El impacto de la COVID-19 puede medirse ya y podrá evaluarse en el futuro por la impresionante cantidad de personas infectadas, por las cifras inaceptables de muertes, por el daño indiscutible a la economía mundial, a la producción, el comercio, el empleo y los ingresos personales de millones de personas. Es una crisis que rebasa con creces el ámbito sanitario.
La pandemia llega y se propaga en un escenario previamente caracterizado por la abrumadora desigualdad económica y social entre y dentro de las naciones, con flujos migratorios y de refugiados sin precedentes; en el que la xenofobia y la discriminación racial vuelven a aflorar; y en el que los impresionantes avances de la ciencia y la tecnología, particularmente en materia de salud, se concentran cada vez más en el negocio farmacéutico y la comercialización de la medicina, en vez de dirigirse a asegurar el bienestar y la vida saludable de las mayorías.
Llega a un mundo lastrado por patrones de producción y consumo que se sabe son insostenibles e incompatibles con la condición agotable de los recursos naturales de los que depende la vida en el planeta, particularmente en los países más industrializados y entre las élites de los países en desarrollo.
Antes de que se identificara al primer enfermo, había 820 millones de personas hambrientas en el mundo, 2 mil 200 millones sin servicios de agua potable, 4 mil 200 millones sin servicios de saneamiento gestionados de forma segura y 3 mil millones sin instalaciones básicas para el lavado de las manos.
Ese escenario resulta más inadmisible cuando se conoce que a nivel global se emplean al año unos 618 mil 700 millones de dólares estadounidenses solo en publicidad, junto a un billón 8 mil millones de dólares estadounidenses en gasto militar y de armamentos, que resultan totalmente inútiles para combatir la amenaza de la COVID-19, con sus decenas de miles de muertes.
El virus no discrimina entre unos y otros. No lo hace entre ricos y pobres, pero sus efectos devastadores se multiplican allí donde están los más vulnerables, los de menos ingresos, en el mundo pobre y subdesarrollado, en los bolsones de pobreza de las grandes urbes industrializadas. Se siente con especial impacto ahí donde las políticas neoliberales y de reducción de los gastos sociales han limitado la capacidad del Estado en la gestión pública.
Cobra mayores víctimas donde se han recortado los presupuestos gubernamentales dedicados a la salud pública. Provoca mayor daño económico donde el Estado tiene pocas posibilidades o carece de opciones para salir al rescate de quienes pierden el empleo, cierran sus negocios y sufren la reducción dramática o el fin de sus fuentes de ingresos personales y familiares. En los países más desarrollados, produce más muertes entre los pobres, los inmigrantes y, específicamente en Estados Unidos, entre los afroamericanos y los latinos.
Como agravante, la comunidad internacional afronta esta amenaza global en momentos en que la mayor potencia militar, económica, tecnológica y comunicacional del planeta despliega una política exterior dirigida a atizar y promover los conflictos, las divisiones, el chovinismo y posiciones supremacistas y racistas.
En instantes en que enfrentar globalmente la pandemia requiere impulsar la cooperación y estimular el importante papel de las organizaciones internacionales, particularmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el actual gobierno de los Estados Unidos ataca al multilateralismo y busca descalificar el reconocido liderazgo de la OMS. Continúa, además, en su mezquina intención de aprovechar el momento para imponer su dominación y agredir a países con cuyos gobiernos tiene discrepancias.
Son ejemplos ilustrativos las recientes y graves amenazas militares contra la República Bolivariana de Venezuela y la proclamación anteayer, por parte del presidente de los Estados Unidos, del Día y la Semana Panamericanos del 14 al 18 de abril, acompañada de declaraciones neocoloniales e inspiradas en la Doctrina Monroe contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, en recordación de la Conferencia Panamericana, condenada hace 130 años por José Martí. Por esos mismos días, se produjeron, en 1961, los combates de Playa Girón.
Otro ejemplo es el ataque inmoral y persistente contra el esfuerzo cubano de brindar solidaridad a aquellos países que han solicitado cooperación para enfrentar la COVID-19. En vez de dedicarse a promover la cooperación y estimular una respuesta conjunta, altos funcionarios del Departamento de Estado de ese país dedican su tiempo a emitir declaraciones de amenaza contra aquellos gobiernos que, ante el drama de la pandemia, optan soberanamente por solicitar ayuda a Cuba.
Estados Unidos comete un crimen y lo saben sus funcionarios cuando, al atacar en medio de una pandemia la cooperación internacional que brinda Cuba, se propone privar a millones de personas del derecho humano universal a los servicios de salud.
La dimensión de la actual crisis nos obliga a cooperar y a practicar la solidaridad, incluso reconociendo diferencias políticas. El virus no respeta fronteras ni ideologías. Amenaza la vida de todos y es de todos la responsabilidad de enfrentarlo. Ningún país debería asumir que es suficientemente grande, rico o poderoso para defenderse por sí solo, en aislamiento y desconociendo los esfuerzos y las necesidades de los demás.
Es urgente compartir y ofrecer información de valor y confiable.
Hay que dar los pasos que permitan coordinar la producción y distribución de equipamiento médico, medios de protección y medicinas, con un sentido de justicia. Aquellos países con mayor disponibilidad de recursos deben compartir con los más afectados y con los que llegan a la pandemia menos preparados.
Con ese enfoque se trabaja desde Cuba. Con él se intenta aportar la humilde contribución de una nación pequeña, con escasas riquezas naturales y sometida a un largo y brutal bloqueo económico. Hemos podido acumular durante décadas experiencia en el desarrollo de la cooperación internacional en materia de salud, reconocida generosamente por la Organización Mundial de la Salud y nuestras contrapartes.
En las últimas semanas, hemos respondido a solicitudes de cooperación sin detenernos a evaluar coincidencias políticas o ventajas económicas. Hasta el momento, se han destinado 21 brigadas de profesionales de la salud para sumarse al esfuerzo nacional y local de 20 países, que se añaden o refuerzan a las brigadas de colaboración médica en 60 naciones, que se han incorporado al esfuerzo de combatir esta enfermedad en donde ya prestaban servicios.
También hemos compartido algunos de los medicamentos producidos por la isla que, según nuestra práctica, tienen eficacia probada en la prevención o el tratamiento de la enfermedad. Adicionalmente, nuestro personal médico ha participado desde Cuba y vía teleconferencias en consultas y debates sobre tratamientos específicos para pacientes o grupos particulares de estos en varios países.
Ese esfuerzo se lleva a cabo sin descuidar la responsabilidad de proteger a la población cubana, lo cual se cumple con rigor pese a las inmensas limitaciones que impone el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos. Todo el que desee conocer, encontrará los datos que sustentan esta afirmación, pues son públicos. Todo el que tenga un ápice de decencia, comprenderá que el bloqueo plantea a Cuba una presión extraordinaria para garantizar los insumos materiales y los equipos que sostienen el sistema de salud pública y las condiciones específicas para enfrentar esta pandemia.
Un ejemplo reciente fue el de un cargamento de ayuda procedente de China que no pudo trasladarse a Cuba porque la empresa transportista alegó que el bloqueo económico de los Estados Unidos se lo impedía. Frente a él, altos funcionarios del Departamento de Estado han tenido la desvergüenza de declarar que los Estados Unidos sí exportan a Cuba tanto medicinas como equipos médicos. No son capaces, sin embargo, de respaldar esas falsedades con un solo ejemplo de alguna transacción comercial entre los dos países.
Es sabido y está más que fundamentado que el bloqueo económico es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba, para la prosperidad del país y para el bienestar de los cubanos. Esa dura realidad, que se debe única y exclusivamente a la empecinada y agresiva conducta del gobierno de los Estados Unidos, no nos impide ofrecer nuestra ayuda solidaria. No la negamos a nadie, ni siquiera a ese país que tanto daño nos provoca, si fuera el caso.
Cuba tiene el convencimiento de que el momento reclama cooperación y solidaridad. Sostiene que un esfuerzo internacional y políticamente desprejuiciado para desarrollar y compartir la investigación científica y para intercambiar las experiencias de diversos países en la labor preventiva, la protección de los más vulnerables y las prácticas de conducta social, ayudará a acortar la duración de la pandemia y a reducir el ritmo de las pérdidas de vidas. Cree firmemente que el papel y el liderazgo de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud son imprescindibles.
La expansión viral se detendrá eventualmente, más rápido y con menos costo, si actuamos de conjunto.
Quedará entonces la crisis económica y social que viene provocando a su paso y cuyas dimensiones nadie es capaz de vaticinar con certeza.
No puede esperarse a ese momento para aunar voluntades en aras de superar los grandes problemas y amenazas que encontraremos y responder a los que arrastramos desde antes que la pandemia comenzara a cobrar las primeras vidas.
Si no se garantiza para los países en desarrollo el acceso a la tecnología que suele concentrarse en los países más industrializados, incluyendo especialmente en el ámbito de la salud, y si estos no se disponen a compartir sin restricciones y egoísmos los avances de la ciencia y sus productos, la inmensa mayoría de la población del planeta quedará tan o más expuesta que hoy, en un mundo cada vez más interconectado.
Si no se eliminan las medidas económicas coercitivas motivadas por razones políticas contra países en desarrollo y si a estos no se les exonera la agobiante e impagable deuda externa y se les libra del tutelaje despiadado de las organizaciones financieras internacionales, no se podrá confiar en la ilusión de que habrá una mejor capacidad de respuesta a las desigualdades económicas y sociales que, aun sin pandemia, matan cada año a millones, sin discriminar niños, mujeres o ancianos.
La amenaza a la paz y la seguridad internacional es real y las agresiones constantes contra determinados países la agravan.
Es muy difícil esperar que el fin eventual de la pandemia conducirá a un mundo más justo, más seguro y más decente si la comunidad internacional, representada por los gobiernos de cada país, no se apresura desde ahora a conciliar y adoptar decisiones que hasta el momento han demostrado ser tercamente evasivas.
Quedará también la incertidumbre sobre cuán preparada estará la Humanidad para la próxima pandemia.
Aún es tiempo de actuar y de movilizar la voluntad de los que hoy tienen la responsabilidad de hacerlo. Si se deja para las futuras generaciones, podrá ser demasiado tarde.
La Habana, 16 de abril de 2020
