de Libre Comercio.
7 Liberalización no solo de bienes y servicios, sino también de capitales
y fuerza de trabajo.
impactar favorablemente el desarrollo de los
países miembros resulta imprescindible que trasciendan ese ámbito, y avancen en
otras dimensiones.
Los procesos integracionistas en
Latinoamérica y el Caribe, como se infiere de la enumeración de los principales
esquemas institucionales, se han desarrollado en diferentes espacios:
· Subregional. Son
proyectos de mediano alcance, que pudieran llegar a ser viables. En unos
casos, como el MERCOSUR, por ejemplo, con más posibilidades de éxitos
que en otros, por la importancia económica de sus miembros, el tamaño del
mercado, la voluntad política de sus participantes más influyentes, así como el
nivel de apoyo e interés de agentes internos y factores externos. También
clasifican en este formato la Comunidad Andina (CAN), Mercado Común
Centroamericano (MCCA) y CARICOM, entre los más importantes.
·
Regional. La Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) que incluye 14 países, es un
ejemplo de acuerdo de cobertura geográfica regional, pero precisamente la
ampliación del número de participantes limita la profundidad de este esquema,
que en la práctica, hasta ahora, no ha podido alcanzar la categoría de un
mercado común latinoamericano, objetivo recogido en su Tratado constitutivo
(Montevideo, 1980), y solo ha favorecido el marco jurídico para la articulación
y convergencia de acuerdos bilaterales o subregionales, de alcance parcial. Se
pueden ubicar también en esta dimensión: la AEC, UNASUR, ALBA-TCP, y la CELAC
(mecanismo de mayor alcance espacial por incluir a todos los miembros de la
región).
·
No se puede dejar de considerar en este análisis
la dimensión hemisférica. Esta no responde a una iniciativa
latinoamericana, pero ejerce influencia en los proyectos antes mencionados
porque el curso de las negociaciones de Norteamérica con América Latina y
Caribe en los próximos años puede incidir en el carácter e intensidad de la
integración subregional y regional, así como en las especificidades de la
inserción internacional del área. El fracaso del ALCA no ofrece suficientes
argumentos para pensar que Estados Unidos ha renunciado a esa aspiración,
factible de reaparecer, con formatos reformados. La suscripción de Acuerdos de
Libre Comercio por parte de Estados
Unidos con varios países y subregiones del área se considera por algunos
especialistas un ALCA a menor escala.
En la complejidad de estos procesos
integracionistas de América Latina y el Caribe hay que incluir el debate
existente a lo interno de los mismos, sobre la prioridad que se debe
establecer entre el regionalismo y el multilateralismo, así como el grado
de proteccionismo del regionalismo, dado que los diferentes modelos de
asociación pueden ser más o menos abiertos.
En el proceso de integración europeo (Unión
Europea) y en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) el mercado
regional está priorizado. En el primer caso resulta notorio la política
proteccionista aplicada en aquéllos sectores donde la apertura puede lesionar
sus intereses, como es el ejemplo de las producciones agropecuarias, e impulsan
sus relaciones con los no miembros en la medida que éstas propicien ventajas a
la Unión o a sus miembros más influyentes. Los acuerdos firmados o en proceso
de negociación por determinados esquemas integracionistas de América Latina con otros
países o grupos de ellos, se presentan como muestras del “regionalismo abierto”
(Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos o Acuerdos de Asociación con la
Unión Europea, entre otros).
Haciendo abstracción de un plano más sistémico
de análisis, es conveniente apuntar que difícilmente esos tratados y acuerdos
puedan convertirse en instrumentos idóneos para ampliar el acceso a los
mercados norteamericanos y euro-occidentales, si no tienen en consideración las
amplias diferencias en los niveles de desarrollo de sus miembros, y conciben
mecanismos efectivos de compensación para las economías más débiles8. Resulta por ello imprescindible priorizar,
desde la óptica latinoamericana el estudio de los efectos de esas asociaciones
entre socios desiguales, porque no se conocen aún propuestas serias que tiendan
a favorecer las condiciones socioeconómicas de los menos desarrollados. Lejos
de justificarse el principio de reciprocidad, en estos casos es justo reclamar
un tratamiento especial y diferenciado (TED) para los mismos.
Este tema concita distintos criterios entre
gobiernos y empresarios de diferentes países latinoamericanos.
Las relaciones externas de los mismos constituyen un núcleo central
de controversias. Se contraponen intereses: de una parte, los países que
ya tienen firmado, aprobado o en proceso de negociación, Tratados y Acuerdos
con Estados Unidos y la Unión Europea; y de otro lado, aquéllos, cuyos
gobiernos actuales han enjuiciado críticamente dichos instrumentos y la
estrategia que subyace detrás de los mismos.
La disparidad de expectativas respecto a las
relaciones comerciales con esos importantes mercados externos está presente en
los diferentes sectores productivos y de servicios de los países. Estas son
positivas o negativas, en dependencia de sus autoevaluaciones como ganadores o
perdedores en dichos convenios. Corresponde a los gobiernos una evaluación más
estratégica, que trascienda los intereses sectoriales. Pero en algunos casos el
resultado de dicho análisis es muy cuestionable, debido a la dependencia
política prevaleciente.
Resulta preocupante que los acuerdos bilaterales
y bi-regionales que se han firmado o se negocian con Estados Unidos y los
propuestos por la Unión Europea, contienen compromisos de mayor profundidad y
alcance que muchos tratados que sirven de sustento a los procesos de
integración intra-regional, además de exigencias de mayor armonización de
legislaciones.
Provoca alarma en múltiples sectores de la
opinión pública latinoamericana que entre los capítulos menos divulgados de
estos tratados se propone avanzar por delante de lo que se ha aprobado en el
marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
8 Baste apuntar que en estos relacionamientos
aparecen contrastes como el de Estados Unidos, con un PIB cercano a los 14000
miles de millones de dólares, junto a pequeñas naciones de América Central,
donde ese indicador no llega a los 6 mil millones.
en temas relativos a propiedad intelectual,
compras del sector público, prácticas de competencias y otros, que han recibido
la oposición de un grupo cada vez más amplio de países del llamado “Tercer
Mundo” en las negociaciones multilaterales.
Diversos actores de América Latina, no sólo han
reclamado la atención sobre los peligros que pueden derivarse de las
iniciativas procedentes “del Norte”, para el desarrollo de la región, sino que
han ofrecido argumentos sólidos en torno a las desfavorables consecuencias
derivadas de muchos acápites incluidos en los acuerdos propuestos por Estados
Unidos y la Unión Europea en los Tratados firmados, o en proceso de
negociación.
Dada las posibilidades actuales de evaluar
nuevos acuerdos entre Cuba y la Unión Europea, resulta conveniente ofrecer
seguimiento al proceso negociador en marcha entre Ecuador y el poderoso esquema
institucional del “viejo mundo” para procesar las experiencias derivadas del
mismo que puedan ser útiles a Cuba y a otras naciones latinoamericanas.
La situación descrita corrobora la necesidad
de mantener abierta una línea de investigación permanente respecto a los
vínculos de Latinoamérica con Estados Unidos y la Unión Europea, que
posibilite su evaluación sistemática, y contribuya a que fluyan las
recomendaciones oportunas a los que toman decisiones al respecto en los
diferentes países. Ello resultará de utilidad también para los vínculos con
otras economías de gran tamaño, como los casos de China y Rusia. Así mismo,
resulta aconsejable propiciar que prevalezca la máxima transparencia en torno a
todo tipo de negociaciones económicas con áreas de mayor desarrollo, y en los
escenarios multilaterales, incorporando los criterios de los diferentes
implicados de la producción, los servicios, las fuerzas políticas y los
movimientos sociales.
Resulta notorio que el dinamismo de las
relaciones intrarregionales en América Latina, y en las diferentes subregiones,
no ha sido suficiente para modificar la orientación geográfica del sector externo
de estas naciones: los principales socios comerciales se encuentran fuera de la
región y los nexos financieros entre países latinoamericanos son aún muy
débiles. Si a esta realidad se añade que los vínculos productivos entre ellos
son mucho menos desarrollados que en otros procesos de integración, se puede
concluir que la interdependencia regional real es frágil.
Estos elementos suscitan no pocos debates en
torno al intra-regionalismo latinoamericano, el regionalismo abierto
y el multilateralismo. Se cuestiona la conveniencia de continuar los
procesos de apertura unilateral e indiscriminada, tendiendo a una mayor
interrelación con Estados Unidos, la Unión Europea y Asia, o profundizar
primero los procesos a lo interno de la región, hasta alcanzar grupos más
homogéneos e incrementar entonces los poderes de negociación con las
contrapartes externas y en los escenarios multilaterales. En el trasfondo de
estas polémicas están las alternativas en torno a las vías más efectivas para
conseguir una inserción dinámica en los mercados mundiales y una presencia
pujante de la región en el escenario internacional.
Al respecto es trascendente la iniciativa
surgida en el marco de la CELAC para constituir un foro de negociaciones
CELAC-China, donde el gigante asiático tendría como interlocutor a la representación
de los intereses de toda la región latinoamericana y caribeña, potenciando
sustantivamente sus fuerzas, y propiciando un mejor equilibrio en el resultado
de las transacciones acordadas, así como mayor integralidad en la cartera de
temas objeto de relaciones recíprocas.
En el plano multilateral son sustantivos para
América Latina y el Caribe diferentes ámbitos. Baste citar algunos, como el de
Naciones Unidas y todo su sistema de organizaciones y agencias especializadas;
los movimientos de Cumbres, donde se analizan importantes temas vinculados al
desarrollo, como los ambientales, del financiamiento externo, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), la Agenda para el Desarrollo Post 2015, u otros;
la Organización Mundial del Comercio, responsabilizada con las rondas
negociadoras a nivel global; los organismos financieros internacionales, que
pretenden abordar en la actualidad el trascendente problema de la
reestructuración del sistema financiero internacional y su arquitectura
institucional.
Aun cuando las características de este escenario
(altamente subordinado a los intereses de los grandes países industrializados)
son poco propicias para lograr en el mismo una influencia apreciable de los
países en desarrollo, las concertaciones a nivel regional pueden potenciar la
resistencia a la adopción de acuerdos que les resulten lesivos. Paulatinamente
las alianzas de distintos grupos del Sur han conquistado modestas aspiraciones
que parecían inalcanzables hace apenas una década, lo que evidencia la
necesidad de mantener abierta esa vía de negociación e intentar fortalecer la
incidencia también en dicho contexto, porque es en definitiva el que adoptará
las decisiones que se impondrán a nivel global.
Pero sin dudas es en el sistema multilateral de
comercio donde se presentan hoy los mayores retos para Latinoamérica y el
Caribe, porque no sólo es deseable, sino también posible que la concertación
regional logre reducir las desventajas para distintos subgrupos
latinoamericanos y caribeños9, aun
tomando en consideración la heterogeneidad que los caracteriza, sus diferentes
estrategias de inserción internacional, y consecuentemente las discrepancias en
sus intereses negociadores.
Estas disparidades se derivan, entre otras
razones, de: i) las diferentes condiciones entre exportadores e importadores
agrícolas netos en la región; y ii) distintas
9 Los países de ALC se distribuyen entre
diferentes grupos y coaliciones, que defienden intereses específicos. Como las
membresías no son excluyentes, cada país de la región participa en más de un
grupo o coalición. (G-20; G-33; G-90; grupo de Productos Tropicales; grupo de
Economías Pequeñas y Vulnerables; y Miembros de Reciente Adhesión (Ecuador y
Panamá
percepciones y posiciones relativas al nivel de
protección que los gobiernos deben brindar a las industrias manufactureras y a
los servicios. Lejos de constituirse en un obstáculo sin solución, esas
discordancias deben conformar el objeto de las negociaciones a nivel regional.
Independientemente de las incompatibilidades en cuanto a la amplitud de la liberalización
y sus prioridades, la defensa de un sistema multilateral de reglas comerciales
que no se convierta en una limitación al proceso de desarrollo parece ser un
denominador común de los representantes latinoamericanos y caribeños en la OMC.
Merecen además concertación regional
otros temas como defender el criterio de que el trato especial y
diferenciado en la OMC no se circunscriba a los clasificados como “PMA” (Países
Menos Adelantados), como desean los miembros más industrializados, y enfrentar
las políticas que los mismos quieren imponer en lo relativo al
movimiento de personas y sus consecuencias para los migrantes latinoamericanos
y caribeños.
Resulta central en la necesaria colaboración
regional y acción mancomunada: salvaguardar la vía multilateral de
las negociaciones comerciales por encima de la bilateral entre países
poderosos económicamente y los que no lo son; así como la conformación de
una estrategia conjunta ante una eventual agenda negociadora sobre
la inserción de la región en la llamada “economía del conocimiento”.
En otro plano, adquiere importancia también, en
la coyuntura actual, trascender el fraccionamiento que implican los esquemas
subregionales en las relaciones comerciales. Se precisa avanzar hacia el
multilateralismo a lo interno de Latinoamérica, propiciando una hoja
de ruta deliberativa sobre el intercambio recíproco que tome más en
consideración las potencialidades de ese mercado regional que supera los 550
millones de habitantes.
Todavía no se aprecia una estrategia coordinada
de la región que guíe las acciones y prioridades en los diferentes escenarios,
después de evaluar todas las alternativas, ni se cuenta con las instituciones
requeridas para enfrentar las etapas venideras, con capacidad para contrapesar
las asimetrías entre países, o resolver conflictos entre ellos. Tampoco se han
armonizado los criterios y mecanismos para alertar en caso de que algunos
países o sectores de la región puedan verse desfavorecidos por confusas
políticas de apertura.
La realidad previamente descrita ha impedido
aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen los procesos
integracionistas regionales para exhibir una fuerza negociadora común.
Enfrentar esas limitaciones y mejorar la posición de la región en el contexto
internacional, para impulsar un desarrollo endógeno y sostenible
ecológicamente, constituye un gran reto a que deben dar respuesta con celeridad
esos mecanismos institucionales.
En momentos donde el cambio climático, la
escasez de agua; las crisis energética y alimentaria; los problemas
migratorios, la reestructuración del sistema financiero internacional y el estancamiento de las
negociaciones comerciales multilaterales convocan a la búsqueda de estrategias
y políticas sensatas, la inclusión de los países de América Latina en la mesa
de deliberaciones a nivel global es de vital importancia, como también lo es
que los mismos logren tener una posición concertada para potenciar su capacidad
de influencia en esos cruciales temas, y en defensa de los legítimos intereses
de las mayorías. En síntesis, una fuerte concertación regional latinoamericana
es una condición para asegurar el éxito de sus intereses en los escenarios
multilaterales.
Finalmente, y no por ello menos importante, la complejidad
de los procesos integracionistas de la región se ve potenciada por las asimetrías
a lo interno de los diferentes esquemas institucionales. Este grave problema
requiere ser abordado con un enfoque sistémico. No se trata de planes
asistenciales, acciones aisladas o preferencias en determinadas esferas, sino
de tener en cuenta esta realidad en todos los ámbitos de la cooperación e
integración regional.
Los estudios más recientes del SELA (Sistema
Económico Latinoamericano) indican que en todos los mecanismos latinoamericanos
de integración las distancias entre los niveles de ingresos per cápita de los
países más pobres y la media del grupo se han incrementado en los últimos años,
lo que corrobora que las medidas adoptadas a lo interno de esos procesos no han
sido efectivas. Dado que la reducción de esas disparidades es una condición
para la legitimidad de dichos proyectos asociativos, es imprescindible que se
prioricen con urgencia las políticas y prácticas encaminadas a ofrecer
beneficios asimétricos a los países de menor desarrollo relativo.10 La magnitud de este desafío se evidencia al
constatar que en la región, el país que logra el valor más alto del PIB/h
supera en casi 50 veces el del país más retrasado. El contraste es abrumador a
lo interno del Caribe, donde el PIB/h de Bahamas es 28 veces el de Haití.
En el seno de la ALADI se concibe el tratamiento
especial a Bolivia, Ecuador y Paraguay, lo que se refleja en los Acuerdos de
Complementación Económica, e incluye asistencia técnica, flexibilidad en la
aplicación de las medidas de salvaguardia y listas de desgravaciones
favorecedoras. También en la CAN se han implementado políticas comunitarias a
favor de la reducción de las asimetrías, como el Plan Integrado de Desarrollo
Social, así como las preferencias a los países de menor desarrollo para
otorgarles financiamiento y acceso a los mercados, entre otras prerrogativas.
Por su parte, UNASUR declara en el proyecto de su tratado constitutivo el
10 Desde esta perspectiva, entre los factores que
se consideran limitantes para el desarrollo de un país o de algunas de sus
regiones se encuentran el reducido territorio, la escasa población, la escala
de la producción, la mediterraneidad, la condición de insularidad, u otros que
eleven los costos de transacciones comerciales y obstaculicen la
internacionalización de su economía.
objetivo de aplicar mecanismos para reducir las
asimetrías, pero éstos se han limitado a proyectos conjuntasen el marco de la
IIRSA y a la armonización de algunos aspectos de políticas públicas de carácter
social.
Existen experiencias emergentes, como el Fondo
para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), que comenzó a operar en
el 2007. Sin embargo, estas iniciativas de corte financiero no podrán potenciar
sus efectos si no van dirigidas esencialmente a medidas que propicien la
modernización y diversificación productiva, generación de capacidades
técnico-científicas, elevación de la competitividad, apertura preferencial de
los mercados de los socios mayores, así como la evaluación cuidadosa de los
efectos transfronterizos de políticas públicas nacionales macro o microeconómicas,
adoptadas en forma discrecional, y que pueden ser perjudiciales al comercio de
los más vulnerables. Los proyectos aprobados, hasta ahora, ponen el énfasis en
el mejoramiento de infraestructura, viviendas, y salud, y no abandonan,
tampoco, por ende, el enfoque tradicional.
El ALBA-TCP, respecto a las asimetrías,
contempla múltiples iniciativas en materia de salud, educación, y seguridad
alimentaria, entre otros campos de cooperación. Adicionalmente, se destaca la
iniciativa PETROCARIBE, propuesta por Venezuela en 2005. Concibe reducir la
factura energética para países de escaso desarrollo, importadores netos de
petróleo, así como la coordinación de políticas energéticas y exploración de
fuentes de energías alternativas y renovables.
Aun cuando los resultados del ALBA en sus
escasos años de vida son loables en la esfera social, se precisa trascender
éstos hacia la creación de bases económicas sostenibles de dichos proyectos,
especialmente a partir de la conformación de empresas conjuntas y cadenas
subregionales o regionales de producción y servicios, privilegiando la
participación de los países menos desarrollados para contribuir al incremento
de las exportaciones y del valor agregado de las mismas, junto a su
diversificación mercantil y el aumento del empleo.
Por último, en el tratamiento de las asimetrías
es decisivo comprender que no se trata de diseñar acciones de carácter
humanitario hacia determinados países, sino que la aproximación paulatina de
los niveles de desarrollo constituye una condición para lograr los avances de
los procesos de integración, máxime si se pretende mejorar la inserción
internacional del área, a partir de las ventajas competitivas del conjunto, y
contribuir así a la conformación de un mundo multipolar, aportando al mismo la
fortaleza económico-social y la cohesión de todos los miembros de la región
latinoamericana y caribeña.
Oportunidades
derivadas del perfeccionamiento de la inserción de Cuba en procesos
integracionistas regionales. Premisas para ello
La evaluación de alternativas de inserción
externa de Cuba en su contexto geográfico debe partir de considerar el
escenario internacional y el regional prevaleciente. El primero está
caracterizado por una crisis que ya sobrepasa un quinquenio, sin que se
vislumbre claramente una recuperación económica enérgica a nivel global; el
cuestionamiento creciente al “modelo” de integración europeo; la ausencia de
consensos universales para enfrentar las graves consecuencias del cambio
climático, unido a otras formas de depredación del medio ambiente.
Completa este panorama, el incremento de las
tensiones bélicas en diferentes regiones, el aumento de la importancia de
Asia-Pacífico en la conformación de una nueva correlación de fuerzas mundiales,
y la declinación relativa de Estados unidos, que sostiene su hegemonía a base
de una cada vez más cuestionada preeminencia militar, mientras en su propio
territorio aumenta la desigualdad y la pobreza.11A nivel global, se coloca la desigualdad de
ingresos entre los ciudadanos más ricos y los más pobres del planeta como el
riesgo con más probabilidades de causar nefastas consecuencias en la próxima
década12.
Sin dudas, este escenario de crisis, inseguridad
e injusto sistema económico mundial, que obstaculiza los procesos de
desarrollo, profundiza las brechas entre ciudadanos y países, sin ofrecer
alternativas asociativas viables y efectivas, ha contribuido a renovar las
expectativas de muchos gobiernos y pueblos de Latinoamérica y el Caribe en
torno a la posibilidad de construir un orden alternativo, favorecedor de mayor
cooperación y concertación para enfrentar los serios riesgos que les amenazan.
En lo relativo al contexto de América Latina y
el Caribe es conveniente, ante todo, recordar sus fortalezas y riquezas
naturales, derivadas de su diversidad biológica, considerada la mayor del planeta;
sus extensos bosques; su amplia disponibilidad de agua dulce y su mayor
potencialidad mundial en la producción de alimentos. Ampara variados e
importantes recursos minerales no renovables y reservas de combustibles. Unido,
este bloque constituye la tercera economía a nivel mundial, con un PIB estimado
en más de 6 billones de dólares y una población de unos 600 millones de
habitantes.
También es justo reconocer que las políticas
aplicadas recientemente por muchos gobiernos del área han contribuido a reducir
los impactos de la crisis internacional y las amenazas emanadas de la
globalización, al tiempo que se ha mantenido un discreto crecimiento económico,
y se han registrado avances sociales, de especial significado en algunos países
sudamericanos.
11 Se estima que casi 50 millones de
estadounidenses viven en la pobreza. El problema de la desigualdad es alarmante
en ese país, donde han crecido las ganancias corporativas en los últimos cuatro
años y ha sido muy lento el dinamismo de los salarios promedios.
12 Se calcula que las 85 personas más ricas del
mundo acumulan una riqueza equivalente a la que posee la mitad de la población
mundial, según datos de Oxfam.
No obstante, persisten como temas pendientes las
transformaciones de su estructura económica; la vulnerabilidad y dependencia externa;
la eliminación de la pobreza, así como un sostenible dinamismo en el
crecimiento, acompañado de mayor equidad. Precisamente, deben considerarse esos
como los principales desafíos que centren la agenda del movimiento
integracionista regional, incorporando los principios de soberanía y paz a las
deliberaciones sobre políticas económicas y sociales, capaces de alcanzar
objetivos de desarrollo, en función de los intereses de las mayorías.
Resulta necesario evaluar sistemáticamente el
contexto regional e internacional en que transcurren los mecanismos
integracionistas, dado que los cambios de gobiernos, de coyunturas económicas,
correlaciones de fuerzas, incidencia de factores externos, u otros, demandan
una constante actualización de las proyecciones cubanas en esta esfera. La
capacidad de reaccionar bien y con premura ante los cambios del entorno es
imprescindible en las actuales circunstancias.
En perspectiva, es necesario considerar la
multiplicidad de factores que pueden influir en la trayectoria futura de cada
uno de los esquemas regionales de cooperación, integración y concertación para
realizar una evaluación objetiva de su estabilidad y posibles avances. Entre
ellos merecen señalarse:
·
la evolución económica internacional,
·
la estabilidad económico-social de los países de
la región,
·
la gobernabilidad de los procesos políticos en
el poder,
·
la percepción externa sobre legitimidad de los
gobiernos,
·
el nivel de interdependencia económica
alcanzada,
· las
prioridades de intereses de los gobiernos respecto a socios
comerciales y aliados estratégicos externos,
·
la cualidad de las relaciones políticas entre
los países signatarios de los esquemas,
·
la correlación de fuerzas en la región,
·
la evolución de los conflictos bilaterales
históricos o nuevos,
·
la estrategia de seguridad subregional y
regional,
·
el nivel de injerencia de agentes
extra-regionales en el área,
·
la evolución de la más reciente organización
(CELAC).
La combinación de los factores precitados puede
conducir a muy diversos escenarios. Poseer respuestas alternativas y proactivas
ante posibles cambios de contextos es un componente obligatorio de una política
efectiva de inserción en esta esfera de las relaciones económicas
internacionales.
Actualmente desempeñan un papel favorable al
curso de los procesos más progresistas, entre otros, los siguientes elementos:
el fortalecimiento del papel del Estado en los países miembros, el compromiso
de los militares con la preservación de la gobernabilidad democrática, y la
reiterada voluntad política de los gobiernos a favor de la unidad regional.
Pero resulta decisivo mantener la cohesión interna en cada país y a lo interno
del bloque regional.
Cuba debe optar por forzar los elementos claves
en dirección positiva al fortalecimiento de la concertación, la convergencia y
la integración regional, como escenario más favorable al proceso de
reestructuración socioeconómica que acomete, en medio de serias amenazas. Pero
se precisa continuar esclareciendo los objetivos transformadores que se desean
alcanzar en el área, valorar realistamente hasta dónde es factible llegar con
la correlación de fuerzas reinante, propiciar los consensos para emprender los
cambios posibles, y continuar concretando las políticas cubanas que puedan
favorecer dicha trayectoria.
Más allá de la evolución futura de los procesos
integracionistas, el estado actual de los mismos en esta región se caracteriza
por su complejidad, cuyas manifestaciones deben ser tenidas en cuenta por Cuba
al evaluar su participación en los mismos. Entre sus rasgos, se destaca una arquitectura
institucional dispersa y heterogénea, que se corresponde con la coexistencia de
diferentes variantes de asociaciones, junto a la ausencia de una “visión”
compartida sobre el “modelo” perspectivo de integración posible de alcanzar.
Limitación destacable es el énfasis histórico de los esquemas tradicionales en
la esfera económica, persiguiendo la liberalización comercial, de la cual se
han favorecido, en numerosas ocasiones, las empresas transnacionales que tienen
mayor control sobre el área.
Lamentablemente, la amplitud y fortaleza de los
vínculos recíprocos a lo interno del mercado latinoamericano y caribeño todavía
no es una realidad, y son los países extra-regionales los principales socios
comerciales de esta región. A ello se suman los escasos nexos financieros, de
relaciones en la esfera productiva y de carácter científico-técnicas, todo lo
cual evidencia la limitada interdependencia que han logrado estos mecanismos
integracionistas durante sus numerosos años de vida.
Complementa este diagnóstico, la suscripción de
múltiples tratados de libre comercio por parte de miembros del área con Estados
Unidos, la Unión Europea y otros países desarrollados, que por su amplitud,
acarrean consecuencias negativas, como ya se ha explicado anteriormente.
No puede obviarse en este análisis que el
fraccionamiento institucional y la propia heterogeneidad política y de
proyectos económicos, ha impedido que Latinoamérica y el Caribe hayan
aprovechado plenamente las potencialidades que posee la región para fortalecer
su capacidad negociadora frente a terceros y en el plano multilateral. Tampoco
puede soslayarse la complicación que emana de las amplias diferencias de
desarrollo entre los países del área y la no consideración de esas asimetrías
como un problema que requiere atención priorizada a lo interno de los procesos
de integración, para actuar sobre sus causas, no solo en función de sus
manifestaciones.
No obstante esa desafiante realidad, actualmente
persiste y se refuerza la voluntad política a favor de la unidad
latinoamericana y caribeña, y ésta es reconocida cada vez más como una
condición ineludible para hacer frente a las amenazas de la globalización, y para aprovechar
en mejores condiciones sus potenciales oportunidades, a favor del desarrollo de
la región.
La globalización imperante dificulta a los
países menos avanzados emprender procesos dinámicos de crecimiento,
indispensables para alcanzar el desarrollo, sin férreos vínculos económicos
externos. La interdependencia construida a lo interno de procesos regionales ha
demostrado sus positivos resultados en aquellos países que la han concebido
como parte de su estrategia productiva, comercial, financiera y tecnológica,
persiguiendo la máxima armonía entre las relaciones externas económicas y las
políticas.
Ello es más efectivo cuando dichos esquemas
responden a genuinos procesos de integración, que equivale a visionarlos dentro
de un pacto ciudadano, liderado por el Estado y que rebase objetivos
cortoplacistas, enfocados únicamente a mejorar los resultados macroeconómicos.
Implica una concepción renovada sobre el desarrollo, desde la perspectiva de
los países subdesarrollados, que tome en cuenta su diversidad, y
consecuentemente abandone el “pensamiento único” prevaleciente en las últimas
décadas; que tenga como ejes prioritarios la eliminación gradual de la
dependencia externa, la modernización de la estructura económica, progresos en
el nivel de vida de la población, avances científico-técnicos, la preservación
del medioambiente, y la reducción de las asimetrías a lo interno de cada nación
y de la región.
No se trata de una aspiración fácil de lograr,
tampoco lo es consolidar la independencia y la soberanía de las naciones y la
regional, pero difícilmente se puedan lograr estos últimos propósitos sin la
unidad, concertación y cooperación mutua entre los miembros de la comunidad
latinoamericana y caribeña. Esto contribuiría a dinamizar una inserción
internacional de la región que posibilite acortar la brecha que la separa de
los países desarrollados. El apoyo de Cuba al fortalecimiento de opciones con
esas características, y su activa participación en las mismas contribuiría
también a perfeccionar su propio modelo de desarrollo y de inserción
internacional.
Hoy es ya una realidad la participación en
diferentes modalidades de procesos integracionistas regionales y subregionales
de todos los gobiernos, muchas empresas, instituciones y diversos sectores
sociales de América Latina y el Caribe, convencidos de que ello constituye una
alternativa complementaria a los esfuerzos internos de cada país para potenciar
y hacer sostenible sus planes de progreso socioeconómico.
Actualmente se está produciendo un proceso de
reconfiguración de los esquemas tradicionales. Se pretende ampliar
su dimensión espacial, y profundizar los temas objeto de
cooperación-colaboración, incluyendo mayor énfasis en la esfera productiva,
social, de infraestructura, el ámbito financiero, la certidumbre alimentaria y
energética, así como la seguridad regional, entre otros. Adicionalmente, los
marcos institucionales, regulatorios y negociadores son más flexibles
que en las etapas iníciales de los procesos de más larga data.
También se trasciende el criterio de
continuidad de fronteras terrestres, como en el caso de la Asociación de
Estados del Caribe, donde la membresía está determinada por el mar que les une.
Algunos nuevos esquemas se conciben más como vías para mejorar la concertación
política y elevar la capacidad negociadora del grupo (CELAC, por ejemplo);
otros ponen énfasis en el progreso de sus miembros, como el ALBA. Estas nuevas
proyecciones ameritan una intervención más vigorosa de Cuba en algunos
esquemas.
Pero constituye un motivo de alerta su
participación simultánea en varios esquemas institucionales13, (ALBA-TCP, PETROCARIBE, ALADI, CARICOM, AEC,
CELAC). Ello puede exigir atención paralela a negociaciones sobre temas
específicos en distintos escenarios. Se requieren definiciones de prioridades a
nivel de país y fuertes coordinaciones entre organismos cubanos respecto a las
posiciones que se mantengan en los espacios subregionales, regional, y los
compromisos extra regionales. Resulta necesario un análisis serio de la
compatibilidad entre ellos con las responsabilidades multilaterales, así como
del beneficio alcanzable en cada marco negociador, por sectores, y a nivel
nacional.
La situación actual evidencia un mayor interés
de Cuba por los procesos de más reciente creación, como el ALBA, esquema donde
prevalece la cooperación, es más fluida la concertación política entre sus
miembros, y se privilegian los principios de solidaridad y ayuda mutua. Pero
presenta serias limitaciones en su mecanismo integrador, además de las
restricciones cubanas para una mayor participación, aspectos que serán
ampliados posteriormente en este informe.
En el caso de CELAC, el protagonismo del país ha
sido más elevado, y los resultados, hasta el momento, se pueden considerar muy
positivos para la región y para Cuba. En el resto de los mecanismos
latinoamericanos y caribeños la incidencia del país es muy discreta y se
encuentra por debajo de las necesidades y potencialidades. Esta reflexión
constituye uno de los fundamentos de las propuestas que se incluyen más
adelante.
En este sentido, resulta conveniente no
subestimar las diferencias entre mecanismos de cooperación-colaboración,
integración y concertación. Este espectro de posibilidades brinda
oportunidades, en el corto plazo, para el diseño de formas diversificadas de
inserción de Cuba, en función de los objetivos sectoriales o nacionales que
persiga, la capacidad de influencia posible en el curso de cada proceso
específico, así como las características actuales y reales potencialidades de
los mismos.
13 Esta característica no es exclusiva de Cuba.
Bolivia y Ecuador son miembros de la Comunidad Andina, del ALBA-TCP, ALADI,
UNASUR y CELAC. También han sido miembros asociados al MERCOSUR y se valora su
posible incorporación al bloque.
No siempre las motivaciones y objetivos
principales de participación o no participación de Cuba en procesos regionales
de diferente naturaleza han respondido a intereses de carácter económico. Hoy
es preciso que los móviles para ello tomen más en consideración los
requerimientos estratégicos priorizados por el VI Congreso del PCC, lo que
demanda ampliar la proyección al reanalizar esta dimensión de la inserción
externa.
Pero la colaboración, integración y concertación
regional no puede ser un elemento colateral a la estrategia de desarrollo a
largo plazo y a los planes inmediatos, sino parte consustancial de ambos, no
limitando sus objetivos a los de naturaleza política, sino que es preciso
revalorizar la importancia económica y social de esa perspectiva de inserción
externa.
La necesidad de perfeccionar dicha participación
en los procesos asociativos regionales, además de los móviles generales que
impulsan la tendencia integracionista a nivel internacional, debe tomar en
consideración el carácter abierto de su economía, que exige un aseguramiento
efectivo de la alta proporción de su producto que depende de los mercados
externos, unido a la importancia que reviste la región desde todos los ángulos
para el proyecto de desarrollo cubano.
Este país, pequeño, bloqueado durante más de
cinco décadas, y de escasos recursos naturales, ha logrado una
conceptualización propia y consensuada con la mayoría de su población, sobre
las relaciones internacionales y regionales. La misma ha encontrado aceptación,
respeto y respaldo en múltiples escenarios y actores en distintas latitudes.
Está comprometido a defender esos principios y contribuir a que se cumplan en
la práctica, pero ello implica continuar los esfuerzos por la reestructuración
de la impronta de la globalización imperante en los vínculos entre países y en
su arquitectura institucional. Sin ello tampoco resultará sencilla la
viabilidad del desarrollo en esta área. Ese enfrentamiento a intereses
poderosos y hegemónicos a nivel global impone la concertación para incrementar
la capacidad negociadora e ir moviendo las correlaciones de fuerzas a favor del
progreso.
También para Cuba la inserción en cadenas
regionales productivas y de servicios es una necesidad urgente, como vía para
asegurar especializaciones que tengan aseguradas mayores escalas de mercados, y
oportunidad de ganar experiencias en esta forma de operar. Adicionalmente,
algunos países más avanzados del área se pueden convertir en socios en el marco
de empresas conjuntas, participar como emisores de inversiones extranjeras
directas y copatrocinadores de proyectos, en particular los que propicien
aprovechar con mayor efectividad las potencialidades de conocimientos
científico-técnicos, como uno de los recursos con grandes posibilidades para
desarrollar las fuerzas productivas internas.
La unidad regional en defensa de la forma más
racional de explotación y utilización de los recursos naturales (incluida el
agua), de las condiciones de comercialización de las exportaciones
tradicionales, a favor del incremento del valor agregado de las mismas, así
como para conciliar posiciones en las negociaciones vinculadas a la “Agenda de
Desarrollo Post 2015” son solo algunos de los temas que justifican mayores
concertaciones y vínculos de cooperación concretos con Latinoamérica y el
Caribe, dada la prevalencia de intereses comunes al respecto.
Finalmente, debe comprenderse que la seguridad
ambiental, alimentaria y energética de Cuba y regional, únicamente se pueden
afrontar con diseños y medidas prácticas conjuntas, por parte de los actores
más progresistas de esta área, en medio de las acciones proteccionistas,
dilapidadoras y especulativas de gobiernos y otros agentes externos. Algo
semejante ocurre con las necesidades de modernización de la infraestructura vial,
férrea, portuaria, aérea, de telecomunicaciones, informática, u otras, de
elevados requerimientos financieros y tecnológicos, pero cuyos resultados
pueden beneficiar a varios países.
Así mismo, hay que resaltar que las asociaciones
con diversas naciones del área son importantes para quebrantar el orden
internacional prevaleciente en los organismos e instituciones internacionales,
así como en otros mecanismos de negociación que surgen “ad hoc”. Paulatinamente
las alianzas de distintos grupos del Sur han conquistado en los foros globales
modestas aspiraciones que parecían inalcanzables hace apenas una década.
Resulta oportuno, por ende, que Cuba participe activamente en la búsqueda de
estrategias y políticas sensatas concertadas regionalmente, y que contribuyan a
fortalecer las posiciones negociadoras en los escenarios multilaterales, cuyas
deliberaciones y acuerdos repercuten sobre esta región y este país.
En otro plano, adquiere importancia en la
coyuntura actual la posición de Cuba para contribuir a trascender el
fraccionamiento que implican los esquemas subregionales en las relaciones
comerciales, porque se precisa avanzar hacia el multilateralismo a lo interno
de Latinoamérica y el Caribe, para revalorizar las potencialidades del tamaño
del mercado regional, que también para el sector externo cubano resulta
apreciable.
Trascendiendo los móviles económico-sociales que
aconsejan la más activa participación de Cuba en los procesos integracionistas
regionales, y la mayor influencia que el país pueda proyectar desde esa
plataforma hacia el escenario internacional, resulta destacable que su
membresía y homologación con el resto de los países del área, contribuye a
legitimar externamente el proyecto cubano, que equivale a fortalecer el
blindaje de su soberanía.
Después de explicitar los obstáculos para la
inserción cubana en el movimiento integracionista regional, y las ventajas
potenciales que de ello se derivarían, resulta conveniente apuntar que en los
últimos años aumenta el protagonismo de las políticas y los sectores
públicos en los procesos de cooperación, concertación e integración,
pero se reconoce también la necesidad de elevar la incorporación a los mismos
de otros actores.
Ejemplo
de ello son
las acciones encaminadas
a dinamizar la
participación del
empresariado en el MERCOSUR, y de
diferentes sectores sociales en el ALBA. En ambos casos se trata de
un proceso gradual que se encuentra en su fase primaria. Para Cuba constituye
una necesidad estudiar y decidir la participación de los agentes empresariales,
actores sociales y otros no gubernamentales en los procesos regionales. Esta
circunstancia debe ser tenida en consideración en la reestructuración del
modelo cubano.
Otro aspecto a considerar en este análisis es
que algunos de esos mecanismos regionales conciben en sus diseños de
funcionamiento un conjunto de requisitos normativos, administrativos,
financieros, sociopolíticos, y de otra naturaleza, que no se corresponden con
la realidad cubana actual, aunque muchos de esos requerimientos están
contemplados en las expectativas de transformaciones en curso.
Las posibilidades de acercamiento de los
mecanismos operativos comerciales, aduaneros, bancarios, así como de normas de
calidad y metrología es también un factor a estudiar. Algo similar ocurre con
las homologaciones de carreras universitarias, títulos de postgrados u otras
aristas del trabajo profesional, que contribuyen a facilitar las
interconexiones en diferentes sectores.
En las presentes condiciones todas las
oportunidades de cooperación-colaboración regional e internacional que puedan
contribuir a elevar la eficacia y eficiencia del proyecto socioeconómico cubano
deben ser evaluadas en función de sus impactos a corto y largo plazo, así como
subordinar los costos de las acciones a las posibilidades reales de asumirlos,
sin renunciar a los principios consustanciales a nuestro sistema político.
Partiendo de lo antes expuesto, deben
considerarse algunas premisas que permitan la efectiva participación de Cuba en
los procesos de cooperación, integración y concertación regionales. Se
destacan, entre ellas:
• Perseguir,
como objetivo fundamental de la participación cubana en los diferentes esquemas
regionales, su contribución a las exigencias actuales de reestructuración
económico-social del proyecto, sin descuidar su incidencia en el escenario
político.
• Tomar en
consideración, para la elaboración de estrategias y políticas en este ámbito,
las disímiles exigencias y oportunidades que se derivan de la diferente
naturaleza de los procesos, según prevalezcan en las mismas características de
integración, cooperación, concertación, o combinaciones de ellas.
• Valorar
objetivamente el nivel de desarrollo que tiene hoy el país, y no sobrevalorar,
ni subvalorar las potencialidades económicas en el otorgamiento y recepción de
cooperación externa.
• Incluir
en los procesos de integración-cooperación la incorporación activa de todos los
agentes y actores socio-económicos presentes en la sociedad cubana actual.
•
Evaluar
e implementar, en
correspondencia con los
objetivos económicos y
políticos del país, los requerimientos de
cambios internos de diferente naturaleza (en los mecanismos de regulación,
legislativos, de políticas comerciales, monetario-financiero,
científico-tecnológico, y otros) para conciliar los intereses nacionales y del
entorno externo.
• Favorecer
la creación de condiciones objetivas y subjetivas para avanzar paulatinamente
hacia mayor interdependencia económica regional, y concebir estos mecanismos,
también, como vía para la reducción de asimetrías en diferentes
esferas.
Las reflexiones precedentes apuntan a
considerar, de una parte, la complejidad del proceso integracionista regional,
y de otro lado, su importancia, y la conveniencia de que Cuba aproveche sus
potenciales beneficios. Por ende, se demanda astucia, por parte de los diseñadores
de estrategias y ejecutores de políticas, para identificar coincidencias y
contradicciones; seleccionar y jerarquizar los marcos institucionales adecuados
en cada momento, las esferas de cooperación a priorizar y los temas de
concertación de máximo interés para el país. Aun cuando no se trata de una
tarea sencilla, resulta ineludible afrontarla.
Los acontecimientos acaecidos en los años
recientes corroboran que se ha producido un cambio en Latinoamérica y el
Caribe; que persiste la voluntad política de todos los gobiernos
por mantener un especio de coordinación, cooperación, y concertación,
capaz de potenciar acciones en pos de avances en las numerosas aspiraciones
comunes, identificables en una agenda propia.
Se ha logrado ese reconocimiento mutuo, aceptando
las diferencias entre las concepciones políticas, proyectos económicos y otras
especificidades, a partir de sobreponer todas las motivaciones para la unión
por encima de las diferencias. Han
resultado evidentes las potencialidades
cohesionadoras del movimiento integracionista, su pertinencia, y la renovada
expectativa de que propicie mayores relaciones Sur-Sur, para contribuir a la
conformación de un mundo multipolar. Es obvio el interés de Cuba en esa
dirección.
Algunas
consideraciones sobre los procesos que representan mayores compromisos para
Cuba en el corto plazo: ALBA y CELAC
ALBA-TCP
La iniciativa del ALBA-TCP14 representa hoy la mayor ruptura conceptual con
los mecanismos regionales precedentes de integración.15 El objetivo del proyecto, en
14 Aunque se ha mantenido el acrónimo ALBA, el
nombre ha evolucionado. Inicialmente se concibió como "Alternativa"
en oposición al ALCA. En el 2006 el acrónimo ALBA pasó a ser ALBA-TCP para
incluir el Tratado de Comercio de los Pueblos. En junio de 2009, se acordó
denominarle "Alianza" por estar más en correspondencia con el
desarrollo de sus objetivos.
15 Se diferencia del resto no sólo porque no
privilegia solamente los temas comerciales, sino porque no se plantea alcanzar
ninguna de las metas descritas por la teoría convencional de la integración como son: área de libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión monetaria.
construcción, es contribuir al desarrollo
integral sostenible de los países miembros16. Sitúa en primer plano la relación solidaria de los pueblos y el
criterio de equidad regional, reconociendo la necesidad de tratamiento especial
y diferenciado hacia los países menos desarrollados, así como a los sectores
más vulnerables.
Su alcance no se circunscribe a los países que
formalmente participan del acuerdo, ya que su influencia se extiende a otras
naciones latinoamericanas y caribeñas, a través de un conjunto de acciones de
cooperación que se enmarcan en relaciones estratégicas en el campo energético,
así como en la extensión de los beneficios de misiones sociales de educación,
salud y planes de formación profesional.
Este proyecto comenzó sus actividades
proponiendo programas latinoamericanos contra el analfabetismo, para favorecer
la gratuidad en los servicios de salud, y constituyendo fondos especiales
destinados a emergencias sociales. En las esferas productivas y de servicios,
la prioridad incluyó el sector energético, el desarrollo integrador de las
comunicaciones, el transporte y la seguridad alimentaria.
Se desarrollan actualmente ideas renovadoras
sobre ese proceso de cooperación, al tiempo que se avanza en definiciones y
experiencias prácticas en torno al Tratado de Comercio de los Pueblos
(TCP). Se concibe como una fórmula que facilite mayores interrelaciones
comerciales entre países latinoamericanos, reduciendo sus dependencias de los
mercados de países desarrollados, con los cuales se sienten en mayor medida los
efectos del intercambio desigual.
En la búsqueda de fórmulas propias de
ínter-vinculación que propicien mayor independencia al Grupo respecto a los
centros hegemónicos internacionales, se han creado comisiones de trabajo para
que propongan en la esfera financiero-monetaria, relaciones solidarias y
justas, de naturaleza alternativa al modelo prevaleciente desde finales
de la Segunda Guerra Mundial, y que es co-responsable de los actuales
desajustes y desequilibrios a nivel global. Los avances en esta dirección han
sido limitados en la práctica, aunque se reconocen las potencialidades del
Banco del ALBA y del Sistema Único de Compensación Regional de Pagos.
Se consideran iniciativas singulares de este proceso los proyectos “gran-nacionales”, denominados así en contraposición a los de carácter transnacional17; PETROCARIBE18 y TELESUR.
16 Son miembros: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba,
Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y
Venezuela. Honduras incorporada en 2008 y suspendida por tiempo indefinido en
julio de 2009 a consecuencia del golpe de Estado en ese país, finalmente
renuncia al Tratado. Otras naciones caribeñas y latinoamericanas han
manifestado interés por incorporarse como miembros plenos.
La nueva estructura económica grannacional
diseñada conceptualmente, junto a la cooperación energética, financiero
monetaria y la prioridad a los proyectos socio-culturales dibujan
las columnas de una “visión alternativa” de relaciones regionales, un
nuevo paradigma para la unidad latinoamericana y caribeña, porque genera la
posibilidad de impactar directamente en el nivel y calidad de vida de los
ciudadanos, y con ello tributar a la construcción de “la identidad” regional.
A este último objetivo contribuye también TELESUR, en su labor educativa y de
difusión de nuevos valores, con un alto espíritu integracionista.
Los programas sociales auspiciados por el ALBA
ya han beneficiado a millones de personas de los países miembros. Han estado
centrados en la esfera educativa; ampliación de los servicios de salud; acceso
a viviendas, agua potable y electricidad de los sectores más vulnerables;
superación y especialización de recursos humanos; impulso a las actividades
deportivas y técnico-científicas, además de la intensificación de la
cooperación y la promoción cultural. Algunos planes se han hecho extensivos a
otras naciones vecinas, de muy bajos ingresos y/o impactados por desastres
naturales, como es el caso de Haití.
Otro rasgo destacable del ALBA es la capacidad
de concertación que ha logrado ante determinados foros internacionales, como la
V Cumbre (Hemisférica) de las Américas, celebrado en Trinidad y Tobago y la
Cumbre sobre Cambio Climático de Copenhague, durante 2009, así como en
diferentes escenarios de las Naciones Unidas. Los mandatarios del ALBA, en el
primer caso, rechazaron el proyecto de declaración, por no reflejar con
profundidad las causas y alternativas ante la grave crisis global, originada en
los centros financieros internacionales, pero que afecta a la región
latinoamericana y caribeña en su conjunto. Los miembros del Grupo abogaron por
una cooperación sin condicionamientos, con prioridad en la inclusión social, y
sin excusas para la injerencia o el intervencionismo de las grandes potencias.
También distingue al proyecto ALBA-TCP, respecto
a los esquemas tradicionales, la instalación de la Comisión Política y el
Consejo de Movimientos Sociales, como una de las vías para lograr la
incorporación de la sociedad civil al proceso. La participación de los
Movimientos Sociales en este ámbito reviste todavía una alta
17 Ambos proyectos se diferencian porque los
principales beneficiarios en el primer caso son los países miembros del ALBA, y
en el segundo, los propietarios de las grandes empresas transnacionales. Los
bienes y servicios de las “empresas gran-nacionales se destinarán
preferentemente al mercado intra-ALBA (zona de comercio justo). Predomina en
esas empresas la forma de propiedad estatal.
18 Como ya se señaló, es el mecanismo diseñado para
impulsar la cooperación en el sector energético.
dosis de simbolismo, ya que se requiere dotar de
contenido concreto ese valioso aporte potencial. Sin dudas, lograr que se
involucre efectivamente la sociedad civil en el diseño perspectivo y la
construcción del proceso es uno de sus desafíos.
Adicionalmente, se pueden mencionar otros retos,
no menos complejos, entre los cuales se encuentran: la necesidad de lograr un
funcionamiento ágil, flexible y efectivo de las instituciones y mecanismos
creados, algunos inéditos a nivel internacional, pero de los cuales depende, en
buena medida el éxito del proyecto. Mucho se destaca la necesidad de dinamizar
el avance de las empresas conjuntas, elevar el nivel del intercambio comercial
intra-Grupo, y fortalecer la cooperación científico-técnica. Ello tropieza, en
ocasiones, con la heterogeneidad a lo interno de cada país, donde no siempre la
voluntad política de los gobiernos se corresponde con los objetivos e intereses
de ciertos sectores económicos o fuerzas políticas.
La disyuntiva entre continuar ampliando la
membresía o profundizar el proceso, es otra interrogante de envergadura,
especialmente cuando la primera alternativa pueda significar aumentar las
diferencias entre las características económico-sociales y políticas de los
“modelos” nacionales. Por último, el proyecto ALBA-TCP no está exento de
ciertas limitaciones y amenazas ya enumeradas en la primera parte de este
informe, que están presentes en otros esquemas en marcha de la región.
No obstante, este novedoso proceso de
cooperación y concertación regional es una forma cualitativamente diferente de
asociación de países. Esa conjunción de voluntades les posibilita enfrentar en
mejores condiciones algunos retos del desarrollo, y sentar las bases para
transitar hacia sociedades más justas. Gradualmente se debe continuar
fortaleciendo en ALBA-TCP los pilares de “un modesto esquema integrador.” Sin
dudas: “Nuestras naciones no tienen la capacidad, por si solas, de transformar
el orden económico internacional, pero sí el poder de sentar nuevas bases y
construir sus propias relaciones económicas”. (Castro, 2009)
En síntesis, para que la iniciativa ALBA-TCP
tribute al desarrollo endógeno de sus miembros, debe propiciar el progreso del
nivel y la calidad de vida ciudadana, con criterios de inclusión y equidad
social. En consecuencia, se requiere una fuerte vocación de concertación y
cooperación intra-Grupo y con otros procesos afines, que posibiliten la
consolidación de un mercado regional más amplio, catalizador de las
transformaciones estructurales requeridas.
Avanzar en la esfera económica para lograr los
niveles de complementariedad, dinamismo y competitividad que hagan sostenibles
los resultados logrados en la esfera social, constituye uno de los grandes
desafíos del esquema. Pero muchas de las orientaciones actuales del mismo, en
particular las prioridades de la colaboración, a favor de los ciudadanos de
menores ingresos y de reducción de las asimetrías, corren el riesgo de ser
modificadas si cambian los proyectos políticos que ostentan el poder. De ahí la
importancia de jerarquizar la interdependencia estructural
y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas propias que propicien una
integración sólida, y la inclusión de este proyecto entre las políticas de
Estado.
A
continuación se exponen algunos ejemplos concretos en los se identifican
condiciones para potenciar la asociación de Cuba con otros países del Grupo.
CADENAS PRODUCTIVAS DE
BIENES
INDUSTRIA LIGERA:
-
Productos farmacéuticos
-
Perfumería
-
Juguetes
-
Muebles
-
Carpintería de aluminio INDUSTRIA LITOGRÁFICA:
-
Impresión de libros (Ofertar capacidades)
AGRICULTURA Y PESCA:
-
Azúcar y sus derivados
-
Vegetales y frutas, frescos y procesados
(industrializados)
- Productos
biológicos estimulantes para el crecimiento y rendimiento de productos
agrícolas
- Tecnología
y procesos tecnológicos, para el desarrollo de controles biológicos de plagas y
enfermedades.
-
Crustáceos
ENERGÍA Y MINAS:
-
Colas de níquel para la producción de aceros
especiales
-
Minería de Petróleo para la producción de
combustibles
-
Aluminio
-
Energía
renovable, a partir de la energía solar y la biomasa (caña de azúcar y otras).
SECTOR SERVICIOS
Prácticamente cualquier actividad dentro de los
servicios profesionales pudiera ser objeto de la contratación, en dependencia
de las ventajas competitivas de cada país y de la capacidad de prestar
servicios más integrales, así como de atender los aspectos esenciales que son
tenidos en cuenta internacionalmente.
CADENAS DE SERVICIOS
|
-
|
Electrónica, telecomunicaciones, informática y
otros servicios varios
|
|
|
-
|
asociados.
|
|
|
Turismo de cultura, salud, educación, e
industrias proveedoras.
|
|
|
-
|
Servicios de ingeniería, combinado con bienes
y otros modos de suministro.
|
|
|
|
|
|
Servicios a extranjeros en
el territorio nacional:
Mejora de la oferta hotelera y extra-hotelera,
con el desarrollo y ampliación de nuevas modalidades y productos turísticos y
de la oferta complementaria a los viajes, que incluye un conjunto de servicios
que adicionan valor en el destino, entre ellos servicios de salud, incluyendo
servicios de calidad de vida, culturales y de esparcimiento, de gastronomía y
comercio minorista, entre otros, y que generan un mayor gasto por turista.
Comercio Transfronterizo:
Cursos a distancia, participación en redes de
debate y segundas opiniones, consultas por redes, entre otros servicios, que
pudieran ser respaldados por el importante potencial de profesionales cubanos.
Principales
sectores, subsectores y proyectos integrales de exportación que pueden ser
potenciados:
§ Servicios médicos en Cuba y en el exterior,
incluyendo los prestados por personal paramédico.
§
Servicios
educacionales.
§
Proyectos
de control de vectores.
§
Proyectos
ingenieros para instalación de plantas completas.
§
Proyectos
eléctricos integrales.
§
Proyectos de soluciones de
ahorro energético, incluyendo el uso de la energía renovable.
§
Sistemas
integrales para la utilización de módulos fotovoltaicos.
§
Proyectos
para las transmisiones de Radio y TV.
§ Aplicaciones informáticas y soluciones de
automatización de procesos industriales.
§
Servicios
de suscripción de publicaciones periódicas.
§
Servicios
de y para espectáculos.
§
Servicios a
agencias de prensa y servicio de representación artística.
§
Servicios de producciones cinematográficas.
§ Coproducciones, ventas de DVD, arrendamiento de
espacios publicitarios y otros.
§
Servicios técnicos en eventos deportivos.
§ Entrenamiento deportivo y cursos preparatorios
en Cuba y on line, en disciplinas deportivas y formación de personal de apoyo.
§
Asistencia
técnica en el sector de la construcción y viviendas.
§ Contratación de profesionales, técnicos y
operarios calificados del sector de la construcción.
§
Diseño y
gestión de proyectos y obras de construcción.
§
Servicios
de diseños de arquitectura e ingeniería.
§
Contratistas
y subcontratistas generales.
§
Alquiler de
equipos de construcción y marítimos especializados.
CELAC
La creación de la nueva organización de
Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) constituye la materialización
de una antigua aspiración de esta región, absolutamente pertinente y
valiosa en estos momentos. Resulta entonces decisivo lograr la máxima colaboración
de Cuba para llevar a la práctica acertadamente sus principios, objetivos y
acciones fundamentales, así como controlar de forma efectiva el cumplimiento de
los compromisos contraídos en ese marco.
El nacimiento mismo de la CELAC es ya un avance
en la compleja estrategia encaminada a reestructurar las relaciones
internacionales en el ámbito global, y una evidencia de que en estos momentos
se ha producido un giro favorable hacia la autodeterminación en América Latina
y el Caribe, realidad en que mucho ha influido la política exterior cubana.
A poco tiempo de creada la CELAC, múltiples han
sido las evaluaciones realizadas sobre ese acontecimiento, desde diferentes
perspectivas y posiciones ideológicas, pero la mayoría de los analistas
coinciden en catalogarla como un acontecimiento relevante por su significación
cohesionadora, sin la presencia de actores foráneos.
La CELAC no está exenta de todas las amenazas
externas y obstáculos internos que han conspirado históricamente contra la
unidad de la región.
Resultaría equívoco sobredimensionar las
posibilidades del nuevo foro, que no ha sido creado para edificar una
base económica común, y carece de condiciones para ello.
Sin embargo, la CELAC puede contribuir a
conformar una visión estratégica de desarrollo sostenible de la región en
momentos donde los tradicionales “socios ricos” tienen poco que ofrecer en
términos prácticos comerciales o financieros, así como en materia de
experiencias asociativas o programas para reducir los efectos de los embates
recesivos. Contrariamente la cooperación intra-regional tiene aún muchas
reservas por explorar, como se ha expuesto anteriormente.
No es obvio reiterar que la unidad lograda por
la CELAC no se basa en igualdad de posiciones políticas, modelos económicos, ni
aliados extraterritoriales, sino en un denominador común, cuyo mantenimiento
demanda una gran astucia y equilibrio. Es común “la aspiración de avanzar hacia
sociedades más justas, democráticas e independientes. Pero cada gobierno ha
seleccionado las vías y mecanismos de gestión que considera coadyuvará a lograr
dichos propósitos, y todos han reiterado el necesario respeto cabal a su
autodeterminación.
Esas trayectorias y las políticas adoptadas son
heterogéneas, y en algunos casos divergentes. Por ello es decisiva la
contribución de Cuba para continuar identificando, en el marco de las
coordinaciones vinculadas a la “Agenda de Desarrollo Post 2015” las
coincidencias de objetivos estratégicos entre diferentes proyectos/países, y
las sinergias que se puedan generar entre los mismos, así como también reverenciar sus diferencias.
Los programas de trabajo de la CELAC serán el
resultado de la correlación de fuerzas prevaleciente en cada
momento, dada la pluralidad ideológica y de modelos socioeconómicos que
caracteriza a la región. No es factible, por ende, aspirar a proyectos muy
ambiciosos, ni que la institucionalidad en construcción responda a expectativas
de alto alcance. En ese contexto, las propuestas de Cuba se deben adecuar a lo
que objetivamente sea factible lograra corto y mediano plazo.
No obstante, resulta conveniente esclarecer qué
sería lo deseable para que ese foro favoreciera la reestructuración en marcha
del proyecto cubano, y su mejor inserción en la economía regional e
internacional. Hacia esa dirección deberían fluir las acciones de Cuba.
Seguidamente se señalan algunas de las “visiones” sobre la CELAC
coincidentes con los objetivos estratégicos del país:
• Un mecanismo
capaz de encausar el diálogo, intercambio, negociación y concertación
multilateral para llevar adelante una agenda de paz, soberanía regional y
seguridad ciudadana para los pueblos latinoamericanos y caribeños.
• Una
CELAC consolidada como legítima y reconocida comunidad regional, que impulse la
cooperación entre Estados latinoamericanos y caribeños, con absoluto respeto a
la diversidad, con el propósito de estimular el avance conjunto en pos del
progreso de todos.
• Una voz
concertada en las deliberaciones de aquéllos temas en que la región posee
intereses afines. Sería óptimo que lograra llegar a expresarse como
representante de toda la comunidad ante acontecimientos relevantes, en foros
internacionales y frente a otras regiones o países.
• Promotora
de la vigorización de las relaciones de cooperación en sectores estratégicos
productivos y de servicios, de gran importancia económico- social, donde se
deben propiciar complementariedades o eslabonamientos a escala mayor a las
subregionales, con vistas a elevar la participación regional en los escenarios
internacionales.
• Que
priorice la atención a las esferas de educación, cultura y a la tecno- ciencia,
así como al desarrollo de la “inteligencia social” para contribuir a mejorar la
capacidad innovadora de la región y propiciar una inserción más competitiva y
sostenible en el contexto mundial.
• Una
CELAC que coadyuve al fortalecimiento y mayor relacionamiento de los bloques
subregionales y regionales del área, así como a promover la noción de que la
vigorización de dichos mecanismos favorecedores del progreso regional precisan
transformaciones económico-sociales a lo interno de los países miembros,
coincidentes con ese objetivo.
• Que
priorice las vías para fortalecer la interacción entre las instituciones de cooperación
e integración de Latinoamérica y las del Caribe, de forma que esta última
subregión se sienta partícipe plena del foro más amplio y se generen
atracciones recíprocas, de mutuo provecho.
• Una
Comunidad competente para inclinar a su favor la correlación de fuerzas en las
relaciones interamericanas dentro de la OEA. Capaz de potenciar la fortaleza de
la región en el diálogo o la confrontación con Estados Unidos o frente a
intereses de
otras potencias en el seno de la cada vez menos
prestigiosa organización panamericana, y bien preparada para continuar
exigiendo la necesaria reestructuración de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
•
Un foro promotor del fortalecimiento de las
relaciones Sur-Sur y de todas las acciones que puedan consolidar la
conformación de un mundo multipolar.
Recomendaciones.
Propuestas para potenciar la inserción de Cuba en los procesos regionales de
cooperación, integración y concertación.
EN ALBA-TCP
● Priorizar
como objetivo estratégico el progreso económico y la elevación del bienestar de
la población de los países miembros.
●
Combinar armónicamente las distintas formas de
propiedad y gestión de éstas para formar cadenas productivas y de servicios con
otros países miembros, en las cuales Cuba participe atendiendo a una adecuada
combinación de ventajas cooperativas y competitivas.
●
Impulsar la conformación de empresas
grannacionales y mixtas destinadas a garantizar la producción y financiamiento
de los sectores estratégicos para el desarrollo, así como para los bienes y
servicios de alto impacto en la
satisfacción
de necesidades de la población, atendiendo a los estándares internacionales de
calidad y eficiencia.
●
Contribuir a diversificar las asociaciones
económicas, las relaciones comerciales, y las fuentes de financiamiento del
ALBA, incluyendo modalidades y socios no tradicionales. Promover acciones para
lograr relativa estabilidad en las condiciones de comercialización de los
principales productos de exportación de los países del ALBA.
● Favorecer
vínculos directos entre todos los agentes económicos y actores sociales.
● Continuar
ampliando el mercado intra-Alba, y perfeccionar los mecanismos
monetario-financieros para la facilitación de dicho comercio.
●
Auspiciar la creación de redes de investigación
e innovación en los marcos del ALBA, que se pueden encadenar a otros ámbitos de
la región e internacionales. Liderar dichas redes, siempre que ello sea posible
y conveniente.
●
Evaluar el impacto de incrementar paulatinamente
las facilidades para el movimiento de ciudadanos del ALBA entre los países miembros,
el reconocimiento de derechos sociales y la homologación de títulos
universitarios en carreras cuyos planes sean afines. Estudiar las posibles vías
y mecanismos para las acciones que resulten mutuamente ventajosas.
●
Promover en el seno del ALBA y en sus países
miembros, formas de participación ciudadana cualitativamente superiores,
paralelamente a las transformaciones políticas y estructurales que tienen lugar
a niveles nacionales.
●
Evaluar las oportunidades y desafíos que se
derivan de un reconocimiento institucional del ALBA, a nivel internacional, así
como los plazos para obtener resultados de dicho balance.
●
Impulsar variantes de mayor inter-vinculación
ALBA-MERCOSUR- UNASUR.
EN EL
CARIBE
●
Fortalecer los vínculos con la Secretaria de la
CARICOM, así como evaluar la
conveniencia
de oficializar la presencia cubana con el estatus de Observador, tal como lo
tienen otros países de la región y extra- regionales.
●
Identificar, mancomunadamente con agentes
económicos caribeños, la cartera
de bienes y servicios comercializables y los
encadenamientos productivos potenciales a los que pudiera vinculase Cuba.
Resultan de utilidad a este propósito las cámaras de comercio y las
asociaciones de empresarios.
● Establecer
objetivos diferenciados, según los países y sus potencialidades específicas.
●
Someter a análisis las dificultades que los
gobiernos caribeños han identificado y registrado de forma bilateral y
públicamente en sus sitios web, en relación al intercambio recíproco, razón por
la cual perciben que no está jerarquizado el comercio intra-caribeño por parte
de Cuba.
●
Mantener los niveles de cooperación económica y
social ofrecida, en correspondencia con la capacidad económica del país,
privilegiando los acuerdos que responden a estrategias conjuntas para generar
capacidades productivas en el país receptor, estableciendo mecanismos de
compensación y reciprocidad en los aspectos, condiciones y modalidades que lo
ameriten, cuando ello sea posible.
●
Fortalecer la cooperación internacional
triangulada en ámbitos que son de interés de los países, para consolidar los
mecanismos de diálogo y alianza política en el área.
● Avalar
la presencia de Cuba en CARIFORUM con el nivel y profundidad de las relaciones
económicas bilaterales que se alcancen.
●
Concentrar la participación de Cuba en los temas
referidos al medio ambiente y el cambio climático en la Asociación de Estados
del Caribe, para buscar resultados
legitimadores de dicho proceso.
EN LA
ALADI
●
Elevar la proporción y el universo de bienes
exportables canalizados a través de la ALADI, ya que es uno de los organismos
de mayor legitimidad institucional al que Cuba pertenece, y menos de un cuarto
de sus ventas intrarregionales hacen uso de las preferencias arancelarias.
●
Evaluar la conveniencia de incluir en ese marco,
compromisos de Cuba en materia de liberalización de servicios comerciales
(ampliación del alcance sectorial de los acuerdos).
●
Acelerar
las modificaciones necesarias en
políticas y regulaciones cubanas
sobre IED, dados los vínculos entre comercio e
inversión extranjera, para ampliar la variedad de la oferta e incrementar la
competitividad de los bienes y servicios cubanos en los mercados de los
miembros de la ALADI.
EN EL MERCOSUR
●
Favorecer, a través de incentivos diferenciados,
las inversiones de los miembros del MERCOSUR en Cuba, siempre que cumplan los
requisitos de desempeño establecidos por la legislación cubana.
●
Constituir cámaras empresariales con los países
del MERCOSUR que exploren y propongan, desde una perspectiva sectorial, las
posibilidades de acciones económicas conjuntas.
●
Crear asociaciones con empresas brasileñas,
argentinas y uruguayas para la producción y comercialización de productos de la
industria farmacéutica y otros de la biotecnología. Evaluar la inserción en la
cadena de valor de medicamentos del MERCOSUR y en otros eslabonamientos de alto
valor agregado.
● Desarrollar
capacidades conjuntas de investigación, desarrollo e innovación en áreas de
interés compartido, en las que se identifiquen beneficios mutuos.
●
Ampliar la participación en la cartera de
préstamos del BNDES.
●
Indagar los códigos bajos los cuales el Grupo de
Relacionamiento Externo del MERCOSUR (GRELEX) fomentará las relaciones con
terceros, para valorar
posibles estrategias conjuntas.
EN
UNASUR
●
Propiciar mayor relacionamiento de Cuba con
UNASUR, a través del ALBA.
EN CELAC
●
Contribuir a continuar precisando los objetivos
de la CELAC y sus nichos específicos de acción, en marcos temporales, tomando
en cuenta los intereses del proyecto cubano de inserción externa.
●
Conciliar posiciones, sistemáticamente, en temas
estratégicos, con los países que integran el núcleo duro del ALBA, y muy
especialmente con Ecuador, dado que en el 2014 se incorpora ese país al
“cuarteto” que coordinara la ejecución de los planes de la CELAC, y ocupará su
presidencia pro-témpore, después de Costa Rica, en 201519.
●
Favorecer que la CELAC atienda con prioridad
temas de carácter transversal de especial interés para Cuba, tales como:
preservación del medio ambiente, defensa de los recursos naturales, reducción
de las desigualdades sociales y de las asimetrías entre países, así como el
cumplimiento y superación de los Objetivos del Milenio (particularmente los
referidos a pobreza, educación y salud20).
Respecto a los proyectos sectoriales privilegiar los de máximo interés común de
la región, y de especial sensibilidad para la ciudadanía: estabilidad
energética, seguridad alimentaria y progreso de la infraestructura, entre
otros.
●
Persistir en la conveniencia de avanzar
conjuntamente hacia la edificación de una arquitectura regional propia en
materia comercial, financiero- monetaria, y de cooperación internacional, que
vaya reduciendo paulatinamente la dependencia del área respecto al entramado
institucional vigente a escala global, sin renunciar a la lucha por la
reestructuración de ésta.
●
Apoyar la intensificación de vínculos de la
CELAC con actores internacionales que van ganado peso en los intereses de
América Latina, como es el caso los países de Asia-Pacífico, y en primer lugar,
China, Japón, India y Corea del Sur, así como Rusia, Sudáfrica y algunos del
Medio Oriente. Favorecer el incremento de la capacidad negociadora frente a
ellos, y contribuir a consolidar su carácter de interlocutor ante otras
agrupaciones y grandes potencias, como la Unión Europea y
Estados Unidos.
19Por las mayores coincidencias en las políticas
externas cubana y ecuatoriana, será de gran utilidad esa coordinación, para
potenciar los resultados de este foro en los próximos años, y dejar consolidada
una clara vocación de unidad, sin subordinación a intereses foráneos. Dicho
acople resulta especialmente útil en los temas vinculados a la “Agenda de
Desarrollo Post 2015”
20En materia de Educación resulta insuficiente la
referencia a los ODM. Además de priorizar el combate contra el analfabetismo,
lograr la universalidad de estos servicios y su gratuidad, se precisa la
elevación de la calidad de la educación en la región, y el avance hacia la
acreditación y homologación de la enseñanza de nivel superior.
Conclusiones
1.
Los
procesos asociativos regionales y
bi-regionales constituyen una pujante
y
creciente tendencia en las
relaciones económicas internacionales contemporáneas, a la cual no se puede
resistir ningún país que se proponga dinamizar su desarrollo. Para Cuba
constituye un imperativo diversificar y perfeccionar su inserción en el contexto
latinoamericano y caribeño, especialmente a partir de una participación
más activa de su esfera económica en los esquemas de cooperación,
integración y concertación, teniendo en cuenta las especificidades de
estas diferentes perspectivas.
2.
El proceso integracionista en Latinoamérica y el
Caribe reviste una alta complejidad, por diversos factores: la
multiplicidad de esquemas vigentes, limitaciones institucionales de los
mismos, e insuficientes coordinaciones entre ellos; heterogeneidad de objetivos
y actores promotores; y superposición de espacios de actuación, así como
diferente prioridad otorgada al mercado regional o al extra-regional en la
aplicación de mecanismos comerciales, financieros y de colaboración. A ello se
adicionan los permanentes esfuerzos desintegradores de intereses foráneos.
Se precisa profundo y actualizado conocimiento de esa realidad y una
estrategia diferenciada de relacionamiento para cada proceso, que tome en
consideración los beneficios y costos de las acciones previsibles en cada
momento concreto. El diseño de escenarios prospectivos sobre esta
esfera es decisivo para garantizar políticas acertadas y pro-activas.
3. Destacan,
entre los beneficios potenciales para Cuba de una certera estrategia de
inserción en los procesos integracionistas regionales lograr: mayor
correspondencia entre la interdependencia económica y la importancia
geoestratégica que reviste América Latina y el Caribe para el país; incremento
de la capacidad negociadora externa sobre los temas de su interés que puedan
ser avalados por otros países del área; más amplias posibilidades de participar
en cadenas regionales de valor en sectores
productivos y de servicios; aprovechamiento del aumento del tamaño del mercado
para exportaciones
nacionales o derivadas de empresas conjuntas; la
generación de oportunidades adicionales para atraer inversiones extranjeras
directas e integrar redes científico-técnicas; mejoramiento de condiciones para
defender el racional aprovechamiento de los recursos naturales, el aumento de
su valor agregado y las condiciones de comercialización de las exportaciones
tradicionales o nuevas.
4.
El abordaje de la seguridad alimentaria y
energética, así como la modernización de la estructura económica y
complementariedad infraestructural, unida a la sostenibilidad y diversificación
del turismo u otros servicios profesionales del país, resultan objetivos menos
complejos en los marcos de procesos integracionistas. Por último, y no de menor
trascendencia, el mayor respeto por la singularidad del proyecto cubano, que se
materializa en su reconocimiento como un actor activo dentro de la comunidad
regional, contribuye a legitimar externamente el proyecto cubano, que equivale
a fortalecer el blindaje de su soberanía.
5. El
actual proceso de perfeccionamiento del modelo cubano, con relación a los
esquemas asociativos regionales, debe tomar en consideración la necesidad y
conveniencia de incorporar a todos los agentes y actores socioeconómicos
presentes en el país, así como identificar y evaluar los cambios internos
requeridos, de diferente naturaleza, para
compatibilizar los intereses nacionales y del entorno externo. Ello amerita una
investigación complementaria al presente informe.
6. El diseño
estratégico del perfeccionamiento de la inserción de Cuba en los diferentes
procesos integracionistas regionales requiere una investigación específica, con
enfoque sistémico, porque incumbe a esferas productivas, de servicios
y del desarrollo infraestructural, así como a las dimensiones de políticas
comercial, financiero-monetaria, cultural y científico-técnica e innovación.
Las mismas deben estar en sintonía con los objetivos de la política interna.
Las acciones a implementar, así como el control de la ejecución de las mismas
imponen una alta coordinación entre diversos organismos e instituciones del ámbito
interno y del sector externo. Resulta aconsejable evaluar la conveniencia de
crear grupos multisectoriales para estos propósitos.
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