Foto: Progreso Semanal
Por Yassel A. Padrón Kunakbaeva, La Joven Cuba
Los conceptos tienen una gran importancia en la lucha de los pueblos por sus derechos. De manera recurrente, la historia nos muestra cómo una transformación social es precedida por una renovación teórica, en la cual se destilan y condensan poderosas ideas. Estas herramientas-conceptos muchas veces ni siquiera son algo puramente nuevo, sino que son como monumentos antiguos, largamente olvidados, que encuentran de nuevo el momento para desplegar su impronta. Tal es el caso, a mi entender, del concepto de lo público, que está llamado a ser un estandarte de los cubanos frente a los abusos de la burocracia.
La palabra “público” se remonta a la antigua república romana, y significa aquello que es común a todos los ciudadanos. Por eso cuando los romanos llamaban a su forma de gobierno “res publica”, estaban haciendo referencia a una asociación de hombres libres e iguales que deliberaban y tomaban decisiones con respecto a los temas comunes. Lo público se convertía de ese modo, para los romanos, en la base de su comunidad política.
Por supuesto, ya desde esa época, la sociedad tenía un lado oscuro. Fuera del ámbito de lo público se encontraba “lo privado”, que tenía su expresión más acabada en la casa familiar, el dominium, donde el patriarca de la familia, el dominus, ejercía su gobierno absoluto sobre la mujer, los hijos y los esclavos. Dentro de la hacienda del dominus no existía república alguna, allí todo el mundo dependía para vivir del señor de la casa, y se hacía lo que él mandaba.
Sin embargo, a pesar de ese lado oscuro, los señores romanos resolvían entre ellos los asuntos públicos de manera republicana. Ellos, los que eran parte de la sociedad civil, se daban a sí mismos su ley, por encima de la cual nadie podía colocarse. La existencia de la república significaba la no existencia de un monarca, es decir, de alguien que pudiera tratar el conjunto de la sociedad como si fuera su dominium privado.
Por otro lado, el carácter oligárquico de la república romana fue impugnado reiteradamente a lo largo de los siglos de su existencia. La plebe, es decir, el conjunto de los que dependían de su trabajo para vivir, se hizo sentir, eligió sus tribunos, y luchó por reivindicaciones sociales tan importantes como la reforma agraria. Es importante recordar que una de las principales luchas de la plebe romana fue la defensa de las tierras públicas, frente a los intentos del patriciado de convertirlas en haciendas privadas.
Este periplo por la antigüedad romana permite situar históricamente el concepto de lo público, lo cual nos ayudará a confrontarlo con otro concepto que es muy común en nuestra vida cotidiana: el de “lo estatal”. Esto es importante, porque de manera habitual en Cuba se confunden ambas cosas, hasta el punto de que la Constitución utiliza ambos términos casi como sinónimos.
En su libro La democracia republicana y el socialismo con gorro frigio, Antoni Doménech describe como la noción de Estado que nosotros utilizamos en la actualidad comienza a consolidarse en la Europa del siglo XVI, para referirse principalmente al aparato administrativo estable y desligado de la vida civil característico de la dominación política monárquico-absolutista. Es decir, el Estado moderno surgió de la concentración del poder en las familias reales europeas, hasta un punto tal que pudieron acabar con otras formas de organización social que habían existido durante siglos, y adquirir el monopolio de la violencia.
No se puede negar que el Estado se ha convertido desde entonces en uno de los pilares de la modernidad capitalista, a pesar de su raíz feudal y premoderna. Su ADN es la racionalidad administrativa, la cual es por definición monológica, es decir, una voz que solo dialoga consigo misma. El mercado, que es el otro pilar de la modernidad capitalista, es la verdadera institución burguesa, y como tal es mucho más dialógico, pues a pesar del monopolismo no puede dejar de ser un espacio abierto a nuevos actores. Sin embargo, el capitalismo hasta ahora ha sido incapaz de existir sin el Estado.
Se trata de un sutil problema de genealogía. Las monarquías absolutas solo fueron posibles gracias al apoyo de la burguesía. De ese modo, el Estado absolutista es en sí ya un híbrido. La racionalidad matemático-administrativa nace en las manufacturas burguesas, con un gran potencial para ser instrumento de dominación; no obstante, los burgueses por naturaleza entienden el poder siempre de un modo incompleto, y necesitan la alianza con otros burgueses. Dentro de las recámaras de los reyes, la racionalidad matemático-administrativa se mezclaba con el viejo sentido feudal del derecho divino, adquiriendo así un carácter monológico.
El hecho de que la burguesía necesite hasta hoy del Estado significa que la sociedad capitalista se erige sobre el magma del mundo premoderno. Los capitalistas intuyen que no basta el mercado para disciplinar a los de abajo, y que en caso de emergencia será siempre necesario recurrir al Estado, a la coacción bruta, para reprimir a los rebeldes.
Ahora bien, la modernidad se ha caracterizado por intentos de republicanizar al Estado. De ese modo surgieron las repúblicas parlamentarias modernas y las monarquías constitucionales. Pero eso ha terminado siendo una hábil maniobra para fortalecer la hegemonía burguesa. Además, ha traído una gran confusión alrededor de las categorías del viejo derecho republicano. No es por gusto que la categoría de Estado moderna sea más útil para entender la estructura social del Antiguo Egipto que la de la Roma republicana. Tampoco es casualidad que desde el siglo XIX los juristas orgánicos al capitalismo hayan interpretado el concepto de lo público como sinónimo de lo estatal.
Los parlamentos modernos –curiosamente, una institución de origen feudal— incorporan un elemento dialógico y potencialmente democrático en el seno del Estado. Pero al lado de esta institución se encuentra el aparato burocrático y represivo de ese Estado, que es el que implementa las políticas, y que no ha perdido su raigambre autoritaria. En las sociedades contemporáneas cada vez son más las decisiones importantes que pasan directamente de las directivas de las empresas capitalistas a las agencias gubernamentales, burlando la voluntad popular que debe estar encarnada en el parlamento.
Después de ver todo esto, cuando volvemos los ojos hacia lo que fue el socialismo real, y concretamente a Cuba, se hace patente la tragedia que ha sido querer anular el capitalismo y el mercado con el método de fortalecer al Estado. Porque por más que se diga que es socialista, revolucionario, de los trabajadores, el Estado moderno sigue siendo el mismo híbrido feudal-burgués que ha sido a lo largo de la modernidad, con el añadido de que, una vez desaparecida la alta burguesía, la burocracia estatal asciende por primera vez a la posición de clase dominante, entronizando un modelo de racionalidad administrativa menos dialógico que el de la burguesía.
Donde se logre construir una sociedad completamente republicana y democrática, algo que no ocurrió ni en Atenas ni en Roma, estaremos hablando de una asociación de productores libres, es decir, del comunismo, y allí no habrá ninguna forma de Estado. Pero incluso donde eso no sea posible, donde no se logre de un tirón el nivel de educación popular y conciencia que serían necesarios para eso, se debe aspirar a un aparato estatal lo más republicano y democrático posible, y el Estado no debe ser visto como un paradigma sino como un problema.
La revolución cubana ciertamente tenía que construir un nuevo Estado, principalmente para destruir el viejo Estado burgués heredado del anterior bloque histórico. Pero el paradigma debía ser el progresivo empoderamiento de la sociedad civil. En cambio, caímos en la trampa de entregarnos a la estatolatría, que nos mantuvo prisioneros de una nueva forma de enajenación.
Ahora tenemos que soportar, en la nueva Constitución, que se diga que la propiedad socialista de todo el pueblo es aquella en la que EL ESTADO te representa como propietario. Sí, el Estado es el propietario, y bajo su sombra feudal-burguesa crecen, como no podía ser de otro modo, los burócratas-capitalistas aspirantes a oligarcas.
Es aquí donde entra a jugar su papel el concepto de lo público. La propiedad socialista de todo el pueblo debe ser llamada propiedad pública, porque no le pertenece a la burocracia estatal, sino a todos. El cambio de palabra es parte de la lucha por el control efectivo de los recursos económicos. Los servicios gratuitos que son conquista de la Revolución deben seguir siendo llamados públicos, y nunca debemos permitir que se las llame estatales, porque ellos se pagan con el dinero de todos para el beneficio de todos. Esa reivindicación de lo público puede ser la antesala de una renovación cívica de la sociedad cubana.
Público también debe ser llamado el espacio de nuestra Isla, sus ciudades, calles y campos. Este debe ser un espacio para la libre expresión y manifestación de posiciones políticas. La racionalidad monológica de la burocracia estatal, con su voluntad de discurso único, es un grillete para el libre desenvolvimiento de una sociedad que aspira a un desarrollo socialista. Solo cuando todas las voces tengan el mismo derecho a ser escuchadas, tanto en el centro de trabajo como en el espacio mediático nacional, entonces estaremos avanzando por un camino de emancipación. Porque la cosa pública es de todos, y a todos les concierne.
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