Por Pedro Monreal , El Estado como tal.
Supongamos que quienes escribimos desde una perspectiva académica, es decir desde el “conocimiento sin poder”, deseáramos influir en las decisiones de política económica y social de Cuba, o sea, en las disposiciones que adoptan los dirigentes políticos y los funcionarios del gobierno cubano. ¿Qué tipo de conocimiento sería efectivo para tal propósito?: ¿La teoría? ¿La evidencia resultante del análisis? ¿La ideología? ¿Acaso alguna combinación de lo anterior?
No voy a dedicarle tiempo a refutar las falsedades acostumbradas que desliza el Dr. García Valdés respecto a lo que escribo. Tampoco tiene sentido dedicarle tiempo a enmendar las imprecisiones con las que el Dr. García Valdés se empina para construir su crítica.
Lo que he escrito sobre temas de propiedad y empresa está publicado y espero que el lector pueda encontrar elementos que le permitan percatarse de la incongruencia entre lo que he escrito y la visión torcida que el Dr. García Valdés intenta proyectar.
Me concentraré, por tanto, en una idea expresada por el Dr. García Valdés cuya discusión considero que pudiera contribuir positivamente al actual debate sobre la reforma económica y social del país. Se trata del posible aporte del “plano científico”.
Específicamente, me refiero al párrafo final en el cual el doctor relaciona la ciencia con lo que hemos estado llamando el “tema de los temas” (la propiedad). Ha expresado el doctor que “Es precisamente en la confrontación de ideas acerca de cuál deberá ser el tipo y formas de propiedad que presida el movimiento económico hacia el socialismo (o hacia el capitalismo) y se constituya en el garante fundamental del desarrollo económico, social y humano de la mayoría de los cubanos (o de una minoría de estos) donde podemos encontrar, en un plano científico, el problema de los problemas”.
La relación que va desde la teoría hacia la política pública y finalmente hacia la práctica (¿o debería ser al revés)
A riesgo de esquematizar, esa es una relación que conviene presentarla de manera simple, especialmente cuando se trata de hacer una discusión que pudiera ser comprensible en el debate político.
La teoría consiste en las ideas relativas a lo que se desea ver hecho. La política pública es acerca de cómo se intenta alcanzarlo. La práctica consiste en hacerlo en la realidad concreta, allí donde existen las personas que van a tener que vivir con las consecuencias de las ideas.
Por ejemplo, una teoría pudiera definir que la empresa estatal no puede pagar salarios más altos porque el crecimiento de la productividad no lo permite. La política pública derivada de lo anterior implicaría adoptar regulaciones salariales que determinan un nivel salarial promedio –en el sector estatal- muy inferior al costo de la canasta básica familiar. No digo que la política se decida por lo que dice la teoría. También pudiera ser que la teoría simplemente estuviese “justificando” una decisión política. Al final, la práctica consiste en que el trabajador estatal promedio vive continuamente en un nivel de subconsumo.
Consideremos el camino inverso. La práctica consiste en asegurar que el trabajador estatal promedio sea capaz de cubrir –con cierta holgura adicional- sus necesidades básicas. Las políticas públicas se traducen en regulaciones salariales que multiplicasen el actual nivel promedio de salarios estatales. La teoría consiste en encontrar las ideas –racionalmente funcionales- que permitan pagar mejores salarios estatales.
Aunque estemos hablando esencialmente de los mismos dos problemas (salarios y consumo), la diferente direccionalidad de sus conexiones pudiera terminar en resultados muy distintos, tanto en el debate público como en la transformación de la realidad social.
El hecho es que cuando nos desplazamos desde la práctica hacia la teoría, inevitablemente se incrementa la distancia entre un problema concreto y las ideas que sobre este pudieran existir. Las decisiones de políticas públicas son procesos que en general no se adoptan en un contexto donde se “da la cara” a quien debe comunicársele la decisión “de arriba” de que, aunque trabaje aplicadamente, no se le puede pagar el nivel de salario que le permita cubrir sus necesidades. Eso es cosa de la práctica y esta puede ser dramática.
La política pública se prepara en lugares donde no hay que enfrentarse a la cercanía diaria, minuto a minuto, de quienes van a ser afectados por las políticas en cuestión. La teoría se hace usualmente en un contexto todavía más separado de la realidad diaria.
Se conocen los argumentos acerca de que tanto el mundo académico como el de las instituciones políticas y gubernamentales, han desarrollado mecanismos de “proximidad” con la práctica. Ciertamente, funcionan en cierta medida y en determinadas circunstancias, pero ello no logra superar la condición básica de que la teoría, las políticas y la práctica ocurren en esferas específicas y diferenciadas, donde la direccionalidad del enfoque de sus relaciones puede producir resultados muy distintos en el mundo real respecto a lo que fue teorizado.
Pensemos en la empresa estatal en Cuba. Tomemos el caso descrito recientemente por la prensa cubana sobre el sinsentido en que se ha convertido, a nivel concreto, la planificación nacional. Me refiero al artículo de Sayli Sosa Barceló y Katia Siberia “El papel lo aguanta todo… cuando las empresas sobrecumplen”, periódico Invasor, 21 de marzo de 2018, http://www.invasor.cu/es/secciones/economia/el-papel-lo-aguanta-todo-audio-grafico
Obviamente, no es un fenómeno nuevo y es apenas la descripción de un caso del que es plausible pensar que pudiera haber muchos más. Aquí no me interesa discutir las causas raigales del asunto sino la manera disfuncional en la que ha funcionado el eslabonamiento teoría- políticas públicas- práctica. Por supuesto que quienes trabajan “en la base” –en la esfera práctica- conocen perfectamente el problema y se supone que ese conocimiento tendría que haber proporcionado un mecanismo de retroalimentación efectiva para modificar las políticas públicas y las teorías relacionadas.
Pero sabemos que eso no ha sucedido y que la teoría parece discurrir por una plácida disquisición acerca de la propiedad, la supuesta sistematicidad de algo a lo que se le llama planificación, y el asunto de los límites (abstractos) a la concentración de la riqueza.
Las políticas públicas también parecen ir por otra parte, con énfasis en crear estructuras verticales donde las empresas dejan de serlo y donde se presenta como una gran innovación la reducción de indicadores directivos, que los casos descritos por las periodistas evidencian que en la práctica no funcionan bien.
Francamente, frente a la realidad concreta empresarial del país, ¿qué aporta exactamente –en el plano científico- la teorización de la propiedad como un “tema de los temas”?
¿Qué utilidad práctica concreta pudiera tener para los funcionarios del Ministerio de Economía y Planificación, o del Ministerio de Finanzas, a la hora de diseñar y aplicar políticas empresariales, conocer la crítica de Marx y Engels a Proudhon hace más de 170 años?
Reconozco la importancia de la teoría –la enseñé durante años- y no quiero que esa pregunta se interprete como irrespeto a quienes en Cuba se dedican a sistematizar la teoría para la enseñanza, pero, francamente la teoría que necesita la reforma económica en Cuba es la que pueda producir resultados “accionables” y recomendaciones específicas que permitan introducir esas ideas en el proceso de producción de políticas públicas.
¿Nos seguiremos quejando de que la teoría buena (“la nuestra”) ya existe, pero se aplica mal, o es incomprendida, o… etc., etc.?
Creo que en general se acepta que la complejidad de la reforma económica en Cuba se relaciona directamente con su naturaleza eminentemente política. En ese sentido, habría que considerar que parte del significado que tienen las teorías y de las políticas públicas de la reforma procede del “auditorio”.
Es decir, los variados receptores de las medidas de la reforma y de las ideas acompañantes van a darles un significado que no es el resultado del plano científico sino de ideologías, intereses, normas sociales, experiencia vital, “culturas”, y otros factores.
Este no es un asunto menor cuando se trata de utilizar la ciencia para cambiar la realidad. Es un gran reto para quienes intentan actuar políticamente desde el “conocimiento sin poder”.
Sin dudas, es un tema controversial. Opino que el énfasis de quienes toman como punto de partida la teoría y la investigación no debe ser intentar que otros cambien sus puntos de vista de manera tal que se ajusten a la posición teórica que se defiende. No creo que ese sea un enfoque realista.
La cuestión esencial no es que existan dos “comunidades” separadas de académicos y de decisores de políticas. En realidad, es más una cuestión de que en materia de políticas públicas coexisten grupos con distintas condiciones y modos de operación. De una parte, personas que diseminan teorías y resultados de investigación, pero sin poder tomar acciones prácticas en cuanto a políticas públicas y que, por razones entendibles, pueden darse el lujo de sentirse relativamente cómodos con las cosas que dicen porque seguramente no tendrían un impacto concreto.
De otra parte, existen personas que necesitan tomar decisiones (no es una simple opción que tienen), a pesar de no contar con toda la información que necesitan. Tampoco disponen de tiempo para leer textos teóricos, ni necesariamente están en posición de entenderlos.
Nada de esto es nuevo, obviamente. Me refiero a ello porque tal parecería ser que, en Cuba, se tienen expectativas utópicas acerca del papel del plano científico respecto a la formulación y aplicación de políticas públicas que pudieran modificar las formas de propiedad y las relaciones entre ellas.
Es muy probable que nada de lo que vaya a ocurrir en ese terreno sea el resultado de una buena parte de la teorización actual que se hace en el país sobre la propiedad, la cual, en mi modesta opinión y con el mayor respeto, me parece muy etérea (lo que he podido leer).
Los cambios que pudieran producirse en cuanto a la propiedad van a ser el resultado de la dinámica política del país, de una realidad que cada vez se hace más compleja.
En Cuba, como en todas partes, la reforma económica será en buena medida el resultado de un proceso de aprendizaje práctico, que necesitará frecuentes adaptaciones a una realidad cambiante que ninguna teoría es capaz de predecir. Es también lo que entiendo que se ha expresado en el reciente V Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
La teorización actual sobre el socialismo desempeña más bien otra función en Cuba, en el plano político e ideológico, pero como pauta para la reforma económica, la teorización actual –especialmente la relativa a la propiedad- deja mucho que desear.
Considero que la utilización de la ciencia para cambiar la realidad es más acerca de adaptarse al proceso político que existe realmente y no al que uno le gustaría que existiera. Obviamente esto no significa renunciar a ideologías ni a teorías. Es simplemente que no tiene mucho sentido –ni es políticamente efectivo- que nos cansemos de quejarnos que quienes deciden las políticas públicas no satisfacen nuestras aspiraciones o expectativas. Es más práctico usar un paraguas que quejarse sobre la lluvia.
Para alguien que opere desde la teoría y la investigación, promover y apoyar la reforma económica, cuando esta se produce, y actuar para tratar de modificar el debate político durante la ausencia o desaceleración de la reforma son las dos caras de una moneda. Ambas cosas se ubican esencialmente en el plano político, no en el plano científico.
