Hace cuatro años, en el 50º aniversario de la guerra de Lyndon Johnson contra la pobreza, los republicanos de la Cámara de Representantes, liderados por Paul Ryan, emitieron un informe en el que declaraban que dicha guerra había sido un fracaso. La pobreza, afirmaban, no había descendido. Por consiguiente, concluían, había que recortar el gasto dedicado a los pobres.
La semana pasada, el Consejo de Asesores Económicos de Donald Trump emitía un nuevo informe sobre la pobreza y reconocía lo dicho por la mayoría de los expertos en el tema: la medición habitual de la pobreza es muy defectuosa, y una mejor medición muestra avances sustanciales. De hecho, estos asesores llegaron a afirmar que la pobreza ya no es un problema. (¿Alguna vez sale esta gente al mundo real?)
En cualquier caso, la guerra contra la pobreza, se afirmaba en el informe, “ha terminado esencialmente y ha sido un éxito”. Y la respuesta, dice la Administración de Trump, debería ser… la de recortar el gasto dedicado a los pobres.
Es cierto que en el informe no se pide directamente que se recorten las prestaciones. En cambio, sí se pide la imposición generalizada de requisitos laborales para acceder a programas de asistencia sanitaria para pobres (Medicaid), cupones de alimentos y otros. Pero eso tendría el efecto de reducir drásticamente la cobertura de esos programas.
Esta reducción de la cobertura no se debería a que un gran número de personas se gana la vida y ha conseguido salir de la pobreza. Es más bien que a muchos estadounidenses pobres les resultaría imposible cumplir los requisitos por diversas razones —como la mala salud, la inestabilidad laboral para los trabajadores con salarios bajos, o unos trámites abrumadores para quienes menos capacitados están para afrontarlos— y perderían la ayuda a pesar de seguir siendo pobres.
De modo que, con independencia de las pruebas, los republicanos siempre llegan a la misma conclusión política. Que la guerra contra la pobreza ha sido un fracaso… dejemos de ayudar a los pobres. Que ha sido un éxito… dejemos de ayudar a los pobres. Y seamos claros: hablamos de todo un partido, no solo del Gobierno de Trump.
En concreto, a los gobernadores republicanos les apasiona recortarles las prestaciones a los ciudadanos de rentas más bajas. En Kentucky, el gobernador Matt Bevin intentó imponer unos requisitos laborales estrictos para tener derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Cuando un tribunal sentenció que su plan infringía la ley, él se desquitó recortando abruptamente la cobertura dental y de la vista a cientos de miles de personas.
En Maine, los votantes aprobaron abrumadoramente una iniciativa para ampliar la asistencia sanitaria gratuita de acuerdo con lo establecido en la reforma sanitaria de Barack Obama. Pero el gobernador Paul LePage se ha negado a aplicar dicha ampliación —que se financiaría principalmente con fondos federales— a pesar de una orden judicial, y ha declarado que está dispuesto a ir a la cárcel antes que ver a sus votantes recibir atención sanitaria.
¿A qué se debe esta guerra republicana contra los pobres?
No es una cuestión de incentivos. La persistente afirmación derechista de que Estados Unidos está lleno de “gorrones” que viven de los programas sociales cuando deberían estar trabajando quizá sea lo que los conservadores quieren creer, pero es sencillamente falsa. En su mayoría, los adultos no discapacitados que perciben ayudas trabajan; la mayoría de los que no trabajan tienen en general buenas razones para no hacerlo, como problemas de salud o la necesidad de cuidar a miembros de su familia. El recorte de prestaciones llevaría a algunas de estas personas a trabajar por pura desesperación, aunque no a muchas y con un enorme coste para su bienestar.
Y las afirmaciones de que unos programas sociales excesivamente generosos son la causa de que disminuya la participación en la población activa pueden refutarse fácilmente analizando los datos internacionales. Los Estados del bienestar europeos —o como dicen los conservadores, sus “fracasados” Estados del bienestar— proporcionan ayudas mucho más generosas que nosotros a las familias de rentas bajas, y en consecuencia tienen mucha menos pobreza. Y sin embargo, los adultos en sus años de vida activa más productivos tienen más probabilidades que los de Estados Unidos de estar empleados.
Tampoco se trata de dinero. A escala estatal, muchos gobernadores republicanos siguen negándose a ampliar el Medicaid, a pesar de que les costaría poco y aportaría dinero a la economía de sus estados. A escala federal, harían falta recortes de prestaciones draconianos, que impondrían un sufrimiento inmenso, para ahorrar la misma cantidad de dinero que el Partido Republicano regaló tranquilamente con la rebaja de impuestos del año pasado.
¿Y la respuesta tradicional de que es una cuestión de racismo? A menudo se ha pensado que los programas sociales ayudan a “esa gente”, no a los estadounidenses blancos. Y seguramente sea en parte lo que ocurre.
Pero no puede tratarse solo de eso, ya que los republicanos están obsesionados con recortar las prestaciones sociales a los menos afortunados incluso en lugares como Maine, poblado abrumadoramente por blancos no hispanos.
¿A qué se debe entonces la guerra contra los pobres? Desde mi punto de vista, hay que distinguir entre lo que motiva a las bases republicanas y lo que motiva a los políticos conservadores. Muchos trabajadores manuales blancos piensan que los pobres son perezosos y prefieren vivir de la asistencia pública. Pero como muestra lo ocurrido en Maine, estas creencias no constituyen un elemento central en la guerra contra los pobres, que está siendo impulsada principalmente por las élites políticas.
Y lo que motiva a estas élites es la ideología. Sus identidades políticas, por no mencionar sus trayectorias profesionales, están envueltas en la noción de que un gobierno grande siempre es malo. De modo que, en parte, se oponen a los programas que ayudan a los pobres por una hostilidad general hacia los “gorrones”, pero también porque odian la idea de que el Estado ayude a cualquiera.
Y si se salen con la suya, la sociedad dejará de ayudar a decenas de millones de estadounidenses que necesitan desesperadamente esa ayuda.
Los colegas Humberto Pérez y Joaquín Benavides respondieron amablemente con comentarios concisos al tema abordado en la nota publicada ayer en este blog “Modificando las tasas de cambio en Cuba: invitación a cuantificar el nudo gordiano”
A quienes participamos en el debate sin disponer de la información estadística necesaria para cuantificar con precisión la tasa de cambio “real”, Humberto Pérez nos sugiere que abordemos la discusión sobre la cuantificación partiendo de una magnitud inicial que fuese equidistante de las dos principales tasas que se utilizan hoy, ninguna de las cuales considera que son tasas reales: la tasa oficial de 1 CUP = 1 USD, y la tasa de CADECA que equivale a 1 CUC = 1 USD (0,87 CUC = 1 USD cuando se incluyen recargos) y por tanto equivale a 25 CUP = 1 USD, aproximadamente.
Agrega Humberto que, a partir de esa cuantificación inicial, pudiera utilizarse un enfoque de aproximaciones sucesivas apoyado en los métodos más científicos y adecuados posibles que fuese posible emplear. Ello permitiría ir al encuentro de una magnitud más cercana a la tasa de cambio “real”.
Joaquín Benavides, que concuerda con ese enfoque, agrega que el Banco Central debe garantizar la utilización de la tasa de cambio “real” y subraya que ello es importante a los efectos de demostrar seriedad con la población y con la inversión extranjera.
Me limito a anotar dos cuestiones para seguir pensando sobre el tema:
El enfoque de aproximaciones sucesivas pudiera ser igualmente válido para los especialistas que sí pudieran disponer de las estadísticas que permitirían cuantificar la tasa de cambio “real” mediante métodos de análisis estadísticos. No tanto para el “día cero” como para el “día después”. Las razones para ello es que probablemente las variables utilizadas para el cálculo no permitirían incluir en un mismo modelo todos los factores y, por tanto, habría que usar diversos modelos que posteriormente debería ser comparados. Además, las propias variables pudieran modificarse con frecuencia. En dependencia del sistema de tasas de cambio que decida establecerse, o de los distintos sistemas que pudieran existir en determinados momentos, el enfoque de aproximaciones sucesivas debería utilizarse con intensidades distintas.
Para quienes no tenemos los datos suficientes, la propuesta de utilizar una magnitud equidistante (la “mediana”) pudiera ser un punto de partida para la cuantificación. No obstante, debería hacerse un esfuerzo adicional para tratar de identificar otros posibles mecanismos que pudieran contribuir a identificar –al menos en términos de rango- una cuantificación de la tasa real. Existen experiencias internacionales. Por ejemplo:
a) la utilización de un promedio “ponderado” de las diferentes tasas de cambio que se utilizan hoy (incorporando el peso relativo que tienen en la economía nacional las distintas áreas en las que esas tasas operan),
b) la aplicación de una variante restringida del enfoque de “paridad de poder de compra” (PPC) a partir de la comparación de los precios nacionales e internacionales de una mercancía con un gran volumen de producción interno y que también tiene un alto consumo interno (o una canasta de varios productos con esas características)
c) la diferencia relativa entre las ganancias y las pérdidas “contables” (no la que finalmente se les autoriza) de las empresas exportadoras e importadoras, en comparación con las empresas en las que las exportaciones e importaciones no son significativas (en principio, una sobrevaluación del peso cubano debería implicar perdidas “extra” para las empresas exportadoras y ganancias “extra” para las empresas importadoras).
Concluyo con un ejemplo. La mediana de la tasa oficial y la de CADECA es 13, pero la aplicación de una variante del enfoque de “paridad de poder de compra” (PPC) para el caso del arroz ubicaría la tasa de cambio “real” (limitada) entre 20 y 24.
Una posible interpretación –con esos datos restringidos- pudiera indicar que la tasa de cambio “real” parecería estar más “hacia arriba” de la mediana. No necesariamente tendría que ser 20, pero pudiera ser superior a 13.
Obviamente, esa interpretación de resultados se modificaría en la medida en que más datos pudiesen incorporarse, por ejemplo, analizar una canasta de productos en vez de considerar un solo, o considerar las diferencias relativas de ganancia/ pérdidas empresariales (un dato más difícil de obtener).
Supongo que a quienes disponen de las estadísticas necesarias para hacer los cálculos, todo lo anterior les pudiera parecer un ejercicio técnico poco elegante y ciertamente es así. . El asunto es que la ausencia de datos oficiales no debe operar en el debate público como una lápida. Existe la posibilidad de identificar mecanismos alternativos que permiten mejorar la calidad del debate abierto, aun en condiciones de penuria de datos oficiales.
Las discusiones acerca de qué hacer con las múltiples tasas de cambio que funcionan en Cuba han sido frecuentes en los últimos años. La multiplicidad de tasas de cambio ha sido calificada con toda justeza por el colega Humberto Perez como el “nudo gordiano principal” de la economía cubana. En las discusiones han participado economistas y también muchas otras personas.
En diciembre de 2017 se anunció que el gobierno cubano disponía de más de 200 especialistas, divididos en 13 subgrupos de trabajo, para diseñar el proceso de unificación monetaria y de la política cambiaria del país. Probablemente ya exista un plan oficial detallado, pero la solución práctica del asunto continúa estando pendiente.
El interés público por el tema parece haber registrado varios “picos” de atención, casi siempre cuando se ha divulgado algún tipo de información que pudo haber sido interpretada como una modificación monetaria y cambiaria inminente.
Probablemente uno de los “picos” más recordados fue el que se produjo cuando se popularizó el término “día cero” a raíz del anuncio de las Resoluciones 19, 20 y 21 del Ministerio de Finanzas y Precios, en enero de 2014. Otros “picos” se produjeron en abril de 2016, cuando incluso el Banco Central de Cuba debió aclarar públicamente que no se produciría una devaluación del peso cubano convertible (CUC) en relación con el peso cubano (CUP), y más recientemente a finales de 2017 y 2018 tuvo lugar otro “pico” luego del discurso de Raúl Castro en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre de 2017, cuando expresó que no podía dilatarse por más tiempo la solución a la dualidad monetaria y cambiaria en el país. El “pico” más reciente se registró en marzo de 2018 cuando el Banco Central de Cuba tuvo que salir públicamente a desmentir rumores sobre la retirada del CUC.
Este es un tema que ha sido abordado anteriormente en este blog, particularmente en lo referido a la cuestión de las tasas de cambio, y que ha incluido la presentación de diversas variantes que, en algunos casos son complementarias y en otras ocasiones son discrepantes. No me propongo ahora revisitar esas propuestas ni tampoco agregar una nueva. Lo que sugiero aquí es prestarle atención a uno de los aspectos que, a pesar de ser sumamente importante, todavía no ha sido abordado con precisión: la cuantificación razonada de una tasa de cambio unificada (para el caso de quienes proponen esa variante), o la cuantificación de las diversas tasas que otros sugieren que deben seguir coexistiendo.
Naturalmente, se trata de un ejercicio difícil. No solamente por la carencia de datos, sino también porque el tema de la modelación cuantitativa de las tasas de cambio tiene complejidades metodológicas propias e interpretaciones teóricas diversas. He llamado la atención sobre esa dimensión cuantitativa en algunas ocasiones anteriores.
No parece ser que estemos ahora mismo en presencia de un “pico” de atención sobre la posible unificación monetaria y cambiaria y eso ofrece, tal vez, una oportunidad para volver a la cuestión de la “cantidad” que debe asumir una tasa de cambio unificada, o las tasas diversas que pudieran seguir coexistiendo.
Números
En caso de eliminación del CUC de la circulación, ¿Debe adoptarse una tasa oficial unificada de 10 CUP = 1 USD? ¿Acaso debería ser de 15 CUP = 1 USD?
En caso de eliminación del CUP de la circulación, ¿Debe adoptarse una tasa oficial unificada de 1 CUC = 1 USD?
En caso de optarse por la coexistencia de dos tasas de cambio, una fija para las empresas y otra tasa fluctuante para el cambio de divisas por moneda nacional, sólo para la población y los turistas, ¿Debe ser la primera tasa de 5 CUP = 1 USD y la segunda tasa debiera comenzar con un valor de 25 CUP = 1 USD?
Las respuestas a esas preguntas se pueden dar de manera aproximada e intuitiva, o –alternativamente- pudieran intentar responderse con mayor precisión y apoyadas en instrumentos de análisis cuantitativo. Considero que quienes participamos en el debate público nos movemos principalmente en el primero de esos planos. Pudiera haber llegado el momento de intentar avanzar hacia una mayor precisión.
Sobre lo que están haciendo los especialistas convocados por el gobierno cubano no dispongo de información, pero es muy probable que sí dispongan de “números” para la tasa de cambio, como resultado de modelaciones.
En cualquier caso, poder identificar esas cifras y hacer explícitos los métodos que se utilizaron para llegar a ellas es importante. Esto tiene relevancia práctica pues el impacto que una tasa oficial de 5 CUP X 1 USD pudiera tener sobre la balanza de pagos del país sería muy diferente a si se utiliza una tasa oficial de 10 CUP X 1 USD. También pudieran colocar al país en trayectorias muy distintas en cuanto a precios, salarios y pensiones, por citar solamente tres variables económicas cruciales.
Realidad económica, el “día cero” y el “día después”
Hay al menos tres aspectos que deben ser considerados cuando se aborda la dimensión cuantitativa de las tasas de cambio en Cuba:
La “fijación” administrativa de tasas de cambio arbitrarias es, en esencia, un ejercicio fútil cuando ello se asume como método para establecer lo que probablemente sea el precio relativo más importante de una economía “abierta” como la de Cuba. Una tasa de cambio que no responde la realidad económica siempre va a “pasarle factura” a la economía nacional.
Un primer nivel que requiere atención especial es la cuantificación de la tasa (o tasas) de cambio para el “día cero”. Una cuantificación cambiaria desacertada pudiera representar el tipo de arrancada en falso que tiene la capacidad de dislocar todo el proceso de reforma económica.
Un segundo nivel que requiere una atención particular, diferente a la del primer nivel, es el mecanismo que será establecido para que pueda existir una tasa de cambio adecuada (o tasas) el “día después”. Esto pudiera incluir la existencia de sistemas de tipo de cambio diferentes, que se sucedieran en el tiempo. La tasa de cambio debe desempeñar una función muy importante en la dinámica macroeconómica del país y también en la promoción de la competitividad internacional de la economía. El enfoque que se utilizase para determinar las magnitudes de las tasas sería, probablemente, la discusión central que habría que hacer sobre el “día después”.
Este último punto sobre el “segundo nivel” es muy importante y no debe ser soslayado. La tasa de cambio no es solamente un “resultado” (de una decisión política, del mercado, de un error, de un acierto, etc.) que a su vez puede provocar otros efectos (por ejemplo, inflación o irrentabilidad empresarial).
La tasa de cambio es, sobre todo, un poderoso instrumento de gestión económica: genera rápidas señales cuando se producen desequilibrios macroeconómicos, su modificación es capaz de devolver la economía a condiciones macroeconómicas balanceadas, y puede funcionar como un mecanismo activo para modificar la estructura productiva y la especialización internacional del país.
Una devaluación de la tasa de cambio no significa solamente un posible incremento de la inflación. Una apreciación de la tasa de cambio no se limita a revaluar salarios y pensiones nacionales. Son muchas más las dimensiones que deben ser consideradas.
Tasa de cambio “nominal” y tasa de cambio “real”
En general, los debates públicos que han tenido lugar se han enfocado en la tasa de cambio “nominal” y no en la tasa de cambio “real”. Son dos cuestiones distintas y la discusión debería avanzar hacia el segundo concepto. De nuevo, no se dispone de información sobre el trabajo realizado por los expertos del gobierno, pero cabe suponer que estos han analizado las cuestiones relativas a la tasa de cambio “real”.
La cuantificación de la tasa de cambio “real” es crucial porque es lo que permite establecer si la moneda nacional está subvaluada o sobrevalorada, y posibilita identificar la magnitud de la posible desviación, en un sentido o en el otro. La implicación práctica para la política económica es que en el caso de las monedas sobrevaluadas existe –en general- una presión para depreciarlas, mientras que en el caso de las monedas subvaluadas existe una presión en sentido contrario. Es el tipo de decisiones que requiere la consideración de más factores y ciertamente la subvaluación y la sobrevaloración de las monedas no opera igual en todas las economías, pero conocer este factor y su magnitud es crucial para el diseño y conducción de políticas económicas.
Parece existir un acuerdo –creo que intuitivo- de que la actual tasa de cambio oficial de Cuba (1 CUP = 1 USD) está sobrevaluada. Una tasa de cambio “real” sobrevaluada significa que los precios internos son relativamente altos y por tanto sus productores no son competitivos a nivel internacional. No conozco una cuantificación oficial de la tasa de cambio “real” del peso cubano, pero quizás exista y no se ha divulgado.
Definida de manera muy general, la tasa de cambio “nominal” es el precio de una moneda extranjera expresado en términos de una moneda nacional, es decir, el costo en CUP de un dólar. Por ejemplo, la tasa oficial “nominal” (TCN) es CUP/USD = 1.
Por otra parte, la tasa de cambio “real” (TCR) es la tasa nominal (TCN) multiplicada por un indicador que refleje el inverso de los niveles relativos de precios entre los dos países, por ejemplo, TCR = TCN X precios USA/ precios Cuba.
La tasa de cambio “real” expresa el precio relativo de una “cesta” de consumo en otro país en términos de su comparación con el consumo en Cuba. Se trata de un coeficiente entre los precios de otro país y los precios de Cuba, convirtiendo el precio extranjero en moneda cubana mediante la tasa de cambio nominal.
Las tasas de cambio “real” dependen de los llamados “fundamentos” de una economía, especialmente, pero no únicamente, de la productividad, términos de intercambio, inflación, oferta monetaria, y tasas de interés. Hacer política cambiaria debe remitirse, por tanto, a una gestión de políticas públicas que rebasa ampliamente las cuestiones monetarias.
Preparando mejor el tajo del nudo gordiano
Una desviación sostenida de la tasa de cambio “real” -por encima de determinado nivel- crea distorsiones económicas que cuando se prolongan son perjudícales para la prosperidad de los ciudadanos cubanos. Si el “día cero” comenzase con una tasa de cambio “real” inadecuada, eso implicaría que uno de los pilares de la reforma se erigiría con una gran grieta.
Tratar de poner tasas de cambio “a dedo” no parece ser una opción recomendable de política económica en Cuba.
Si lo que indicase el cálculo de la tasa de cambio “real” es que hay que devaluar la moneda, entonces una opción pudiera ser tratar de utilizar reservas de divisas para tratar de compensar –al menos parcialmente- la magnitud de la devaluación, pero es muy probable que esa no es una alternativa disponible actualmente en Cuba. Al menos no de manera significativa.
Otra posibilidad sería no modificar la tasa oficial 1 CUP = 1 USD, adoptar una variante sustituta como pudiera ser retirar el CUP de circulación y adoptar el CUC como moneda nacional con una tasa de cambio de 1 CUC = 1 USD, o modificar cualquiera de esas tasas de cambio “nominales” de manera marginal.
Es posible que, para esa segunda opción, el cálculo de la tasa de cambio “real” siguiese indicando una presión hacia la devaluación, que en caso de no adoptarse podría mantener al país en condiciones de baja competitividad, por razones de distorsiones cambiarias. Eso no podrá afirmarse con rigor hasta que no se disponga de una cuantificación.
Otra opción posible seria considerar la posibilidad de una devaluación, estimando cuánto debería ser la magnitud de esa devaluación. Obviamente, una decisión como esa requiere un análisis cuidadoso que integre factores no económicos. Tendría un impacto en precios, salarios y pensiones, los cuales son temas sociales y políticos muy delicados, pero la devaluación es una alternativa que debe ser considerada. No debería ser descartada a priori.
De nuevo, este es el tipo de problema económico donde una visión cualitativa no es suficiente. Cualquier discusión de política cambiaria –que tiene el potencial de “moverle el piso” al resto de las políticas públicas del país- necesita de una cuantificación de la tasa (tasas) de cambio que, utilizando métodos de análisis rigurosos, posibilite que las decisiones sobre tasas de cambio reflejen las condiciones económicas reales.
Algunas opciones disponibles parecen salirse de lo “normal”, pero eso es lo que ocurre con los nudos gordianos. No se desenredan, se les da un tajo.
El orden del día contempla la presentación, debate y decisión sobre el Proyecto de Constitución de la República. El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, se encuentra presente en esta sesión
6:45 p.m. Termina esta primera sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular
Durante esta jornada, los diputados realizaron 84 intervenciones. El presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández, informó a los presentes que este domingo, 22 de julio de 2018, continuarán los debates referentes a la Carta Magna.
El Doctor José Rubiera, diputado por el municipio de Boyeros, explica que en el día de ayer recibieron una explicación detallada del artículo 11 relacionado con el ecosistema ambiental cubano y el espacio físico donde se ejerce la soberanía del Estado cubano. Propone especificaciones técnicas que buscan aclarar el artículo.
Yolanda Ferrer Gómez interviene para expresar su apoyo al artículo 5 tal y como lo presentó la Comisión, pues reconoce al Partido como único y fidelista.
El General de Ejército Raúl Castro, presidente de la Comisión de Reforma Constitucional, durante el debate interviene para resaltar el valor de la consulta popular sobre este Proyecto de Constitución. Solicita a los diputados que intervienen mayor precisión en sus aportes, de forma tal que se pueda avanzar en un debate en el que deberá dedicarse un esfuerzo mayor al procesamiento de las millones de opiniones del pueblo cubano.
Pavel Rodríguez Rodríguez, se refiere a los artículos 3, 4 y 14 y solicita que se incluyan los fundamentos históricos y patrióticos sobre los cuales se sustentan. Eso evitará la necesidad de futuras aclaraciones.
Diputada Jazmín Argote Ravelo, diputada de Guantánamo, opina sobre el artículo número 3 acerca de la Defensa de la Patria. Ratifica la irrevocabilidad del socialismo.
El diputado y presidente del Movimiento Juvenil Martiano, Yusuam Palacios, destaca que es meritorio que estas transformaciones tengan lugar en el año del 150 aniversario de nuestras guerras de independencia.
Mariela Castro, diputada y directora del CENESEX, elogia los resultados del trabajo realizado por la Comisión que trabajó en el Proyecto de la Constitución.
Lizet Martínez, diputada y directora provincial de Cultura en La Habana, opina que este Proyecto de Constitución debe incluir en el Preámbulo algunos valores y elementos históricos que pueden completarlo aún más. Que se incluya en el primer párrafo el término de justicia social, pues ese elemento distingue a nuestro proceso. En el segundo párrafo, donde se destaca a nuestro aborígenes, también destacar el espíritu de resistencia del pueblo cubano.
Enrique Richard López, diputado y artista cienfueguero, hace alusión a la historia de la Revolución. Recuerda que a los 15 años escribió una carta a Fidel, porque es huérfano desde los 8 años y la Revolución lo convirtió en un hombre de bien.
Sugiere que, para que cuando el documento se analice entre la población, se realice un folleto o se divulgue por otros medios se recuerde lo que en Cuba había antes de 1959, y lo que ha hecho la Revolución.
Toma la palabra la diputada Reina de la Caridad Torres Pérez, quien se desempeña como directora de la Televisión Avileña.
Reina de la Caridad reconoce el meritorio trabajo de los diputados que participan en la Comisión que trabajó en la articulación del Proyecto de Constitución, así como también de los expertos. Propuso que se fortaleciera el estudio desde la enseñanza primaria de la Constitución.
El Consejo de Estado se mantiene como el órgano permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con la particularidad de que el presidente, vicepresidente y secretario de aquella, lo son a la vez del Consejo de Estado
Se instituye la figura del Presidente y Vicepresidente de la República
El Presidente ostenta la condición de jefe de Estado por un periodo de cinco años, y puede ejercer ese cargo hasta dos mandatos consecutivos, luego de lo cual no lo puede desempeñar nuevamente
Se propone crear la figura de Primer Ministro. El Consejo de Ministros mantiene su condición de máximo órgano ejecutivo y administrativo, constituye el Gobierno de la República y estará bajo la dirección del Primer Ministro
Se propone eliminar las asambleas provinciales y su órgano de administración y establecer, en su lugar, un Gobierno Provincial, integrado por un Gobernador y un Consejo a ese nivel, conformado por los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular y los intendentes (dirigen el Consejo de Administración Municipal).
A nivel municipal se plantea extender el mandato de los delegados a cinco años y reconocerle al municipio autonomía en cuanto a su gestión, con la finalidad de buscar una atención más rápida y eficiente a los problemas y reclamos de la localidad
Se proponen garantías a los derechos de petición y participación local, entre las que se mencionan la posibilidad de convocar consultas populares de asuntos de interés de la localidad, el derecho de la población a proponer análisis de temas en las asambleas y la correcta atención a las solicitudes, planteamientos, quejas y denuncias de los ciudadanos.
En lo relativo a la reforma de la Constitución quedan precisados los sujetos autorizados a promoverla y se mantienen las cláusulas de intangibilidad concerniente a la irrevocabilidad del socialismo y el sistema político, social y económico, así como la prohibición de negociar bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera
Se propone afiliarnos al principio de ciudadanía efectiva consistente en que «los ciudadanos cubanos, en el territorio nacional, se rigen por esa condición y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera»
El contenido del derecho de igualdad adquiere mayor desarrollo, al incorporar a los ya existentes, entre otros, la no discriminación por identidad de género, origen étnico y discapacidad
A la par de los derechos que se reconocen, se definen además deberes cívicos y políticos a cumplir por los ciudadanos, entre ellos, contribuir a los gastos públicos; guardar el debido respeto a las autoridades y sus agentes; conservar y proteger los bienes y recursos que se ponen al servicio de todo el pueblo
Establece la obligación del Estado, la sociedad y las familias de proteger y asistir a los adultos mayores, así como la atención requerida por las personas discapacitadas para su rehabilitación y el mejoramiento de la calidad de vida
El sistema económico que refleja mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la planificación como componente principal de dirección
Reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada, en correspondencia con la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución
Respecto a la propiedad privada sobre la tierra se mantiene un régimen especial, con limitaciones para su transmisión y el derecho preferente del Estado a su adquisición mediante su justo precio
La nueva Constitución incluirá un preámbulo y 224 artículos, divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones. Aspectos Generales del proyecto de Constitución:
Se ratifica el carácter socialista de la Revolución y el papel rector del Partido Comunista de Cuba
Irrevocabilidad del modelo político y económico cubano
Se preservan los principios de justicia social y humanismo
Mayor normatividad a la Constitución
Se hace énfasis en la preservación del medio ambiente
Total de artículos: 224 (113 son modificados, 87 se incorporan y 11 se eliminan)
Se incorporan una amplia gama de derechos de los ciudadanos
Se amplían los mecanismos de participación ciudadana en cada municipio
10:59 a.m. Proyecto de Constitución de la República de Cuba a debate entre los diputados
Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado y miembro de la comisión, es quien guía la discusión de los diputados acerca del Proyecto de Constitución de la República de Cuba.
Recomendamos la lectura de los siguientes materiales:
10:10 a.m. Los diputados escuchan y debaten el Informe de liquidación del Presupuesto del año 2017, y el Dictamen correspondiente presentado por las comisiones de Asuntos Económicos, y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
Granma comparte íntegramente el discurso pronunciado por Lina Pedraza, ministra de Finanzas y Precios durante el Primer Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional
Me honra presentarles en nombre del Consejo de Ministros, la Liquidación del Presupuesto del Estado correspondiente al año 2017, que no es más que el cierre de un proceso de rendición de cuentas, sobre la administración de los recursos de todo el pueblo, aprobados mediante la Ley 122, para dar respuesta al Plan de la Economía de ese año.
Este proceso lo han precedido las respectivas Liquidaciones en las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular, en las que no sólo se reconocieron los avances logrados, sino que se evaluaron las deficiencias que estuvieron presentes, muchas no resueltas y que merecen un enfrentamiento decidido en el año que cursa.
Los Diputados llegan a esta sesión con un conocimiento del desempeño presupuestario a partir de las acciones de fiscalización realizadas durante el año 2017, disponen de un informe detallado entregado con antelación y analizado en la Comisión de Asuntos Económicos, por lo que hoy se cierra un arduo proceso de trabajo interactivo.
Por otra parte, los órganos de prensa están disponiendo de la información necesaria que permite divulgar más detalles sobre la ejecución del Presupuesto, lo que a la vez contribuirá a elevar la cultura económica de la población.
El desempeño económico del año 2017 fue evaluado en la sesión final de la VIII Legislatura el pasado mes de diciembre, por lo que me referiré sólo a una síntesis de las condiciones que más impactaron en la ejecución del Presupuesto, lo que fuera puntualizado en las conclusiones de la mencionada sesión, por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, estas son:
- Restricciones financieras
- Insuficiente disponibilidad de combustibles
- Impacto en la economía de tres años de sequía sostenida
- Efectos del bloqueo económico, comercial y financiero
- Afectaciones provocadas en 12 provincias por el huracán Irma e intensas lluvias posteriores.
Este escenario transformó algunos de los objetivos iniciales previstos en el Presupuesto, reorientándose una parte de los recursos a restablecer los servicios sociales básicos, asegurar la protección de nuestra población, tareas de la recuperación y a la vez estimular la producción de alimentos, sin abandonar los programas en que se pudiera avanzar; sirva sólo de ejemplo que, en adición a los recursos que los presupuestos locales y empresas dedicaron a resarcir el impacto del huracán Irma, el Presupuesto del Estado destinó 528 millones de pesos para la evacuación, recuperación y bonificaciones a damnificados.
La ejecución del Presupuesto en el año 2017 tuvo un comportamiento favorable, al sobrecumplirse los ingresos en un 3 %, alcanzando una cifra superior a los 55 mil 618 millones de pesos. Por su parte los gastos ascendieron a 63 mil 906 millones, para un 98 % de ejecución.
Foto: Juvenal Balán
Los tributos aportaron el 74 % del total de los ingresos, fundamentalmente por los impuestos que provienen de las ventas y la eficiencia empresarial. Este comportamiento valida al sistema tributario como la principal fuente de ingresos al Presupuesto del Estado y vía de redistribución de las riquezas, acorde a lo previsto en los Lineamientos 42 y 43.
El sector estatal de la economía se mantiene como el principal aportador, con el 86 %, le siguen las formas de gestión no estatal con un 11 % de participación en los ingresos, las que aumentan en tres puntos porcentuales con relación al año precedente.
Si bien es cierto que la ONAT incrementó las fiscalizaciones, lo que se expresó en el aumento de los ingresos en la Campaña de Liquidación, se precisa más eficacia en las acciones sobre las actividades evasoras de los compromisos tributarios, donde se evidencia que dinero que corresponde a todo el pueblo, favorece los bolsillos de los incumplidores.
En cuanto al uso del Presupuesto, a los sectores de Salud Pública, Asistencia Social y Educación, se destinó el 51 % de los gastos de la esfera social. El Presupuesto aseguró la vitalidad de disímiles actividades, que por cotidianas, no siempre se asocian al respaldo económico que demandan.
A la Salud Pública y la Asistencia Social se asignó una cifra superior a los 10 mil 700 millones de pesos para cubrir, entre otras actividades, 251 millones de consultas médicas y estomatológicas; la mortalidad infantil alcanzó su más baja tasa en la historia, con 4,0 por mil nacidos vivos. Se dispuso de los recursos necesarios para la higienización y eliminación de vectores, dados los eventos epidemiológicos presentados.
Las casas de abuelos, los hogares de impedidos, de ancianos y maternos, garantizaron la asistencia a 185 mil personas. En las instalaciones asociadas al envejecimiento poblacional, no se logra satisfacer toda la demanda, situación que está recibiendo máxima prioridad, pero requiere mayor acompañamiento de la responsabilidad familiar, sobre todo ante la actual estructura y tendencia demográfica. En la atención a personas con discapacidad, fueron beneficiados 62 mil adultos mayores y madres de hijos con discapacidad severa, así como aquellas que recibieron el servicio de asistencia social a domicilio.
A la Educación se dedicó 8 mil 178 millones de pesos; en la educación preescolar, primaria, especial, preuniversitaria, técnica y profesional y de formación de personal pedagógico, se dio continuidad de estudios a un millón 740 mil estudiantes, en más de 10 mil escuelas. La Educación Superior garantizó el funcionamiento de 50 instituciones entre universidades, institutos, centros y escuelas ramales, para 225 mil estudiantes.
Las ofertas culturales alcanzaron más de 9 millones de actividades, destaca el crecimiento de las distintas manifestaciones artístico-culturales. La televisión trasmitió 67 mil 600 horas y la radio 530 mil, que fundamentan el aumento de las trasmisiones deportivas y educativas, así como la habilitación de nuevas emisoras.
Las actividades deportivas fueron respaldadas por el Presupuesto, para la celebración de competencias nacionales e internacionales, maratones deportivos, juegos escolares y otras actividades para el disfrute y la recreación sana de la población.
El Fondo de Ciencia e Innovación Tecnológica ejecutó 60 millones de pesos, en 173 proyectos de 23 centros científicos; se atendieron programas que dan respuesta al Plan de Estado para enfrentar el Cambio Climático, Tarea Vida.
Las demandas de los organismos de la defensa fueron garantizadas bajo el principio de no descuidar jamás la defensa del país.
A la Seguridad Social se destinaron más de 5 mil 900 millones de pesos, para atender a Un millón 670 mil pensionados y las prestaciones por maternidad. El 14 % de los gastos fue financiado por el Presupuesto del Estado, al resultar insuficiente el aporte por la Contribución a la Seguridad Social.
Un programa humanista es el subsidio a personas de bajos ingresos para ejecutar acciones constructivas en sus viviendas, al que se asignó una cifra superior a los Mil millones de pesos, beneficiando a más de 21 mil personas; no obstante, quedan insuficiencias por atender, agilizar las entregas, mayor supervisión y el uso de la totalidad de los recursos financieros.
Por otra parte, se respaldaron más de 46 mil acciones de conservación y rehabilitación, lo que benefició 101 mil viviendas, 11 mil apartamentos en edificios multifamiliares y 117 cuarterías.
La Contribución Territorial para el Desarrollo Local ha constituido fuente de recursos adicionales a disposición de los municipios; alcanzó 525 millones de pesos, destinados fundamentalmente a acciones en beneficio de las comunidades, como: rehabilitaciones hidráulicas, instalaciones sociales y empresariales, reanimación de Consejos Populares, entre otros; se deberá continuar trabajando en el perfeccionamiento de su destino.
En las actividades presupuestadas impactó la carencia de algunos bienes y servicios, entre los que se encuentran los materiales de construcción y la capacidad constructiva para los mantenimientos; puntualmente se detectaron deficiencias en el control del uso y destino de los recursos.
Fueron asignados más de 14 mil millones de pesos a empresas que generan exportaciones o sustituyen importaciones, otorgándoseles compensación, fundamentalmente para arroz, frijol, maíz, carne de cerdo, leche y azúcar, con lo que se estimula la producción, se ahorran divisas al país y los productores reciben precios justos.
El sector agropecuario recibió beneficios adicionales al financiarle el 50 % de las pólizas de seguro para proteger las afectaciones a los cultivos y las tasas de interés de los créditos otorgados, así como las pérdidas ocasionadas por la sequía, superiores a las amparadas por el seguro, lo que ascendió a 159 millones de pesos.
Un total de 83 empresas cerraron el año con pérdidas no planificadas, con un resultado negativo de Mil 167 millones de pesos, por lo que deben continuar trabajando en eliminar las causas que la provocan.
Las inversiones para el sector hidráulico recibieron respaldo presupuestario por más de 447 millones de pesos para la ejecución de conductoras, alcantarillados, drenajes y otros, que beneficiaron a más de un millón 700 mil personas con mejoras en los servicios. El programa de trasvases se cumplió al 90 % por el incumplimiento de las importaciones de equipos.
Se destinaron a obras del transporte 208 millones de pesos, que incluye 90 millones para resarcir las afectaciones por eventos climatológicos en viales.
Los Presupuestos Locales mejoraron los resultados al obtener superávits en su gestión, superiores a los previstos. Las tres provincias deficitarias lo reducen en más de 170 millones de pesos.
Los ingresos cedidos a favor de los municipios y provincias, representaron el 35 % del total de ingresos, superior en un 7 % al año anterior, lo que es coherente con el principio de fortalecer la gestión financiera de los órganos locales para respaldar su desarrollo económico y social, aspecto en el que se debe continuar trabajando, en respuesta a los Lineamientos 17 y 49.
Asumieron obligaciones de pagos superiores a sus recursos, 397 unidades presupuestadas y 76 cuentas distribuidoras municipales, por un importe de 584 millones de pesos, lo cual afectará el año 2018, en igual magnitud, indisciplina financiera que implica la adopción de medidas que compulsen el ahorro y restricción de pagos, la máxima utilización de inventarios así como el estricto control y análisis en los Consejos de dirección que identifiquen las causas y condiciones que originan estas faltas y emprendan las acciones para su erradicación definitiva, sin esperar soluciones de niveles superiores.
En el año tuvieron un comportamiento inestable los compromisos en los cobros y pagos, tema basado en la indisciplina, en particular cuando existen operaciones directas con la población, lo que exige mayor prioridad de los equipos de dirección en todos los niveles.
Los resultados obtenidos en las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República en la ejecución presupuestaria, expresan que se apreciaron discretos avances, aunque no suficientes, que demandan la máxima atención, en las reservas de planificación de los ingresos, el seguimiento y control a la ejecución del presupuesto, sobre el destino y uso de las subvenciones, así como en la tesorería, tarea compleja, pero no imposible que requerirá de la responsabilidad de los cuadros y colectivos que aseguren el riguroso control en todos los niveles.
Compañeros Diputadas y Diputados:
El efecto combinado del sobrecumplimiento de los ingresos y la inejecución de gastos, permitieron obtener un Déficit Fiscal inferior al aprobado en el Presupuesto, el que ascendió a 8 mil 284 millones de pesos, con lo que se cumple la Ley.
Con este resultado se utilizó sólo el 86 % del financiamiento aprobado mediante Bonos Soberanos, reduciendo el endeudamiento planificado, en Mil 382 millones de pesos, que pasaron a ser fuentes de financiamiento del año 2018.
Sometemos a su consideración la Liquidación del Presupuesto del Estado del año 2017.
10:00 a.m. Dan a conocer nuevo Consejo de Ministros
El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, explica que ya Salvador Valdés Mesa había sido elegido como Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
Díaz Canel propone mantener a:
Ramiro Valdés Menéndez, Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros
Ricardo Cabrisas Ruiz, Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros
Ulises Rosales del Toro, Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros
Entre tanto, promueven como Vicepresidentes del Consejo de Ministros a Inés María Chapman Waugh y Roberto Morales Ojeda.
José Amado Ricardo Guerra, Secretario del Consejo de Ministros
Ena Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación
Lina Olinda Pedraza Rodríguez, Ministra de Finanzas y Precios
Margarita González
Irma Margarita Martínez Castrillón, Presidenta del Banco Central de Cuba
Elba Rosa Pérez Montoya, Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Julio César Gandarilla Bermejo, Ministro del Interior
Bruno Rodriguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores
René Mesa Villafaña, Ministro de la Construcción.
Adel Onofre Yzquierdo Rodríguez, Ministro de Transporte
Rodrigo Malmierca Díaz, Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
Manuel Marrero Cruz, Ministro del Turismo
Gustavo Rodríguez Rollero, Ministro de la Agricultura
Alfredo López Valdés, quien se desempeñaba como Ministro de Energía y Minas pasa a ser Ministro de Industrias
José R. Saborido Loidi, Ministro de Educación Superior.
Alfonso Noya Martínez, Presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión.
Antonio Eduardo Becali Garrido, Presidente del Instituto Nacional de Deporte y Recreación (INDER)
Foto: Juvenal Balán
Se proponen como nuevos miembros:
Iris Quiñones Rojas, Ministra de la Industria Alimentaria
Betsy Díaz Velázquez, Ministra de Comercio Interior
Alejandro Gil Fernández, Ministro de Economía y Planificación
José Ángel Portal Miranda, Ministro de Salud Pública
Raúl García Barreiro, Ministro de Energía y Minas
Jorge Luis Perdomo Di-Lella, Ministro de Comunicación
Alpidio Alonso Grau, Ministro de Cultura
Oscar Manuel Silveira Martínez, Ministro de Justicia
Antonio Rodríguez, Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
Son 34 personas las que integran el Consejo de Ministros. Todos con amplia trayectoria y experiencia como cuadros.
10:00 a.m. La Agenda de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Raúl presente en esta sesión Plenaria
Previamente, dando cumplimiento a una de las atribuciones de la Asamblea Nacional, esta designará, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, a los vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Ministros.
Foto: Juvenal Balán
Como se recordará, el Primer Vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, había sido designado, mediante igual procedimiento, en la Sesión Constitutiva del pasado 19 de abril.
También en la agenda de la primera jornada, los parlamentarios cubanos tienen programado considerar el Informe de liquidación del Presupuesto del año 2017, y el Dictamen correspondiente presentado por las comisiones de Asuntos Económicos, y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
Como antesala de los debates sobre el Proyecto de Constitución que tendrán lugar a partir de hoy, los diputados agrupados en las comisiones de trabajo dedicaron dos días a estudiar individualmente, y otra jornada a evacuar dudas e intercambiar con miembros de la Comisión que redactó el nuevo texto.
El Proyecto incluye un Preámbulo, 224 artículos, divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones, y mantiene los fundamentos políticos del Estado socialista y revolucionario.
BASES CONSTITUCIONALES DE ESTA REFORMA ARTÍCULO 137
Esta Constitución solo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, excepto en lo que se refiere al sistema político, social y económico, cuyo carácter irrevocable lo establece el artículo 3 del Capítulo I, y la prohibición de negociar bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera, como se dispone en el Artículo 11. Si la reforma se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea.
PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES
El socialismo y el sistema político y social revolucionario, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.
El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.
