El
gobierno del Presidente Lenin Moreno ha venido aplicando políticas de ajuste
del gasto y de la inversión pública, en el marco del acuerdo de Servicio
Ampliado (SAF) suscrito con el Fondo Monetario Internacional en febrero del 2019,
políticas que han afectado a las clases medias y a las clases populares. Estas
políticas han lanzado a estos sectores de la población hacia la pobreza y la
miseria, al tiempo que han beneficiado a empresas trasnacionales, a los bancos y los grandes grupos económicos en general.
En
el marco de las negociaciones con el FMI, el actual gobierno dictó una ley,
irónicamente denominada “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de
Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, vigente
desde agosto del 2018, mediante la cual se reinstauró en el país la política
neoliberal para la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública, fijadas
como prioridades nacionales. En dicha ley se contempló la remisión de
intereses, multas y recargos por obligaciones pendientes de pago con varias
instituciones del Estado: Servicio de Rentas Internas (SRI), gobiernos autónomos
descentralizados, Superintendencia de Compañías, Instituto Ecuatoriano de
Crédito Educativo y Becas, empresas
públicas e incluso con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS
A la fecha en que entró en vigencia dicha Ley,
el sector privado debía al Estado, solamente por impuestos no pagados al SRI,
US $ 4.291,1 millones de dólares, -sin considerar intereses-, cifra superior
al monto del crédito aprobado por el FMI. Luego del acuerdo suscrito con dicho
organismo, los desembolsos de este crédito –de 4.200 millones de dólares- se
irán realizando en cuotas, luego de la evaluación del cumplimiento por parte
del país de las condiciones que dicho organismo impone.
La
lista de grandes beneficiarios de la remisión estuvo encabezada por empresas
petroleras y de energía: Andes Petróleum Ecuador LTD adeudaba 396.2 millones de
dólares, de los cuales se le perdonarían 228.3 millones; Oleoducto de Crudos
Pesados, OCP, debía 347.7 millones y se le perdonarían 194.4 millones; Consorcio
Petrolero Bloque 16, debía 141.6 millones y se le perdonarían 78.7 millones;
AGIP OIL Ecuador debía 96.1 millones y se le perdonarían 61.5 millones; Repsol
Ecuador S.A. debía 93.7 millones y se le perdonarían 52.2 millones, entre las
más grandes. En segundo lugar, por el monto de la remisión, se encuentra una
trasnacional telefónica, OTECEL S.A. que debía 78.4 millones y se le perdonarían
38.9 millones; sigue la Exportadora Bananera Noboa S.A., que debía 71.1
millones y se le perdonarían 41.2 millones.
También
hay bancos privados: Banco Pichincha debía 39.6 millones y se le perdonarían
18.3 millones; Banco de la Producción S.A. Produbanco, debía 29.3 millones y se
le perdonarían 14.9 millones; Banco de Guayaquil debía 6.3 millones y se le
perdonarían 3.9 millones. Vale precisar que la lista de beneficiarios, sólo
toma en cuenta a las deudas con el SRI. Entre ellos se incluye también a la
empresa ODEBRECHT, que debía 11.8 millones y se le perdonarían 4.5 millones; y,
al señor Alex Bravo, ex gerente de Petroecuador, poseedor de cuentas en
paraísos fiscales, actualmente en prisión, quien debía 6.3 millones y se le
perdonarían 3.9 millones. [1]Igualmente
cabe recordar que los actos de corrupción asociados con operaciones de la
empresa Odebrecht, así como con sus cómplices y beneficiarios aún no han sido
juzgados en Ecuador, lo que marca una
diferencia flagrante con lo que ocurre, por ejemplo en Perú.
Luego
de la aplicación de las remisiones, el SRI reportó que las recaudaciones
ascendieron a 1268 millones de dólares[2],
pero no explicó qué pasó con los más de 3.000 millones restantes, cifra que
duplica el monto que el gobierno estima recaudará por los subsidios a los
combustibles, gasolina extra y diésel eliminados desde el 1 de octubre 2019
-1.300 millones de dólares-[3].
Se
desconoce el monto al que ascendieron el resto de remisiones contempladas en la
mencionada ley con otras instancias públicas. Tampoco se cuenta con información
sobre el monto al que habría ascendido el sacrificio fiscal por las
exoneraciones de impuestos contempladas en la misma Ley, lo que evidencia la
absoluta falta de transparencia que caracterizó a la aprobación de dicho cuerpo
legal y de sus reales alcances.
La
Asamblea aprobó esta Ley sin siquiera solicitar esa información mínima, con los
votos de Alianza País (movimiento formado por el ex presidente Rafael Correa,
luego de que se retiraron los partidarios del ex presidente y se quedara la
fracción de asambleístas morenistas) y el Partido Socialcristiano.
Mientras
los grupos económicos más poderosos del país se beneficiaron de remisiones y
exoneraciones tributarias, el actual gobierno ha venido tomando medidas para
financiar el déficit fiscal, en el marco del acuerdo suscrito con el FMI, que afectan
a la clase media y a los sectores populares.
Condicionalidad en el acuerdo con el FMI: peor que
Argentina
En
el Memorando de Políticas Económicas y Financieras se detalla el “programa de
políticas públicas para los próximos tres años”, que incluye metas de reducción
del déficit fiscal y de la deuda pública, mucho más drásticas que las metas
acordadas por el FMI con Argentina.
Meta
de reducción del peso de la deuda pública sobre el PIB:
·
Caso Argentina: 55.8% del PIB
en tres años, (2021)[4],
·
Caso Ecuador: 40% del PIB en tres años[5], (2022),
con un peso cercano al 60% del PIB en el año 2018.
Meta
de reducción del déficit fiscal:
·
Caso Argentina: desde un
déficit fiscal primario en el año 2018, del 2.7% del PIB, teniendo dos años
para eliminarlo, lo que equivale a una reducción del 1.35% por año,
·
Caso Ecuador, desde un
déficit fiscal primario estimado en 7% del PIB en el año 2018 (sobre-estimado
en el momento de la negociación con el FMI), debería eliminarlo en tres años,
esto es una reducción del 2.3% del PIB cada año.
Para
reducir el peso de la deuda pública y del déficit fiscal, en el marco del
acuerdo con el FMI, el gobierno ha venido aplicando medidas para reducir el
gasto e inversión pública, despidiendo empleados públicos, eliminando subsidios
y reduciendo la inversión de una manera drástica (caída acumulada desde el año
2016 del 75%, pasando de 6.104 millones
de dólares en el año 2016[6], a
773 millones a julio 2019, es decir unos 1500 millones de dólares en el año
2019).
El
último paquete de medidas anunciado por el Presidente Moreno, el 1 de octubre
2019, incluyó la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y al diésel,
cuyos precios se incrementarían en 24%. En el caso de la gasolina extra pasa de
1-85 dólares por galón, a 2-3 dólares), mientras el precio del diésel Premium
se incrementaría en 119% (pasando de 1-037 dólares por galón, a 2-27 dólares)[7].
Con esta medida, el gobierno espera recaudar 1.300 millones de dólares en un
año.
Además
de la eliminación de los subsidios a estos combustibles, las medidas anunciadas
incluyeron un amplio paquete de nuevas reducciones arancelarias a las
importaciones de materias primas y bienes de capital para el sector agrícola e
industrial; bajar impuestos a la importación de vehículos valorados en menos de
32 mil dólares, eliminar el anticipo del impuesto a la renta que pagaban las
empresas, suprimir los impuestos a la importación de bienes tecnológicos: celulares,
computadoras, tabletas; bajar a la mitad los impuestos a la salida de divisas
para importación de materias primas y bienes de capital; reducción del 20% de
las remuneraciones en renovación de contratos de empleados públicos; aumento
del número de beneficiarios del bono de desarrollo humano; créditos al 4.99%
para el plan de vivienda casa para todos, entre las medidas más importantes[8].
Medidas de Moreno afectan proporcionalmente a los
sectores más pobres
Pero
la medida de mayor impacto sobre el ingreso de los sectores más empobrecidos,
constituye la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esto por encima
de las condiciones en que los ecuatorianos ya veníamos afectados por el estancamiento
económico y la competencia de productos importados, sobre todo procedentes de
los vecinos países Colombia y Perú, cuyas monedas se han devaluado en los
últimos meses. Las provincias fronterizas, en particular la provincia de El
Carchi, en la frontera con Colombia, venía reclamando medidas de apoyo por
parte del gobierno para superar una profunda crisis económica, recurriendo
incluso a medidas de hecho (paro provincial, manifestaciones, cierre de
carreteras).
La
reacción social frente al “paquetazo”, fue inmediata, en particular por parte
de los sectores organizados: transportistas, movimiento indígena,
organizaciones de trabajadores y organizaciones sociales en general.
El
acuerdo con el FMI contempla también, los siguientes elementos:
·
El traspaso de negocios
rentables desde el Estado ecuatoriano al sector privado, y en consecuencia,
descapitalización y pérdida de esos ingresos a futuro, deteriorando las
finanzas públicas,
·
Mayor apertura comercial,
mediante el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, negociación de Tratados
de libre comercio con Estados Unidos y hasta con China,
·
Amplias reformas laborales,
buscando precarizar el ya debilitado mercado laboral,
·
Reforma tributaria, para
aumentar los impuestos indirectos que castigan a los sectores más desprotegidos
de la sociedad, profundizando la regresividad en la tributación. Esto en lugar
de corregirla incrementando el impuesto a la renta de los sectores más
pudientes; y,
·
Mayor liberalización
financiera, eliminando el impuesto a la salida de divisas y permitiendo una
mayor elevación de las tasas de interés de usura que actualmente rigen. Las
tasas de interés fijadas por la autoridad monetaria bordean el 25% anual, en el
caso de los créditos a los microempresarios, a pesar de ser una economía
dolarizada, sin riesgo de inflación, ni de devaluación. Por cada 1% de interés
que cobra el sistema financiero, extrae del conjunto de la economía, 422
millones de dólares, tomando en cuenta el saldo del crédito al sector privado
al 31 de julio 2019[9].
Esto significa que con 3% de interés, la banca extrae 1266 millones de dólares,
cifra cercana a los 1.300 millones estimados por el gobierno como subsidios a
la gasolina y al diésel. Una reducción del 4% de las tasas de interés,
equivaldría a una inyección de 1.688 millones de dólares en la economía. O un
impuesto a los excesivos márgenes de intermediación financiera, podría reportar
al Estado un ingreso superior a los 1.300 millones de dólares que espera
recaudar por la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y al diésel.
Mientras
por cada 1% de interés que recauda el sistema financiero, recauda 422 millones
de dólares en un año, el gasto del
gobierno en Desarrollo Agropecuario, en los primeros seis meses del 2019, ha
ascendido apenas a 53 millones de dólares, lo
que significa que en el año completo, la cifra bordearía los 106 millones de
dólares. Esta cifra equivale a la cuarta parte de los 422 millones de dólares
que el sistema financiero obtiene por cada 1% de los intereses que cobra.
El
sector agropecuario es muy importante como fuente de generación de empleo. El
28.3% de la población ocupada, se encuentra en este sector".
En
Ecuador está pendiente una profunda reforma financiera, con una drástica
reducción de las tasas de interés vigentes, tasas que en todas partes del mundo
se reducen cuando se quiere estimular la reactivación productiva.
Receta del FMI provoca
estancamiento.
Las
políticas implementadas por el gobierno, en el marco del acuerdo con el FMI,
han provocado el estancamiento de la economía. El propio FMI prevé un
decrecimiento del PIB de -0.5% en el año 2019[10].
El desempleo ha continuado en ascenso (tasa de empleo adecuado apenas el 37.9%[11]
de población económicamente activa, esto es con salarios superiores al básico y
beneficios laborales, a junio 2019). La incidencia de pobreza ha crecido,
pasando de afectar al 35.3% de la población en diciembre 2014 (5.6 millones de
pobres de una población de 15.9 millones), al 43.8%[12] a
junio 2019. Es decir 2 millones adicionales de pobres, ascendiendo a 7.6
millones de ecuatorianos en condición de pobreza, de una población total de 17.3
millones de habitantes.
Las
políticas del FMI, continúan orientadas
a favorecer los intereses de los países acreedores de la deuda pública,
mediante los siguientes objetivos:
·
Generar excedentes en países
deudores y transferirlos a los países acreedores, mediante políticas de
reducción del déficit fiscal y del peso de la deuda pública sobre el PIB cuya
carga recae sobre la clase media y las clases populares,
·
Ampliar opciones de negocios
rentables para el capital extranjero, y para el capital nacional aliado del
capital extranjero, mediante la privatización de empresas y activos públicos
rentables,
·
Ampliar mercados para
exportaciones de países desarrollados que financian al FMI con sus mayores
cuotas, mediante la promoción de la apertura unilateral. Es decir, sin exigir
nada a cambio, colocando en riesgo de quiebra a sectores y empresas que no
pueden competir con productos importados, muchos de ellos altamente subsidiados
o provenientes de países devalúan sus monedas. Esto en condiciones en que el
Ecuador es un país dolarizado.
Las
políticas aplicadas en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario
Internacional no resuelven las crisis fiscales, sino que las agudizan, forzando
a las privatizaciones y a la apertura al capital extranjero, mientras
profundizan los problemas estructurales de los países en los que intervienen:
precarización del mercado laboral, aumento de la pobreza y de la indigencia, mayor
concentración del ingreso, desindustrialización y reprimarización de la economía,
promoviendo el extractivismo de amplios efectos nocivos sobre el medio ambiente
y deterioro de las condiciones de vida de los pueblos donde se aplican sus
políticas.
[1] Fuente: “Trole 3. 50 beneficiario de la remisión tributaria: hacer
más ricos a los más ricos”. OBSERVATORIO DE LA DOLARIZACION. En
https//dolarización.ec/2018/06/21/trole-3-50-beneficiarios-de-la-remision-tributaria-hacer-mas-ricos-a-los-m-as-ricos/
[2] Ver: sri.gob.ec “SRI recaudó más del doble de lo esperado por
remisión tributaria”, Enero 15 del 2019
[3] Ver: eluniverso.com “Eliminación de subsidio a gasolina y diésel,
entre medidas económicas del Gobierno de Ecuador”. 1 de octubre 2009.
[4] Salgado Tamayo Wilma. “Paquetazo para toda una vida” Ley orgánica
para el fomento productivo. En Revista ECUADOR DEBATE NO. 104,
Quito/Ecuador/Agosto 2018.
[5] https://bit.ly/2YnejCi Carta
del Ministro de Finanzas y la Gerente del Banco Central a la Directora Gerente
del Fondo Monetario Internacional del 1 de marzo 2019 y Memorando de Políticas
Económicas y Financieras
[6] Ver: Información Estadística Mensual del Banco Central del Ecuador,
No. 2010, Agosto 2019, Cuadro 2.2.1 Operaciones del Presupuesto General del
Estado, millones de dólares.
[7] Ver: “El nuevo precio de las gasolinas extra y eco país es USD
2,39; el diésel 2 y Premium costará USD 2,30”, Diario El Comercio, 3 de octubre
2019, elcomercio.com
[8] Ver: Lenin Moreno anuncia 6 medidas económicas y 13 propuestas de
reforma”, Diario El Comercio, 1 de octubre de 2019, elcomercio.com
[9] Fuente: Información Estadística Mensual del Banco Central del
Ecuador, No. 2010, Agosto 2019, Cuadro 1.1.2 Captaciones y crédito del panorama
financiero por sectores, millones de dólares (al final del período). Crédito al
sector privado, al 31 de Julio 2019, 42.216.4 millones de dólares.
[10] “FMI prevé decrecimiento en Ecuador de 0.5% en 2019 y subida de
0.2% en 2020”, La República, 9 de abril 2019, larepublica.ec
[11] Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Boletín
Técnico No. 03-2019-ENEMDU. ENCUESTA Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
(ENEMDU), Junio 20191, 4 Componentes del empleo. 1.4.1 Empleo adecuado
[12] Acosta Alberto. “Ajuste del FMI: Cuentas sin cuadrar y una caja de
pandora”. https://ecuadortoday.media/2019/08/19/ajuste