“Curva de Elefante” y clase media

Por Álvaro García Linera

“Más que una querella por los bienes no adquiridos, la rebelión de la clase media tradicional es un rencor encolerizado por lo que considera un desorden moral del mundo.”

12 ENERO, 2020

Thomas Piketty en su último libro, Ideología y Capital[1], retoma una gráfica de Milanovic[2] para representar las desigualdades en el mundo en las últimas décadas. Lo notable de esa curva que mide los ingresos de la población es que toma la forma de una “curva de elefante”. Los primeros deciles, que abarca a las personas del planeta más pobres, han experimentado un crecimiento porcentual notable de su capacidad adquisitiva. Los deciles intermedios, es decir los “sectores medios” han tenido un aumento, pero moderado, en tanto que el decil superior, especialmente el 1% más rico, ha experimentado un crecimiento exponencial de sus ingresos, tomando la forma de una pronunciada trompa.

Salvando las diferencias históricas y numéricas es posible también representar la distribución de los ingresos en Bolivia desde el año 2006 al 2018 como una “curva de elefante” moderada.

Según el INE, entre el año 2006 y el 2018 el 33% de los bolivianos anteriormente pobres alcanzaron ingresos medios (entre 5 y 50 USD/día), pasando de 3,3 a 7 millones. El salario mínimo del país, recibido por la mayoría de los asalariados, subió de 440 Bs. a 2.122 Bs (de 55 a 303 dólares, es decir 550%)[3]. Como señala el Banco Mundial, Bolivia fue la nación que más favoreció en la última década – con distintas políticas redistributivas- los ingresos del 40% de la población vulnerable, en promedio 11% anual[4]; por lo que está claro que la primera parte de la curva de Piketty está verificada.

Las clases altas por su parte, después de la nacionalización de los hidrocarburos, electricidad agua y telecomunicaciones, han tenido también un notable crecimiento de sus ingresos. La rentabilidad anual de la banca ha saltado de 21 a 208 millones anuales. Los productores mineros privados y la agroindustria han pasado de exportar 794 y 160 millones de dólares en el 2006, a 4001 y 434 en el 2018. Por su parte, el monto global de la ganancia registrada del sector empresarial ha pasado de 6.700 el 2005 a 29.800 millones el 2018, un 440% más. Ello verifica la trompa de la curva, pero con una diferencia respecto a lo que sucedió nivel mundial: una reducción drástica de la desigualdad entre el 10% más rico con respecto al 10% más pobre que se redujo de 128 veces a 46[5], fruto de las cargas impositivas a las empresas (Goverment Take gasífero del 80%, bancario del 50% y minero del 35/40 %), por lo que debemos hablar de una trompa de elefante recortada o moderada.

Lo que falta ahora es saber qué pasó con el sector medio de la sociedad.

Las clases medias tradicionales

Se trata de un sector social muy diverso en oficios y propiedad formado después de la revolución de 1952 con los retazos de la vieja oligarquía derrotada, aunque cohesionada en torno al reciclado sentido común de un mundo racializado en su orden y lógica de funcionamiento. Son profesionales de segunda generación, cuperos, oficinistas, oficiales uniformados, intermediarios comerciales del Estado, pequeños empresarios ocasionales, exlatifundistas, propietarios de inmuebles alquilados, políticos de oficio, etc.

A primera vista han tenido un incremento en sus ingresos y en el valor de sus bienes inmuebles. La tasa de crecimiento de la economía en 14 años, en promedio 5% anual, ha favorecido en general a toda la sociedad. Pero mientras las clases plebeyas tuvieron un incremento de sus ingresos en al menos un 11% cada año, los asalariados más pobres lo hicieron en un 500% en 13 años. En el caso de los salarios altos, el presidente Evo estableció como remuneración máxima el salario presidencial, que se redujo de 45.000 Bs. a 15.000; y en 13 años sólo subió a 22.000, es decir, un 46%. Ello llevó a que los ingresos de los profesionales con cargos más altos tengan que apretarse como acordeón por debajo del techo presidencial.

Así, mientras la economía nominalmente pasaba de 9.500 a 41.000 millones de dólares (un aumento del 430%), las clases medias profesionales sólo lograban un incremento del 80% del salario promedio básico. Para las nuevas clases medias populares ascendentes era una gran conquista de igualdad, pero para las tradicionales posiblemente un agravio, tanto mayor si el sinfín de oenegés formadas para combatir la pobreza y dar trabajo bien remunerado a numeroso consultores de “apellido”, quedaban anacrónicas y sin financiamiento externo por ser un país que en una década pasó de ser una sociedad de desarrollo humano bajo a medio y, finalmente, alto[6].

Los propietarios de bienes inmuebles tampoco sufrieron una depreciación de sus propiedades, ni mucho menos una expropiación; pero el riguroso control de la inflación que ejerció el Gobierno (alrededor del 5,4%, en promedio, en los últimos 13 años) y la gigantesca política de fomento a la construcción de viviendas -a través cientos de miles viviendas estatales donadas y la obligatoriedad de crédito bancario a la construcción de vivienda a una tasa de interés del 6%- llevó a una amplia oferta que atemperó el aumento de los precios de las viviendas en un tope no mayor al 80% en toda una década.

De esta manera, las clases medias tradicionales tuvieron un incremento moderado de sus ingresos, porcentualmente mucho menor que el de las clases populares y las clases altas, lo que completa la parte baja de la “curva de elefante” de las desigualdades nacionales.

Si a ello sumamos que, en este mismo tiempo, a los 3 millones de personas de “ingresos medios” que ya existían el 2005 se agregaron otros 3,7 millones resulta que, de un día al otro, para un puesto laboral donde había 3 ofertantes, ahora habrá 6, llevando a una devaluación de facto del 50% de las oportunidades de la clase media tradicional.

Esta “devaluación” de la condición social de la clase media se vuelve tanto más visible si ampliamos la forma de medir los bienes de las clases sociales a otros componentes más allá de los ingresos monetarios y el patrimonio, como el capital social, cultural y simbólico. De hecho, esta es una de las primeras críticas que se hace a las 1.200 páginas del libro de Piketty. Por cuestiones de espacio sólo nos detendremos en las redes de influencia sobre el Estado y el capital étnico.

Toda sociedad moderna tiene mecanismos formales e informales de regulación de influencias sociales sobre las decisiones estatales. Ya sea para debatir leyes, defender intereses sectoriales, ampliación de derechos, acceso a información relevante, puestos laborales, contratación de obras, créditos, etc., los partidos pero también los lobbys profesionales, los estudios de abogados, las redes familiares funcionan como herramientas de incidencia sobre acciones estatales. En el caso de Bolivia, hasta hace 14 años los “apellidos notables”, los vínculos familiares, los círculos de promoción estudiantil, las fraternidades y las amistades de residencia gatillaban una economía de favores en el aparato estatal.

Se trataba de ofrecimientos y privilegios tanto más naturalizados si estaban validados por la evidencia de la etnicidad legitima desindianizada. Un apellido siempre ha sido un certificado de “honorabilidad” y, a falta de ello, el paso por determinados colegios, universidades privadas, lugares de esparcimiento o pertenencia a una logia desempeñaban el resorte de parcial blanqueamiento social.

Ya sea en gobiernos militares o neoliberales siempre había una lógica implícita de los privilegios estatales y de los lugares preestablecidos, social y geográficamente, que las personas debían ocupar. Eran espacios de clase y de etnicidad; y en la redundancia asociada de esas dos clasificaciones radicaba la fuerza incontrastable de los roles sociales.

Por eso cuando el “proceso de cambio” introduce otros mecanismos colectivos de intermediación eficiente hacia el Estado, las certezas seculares del mundo de la clase media tradicional se conmocionan y escandalizan. La alcurnia, la blanquitud y la logia, incluidas su retórica y su estética, son expulsadas por el vínculo sindical y colectivo. Las grandes decisiones de inversión, las medidas públicas importantes y las leyes relevantes ya no se resuelven en el tennis club con gente de sweaters blancos, sino en atestadas sedes sindicales frente a manojos de hojas de coca. La liturgia colectiva sustituye la ilusión del mérito: el 80% de los alcaldes han sido elegidos por los sindicatos; el 55% de los asambleístas nacionales y el 85% de los departamentales provienen de alguna organización social. Los puestos laborales en la administración pública, las contrataciones de obras pequeñas, la propia atención ministerial requiere el aval de algún sindicato urbano o rural. Hasta la “servidumbre doméstica”, vieja herencia colonial del sometimiento de las mujeres indígenas, ahora impone derechos laborales y de trato dignos. Los indios “están alzados”, y la indianitud anteriormente arrojada como estigma o veto al reconocimiento ahora es un plus que se exhibe para decir quién tiene el poder y es capaz de ser atendido en los ministerios.

En todo ello hay una inversión de la polaridad del capital étnico: del indio discriminado se pasa al indio empoderado que indirectamente ha de llevar a que la blanquitud de apellido, piel, vestimenta, lenguaje o pose pierda su antiguo valor. Si antes podía ser enarbolada para dar lugar a una economía de equivalencias con dinero o prácticos reconocimientos estatales, ahora no valen nada o, peor aún, tienen un valor negativo. De esta forma también un componente del capital total de las clases medias tradicionales ha de verse abruptamente depreciado, incidiendo en su menor retención de la masa de los bienes sociales disponibles.

Ante esta hecatombe del viejo orden en el que los seculares blasones de piel se desploman, las fronteras geográficas del lugar de las clases sociales se desdibujan y los colores y olores del entorno se ponen caóticos; como si la naturaleza enloqueciera. La plebe anteriormente arrinconada a las villas y anillos periféricos invade los barrios de las “clases bien”, comprando y alquilando domicilios vecinos. Las universidades se llenan de hijos de obreros y campesinos. Los exclusivos shoppings se vulgarizan con las familias populares que traen sus costumbres de cargar su comida en aguayo y meterse a los jardines de los prados. Y las oficinas, antes llenas de traje, corbata y falda tubo, ahora están atravesados por ponchos, chamarras y polleras.

Para la clase media es el declive del individuo frene al colectivo, del “buen gusto” frente al cholaje que lo envuelve todo y en todas partes. Hasta las clases altas, más hábiles en entender el nuevo relato social, se agrupan también como gremio y se vuelven diestras en las puestas en escena corporativas. Al fin y al cabo ellos son gente de negocio y no tanto especialista del simulacro del tener o saber.

Pero la clase media tradicional no. La apariencia siempre ha sido un estilo de clase, pero ahora no le da réditos. Otras apariencias más cobrizas, otros hábitos e incluso otros lenguajes ahora desplazan lo que siempre consideró un derecho hereditario. Y antes que racionalizar el hecho histórico prefiere ahogarse en las emociones de una decadencia social inconsulta. El resultado será un estado de resentimiento de clase que será irradiado hasta sus hijos y nietos. Por eso su consigna preferida en las calles es “resistencia”. Se trata de resistir la caída del viejo mundo estamental que prefiere encostrarse y exacerbarse antes que diluirse. El fascismo y el racismo de esta clase media se presenta como el feroz estallido de una clase resentida con la historia y la igualdad.

Así, más que una querella por los bienes no adquiridos, la rebelión de la clase media tradicional es un rencor encolerizado por lo que considera un desorden moral del mundo, de los lugares que la gente debiera ocupar y de la distribución de reconocimientos que por tradición les debiera llegar.

Por eso el odio es el lenguaje de una clase envilecida que no duda en calificar como “salvajes” al cholaje que la está desplazando. De ahí que, si antes se escandalizaba por la retardación de justicia ante la violencia intrafamiliar de un diputado oficialista, ahora le parece justificable que paramilitares escupan y apaleen a mujeres indígenas que vienen desde sus comunidades a “invadir” con su suciedad la ciudad. Si antes denunciaban en todos los foros del mundo la “masacre” de Chapariña, donde fuerzas policíacas detuvieron una marcha sin provocar muertos, no dudan en pasar la página sin el menor atisbo de preocupación por las 33 muertes a bala en los días del pasado noviembre. Aseguran que eran terroristas y se lo merecían. Si antes pontificaban en sendos editoriales el antidemocrático desconocimiento del voto popular del referéndum del 2015, ahora les resulta lo más democráticamente saludable que una golpista posesionada por un general y un partido que solo obtuvo el 4,5% del electorado en las últimas elecciones, gobierne por cerca un año asesinando pobladores humildes, amenazando periodistas, persiguiendo con una jauría de fiscales a quien se atreva a criticar los argumentos de la “pacificación”.

Y es que al final no se puede ganar impunemente la lucha contra la desigualdad. Siempre tendrá un costo social y moral para los menos; pero te lo cobrarán.

Esta es también una de las preocupaciones de Piketty en su libro, pues está dando lugar a un surgimiento de un tipo de populismo de derechas y de fascismo asentado en la insatisfacción de estos sectores mundiales medios con nulo o bajo crecimiento de sus ingresos. Y, en el caso de Bolivia, a un tipo de neofascismo con envoltura religiosa.

Citas

[1] Piketty, Thomas, Capital e Ideología. Paidós, Argentina, 2019.

[2] Milanovic, Branco, Desigualdades Mundiales, Un nuevo enfoque para la era de la globalización, Fondo de Cultura Económica, México, 2017,

[3] Informe del Presidente Evo Morales Ayma ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, 6 de Agosto de 2019.Banc

[4] Word Bank Group, Piecing Together Poverty Puzzle, 2018,

[5] Inform del Presidente, op.cit

[6] PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2019

La Nueva Política Económica (NPE): ¿qué hizo y qué dejó sin hacer?

Samuel Farber 11/01/2020

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La NEP ayudó a la recuperación económica de la joven Unión Soviética. Pero la ausencia de una reforma política obstaculizó la capacidad de trabajadores y campesinos para oponer resistencia al arranque del estalinismo.

En su reseña de mi libro Before Stalinism: The Rise and Fall of Soviet Democracy, publicada en Jacobin, John Marot no sólo ignora la mayor parte del material incluido en mi libro, sino que además se centra exclusivamente en la Nueva Política Económica (NEP) puesta en marcha por Lenin en 1921.

La NEP fue una política que brindaba libertad económica a campesinos y pequeños comerciantes. Según Marot, la NEP era la alternativa al estalinismo. En mi libro sostengo que, aunque la NEP era una política oportuna, habría sido necesario que fuese acompañada de una apertura política que permitiera la organización independiente de trabajadores y campesinos, lo que, en definitiva, podría haber facilitado la resistencia al estalinismo. De ello, Marot deduce que estoy en contra de lo que fue la NEP. Pero en mi libro explico expresamente que la Nueva Política Económica era esencial para alejarse de las terribles políticas económicas del "Comunismo de Guerra" e ir hacia algo más racional y en sintonía con las aspiraciones populares, así como digo que los dirigentes bolcheviques cometieron un error al oponerse a una versión anterior de la NEP propuesta en 1920 por Trotsky.

Más aún, en mi artículo de noviembre de 2018 en Jacobin, "The Russian Revolution Reconsidered", dije que "cualquier transformación socialista radical que ocurra en un país donde la mayor parte de la producción y de la distribución agrícola, industrial y de servicios no esté conducida por grandes empresas capitalistas industriales necesitará inevitablemente, para que sea un socialismo democrático y humano, alguna versión de una NEP para acomodar las posibilidades y necesidades de un gran número de pequeños productores, particularmente productores individuales y familiares".

Marot, al distorsionar mi punto de vista sobre la NEP, confunde dos cuestiones: la política económica en sí misma y las medidas políticas que la acompañaron. Como dije en Before Stalinism, la adopción de la NEP debería haber sido acompañada de lo que llamé una Nueva Política Política (NPP). Esencialmente, de la libertad de organización política pacífica para todos aquellos grupos dispuestos a respetar la forma original de democracia soviética que llegó al poder en octubre de 1917.

Desafortunadamente, la apertura política a la que me refería fue inconcebible para Lenin y la dirección bolchevique dominante en 1921: para ellos, permitir las concesiones económicas y las libertades culturales admitidas por la NEP era una cosa, y otra cosa, muy diferente y distante, era la libertad política, que según ellos tenía que ser restringida simultáneamente a la aplicación de la NEP.

Como señalé en mi libro, el final de la Guerra Civil provocó el deterioro, en lugar de una mejora, en el grado y alcance de la libertad política en Rusia, pasando de la represión durante la Guerra Civil, generalizada pero aún un tanto provisional, a la represión completa y sistemática de partidos y grupos de oposición después del final de esa guerra. Por ejemplo, en 1922 los últimos periódicos y diarios de oposición fueron cerrados, para nunca volver a abrirse. La reducción significativa de la libertad política estaba causalmente relacionada con las concesiones económicas otorgadas por la NEP. Lenin vinculó explícitamente las cuestiones políticas y económicas en el Undécimo Congreso del Partido de 1922 (su último congreso del partido): "Es terriblemente difícil retirarse tras un gran avance victorioso, ya que las relaciones son completamente diferentes. Durante un avance victorioso, incluso aunque la disciplina se relaje, todos empujan hacia adelante por su propia voluntad. Sin embargo, durante una retirada la disciplina debe ser más consciente y es cien veces más necesaria, porque, cuando todo el ejército está en retirada, no sabe ni ve dónde debe detenerse. Solo ve la retirada; bajo tales circunstancias, algunas voces de pánico son, a veces, suficientes para causar una estampida. El peligro es enorme".

Como sostengo en Before Stalinism, las crecientes restricciones y limitaciones de la libertad política impuestas por los líderes soviéticos durante la NEP debilitaron considerablemente la capacidad de la sociedad soviética para resistir, facilitando en ese sentido el establecimiento del estalinismo. Extremando su distorsión de mis puntos de vista sobre la NEP, Marot procede a caricaturizar mi argumentación sobre la necesidad de una apertura política, alegando que para mí tal apertura habría garantizado la derrota del estalinismo, una gran simplificación de mi posición.

Contradiciendo otra acusación de Marot, según la cual mi libro ignoraba las luchas sindicales de la década de 1920, lo cierto es que en él si se analizan las numerosas huelgas que tuvieron lugar en Rusia durante ese periodo. Sin embargo, es importante señalar que las luchas en los centros de producción, aunque tienen una importancia crítica, no necesariamente indican el poder de la clase trabajadora en la sociedad en su conjunto, como parece que Marot supone.

La Yugoslavia de Josip Broz Tito permitió más control de los trabajadores en los puntos de producción que la Rusia posterior a 1921. Sin embargo, eso tampoco fue suficiente para establecer el poder y el gobierno de la clase trabajadora, visto el monopolio político del Partido Comunista Yugoslavo, su monopolio de los medios de comunicación y el poder de la policía secreta.

El hecho es que, independientemente de la actividad huelguística, en la Rusia soviética de los años veinte los sindicatos no podían organizarse políticamente fuera de los límites del Partido Comunista, cada vez más burocratizado y antidemocrático. La existencia de sindicatos políticamente independientes habría ayudado a resistir la arremetida de la estalinización, aunque, contrariamente a la caricatura que Marot hace de mis argumentos, ignoro si su existencia pudiera haber dado lugar a una resistencia exitosa al estalinismo.

Algo similar ocurrió con el campesinado: su autoorganización política, independiente del Partido Comunista, podría haber ayudado a evitar el advenimiento del estalinismo. John Marot me acusa de haberme centrado exclusivamente en la libertad y la democracia para la minoritaria clase obrera y de no tener en cuenta a la mayoría campesina, pero eso es exactamente lo contrario de lo que defendí en mi libro y, hace un año, en mi artículo en Jacobin. Pero lo más importante es su implícita indiferencia ante la organización política independiente del campesinado y ante el concomitante monopolio político del Partido Comunista, cuando afirma que el campesinado ruso de la década de 1920 estaba contento con su relativa autonomía económica y, por tanto, no tenía interés en la organización de partidos políticos orientados hacia el campesinado.

Frente al brutal, cuando no genocida, impulso colectivizador de finales de los años veinte y principios de los treinta, ¿el monopolio político del Partido Comunista no facilitó en gran medida una campaña tan atroz? ¿No podría el campesinado haber tomado en consideración medios políticos de resistencia si estos hubieran existido o, al menos, si hubieran podido ser concebidos como posibles?

Sin embargo, es reconfortante estar de acuerdo con algunas cosas escritas en su reseña. Una de ellas es su crítica a la política de Trotsky a finales de los años veinte, señalando que el doctrinarismo de Trotsky "bloqueó el camino a una alianza con Bujarin y con la derecha, allanando el camino para la victoria de Stalin" [nt: "derecha" se refiere aquí a la "oposición de derecha" en el PCUS, encabezada por Bujarin, Rykov y Tomski]. Como escribí en mi artículo en Jacobin, tanto el programa de Bujarin como el de Trotsky fueron dos versiones diferentes de una Nueva Política Económica revisada, y estaban más cerca el uno del otro que del curso monstruoso seguido por el supuesto "centro" liderado por Stalin con su superexplotación de la clase trabajadora y con la muerte de millones de personas causada por la colectivización forzosa del campesinado, que incluyó el fomento deliberado de la hambruna en Ucrania en 1932 y 1933.

Marot parece pertenecer a la escuela marxista que minimiza, si no elimina por completo, cualquier consideración de la política y de las ideas políticas como factores importantes en los desarrollos históricos. Así, para él las políticas del "comunismo de guerra" fueron únicamente producto de circunstancias objetivas. Pero el "comunismo de guerra" no fue sólo una "respuesta coyuntural" a las dificultades extremas y al caos económico creado por la Guerra Civil que comenzó a mediados de 1918. También fue el resultado del impulso ideológico y político que impulsó a la mayoría de los líderes bolcheviques a establecer lo que definieron como "comunismo" independientemente de las condiciones económicas y sociales objetivas, no tomadas en consideración.

Es así como Lenin, a pesar de su habitual realismo y sentido práctico y de sus críticas posteriores a las locuras del "comunismo de guerra", afirmó en 1919 que "ahora la organización de las actividades comunistas del proletariado y toda la política de los comunistas han adquirido una forma final y estable, y estoy convencido de que estamos en el camino correcto". Y es así como Bujarin cantó las alabanzas y se convirtió en el principal teórico apologista del "comunismo de guerra" en su The Politics and Economics of the Transition Period [1920], un estudio de lo que pretendía ser nada menos que "el proceso de la transformación de la sociedad capitalista en sociedad comunista".

Ciertamente, hubo factores objetivos muy poderosos detrás de muchas de las políticas adoptadas durante el "comunismo de guerra". Sin embargo, habría sido muy diferente si los líderes políticos las hubieran reconocido como respuestas necesarias y temporales a las condiciones de guerra en lugar de haberlas convertido, como hicieron, en virtudes revolucionarias.

La conversión de las políticas del "comunismo de guerra" en virtudes tuvo una influencia muy importante para la cristalización de una cultura política que ratificó la represión de los sóviets multipartidistas, el Terror Rojo, la fuerte restricción de la democracia en los sindicatos y de su independencia, y la represión de las libertades legales y de la oposición socialista. Fue esta nueva cultura política la que condujo, por ejemplo, a la adopción de "castigos colectivos" - deliberadas medidas punitivas tomadas por el gobierno contra personas que sabía que no estaban involucradas en actividades contrarrevolucionarias pero que pertenecían a ciertos grupos étnicos, regionales y de clase, caracterizados por el gobierno como contrarrevolucionarios- o a la represión de las rebeliones campesinas "verdes" en la región de Tambov en 1920-1921. Es importante tener en cuenta que esta práctica tuvo graves consecuencias para el gobierno, entre otras cosas haciendo perder al gobierno revolucionario el apoyo de grandes sectores de la población.

El Terror Rojo fue otra consecuencia de esa cultura política represiva. Inicialmente fue instaurada por Lenin en lugares como Petrogrado, como respuesta al asesinato de importantes líderes bolcheviques. Sus víctimas se definieron en función del origen de clase y no de lo que realmente habían hecho, como en el caso de muchas personas perseguidas por su origen burgués aunque en realidad estaban colaborando con el gobierno bolchevique.

Como el historiador Alexander Rabinowitch relata en su libro The Bolsheviks in Power, una parte sustancial del liderazgo bolchevique local se opuso al terror rojo indiscriminado en Petrogrado, lo que demuestra que, a pesar de la cultura represiva del "comunismo de guerra", la capa dirigente del bolchevismo aún estaba lejos de ser el monolito en que se convertiría bajo Stalin.

Naturalmente, algunos lectores pueden considerar que esta controversia entre John Marot y yo es un oscuro debate sobre asuntos históricos irrelevantes para las realidades actuales. Pero la cuestión de la democracia y de la organización política independiente, tanto hoy como bajo un sistema socialista, es una cuestión clave para la gente de izquierdas hoy en día. Tengo clara cual es mi posición al respecto.

Texto traducido y publicado en Trasversales con autorización y revisión del autor.

Samuel Farber 

 

nació en Marianao, Cuba. Profesor emérito de Ciencia Política en el Brooklyn College, New York. Entre otros muchos libros, recientemente ha publicado The Politics of Che Guevara (Haymarket Books, 2016) y una nueva edición del fundamental libro Before Stalinism. The Rise and Fall of Soviet Democracy (Verso, 1990, 2018).

Fuente:

http://www.trasversales.net/t49farber.htm, Sin Permiso

Libro " Economía cubana: entre cambios y desafíos" (IV)

Industria manufacturera en Cuba. ¿Dónde estamos y hacia dónde mirar?

RICARDO GONZÁLEZ ÁGUILA

Introducción

Cuando se piensa en los sectores sobre los que deberían descansar el crecimiento económico de largo plazo en Cuba (los llamados motores del crecimiento) pocos economistas apuestan por el desarrollo del sector manufacturero. Entre otros argumentos, en general se considera que las ventajas comparativas del país no son consistentes con esta actividad, o que es un sector que demandaría inversiones excesivas (imposibles de acometer en un país con importantes restricciones de financiamiento). Se alude asimismo que dada la importancia alcanzada por el sector de los servicios en los últimos 30 años, en particular por el turismo y la exportación de servicios médicos, no sería óptimo para el país apostar por alternativas menos eficientes.

Aunque hay justicia en los argumentos anteriores, existen de igual forma una serie de contraargumentos que fundamentan la apuesta por las actividades manufactureras. Primero, en la literatura se sugiere que el sector es clave para el cambio estructural, condición que ha acompañado a todo proceso de desarrollo (McMillan, Rodrik, Verduzco-Gallo, 2014); segundo, que es la actividad que más promueve innovación y cambio tecnológico y dónde más se invierte I+D; tercero, que es una fuente vital de encadenamientos; cuarto, que es el sector con mayor importancia en el comercio internacional de bienes, y quinto, que es mucho menos vulnerable a shocks externos (Albaladejo y Ayala, 2014; Andreoni y Chang, 2016; Su y Yao, 2016). Asimismo, se cree que la pro-ductividad crece en las manufacturas muy por encima de otros sectores (por ejemplo, los servicios), y que ninguna economía ha logrado sos-tener su crecimiento de largo plazo sin apostar por ella (Szirmai et al., 2013). Cabría preguntarse, por lo tanto, hasta qué punto puede un país como Cuba que busca avanzar en un proceso de desarrollo prescindir del sector manufacturero.

No hay dudas de que la situación actual de la industria manufacturera es crítica. La pérdida de competitividad y descapitalización han sido dos tendencias claras del sector en los últimos 30 años (García et al., 2003; Torres, 2013; Ritter, 2013). Incluso actividades manufactureras claves de exportación como la azucarera,1 la industria del tabaco, ron y, más recientemente, la farmacéutica; exigen niveles incrementales de inversión, perfeccionamiento tecnológico, nuevas formas de gobernanza empresarial, remuneración y muchas otras medidas para sostener su presencia en los mercados internacionales. Identificar qué debe hacerse en términos de política industrial para mejorar el posicionamiento relativo de la actividad, probablemente guíe los debates sobre el futuro del sector en los próximos años.

Este trabajo examina a la industria manufacturera cubana en dos momentos. Primero, caracteriza las principales tendencias productivas del sector. Se confirman algunos hallazgos previos como su caída en la importancia relativa en la economía, pérdida sistemática de empleo, incremento en los subsidios recibidos, marcada asimetría en la estructura industrial con un sesgo hacia actividades de bajo valor agregado. Aunque se documenta un significativo crecimiento de la productividad laboral en el sector, se confirma que su influencia sobre la productividad agregada de la economía fue negativa. En segundo lugar, se identifican factores que restringen la productividad de la industria como, por ejemplo, el mecanismo de formación de precios, deficiencias del modelo de gestión, remuneración, entre otros, con el objetivo de sentar las bases para una propuesta de reconversión productiva sustentada en mejoras de productividad.

La industria manufacturera cubana. ¿Dónde estamos?

Esta sección propone caracterizar el desempeño productivo de la industria manufacturera en los últimos 25 años. En particular se estudia qué ha pasado con el producto, el empleo y la productividad (laboral) en este período de tiempo.

A pesar del deterioro acumulado por la actividad que tuvo su inicio en la crisis económica de los años noventa, la industria manufacturera representó en el año 2016 el 12% del PIB, y el 9% del empleo (AEC, 2016), tercero y cuarto en importancia relativa, respectivamente. El sector no solo es importante por sus dimensiones actuales sino también por su correlación al crecimiento económico agregado. La tabla 1 reporta el coeficiente de correlación entre el crecimiento del PIB y el valor agregado manufacturero entre los años 1996 -2016. Este coeficiente ascendió a 0,71 y fue significativo al 1% poniendo en evidencia la correspondencia (no necesariamente causal) entre el crecimiento del sector y de la economía en su conjunto. Significa que el crecimiento de la economía podría estar fuerte-mente indexado del crecimiento del sector manufacturero (y viceversa).

1   En todo el trabajo se incorpora a la industria azucarera como parte de las manufacturas (incluyendo el análisis estadístico). Debido a la importancia histórica de la industria azucarera en la economía cubana aparece comúnmente separada tanto en el Nomenclador de Actividades Económicas (NAE) como en múltiples estudios académicos.

Sin embargo, si bien en el presente es aún hoy día un sector de importancia, en términos dinámicos el desempeño de las manufacturas cubanas ha sido marcadamente decreciente. El gráfico 1 reporta estadísticas agregadas de producción y empleo en el período 1996-2016. El panel izquierdo-superior indica que si bien el valor agregado sectorial a precios constantes ha aumentado de alrededor de 4 500 a 7 000 millones de pesos, parece haber un claro agotamiento de dicho crecimiento que se expresa en la forma cóncava que muestra la tendencia del valor agrega-do manufacturero en los últimos años. En otras palabras, el sector crece pero cada vez menos.

El panel izquierdo-inferior muestra que en términos porcentuales la participación del sector en la economía ha caído de forma sistemática perdiendo alrededor de 6 puntos porcentuales en el período analizado. La existencia de crecimiento positivo en esta industria acompañada de una disminución en su participación en el PIB, indica que otros sectores han logrado ser más dinámicos que las manufacturas, hecho consistente con el proceso de cambio estructural experimentado por la economía cubana hacia los servicios, y del significativo proceso de desindustrialización y pérdida de competitividad que ha caracterizado al sector (García et al., 2003; Torres, 2013).

En términos de empleo el sector destruyó aproximadamente 219 000 puestos de trabajo entre los años 1996-2016 (la mayor del período), es-tadística que, convertida a una tasa diaria, representó la pérdida de 28 puestos de trabajo por día en los últimos 21 años. Dicha tendencia pro-dujo que la participación del sector en el empleo total de la economía cayera en 8 puntos porcentuales entre los años 1996 - 2016. La dinámica de la ocupación, como se verá más adelante, es clave para entender las perspectivas de una actividad.

La calificación del empleo es otro aspecto de interés a considerar. En el año 2013 aproximadamente 13 de 100 trabajadores operaron en la industria manufacturera, sin embargo de ellos solamente 1 tenía titulación universitaria (véase tabla 2). Por otra parte, del total de trabajadores con titulación universitaria en el país, el 5,1% se empleó en la industria manufacturera, cifra que contrasta con el 75,4% observado en los Servicios Sociales. Las consecuencias de las asimetrías de asignación de empleo calificado sobre el crecimiento económico agregado en Cuba han sido previamente caracterizadas por Cribeiro e Hidalgo (2010). Aquí se encuentra evidencia sectorial sobre la base de datos micro que refuerza los hallazgos previos observados. La inadecuada correspondencia entre la formación profesional del trabajador y el ambiente tecnológico en torno al puesto de trabajo, así como los bajos salarios emergen entre las posibles causas que explican la baja retención de empleo con mayor grado de escolaridad (Cribeiro e Hidalgo, 2010).

 Crece el producto pero decrece la ocupación: ¿resultados conciliables?

La combinación de crecimiento en el valor agregado manufacturero con la caída de la ocupación en el sector produjo incrementos notables de productividad del trabajo. Si bien en el año 1996 la productividad de las manufacturas ascendía a 6 800 pesos por trabajador; este valor alcanzó poco más de 16 000 en 2016, cuarto en importancia relativa (véase gráfico 2). La tasa promedio anual de crecimiento de la productividad del sector estuvo en torno a 4,4% en el período 1996-2016, segunda de mejor dinámica. Asimismo, respecto a la productividad media de la economía, la actividad no ha mostrado solo una brecha positiva sino también creciente.

Por lo general cuando la productividad de un sector se expande, se convierte en una fuente atractiva para la inversión. Como resultado, a nivel agregado se observan transferencias de factores de producción (capital y trabajo) proveniente de otras actividades. Lo anterior es la base del cambio estructural que en el caso cubano han sido exhaustivamente estudiadas por Torres (2007, 2011).

Diferente a lo esperado, el crecimiento de la productividad laboral en el sector manufacturero cubano en el período no se ha acompañado transferencias de factores hacia el sector. No solo la dinámica del empleo ha sido decreciente sino también la evolución de las inversiones (ONEI, 2016), y la modernización tecnológica. ¿Cómo explicar entonces que el producto crece mientras el empleo decrece?

Con el objetivo de conciliar estos resultados, se formulan dos hipótesis. Primero, existe la posibilidad de que el fenómeno observado sea el resultado del ajuste de largo plazo del sector como respuesta al tradicional sobre-empleo que ha caracterizado a la economía cubana. La salida paulatina pero sistemática de trabajadores puede haber incrementado el producto marginal del trabajo en la actividad provocando incrementos en la productividad (media) que no se explicarían por mejoras tecnológicas en la actividad. De ser cierta esta hipótesis debería esperarse un agotamiento en el crecimiento del sector (tanto del producto como de la productividad), idea no descartable si se aprecia la forma de “S” que sigue el valor agregado manufacturero en el gráfico 1. En ausencia de inversiones el sector permanecerá en estado estacionario; o decreciente en caso de que persistan las tendencias en el empleo observadas en los últimos 20 años.

La segunda hipótesis es mucho más sutil y tiene que ver con la forma en que se valoriza el producto en la actividad (y en la economía cubana). Es posible que, el crecimiento del valor agregado no sea más que una “ilusión contable” explicada por: i) la política de formación de precios en Cuba y en particular ii) la asignación de subvenciones en actividades claves que componen a la industria manufacturera, como por ejemplo, las subvenciones otorgadas a la industria de alimentos que se estiman en poco menos de 2,5 mil millones de pesos en 2015 (González, 2018).

Como las subvenciones otorgadas a la industria tienen una naturaleza cambiaria se contabilizan como ingresos de las empresas, y ter-minan formando parte del valor agregado de la industria. El gráfico 3 ilustra la composición del valor agregado manufacturero entre los años 2005 y 2015 y en él se observa el peso relativo de los subsidios en el total.

En el año 2005 el 17% del valor agregado se explicaba por subvenciones recibidas por las empresas del sector, cifra que aumentó hasta un 47% en 2013. A partir de entonces esa proporción ha caído tal vez por implementación de otros mecanismos que han influido sobre la producción. En particular desde el año 2015 se puso en marcha el sistema de pagos por resultados y el valor agregado se convirtió en un indicador directivo para las empresas. Es conocido que estas se aprovechan del mecanismo actual de formación de precios para lograr ganancias extraordinarias y aumentar el valor agregado de forma que les garantice una mayor remuneración salarial (Acosta y Rivery, 2017). Es posible que este mecanismo esté teniendo más peso que las subvenciones en la estructura de valor agregado y que como resultado se observe un descenso en la importancia relativa de las subvenciones.

En cualquier caso las dos hipótesis planteadas difieren en interpretación. En la primera se sugiere que el sector manufacturero gana en eficiencia relativa ajustándose a su escala óptima de largo plazo para unas condiciones tecnológicas dadas. En la segunda, por el contrario, se sugiere que el producto en realidad no crece y que las subvenciones cambiarias y el mecanismo de formación de precios estarían encubriendo parte de la ineficiencia productiva (creciente) del sector. Se necesitarán estudios adicionales para fundamentarlas.

Crece el producto pero decrece la ocupación. Consecuencias

Cualquiera sea la explicación a por qué el producto manufacturero crece mientras decrece el empleo, lo cierto es que el fenómeno tiene una implicación inmediata, a saber: el crecimiento de la productividad de toda la economía ha sido menor que su crecimiento potencial.

Para medir el impacto negativo provocado por la destrucción del empleo manufacturero sobre la productividad agregada se realizó un ejercicio de descomposición (de productividad) en tres períodos 1996-2000, 2001-2010 y 2011-2016. La idea sigue muy de cerca el trabajo de McMillan, Rodrik, Verduzco-Gallo (2014) pero a diferencia de aquel, en este trabajo me centro en la participación sectorial que realiza cada actividad particularizando en la manufacturera. Como es usual en este tipo de ejercicios, la variación total de la productividad se descompuso en dos partes: el componente sectorial que captura la expansión de la productividad que se debe a la dinámica interna del sector, y el componente de cambio estructural que se debe a la correlación entre la productividad (al final del período) y el cambio en la participación del empleo.

Para ilustrar el efecto, considérese la siguiente ecuación:

donde i indexa al sector y t al tiempo. Y se refiere a la productividad del trabajo agregada de la economía mientras que y a la productividad del trabajo sectorial. θ es la participación en el empleo; y ∆ es el cambio bien en la productividad o el empleo entre el período t (corriente) y t - k (inicial). El segundo término de la ecuación [1] captura la correlación entre la productividad al final del período y el cambio en la participación del empleo sectorial. Cuando el término es negativo la variación de la productividad agregada de la economía disminuye respecto a la potencial.

El gráfico 4 muestra los resultados del ejercicio donde los sectores se organizaron según el componente de cambio estructural de peor a mejor contribución (de forma descendente). Las manufacturas realizaron la peor contribución al cambio estructural agregado en períodos 1996-2000 y 2001-2010; y la segunda peor contribución en el período 2011-2016. Si bien la variación del componente sectorial en las manufacturas fue positiva (y alta) tal y como se ha venido explicando; la caída de su participación en el empleo penalizó el crecimiento de la productividad (tanto de la economía como la propia del sector) por la vía del componente de cambio estructural.

Con el objetivo de ilustrar hacia qué sectores se dieron los principales desplazamientos de factores, el gráfico 3 muestra el cambio en la participación sectorial en el empleo en el período 1996-2016 (eje de las abscisas) y la brecha entre la productividad del sector y productividad media de la economía en el año 2016 (eje de las ordenadas). Permite conocer con un enfoque de equilibrio general cómo se comporta el empleo intersectorial y su relación a la productividad (McMillan, Rodrik, Verduzco-Gallo; 2014).

Se corrobora la importancia de actividades de servicios como fuente principal de creación de empleo, por ejemplo: Comercio, Restaurantes y Hoteles; Servicios Sociales; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, entre otros, tendencia que puede haberse reforzado con posterioridad al 2011 cuando se estimuló el trabajo por cuenta propia. La línea de regresión (MCO) con pendiente positiva indica que entre 1996-2016 el empleo se movió (como promedio) de actividades de menor productividad a mayor productividad (con la sabida excepción de la industria manufacturera).

Asimetrías productivas

La industria manufacturera cubana no solo pierde empleo, participación en la estructura sectorial del producto, recibe subsidios de forma incremental y mantiene una baja proporción de trabajadores con titulación universitaria. Otro hecho estilizado que la caracteriza es su elevada asimetría productiva. Aunque en los últimos años la industria farmacéutica ha incrementado notablemente su participación en el valor agrega-do manufacturero, pasando de un 3%-10% aproximadamente entre los años 2007 y 2015 (véase gráfico 6), todavía el peso de actividades de bajo valor agregado es significativamente mayor. En particular, el peso de la actividad de alimentos es tres veces más grande que el relativo a la industria azucarera (segundo en importancia). Por lo general estas industrias descansan más de recursos naturales, admiten (relativamente) un menor nivel de sofisticación y son menos intensivas en tecnología.

La actividad de alimentos representa aproximadamente el 30% del valor agregado por la industria. Hay dos elementos relacionados a este hecho que merecen la pena comentar. Primero, que las dos principales industrias que la componen, a saber, cárnicos y lácteos son las dos actividades más subvencionadas del sector. De los cerca de 2,5 mil millones de pesos que asignaron a los alimentos en 2015, el 83% se concentró en estas dos ramas (González, 2018). En segundo lugar, es una industria que a diferencia de otras también subsidiadas como puede ser el caso del azúcar; no generan ingresos por concepto de exportación. Este hecho es particularmente negativo si se considera que como toda subvención cambiaria, la asignación otorgada podría estar escondiendo parte de la ineficiencia productiva de la actividad. Como industrias orientadas al mercado interno, el ahorro de divisas esperado podría ser menor (o incluso negativo).

2 Nótese que este gráfico difiere de uno similar que publica la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Primero, en el gráfico de la ONEI se presenta la estructura de la producción bruta, mientras que aquí se muestra la estructura sobre la base del valor agre-gado manufacturero. Segundo, aquí no se incluyen a las incipientes formas de propiedad no estatal que aparecen en la industria, como por ejemplo a las CnoA en las actividades de Fabricación de Muebles, Minería No Metálica, Prendas de Vestir, etc.

¿Hacia dónde mirar?

Existe un determinado consenso en la literatura sobre cuáles actividades manufactureras presentan hoy día alguna ventaja ante un posible proceso de reconversión industrial. Aparecen mencionadas con frecuencia la industria azucarera (y de derivados), la industria del tabaco, ron, y la alimentaria (Torres, 2012; Ritter, 2013). La idea de que el conocimiento tecnológico y la innovación son factores claves de cualquier proceso de reconversión acompaña a estas propuestas. También está explícito el criterio de que es imposible seleccionar sectores ganadores por adelantado; y que en la identificación de actividades con potencial (en un proceso de revelación de ventajas comparativas) la pequeña y mediana empresa de naturaleza no estatal jugará un papel decisivo. Asimismo, se recomienda el desarrollo de un modelo de gestión descentralizado que articule mejor con la autonomía empresarial y donde se estimule la competencia y se eliminen restricciones presupuestarias blandas (Doimeadiós, 2007; del Castillo, 2013). El reconocimiento de que todo lo anterior debe suceder en un marco de consistencia macroeconómica intertemporal es también una propuesta recurrente (Hidalgo, 2016).

En la elaboración de una estrategia de transformación productiva de largo plazo existen una serie de ingredientes que deben combinarse para garantizar su efectividad. En primer lugar, la intervención del Estado es fundamental debido la existencia de fallas de mercados en la oferta de conocimiento tecnológico que se explican por la presencia de externalidades y fallas de coordinación (Lin y Chang; 2009). En segundo lugar, la orientación hacia el mercado exterior es fundamental, en particular para economías pequeñas y abiertas con importantes restricciones de divisas (Banco Mundial, 2010). Relacionado a lo anterior podría afirmarse que, el énfasis en la sustitución de importaciones promovido tanto en el discurso oficial como en medios de comunicación cubanos podría resultar altamente nocivo, máximo si la sustitución de importaciones se acompaña (como parece ser la práctica habitual) de inversión extranjera.

Con el objetivo de aumentar la participación de Cuba en las exportaciones mundiales de bienes se hace necesario identificar sectores estratégicos. Existe un primer nivel de identificación que involucra a aquellos sectores que representan las ventajas comparativas del país, como por ejemplo los mencionados al inicio de esta sección. Elevar los niveles de competitividad de esas actividades deprimidos por años de descapitalización, es fundamental en la estrategia. Mayores inversiones, entrenamientos externos y aprendizaje de mejores prácticas, mejor remuneración y nuevas formas de gobernanza aparecerían como algunas iniciativas de rápida aplicación. Obtener resultados crecientes e inmediatos es vital para la efectividad de la estrategia. Se trataría de ir profundizando los cambios en correspondencia con el cumplimiento de metas de corto plazo predefinidas.

El segundo nivel de identificación involucra a las actividades que quedan fuera de la selección inicial. Como se referenciaba al inicio de la sección es difícil, si no imposible, “elegir ganadores” de forma anticipada, por lo tanto cualquier propuesta estaría basada en fundamentaciones parciales. La inversión extranjera se convierte en el primer instrumento para “autodescubrir” oportunidades y ventajas comparativas latentes. El segundo instrumento con una orientación inicial al mercado interno lo representaría el sector no estatal (en su amplia variedad). Trabajadores por cuenta propia, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, alianzas locales público-privadas estarían entre el abanico de opciones a emplear. El cumplimiento de objetivos y metas en este segundo grupo debe tener un enfoque de evaluación de mediano-largo plazo. Deben, además, existir políticas de acompañamiento que brinden protección a la industria naciente (Andreoni y Chang, 2016).

Promoviendo ganancias de productividad

Una de las principales conclusiones de secciones pasadas es que el crecimiento de la productividad observado en la industria manufacturera en los últimos años (de ser cierto) entra en un período de agotamiento. Solo mediante la conformación de un programa integral que actúe sobre “determinantes” claves será posible aumentar sus ritmos de crecimiento hacia delante.

Como la productividad se convierte en un indicador clave para evaluar el desempeño de las transformaciones; a la larga identificar condiciones que limitan su expansión da pistas sobre las condiciones iniciales y progresivas que deben ser garantizadas con el fin de que los agentes optimicen su desempeño en la estrategia esbozada. Nadie pone en duda de que el modelo económico cubano necesita remover barreras que representan hoy día frenos significativos al crecimiento sostenido de la productividad.

Los factores que inciden sobre la productividad del sector manufacturero en Cuba pueden ser clasificados en función de su naturaleza (estructural o funcional) y en función del nivel en el cual se generan (externo o interno a la industria). La tabla 3 resume los principales determinantes clasificados bajo esta perspectiva.

Distinguir entre la naturaleza estructural y funcional de un factor que restringe la productividad puede ser útil a la hora de ordenar la secuencia de posibles recomendaciones; mientras que separar entre facto-res externos e internos contribuye a conocer sobre el nivel de decisión que es necesario involucrar para su erradicación. Existe una propensión un tanto generalizada a pensar que un factor estructural es siempre más difícil de solucionar que uno de funcionamiento. Si bien hay algo de justicia en la consideración anterior resulta válido decir también que cuando los elementos de funcionamiento se arraigan en la “forma de hacer” y de “operar” de los agentes; se hace muy difícil para la política económica actuar sobre ellos.

El primer factor que limita la productividad en Cuba es la existencia de un esquema de dualidad monetaria. Su eliminación es una condición de partida sine qua non sobre la que debe erigirse el resto de las transformaciones. La distorsión sobre los precios relativos que supone la dualidad, impide evaluar adecuadamente el desempeño productivo empresa-rial y trazar estrategias industriales adecuadas (Hidalgo y Doimeadiós, 2011). No permite conocer la rentabilidad verdadera de las actividades económicas domésticas penalizando sistemáticamente, por ejemplo, los ingresos del sector exportador, y consecuentemente, su capacidad de agregar valor que es la base de la productividad. Asimismo, distorsiona la estructura de costos de las empresas subvalorando su componente importado. Esto último, limita la conformación de encadenamientos al encarecer (relativamente) el componente nacional de los insumos.

La forma en que se determinan los precios en economía es uno de los mayores factores que restringen el crecimiento de la productividad en el país. Debido al carácter administrativo de los precios en la economía cubana que se forman en base a los métodos de correlación3 y de gastos4 (véase Resolución no. 20/2014);5 es de esperar que los incentivos a disminuir costos mediante ganancias de productividad y eficiencia sean prácticamente inexistentes. En ausencia de un “mecanismo sancionador” (ausencia de mercados) todo incremento de costo terminará traspasándose hacia consumidores y otros eslabones posteriores de la cadena.

Con el objetivo de fundamentar las afirmaciones anteriores, se citan dos artículos de la Resolución 20/2014:

Artículo 5a: “Los precios mayoristas deben garantizar la recuperación total de los costos y gastos de las producciones y servicios, las obligaciones fiscales que correspondan y asegurar, además, un nivel de utilidad”.

Artículo 35: “A los precios mayoristas que se determinen por métodos de gastos, deben trasladarse los efectos de las variaciones de precios del mercado externo de las materias primas e insumos contenidos en los productos y servicios”.

Desde el momento en que a los precios mayoristas se les garantiza la recuperación total de “costos y gastos” (y para qué mencionar el aseguramiento de utilidad); una de la funciones básicas del sistema de precios que es “eliminar” productores ineficientes queda de facto suprimida. Por otra parte, según se deriva del artículo 35; el incremento de costos se financiaría por consumidores y nunca iría contra los beneficios de productores. Bajo tal presunción cabría preguntarse ¿qué incentivos tendrá la empresa para innovar y aumentar sus niveles de competitividad?

3   Método de fijación de precios basado en tomar como referencia los precios de bienes y servicios equivalentes en el mercado interno o externo.

4   Método de fijación donde a partir de los costos y gastos asociados a la producción de un determinado bien o servicio se adiciona una magnitud de utilidad y los impuestos.

5   Resolución que marca los principios que regirán la formación de precios mayoristas en Cuba. No está en vigor en la actualidad, aunque difiere muy ligeramente de la vigente.

Las deficiencias del modelo de gestión y problemas institucionales de diversa naturaleza se convierten en un factor decisivo sobre la productividad (Doimeadiós, 2007). La sustitución de funciones empresariales por estatales; la inexistencia de una ley de quiebra que permite restricciones presupuestarias blandas a las firmas cubanas; la baja presión competitiva y libre entrada y salida de empresas; la influencia del bloqueo económico que limita oportunidades de negocios y la creación de mercados potenciales; la existencia de una estructura empresarial donde prevalecen empresas estatales; unido a otros factores institucionales informales; conforman un ambiente de negocios y emprendimiento que no fomenta mejoras de productividad.

La existencia de salarios bajos y pocos diferenciados impide generar incentivos laborales adecuados que sirvan de estímulo productivo. Lo anterior, unido a la creciente brecha de ingresos respecto al sector no estatal limita la retención de empleo (calificado) en la empresa con consecuencias significativas sobre el aprendizaje tecnológico y la innovación que son factores de la productividad de largo plazo (Cribeiro e Hidalgo, 2010).

Entre los factores estructurales-externos, cabe mencionar la existencia de una infraestructura deficiente con problemas en los sistemas logísticos, en las telecomunicaciones, en energía; limita la posibilidad de minimizar los costos unitarios de producción que son la base de la productividad. Por otra parte, las restricciones de créditos en divisas para la inversión limita la introducción de mejoras tecnológicas en las empresas; mientras que las rigideces/inexistencia de mercados de factores (capital, trabajo e insumos intermedios) dificulta las transferencias hacia actividades de mayor productividad, o más comúnmente y con peores consecuencias, hace perder oportunidades de negocios.

La escala (tamaño) de la empresa manufacturera cubana es alta. Estimaciones para el año 2011 ubicaban el número de trabajadores por empresa alrededor de 500 (Méndez, 2014). Si bien por una parte, el empleo en el sector ha caído desde entonces; en el estudio antes referenciado se encontraba una bajísima correlación con los niveles de productividad empresarial sugiriendo que el tamaño de la empresa manufacturera respondía más a decisiones administrativas que a condiciones tecnológicas de las mismas.

Los bajos niveles de inversión que caracterizan a la industria cubana representan un problema para superar los problemas de productividad en el largo plazo. La inversión promedio desde 2010 ha estado alrededor de 400 millones en moneda total (aproximadamente el 10% del total de inversión del país que en sí mismo es marcadamente bajo), valor que incluye tanto a la industria manufacturera como azucarera.

La baja propensión a la innovación es otra deformación estructural de la industria. A excepción de la industria farmacéutica y biotecnológica donde existe una cultura de innovación muy arraigada; el resto de las industrias necesitan avanzar significativamente en esta dirección. Relacionado a lo anterior es importante decir que si bien el nivel de escolaridad general del país es elevado, se necesita avanzar más en la adquisición de conocimientos industriales específicos en base a estándares internacionales de forma que permita profundizar el proceso de aprendizaje tecnológico que sirva de base a la innovación. Es importante no igualar escolaridad elevada con capital humano.

El gráfico 7 muestra que la correlación entre el empleo calificado (como aproximación al capital humano) y un índice de productividad total de factores (PTF) obtenido para la industria en González y Cribeiro (2018). La significativa inversión en educación que propició la Revolución cubana y que permitió elevar los años medios de escolaridad de aproximadamente 3 hasta 11 años; no parece estar influyendo sobre la productividad y el crecimiento de largo plazo tal cual ha sido notado por una larga serie de estudios sobre el tema.

Reflexiones finales

En el proceso de promoción de actividades industriales en Cuba la progresividad y evaluación sistemática de impacto de las transformaciones deben regir como principios básicos. Los problemas de funciona-miento heredados, la baja tradición empresarial y de emprendimiento, y toda clase de vicios institucionales que han prevalecido en el entorno de negocios de Cuba, hacen pensar que una terapia de choque sería negativa para los fines deseados. Los peligros más latentes estarían asociados al incremento del desempleo y la destrucción de capacidades instaladas que necesitan, en principio, ser perfeccionadas y no necesariamente destruidas. El establecimiento de zonas especiales al estilo de China o Vietnam podría ser un instrumento útil para tales fines.

Ante la pregunta ¿debemos apostar por el desarrollo de actividades manufactureras en Cuba?, solo existe una respuesta inequívoca: apostar por el desarrollo de actividades manufactureras será, sin duda alguna, una tarea difícil. Una mejor pregunta es si será esa tarea imposible.

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