LA HABANA. Mientras los documentos rectores del Partido hace tiempo marcaron la pauta, algunos de los diversos contendientes en el debate sobre la reforma actual —entre ellos no-economistas, economistas y anti-economistas— aún dirimen posiciones en el espacio público. Los principales puntos de atención se han centrado en las opciones de políticas y el análisis de sus posibles impactos. La secuencia y los modos de ejecutar esas políticas, por lo general, han tenido menos presencia. Entonces ¿cómo re-arrancar el tren?, ¿cómo impulsar, evaluar, corregir? La mesa clama por mecanismos de implementación. Los “cómo” marcan la urgencia.
El proceso de Actualización tiene originalmente varios ejes esenciales. Dos de ellos, la reforma descentralizadora de la gestión de la propiedad estatal y la diversificación de las formas de propiedad, constituyen el núcleo central. En teoría, ambos deberían acometerse con relativa simultaneidad para atenuar desbalances indeseables de fuerza de trabajo por un lado y, por otro, desplegar las enormes potencialidades de los encadenamientos entre ellos.
Sin embargo, la maldita circunstancia obliga a osados ajustes en la secuencia de tiempo. Dada una combinación conocida de factores —agotamiento del modelo interno de desarrollo, reforzamiento de las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, y el contundente shock externo derivado de la epidemia— el país se adentra en una severa crisis económica de inevitables impactos sociales. La generación de fuentes internas de ofertas sostenibles de bienes y servicios —no solo alimentos— y la creación de opciones de empleos que consigan absorber la enorme masa a la vista de disponibles o interruptos que resultarían incosteables para el presupuesto de la seguridad social, no pueden esperar al experimento en el sector estatal. Hay que buscarles solución cuanto antes.
Autorizar el desarrollo de emprendimientos privados basados en la formalización de pequeñas y medianas empresas, aprobadas en la Conceptualización del Modelo, para acometer actividades de interés nacional y sin que medie enajenación alguna de activos estatales, está entre las implementaciones que no deberían demorar. La cuestión es cómo hacerlo.
Implementar las PYMEs con el Clasificador Nacional de Actividades Económicas
Existe internacionalmente, desde hace mucho tiempo, un método —o varios— para agrupar el universo total de actividades económicas posibles a realizar en cualquier país. La Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas recomienda para el compendio de las cuentas nacionales el uso de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, el cual es empleado a su vez por la mayoría de los organismos multilaterales.
Para armonizarlo con las necesidades del contexto cubano y para que funcione como rector de las cuentas en la Isla, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) construye sobre aquella base el Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE), cuya versión más reciente acaba de ser emitida en marzo de 2020. Esta herramienta agrupa en 421 clases algo así como unas 5900 actividades económicas conocidas. O sea, todo el universo. Incluso, por citar un ejemplo, el trabajo doméstico no remunerado, que agrega valor al interior del hogar, tiene su clasificador asignado.
Pues por ahí se puede comenzar. Utilicemos este CNAE para ordenar todas las actividades que podrían ser eventualmente desarrolladas por el sector privado, y diseñemos su implementación por etapas.
El CNAE basa su ordenamiento en la desagregación al detalle de los procesos productivos y se aplica justo para clasificar empresas, establecimientos y entidades de cualquier naturaleza. Además de permitir la compilación de estadísticas —que por cierto, serán imprescindibles para evaluar los resultados y diseñar las políticas hacia el sector privado—, esta clasificación se utiliza cada vez más internacionalmente para fines administrativos como la recaudación fiscal, la emisión de licencias comerciales, la clasificación de ingresos y gastos, entre otros.
El primer paso lógico sería identificar en el CNAE aquellas clases de actividades económicas en las que la participación del sector privado no es compatible con los objetivos de la construcción del Socialismo cubano. Estas actividades constituirían la lista de lo que, por principios, no le será permitido hacer al sector privado bajo ninguna circunstancia. Este inventario, protegido contra la potencial discrecionalidad de los compiladores, debería realizarse tomando como referentes fundamentales la Constitución de la República y la Conceptualización del Modelo Económico. De paso, este método constituye una excelente herramienta para solucionar de una vez el añejo problema sobre la indefinición de los medios fundamentales de producción.
Entre las actividades que podrían quedar prohibidas, por ejemplo, estarían las relacionadas en las secciones de: administración pública y defensa, enseñanza, atención a la salud humana, asistencia social, suministro de electricidad, suministro de agua, actividades financieras y de seguros, explotación de minas, entre otras.
Una vez hecho esto, el sendero quedará a punto para ser desbrozado. El resto de las actividades que no clasifiquen como prohibidas quedarían abiertas al surgimiento y formalización de emprendimientos dispuestos a proveer bienes o servicios que solucionen demandas o necesidades insatisfechas, tanto en consumidores finales como intermedios. Nótese que en ningún caso la propuesta implica enajenación de activos estatales. El sector estatal debe ser preservado íntegramente y sujeto muy pronto a una transformación de similar energía.
Por supuesto que esta implementación resultaría compleja. Debe vencer aún extraordinarios obstáculos objetivos; hay que legislar sobre varios aspectos. Primero, debería exigírseles a estas PYMES que operen bajo el sistema de normas contables que rigen el resto de las empresas, quizás con adecuaciones. Segundo, habría que engrasar los mecanismos de acceso a mercados de insumos, lo cual ya es legal a través de la venta de excedentes productivos por las empresas estatales y utilizando el infinito potencial de importación en dólares a través de cadenas estatales operando en la actualidad. Tercero, ningún nuevo paso se puede dar en el sector privado sin una profunda reflexión sobre cómo se van a garantizar los derechos laborales considerando las desigualdades existentes. Se requiere una norma específica que diseñe adecuadamente las obligaciones que les serían exigidas, entre ellas las tributarias y laborales, así como la manera en que se van a garantizar sus derechos. Establecer, además, reglas que delimiten claramente qué marcará la diferencia entre una pequeña/mediana empresa privada y un trabajador por cuenta propia, como dos formas diferentes de propiedad.
Por otra parte, un determinante factor de éxito descansa en la capacidad de las instituciones de manejar con agilidad el volumen de solicitudes y responder con un mínimo de error. Para ello es imprescindible organizar la ejecutoria bajo una gradualidad, pero comprometida públicamente con un punto y horizonte de llegada, que la proteja de contramarchas imperdonables como la que hizo perder los últimos cinco o seis años de Actualización.
Implementación por etapas
Para una primera etapa podríamos identificar en el CNAE un conjunto relativamente pequeño de unas 40-50 clases de actividades que son prioridad en el actual momento para la economía del país y en las que emprendimientos privados pueden aportar decisivamente. Tal sería el caso de las asociadas a la sección de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y a la de Industrias manufactureras, para comenzar. Una vez engrasado el mecanismo, podrían abrirse las restantes clases no prohibidas.
Para presentar solicitud de creación de una pequeña empresa su titular debería indicar todas las clases de actividad económica contenidas en el CNAE en las que planea incursionar. El emprendimiento debería poder solicitar su incursión en tantas clases como desee, siempre que estén entre las abiertas en la etapa correspondiente. Las autoridades deben establecer cuáles son los requisitos a cumplir para operar en cada clase, entiéndase licencia sanitaria, licencia medioambiental, seguridad y protección al trabajo, normas urbanísticas, etc. El régimen fiscal puede establecer tributos diferenciados por clase de actividad económica, así como un tributo general común que grave a las utilidades.
En ningún caso la autorización de PYMES se debe realizar de forma discrecional como ocurrió con las Cooperativas no Agropecuarias, o como se hizo con las comisiones provinciales y municipales que operaron durante la reapertura del trabajo por cuenta propia el pasado año. Esto solo produce distorsiones muy graves, incluyendo una escandalosa corrupción administrativa que habría que evitar a toda costa. Se deben establecer reglas y límites claros, requerimientos transparentes y procesos de autorización automáticos, una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos. Ningún funcionario o grupo de funcionarios a ningún nivel debe tener prerrogativa de autorizar o no el surgimiento de una PYME, como no sea por incumplimiento comprobado de requisitos públicos.
Con el objetivo de concentrar esfuerzos en los nuevos retos y evitar sobrecargas en las instituciones relacionadas, el marco jurídico que regula el Trabajo por Cuenta Propia en la actualidad podría permanecer sin cambios en una primera etapa. Algunos de los actuales trabajadores por cuenta propia podrían encontrar incentivos para modificar su estatus a pequeña empresa, mientras otros preferirían mantenerse en su forma actual.
La visión de mediano plazo debe convertir las licencias actualmente autorizadas para el trabajo por cuenta propia a las clases descritas en el CNAE, con lo cual desaparecería la lista de actividades permitidas hoy. En el futuro toda la actividad privada debería estar ordenada y regulada bajo este Clasificador, estableciendo como única diferencia el estatus de empresa que otorga personalidad jurídica de la naturaleza de trabajador independiente que conservarían muchos de los emprendedores.
El Presidente ha convocado a desplegar un pensamiento innovador que transforme al país, ante la actual circunstancia. La presión y responsabilidad es monumental, y el apremio no puede derivar en salidas soberbias, pero tampoco en soluciones que resulten lisiadas. Una ruta clara, un camino compartido con un punto de llegada explícito, a honrar por un compromiso honesto, constituye la mejor fórmula para implementaciones que requieren avanzar por etapas. Este es uno de esos casos.
Llegar a “la transformación productiva que necesita el país en estos momentos, que garantice procesos con más eficiencia, productividad, utilidad e ingresos, que satisfaga las demandas internas, que nos dé posibilidades de exportación y que, además, propicie bienestar, desarrollo y prosperidad”, como ha afirmado el Presidente, pasa por el despliegue de las potencialidades domésticas que se encuentran dormidas. Las limitaciones al desarrollo de emprendimientos privados forman parte de ellas. He aquí una propuesta para arrancar.
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