Ricardo Torres • 19 de febrero, 2018
LA HABANA. En las sesiones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2017 se anunció la aprobación de una nueva política para el sector no estatal, cuyos detalles no se han hecho públicos, y tampoco ha sido discutida con las partes interesadas. Ya han transcurrido seis meses desde que se detuvo la aprobación de nuevas licencias en las categorías más demandadas, y ni siquiera se pudo decir cuándo se volverán a emitir.
Estas son algunas de las transformaciones anunciadas. En relación a las cooperativas se establece que estas solo podrán vender bienes o servicios en la provincia donde tienen el domicilio fiscal; habrá un límite máximo a la relación de ingresos entre el que más gana y el que menos, en este caso fijado en tres veces. Respecto al “cuentapropismo” se anunció que habrá transformaciones en el alcance de algunas categorías, otras que son afines se integrarán en una sola, mientras que se autorizará una sola licencia por persona natural.
Tomados en su conjunto, los cambios divulgados sin mayores detalles introducen restricciones adicionales al sector no estatal. La afectación llega tanto a los que ya tienen recursos invertidos, como a los que estaban considerando una decisión de ese tipo.
Una vez más (ya ocurrió a inicios de los 2000) se propone cambiar las reglas de juego a mitad del partido. Esto eleva notablemente el riesgo asociado —que ya era muy alto— y desalienta la inversión y la contratación de nuevos empleados. La incertidumbre alimenta la maximización de beneficios a corto plazo, la evasión fiscal y la informalidad. La contratación formal de fuerza de trabajo es ahora más costosa. Cuba es posiblemente el único país en el mundo donde la creación de empleo – en el sector no estatal- está gravada con un impuesto progresivo. Este ciclo aumenta el interés por las actividades de alto y rápido retorno, y deja muchos proyectos viables sin recursos. Todo esto en un país que invierte menos de la mitad de lo que necesita, es decir, que requiere más inversión, no menos.
Que las cooperativas no agropecuarias solo puedan operar en la provincia de su domicilio legal implica que se achica el mercado potencial. Tampoco parece una buena idea que el Estado imponga un criterio para distribuir los ingresos. El límite sugerido no toma en cuenta la diferencia en exposición al riesgo entre socios y empleados, que recae desproporcionadamente en los primeros. Por cierto, la proporción establecida (diferencia máxima de tres veces) es menor que la diferenciación salarial de los trabajadores estatales en la década de los ochenta.
Esta decisión amerita un análisis más profundo porque traslada una noción de equidad errónea y alejada de la realidad socioeconómica cubana. Primeramente, se discute mucho sobre desigualdad y distribución de ingresos, pero no se conocen datos fidedignos al respecto. Esto impide conocer a ciencia cierta dónde estamos ahora, cuál ha sido la trayectoria reciente y dónde nos ubicamos respecto a otros países comparables. Seamos honestos, un debate de este tipo sin cifras no tiene ningún sentido.
En segundo lugar, pareciera que hay una preferencia a hablar de desigualdad de ingresos y tomar los salarios del sector público como referencia. Las conclusiones más comunes giran en torno a que la desigualdad ha crecido desde los noventa, debido a la crisis económica y también la emergencia del sector no estatal, siendo este último el candidato predilecto.
Pues bien, ¿qué tal si se considera la desigualdad en la posesión de activos (tierra, casas, autos), que no se originó en los noventa, sino que tiene un largo recorrido que no pudo ser torcido completamente entre 1959 y 1989? Antes de 1990 esos activos no producían una renta (dado que no existía un entorno de mercado que lo hiciera posible), por lo tanto, no hacían una contribución significativa a las diferencias de ingresos, aunque probablemente sí a la de riqueza y bienestar. Eso cambió.
Desde 2010, cuando se comenzó a flexibilizar el ejercicio del cuentapropismo y luego en 2013, cuando se empiezan a crear las cooperativas no agropecuarias, el sector no estatal ha enfrentado un marco regulatorio inadecuado y siempre cambiante, con escaso acceso al crédito, a suministros con precios competitivos, al mercado, y enormes restricciones en relación al tipo de actividad que se puede ejercer.
En el caso de las cooperativas, su aprobación requiere un acuerdo del Consejo de Ministros, un exceso (si es posible en nuestro caso) de discrecionalidad. No obstante, en categorías claves como creación de puestos de trabajo e ingresos al Presupuesto del Estado a través de impuestos, su desarrollo puede calificarse como excepcional.
En el gráfico siguiente se aprecia claramente que la única forma de propiedad que tiene una contribución neta positiva a la creación de empleos es el sector privado, siendo el “cuentapropismo” el responsable del 72% de este resultado. Si bien el empleo en las cooperativas no agropecuarias ha crecido, el saldo es negativo para el sector cooperativo debido a la pérdida de empleo en las agropecuarias. Uno de los aportes esperados era que se constituyera en una alternativa de empleo. Teniendo en cuenta las circunstancias en que tuvo lugar, el encargo ha sido cumplido con creces.
Otro aspecto. Si se analizan las partidas de ingresos al presupuesto, se observa que la que corresponde a los impuestos sobre ingresos personales, en la que figura prominentemente los que paga el sector no estatal, es la que más rápido ha crecido desde 2009 hasta 2016, unas 4,9 veces el valor de aquel año. Aunque un análisis detallado requeriría un mayor nivel de desagregación de datos, porque el sector no estatal paga otros tributos como impuestos sobre ventas, contratación de fuerza de trabajo, y contribución a la seguridad social, entre otros.
No obstante, es razonable pensar que estas contribuciones han aumentado más rápidamente que el número de trabajadores, por lo que en promedio estos pagan más impuestos que hace diez años. Estos números dicen claramente que el sector privado y cooperativo está en condiciones de hacer un aporte significativo al desarrollo nacional, que la sociedad ya ha reconocido este papel, y que su potencial está lejos de agotarse. Más allá de los datos, el sector no estatal también ha ofrecido una alternativa para que muchos cubanos decidan apostar por un proyecto personal en Cuba, que traiga realización profesional y mejores ingresos.
Uno de los argumentos utilizados para justificar los cambios fue que se habían observado comportamientos negativos y desviaciones del propósito original. Seguramente hay ilegalidades y otros males vinculados al sector no estatal. Lo que habría que conocer es qué proporción de esas son inducidas por las falencias del marco regulatorio, sobre todo un tipo específico de normas que parecen redactadas desde un desconocimiento asombroso de la realidad o de leyes objetivas que gobiernan la actividad productiva. ¿Acaso no existen también muchos problemas en el sector público?
En lugar de limitar el desarrollo del sector no estatal, Cuba necesita pensar cómo va a aprovechar al máximo sus recursos humanos. La proporción de la población en edad laboral que no tiene un empleo formal es hoy del 35%, unas 2,3 millones de personas, un incremento de 1,2 millones desde 2009 (se han descontado los estudiantes universitarios). Con el fin del bono demográfico, la emigración y el envejecimiento de la población, se va reduciendo una de las fuentes fundamentales de crecimiento económico, el factor trabajo. Crear empleos y aumentar la productividad requieren inversión, y esta, un marco seguro y predecible. No parece que estos cambios apunten en esa dirección.
Existe hoy un gran entusiasmo respecto a la inversión extranjera. Deberíamos recordar que en ninguna experiencia exitosa de desarrollo, el capital extranjero y el ahorro externo han sustituido al capital doméstico. Todo lo contrario, el desarrollo es y sigue siendo a pesar de la globalización, un proceso de transformación esencialmente endógeno, que requiere movilizar recursos y talentos propios. El esquema actual favorece sobremanera al capital extranjero (sin que tampoco para este sea un camino de rosas), por encima de la contribución que pueden hacer los propios cubanos que fundan nuevos emprendimientos. Limitar el desarrollo del sector no estatal no traerá la prosperidad necesaria, la que según la “Conceptualización”, es una condición necesaria para la sostenibilidad de nuestro modelo. Otra oportunidad perdida.
Existe hoy un gran entusiasmo respecto a la inversión extranjera. Deberíamos recordar que en ninguna experiencia exitosa de desarrollo, el capital extranjero y el ahorro externo han sustituido al capital doméstico. Todo lo contrario, el desarrollo es y sigue siendo a pesar de la globalización, un proceso de transformación esencialmente endógeno, que requiere movilizar recursos y talentos propios. El esquema actual favorece sobremanera al capital extranjero (sin que tampoco para este sea un camino de rosas), por encima de la contribución que pueden hacer los propios cubanos que fundan nuevos emprendimientos. Limitar el desarrollo del sector no estatal no traerá la prosperidad necesaria, la que según la “Conceptualización”, es una condición necesaria para la sostenibilidad de nuestro modelo. Otra oportunidad perdida.
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