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II
El impago de las deudas venezolanas se vincula a la situación de los bonos corporativos emitidos por PDVSA, que permanecieron sin pagarse desde el 2017. Sobre este tema se ha estimado que las 25 emisiones de bonos emitidos por la República de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Electricidad de Caracas (ELECAR) entre 1997 y 2016 se mantienen en default (incumplimiento de pagos de deuda, por capital y/o intereses). Ello conlleva que la deuda acumulada por esta causa ascienda actualmente a 90.000 millones de dólares, según estimados no oficiales. Adicionalmente, el valor de mercado de los bonos hace un año era de 3 a 7% de su valor facial en el caso de PDVSA y 10% en los bonos de la República. [1]
Sin embargo, pese a esta complicada situación financiera, se informó en febrero de este año el desarrollo de un proceso de renegociación para el pago de la deuda a tenedores de bonos. Igualmente, después del acercamiento de EE.UU. a Venezuela, ha aumentado la cotización de los bonos venezolanos, si bien discretamente.[2]
Por otro lado, aún cuando las exportaciones petroleras fueron seriamente afectadas por las agresiones de EE.UU. y entre el 2013 y el 2020 descendieron un 76%[3] estas exportaciones en el 2021 crecieron ya un 15.7% alcanzando el nivel más alto en julio del pasado año con 745 355 b/d[4] Las ventas externas han continuado recuperándose en el primer semestre del 2022.[5]
En la disminución de los ingresos por exportación en años anteriores, la caída de los precios del petróleo no puede subestimarse, ya que la crisis de liquidez financiera se agudizó a partir del colapso de los mismos al descender muy por debajo del valor alcanzado en el 2014. De este modo, el precio del barril de petróleo (mezcla Merey) solo llegó como promedio anual en 2020 a 28.12 USD, pero ya en el 2021 se elevó a 46.09 USD, para un incremento del 63.9% y durante el primer semestre del 2022 el precio se elevó a 81.39 dólares el barril, para un nuevo incremento del 76.6%, lo cual disparó los ingresos por exportaciones del país este año, los que alcanzaron 3 000 millones de dólares más que en el mismo período del 2021, totalizando 7 560 millones en 6 meses,[6] lo que respaldó un mayor nivel de importaciones.
Esta evolución de la principal fuente de ingresos del país a partir del 2021 ha sido un elemento clave de la recuperación económica que se inicia.
También en los últimos años, la caída en la producción petrolera, llevó a que el déficit del presupuestoestatal en relación al PIB –incluyendo los fondos extrapresupuestarios- se elevara del 16,2% en el 2014, a un estimado de entre el 10 y el 28,4% en 2019, el cual se ha venido cubriendo con emisión monetaria básicamente. No obstante, para el 2020 se calculó por el FMI un déficit equivalente al -5%% del PIB, y se previó mantener una reducción importante en el 2021, según opinión de algunos especialistas, lo cual es congruente con una reducción de la tasa de inflación.
Por otro lado, con la reducción de los ingresos en moneda convertible, el pago de la deuda externa ha sido uno de los elementos más críticos desde el 2017, en tanto que, el servicio de la deuda externa fue afectado por las propias condiciones económicas del país, a lo que se suman las más de 900 sanciones impuestas por EEUU y la UE.
En general, de una deuda total de 110 730 millones de USD en el 2011, en el 2019 se estima que la misma llegó a entre 130 700 y 168 074 millones. El endeudamiento en el 2021 puede haber alcanzado un estimado de entre 136 000 y 172 902 millones de dólares. Por su parte, se estima que solo pudieron saldarse 35 millones en el 2019, lo que mantuvo al país en una posición de default desde el 2017. Sólo al cierre del 2020 se estimaba que el acumulado de los pagos no realizados alcanzaba los 27 000 millones de dólares.[7]
Por otro lado, se calcula que las reservas internacionales descendieron de 7 465 millones de USD en el 2019, a 6 367 millones el 30 de diciembre del 2020. Sin embargo, estas reservas se ubicaban en 10 917 millones al cierre del 2021 según datos del BCV, ascendiendo un 71.5% en el año, recuperación extraordinaria que no se ha explicado oficialmente hasta el presente, aunque según criterios de economistas venezolanos se estima que se trata de un depósito de derechos especiales de giro del FMI. De ser cierta esta información, esto marcaría un antes y un después en las relaciones entre Venezuela y el FMI en muchos años. Las reservas internacionales totales el 30 de septiembre del 2022 alcanzaban 10 008 millones de dólares.[8]
Otro elemento que ha revelado dramáticamente los desequilibrios de la economía venezolana es la inflación, que se incrementó extraordinariamente en el 2018, cerrando el año con un crecimiento del IPC de 130 060%. No obstante, en el 2019 se verificó una desaceleración notable, con una inflación oficial del 9 585.5 %, aunque otros estimados la ubicaron en 19 906%. La cifra promedio del 2020 se calculó entre 1 460 y 2 959.8% Para el 2021 se estimó una inflación de 520%, lo que marcó el cese de la hiperinflación que venía afectando el país.[9]
En el 2022 la tasa de inflación ha continuado su reducción y hasta agosto de este año acumuló solo un 60.5%.[10]
Por su parte, la política de estabilización de la tasa de cambio del bolívar frente al USD se ha basado en el 2022 en una fuerte inyección de dólares por parte del Banco Central de Venezuela, acompañada de una restricción del crédito y el gasto público y por un incremento en la recaudación de impuestos al capital nacional. Esta política ha permitido cierta estabilización económica, pero está sometida constantemente a la manipulación y a las presiones del dólar en el mercado paralelo.
De tal manera, a inicios del mes de octubre se observaba una fuerte devaluación del bolívar en el mercado paralelo, alcanzando cotizaciones cercanas a 9 bolívares por USD, lo que presiona a un ajuste de la tasa de cambio oficial, que ya alcanzaba 8.21 el 6 de octubre, según el BCV.
III
Un elemento de mucha importancia para evaluar la incipiente recuperación venezolana parte de los profundos cambios en la política económica adoptados por el gobierno en el 2018.
Frente a la situación monetaria enfrentada entonces por el país, ya a la altura de agosto de 2018 el gobierno venezolano tomo la decisión de aprobar un conjunto de medidas extraordinarias para enfrentar la situación económica, las cuales se encuadraron en el llamado “Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”. Las medidas contenidas en este plan fueron
- La sustitución del bolívar fuerte (BF) por el bolívar soberano (BS) eliminando cinco ceros de su cotización, resultando un tipo de cambio que produjo una fuerte devaluación del BF al ubicarse en 60 BS por USD y 3 600 BS por Petro.
- Incremento de los precios de la electricidad, el transporte, la telefonía y la gasolina.
- Transformación del sistema cambiario mediante:
- La unificación del tipo de cambio oficial.
- El uso del PETRO como moneda virtual ancla del sistema cambiario.
- Desarrollo de subastas de divisas.
- Modificación de la Ley de Ilícitos Cambiarios para permitir la circulación legal de moneda libremente convertible
Cabe apuntar que –según informaciones no oficiales- en el momento en que se toman estas decisiones, los asesores económicos de Maduro eran los ex ministros de Ecuador en el gabinete de Rafael Correa Patricio Rivera y Fausto Herrera, a los que se añadía el multimillonario Daniel Martínez, todos con experiencia de trabajo en la economía dolarizada de Ecuador.[11] La presencia de estos asesores parece haber apoyado el criterio de que el único camino posible para Venezuela era abrirse a una dolarización parcial de la economía, lo que ofrecía soluciones a corto plazo, aunque podía introducir riesgos a largo plazo, al reducir la soberanía monetaria del país.
De este modo, las medidas del 2018 despenalizaron la tenencia y la circulación de la moneda extranjera, al tiempo que se autorizó la reapertura de casas de cambio para su compraventa al precio del mercado, situación similar a la existente hasta el 2006. La decisión no implicó desmontar completamente el control cambiario, ya que el gobierno ofertaría a los actores económicos un dólar controlado a través del sistema DICOM y permitiría la existencia de un tipo de cambio paralelo, con tendencia a la convergencia con el tasa de cambio oficial. Al mismo tiempo, se decretó el encaje legal del 100% para el bolívar, lo que provocó una fuerte contracción del crédito y la emisión de dinero inorgánico, limitando por esta vía la expansión de la masa monetaria y la base de la inflación.
Como consecuencia de estas decisiones, ya a finales del 2019 se estimaba que alrededor de un 60% de las transacciones se realizaban en moneda convertible y que en el país circulaban 3 600 millones de dólares. También esta medida comenzó a cerrar la brecha entre la tasa de cambio oficial y la paralela. Puntualmente, en marzo del 2021 se estimaba que el nivel de dolarización informal cubría el 67% de los pagos de bienes y servicios, situación que se mantiene sin cambios en el 2022.
En medio de la confrontación con el gobierno norteamericano, cabe resaltar la aprobación en octubre de 2020 de una “Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos”. Evidentemente, esta ley habilitó a la máxima dirección del país para tomar medidas extraordinarias ante situaciones críticas, que pueden incluir procesos parciales de privatización, tales como lo ocurrido recientemente cuando se autorizó la venta a privados del 10% de las acciones del Banco de Venezuela, el mayor banco estatal del país.[12]
Otra medida adicional se adoptó en octubre de 2021 cuando se decretó un nuevo ajuste monetario que eliminó seis ceros del valor del bolívar soberano, que fue sustituido por el bolívar digital en ese momento.[13] El objetivo visible fue facilitar las transacciones al emplearse una menor cantidad de dinero en efectivo. La medida no debió generar un incremento en los precios, aunque coincidió con un aumento en el precio de la gasolina.
Estas decisiones se acompañaron con medidas compensatorias como el incremento de salarios y pensiones –el ultimo incremento data de marzo del 2022- lo que elevó parcialmente el poder de compra de la población con empleos formales, pero no impacto en el empleo informal. No obstante, hoy el poder de compra de los salarios del sector público –que cobra en bolívares- se encuentra en una situación de desventaja. Adicionalmente, los aumentos decretados no cubren la canasta básica, según análisis no oficiales de economistas venezolanos, por lo que si bien la situación ha mejorado, se mantienen muchas desigualdades entre aquellos que reciben ingresos en USD y los que los reciben en bolívares. Esta diferenciación también se mantiene entre Caracas y el resto del país.
La tasa de cambio del bolívar digital al iniciarse el nuevo ajuste monetario en octubre era 4.18 bolívares por USD y al cierre de diciembre de 2021 alcanzó 4.58 por USD, mostrando una devaluación de solo el 9.6% y –como se mencionó anteriormente- la tasa oficial llegó a 8.21 el 6 de octubre para una devaluación del 96.4% en un año, lo que muestra la complejidad del ajuste, pero al mismo tiempo, revela el control que se ha logrado por el BCV sobre el mercado cambiario.
(Continuará).
NOTAS
[1] Ver El Estímulo (2022).
[2] Ver BLOOMBERG (2022).
[3] Ver Curcio (2021)
[4] Se trata de cifras estimadas, ya que PDVSA no ofrece información de las exportaciones.
[5] Solo en el primer trimestre del 2022 las exportaciones venezolanas a EE.UU. crecieron un 160%. Ver EFE (2022c).
[6] Ver ECONOMIA HOY (2022) y CUBA Y ECONOMIA (2022).
[8] Ver BCV (2022).
[9] Un profundo estudio de este tema se encuentra en el libro de la economista Pasqualina Curcio “Hiperinflación. Arma imperial” Editorial Nosotros Mismos, Caracas, 2018.
[10] Se trata de estimados oficiales.
[11] Ver Primicias (2021).
[12] Este banco estuvo controlado por el Grupo Santander entre 1994 y 2009, fecha en que fue nacionalizado. Ver France24 (2022).
[13] Ya anteriormente se habían realizado dos ajustes: en el 2008 y el 2018.
