Por Julio C. Gambina[1]La Argentina está en el centro de la atención y el debate por el acuerdo suscripto recientemente con el FMI y que se proyecta hacia el 2034. Un acuerdo que intenta legalizar vicios de origen de un préstamo cuestionable desde varios ángulos (45.000 millones de dólares desembolsados) y otorgado en 2018 con el auspicio deliberado de EEUU (gobierno Trump) y su peso relativo en la toma de decisiones del organismo. Con ese préstamo, la Argentina es hoy el principal deudor del FMI y acaba de suscribir un programa de ajuste fiscal y monetario en un marco de alta inflación y deterioro de las condiciones de vida de la mayoría empobrecida. Un clásico en la lógica del FMI.[2]
En la historia reciente podemos encontrar otros casos paradigmáticos, como el de Bolivia en 2019, país receptor de un préstamo del FMI por 327 millones de dólares, otorgado a un gobierno ilegitimo (surgido de un golpe de Estado) y no utilizado, que fuera devuelto por el actual gobierno con actualizaciones por más de 19 millones de dólares, e intereses y comisiones por 4,7 millones de dólares; totalizando un costo de casi 25 millones de dólares. También vale recuperar la histórica resistencia popular ecuatoriana en 2019 ante las exigencias suscriptas entre el FMI y el gobierno del Ecuador, que impactaba en las condiciones de vida de la población.
Son dos muestras muy concretas que asocian al FMI con la lógica de la dominación capitalista y, por ende, la extracción de riquezas de nuestras sociedades. Lo concreto es cada vez que interviene el FMI, el sentido es la reactivación del orden capitalista en desmedro de los derechos populares y sociales. Existen antecedentes variados de reaccionarias intervenciones del FMI en toda la región. En estos días hay acuerdos con Chile, Colombia y Costa Rica.
Vale recordar, que el FMI es un organismo rector del sistema financiero mundial en el marco del orden económico emergente luego de la segunda guerra mundial. En efecto, EEUU, potencia rectora del sistema mundial, ejerce la hegemonía en los organismos internacionales, el FMI y el Banco Mundial, con lo que estos actúan en sintonía con la lógica de política económica diseñada desde Washington. Fue en los 90 que se definió el llamado “Consenso de Washington” (sede del FMI, del BM y del gobierno de EEUU) para la región latinoamericana y caribeña y con ello el proceso acelerado de liberalización de la economía, con apertura al libre movimiento de capitales internacionales; las privatizaciones de empresas públicas; el desarme de la estrategia de sustitución de importaciones.
En rigor, un proceso iniciado en los años setenta del siglo pasado y consolidado en la última década del Siglo XX. El FMI está en el centro de la gestión del “sistema deuda”, mecanismo de dominación y subordinación de nuestros pueblos y países a la lógica de acumulación del capital más concentrado en el ámbito mundial. Se trata de una lógica sustentada en la dinámica articulada de las corporaciones trasnacionales, entre ellos la banca y el mercado financiero, los principales estados del capitalismo mundial y los organismos internacionales.
La resistencia al FMI y a la deuda
La deuda constituye un mecanismo de fortalecimiento de la dependencia de nuestros países, lo que nos motiva a recuperar los procesos de resistencia y confrontación contra los acreedores externos y el FMI.
Vale memorar los antecedentes de la deuda latinoamericana y caribeña, como mecanismo de subordinación de nuestras pueblos y sociedades a la lógica del capitalismo mundial, recreada bajo las condiciones definidas por el gran capital en tiempos de globalización y expansión de las finanzas y la especulación. El FMI intervino en tiempos de la industrialización sustitutiva de importaciones, entre los 50 y 70 del siglo pasado y fue instrumento esencial para contribuir al cambio de modelo hacia la liberalización económica en los 80/90 del Siglo XX.
Por eso, entre los antecedentes debe registrarse el impago de la deuda mexicana en 1982, dando lugar a la “crisis de la deuda”, que en la región latinoamericana y caribeña supuso el fin de un modelo productivo y de desarrollo desplegado por medio siglo entre los 20/30 del siglo pasado y la reestructuración neoliberal de los 70/80 que consolidó el Consenso de Washington. Dicho sea de paso, en esa década del 80 se produjo el retroceso que la CEPAL definió como “década perdida”, agravando los problemas estructurales de la organización socio económica en toda la región, con incremento de la desigualdad, concentración del ingreso y la riqueza y expansión del desempleo, la pobreza, la explotación y el saqueo.
En respuesta a la agresión de los acreedores bajo la gerencia del FMI, la propuesta surgida desde La Habana en 1985 convocó a construir un “Club de deudores” de la impagable deuda. Desde entonces, son innumerables las campañas populares que en la región levantan las consignas de suspensión de los pagos de la deuda, al tiempo que se demandan exhaustivas investigaciones de la misma para definir la legitimidad, la ilegalidad e incluso el carácter odioso de las deudas.
Por eso hoy, la intervención del FMI en la región, no resulta distinta a la tradición, asociada a la promoción de una estrategia de subordinación a la lógica capitalista. Al mismo tiempo, se destaca la extensión de campañas nacionales que denuncian el endeudamiento, tal como se hizo hace pocos días en México en ocasión de realizarse el Foro Social Mundial (FSM). La red mundial CADTM[3] realizó su asamblea regional en el marco del FSM y llevó a cabo diversas reuniones en varias ciudades mexicanas, denunciando al sistema deuda y haciendo conocer la construcción de la promotora por la suspensión de pagos e investigación de la deuda en México.[4] La cuestión de las luchas en contra de la deuda y el FMI tuvo protagonismo en la cumbre popular del FSM en territorio azteca.[5]
El tema es preocupante y se agrava en las condiciones de crisis actual. En el sitio del FMI puede leerse un artículo reciente suscripto por un colectivo de colaboradores del FMI y encabezado por el Director del Departamento del Hemisferio Occidental, en el que se resalta:
“Con las relaciones de deuda pública/PIB por encima de los niveles previos a la pandemia y el aumento de los costos de financiamiento en un contexto de tasas de interés internacionales y locales más altas, los países tendrán que garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para ayudar a preservar su credibilidad y recomponer el espacio fiscal.”
Queda clara la convocatoria tradicional a la “sostenibilidad de la deuda”, para lo cual se inducen reformas fiscales, con más impuestos y menores gastos, claramente identificado en recomendaciones:
“como el aumento de los impuestos sobre la renta de las personas físicas”
La tradición apunta a la regresividad fiscal de regímenes tributarios que se descargan sobre los sectores con menores posibilidades de enfrentar la dinámica de la crisis. En ese sentido, el FMI se reitera en la demanda por reformas estructurales, del régimen laboral, previsional y tributario. Queda claro que en el horizonte de recomponer la tasa de ganancia debe disminuirse el ingreso popular, en salario, jubilaciones, o planes sociales, incluso el gasto público de orientación hacia las necesidades de la población.
Los pueblos necesitan recrear y ampliar las campañas en contra del ajuste y la reestructuración regresiva implícita en los programas del FMI, en un tiempo de expansión de las deudas, no solo la pública, sino de las empresas y las familias.
Argentina
Insistamos en el carácter condicionante del endeudamiento y del papel del FMI. Es algo que se corrobora en el crédito asignado en 2018 por 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45.000 millones. Es una cifra que está por encima del doble de la capacidad de asignación de préstamos según los reglamentos del organismo internacional. No solo que el FMI incumplió con sus estatutos y normas, sino que era consciente que Argentina no podía reembolsar.
¿Por qué entonces el FMI hizo el préstamo? Hay varias razones, entre las cuales predominan los argumentos políticos. EEUU necesitaba consolidar gobiernos amigables a su política exterior en el continente, y su apuesta era a la continuidad del gobierno explícitamente de derecha en las elecciones de fines del 2019. Se trató de un objetivo inalcanzado. De igual manera, se proponía condicionar al gobierno entrante, que terminó siendo de otro signo político, pero que, al asumir la negociación con el FMI para reestructurar la devolución del préstamo, se subordinó a la lógica de condicionamiento. También presionó la clase dominante local en Argentina, que incluye al capital externo, necesitado del ingreso de divisas para viabilizar la fuga de capitales, sea por cancelación de deudas anteriores, remesas de utilidades al exterior o constitución de activos en el extranjero. Son mecanismos de fuga de capitales para los que era necesario que ingresaran divisas. Esa fue también la misión del FMI para otorgar el préstamo.
En definitiva, el FMI es funcional a la demanda del socio hegemónico, EEUU, y a las necesidades de las clases dominantes en el orden local.
Con el acuerdo suscripto en el 2022 se estableció un paréntesis de un par de años para renovar el préstamo al solo efecto de cancelar las deudas con el FMI y con monitoreo (auditoria) del FMI cada tres meses. De hecho, un cogobierno con el FMI. Queda luego de la cancelación del préstamo del 2018, un nuevo crédito de facilidades extendidas por un monto de 44.000 millones de dólares, con vencimientos hasta el 2034.
Puede presumirse el impago de ese crédito y, por ende, un horizonte de renovaciones y condicionalidades del FMI para varios gobiernos en el futuro mediato de la Argentina. Toda una gran condicionalidad mientras se asuma la inevitabilidad de legalizar esas acreencias y condenar al país al ajuste perpetuo.
El camino alternativo deviene de la campaña popular iniciada al comienzo de la gestión gubernamental actual, con la creación de la Auto convocatoria por la suspensión de los pagos de la deuda y su investigación[6], que en el trayecto de su acción creció en articulación con otros espacios, especialmente los gestados desde la izquierda parlamentaria, con iniciativas de movilizaciones conjuntas para desplegar una propuesta de rechazo a los acuerdos con el FMI y otros acreedores del endeudamiento público. El rechazo, aun parcial, al acuerdo en la coalición gubernamental, habilita a la ampliación del arco político y social que promueve el rechazo a la deuda y al FMI.
La realidad presenta ambas facetas, las del acuerdo con el FMI, que en un marco de elevada inflación y restricciones fiscales y monetarias convoca al ajuste y un mayor sufrimiento de los sectores empobrecidos. Es una situación que agudiza el descontento, la protesta y la potencialidad de ampliar el espectro de la confrontación y del rechazo social y político al acuerdo con el FMI. Está claro, además, que el rechazo a la deuda es el punto de partida de un programa integral que confronte con el régimen del capital y avizore las condiciones de una perspectiva emancipadora.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2022
[1] Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor Titular de Economía Política, UNR. Junta Directiva de la SEPLA.
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Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Teléfono: (54 11) 4551 6869 / 4381 5574
Celular whatsapp: +54 9 11 5502 0283
Cuestionan la efectividad de las reuniones | Pixabay/CC/Free-Photos
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