Por Alden Hernández Díaz OPINIÓN 22 Mayo 2023
Opinión Invasor
Más allá de todo, está la importancia del control de lo sembrado, la contratación exacta, la distribución y el consumo organizado y equitativo. Foto: Alejandro García
El país destina, cada año, más de 1000 millones de dólares a la importación de alimentos, buena parte de ellos con potencialidades para su producción fronteras adentro
A diario, cuando recorremos mercados, puntos de venta, carretoneros, en busca de la comida para llevar a la mesa, sentimos, cada vez más, cómo exprimimos nuestros bolsillos por una jaba menos llena.
Quién diría que la libra del humilde boniato costaría más de 60.00 pesos, o de la muy extendida guayaba, cotizada a 30.00. Digamos más, la calabaza —considerada por algunos como comida para animales y la más “sata” de las hortalizas, cuyas semillas nacen donde caigan—, hoy devenida plato de alcurnia. Así la lista seguiría en una sucesión de delicias tropicales ya no tan cercanas como antes.
Tal vez mientras escribo esos precios y los de muchos otros productos se “actualizan”, siempre al alza. La inflación, especulación y escasez hacen de las suyas, se ensañan con el maltrecho poder adquisitivo de los salarios y pensiones. Lloveríamos sobre tierra mojada al reiterar que la producción de alimentos es uno de los temas cardinales en la Cuba de hoy. Desde hace años el General de Ejército Raúl Castro le dio una importancia de seguridad nacional al equiparar, metafóricamente, los frijoles a los cañones.
No exageraba; el país destina, cada año, más de 1000 millones de dólares a la importación de alimentos, buena parte de ellos con potencialidades para su producción fronteras adentro. El incremento de los precios en los mercados mundiales, las constantes crisis multidimensionales y estructurales del capitalismo, las dificultades añadidas por la política de bloqueo y las insuficiencias internas (expresadas en estructuras cambiantes, modelos de gestión ineficientes, formas de pago que no estimulan, obsolescencia tecnológica y un largo etcétera), hacen de la soberanía alimentaria un imperativo.
¿Si logramos, como país, vencer con esfuerzos propios un reto mayúsculo como la pandemia de la COVID-19, por qué no este también? Los debates con los científicos, directivos e instituciones, aun cuando se han traspolado a la Agricultura, todavía no rinden los frutos esperados.
La cuestión se torna difícil sin acceso a recursos externos o muy limitados, pero ahí está el reto: señalar, potenciar desde lo endógeno las mejores experiencias y resultados que puedan generalizarse con éxito. Esa producción científica y desde los centros de investigación, además, debe estar acompañada por una mayor inversión en el sector.
Al cierre de 2022, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), las actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura recibieron inversiones por alrededor de 1900 millones de pesos. La cifra no es despreciable, sin embargo, fue el noveno grupo de actividades con menor monto, de un total de 18 controladas por la ONEI. A todas luces, para cambiarle la cara al agro cubano, dadas sus urgencias e importancia, hay que poner más dinero.
Quedan, por otra parte, cuestiones a superar, como el carácter rentista o recaudador de la venta de muchos insumos a productores. Con beneplácito leí de la compra de tractores a tabacaleros en toda la Isla, que destinaron parte de sus ingresos para la adquisición de la maquinaria. Ojalá acciones como esta se generalicen y no sea una noticia aislada.
¿Acaso no es mejor que los campesinos accedan, por mecanismos legales diversos, a sistemas de riego, maquinarias, insumos, casas de cultivos protegidos…, que seguir esperando por asignaciones centralizadas que no llegan? ¿Acaso no se compensan las ganancias dejadas de ingresar por concepto de margen comercial si, a la hora de ir a la placita o al punto de venta, la comida tiene precios menos prohibitivos porque la ficha de costo refleja esos incentivos? La comida producida gracias a ello se quedará en el país y redundará en beneficio de todos.
También nos repetimos al insistir en poner a los campesinos y cooperativistas en el centro de todos estos procesos, pues de su esfuerzo sale alrededor del 70 por ciento de los alimentos del consumo interno nacional. Impagos o demoras en las producciones vendidas, retrasos en las entregas de tierras, burocratismo, déficit de asesoría jurídica y económica son algunas insuficiencias a resolver de una vez y por todas.
Cierto es que las medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria no han llevado a los resultados esperados, en parte porque nacieron en un contexto de crisis económica y desequilibrio de las finanzas internas, desabastecimiento y escasez. No obstante, más allá de todo, está la importancia del control de lo sembrado, la contratación exacta, la distribución y el consumo organizado y equitativo, de manera que unos pocos no se coman la comida que muchos no pueden pagar.
