En este artículo: Ciencia, Ciencia y Tecnología, Constitución, Cuba, Educación, Reforma Constitucional en Cuba, Tecnología
12 septiembre 2018
Tabloide con el Proyecto de Constitución. Foto: Abel Rojas Barallobre/ Juventud Rebelde.
Me agrada mucho observar que buena parte de los cubanos estamos asumiendo nuestros deberes y nos esforzamos por mejorar el proyecto constitucional en debate.
A la vez, observo con alguna preocupación que en los resúmenes de los debates que he podido seguir por la prensa, la radio y la televisión, la discusión no se ha centrado en cuestiones que parecen clave como la educación, incluida la educación superior, la ciencia y la tecnología.
Es posible que los “constituyentistas” (tremendo nombre!) que he escuchado aprecien que sobre esos temas las formulaciones del proyecto son suficientes.
Sin embargo, es mi opinión y la de varios académicos cuyos juicios aprecio mucho, que las formulaciones recogidas en la Constitución merecen ser mejoradas.
El telón de fondo de las apreciaciones que más adelante mencionaré es el siguiente: un dato clave del mundo en que vivimos y el que se proyecta hacia el futuro es el creciente papel del conocimiento, la ciencia y la tecnología en toda la vida social, desde la esfera económica hasta la estrictamente espiritual, pasando por el poder político y militar.
Si hay algo que está muy mal repartido en el mundo son las capacidades científicas y tecnológicas. Se ha estimado que un 80% de esas capacidades se concentran en unos 12 países.
Un signo distintivo de los países que se denominan subdesarrollados o a veces eufemísticamente “en desarrollo”, es la fragilidad del complejo Educación superior- ciencia-tecnología y sobre todo, la insuficiente articulación del mismo al desarrollo socioeconómico.
Hay varios puntos que no debemos eludir en cualquier debate, incluido el constitucional:
- No hay desarrollo posible sin un fuerte sistema educacional, científico y tecnológico. No hay desarrollo sin conocimiento, sin personas muy preparadas, incluida una masa significativa de investigadores. La Constitución debería ser enfática en ese punto.
- La revolución cubana, de la mano de Fidel, se distinguió desde sus momentos más tempranos por el propósito de acceder a los más altos niveles de conocimiento. Pensemos en la campaña de alfabetización y los planes educacionales que le siguieron en las décadas siguientes; el programa de universalización de la educación superior; la biotecnología, y tantos ejemplos más. Nuestra Constitución no puede quedar por debajo de aquellas aspiraciones.
- La curva demográfica de Cuba no permite abrazar la “teoría del buey”, es decir, apostar prioritariamente al despliegue de sistemas productivos intensivos en mano de obra. Por otro lado, Cuba carece de recursos naturales en cantidad y calidad suficiente como para pensar en un potencial desarrollo apoyado en esos recursos. A todo lo que la naturaleza nos haya dado hay que ponerle encima conocimiento, ciencia y tecnología y multiplicar su valor. Eso requiere educación de calidad para todos y a lo largo de toda la vida. No basta con tener algunos miles graduados universitarios, una cifra disminuida de científicos con promedios de edad frecuentemente elevados, una población con un mínimo de noveno grado, una estructura del empleo centrado en actividades de baja o media calificación y una pirámide profesional invertida donde los que más conocimientos tienen no lo ven reflejados en sus bolsillos. El propósito tiene que ser otro: hay que multiplicar las capacidades de todos los cubanos y extender el conocimiento a tocas las actividades: la producción, el cuidado del medio ambiente, el manejo de riesgos, la vida cultural, el desarrollo local, entre otras. Y convertir el trabajo, respaldado por el conocimiento, en una fuente de bienestar colectivo e individual. Para ello no alcanza que nos propongamos niveles mínimos de educación, sea el noveno grado u otro. Hay que incentivar la formación técnica. Hay que incentivar la educación permanente, incluida la avanzada.
- Uno de los puntos donde cualquier proyecto progresista se da de narices con el neoliberalismo que condena a los países del Sur a la eterna dependencia y al subdesarrollo, es en la cuestión del acceso a la educación avanzada. Todos hablan de la educación como motor del desarrollo, pero para los neoliberales la educación es un servicio más sometido al juego del mercado; para los progresistas, la educación es un derecho humano, universal y es deber del Estado proveerla.
En América latina y el Caribe desde inicios de la década pasada se da un intenso debate sobre educación superior y mercado. Mientras las mentes e instituciones más progresistas, con el respaldo y el ejemplo de Cuba, defienden que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano y un deber del Estado, la realidad es que la educación superior en la mayoría de los países se privatiza cada vez más. Ello consolidará el subdesarrollo y la dependencia.
Cuba no va a privatizar la educación, eso lo deja claro la Constitución. Pero el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que estudian educación superior es bajo. Muchos jóvenes dejan los estudios tempranamente. Hay que cambiar esa situación. La redacción del documento constitucional distingue entre el pregrado y el posgrado, en lo que a pagar por los estudios se refiere. No se cómo interpretar esto: ¿Será que asumen que el pregrado es un derecho de todos y el posgrado no? ¿Por qué? ¿En qué se basa esa distinción? Quizás en la idea de que el posgrado es solo para algunos que deberán superarse y ellos o sus instituciones deben pagar por ello. Como dije antes, eso no tiene justificación en el siglo XXI y menos en Cuba. La educación universitaria no puede ser hoy considerada un punto de llegada. Es más bien, una breve parada en un proceso que nunca cesa y al que todos debemos tener derecho, independientemente de nuestros recursos o de la disposición de algunas administraciones no muy proclives a considerar la superación como una inversión.
Formulaciones alternativas, quizás más contundentes
Aunque aceptemos que la Constitución no puede decirlo todo y mucho quedará para las leyes siguientes, creo que a nivel constitucional hay que ser más contundente en temas de educación, superior incluida, ciencia y tecnología. Nos toca por historia y porque el presente y futuro del país lo reclama.
Sugiero a los potenciales lectores de estas líneas que tomen en sus manos el documento contentivo del Proyecto constitucional que compraron en los estanquillos y miren el artículo 84 (numeral 220) y vean donde dice: “El Estado garantiza a sus ciudadanos servicios de educación gratuitos para su formación integral, desde el preescolar hasta la enseñanza universitaria de pregrado […].
Me parece que habría que decir algo más contundente:
El Estado, consciente de que la educación es uno de los motores más poderosos para impulsar el desarrollo sostenible, fomenta la educación continua a lo largo de toda la vida de los ciudadanos y para ello les garantiza servicios educativos gratuitos y asequibles en todos los niveles y formas de educación.
El artículo 84 (numeral 221) dice que “La ley define, entre otras cuestiones, el alcance de la obligatoriedad de estudiar y la preparación general básica que como mínimo, debe estudiar todo ciudadano”.
Me parece más adecuado colocar:
La ley define, entre otras cuestiones, el alcance de la obligatoriedad de estudiar y la preparación general básica que como mínimo, debe estudiar todo ciudadano. A la vez, promueve el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a la formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
El artículo 95 (numeral 275) dice: “Se estimula la investigación científico-técnica con un enfoque de desarrollo e innovación, priorizando la dirigida a solucionar los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo”. Me parece francamente poco contundente.
Sugiero en su lugar algo que sintetiza una parte del pensamiento de Fidel:
El Estado promueve el avance del conocimiento, la ciencia, y la tecnología como recursos imprescindibles para el desarrollo económico, social y cultural de la nación y garantía de su soberanía e independencia.
El artículo 95 (numeral 276) dice que “Se favorece la incorporación de las personas con aptitud para la formación científica”. Me parece que no está mal proceder así, pero se queda muy corto.
En su lugar sugiero:
El Estado fomenta la formación y empleo del potencial humano necesario para asegurar las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación que el desarrollo sostenible del país requiere.
Para mi sorpresa, el proyecto constitucional no menciona directamente a la educación superior, agente clave del desarrollo. Ella forma el talento humano en los niveles de grado y posgrado y es un elemento clave del sistema científico y tecnológico. Por ello sugiero que se introduzca un epígrafe nuevo que nos sitúe claramente en el debate ideológico al que aludí párrafos atrás. Podría decir:
La educación superiores un bien público y social, un derecho humano y un deber del Estado. A ella corresponde un papel estratégico en el proceso de desarrollo porque contribuye a la generalización de la educación avanzada y permanente, la creación original de cultura y conocimiento socialmente valioso y la solución de problemas sociales relevantes.
Son estas algunas ideas para el debate. Propongo que sumemos estos temas a aquellos a los que al parecer se les viene prestando preferente atención. En ellos se encierra una parte de la clave del futuro.
(*) Presidente de la Cátedra de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación de la Universidad de La Habana.
