Foto: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA
Por DELIA REYES GARCÍA, Bohemia
Después de pasarse el día trajinando de un lado para otro, lo único que le falta a Javier Sánchez Díaz es llevar la cama para su finca en Hoyo Colorado, municipio de Quemado de Güines. Literalmente. A las 9 y 30 de la noche, todavía fresco como una lechuga, vuelve al campo porque “a esta hora es mejor regar los cultivos, aprovechan más el agua y resulta más barato”, dice con picardía el villaclareño.
“La máquina Fregat que me arrendó la Unidad Empresarial de Base (UEB) Integral de Quemado de Güines consume mucha electricidad. Después de aplicar la nueva tarifa, tuve meses de pagar casi 28 000 pesos. Todos nos quejamos porque eso era una barbaridad; estábamos trabajando para el inglés. Hace unos días atrás nos llevaron en un camión a Santa Clara, y allí informaron que la tarifa iba a bajar y los productores pagaríamos la corriente de manera directa, antes era a través de la UEB. Pero todavía no se ha aplicado”, reconoce el usufructuario mientras enciende la Fregat. El cielo está cubierto de estrellas, es una noche tibia de inicios de agosto.
A muchos kilómetros de Quemado de Güines, en el occidental municipio de Artemisa, Osmany Cordero Alfonso, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CSS) Antero Regalado, sostiene: “Aquí las cosas siguen enredadas con el tema de la electricidad. Visitaron a los productores con turbinas y nos dijeron que eso se analizaría. Desde enero pasado aplicaron una tarifa de más de dos pesos el Kilowatt y planteamos que estaba muy elevada. Ahora nos están cobrando 1.80. Todavía los campesinos están esperando una respuesta, a ver si la baja un poquito más”.
Su coterráneo, Abelardo Álvarez Silva, presidente de la CCS homónima en Güira de Melena, agrega que allí los cooperativistas también estuvieron en desacuerdo con la tarifa eléctrica porque fue aprobada sin tener en cuenta la ficha de costo del productor. Por eso, dentro de las medidas a aplicar de manera inmediata, para estimular al sector agropecuario, se consideró la rebaja de la electricidad con carácter retroactivo, desde enero hasta la actualidad”.
La tibieza al implementar lo aprobado refleja debilidades en el funcionamiento de las estructuras del sistema agropecuario. (Foto: PASTOR BATISTA).
A juicio de Álvarez Silva, tanto esa como el resto de las medidas aprobadas, incluida la política de comercialización, “tienen un impacto muy positivo en los campesinos, quienes enfrentan además las restricciones del bloqueo, el impacto de la crisis mundial, el déficit de insumos, la degradación de los suelos y los efectos del cambio climático.
“Ahora vamos a empezar la campaña de frío y tenemos la tierra preparada. El compromiso de los cooperativistas es muy alto y se sienten estimulados a sembrar más porque ya comienzan a ver los resultados de su esfuerzo en los ingresos que reciben”.
Sin embargo, valora el presidente de la CCS, hay asuntos pendientes en la agricultura, los cuales deben resolverse de una vez y por todas. “No se logra la agilidad necesaria entre lo aprobado a nivel nacional y su implementación en la base. Incluso algunos quieren cambiar lo que se decidió en la máxima dirección del Gobierno y lo comunican de otra manera a los campesinos.
“Las cooperativas tienen que respetarse. Cuando hay una junta directiva sólida, bien preparada, estas cosas no suceden. Pero me preocupa que hay muchas en Cuba sin esa solidez en la dirección y quedan bajo el yugo de otros que violan lo orientado, incluso las normativas”.
Contrapunteo guajiro
Los impagos al productor son insostenibles. (Foto: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA).
El asunto de los impagos a los cooperativistas le roba el sueño a Osmany Cordero Alfonso. “Hace casi cuatro meses que la Empresa de Cultivos Varios de Artemisa no paga a los campesinos. Aunque se aprobó desde mayo (en el Decreto 35 de 2021 sobre la comercialización de los productos agropecuarios) que si eso sucedía podían vender a otro destino, los campesinos siguen dando el paso al frente para cumplir con lo contratado”, afirma.
Para su vecino Álvarez Silva, “cada cooperativa cuenta con un asesor jurídico y debe emplearlo al máximo. Lo que está escrito en decreto, o resolución, hay que aplicarlo a la hora de la contratación. Ahí hay que dejar bien claro cuál es la obligación de ambas partes, si tú incumples con el pago, te demando. Y viceversa.
“Aquí en nuestra CCS de Güira de Melena no hay un solo peso de atraso. Las empresas de Cultivos Varios y Frutas Selectas se comportan favorablemente. Ni ellos nos deben, ni la cooperativa le debe nada a otra entidad suministradora de insumos. Esta es una de las cuestiones que no pueden dejar de funcionar bien porque los pagos a los productores son altos y, por tanto, si se demoran, no hay economía que lo soporte”, valora Álvarez Silva.
No obstante, aunque las normativas parecen claras, algunos aspectos suscitan interrogantes y polémicas. El Decreto 35, publicado en la Gaceta Oficial No. 49, edición ordinaria del 4 de mayo de 2021, establece en su Capítulo IX, cuáles son las infracciones en la comercialización agropecuaria.
Aunque en Cuba se reconocen las leyes del mercado, corresponde a las autoridades locales y al MFP enfrentar precios especulativos y abusivos. (Foto: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA).
Según la norma, son contravenciones: “vender producciones agropecuarias a otros destinos diferentes a los contratados, sin la autorización que corresponda; no contratar el potencial de las producciones e incumplir con registrarse en el sistema informático de planificación agropecuaria (SIPA)”.
A quienes incurran en las dos primeras violaciones, “en los 30 días hábiles siguientes al incumplimiento, se les impone una multa cuya cuantía es el equivalente de multiplicar por tres el volumen de producción al mayor precio del mercado agropecuario en el momento en que se comete la referida infracción”. A quien no se registre en el SIPA “se le impone una multa de 2 000 pesos”.
Si bien se reconoce en el decreto el “recurso de apelación” y el “recurso de alzada”, de mantenerse inconforme, a la persona le queda expedita “la vía judicial”, resulta paradójico que las infracciones sigan recayendo solo en el lado del productor. A estos, incluso, sean propietarios o usufructuarios de tierra “se les podrá aplicar los procedimientos de expropiación forzosa o la extinción del contrato de usufructo, según corresponda”. Sin embargo, quienes contrataron las producciones, las reciben, pero no las pagan convenientemente al productor, siguen campeando de lo lindo.
Lo anterior sucede a pesar de establecer el propio Decreto 35, en el Artículo 18.1: “Los productores pueden vender a otras formas de comercialización existentes en el país, los productos que por problemas logísticos y financieros de las entidades acopiadoras y comercializadoras no puedan ser comprados, en correspondencia con lo establecido en los contratos”. O en el Artículo 16: “Las entidades acopiadoras y comercializadoras solo pueden realizar compras en función de sus capacidades logísticas y financieras”.
Por otra parte, la normativa deja atada al comité de contratación de precios, provincial o municipal, con toda la carga burocrática que eso puede traer, la facultad de “establecer los destinos de los productos que no pueden ser adquiridos por las formas de gestión que inicialmente lo contrataron”.
Para colmo, la Resolución 137, Reglamento para la comercialización de la producción agropecuaria, del Ministerio de la Agricultura (Minag), establece en su Artículo 11: “Para ejecutar ventas en otros destinos los productores deben haber cumplido con las entregas contratadas”. Parafraseando al pintoresco personaje del spot televisivo: “¿Entonces cómo queda el guajiro?”.
Un buen contrato…
Al usufructuario Javier Sánchez todavía no se le había rebajado la tarifa eléctrica a inicios de agosto. (Foto: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA).
Puede ser una carta de triunfo en manos de los campesinos. Todo lo que produce Javier en Quemado de Güines lo tiene contratado con la UEB, aunque pudiera hacerlo con otras personas jurídicas o naturales, “pero lo primero es cumplir con el Estado”.
Otros productores valoran de positiva la flexibilización para la contratación aprobada en la política de comercialización y en el paquete normativo que la instrumenta. “Estamos firmando contratos con muchas empresas. Eso se ha abierto bastante en Artemisa”, subraya Osmany.
La Resolución 138 del Minag fija las indicaciones para la contratación y comercialización de la producción agropecuaria, forestal y tabacalera del año en curso. Los objetivos que persigue la norma son precisos: concretar la planificación en el sector, desagregar el plan hacia el productor primario, diversificar y controlar las producciones, flexibilizar la comercialización agropecuaria hacia diferentes destinos; introducir incentivos que estimulen la producción, entre otros.
Precisamente, en el camino de estimular a las bases productivas y reconocerles los altos costos en que incurren, fueron aprobados precios de venta por acuerdo. Sin embargo, estima Álvarez Silva, “todavía quedan fisuras porque hay personas a las cuales les cuesta mucho cambiar la mentalidad. Y a estas alturas seguimos discutiendo en algunos lugares que los productos se venden por oferta y demanda, y los precios se acuerdan entre el productor y las unidades comercializadoras”.
Con la eliminación de los precios duales y el límite de crecimiento establecido desde julio de 2019, la comercialización adquiere mayor transparencia. (Foto: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA).
A su juicio, un paso importante para desbrozarles el camino de la comercialización a los campesinos fue la aprobación de la Resolución 320 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), publicada en la Gaceta Oficial No. 68, edición extraordinaria, el 30 de julio del presente año. “Donde desaparecen la dualidad de precios (consumo social o acopio) de la malanga, el plátano y el boniato; y los límites establecidos para el crecimiento de los precios, los cuales tenían como referencia los de julio de 2019. Antes los que más se beneficiaban eran los intermediarios, ya eso comenzó a cambiar”.
Según explicó en conferencia de prensa, Meisi Bolaños Weiss, titular del MFP, el objetivo principal de esa normativa es seguir reconociendo los costos del productor de manera que se estimule a cumplir con su encargo estatal; y hacer valer una política de precios inclusiva para regular de manera general a los distintos actores económicos.
Más allá de los cambios introducidos por la norma, puntualiza la ministra, “se mantendrán centralizados, para proteger a la población, los precios minoristas de los productos agropecuarios de quienes reciben dietas médicas y el servicio de alimentación en los SAF. Igual se mantienen los precios de los comedores obreros, con 18 pesos como promedio”.
Por otra parte, Bolaños Weiss insiste en la facultad de los gobiernos locales y la responsabilidad de las autoridades, incluido el MFP, para el enfrentamiento a los precios especulativos y abusivos. La regulación busca cuidar los dos extremos de la cadena de comercialización: el productor y la población.
Como papa caliente
Los altos precios de los servicios y la falta de un mercado regulado de divisa, el desabastecimiento de los mercados en moneda nacional, y otros dilemas, estresan a las bases campesinas
Uno de los objetivos de la política de comercialización es impulsar la creación de mercados de nuevo tipo donde prime el respeto al consumidor. (Foto: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA)
Entre las medidas aprobadas a mediados de abril para el sector campesino están la disminución de los precios de los servicios que les prestan otras entidades y algunos insumos imprescindibles, como los bioplaguicidas; la posibilidad de comprar de manera directa en los puntos del Grupo Empresarial de Logística de la Agricultura (Gelma) y acceder al mercado en divisas. Sin embargo, dice el refrán, del dicho al hecho hay gran trecho.
“Por roturar una hectárea, la empresa nos cobra casi 1 000 pesos. La preparación de tierra es calientica”, asegura Javier Sánchez Díaz, en la provincia villaclareña. Lo mismo sucede a los cooperativistas de la CCS Antero Regalado, en el municipio de Artemisa. “Lo que nos cobra la Empresa Agropecuaria por roturar es muy alto. Las tierras se preparan, pero hay guajiros que no tienen cómo pagar eso”, advierte Osmany.
Aunque la medida de que los campesinos podían comprar directamente en los puntos de Gelma venía corriendo desde mediados de abril, tardó varios meses en llegar a Hoyo Colorado, en Quemado de Güines. “El 4 de agosto me enteré de eso con la visita de varios funcionarios de la agricultura del territorio”, ilustra Sánchez Díaz.
De la posibilidad que tienen los productores de ir a contratar directamente sus insumos agropecuarios y maquinaria agrícola con la industria nacional, que refrenda la Resolución 67 de 2021, del Ministerio de Comercio Interior, no le comentaron las autoridades locales a Javier, en ningún momento. “Me estoy desayunando con usted”.
Caridad Robaina Fernández, en el poblado de Las Guásimas, reconoce que las medidas y la política de comercialización fueron bien acogidas por los campesinos. (Foto: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA).
Por su parte, Caridad Robaina Fernández, usufructuario del capitalino poblado de Las Guásimas, conocedor de primera mano de las medidas aprobadas para el sector, no perdió tiempo en ir al punto de venta de Gelma más cercano. “Fui allí en varias ocasiones. Me dijeron que todavía no estaban autorizados a vender directo al productor y debían cambiar las fichas de costo. Cada vez que iba era un cuento distinto”.
Sobre la demora en implementar la venta directa a los campesinos, María del Carmen Fages Plasencia, vicepresidenta de Gelma, responde: “A partir de la aprobación de las 63 medidas, se dio la indicación de que las empresas comenzaran a preparar las condiciones. Eso nos tomó un tiempo y sí, hubo que cambiar la mentalidad. Con la ficha de costo no existió dificultad alguna porque era igual para todos. Ya está la autorización del grupo de implementarla en el país”.
Urge evitar –y corregir de inmediato– los errores en la comercialización porque afectan los dos extremos de la cadena: al productor y a la población. (Foto: PASTOR BATISTA).
En Güira de Melena, explica Álvarez Silva, “los campesinos pueden comprar directo en los puntos de venta si tienen habilitada una cuenta bancaria para eso. Sin embargo, Gelma prácticamente no oferta nada en moneda nacional. Es la realidad. La mayoría de los insumos los está vendiendo en moneda libremente convertible (MLC) y eso hoy es un problema porque no es fácil para el productor obtener la divisa.
“Es verdad que autorizaron las ventas en frontera, en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en el mercado en MLC, y para las exportaciones. Pues nos hemos ido insertando poco a poco en eso, pero esas producciones requieren una óptima calidad y con los insumos deficitarios es súper-difícil lograrlo. No obstante, seguimos guapeando para que los campesinos obtengan la divisa y luego puedan comprar algún insumo. Todavía esos casos son la minoría”.
El precio en divisa de los insumos que comercia Gelma en MLC no es cosa de recitar y cantar en Palmas y Cañas. “¡Eso sí está duro, es candela! En Camajuaní un campesino compró un tractor moderno y cuando sacamos la cuenta costó el equivalente a un millón y medio de pesos en moneda nacional”, refiere el usufructuario de la finca Hoyo Colorado. Ese cálculo parte de multiplicar el precio de venta en USD por 60 pesos, el valor que tenía entonces el dólar en el mercado informal.
Fages Plasencia esclarece: “En estos momentos los tractores que estamos vendiendo son Belarus de tres tipos. El más sencillo y de menores prestaciones se comercializa en 15 000 USD. El otro, que tiene mayor potencia y cabina climatizada, en 20 000. Y el tercero, con más caballos de fuerza, en 25 000. A partir de las normas que emite el MFP, Gelma establece los precios con un margen comercial que oscila entre dos y cinco por ciento”.
“Solo los campesinos que a diario dejamos la piel en el surco sabemos el significado de un tractor nuevo. Incluso para la economía del país sería muy positivo porque el consumo de combustible bajaría considerablemente en el sector agropecuario”, reflexiona Sánchez Díaz.
Enredos
Alcanzar la soberanía alimentaria es un empeño mayúsculo que ayudará a mejorar la calidad de vida de los cubanos. (Foto: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA)
Las agujas del reloj marcan el mediodía. El presidente de la CCS Antero Regalado de Güira de Melena llega sudoroso después de un recorrido por las fincas de la cooperativa. En la cabeza trae mil rollos: la tierra que están pidiendo los usufructuarios para crecer en la siembra; los encontronazos con el banco porque las fichas de costo que tiene no son las reales y se afectan los créditos que piden los campesinos. “Eso todavía lo estamos discutiendo porque nos cuesta mucho trabajo hacerles entender los costos reales que tenemos. Lo otro enredado es el seguro a las producciones”, dice mientras seca el sudor de la frente.
Desde que se entregó la tierra en propiedad, con la primera reforma agraria, ha llovido mucho. “Las familias crecieron, con varios hijos, nietos, y en la finca cada cual trabaja su parte. Pero entonces, solo una persona, el propietario, puede sacar los créditos bancarios y el seguro para el resto. Los productores cuestionan: por qué no darle la posibilidad a cada cual de hacerlo de manera individual”.
Según establece el Decreto 35, en las disposiciones finales, el Banco Central de Cuba, en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la normativa, “diseña e implementa a través de los bancos comerciales ofertas de nuevos productos financieros a los productores que se adecuen a las características del sector y estimulen las actividades productivas, acopiadoras y comercializadoras, incluyendo la posibilidad de obtener créditos revolventes con bajos intereses”.
La bonificación en la carga tributaria beneficia a todos los productores del país. (Foto: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA).
A favor de los campesinos, reconoce Álvarez Silva, fue aprobado otorgar una bonificación que disminuye de cinco a dos por ciento el impuesto sobre ingresos personales cuando estos tributen al fisco, lo cual aligera la carga que llevan sobre sus hombros las bases productivas.
La agricultura cubana ha arrastrado una serie de vicios y trabas que, con las medidas de abril y el resto de las normativas emitidas, comienzan a desenredarse. También viabilizan viejos anhelos de los productores como los de consumir la carne de res o comercializar los excedentes de la leche y sus derivados. Nada de lo aprobado para el sector agropecuario puede quedar como polen flotando en el viento, hay que seguirlo bajo lupa y fertilizarlo para que florezca.
Efectivamente, por primera vez en el país se aprueba una política de comercialización que apenas comienza a germinar, pero el tronco del árbol que se quiere enderezar tiene una torcedura de larga data. Por eso, del rigor y el control en su implementación, de los resultados palpables en la mesa, depende alcanzar la anhelada soberanía alimentaria… y la credibilidad del pueblo.
De tres, una
A juicio de los productores entrevistados para este reportaje, lo más novedoso de las medidas de abril está en la ganadería, en tanto rompen con antiguos estigmas, y revolucionan las maneras de hacer y la mentalidad dogmática.
La Resolución 139, firmada el 29 de abril de 2021 por el titular de la Agricultura, establece el procedimiento para el sacrificio, consumo y comercialización de las carnes de ganado bovino por los productores agropecuarios. Algunos, cuando la leyeron, tuvieron que pellizcarse el brazo para confirmar que no era un sueño. Otros, no pudieron evitar las lágrimas. El Código Penal en Cuba por matar una vaca sancionaba al culpable a veces a más años de privación de libertad que si hubiese asesinado a un ser humano.
Tanto las personas naturales, como jurídicas propietarias de ganado bovino, establecen la norma, deben cumplir una serie de requisitos, en particular, los compromisos del encargo estatal establecidos en los contratos de compra venta de la leche y la carne, así como mantener el crecimiento de la masa ganadera.
