He comentado anteriormente que el “pecado original” del recién emitido Decreto-Ley 365 es que intenta presentarse como una normativa sobre las cooperativas cuando en realidad es, principalmente, una normativa para el sector privado que funciona en el agro cubano. (1)
La razón no es difícil de comprender: los productores privados que están asociados a las cooperativas de créditos y servicios (CCS), son considerados “cooperativistas” a pesar de que su naturaleza y funcionamiento son esencialmente las de un productor privado. Una CCS es una modalidad muy laxa de cooperativa que no altera un pilar esencial de la producción privada: los resultados de la producción son de propiedad privada y no colectiva.
Los 306 mil productores privados asociados a CCS son más del doble que el total combinado de los cooperativistas integrados en las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA).
Pero más allá de este intento de “re-envase” ideologizado del sector privado del agro, llama poderosamente la atención la contradicción que se observa entre la supuesta paridad “horizontal” que debería existir entre las partes de un contrato mercantil y la introducción de un componente “vertical” que en la práctica transforma el contrato en una relación asimétrica, con mayor poder concentrado en una de las partes del contrato. Esta es la modesta opinión de un economista. Quedaría por escuchar lo que opinan los juristas.
Eso es lo cabría entender de la “letra” del artículo 26 del Decreto-Ley 365 que estipula que “La empresa a cuyo sistema de producción se vincula la cooperativa agropecuaria controla el cumplimiento de las normas técnicas que rigen los procesos productivos, lo que debe quedar explícitamente definido en los contratos que se establecen con las cooperativas”.
La empresa a la que se hace referencia es la empresa estatal, y la cooperativa que se menciona pudiera incluir cualquier modalidad de cooperativa, incluyendo los productores privados asociados en una CSS.
Es el tipo de contrato que en ocasiones se relaciona con las ventas que hace una empresa estatal, por ejemplo, semillas, combustible o fertilizantes, mientras que otras veces el contrato corresponde a las compras de productos del agro que hace una empresa estatal, por ejemplo, en el caso de Acopio cuando compra el encargo estatal que deben entregar cooperativistas y privados.
En una relación económica entre actores con formas de propiedad muy diferentes esos contratos son de naturaleza mercantil. Es un hecho del mercado. Se supone que el mercado es el mecanismo disponible más eficiente para articular en un sistema de economía integrado la amplia diversidad de actores que funcionan en el agro cubano.
Sin embargo, el Decreto-Ley dice dos cosas interesantes. Primero, que las cooperativas (productores privados incluidos) se “vinculan” a empresas específicas. En segundo lugar, se establece que las empresas estatales “controlan” –mediante el contrato- el cumplimiento de las normas técnicas por parte de las cooperativas (productores privados incluidos).
Aquí habría una especie de “falta doble” en lo que se supone que debería ser una relación de mercado. No me refiero a un “libre” mercado, sino inclusive en condiciones de un mercado regulado, como lo es el mercado agropecuario en muchos países.
La presentación del Decreto-ley 365 incluyó afirmaciones de funcionarios acerca de que “la vinculación no significa subordinación”, pero eso de la “vinculación” parece estar asumiendo la existencia de una relación estable entre las partes contratantes que no necesariamente debe responder a una dinámica de mercado. Parecería tratarse de una decisión administrativa que implica la designación de empresas estatales que –en la jerga burocrática cubana- le darían “atención” a la otra parte (no estatal) del contrato. ¿Cuál pudiera ser la racionalidad económica de tal tutelaje?
El segundo componente, el “control” de normas técnicas, es aún más anómalo en el marco de un contrato mercantil, pues convierte en una ficción cualquier noción de equivalencia legal entre las partes contratantes. Es una práctica normal que las entidades que participan en un contrato puedan establecer el cumplimiento de determinadas normas técnicas, pero hay dos aspectos del tipo de “control” específico que se mencionan en el artículo 26 que son muy “raros”.
Por una parte, se trata de un control unidireccional de normas técnicas. Es decir, el contrato no parece amparar que los cooperativistas y productores privados pudiesen verificar que se cumplan las normas técnicas por parte de la empresa estatal con la que establecen un contrato. Por ejemplo, las relativas a los herbicidas que compran a la empresa estatal.
La producción agropecuaria se caracteriza por la existencia de numerosas y variadas normas técnicas para sus procesos y productos. Entre la múltiples áreas normadas técnicamente se encuentran la genética vegetal y animal, la utilización de microorganismos para el control fitosanitario, nutrición animal, tipos de pesticidas y herbicidas, utilización del manto freático, y el manejo sostenible de tierras. El agro y el procesamiento de sus productos se encuentran igualmente sujetos a una amplia variedad de las conocidas normas ISO.
El problema es que la definición y control de esas normas técnicas son competencias que corresponden a entidades estatales especializadas y no a empresas comerciales. Es el caso de diversas entidades especializadas del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) o del departamento de calidad del Ministerio de la Agricultura, solamente por citar dos ejemplos.
Es decir, una empresa estatal pudiera incluir en el contrato que la parte no estatal del contrato cumpla con la norma ISO/TC 134 relativa a los fertilizantes, pero no es la empresa estatal por sí misma, por ejemplo, Acopio, la que puede “controlar” esa norma técnica a nivel del productor. Existen al menos dos razones para ello: una empresa comercial estatal no posee la capacidad técnica requerida para ejercer tal control, pero aún en el caso infrecuente de que tuviese esa capacidad, la empresa comercial estatal no estaría autorizada para usurpar la función de regulación normativa de las entidades estatales especializadas.
La manera “normal” -como funciona en otras partes del mundo- es que la entidad reguladora certifica al productor en cuanto a una serie de normas técnicas, y eso es garantía suficiente a los efectos del contrato. Por ejemplo, si el contrato estipula que un productor no estatal debe cumplir con la norma ISO/TC 134 relativa a fertilizantes, sería suficiente que el productor tuviese ese tipo de certificación. No hay nada que la empresa comercializadora pudiera hacer directamente para “controlar” esa norma. En caso de duda o disputa, habría que apelar a una revisión por parte de las entidades reguladoras especializadas. Es eso, y no el “control” directo, lo que debería estipularse en el contrato.
Existe otro tipo de “control” -muy diferente del antes descrito- que una empresa estatal puede incluir en el contrato, como es el caso de que el productor no estatal le permita a la empresa estatal verificar la calidad del producto que va a comprar (tamaño, presencia, madurez, etc.), pero eso no se refiere a las normas técnicas.
Resumiendo, el artículo 26 no “valoriza” al principal productor del agro cubano (sector no estatal) sino a la empresa estatal comercializadora, e introduce componentes de verticalidad (“vinculación” y “control” de normas) que desfiguran lo que debería ser una relación horizontal en el marco de contratos mercantiles.
Parecería ser que no se ha entendido que la noción de que la empresa estatal debería ser el actor más importante del modelo económico cubano puede materializarse sin que tenga que funcionar de manera puntillosa -contrato por contrato- al costo de eliminar la flexibilidad que ofrece un mercado adecuadamente regulado para poder integrar los actores del sector económico que cuenta con la mayor diversidad de formas de propiedad y de gestión en Cuba.
¿De qué manera habría que explicar que la empresa estatal es un productor menor -en ocasiones marginal- en el agro cubano?
¿Cuál es la racionalidad de que empresas comercializadoras estatales tengan “vinculadas” administrativamente a ellas las entidades no estatales que producen y que además tengan esas empresas comerciales la potestad de “controlar” unilateralmente unas normas técnicas respecto a las cuales esas empresas estatales no tienen capacidades evaluativas?
Donde debía prevalecer un contrato de mercado entre pares, el articulo 26 parece estar sustentando la construcción artificial de un primus inter pares, un primero entre iguales.
Creado el Miércoles, 05 Junio 2019 08:28 | Naily Barrientos Matos
Las Tunas, 5 jun (ACN) Diversas acciones para la producción de alimentos emprenden en Las Tunas, mediante el empleo de recursos locales para incrementar las ofertas a la población, en momentos en que el país afronta dificultades con el abastecimiento de productos en los mercados.
La instalación de burenes, (hornilla artesanal para elaborar casabe), y la venta de este tradicional plato en unidades gastronómicas, integran las alternativas, refiere Yoslaine Moteagudo Morales, directora de la Empresa Alimentaria en el territorio, quien destacó la producción del denominado “pan aborigen” en los municipios de Majibacoa, Jobabo y Colombia.
Con una extensa tradición en la región oriental de Cuba, el casabe es un alimento típico propia de las comunidades precolombinas de la isla, el cual tiene como materia prima fundamental la yuca y hasta el día de hoy goza de reconocimiento por su exquisitez y el aporte de vitaminas del grupo B y C, además de minerales como calcio, hierro, magnesio y potasio.
Señala la directora de la Empresa Alimentaria que aunque la entrega de harina se estabiliza y también la fabricación de sus derivados, aún los volúmenes no satisfacen las solicitudes y para producciones muy demandadas como la galleta salada, priorizan la Feria Agropecuaria de los fines de semana hacia donde concurre, en la capital provincial, significativa cifra de pobladores.
Por su parte, Elizabeth Santana García, económica del Centro de Elaboración Emilio González, perteneciente a la Empresa de Gastronomía, refiere que similares esfuerzos son extensivos a esa entidad donde pronto funcionará un burén y elaboran croquetas, medallón y picadillo a partir de subproducto de cerdo y pollo.
Menciona también la diaria producción de unos 10 mil dulces criollos a base de chícharo y harina de maíz, unido a la elaboración de mermelada de guayaba, mango y frutabomba con destino a la red de restaurantes.
La directora general de la Empresa Cárnica, Mailín Utria Ricardo, explicó que a raíz de la reducción de la entrega del ganado porcino incrementaron la industrialización de la sangre y hoy producen 10 toneladas más de mortadella roja y morcilla, además de salami de hígado de res y butifarra.
En la Empresa de productos Lácteos, los trabajadores también apelan a la inventiva y elaboran el Miragur, surtido similar al yogurt natural saborizado y procesado con suero de leche de la quesería, maicena, azúcar, saborizante y colorantes, refiere Arael Martínez Teruel, director de esa industria.
La calidad del producto es confirmada por Sheyla Arteaga y Luisa Elena Rivera, dos tuneras consumidoras de Miragur que destacan la preferencia por los sabores naranja, fresa y coco, a la vez que destacan su módico precio y beneficios para personas con trastornos digestivos.
En respuesta a la demanda de alimentos, la Empresa de la Pesca en Las Tunas, también cuenta con el empeño de sus trabajadores y en el mes de mayo produjo 31 toneladas de croqueta, cinco más que las registradas habitualmente, ahora con el añadido de utilizar en su elaboración un 50 por ciento de harina de arroz en combinación con la de trigo.
Mario Cedeño Viamontes, director esa entidad, explicó que también han incrementado la elaboración de picadillos, filetes de tenca y claria, masa de croqueta y hamburguesa, entre otros surtidos expendidos en la red de pescaderías.
Agregó el directivo que en próximos días, se prevé la inauguración de un nuevo salón industrial para producir albóndiga, hamburguesa condimentada y cóctel de pescado.
Comentario HHC: Bueno partimos del
supuesto que en todos estos alimentos tengan las normas de calidad e
higiene requeridas, y que la leña para el casabe no afecte el medio ambiente. Y
suficiente cantidad de yuca sembrada. Correcto. Unas pocas ideas adicionales.
1- Ahora que estamos en la época de los
aranceles, podemos eliminar los mismos para todos los
alimentos deficitarios del país por un año, incluyendo para la población
que pueda importar para consumo.
2- Podemos permitir la importación de hasta 50 kg
libre de impuestos aduanales por un año.
3- Podemos estimular y facilitar la producción de
alimentos en la ciudad (agricultura urbana), y llegar un poco más hasta
las casas (así sea una planta de tomate.).
4- Podemos estimular y facilitar la creación de
mini-industrias por todo el país en la producción de alimentos.
5- Podemos estimular y facilitar la creación de
cooperativas en elaboración de alimentos.
6- Podemos permitir y facilitar a las empresas y
cooperativas agropecuarias la libre importación de maquinarias,
fertilizantes, instrumentos de trabajo etc, para incrementar los rendimientos
agrícolas.
7- Podemos invertir urgentemente, en vez de más hoteles,
en plantas conservadoras de alimentos.
8- Podemos buscar un socio (s), mayorista (s)
de comercialización de alimentos extranjera, mixtas, nacional que radique
en la Zona Franca del Mariel, en Berroa, en los almacenes de las 8
vías que venda alimentos de manera mayorista a las empresas y a la
población (experiencia Sams, Costco )
9 - Podemos estimular y facilitar para los ocupantes
actuales o futuros del 67 % de las tierras que no son lo suficientemente
fértiles una visita, un vídeo, un manual de la finca Santa Marta que
visitaba Fidel, que tiene altos rendimientos con sustentabilidad aplicando
la ciencia y en un terreno no "idóneo".
10- Ya que el gobierno de
EE:UU prohíben que vengan Cruceros, turismo de grupo, sancionan
empresas etc., pues tomemos también nuestras medidas mientras duren las
prohibiciones : incrementemos el permiso de la estancia a los
estadounidenses hasta 4 meses en nuestro territorio, libre de visado
, eliminemos el gravamen del 10 % al dólar y creemos el Fondo del Dólar,
Reservas Internacionales en el Banco por el estado cubano y compremos con el
mismo a los agricultores norteamericanos todos los alimentos y
tecnología de producción de alimentos que podamos siempre que
nos convengan, al tiempo de hacer saber que no compramos más por las
prohibiciones absurdas de su gobierno.
11- La producción de alimentos es uno de los seis sectores
definidos como estratégicos, pues entonces ¿podemos hacer lo que tenemos que
hacer y dejar atrás los supuestos y las prohibiciones absurdas
que nos impiden ser autosustentables en alimentos y además exportarlos?
El día 4 de Junio de 2019, recibí un correo
del compañero Edison Velázquez, con el siguiente título: “El Gobierno Mundial
se reúne, importante saber en manos de quienes está nuestro destino”, y en el
que me adjunta el correo del compañero Michael Vázquez Montes de Oca, Asunto:
“El Gobierno Mundial se reúne”. Resumen Latino Americano de 3 de junio 2019,
Fuentes: Agencia – Kontrainfo.
Considero que es muy interesante la vasta
información que se ofrece en este correo del compañero Michael, y que pienso
debemos trasmitirla a tantos como podamos.
Por mi parte es necesario informarles que
nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, ofreció una excelente información
sobre el Club Bilderberg, en las siguientes Reflexiones:
·La ONU, la impunidad y la guerra.
( agosto 15, 2010)
·El Gobierno Mundial (I)( agosto 17, 2010)
·El Gobierno Mundial (II)( agosto18, 2010)
·¿Acaso exagero?( agosto 19, 2010)
·Estoy listo p. seguir
discutiendo( agosto 22, 2010)
·El Cap. Principal último
libro( agosto 24,2010)
Por último, en el
documento que redacté titulado: “Los Estados Unidos de América, desentrañando
el Mito (I), de fecha 8 de mayo de 2019, enviado a algunos compañeros, al final
expresé lo siguiente:
“Para terminar hago
la siguiente pregunta: ¿La situación en los Estados Unidos, Europa y en el
mundo en estos momentos será tal como para que se decida que el famoso Grupo
Bilderberg o el Gobierno Mundial, intervenga?”
Aunque la coyuntura actual impone otras limitaciones de índole material, aquí de lo que siempre se ha tratado, cuando hablamos de proceso inversionista, es de la eficiencia. Y según todos los diccionarios consultados, eficiencia es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles.
El viento del sur deposita sobre la costa un vaho caliente y salado que, a veces, asfixia, mientras las viejas patanas, procedentes de Cienfuegos, atracan y descargan cemento o fertilizante. Cabotaje, trasiego entre puertos de un mismo país, navegar sin alejarse demasiado de la orilla. Para eso ha quedado la prometedora Terminal de Azúcar a Granel de Palo Alto; aunque no sea poca cosa.
Por el embarcadero, en la costa sur de Ciego de Ávila, entraban y salían barcos de hasta 30 000 toneladas y 200 metros de eslora, cargados de azúcar, en días en que pitaban casi todos los centrales avileños y el oro dulce cubano alcanzaba para el consumo interno, y hasta se exportaba. En un tiempo fue así. Ya no.
Vista de Embarcadero Palo Alto. Foto: Tomada de Google Earth
***
Iban a ser las salas de un hospital pediátrico, ubicado al noreste de la ciudad, pero casi nunca se oye el llanto de un bebé ni se ve entra y sale de gente, como en cualquier hospital de este mundo, más que a la hora de ir o regresar del trabajo. Cuando el elevador se rompe, los siete pisos —escaleras arriba con bicicletas, jabas y todos los santos juntos— parecen multiplicarse.
Allí viven en la actualidad unas 100 familias, después que el edificio se erigiera parcialmente, se derrumbara una parte, se volviera a construir y quedara en el olvido, como un esqueleto gris y huérfano abandonado en el medio de la nada. Convertir en viviendas un inmueble desahuciado no era la idea original de los arquitectos y proyectistas; pero no es poca cosa.
***
Se quedaron apuntando al cielo con sus tantos metros de hormigón enhiesto y su vocación de columnas. Pilares para sostener el deporte, se suponía. Aguantarían sobre sus aceros la polivalencia de una cancha en la que remates, canastas, goles bajo techo y quién sabe cuántas disciplinas más habrían cabido de manera organizada, planificada. Una decisión de “arriba” mandó hacia Las Tunas la estructura del techo y aquí nos quedamos así, mirando al cielo entre pilastras.
Luego —garciamarquianamente hablando, muchos años después— se trajo arena blanca de los cayos y se transformó el matorral donde aquellas columnas, como palmas, se erguían a despecho de los niños y adolescentes, futuros deportistas, que caminaban por la acera y no podían responderse la simple pregunta de ¿y esto qué es? Un voly de playa en la periferia de la ciudad. No era lo previsto, pero tampoco es poca cosa.
***
Hay un cordón umbilical que conecta y alimenta estas historias... y otras. Enlaza las más insospechadas construcciones en tierras avileñas, desde un canal trasvase que, tres décadas después de la primera excavación, todavía no lleva el agua de Oeste a Este; un hospital interminable; una Circunvalación Sur detenida antes de empezar; una pista sintética para el hockey donde solo ruedan, por ahora, las justificaciones; un par de secaderos de granos que no secan nada (ni los argumentos); un velódromo que nunca fue; un parque de recreaciones que, de tan ambicioso, murió la muerte de lo imposible; hasta un estadio de béisbol donde nunca se terminó la sección de gradas de la banda derecha y, ahora que los Tigres agitan las pasiones, se nota tan pequeño e insuficiente. Tan poca cosa.
Hay un cordón umbilical que lo conecta todo y se necesita pulso firme y precisión de cirujano para cortarlo de una vez.
Camisa de 11 varas
Los alumnos de la profesora Iliana no tenían dudas. Ella explicaba los intríngulis del Proceso Inversionista (PI) en un powerpoint cargado de artículos y disposiciones, recogidas en el Decreto 327 de 2014 Reglamento del Proceso Inversionista, y los muchachos no tenían dudas. Por aquí empiezan los problemas, me dije.
Desde 1977, al menos tres normas regularon y ordenaron el PI en Cuba, conjunto de acciones que persiguen el crecimiento y desarrollo económico y social de un país, mediante la ampliación y modernización de las capacidades productivas, el fomento de las exportaciones y la sustitución de importaciones.
En 2014, el Consejo de Ministros, haciendo uso de sus facultades, decretó el reglamento ya mencionado, texto legal publicado en enero de 2015 y de estricto cumplimiento para “todas las inversiones que se realicen en el territorio nacional por las personas jurídicas estatales. También se aplica a las sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano”, según se lee en el primer artículo.
Quedaron fuera de su alcance las personas naturales, mientras que, en el caso de las empresas mixtas, las partes de los contratos de asociación económica internacional y las empresas de capital totalmente extranjero, aplican dicho Decreto “en lo que corresponda y con las precisiones previstas en el mismo”, según dispone el Artículo 2.
“Conviene entender a las inversiones —explicaba la profesora— como el gasto de recursos financieros, humanos y materiales con la finalidad de obtener ulteriores beneficios económicos, sociales y medioambientales, a través de la explotación de nuevos activos fijos, tangibles e intangibles”.
Es así que, acciones de rehabilitación, remodelación, reposición, reparación capital, restauración, ampliación y modernización, caben todas dentro de la jurisdicción del proceso inversionista, no así los mantenimientos.
Básicamente, una inversión busca dar solución a uno o más problemas y, para lograr su cometido en el tiempo previsto y con los resultados esperados, debe seguir una serie de pasos lógicos, que comienzan con el diseño y la preparación, continúan con la ejecución y operación, y terminan con el control.
Dicho así, podría parecer sencillo, se trataría apenas de poner bloque sobre bloque, construir y ya. Pero la diapositiva número 13 en la presentación de la profesora Iliana es más que elocuente: los cuatro sujetos principales del PI (inversionista, proyectista, suministrador y constructor) tienen, en total, 107 responsabilidades, en tanto los sujetos no principales, dígase el explotador y el contratista, entre los dos, suman 16. Es lo que en el argot popular llamaríamos una camisa de 11 varas.
Cuando terminó la clase, la arquitecta Iliana de los Ángeles Sánchez Martínez, Máster en Ciencias en Dirección General de Proyectos y presidenta de la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción en Ciego de Ávila, confirmó la suposición inicial. El principal tropiezo del proceso inversionista en esta provincia es la escasa preparación del sujeto más importante: el inversionista. “A veces son personas que no tienen calificación y no saben en qué se meten. La figura del inversionista, según el decreto, tiene 40 responsabilidades”.
ABC = Aprender Bien a Construir
El gracejo popular, siempre tan sabio, dice que lo único que se construye de arriba para abajo son los pozos. El resto tiene que empezar a levantarse desde el suelo y con bases sólidas, so pena de que, al menor contratiempo, caiga sobre sí mismo, como naipes.
Y podríamos creer que es una verdad de Perogrullo, demasiado obvia para que haya a quien se le ocurra hacer lo contrario, pero Leonel Rodríguez González, director de la Unidad de Investigaciones de la Construcción, filial Camagüey, subordinada a la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA), asegura que más de un inversionista “olvida” solicitar los estudios ingenieros-geológicos del suelo al encarar el proceso. De hecho, también se “olvidan” otros aspectos técnicos, como la calidad del hormigón o de los áridos, unas veces por ignorancia y otras por ahorrar donde no se debería. Leonel no menciona nombres de organismos porque la ética y la confidencialidad de su servicio se lo impiden, mas, los ejemplos están. ¿En el pasado?, pregunto. En el pasado reciente, responde.
• Un caso de “olvido” y mala práctica que provocó grietas no solo en las paredes de un edificio
Si las cosas se hicieran como deben ser y en el orden cronológico que establece la norma, ni a la ENIA se le encargaran acciones de “control de daños” ni al Instituto de Planificación Física (IPF) se llegara sin el Anexo Cinco Modelo de Solicitud de Microlocalización, dispuesto por el Decreto 327 y sus resoluciones complementarias. Eso infiero de la conversación con Arley Noroña Rodríguez, director provincial de IPF, quien insiste en el factor tiempo. “Las inversiones se preparan de un año para otro. Los plazos de cada permiso están diseñados para que los organismos rectores no tengan que “correr” ni se atrasen las obras. Cuando se viola lo establecido, quieren que nos apuremos y no es posible.”
Lo cierto es que, a cinco años de la puesta en vigor del Reglamento, un número no despreciable de inversionistas todavía no conoce el abc de su encargo y deja para después lo que, por lógica y mandato, debiera priorizar. Llegan a la ventanilla única sin los documentos elementales que posibilitarían encauzar sus necesidades con la brevedad que estipulan los plazos.
“Muchos no saben que una microlocalización tiene vigencia por tres años, o que las Licencias de Obra, luego de la primera acción, no caducan. Eso les da margen a ir trabajando en el resto del proceso, sin apuros ni urgencias”, explica Niuris Hernández Canales, subdirectora general de IPF.
Y aunque ambos especialistas aseguran que no existen atrasos hoy en la permisología, las reuniones semanales de la Comisión Provincial de Compatibilización que preside el IPF son un botón de muestra de las tensiones hacia lo interno del mecanismo.
La Comisión —establecido así por el artículo 77.1, Capítulo IV, del 327— es un órgano de consulta permanente, integrado por representantes de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Energía y Minas, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Salud Pública, Interior, Industrias, INRH y la Defensa Civil. Se reúne con frecuencia semanal y de allí el cien por ciento de los proyectos sale y entra con requerimientos diversos, desde lo concerniente a la prevención de incendios hasta la mitigación de los impactos ambientales.
Debería existir una Comisión, también, en cada municipio, pero Noroña Rodríguez es enfático cuando dice que no están creadas las condiciones en los territorios para asumir esta tarea. “No hay personal capacitado ni estructuras”, recalca. En algún punto del futuro inmediato, esta limitación chocará con la autonomía municipal reconocida por la Constitución.
Como representante del CITMA, Daylon Fundora Caballero es la persona que dice “esto sí, esto no”, atendiendo a las regulaciones contenidas en la Ley 81 de Medio Ambiente. Si bien algunos organismos quieren “meter presión” y acelerar los trámites, enarbolando el mantra de “tiempo es dinero”, el joven Máster en Ciencias Biológicas y Especialista de Evaluación de Impacto Ambiental en la Unidad de Medio Ambiente en Ciego de Ávila es irreductible con su encomienda. En su opinión, el proceso es largo, mas, lo que podría entenderse como una debilidad, es, asimismo, una fortaleza, porque permite ordenar y controlar en todo momento.
La especialista de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado explica las características de una conductora en Morón
En una de las reuniones semanales de la Comisión, por ejemplo, el representante de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) puede “secarle” las aspiraciones a cualquier inversionista si, como sucedió el 27 de marzo pasado, el proyecto para la construcción de viviendas biplantas en Majagua no había contemplado una solución viable para las aguas residuales.
Antes, la proyectista de los edificios conocidos como CAP, localizados en el Consejo Popular Indalecio Montejo (Ortiz), de la capital avileña, alertaba que la emisión de licencias parciales, independientes para cada inmueble, podría ser un problema al final, pues está faltando la concepción general de la urbanización.
Más o menos, eso es lo que ocurrirá en Morón, cuando haya que romper un vial recién reparado (añejo planteamiento de la comunidad finalmente resuelto) para instalar 4,3 kilómetros de una conductora de agua potable que refuerce el abasto a la Ciudad del Gallo y garantice el suministro a las 5 000 viviendas que ALMEST ya empezó a construir en la zona cercana al Hospital General Docente Roberto Rodríguez.
O en Micro C, en la cabecera provincial, donde deberán construirse 10 viviendas y, justo en el área a edificar, hay un poste de electricidad. Allí todavía no se decide quién reunirá en un solo proyecto lo concerniente a las redes, el movimiento de tierra y el replanteo del espacio físico.
“Estamos haciendo picotillos en las urbanizaciones. ¿Dónde está el Proyectista Principal que estipula el Decreto 327?”, se escuchó en medio del debate.
Más organizado sí, pero más demorado también
Cuando la inversión requiere la participación, a la vez, de varios proyectistas —manda el 327 en su artículo 31, Capítulo III—, el inversionista puede designar a uno de estos como proyectista principal. A juzgar por lo dicho en la citada reunión, este paso se ha obviado en Ciego de Ávila, aun cuando, luego, entren en contradicción, por ejemplo, los proyectistas de la obra con los de las redes (hidráulicas, eléctricas, comunicaciones) y no sea posible establecer jerarquías.
El arquitecto Roberto Regalado Franco cree que, en ocasiones, los problemas objetivos derivan en subjetivos. Como Director de Diseño Uno en la Empresa de Ingeniería y Diseño DIMARQ, ha liderado un sinnúmero de proyectos, entre los que se incluyen las urbanizaciones concebidas al calor de la recuperación post huracán Irma (Punta Alegre, Macizo Cañero, etc.). “En esos casos no existe un proyectista principal porque la máxima dirección del país decidió que las redes exteriores hidráulicas y sanitarias las acometiera la Delegación Provincial del INRH, a partir de recursos asignados centralmente a ese organismo. Pero no es la norma”.
Tampoco es la norma la ausencia de elementos de entrada, pero ocurre con mayor frecuencia de la que admitiría una excepción. “Estamos hablando de la Tarea Técnica, un informe de estudio patológico, un estudio de suelos, análisis estructurales de áreas. El decreto dice que todo esto debe estar en nuestras manos para poder proyectar. Sin embargo, en la práctica se incumple”.
En la práctica también sucede que los inversionistas menos experimentados, o los funcionarios impuestos de la “misión” —con más voluntarismo que capacidad—, acuden a DIMARQ apenas con una idea mal esbozada de lo que quieren o necesitan. “Casi debemos hacerles la Tarea Técnica”, confiesa Regalado. En esos casos, los proyectos transitan por un camino largo, de entradas y salidas al IPF y a la Comisión de Compatibilización, cargados de requerimientos.
— ¿Y eso no encarece el servicio que ustedes prestan?
— Sí y lo demora.
De proyectos pagados y engavetados en 13 años de trabajo en DIMARQ, el Master en Ciencias Regalado Franco puede dar una disertación. Según cuenta, solo del inmueble que hoy ocupa el Salón de Belleza en el bulevar se hicieron y pagaron ¡cinco! proyectos.
También, en el Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola se ha debido gastar bastante dinero por concepto de cambios en el proyecto, más motivado por la propia dinámica de la obra, que porque no se sepa lo que se quiere hacer, apunta Regalado, aun cuando las coyunturas empujen a ampliar un inmueble, a todas luces, sobresaturado. “Hoy diseñas un espacio para un equipo y dentro de cinco meses ya no es uno, sino dos, o uno más sofisticado, con otros requerimientos. El proyecto general ha variado mucho, todos los años se transforma. La proyectista principal es diplomada en Seguridad Biológica y, después de un curso de actualización en La Habana, por ejemplo, tuvo que cambiar algunas cosas en el área de laboratorios, para que estuvieran a tono con los nuevos requisitos.”
Junto a las demoras ocasionadas por el desconocimiento de los inversionistas, el otro punto flaco de la empresa de cara al PI es el Control de Autor a las obras en ejecución, obligación número 18, de 23 que contiene el artículo 33, Capítulo III del Decreto 327. La falta de personal incide negativamente en el cumplimiento del encargo estatal: hoy DIMARQ tiene apenas 21 plazas cubiertas de una plantilla de 54. En parte por movimientos internos (la unidad ubicada en Cayo Coco está completa, mas solo puede trabajar con las obras de la Asociación Económica Internacional, identificadas como prioritarias), aunque también ha existido éxodo externo.
Sin embargo, las dificultades con el Control de Autor no serían tan visibles y contraproducentes si, en el día a día, no fallaran, además, otras revisiones inherentes al Proceso Inversionista, digamos el Control Técnico. Evidencias concretas y muy recientes apuntan al restaurante CartaCuba, donde se violó el proyecto eléctrico y hubo que rehacerlo, con los consecuentes costos adicionales.
En la propia urbanización de Ortiz, por inobservancia de las especificaciones del proyecto y la microlocalización, dos edificios quedaron más unidos de lo permitido por las normas y fue necesario reajustar “en caliente” el cierre de las culatas, pues ya estaba hecha la cimentación. Ahora, el edificio CAP 8 tiene una ventana menos, que no es poca cosa.
¿Estamos tan holgados con los recursos materiales y financieros como para permitirnos este tipo de errores? Mantenga esa pregunta en mente y espere las conclusiones de esta investigación en un próximo reportaje.
¿Dónde estaba el responsable de velar porque se cumpliera lo dispuesto en la microlocalización y el proyecto del edificio CAP 8, mientras los constructores cimentaban?
Si no se quiere perder el rumbo, lo más recomendable es apegarse al concepto. La palabra proceso describe la acción de avanzar o ir para adelante. Veamos.
Inventario de “arrastres”
La pregunta retórica con que terminamos la edición anterior: ¿Estamos tan holgados con los recursos materiales y financieros como para permitirnos este tipo de errores?, Reinaldo Barbón Brunet no se molesta, siquiera, en contestarla. El director de la Oficina Nacional de Inspección Estatal de la Construcción en Ciego de Ávila tiene muy claros los tres conceptos básicos que están en el espíritu y la letra del Decreto 327: eficiencia, racionalidad e integralidad.
Entre las inversiones nominales (aquellas planificadas, aprobadas, controladas y evaluadas por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), a propuesta de los OSDE, OACE, Consejos de la Administración Provincial) y no nominales (no aprobadas por el MEP), Barbón considera que las segundas presentan más problemas y lo ejemplifica con el proceso de contratación. “Sin preparación de obra no se puede firmar un contrato y, sin embargo, se hace. Cuando eso sucede, la inversión arrastra problemas en todo el proceso”.
Tal inventario de “arrastres” incluye, por ejemplo, la reprogramación de las obras, en el momento en que es evidente que no se cumplirán los plazos. Por ahí también se encarece el proceso inversionista, pues se genera una afectación económica que se carga al presupuesto inicial. Si le pido un ejemplo a René Martínez González, Especialista Inspector Estatal de la ONIEC, menciona sin titubear el secadero de arroz en Bolivia (que en marzo pasado estaba todavía en movimiento de tierra), aunque el caso más emblemático es, a no dudarlo, el Hospital General Provincial Docente Dr. Antonio Luaces Iraola. Otras obras retrasadas fueron los almacenes de ALMEST en Turiguanó, la conductora Cayo Coco-Cayo Guillermo y la base de Transmetro en Morón.
El secadero de arroz de Bolivia debe quedar como refleja la imagen de la izquierda. Pero en abril de 2019 todavía estaba en movimiento de tierra (derecha)
Barbón rememora la construcción de las escuelas en el campo, construidas en secuencia hace unas cuantas décadas, y las pone como ejemplo de buenas prácticas al insistir en que, ahora, “en no pocas ocasiones, se 'abren' muchas inversiones a la misma vez, y después vienen los problemas con la fuerza constructora”.
Si bien es cierto que los atrasos no siempre son responsabilidad del inversionista o el constructor, y podría tratarse de la llegada tardía de los recursos (una variable muy presente en la economía cubana), ambos inspectores insisten en la capacidad del inversionista (su conocimiento y exigencia), como la figura más importante del PI. De esa preparación y la valentía para decir “No, en ese plazo no”, cuando el voluntarismo por inaugurar una obra en saludo a una fecha atenta contra la calidad o la lógica, depende el éxito de todo.
Con una plantilla cubierta al 50 por ciento —cuatro “guerrilleros” de nueve posibles, dice con una sonrisa amarga René— la ONIEC en Ciego de Ávila debe inspeccionar, en sus diferentes fases, todo el proceso en lo concerniente a la construcción estatal, y ahora se le incorporan las obras estatales a cargo de cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.
Si le pregunto a los inspectores por malas y buenas prácticas, son precisos cuando mencionan las obras del Consejo de la Administración Provincial y las inversiones de ALMEST, en ese orden. Apuntemos aquí, brevemente, que las construcciones de la subordinación local, por lo general, no se amortizan con sus rendimientos, pero tienen un impacto social extraordinario. Y si se están haciendo mal…
En 2018, la Oficina realizó 51 acciones de control, de las cuales nueve tuvieron resultados negativos, calificadas como Deficientes (2) y Mal (7). “Esto implicó 14 medidas administrativas, insuficientes para la gravedad de los problemas detectados”, recalca Barbón.
Después de mucho tiempo, este inmueble por fin está listo para su nuevo encargo estatal
Dentro de las deficiencias identificadas (totalizadas en 220), a tenor de la Resolución 539 del 2000, hubo algunas evaluadas de graves, como el mal control del hormigón. Reincide el restaurante CartaCuba, terminado dos años después de su inicio y que nunca tuvo Licencia de Obra. “Cuando llegamos allí ya habían levantado muros sin saber la resistencia de los cimientos. Tuvimos que enviar a los compañeros de la ENIA a que investigaran el suelo”.
El CartaCuba ya reabrió sus puertas, más hermoso y funcional, ¿pero a qué costo?
A seguidas, Barbón Brunet lee en voz alta, como exorcizando demonios, algunas de las deficiencias descubiertas:
• No se realizan las inspecciones de calidad por parte del organismo superior.
• No están disponibles los medios de protección requeridos.
• No se cumplen las medidas de mitigación y monitoreo especificadas en la Licencia Ambiental.
• La entidad proyectista no realiza Control de Autor.
• No se realiza Control Técnico por parte del inversionista.
• Planes de calidad sin registros. No funcionales.
• Mala elaboración y no utilización del Libro de Obra.
• No existe control del hormigón.
• Inadecuada utilización de la Carta Límite de materiales.
• Contratos y suplementos mal elaborados y sin funcionamiento.
• Viviendas dadas como terminadas sin terminación.
En fin… construir
En cada uno de los 10 municipios avileños, la Dirección de Vivienda tiene un departamento técnico, encargado del proceso inversionista y de la conservación del fondo habitacional. Sin embargo, la existencia de la estructura no garantiza la calidad del proceso, pues lo primero que debe ser dicho es que falta personal.
La escasez de técnicos en estos departamentos, y específicamente de inversionistas, no solo en Vivienda, sino en el resto de los organismos que hoy padecen tal anemia, se justificaría con la complejidad del encargo, sí, pero, también, con la baja remuneración y las condiciones en las que deben ejercer sus funciones.
Digamos que, en el Hospital Provincial, por ejemplo, el inversionista cobra menos que el Jefe de Mantenimiento, o que los especialistas del Departamento de Inversiones de la Dirección provincial de la Vivienda (DPV), devengan apenas 430.00 pesos, dando pedales (si es que los tienen) entre una obra y otra. Recordemos en este punto lo que acotaba la profesora Iliana Sánchez en el reportaje anterior: los inversionistas tienen más de 40 responsabilidades según el 327.
Ernesto Herrera Pérez, subdirector técnico de la DPV, reconoce, no obstante, que es imprescindible una mayor capacitación. “Hay que tener más control técnico de las obras, prepararlas con más tiempo”.
Para ilustrar los efectos negativos de la premura el directivo pone sobre la mesa el reto ingente que planteó el huracán Irmaen septiembre de 2017, porque significó 31 000 viviendas afectadas de un plumazo. “En muchos lugares tuvimos que preparar la documentación a la par que se trabajaba. Este año eso no ha ocurrido. Hoy no se permite el inicio de una obra sin los permisos correspondientes.”
Si todo marcha como enuncia Herrera, al terminar 2019 Ciego de Ávila deberá haber terminado 1 117 casas. Mas, no perdamos de vista lo trascendido en torno a la construcción de viviendas en el país, durante el balance anual del Ministerio de la Construcción, en marzo pasado: “persisten deficiencias en lo referente a la preparación técnica de las obras, control de la calidad, cumplimiento de los cronogramas de terminación, ejecución del presupuesto y calidad de la información. Además, no se logra detener la fluctuación de la fuerza especializada hacia otros sectores”.
“Lo que se proyecta debe ser construible”, dice Ismael Escobar Perdomo como carta de presentación, cuando lo provoco comentándole que un conocedor de estos temas me aseguró una vez que el 80 por ciento del proceso inversionista se hace “al trozo”. El Director de Construcción y Montaje de la Empresa CONAVIL no es tan categórico, pero reconoce y coincide en que los aparatos inversionistas en la provincia no están todos en las mismas condiciones, desde el punto de vista del capital humano y material.
A estas alturas del año ya Ismael Escobar tiene completo su libro de contrataciones para el año 2020. A la derecha, un acta de conciliación
“Si los inversionistas no cuentan con nosotros a la hora de proyectar y preparar las obras, si desconocen mi capacidad constructiva, el equipamiento tecnológico del que dispongo, ¿cómo pueden hacerlo? Luego son los problemas, tienen que salir a buscar fuera del territorio otras fuerzas y eso encarece los presupuestos.”
La lógica y el Decreto 327 están de su parte, sin embargo, en la “concreta”, si esperaran a que los inversionistas los consultaran en las distintas fases de preparación de la inversión y llegaran con la totalidad de la documentación y las conciliaciones de suministros, no contratarían ni la mitad. “Siempre damos un pequeño voto de confianza”, reconoce.
Prácticamente está obligado a hacerlo, porque para una empresa de 52,7 millones de pesos de capacidad constructiva no es sencillo planificar el 100 por ciento. De hecho, en 2019, el MEP solo aprobó 34 millones y han debido rebuscar en el territorio otras acciones hasta completar 49. La cuenta es sencilla: esta provincia se perderá unos cuatro millones de pesos… traducibles en tantas cosas.
Con todo y lo dicho, en Ciego de Ávila, el año pasado, se detuvieron obras de Recursos Hidráulicos relacionadas con el enfrentamiento a la sequía por falta de fuerza de trabajo. ¿Error de planificación?
Sin esperar milagros
El problema podría ser, como me dijo uno de los entrevistados, que el 327 es una regulación del Primer Mundo aplicada a un país del tercero. Todos los especialistas consultados coinciden en que la norma vino a organizar un proceso que, si bien no se hacía “al trozo” en su totalidad, sí dejaba demasiado espacio a la improvisación y el descontrol.
Georquis Arias Mola, subdelegado de Inversiones de Recursos Hidráulicos, cree que las inversiones ideales no existen, y en eso también estamos de acuerdo. “El decreto organizó el proceso, pero le quedan brechas. Ahora todo recae en los inversionistas y la cuestión no es solo que no estén suficientemente preparados para asumir sus encargos, sino que no cuentan con aparatos logísticos fuertes. El resto de los actores del proceso está esperando a que le pongan todo en las manos”.
El especialista también hace énfasis en los recursos. Habiendo participado desde el principio en una de las obras ingenieras más grandes de Recursos Hidráulicos y la provincia, el Canal Trasvase Zaza-Ciego, asegura que una parte no despreciable del retraso tiene un profundo componente material. Fue la falta de suministros, asimismo, lo que demoró en el tiempo la muy necesaria potabilizadora de Florencia (todavía no se concluye, por cierto, y el municipio de los bellos paisajes sigue siendo, además, el único en Cuba sin sistema de acueducto, pero ese es otro tema) y también algunas de las inversiones en la cayería, donde deben ejecutarse este año unos 18 millones de pesos, moneda total.
• Lea aquí un reportaje sobre el Canal Trasvase Zaza-Ciego de Ávila: ¿La obra de nunca acabar?
Desde su posición de Subdirector de Inversiones de la Dirección Provincial de Economía y Planificación, Yens Toledano Padrón tiene una “vista” privilegiada del proceso inversionista en Ciego de Ávila, aun cuando una buena parte de las acciones de este tipo realizadas aquí no pasan por su oficina; a la postre otra debilidad.
No obstante, el directivo le achaca el incumplimiento de los planes de inversión a las deficiencias que se “heredan” de infringir, también, lo estatuido por el Decreto 304 de 2012 sobre la Contratación Económica. “Ese decreto está bien diseñado, es para todas las organizaciones económicas en Cuba, sin embargo, no lo hacemos cumplir. Te pongo un ejemplo: contratamos con un suministrador la materia prima para noviembre de 2019, la entrega en enero de 2020 y no pasa nada por eso. Pienso que no somos suficientemente exigentes y rectos”.
• Descargue aquí el Decreto 304 sobre la Contratación Económica.
Según Toledano, el componente de Construcción y Montaje ocupa más del 50 por ciento del plan de inversiones general, de ahí que a nivel de país se priorice lo relativo al balance de recursos constructivos, a su vez, conformado por otros siete balances, entre ellos el de carga, energía, agua, capacidad de producción industrial y capacidad constructiva. “Cuando esos siete balances estén en equilibrio, entonces se puede hablar de un balance constructivo en el país. Como ves, es muy complejo, y debe ser hecho entre febrero y mayo de cada año.”
Habla de plazos el joven graduado de Ingeniería Industrial porque, ya se ha dicho, si no se hacen a tiempo los cálculos, balances, conciliaciones y contrataciones, y por supuesto se informa a los niveles correspondientes, luego el proceso no “camina”. Y también en este ámbito la indisciplina campea.
“Pero se ha avanzado”, asegura el directivo. “Hace 11 años no se hablaba de capacidad constructiva, ni se sabía, por ejemplo, que el balance de capacidad de carga de la subordinación local (el qué puedo hacer y con qué cuento para hacerlo) tiene una demanda de 60 millones de pesos y una capacidad de 44 millones”.
Y aunque Ciego de Ávila se ha mantenido por encima de la media del país en el cumplimiento del plan de inversiones, durante los últimos seis años, hay consenso en que se continúa subestimando la importancia de la etapa de preinversión, supuestamente para favorecer la fase ejecutiva, pero también allí se notan los “descosidos” de una tarea que debiera tener costuras reforzadas.
Al cierre de abril, confirma Ileana Venegas, directora provincial de la DEP, el plan de inversiones territorial se ejecuta al 26,6 por ciento, lo que se traduce en ligeros atrasos, “si lo vemos de forma lineal”. En 2019 Ciego de Ávila se propuso ejecutar una de las mayores cifras de su historia: 595 millones de pesos.
Comportamiento Histórico Inversiones
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En materia de inversiones, reza el refranero popular, tan malo es no llegar como pasarse. El sobrecumplimiento experimentado en 2017 y 2018 tiene como causa fundamental las afectaciones del huracán Irma y la consecuente recuperación.
Fuente: Dirección Provincial Economía y Planificación
Invasor
Antes de la puesta en vigor del Decreto 327, el 60 por ciento de los ministerios y demás instituciones responsabilizadas con el proceso inversionista carecían de normas para regularlo eficazmente. No obstante, siempre se asumió que el Reglamento y sus 14 resoluciones complementarias no obrarían el milagro de un día para otro. De hecho, Toledano Padrón cree que, teniendo en cuenta los cambios a nivel mundial en el ámbito de la Construcción, la regulación se ha quedado retrasada.
Cinco años después, algunas de las 44 deficiencias identificadas en el diagnóstico pre-decreto siguen pendiendo sobre el PI, entre ellas la falta de integralidad en el proceso, poco rigor y calidad en los estudios de factibilidad y un inversionista que, a pesar de las enormes responsabilidades y prerrogativas conferidas, todavía se prefigura como el actor más débil, al faltarle liderazgo, motivación y estabilidad profesional. (Volvamos, por un segundo, a la escena de futuros ingenieros civiles sin dudas en el aula de la profesora Iliana y adivinemos cuántos, en el futuro cercano, serán inversionistas.)
Lo confirman las palabras de Alejandro Gil, Ministro de Economía y Planificación, durante una reciente intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular: “Cuba enfrenta un ineficiente cumplimiento del proceso inversionista. Cuando nos referimos a esto no lo hacemos solo a que los niveles de inversión que hemos venido alcanzando en los últimos años están por debajo de lo planificado; en 2018 el componente que más deterioro tuvo fue el de Equipos, no exactamente el de Construcción y Montaje, pero lo que nos está pasando, más que eso, es que no siempre garantizamos que las inversiones se puedan amortizar con su propio rendimiento. Y eso es algo que la Economía tiene que resolver”.
Los datos del ministro apenas reflejan lo sucedido el año pasado. Aquí en Ciego de Ávila, para no ir más lejos, en junio próximo se cumplirán tres años de la puesta en marcha de una fábrica de queso a base de leche de cabra, ubicada en Gaspar, que solo ahora, según atestigua Agapito Cabrera Pérez, su actual director, comienza a cumplir su plan de 125 litros de leche diarios. Así no hay amortización que valga.
Visto lo visto, digamos que la Economía debe vestirse de cirujano, ¡pronto!, y, con precisión, cortar todos los cordones umbilicales que la mantienen conectada a la ineficiencia. No hay de otra.
Por Pedro Monreal 
