A los economistas nos encanta discutir sobre nuestro lugar en el mundo. Siendo muchos los que pensamos, como Tony Atkinson, que no tiene sentido ser economista si no es para ayudar a construir una sociedad y un orden internacional mejores, una de nuestras obsesiones es resultar útiles para las decisiones de políticas económicas. En mi caso, ya dejé claro en la motivación de este libro que esa inquietud fluctúa entre la segunda y la tercera posición de la lista de mis manías de cualquier tipo.
La influencia de los economistas en los debates públicos y en las decisiones de política económica varía entre países. Es bastante elevada en Estados Unidos y en el Reino Unido (al menos lo era antes del debate sobre Brexit) y escasa en Francia y España. Agnès Bénassy-Quéré, Olivier J. Blanchard y Jean Tirole, en una nota para el Consejo de Asesores Económicos francés, identifican los límites del conocimiento económico, las actitudes de los economistas, sus interacciones con las administraciones públicas y con los medios, y otras barreras que dificultan el buen uso del conocimiento económico… en Francia. A continuación resumo sus principales conclusiones y recomendaciones y mis opiniones sobre si son aplicables a la realidad española.
Las limitaciones…
Para empezar conviene definir (una vez más) de quiénes estamos hablando. Según Bénassy-Quéré, Blanchard y Tirole, un economista es quien “hace uso diario de sus aptitudes y conocimientos para comprender (o ayudar a otros a comprender) fenómenos económicos”. Al contrario que en otros oficios, no hay una certificación profesional que acredite tales aptitudes, conocimientos y dedicación. Por eso proliferan, en todos los ámbitos, personajes que “se presentan como economistas sin tener las cualificaciones necesarias para ello” (para los que he propuesto la denominación de econópatas).
Los economistas influyen en el proceso de decisión de políticas económicas por tres vías y en todas ellas de manera limitada. Una es su participación directa como gestores administrativos o, por ejemplo, miembros de gabinetes ministeriales o de bancos centrales (con mayor frecuencia, como “fontaneros” o “sherpas”, en la jerga endogámica, que como directores, gobernadores, ministros o presidentes de instituciones con competencias en materias económicas). En Francia esta participación es poco frecuente por el predominio en estas labores de cuerpos de funcionarios de élite, procedentes de su prestigiosa Escuela Nacional de Administración. En España ocurre algo similar, si bien aquí son los Técnicos Comerciales del Estado los que mayoritariamente ocupan esas posiciones.
Otra es la participación indirecta mediante contribuciones a comités de trabajo, consejos de asesores económicos u otros grupos de consultoría de las administraciones públicas. En Francia existe un consejo de asesores económicos de larga y excelente tradición, aunque no tanta como la del CEA de Estados Unidos, que parece resistir incluso a Trump. No obstante, la influencia de los economistas en este caso depende de la recepción que los políticos otorguen a los informes emitidos en el seno de este tipo de grupos de trabajo. En España no existe un consejo de asesores económicos como tal y tampoco parece haber mucha confianza en las recomendaciones de grupos de expertos nombrados ad hoc para informar sobre cuestiones económicas.
Finalmente, los economistas pueden influir difundiendo su conocimiento entre la clase política y la opinión pública. Pero para tal fin dependen de los medios de comunicación. En Francia, la investigación económica en los medios y los economistas académicos en las redes sociales, tienen menor presencia que en Alemania y, por supuesto, que en Estados Unidos. Sobre España no dispongo de datos fiables pero me aventuraría a conjeturar que ambas cosas son aun menores que en Francia.
Los economistas tenemos también mucha culpa de nuestra escasa influencia. Debemos mejorar a la hora de comunicar lo que sabemos, lo que no sabemos, y los conflictos de intereses e ideológicos que condicionan nuestras conclusiones y recomendaciones. También tenemos que explicar mejor en qué consiste nuestras ventajas comparativas: interpretar (bien) los datos, identificar relaciones económicas relevantes, y proporcionar argumentos completos que tengan en cuenta el comportamiento de todos los precios, las rentas y los mercados que condicionan la transmisión de los efectos de las medidas de política económica.
y algunas recomendaciones para superarlas
Esto es lo que Bénassy-Quéré, Blanchard y Tirole recomiendan para superar las limitaciones al buen uso del conocimiento económico en Francia.
A los economistas, en primer lugar, tres reglas de comportamiento ético: debatir sobre ideas, no sobre personas (evitar argumentos ad hominen); no decir nunca en público o escribir en informes para políticos o medios cualquier cosa que no estén dispuestos a defender frente a sus colegas; y nunca emitir opiniones sobre materias en las que su conocimiento sea demasiado vago. Las asociaciones profesionales de economistas deberían difundir estas buenas prácticas y obligar al cumplimiento de una carta ética que incluya la declaración de conflictos de intereses e ideológicos. Y todo ello ha de hacerse de manera transparente y accesible a la opinión publica y, en particular, a los medios de comunicación social. También recomiendan la constitución de paneles de expertos económicos que, actuando bajo estas normas éticas, sean consultados regularmente sobre cuestiones prácticas y proporcionen el consenso existente (o no) entre los economistas acerca de dichas cuestiones (como, por ejemplo, este panel)
A los políticos, perder el miedo a los economistas y establecer mecanismos regulares de comunicación con ellos. Por ejemplo, sería muy conveniente que hicieran un uso sistemático de equipos de investigadores para la evaluación de políticas públicas. También que en las administraciones públicas se abrieran más puestos de responsabilidad a profesores-investigadores y que se gestionaran las carreras individuales en estos puestos de una manera más transparente para que la movilidad entre las posiciones académicas y los puestos de responsabilidad de las Administraciones Públicas con competencias en políticas económicas pueda aumentar significativamente.
A los periodistas, adquirir mejor información (y formación) sobre las cuestiones económicas que difunden a la opinión publica. Dos medidas pueden resultar útiles a tal fin. Una es prestar mayor atención a índices de aptitudes y conocimientos de los economistas y a su cumplimiento de las normas éticas citadas anteriormente; otra es participar en seminarios y sesiones de formación sobre cuestiones económicas donde puedan interactuar más estrechamente con investigadores económicos acreditados.
También en España, todos (economistas, políticos y periodistas) deberíamos tener en cuenta estas recomendaciones muy seriamente y con urgencia.
