Fotos: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA
La vivienda de Margarita Miró Riquene quedó en ruinas luego de que el huracán Gustav, en 2008, se ensañara con el municipio especial Isla de la Juventud. “Después de aquella tragedia no sabía ni qué hacer. Ese demonio acabó con todo. Tiempo más tarde las autoridades me entregaron un solar aquí en Gerona, y aprobaron el subsidio por 85 000 pesos para construir otra casita. Contratamos a un albañil y, con el apoyo de mis hijos, pudimos tirar la placa. En menos de un año la terminamos. No tengo palabras para agradecerle al Gobierno”, afirmó emocionada la septuagenaria.
De no ser por el cáncer de colon que la mantenía encamada, el gas que todavía no le habían trasladado de su anterior morada; la junta del refrigerador, rota desde que pasó el ciclón, dice que “sería la persona más feliz del mundo. Pero aquí sigo batallando, porque soy guerrillera, nací un 10 de octubre”. Una ranchera mexicana, de las preferidas de Margarita, alegraba el ambiente hogareño.
El huracán Gustav –de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson y el más dañino en la historia del territorio pinero– arrasó allí, con más de 1 900 hogares. A principios de octubre del pasado año quedaban pendientes, al menos, 255 casos, reubicados en instalaciones temporales o en casas de familiares, explicó Santiago Álvarez Dacal, entonces vicepresidente de Construcciones en el municipio especial, hoy coordinador de programas y objetivos del Consejo de la Administración. “Estas afectaciones se han ido incorporando al plan estatal, o han recibido subsidios”.
Con la presentación de la Política de la Vivienda en Cuba, durante la sesión plenaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en diciembre de 2018, quedaron establecidas las prioridades para la entrega de casas y materiales de construcción a la población, en primer lugar a los damnificados por ciclones.
A esta decisión del Estado le siguen los subsidios para la construcción de células básicas habitacionales (CBH); familias que se encuentren en condiciones precarias (barrios insalubres, ciudadelas, pisos de tierra, edificios críticos con peligro inminente de derrumbe), asentamientos costeros vulnerables, casos sociales, trabajadores necesitados y personas albergadas.
Para Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda del Micons, urge solucionar también el deterioro acumulado en los edificios.
Dicha política trazó un programa que prevé recuperar el déficit habitacional del país en una década, y comenzó a implantarse el pasado año, en medio de un escenario complejo, marcado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense a la mayor de las Antillas. No obstante las limitaciones con el combustible y los recursos materiales, “el 2019 fue satisfactorio, así lo evaluó en la ANPP el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en tanto se terminaron más nuevas casas que las planificadas”, reconoció a esta publicación Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda del Ministerio de la Construcción (Micons).
Las construcciones por esfuerzo propio se llevaron las palmas, mientras que en el plan estatal no llegaron a la meta Pinar del Río, La Habana y Santiago de Cuba; y en los subsidios repitieron incumplimientos los santiagueros y pinareños, además de Mayabeque, Isla de la Juventud, Cienfuegos, Las Tunas y Holguín.
La entrega de subsidios comenzó desde 2012, y hasta el cierre del pasado año quedaban pendientes de terminación 15 298 CBH. Sobre las causas de tales atrasos, la también ingeniera civil comentó: “En los subsidios ha pasado de todo, hay casos en los que las personas emplearon mal el dinero y vendieron los materiales. Otras fueron estafadas vilmente por los albañiles o en los puntos de venta. Algunos recibieron menos financiamiento –el acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros establece hasta 85 000 pesos, o 90 000 si se requieren materiales sismo-resistentes–, porque los gobiernos municipales determinaron beneficiar a una mayor cantidad de casos, pero luego estos no pudieron comprar los materiales que son de producción local, mucho más baratos”.
En resumen, la falta de control y fiscalización por parte de las autoridades locales a esos subsidios generó tales demoras. Holguín y Guantánamo eran las más atrasadas.
Para tomar el ritmo
El programa de la vivienda no comenzó su segundo año con buen paso, en enero apenas alcanzó el seis por ciento de las nuevas viviendas previstas. Al pasar revista a los magros resultados, en el chequeo del programa realizado en febrero, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, recordó que el cumplimiento de esta política depende mayoritariamente del esfuerzo local. Los problemas se resuelven en el municipio, pero a pesar del empeño y los recursos destinados a este fin, aunque todavía insuficientes, la respuesta constructiva quedó por debajo, evaluó.
En las valoraciones de la implantación de la política en las diferentes provincias se resumió entonces que solo avanzaba Artemisa, estaban estancadas Las Tunas, La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba, mientras las otras retrocedían.
Al finalizar el pasado año en el país había más de 57 000 casos, afectados por inclemencias meteorológicas, viviendo en facilidades temporales o en casa de familiares.
Por su parte Díaz-Canel, al examinar el flujo productivo, consideró que estuvo afectado por un problema de planificación, pues al menos la mitad de las viviendas que debían terminarse en el actual año tenían que comenzarse en el anterior período. El presidente exigió mayor organización y control en los territorios por parte de las autoridades locales.
En la mañana del jueves 16 de abril, en un escenario aún más complejo producto de la COVID-19, el presidente de la República y el primer ministro sostuvieron un encuentro de trabajo por videoconferencia con gobernadores, vicegobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud, donde se analizaron entre otros temas, la marcha de la Política de la Vivienda al concluir el primer trimestre del año. Al referirse a este asunto, Marrero Cruz acentuó que, a pesar de la pandemia, este programa sigue siendo prioridad en el país.
La directora general de la Vivienda del Micons precisó que se concluyeron por las diferentes vías 9 558 casas, la cifra representa el 23 por ciento del plan anual, y la mayor cantidad fue levantada por esfuerzo propio de la población. Apretando el paso, al cierre de mayo se terminaron 19 532, el 48 por ciento del total previsto.
A favor de la natalidad
Después del divorcio, Mónica Corvo Medina regresó a la casa de su mamá con tres hijos de la mano, una hembrita de nueve años, el varón mayor de ocho, y el más pequeñín de 18 meses. Y todavía hoy, después de varios meses, no sabe cómo acomodar a los niños ni la cantidad de bultos acompañantes, en los dos únicos cuartos que tiene la morada.
Por eso, cuando la también ingeniera industrial y licenciada en Educación conoció del programa de la máxima dirección del país para estimular la natalidad, ni corta ni perezosa, comenzó a “mover los caracoles” con el propósito de recibir alguna ayuda en el municipio de Arroyo Naranjo, donde residen. “Necesitamos ampliar la vivienda porque ya no cabemos en esta”, refirió la joven, vecina del Reparto Parcelación Moderna.
Como parte del estímulo a la natalidad es preciso priorizar la atención a las madres con tres o más hijos menores de edad.
En el departamento de Atención a la Población del gobierno local le aseguraron a finales de enero que este programa no se estaba aplicando en la capital, aunque en el municipio habían orientado iniciar una caracterización de las madres con tres hijos o más, menores de edad. Similar respuesta recibió en la dirección de Trabajo y Seguridad Social. Luego se dirigió a las autoridades locales de la Vivienda, y quienes la atendieron precisaron que se estaba dando una ayuda a esos casos, pero solo para reparaciones.
“Casualmente, ese mismo día, a principios de febrero, en la dirección municipal de la Vivienda estaba una funcionaria de Trabajo, quien tomó todos mis datos personales y dijo que aunque ella no atendía el consejo popular Eléctrico, se los pasaría a la encargada de hacerlo allí. Entonces vino la COVID-19 y las respuestas fueron que todo estaba parado por la pandemia”, lamentó Corvo Medina.
Al seguir por televisión los encuentros donde el presidente de la república pasaba revista a este asunto, la joven insistió por vía telefónica con las funcionarias de las direcciones municipales de Vivienda y de Trabajo y Seguridad Social, para conocer cuál sería el próximo paso. Le aseguraron que la visitarían en su hogar, para realizarle la caracterización socioeconómica. Ella todavía espera.
Cuando BOHEMIA indagó sobre este particular con Rosa Miguelina Figueroa O’Farril, directora de la Vivienda en el municipio de Arroyo Naranjo, explicó que, “el 12 de mayo se recibió la indicación de la provincia de terminar el levantamiento de estos casos de madres con tres hijos o más, menores de edad, para precisar si lo que necesitan es ampliación, reparación o una nueva vivienda. Pero eso le corresponde hacerlo a la dirección de Trabajo”.
Por su parte, Arletti Colombié Pérez, directora de Trabajo en el municipio, manifestó que, “ya tenemos identificadas a 268 madres, y continuamos trabajando en el levantamiento”. La directiva no pudo precisar si Mónica aparecía dentro de los casos registrados.
“Las urbanizaciones y los permisos tendrán que anticiparse, como mínimo, un año a los programas constructivos…”, establece la Política de la Vivienda.
En el chequeo con Díaz-Canel y otras autoridades de la nación, celebrado el 20 de febrero, la directora general de la Vivienda del Micons, Vivian Rodríguez Salazar, al referirse a la solución habitacional para estas madres, manifestó que en el primer mes del actual año “no se avanzó en la terminación de las viviendas para ese destino”, mientras seguían identificando casos en todas las provincias y adoptaban estrategias para buscar mayor cantidad.
El estímulo a la natalidad comenzó a finales de 2019 en nueve provincias y 32 municipios seleccionados, y para ello se asignaron más de 42 000 000 de pesos del presupuesto estatal. Según precisó a esta publicación la directora general, 995 madres contaban con el financiamiento para distintas acciones constructivas, ya fuera rehabilitación, ampliación o conservación. “No se trata de nuevas viviendas terminadas, y lo dejamos claro”, puntualizó.
La funcionaria realizó algunas enmiendas pertinentes. Por decisión de las máximas autoridades del país, la atención a estas madres ya se extendió a todos los municipios. “Si el gobierno identifica que el mayor problema allí es la cantidad de mujeres con hijos que necesitan ayuda, entonces esos casos son los priorizados, porque la dinámica demográfica lleva años en revertirse”.
Rodríguez Salazar subrayó que estos casos no requieren un estudio socioeconómico como sucede con los subsidios, no tienen que ser núcleos familiares vulnerables, la madre puede ser trabajadora o ama de casa; y las condiciones constructivas de la morada puede que sean buenas, pero solo con dos cuartos y la familia esté apretada. “Las viviendas, establece la política, deben estar en correspondencia con la composición del núcleo familiar”, amplió.
También adelantó algunas nuevas propuestas en estudio. Entre estas, que puedan beneficiarse, además, los padres o tutores legales que tengan a su amparo tres o más menores, y extender la edad de beneficio a quienes tienen hijos hasta los 17 años.
Según precisó Vivian Rodríguez, a finales de mayo se habían identificado en Cuba a unas 30 300 madres con esas características, y fueron beneficiadas más de 2 000, siguiendo la política demográfica.
El cuerpo legal que apuntala las decisiones adoptadas para estimular la natalidad todavía está en revisión. Por el impacto que tiene en el tejido económico y social, las normativas no deberían dormir el sueño de los justos, porque en buena lid, la Política de la Vivienda no contempla a estas madres dentro de las prioridades para la entrega de viviendas o materiales de la construcción.
Detrás de la fachada
Autoridades del Gobierno en la provincia de Villa Clara chequean el comportamiento del plan de construcciones en Placetas.
Ariadna Ramírez Martínez no lo pensó dos veces para meterse de manera ilegal en la primera vivienda terminada, de las 11 que se construían para afectados por ciclones, en el consejo popular Vigía-Copey del municipio de Placetas, en la provincia de Villa Clara. “No teníamos dónde vivir, estaba desesperada. Nadie me tendió una mano. Al divorciarme, tuvimos que abandonar el alquiler donde estábamos. A la casa de mis abuelos no podíamos regresar”, narró Ariadna con voz entrecortada.
“Cuando las autoridades se enteraron, vinieron y me convencieron de que debía salir, porque esa casa ya tenía nombre, era para una persona afectada por el huracán Irma. Entonces los trabajadores que estaban construyendo aquí tuvieron lástima de nosotras y nos levantaron este ranchito, que no tiene baño, ni agua, ni electricidad, pero al menos dormimos bajo un techo. Ahora estoy en los trámites a ver si el gobierno municipal me aprueba un subsidio”.
En la rústica casita de Ariadna, estaba acostada su niña, de nombre Rocío. Tiene 12 años, pero parece una criatura de meses. “Es mi hijita, está enferma, padece de distrofia neuronal infantil degenerativa y epilepsia. No puedo trabajar porque tengo que cuidarla todo el tiempo. ¿Entiende ahora por qué estoy tan desesperada?”, concluyó mientras llenaba el cubo de agua en una pila que habilitaron los trabajadores en la obra.
Una mañana clara de mediados de noviembre, frente a las 11 casas que se levantaban en este consejo popular, se reunían las autoridades para chequear la ejecución de los inmuebles. En el grupo estaban, entre otros, José Ramón Comas García, entonces vicepresidente de Inversiones del Consejo de la Administración Provincial de Villa Clara; Juan Carlos Gómez Novoa, director provincial de Vivienda, y Lidia Esther Valencia Bermúdez, vicepresidenta del gobierno en Placetas.
“La ruta crítica de la obra está en los materiales para acometer la parte hidráulica y sanitaria”, resumió Comas García. Segundos antes le había indicado a los presentes “terminar el proyecto de urbanización, esta construcción no puede seguir sin eso”.
¿Cómo iniciaron la obra sin ese proyecto? En voz baja, respondió Valencia Bermúdez, “porque hubo que comenzar a construir las casas de manera inmediata para los afectados de derrumbes totales. El ciclón Irma no nos dio tiempo”.
Por supuesto esta excusa no fue muy convincente, en tanto el huracán Irma azotó al territorio nacional en septiembre de 2017. Si lo que presionó a las autoridades locales a comenzar la obra sin el proyecto de urbanización fue la aprobación de la Política de la Vivienda a finales de 2018, con la prioridad uno para los afectados por eventos meteorológicos, en los meses transcurridos hasta mediados de noviembre de 2019 hubo tiempo suficiente para ejecutar la obra debidamente.
En el encuentro del Presidente de la República y el Primer Ministro con las autoridades provinciales, realizado mediante videoconferencia el 16 de abril, el punto de análisis inicial de la agenda fue el cumplimiento de los planes integrales de enfrentamiento a las ilegalidades de carácter urbanístico al cierre del 2019.
Según Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física (IPF), La Habana acumulaba la mayor cantidad de infracciones y donde menos se había hecho para enfrentarlas, seguida de Artemisa, Mayabeque y Pinar del Río.
Aseguró Rodiles Planas que se continuaban levantando viviendas de manera ilegal, del tipo “llega y pon”, sin una respuesta inmediata por parte de los gobiernos, lo que provocaba impunidad.
Una de las causas de ilegalidades es la emigración desordenada, fundamentalmente, hacia la capital, donde pulula los “llega y pon”.
Sobre el tema, Marrero Cruz acotó que el análisis de la erradicación de ilegalidades no puede ser solo estadístico, sino profundizar en las causas que las provocan.
Uno de los problemas de antaño y que requiere solución es la cantidad de moradas que no poseen titularidad. Como se reconoció en la Política de la Vivienda, de los casi cuatro millones de casas existentes, alrededor del 24 por ciento no poseía titularidad alguna, ya fuera como propiedad personal, vinculada o medio básico de organismos, usufructuario, o arrendamiento permanente.
Al faltar este documento del inmueble, las acciones constructivas que realice la población pueden convertirse en una infracción. BOHEMIA pudo conocer que el pasado año fueron muchas más las viviendas construidas sin licencia (ilegales), las cuales contemplaron las modalidades del esfuerzo propio y los subsidios para CBH, que las que sí la poseían.
En Gerona, la pinera Caridad Rojas Infante es damnificada por huracán desde 2001. “El ciclón acabó con mi casita de madera. Por eso, debajo de aquella mata de mamoncillo hicimos una ‘covachita’. Con los materiales que al principio nos vendían fuimos levantando la casa. Pero desde hace años no me han dado ni una puntilla más. Ya estoy cansada de ir a la dirección de Vivienda, según ellos, mis papeles como afectada se perdieron. Aquí han venido varias veces a llenarme otra vez la planilla, pero ha sido para nada”, aseguró con disgusto a principios de octubre de 2019.
Dentro de su vivienda había palanganas y cazuelas por doquier, en la sala, el cuarto, la cocina… Las paredes, verdosas; el refrigerador, la cocina y otras objetos, protegidos con pedazos de nailon.
“Cualquiera te dice en una esquina que es afectado por ciclón, pero cuando lo buscas en la lista no aparece. Por eso dijimos, vamos a hacer un levantamiento general de verdad, para saber cómo está el problema de la vivienda en el territorio. Hay mucha gente que fue damnificada y no se le ha podido apoyar por una razón u otra, pero los hay que cuando vas allí, tienen una casa mejor que la de cualquiera, porque la hizo por esfuerzo propio. Y esas viviendas no están contabilizadas dentro del fondo habitacional”, reconoció Santiago Álvarez Dacal, a solo dos meses de asumir la entonces vicepresidencia de Construcciones en la Isla de la Juventud.
¡Detener el deterioro!
Ante el deterioro acumulado por la falta de mantenimiento y rehabilitaciones integrales, a La Habana se le aprobó un plan especial de reforzamiento estructural de edificaciones.
Cada vez que llueve, la anciana Zoila González Castro, cruza los dedos y mira hacia arriba. “El techo está muy malo y las dos viviendas que hay encima tienen peligro de derrumbe. Los balcones laterales del edificio se han ido cayendo, la bodega que estaba en los bajos la cerraron por eso mismo”, sostuvo la vecina del municipio de Centro Habana.
La septuagenaria recibió hace tres años un subsidio para realizar reparaciones en el interior, pero en las condiciones del inmueble, poco pudieron hacer los albañiles. Zoila, atormentada también por la enfermedad de su hija, quien además es impedida física, escribió a las máximas autoridades del país. El 21 de noviembre de 2019 recibió una misiva, firmada por Nelson Tamayo Carrillo, director de Vivienda en el municipio de Centro Habana, mediante la cual fue citada para atender su caso.
“Me abrieron un expediente con el número 157, y los papeles para que me entregaran otra casa. Pero el mismo día que me citó el gobierno municipal, donde debían darme una solución, apareció la pandemia y todo quedó parado hasta nuevo aviso”, suspiró.
En condiciones críticas –como las del edificio donde reside esta familia– hay muchos inmuebles, principalmente en la capital del país. Sin embargo, el pasado año las acciones de rehabilitación no estuvieron dirigidas a solucionar los casos más graves, con diagnóstico de estructura colapsada y peligro de derrumbe. “A veces, las cosas más complejas las dejamos para el final y no le entramos de frente”, reconoció la directora general, Vivian Rodríguez Salazar.
“El objetivo de la política es recuperar la capacidad habitacional, y para eso, lo primero es detener el deterioro. No hacemos nada con construir más, y más viviendas nuevas, si las edificadas se están perdiendo por falta de rehabilitación y mantenimientos”.
Voces de la academia
El 4 de septiembre de 2018, las académicas titulares Dania González Couret y Anelis Marichal González, terminaron extenuadas, luego de concluir el informe a la Academia de Ciencias de Cuba, Consideraciones sobre el abordaje de la solución de los problemas de la vivienda en Cuba a partir de los resultados de la ciencia en este campo. No era para menos. El documento recoge criterios, enfoques y posibles soluciones para enfrentar el problema habitacional en el país, a partir de la experiencia del trabajo científico-técnico desarrollado durante las últimas cuatro décadas.
Las expertas precisaron: “la vivienda constituye una necesidad básica de todo ser humano y el derecho a esta ha sido reconocido a nivel internacional. Aunque aún no se incluye en el Índice de Desarrollo Humano, sí es un factor clave en la evaluación del Índice de Calidad de Vida y un importante determinante de salud”.
Se trata no solo del espacio habitable interior de un inmueble, delimitado por paredes y techo, sino también del exterior que lo rodea, el contexto en el cual se inserta como la comunidad, el barrio y la ciudad; con las facilidades de servicios básicos (agua, electricidad), infraestructura, movilidad y comunicación que garantizan la vida familiar y social. “La vivienda constituye una expresión espacio-temporal de la cultura de una sociedad y es parte del patrimonio construido a legar a las futuras generaciones”.
Según valoran las académicas, en los programas de viviendas en Cuba –hasta la fecha– ha prevalecido una visión reduccionista que se centra en disminuir los costos y los tiempos de construcción, aunque los resultados reales suelen ser opuestos, pues en múltiples ocasiones se pasan por alto la calidad de vida de los habitantes, así como de la ciudad que se crea.
El orden empieza por casa
Para alcanzar las cifras previstas del programa de la vivienda deben fraguarse los cimientos organizativos e institucionales
En el reparto Miraflores, en Boyeros, quedaban sin definir en el proyecto constructivo un grupo de apartamentos porque, según los constructores, faltaban los resultados de las pruebas de resistencia del suelo.
En respuesta al llamado del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para sumar a toda la población y los organismos al esfuerzo constructivo con vistas a revertir el fondo habitacional, el 7 de septiembre del pasado año se creó la microbrigada social Orlando Rodríguez Pérez, en el municipio villaclareño de Sagua la Grande.
Pocos días después ya estaban a pie de obra una veintena de mujeres y hombres dispuestos a echar rodilla en tierra para levantar, en el menor tiempo posible, los dos edificios biplantas de cuatro apartamentos cada uno, para personas afectadas por ciclón o trabajadores con necesidad de vivienda.
Pero, a mediados de noviembre, más de la mitad de los movilizados desistió de ese empeño. El joven Yoannel de Jesús Griego estaba muy irritado entonces. “En esta micro hay muchas irregularidades. Ya llevamos más de dos meses aquí y todavía estamos en la zapata porque han faltado materiales. Tampoco se ha respetado el salario con el que veníamos los microbrigadistas, estamos cobrando 300 pesos mensuales y eso no alcanza ni para comer”.
Los criterios de Yoannel de Jesús fueron respaldados por el resto de los trabajadores allí presentes. “Por las afectaciones con el combustible los materiales han llegado de poquito en poquito. Ahora mismo tenemos dificultades con el acero para fundir la zapata”, aseguró Miriala O’Farril Glean, jefa de la brigada.
A esas insatisfacciones respondió Yaslen Ojeda González, entonces vicepresidenta del gobierno municipal, encargada de atender las Inversiones. “La obra está en fase de inicio y desarrollo, por eso no cuenta con todos los recursos. También hay que considerar las limitaciones con el combustible. El tema del pago a los trabajadores ya lo vimos con el director provincial de construcciones, pero a ellos les pagan por la media del salario que recibe la Empresa Provincial de Mantenimiento Constructivo”.
Según plantea la Política de la Vivienda aprobada en 2018, “a todas las fuerzas participantes, vinculadas directamente al programa, se les aplicarán sistemas de pago que estimulen la productividad, eficiencia, calidad y durabilidad de las construcciones”. Lo cual andaba muy lejos de la decisión adoptada con esta microbrigada.
Al momento de nuestra visita, la microbrigada de Sagua la Grande, en Villa Clara, estuvo afectada por la mala planificación y los bajos salarios que se pagaban a los trabajadores.
Por otra parte, se impone una pregunta: ¿cómo comenzar a levantar nuevas viviendas si no se tienen los materiales garantizados? Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda del Ministerio de la Construcción (Micons), precisó a BOHEMIA que, “todo parte de la organización y la planificación de las obras. De lo contrario se forma un desorden. Si vamos a comenzar por ese asentamiento, se funde la zapata, luego levantamos los bloques, después la cubierta y finalmente las terminaciones. Cuando se concluyan esas casas, entonces vamos para otras más, para no crear los picos en la demanda de recursos materiales y humanos.
“Lo que estoy diciendo no es nada del otro mundo, sino el ABC de la construcción. Hay que concentrar los recursos en función de la secuencia constructiva, y darle valor de uso a lo edificado en el menor tiempo posible. El municipio es el responsable de que así se haga”, advirtió la directiva.
Niveles por “definir”
Para Andrés Savón Pérez, operario de la brigada de formaleteros de la Empresa Constructora de Obras y Arquitectura (ECOA 53) en La Habana, “la tecnología Forsa es lo mejor que se ha inventado. Semanalmente se puede levantar la estructura de dos casas y fundirla. Aunque es un trabajo fuerte, porque todo es a golpe de martillo y bajo el sol, da gusto ver cómo avanza la obra”, aseguró el guantanamero, quien lleva más de dos décadas albergado en la capital, dedicado a estos menesteres.
Con él coincide Blanca Lavastida del Risco, jefa de la brigada. “Comenzamos aquí en el reparto Miraflores, del municipio de Boyeros, a principios de marzo de este año. Trabajamos bastante rápido, pues en el Micons fuimos los pioneros en el empleo de esta tecnología. Ya la conocemos de memoria, los operarios saben dónde va una pared, hasta qué nivel levantarla”.
Según Lavastida del Risco, veterana en estas lides, en el proyecto que ahora acometen se especifica que serán 31 edificios biplantas, con 124 viviendas. “Pero de ese total hay una cantidad, pendiente por definir, porque están a la espera de los resultados que hace la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA) de la resistencia del terreno”.
A juicio de la académica titular, Dania González Couret, “un proyecto específico para cada lugar requiere del estudio de suelo para saber dónde está el estrato resistente, la altura del manto freático, la resistencia del suelo, entre otros aspectos. Pero sucede que la mayoría de los proyectos son repetitivos, es decir, no se hacen para un terreno específico, sino en abstracto, para cualquier lugar, considerando las peores condiciones del suelo, de manera que generalmente quedan sobredimensionados.
Brigadas de movimiento de tierra despejan el camino para que avancen las construcciones.
“Cualquier tecnología es susceptible de ser utilizada, y es válida, por supuesto nunca como única opción. La cuestión es qué vivienda se ejecuta con esa tecnología, en qué contexto urbano, y para qué habitantes”, indicó la arquitecta.
Propuestas en concreto
Además de las acciones constructivas que se ejecutan a lo largo y ancho de la mayor de las Antillas, en algunos lugares se han hecho propuestas específicas para ayudar a paliar el déficit habitacional. En el municipio especial de Isla de la Juventud, por ejemplo, las máximas autoridades gubernamentales han sugerido comprar apartamentos en venta por la población, para luego ofrecerlos a los casos necesitados.
Esta idea se analiza dentro de la nueva Ley General de la Vivienda, aseguró Rodríguez Salazar, “para darle a los gobiernos municipales la facultad de comprar las casas a personas naturales, y entregarlas por subsidios o en atención a la dinámica demográfica. Es una vía más expedita. Lo que sucede en el municipio especial, con la cantidad de viviendas en venta, también ocurre en Moa, y en otros lugares. Por eso estamos planteando que la medida no sea para municipios seleccionados, sino para todo el país”.
Desde hace varios años se trabaja en las normas jurídicas, aun cuando “la Ley General de la Vivienda se está demorando mucho”, apreció la directiva. ¿Por qué al cabo de cuatro años sigue en fase de consulta y evaluación por parte de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo?, interrogó BOHEMIA.
“Porque en los cálculos, hasta a los ingenieros se les caen las estructuras, y el tiempo de aprobación de una Ley no depende de una sola persona. La norma será muy renovadora y ya se han adelantado tantas cosas que es inminente su aprobación. Por ejemplo, la Política para la Vivienda aprobada en 2018 estableció que el pago de las casas, la rehabilitación o conservación de los inmuebles por la vía estatal, ya no serán subsidiadas, y se realizarán de acuerdo con los ingresos de cada núcleo familiar”.
Un asunto que ha suscitado polémicas antes de la aprobación de la legislación, es la creación de un organismo que agrupe todas las funciones estatales. “En la Ley General de la Vivienda se propone una nueva estructura que todavía no se sabe si será un instituto o un ministerio”, advirtió Rodríguez Salazar.
Obreros agrícolas, y de otros sectores, levantaban nuevas moradas para afectados por eventos meteorológicos.
Sobre tan controversial asunto, esta publicación dialogó en Villa Clara, a mediados de noviembre del año pasado, con José Ramón Comas García, entonces vicepresidente de Inversiones en el gobierno provincial, y Juan Carlos Gómez Novoa, director de Vivienda en el territorio.
A juicio de Comas García, “la ausencia de esa nueva estructura es una debilidad, que incide incluso en la implementación de la política, que de por sí es compleja y con un alcance grande. En esto participan varios actores, pero ubicados en diferentes lugares, y resulta necesario unirlos”.
Por su parte, Gómez Novoa consideró que “fue un craso error haber eliminado el Instituto Nacional de la Vivienda (INV). El Micons, al que se subordina actualmente la dirección general de la Vivienda, cumple funciones fiscalizadoras, por tanto, no puede actuar como juez y parte”.
Lo ideal hubiera sido unificar aquel INV con el Instituto de Planificación Física (IPF), coincidieron ambos.
Desde la academia, la arquitecta y doctora en ciencias Dania González Couret, compartió también sus criterios con esta publicación. “Mientras la vivienda y el urbanismo continúen separados, una en el Micons y el otro parcialmente en el IPF, no será posible lograr el enfoque integral en la solución del problema de la vivienda, sobre todo, de la vivienda urbana, que es el más grave.
“Desde hace muchos años, en todos los ámbitos profesionales vinculados a este campo se ha abogado por la creación de un Ministerio de Urbanismo y Vivienda (Minurvi), como existe en la mayoría de los países de la región. Estos se reúnen sistemáticamente en las conferencias de Minurvi, en las cuales Cuba era representada antes por el Instituto Nacional de la Vivienda, y ahora por el Instituto de Planificación Física”.
Finalmente, las decisiones que se vayan a adoptar en casa, no pueden esperar hasta las calendas griegas. El tiempo es oro, y una década –como la prevista para recuperar el déficit habitacional– pasa volando.
Delia Reyes Garcia
