Por: Randy Alonso Falcón, Oscar Figueredo Reinaldo, Yunier Javier Sifonte Díaz, Lisandra Fariñas Acosta
Al intervenir en el espacio televisivo el 1er coronel Eddy Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) señaló que la prevención y enfrentamiento a la corrupción, al delito, a las ilegalidades, es y sigue siendo una prioridad para el Ministerio del Interior, de conjunto con las restantes instituciones políticas, gubernamentales y el resto de las entidades, en función del sostenimiento del orden interior y la tranquilidad ciudadana.
“Es innegable que la situación compleja en la cual nuestro país se encuentra derivada, fundamentalmente, del bloqueo, tiene un impacto en la vida cotidiana, en las tensiones económicas que se viven, y junto a otros factores externos e internos tienen consecuencias directas en el comportamiento del delito”, apuntó.
En este escenario, el registro delictivo tiene rasgos de complejidad, en los que influyen además elementos asociados al impacto de algunas manifestaciones transnacionales, dijo.
“Nos estamos refiriendo a un grupo de actividades vinculadas al contrabando desde el exterior, a otros elementos asociados como el tráfico de drogas, y también es indudable un movimiento, tanto de ciudadanos nacionales como extranjeros, desde y hacia nuestro país, con un impacto también en la actividad delictiva, junto a otros elementos asociados del deterioro de algunos valores éticos que también estamos enfrentando”, precisó Sierra Arias.
Las manifestaciones fundamentales, si bien no son las únicas, son los hechos contra el patrimonio, los robos en las viviendas, los hechos vinculados a la sustracción de celulares, motorinas, y las pertenencias en general de la población que es afectada, explicó el 1er coronel, y agregó que tienen un comportamiento que se reconoce y se viene enfrentando de manera directa y priorizada.
“También debemos reiterar algunos hechos de violencia, que en lo fundamental, están asociados a situaciones personales, rencillas; pero han sucedido, como es conocido, un grupo de hechos con violencia, a veces con el uso de armas, y que también dentro del esquema de prevención y enfrentamiento de los órganos del Minint tienen prioridad”, refirió el jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria.
En este sentido, señaló, hay un grupo de acciones y medidas que se vienen priorizando.
No podemos dejar de explicar también elementos asociados a la participación de jóvenes y menores en estos hechos delictivos, desvinculados del estudio y el trabajo, sostuvo.
Sobre los delitos contra el ganado, Sierra Arias dijo que sobre los mismos se mantiene permanentemente un seguimiento.
Detalló que por las acciones que se vienen realizando ha habido en los últimos meses una ligera disminución de esos hechos; sin embargo, “también debemos decir que como resultado de las acciones de control que se realizan se detectan violaciones, falsificaciones, legalización de animales sin verificar su origen, temas que se enfrentan por las especialidades nuestras, y con el Ministerio de la Agricultura”.
Otro elemento, dijo, son los ilícitos de drogas.
“Este es un fenómeno que internacionalmente tiene una complejidad. Nuestro país está en un entorno geográfico igualmente complicado. En el mundo hay una tendencia en algunos lugares a la legalización de la actividad del consumo de drogas, y la diversificación en las actividades de narcotráfico y de tráfico tienen un impacto directo y de hecho tienen un reflejo en la actividad delictiva en nuestro país”, explicó.
“Esta es una de las líneas fundamentales en las cuales se labora. Hemos tenido afectaciones en centros educacionales en diferentes niveles, actividad a la cual se le brinda un seguimiento con las autoridades de Educación, y con la especialidad de Menores también”, informó.
En el frente económico, Sierra Arias comentó que también se aprecia un nivel de hechos de corrupción, delitos que generan cifras importantes y daños, redes asociativas de fraudaciones del presupuesto y otras violaciones estatales, en los cuales se involucran niveles de dirección a diferentes escalas, lo cual ha requerido y ha mantenido un seguimiento permanente.
Las acciones de control que se realizan, de conjunto con la Contraloría, Fiscalía, han evidenciado un nivel de debilidades en los sistemas y los esquemas de protección que generan pérdidas a las cuales se le debe prestar atención, dijo.
Según el jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, todo eso genera una economía sumergida, actividades de acaparamiento, de especulación. “Recientemente se han abordado aspectos asociados a la receptación de bienes, a la responsabilidad de las personas de su enfrentamiento de manera integral, y es un aspecto al que se debe continuar dando el mayor seguimiento”, dijo.
Agregó que se reiteran manifestaciones de indisciplina social, derivadas del resquebrajamiento de valores en la sociedad en algunos sectores de la población. Esto tiene que tener un tratamiento sistémico, insistió.
“Queríamos referirnos a un tema que es vital, y es el impacto de las redes sociales en la intención y en el empleo que muchas veces se les da, dirigido a generar un estado de agravamiento, de inseguridad, a dar sensación de que no se enfrenta, de que somos un Estado que no tiene las herramientas para el enfrentamiento a estos hechos”.
Dijo que esta es una intención presente en plataformas enemigas y es importante que la población conozca esta manera de actuar para poder enfrentarla.
“Se busca sembrar el odio, que la población rechace a los agentes de la autoridad, sobre todo a las autoridades policiales, buscan fragmentar esa unidad entre el pueblo y nuestra institución como baluarte esencial para este combate, y es un elemento que hay que observar y sobre todo enfrentar de la manera más efectiva”, insistió.
Prevención y enfrentamiento como prioridad
Ante estas complejidades que hemos expresado, los órganos del Minint vienen en primer orden ajustando sus sistemas de trabajo permanentemente, con un enfoque en sistema, y eso es importante reiterarlo, porque no es solo una labor de la policía, es un sistema de trabajo, integrado por los órganos operativos, los órganos que desarrollan acciones de prevención, los órganos que desarrollan las acciones de procesamiento del delito, por todos, el Minint, la FAR, la Contrainteligencia Militar, los organismos, entidades, las autoridades políticas y gubernamentales, nuestra población, vienen desarrollando esta actividad, dijo Sierra Arias.
Comentó que estás acciones están dirigidas a los lugares, escenarios, barrios, lugares de mayor concentración delictiva, de problemáticas sociales acumuladas.
Precisó que con la Aduana trabajan en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la frontera, buscando mayor efectividad en las acciones de prevención y enfrentamiento.
“Le concedemos mucha importancia a la labor preventiva como forma de modificar las conductas y los fenómenos”, señaló.
El directivo de la PNR refirió que otra de las acciones que se viene desarrollando es la dirigida a elevar el control de la delincuencia, para que todo aquel que cometa actividad delictiva o es proclive tenga acciones para su neutralización, desmontaje, y detención si la comete. “Ello priorizando los hechos de mayor gravedad, el robo con fuerza, robo con violencia, la droga, los delitos patrimoniales”, dijo.
En ese sentido mencionó también el control de los reclusos que salen de pase, “esa población es sometida a un control para que no reincida en actividades delictivas. En las comunidades se brinda un seguimiento al potencial delictivo, a sus familias, a los menores. Hay una matriz que dice que aquí hay prisiones de niños. En Cuba no hay prisiones de niños, en Cuba hay un modelo humano de formación integral de esos niños o adolescentes que tienen desajustes en su conducta con un tratamiento integral”, apuntó.
Informó que en esta labor profiláctica, en lo que va de año se han realizado más de 5000 reuniones preventivas, con elementos delincuentiles, proclives a la comisión de actividad delictiva. “Y aquí es importante el accionar y la integración de las comisiones de prevención, todo lo que a nivel de barrio se requiere seguir haciendo”.
El 1er Coronel detalló que se incrementa la captura de personas objeto de búsqueda. En la protección de la economía la protección a las mercancías, los almacenes, las transportaciones, se desarrollan acciones de aseguramiento. Hay un diseño para proteger las cargas, las entidades, para descubrir cualquier actividad que afecte a la economía.
Enfatizó en que se implementan acciones “en función de que la droga no afecte a nuestra población, que se generalice en nuestros barrios, que si eso se detecta en un centro educacional tenga un enfrentamiento también integral, educativo, de prevención”, sostuvo.
En su opinión, otro elemento importante es la protección al sector del turismo, un trabajo dirigido a la protección de los principales polos turísticos, y la identificación de personas que se vinculan a actividades delictivas que afectan a este sector, como la desobediencia, el enfrentamiento al asedio, conductas que denigran la imagen de nuestro país.
Mencionó además el inicio del verano, y la actividad vinculada a la seguridad vial, al respeto a las leyes del tránsito, a evitar accidentes, como otras de las acciones.
“Todo ello tiene también una expresión en el empleo de todas las posibilidades tecnológicas, los observatorios tecnológicos, para elevar el monitoreo permanente”, dijo el jefe de la Dirección General de la PNR, quien enfatizó en que dichas acciones se articulan con políticas de enfrentamiento y rigor previstas en las normativas legales vigentes en el país.
“Estas acciones, apreciamos que han posibilitado la contención de un grupo de figuras priorizadas, y no estamos conformes con todo pero hay un nivel de contención, y en correspondencia a esa evaluación, a lo que se requiere en nuestra sociedad, el Minint de conjunto con las otras entidades y nuestro pueblo como elemento esencial, continuará perfeccionando sus sistemas de trabajo”, apuntó.
Deficiente autocontrol en las entidades y falta de supervisión de los niveles administrativos
Miriam Marbán González, primera vice contralora general de la Contraloría General de la República (CGR), subrayó que la batalla en la prevención y el enfrentamiento de las indisciplinas, ilegalidades y la corrupción está liderada por el Partido; y en sus documentos rectores aprobados por los Congresos de la organización, se reflejan los peligros potenciales que significan para la revolución.
“Estos elementos muestran la voluntad política para frenar y erradicar la corrupción”.
Comentó que la Contraloría debe velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos y ejercer el control superior sobre la gestión administrativa.
“Siempre hemos visto a la prevención como el elemento principal para erradicar estos flagelos. En este sentido, realizamos talleres e intercambios con los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y los gobiernos provinciales para analizar las principales tendencias de las indisciplinas y los hechos de corrupción, así como profundizar en sus causas y condiciones”, agregó.
Destacó la creación de guías auxiliares para los gobernadores e intendentes municipales. “Aquí se instruye, por ejemplo, sobre las tres fases de trabajo con el presupuesto: la elaboración del anteproyecto, la notificación del presupuesto aprobado y su ejecución, así como su liquidación”.
También valoró la importancia del ejercicio nacional de autocontrol. “Este no limita que el ejercicio de autocontrol sea una actividad sistemática dentro de las entidades”.
Comentó que estas actividades de fiscalización tienen que apostar por mejorar los planes de prevención.
En el caso de la comprobación nacional al control interno, estas se dedican a sectores y actividades estratégicas de la economía. “Este año se realizará entre septiembre y octubre, dedicada al sector del turismo, no solo a entidades de este organismo, sino también a aquellas que se relacionan con él como proveedores, etc”.
Dijo que se ha avanzado en el proceso de rendición de cuentas administrativas, a partir de una investigación realizada con la Universidad de La Habana y la CTC. “Es un procedimiento que las hace más simples. Se trabaja actualmente en la capacitación de ese ejercicio”.
Mencionó de igual manera que se progresa en la realización del control concurrente, que tiene un carácter “eminentemente preventivo”. “El control concurrente es aquel que se realiza cuando se van dando los procesos. Es un control previo porque no espera a que termine un proceso, sino que identifica las fisuras y riesgos. Está previsto para el auditor interno de base”.
Informó que próximamente se realizará el taller nacional de ciencia e innovación para la prevención y el control.
En cuanto al enfrentamiento, dijo que se da a partir de la detección de indisciplinas, ilegalidades y presuntos hechos delictivos, estos últimos, en su mayoría, son casos de corrupción administrativa. “Entre un 20 y un 30% califican el sistema de control interno, relacionados con las operaciones objeto de control, como deficiente o malo. Hay acciones de control por intereses priorizados del Estado. Realizamos certificación de los estados financieros que tienen negocios de inversión extranjera. Cuando se analizan las causas y condiciones, se aprecia que tienen que ver con indisciplinas e ilegalidades. Hay un deterioro de los valores éticos de las personas que se involucran en este tipo de conductas. Hay un deficiente autocontrol en estas entidades y falta de supervisión de los niveles administrativos”.
“Siempre se han adoptado medidas severas cuando se detectan estos hechos. Más del 76% son medidas de separación del sector y cuando se detecta un presunto hecho delictivo, se elabora el informe especial y se presenta a los órganos competentes del Ministerio del Interior y la Fiscalía. No hay impunidad”.
La Fiscalía como garante de la justicia
Según el Dr. C. Marcos Caraballo de la Rosa, vicefiscal general de la República, la lucha contra los delitos económicos es vital para todos los organismos que intervienen en la prevención y el enfrentamiento a las ilegalidades. “Son fenómenos complejos y hay que tenerlos bien identificados”, aseguró.
“Desde el primer artículo de la Constitución de la República queda plasmado que Cuba es un Estado Socialista de derecho y justicia social. Y eso implica el imperio de la ley para garantizar su cumplimiento por todos los ciudadanos y órganos. También se refiere al cumplimiento de los deberes”, explicó.
Caraballo de la Rosa apuntó que debe existir un vínculo indisoluble entre la prevención y el enfrentamiento para que el resultado sea efectivo. Para la Fiscalía —dijo— el control de la investigación penal, a partir del ejercicio de verificación sobre el respeto a los presupuestos del enfrentamiento, el correcto aporte de pruebas y las garantías para cuidar los derechos y el debido proceso en cada investigación.
“Los fiscales participan de manera directa en diligencias de instrucción, mientras se atiende de manera priorizada a los delitos que afectan de manera sensible al país. No existe riña entre la exigencia con el cumplimiento de la legalidad y la exigencia para que no exista impunidad”, valoró.
El Vicefiscal General agregó que existen herramientas efectivas para el enfrentamiento y la prevención. Al respecto mencionó el conjunto de leyes aprobadas en los últimos años, las cuales requieren una correcta preparación de sus operadores para aplicarlas con justicia, efectividad, y aprovechar todas las oportunidades que ofrecen.
“La Fiscalía protege todos los tipos de propiedades, así como todos los derechos, y no podemos permitir que las conquistas fundamentales se afecten y resulten laceradas por los fenómenos del delito y la corrupción”, concluyó.
El trabajo de los tribunales
Al decir de la Dra. C. Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de las disposiciones de ese órgano de justicia existe rigor, pero también un trabajo individualizado, con respeto a la Constitución y las leyes.
“Cada una de las medidas cautelares dispuestas tiene una profunda evaluación, mientras buscamos cumplir las garantías establecidas con celeridad y así evitar dilaciones innecesarias. Así, por ejemplo, queda establecida la necesidad de que el acusado cumpla dos terceras partes de su condena para tener derecho a otros beneficios”, comentó.
Sosa Ravelo aseguró que entre enero y mayo del actual año el 96 por ciento de los acusados presentados en los tribunales resultó sancionado. Asimismo, entre los hechos más graves, el 78 por ciento de los imputados recibió sanciones de internamiento y de ellas el 71 por ciento consistió en privación restrictiva de libertad.
En delitos como la trata de personas y los asociados a la violencia de género —ejemplificó— el cien por ciento de las sanciones fue de internamiento. Mientras, en el asesinato esta cifra estuvo en el orden del 98 por ciento. “En los casos de los delitos vinculados a la violencia de género, más del 94 por ciento recibió condenas superiores a los 25 años de privación de libertad”.
“En el tráfico de drogas este indicador estuvo en el 95 por ciento, en los robos con violencia y la corrupción de menores en el 94, en el hurto y sacrificio de ganado mayor en el 91 y en el tráfico de divisas en el 90”, enumeró.
“Solo el 18 por ciento de los juzgados mereció sanciones alternativas que no implican el internamiento y el cuatro por ciento consistió en multas”, agregó.
Respecto a las sanciones accesorias, dijo que en 182 casos asociados a la violencia de género los implicados recibieron además la prohibición de acercamiento, mientras que en 14 casos se aplicó la suspensión de la responsabilidad parental y en 122 casos de corrupción se llegó hasta la prohibición del ejercicio de la profesión.
“Además hemos confiscado autos o viviendas y realizamos doce juicios ejemplarizantes. A 702 sancionados con penas que no implican el internamiento se les ha revocado esta medida, a partir de las acciones de control que también llevamos a cabo para aplicar la mayor justicia posible”, finalizó.
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