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jueves, 25 de julio de 2024

Cuba no logra apuntalar las finanzas con su estrategia económica


Casi todos los indicadores productivos en Cuba se mantienen por debajo  de lo requerido.




Una clienta cuenta su dinero mientras espera su turno para comprar productos del mar en un establecimiento gestionado por una mipyme, en La Habana. Los altos precios del sector privado, provocados tanto por la inflación como por la especulación, afectan a las economías domésticas cubanas.

Foto: Jorge Luis Baños/IPS

La Habana, 25 jul.- La política económica de Cuba resulta insuficiente para dinamizar sectores productivos y resolver la escasez de alimentos y otros bienes y servicios a precios asequibles para la ciudadanía, así como otros problemas sociales acumulados.

“La situación económica ha ido de mal en peor. Los precios siguen subiendo, y los salarios de los trabajadores se han quedado iguales. Cuesta el doble de trabajo conseguir los alimentos, acceder al transporte, a productos de primera necesidad”, dijo a IPS la gestora del patrimonio de 30 años Chulayne Valdés.

El salario medio mensual en Cuba equivale a unos 35 dólares, el salario mínimo a 17,5 dólares y las pensiones mínimas a 12,7 dólares, teniendo como referencia la tasa oficial de 120 pesos por cada dólar.

Sin embargo, la realidad de un mercado informal de divisas, que dicta la formación de precios de muchos alimentos, bienes y servicios para satisfacer necesidades de consumo, reduce el salario medio a 14 dólares (un dólar está cotizado ahora a unos 300 pesos), el salario mínimo a 7 dólares y las pensiones más bajas, a 5,10.

“Los métodos que tratan de implementarse para tener un segundo semestre menos tenso, están cargados de utopías. No se ha presentado un plan concreto para reanimar la agricultura, sin embargo, se intenta frenar el auge de las empresas privadas que hacen un gran esfuerzo para obtener las divisas necesarias para su importación y que el Estado no las garantiza”: Omar Everleny Pérez Villanueva.

Danay Vargas, de 34 años, residente en las afueras de la ciudad de Pinar del Río, en la provincia homónima ubicada en el extremo occidental de la isla, comentó a IPS que los cortes del fluido eléctrico ocurren diariamente, durante cuatro, seis y hasta ocho horas, “pero el transporte es el más complicado de los problemas” en su localidad.

La economía cubana se contrajo en 1,9 % al cierre de 2023, informó Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, al presentar un informe a los diputados,  reunidos en comisiones de trabajo antes de la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento, entre el 17 y el 19 de julio.

El primer semestre de 2024 se ha mantenido con un alto déficit fiscal, emisiones monetarias por encima de lo recomendable y una inflación que, si bien mantiene una tendencia a la desaceleración desde 2023, no baja de 30 % interanual.

“Tenemos insuficientes ingresos en divisas, créditos externos y baja recuperación de la producción nacional. A la vez, hay limitaciones con el combustible y la energía, elevada y persistente inflación y alto endeudamiento externo”, reconoció el titular de la cartera de economía.

Deterioro de la calidad de vida         

Casi todos los indicadores productivos en Cuba se mantienen por debajo  de lo requerido. La falta de fluido eléctrico ha sido un agobio desde hace meses para la mayoría de la población. Los productos racionados y subsidiados, esenciales para las personas en situación de vulnerabilidad, incumplen sus fechas de entrega y son cada vez menos.

La construcción de viviendas, un problema de marcada incidencia social por su déficit de 900 000 inmuebles, sigue sin concretar sus metas anuales,  mientras un tercio del fondo habitacional del país se encuentra en regular o mal estado técnico constructivo.

El Estado, sin capacidad financiera para revertir tales dificultades, ha optado por recaudar mayores ingresos al eliminar varios subsidios y beneficios fiscales, así como implementar nuevos impuestos, lo que también ha provocado una mayor precarización de la calidad de vida de la población.

Entre los más vulnerables, se encuentran pensionados, familias numerosas, monoparentales y con mujeres jefas de hogar y sin trabajo estable; personas adultas mayores que viven solas y sin apoyo de otros parientes, personas que no trabajan por discapacidad o ausencia de condiciones diversas para hacerlo.

Según los informes oficiales, resultan insuficientes los más de 5900 millones de pesos (49,2 millones de dólares) que destina el presupuesto del Estado a respaldar la asistencia social en la protección a 186 707 familias, integradas por 324 140 personas.

“La situación más crítica la vemos en los niños de ocho años en adelante. No tienen las calorías que necesitan para desarrollarse con salud y felicidad”, afirmó a IPS el ingeniero jubilado Eugenio Martínez, de 82 años y residente en La Habana, cuya pensión de 1622 pesos (13,5 dólares) le alcanza solo para algunos productos del agromercado y medicinas subsidiadas.

En este contexto de dificultades, sigue aumentando la emigración.

La población efectiva – la que reside permanentemente y vive dentro del país más de la mitad del año-, se había reducido al cierre de 2023 a unos 10 millones de personas, por la baja natalidad y los flujos emigratorios, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).

Nuevas políticas del gobierno se avecinan en el segundo semestre de 2024 para redimensionar la economía e intentar mejorar la calidad de vida de los cubanos, como la actualización del sistema tributario y la propuesta de una ley de empresas.

“Los métodos que tratan de implementarse para tener un segundo semestre menos tenso, están cargados de utopías. No se ha presentado un plan concreto para reanimar la agricultura, sin embargo, se intenta frenar el auge de las empresas privadas que hacen un gran esfuerzo para obtener las divisas necesarias para su importación y que el Estado no las garantiza”, comentó a IPS el economista Omar Everleny Pérez Villanueva.

Las reacciones en las redes muestran un similar escepticismo. El usuario Luis escribió en el portal del estatal Cubadebate, el mayor medio digital del país:

“Cada día la situación de los trabajadores, jubilados, jóvenes y niños es más dura. ¿Cuándo será que nuestro gobierno haga valer todos esos comentarios que se hacen años tras años en la Asamblea Nacional? Comienzo a sentir cierta desesperación, ya no sé si lograremos salir adelante”.

Las distorsiones

La covid-19, la crisis económica internacional, las sanciones de Estados Unidos hacia esta nación insular caribeña y un infructuoso reordenamiento monetario vaciaron las arcas del Estado y los bolsillos de las personas.

Iniciada en enero de 2021, la llamada Tarea Ordenamiento incluyó la eliminación del peso convertible (CUC) equivalente al dólar, la devaluación del peso cubano, el incremento de precios mayoristas y minoristas, supresión de un conjunto de subsidios, elevación de las tarifas de los servicios, así como el aumento de salarios y pensiones.

“La unificación monetaria no fue la solución, o no fue la medida más beneficiosa para ese momento”, dijo Valdés, la gestora del patrimonio.

En ese mismo año, las autoridades permitieron una apertura del sector privado que llegó a expandirse hasta las cifras actuales de 11 046 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y 596 167 trabajadores por cuenta propia.

Si bien estos actores no estatales paliaron la escasez de productos, sus precios, muchas veces especulativos, han sido inaccesibles para la mayoría de los habitantes.

Durante las sesiones parlamentarias de julio, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció nuevamente los errores cometidos en la implementación del ordenamiento y exhortó a corregir las llamadas “distorsiones” del proceso.

«Hay déficit presupuestario, evasión fiscal alta y una distorsión en los precios”, afirmó.

También mencionó que la resistencia del sector privado a bancarizarse ha propiciado un exceso de efectivo circulante “en manos de muy pocos” y muchas subdeclaraciones de impuestos. “Hasta hace unos días, el 70 % de las cuentas fiscales de las formas no estatales no tenía depósitos”, dijo.

Por otra parte, apenas 48 % de los mercados estatales se encuentran bancarizados.

El mandatario se propuso enfrentar fuertemente estas y otras tendencias: “No se trata de una cacería de brujas, se trata de ordenar”, señaló.

Empresas estatales deficitarias

Otra causa que merma los fondos del Estado es la ineficiencia de las empresas estatales, consideradas las principales contribuyentes a la economía y que suman 2674 en número.

Para mantener sus cuentas en positivo, muchas optan por subir los precios de sus bienes y servicios, pero no logran aumentar en productividad o calidad. Aun así, en el primer trimestre existían 319 empresas estatales con pérdidas, 51 más que el mismo periodo de 2023. Del total, 74 pertenecen al sector agroindustrial.

«Si tienen pérdidas no están haciendo su aporte. Las empresas estatales tienen que elaborar un programa para salir de esa situación deficitaria», acotó Díaz-Canel.

El economista Pérez Villanueva opinó que el Estado debe concentrarse en cómo reducir sus gastos para disminuir el abultado déficit fiscal, entre los que se encuentra el subsidio a tales empresas.

“Si las empresas en pérdidas llevan un número de años con esa situación, se deben aceptar sus quiebras, y podrían entregarlas a los trabajadores (en una forma de organización cooperativa) u ofrecerla a cualquier mipyme, pero una empresa no es una unidad presupuestada”, afirmó.

ED: EG

Empresa Agropecuaria La Cuba busca recuperar “terreno perdido”.

 

Foto: Michel Guerra



Por años, La Cuba fue un referente avileño por su alta producción agropecuaria. En los últimos tiempos su decadencia ha sido evidente. El objetivo entonces es parecerse, en medio de dificultades objetivas, a lo que fue

Al sembrar unas 1005 hectáreas (ha) en 36 días, la Empresa Agropecuaria La Cuba, en el municipio de Baraguá, muestra indicios de que puede volver a exhibir los exuberantes resultados que alguna vez alcanzó, el país espera y necesita.

Tras cumplir apenas al 33 por ciento la campaña de primavera durante los meses de marzo y abril, era imperioso empezar a mostrar signos de recuperación en medio de un complejo contexto agroalimentario, dice el director de la entidad, Ariel Nieves Concepción.

La nueva iniciativa que tendrá como fecha límite el 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, significó la siembra de 321 ha de plátano, el producto insignia de La Cuba.

A ese número, se le suma las 431 ha existentes con anterioridad y Nieves Concepción afirma que están acercándose a los récords que antaño tuvo la empresa.

El maíz y la calabaza fueron otras de las siembras significativas. En total, 14 cultivos que completaron las 1000. Dicho impulso, aunque permitirá mostrar registros superiores a los de los meses o años anteriores, tardará en ser perceptible sobre la mesa de los avileños.

De todos modos, señala Nieves Concepción, la empresa intenta superarse en la producción. En junio, entregó a Acopio el 65 por ciento de las más de 300 toneladas (t) de alimentos. Para julio esa última cifra aumentará en 100 t. El 35 por ciento restante va, principalmente, a destinos turísticos como Jardines del Rey y Varadero. A partir de que se recojan las cosechas ―primero, la calabaza en septiembre― habrá un ascenso escalonado en los meses siguientes.

Con la concepción de crecer, La Cuba emplea 22 de las 23 máquinas de pivote central para riego que posee activas. En ese intento, deberán utilizar la otra y habilitar cuatro más que están en desuso.

En encuentro con los directivos de la empresa, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Julio Heriberto Gómez Casanova, y el gobernador Alfre Menéndez Pérez coincidían en que que este rendimiento era el punto de partida para que La Cuba regresara a los niveles que logró, mas no un simple entusiasmo por cumplir con la acordado en conmemoración del aniversario 71 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Lo cierto es que sostener el empuje inicial le costará un esfuerzo extra a la entidad, que atraviesa por dificultades derivadas del crítico momento de la economía cubana. A grandes rasgos, el director enuncia entre los problemas más gravitantes el déficit de combustibles, la falta de semillas, fertilizantes, entre otros productos, y el costo de tener que alquilar maquinarias de alta potencia.

La verdad de Cuba contra un fondo buitre

 Sesiona en Londres la Audiencia de Apelación del Banco Nacional de Cuba contra CRF I Limited

Londres, Reino Unido. –El pasado año, la Alta Corte de Inglaterra y Gales dictó sentencia a favor de la República de Cuba en el pleito interpuesto por el fondo buitre CRF I Limited. La decisión del Tribunal inglés constituyó una contundente victoria cubana en las cortes inglesas.

Desde este 24 de julio se desarrolla la Audiencia de Apelación, únicamente con el Banco Nacional de Cuba apelando a la sentencia del Tribunal de instancia que dispuso mantenerlo en el proceso.

Las respuestas a las siguientes preguntas permiten comprender mejor el proceso en curso.

¿Por qué se afirma que el Estado cubano ganó el pleito del pasado año en Londres?

La victoria fue clara, contundente, aplastante, pero no porque se interpretara así por Cuba. Fue una victoria, porque lo que buscaban los demandantes no lo consiguieron; su propósito principal era obtener un fallo judicial que condenara al Estado cubano, y la jueza en su sentencia, que es pública, accesible en la Alta Corte de Inglaterra y de Gales, declaró la inmunidad del Estado cubano en este pleito ante la jurisdicción inglesa. Ello significa que la República de Cuba no tiene obligación alguna de responder con su patrimonio a esta demanda, o lo que es lo mismo, el Estado cubano está totalmente fuera del litigio.

¿Por qué algunos medios, fuentes no oficiales y el propio fondo buitre han insistido en que Cuba perdió?

El desarrollo de este proceso judicial ha estado acompañado por una intensa campaña mediática generada, fundamentalmente, desde plataformas para la contaminación informativa contra Cuba. Se han repetido mentiras y enfoques incorrectos que, en su mayoría, carecen de sustento objetivo y real sobre el verdadero curso de los acontecimientos. La esencia del proceso, los argumentos de Cuba acogidos por el Tribunal inglés, y la sentencia que favorece al Estado han sido obviados o manipulados en esas plataformas. El mismo fondo buitre ha mantenido conductas contrarias a la lógica del proceso, lo que denota irrespeto e inobservancia de las reglas judiciales establecidas por el Tribunal de ese país.

¿Qué implicaba que la República de Cuba perdiera el proceso?

El gran objetivo del fondo buitre era obtener una condena contra el Estado cubano. Con ello buscaba la posibilidad de debatir, en un nuevo juicio, el fondo de la demanda, o sea el pago de una deuda a quien nunca fue ni es su acreedor. Mantener al Estado habría implicado continuar el proceso para debatir si debía pagarse o no esa deuda a un fondo buitre que no guarda relación alguna con la República de Cuba.

¿En qué se centra el debate en esta Audiencia de Apelación?

Ambas partes reafirman las posturas sostenidas durante el proceso. Mientras que el fondo buitre persiste en presentarse como un acreedor legítimo del Banco Nacional de Cuba, este último ratifica que CRF es ajeno a sus instrumentos financieros y que, además, el juez de primera instancia se equivocó al no tener en cuenta, en varios aspectos del caso, las evidencias presentadas que sustentan que el fondo buitre no es su acreedor.

¿Qué consecuencias trae para el Banco Nacional de Cuba seguir dentro del procedimiento?

En abril de 2023 el Tribunal inglés declaró que no tenía competencia para conocer la demanda contra el Estado cubano, y que sí la tiene para la reclamación contra el Banco Nacional de Cuba. Sin embargo, esto último no significa en ningún caso que el Banco deba pagar deuda alguna, ni que serán embargados bienes o patrimonio estatal de la nación. Este es un proceso de jurisdicción, lo que quiere decir que, únicamente, se decide acerca de la facultad del Tribunal inglés para dirimir sobre la reclamación hecha por el fondo buitre.

Solo así



Últimamente algunos medios reproducen opiniones sobre la realidad cubana que he expresado en mi blog “Segunda cita” y se aventuran a insinuar que estoy cambiando de principios. Pura manipulación. Los que han seguido el curso de mi trabajo, los que han leído mi blog –y sobre todo los que me conocen– saben que siempre he cantado y dicho lo que pienso.

La única canción que una vez califiqué de incómoda es “Cuando digo futuro”, aun cuando la hice a pedido, para el cine. Y no es que me arrepienta de lo dicho sino porque vivo en un futuro muy distinto al que invitaba entonces. La frase sobre “Pequeña serenata diurna” que recientemente citó la AP en una entrevista, fue sacada de contexto y fue omitida la aclaración que a propósito hice. Tengo la grabación que lo demuestra.

Los contrarios al proceso político que se ha dado en llamar Revolución Cubana dicen que estoy cambiando, como si fuera posible arrepentirme de mi vida.

Mi común pero inequívoca existencia refuta lo falso de esas afirmaciones. Porque la revolución no la leí ni me la enseñaron otros. La viví desde niño, cuando todos en mi calle sabíamos que en la panadería vendían bonos del 26 de julio y si veíamos venir a un policía íbamos a avisar al panadero. En nuestros juegos con soldaditos de goma, los buenos eran siempre los rebeldes y los malos los casquitos del gobierno. Después del triunfo inauguramos las Patrullas Juveniles, fuimos alfabetizadores y cuando Girón inventamos las milicias estudiantiles. También fuimos los primeros llamados al servicio militar, en 1964.

Nunca fui militante porque me cuesta acatar sin discusión lo que se les ocurre a otros, pero cuando estoy de acuerdo ni el miedo a la muerte me ha podido apartar de lo que considero deber. Mis dos recorridos por Angola, en 1976, lo demuestran.

Integré la Asamblea Nacional no porque lo pidiera. En Buenos Aires leí que me estaban proponiendo en asambleas municipales y pensé que era un error periodístico. Cuando llegué a Cuba y me preguntaron dije que no tenía vocación de político y que por favor me quitaran. Se había acabado de deshacer la URSS, el país había perdido el 80% de su comercio exterior y Fidel decía que la Asamblea tenía que ampliarse y ser sabia. Aquello fue excusa para incluir a gente que había estado cuestionada, como yo. Y me di cuenta de que en la situación que estábamos hubiera sido una cobardía continuar negándome.

A mis 60 años cumplí 3 períodos asamblearios y pedí mi baja, así como también mi jubilación laboral, porque nunca soporté la burocracia. Después, lo primero que hice fue una larga gira por las prisiones, a lo que siguieron 10 años de gira por los barrios más necesitados. La pandemia nos detuvo. En la situación económica posterior considero que seguir crearía más problemas que los que resolvería.

Creo que en los 17 años que llevo jubilado he trabajado tanto o más que antes. Y, como dije hace poco en una entrevista inédita, esencialmente “creo que soy el mismo: justicia social sin igualitarismo, la ciencia como guía y corazón autocrítico”.

El Universo no para de moverse. Estar vivo sin evolucionar es absurdo. Ver el mundo y aprender no significa dejar de ser solidario ni abandonar los deseos de justicia social. Sigo trabajando para un mundo más justo, donde en vez de invertir en armas se invierta en oportunidades para todo el que nace. Sigo pensando que el socialismo tiene mejores posibilidades humanas que el capitalismo; pero tendrá que ser un socialismo verdaderamente superior, como tanto se ha dicho y se ha cantado, aunque debamos usar “melladas herramientas” mientras no seamos capaces de una energía mejor.

Abajo los dogmas.

Viva la libertad.

“Con todos y para el bien de todos”.

Solo así siento que honro el sacrificio de mi pueblo.


Silvio Rodríguez Domínguez

24 de julio de 2024

La Habana, Cuba

Cambios del modelo productivo cubano en la última década

Lecciones aprendidas, tareas pendientes y nuevas contradicciones por atender





25 julio 2024 En momentos en el que el país atraviesa por una profunda crisis económica, social y también conceptual, donde lo inmediato y lo estratégico parecen una misma cosa, se hace más pertinente que nunca separar tiempo para una reflexión pausada sobre nuestra historia reciente. Se hace necesario indagar en el pasado con el fin de recordar, primero, los conflictos que dieron pie a los cambios iniciales; segundo, para identificar tareas pendientes que quedaron pausadas —bien por falta de voluntad o insuficiente consenso transformador—, y tercero, para comprender las nuevas contradicciones que derivaron de los propios cambios y poder así abordarlos en el presente desde su raíz misma.

El modelo productivo previo a la reforma

Antes de la reforma iniciada en 2011, la economía cubana era una típica economía centralmente planificada con prevalencia de empresas estatales y casi nula participación de los mercados en la asignación de recursos. En 2009, por ejemplo, según las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el 82.4% de la fuerza laboral total se empleaba en entidades estatales.[1] Muchos recordarán el entonces conocido como proceso de disponibilidad laboral que anunciaba que alrededor de 1 millón de empleados del sector estatal serían trabajadores redundantes, aproximadamente, el 20% de la población activa de entonces. La poca inversión privada existente se concentraba en el sector agropecuario y en algunas actividades de servicios en forma de trabajadores por cuenta propia, que, a la vez, enfrentaba un sinnúmero de restricciones institucionales (reglas) que frenaban su desarrollo sistemático y expansión. La inversión extranjera era un tema tabú para las autoridades económicas.

La inversión extranjera era un tema tabú para las autoridades económicas.

Las consecuencias de aquel modelo productivo son archiconocidas. Un sistema empresarial de actor único atado a incontables problemas estructurales: baja productividad, rentabilidad y competitividad externa, insuficiente ahorro e inversión, pobre infraestructura, rezago tecnológico e innovación, sobreempleo y bajísimos salarios. Las empresas estatales gozaban de poquísima autonomía económica y financiera, asimismo, operaban en un entorno empresarial donde las reglas operativas eran laxas y cambiantes, el riesgo de impago considerable, los subsidios del presupuesto elevados, y las intervenciones sobre las cuentas de las empresas una práctica frecuente. Las reformas amparadas en la Actualización del Modelo Económico tenían como objetivo resolver este grupo de conflictos.
Las reformas de 2011 ¿cambios significativos?

En 2011 inició el proceso de reformas basada en mercados más importante en los últimos 60 años, que con sus luces y sombras alcanza a nuestros días. Aunque la apertura económica no fue tan profunda como la de China y Vietnam ─ni siquiera una década después de iniciada─, los cambios respecto a lo que existía previamente fueron incontestables.

De entrada, se eliminaron barreras legales de acceso en muchos mercados y se amplió el número de actividades autorizadas a la inversión privada tanto doméstica como extranjera. Además, se desregularizaron muchas restricciones existentes que afectaban la operatividad de los negocios tanto privados como estatales. Por ejemplo, a las empresas estatales se les otorgó mayor autonomía, sobre todo, en lo referido a la fijación de salarios, precios, y, en el caso de las empresas exportadoras, de acceso a divisas. Se flexibilizó también la definición de los objetos sociales de dichas empresas, lo que les permitió ampliar la oferta de producciones secundarias a precios menos regulados; y se elevó el límite autorizado de inversiones descentralizadas. En adición, las autoridades económicas emprendieron un proceso de perfeccionamiento institucional que supuso, por una parte, cambios en la gobernanza corporativa, y por otra, la fusión y extinción de muchas empresas estatales.

A las empresas estatales se les otorgó mayor autonomía, sobre todo, en lo referido a la fijación de salarios, precios.

A pesar de los cambios, los resultados de las reformas fueron, en términos generales, modestos y dispares. Por una parte, el empleo en la economía se recompuso (ver gráfico 00). El total de trabajadores públicos en el conjunto de la economía decreció a una tasa promedio de 2.7% entre los años 2010 y 2022, hecho que supuso la destrucción de más de 1 millón de puestos de trabajos públicos, traduciéndose en una caída de la participación del empleo estatal de más de 15 puntos porcentuales en el total de la fuerza laboral. El empleo no-estatal, por otra parte, creció a una tasa de 4.5% promedio en igual período de tiempo.

Dinámica del empleo estatal y no estatal antes y después de la reforma


Fuente de datos: ONEI, Series Estadísticas, Tabla 7.2

Sin embargo, en términos productivos, el crecimiento de la economía fue poco significativo y declinó a lo largo de la década. Por ejemplo, mientras que en el quinquenio 2010-2015, el crecimiento promedio del PIB fue de 2.8%; en el segundo, 2016-2019, la tasa promedio se desaceleró a 1.1%, seguido de una caída de 10.9% en 2020, y una débil recuperación de 1.5% entre 2021 y 2022.

Los salarios,[2] aunque bajos, crecieron a lo largo de toda la década, incluso más que el crecimiento de la economía, por ejemplo, en los períodos 2010-15 y 2016-2019 lo hicieron a una tasa promedio de 8.9% y 6.4%, respectivamente; mientras que en el año de pandemia aumentaron en 35.8%, resultado llamativo debido a la fuerte contracción de la economía en 2020. Entre 2021 y 2022, crecieron en 9.4%.

Sin embargo, a pesar de los cambios

Aunque hubo cambios estructurales significativos, una parte importante de la vieja institucionalidad se mantuvo, lo que provocó que los incentivos microeconómicos, ─base de las ganancias de productividad y competitividad de cualquier reforma─ no se modificaran significativamente. Por ejemplo, los activos estatales no se privatizaron —y no digo que debió hacerse; solo apunto lo que no cambió—, y más allá de los cierres o fusiones empresariales aprobados como parte del proceso de perfeccionamiento institucional antes mencionado, tampoco se permitió la quiebra como mecanismo sancionador de la mala gestión, incluso, cuando las empresas reportaban pérdidas.

Con relación a esto último, se mantuvieron las transferencias (subsidios) del presupuesto del Estado a las empresas y el marco jurídico conservó su laxitud respecto a la cadena de impagos entre estas. Por otra parte, el acceso a recursos productivos críticos como las materias primas importadas o el combustible siguió siendo regulado por el plan de la economía, y tampoco se permitió la libre contratación y despido de trabajadores. Por último, aunque los precios en el sector estatal se flexibilizaron respecto a la situación pre-reforma, no hubo un proceso de liberalización que permitiera integrar o unificar el sistema de precios estatal y privado, el cual conservó su segmentación.

Se mantuvieron las transferencias (subsidios) del presupuesto del Estado a las empresas y el marco jurídico conservó su laxitud respecto a la cadena de impagos

Entonces, ¿por qué la baja efectividad de las reformas? El modelo resultante fue un sistema productivo segmentado con dos motores, el privado y el estatal, que de forma individual fueron insuficientes para jalar de la economía cubana de forma significativa. Por una parte, las transformaciones en el sector estatal no penetraron lo suficiente como para remover los fundamentos productivos del viejo modelo, y por otra, la apertura al sector privado fue lo suficientemente limitada como para producir derrames generales. Hay dos problemas que se derivan de las reformas cuando son parciales: primero, la efectividad de los resultados es modesta —si acaso—, y segundo, los beneficios no se generalizan, sino que, por el contrario, se concentran o polarizan en segmentos muy específicos de la sociedad.

Cómo transitar hacia un modelo productivo integrado

Si a las reformas inefectivas se añade la serie de shocks consecutivos que fueron teniendo lugar desde finales de la década pasada, tales como, el aumento e intensificación de las sanciones unilaterales de Estados Unidos, la pérdida de socios comerciales y financieros, la pandemia, la inflación internacional, así como la implementación fallida del Ordenamiento Monetario, y el inadecuado manejo macroeconómico; el resultado es la conformación de una súper crisis. En este contexto es importante reconocer que el único esquema de salida posible a la actual situación pasa por la profundización de las reformas pendientes para superar las contradicciones del modelo productivo segmentado, antes mencionado.

Sin embargo, en una economía que enfrenta tantas restricciones y problemas estructurales a la vez, no todas las reformas pueden ─ni deben─ hacerse al unísono. En otras palabras, la secuencia importa. Dejando a un lado, intencionadamente, un significativo arsenal de políticas públicas de fomento y reactivación productiva, me concentro en tres transformaciones institucionales que representan, en mi opinión, premisas que deberían encabezar la lista de acciones en cualquier esquema de salida a la crisis económica actual. Las mismas pueden resumirse en la siguiente tríada institucional: autonomía estatal, fomento de actores económicos no-estatales, e integración del sistema de precios estatal y no-estatal.

En una economía que enfrenta tantas restricciones y problemas estructurales a la vez, no todas las reformas pueden ─ni deben─ hacerse al unísono.

Es importante aclarar que estos cambios son condiciones necesarias, sin embargo, no suficientes para para reactivar la economía; y segundo, que operan como un conjunto. Es decir, producen resultados inefectivos si se hacen de forma independiente, porque es la combinación entre ellos lo que provoca efectos de sinergia trasmitidos al resto del sistema económico. Por ejemplo, no tiene sentido aumentar el espacio al sector no-estatal sin otorgar mayor autonomía a la empresa estatal, porque el resultado sería la profundización de la segmentación.

La autonomía no es un concepto abstracto. Significa que, al igual que una empresa privada, la empresa estatal debería ser capaz de decidir sobre la base de estrategias propias la cantidad de bienes a producir, el precio a vender, los trabajadores a contratar, el salario a pagar o las inversiones a realizar. Autonomía no es, sin embargo, sinónimo de libertinaje, más cuando quien gestiona no es el propietario, tal y como sucede con la propiedad pública. La forma que encontró el resto del mundo para superar las contradicciones entre gestión y propiedad es la gobernanza corporativa. Los precedentes que han existido en Cuba al respecto han fallado por la excesiva centralización de la asignación de recursos, que no desapareció con la reforma pasada, sumado a la falta de voluntad verdadera para descentralizar el proceso de toma de decisiones empresariales.

Respecto al fomento del sector no estatal, la introducción de pymes en septiembre de 2021 fue probablemente el cambio más trascendental que haya tenido lugar durante el período de reformas. Aumentó la oferta de bienes y servicios que había sido duramente castigada por la crisis de la pandemia, generó puestos de trabajo mejor remunerados, creó nexos productivos con el sector estatal, y a la vez, mayor presión competitiva sobre este; permitiendo la revelación de un sistema de precios de mercado que debería ser usado como referencia para el diseño de políticas económicas del sector estatal, el cual, aún hoy, opera sobre la base de un sistema de precios administrativo.

Sin embargo, últimamente son cada vez más frecuentes las voces que atribuyen a las pymes una responsabilidad significativa en la situación de crisis actual, en particular, de la inflación, baja recaudación fiscal y creciente desigualdad. Entrelíneas es posible leer que la respuesta natural a las «nuevas» contradicciones ha sido la de poner freno al fomento de las pymes, revirtiendo mucho del espacio conquistado previamente.

Son cada vez más frecuentes las voces que atribuyen a las pymes una responsabilidad significativa en la situación de crisis actual.

Dejando a un lado el análisis sobre las causas reales de esta situación, que supera el objetivo de este artículo, es importante señalar que a diferencia de lo que algunos sectores piensan, no es restringiendo a las pymes que estos problemas se resolverán. El camino es justo el contrario. Los modelos productivos son más exitosos en la medida en que crece su inclusividad, y cuando llevan y difunden a las grandes mayorías los beneficios de las transformaciones. Frenar la creación de nuevas pymes, así como poner restricciones a las ya existentes, solo concentrará en un número cada vez más reducido de personas los beneficios de las reformas, reducirá la base recaudatoria por los efectos recesivos, y alimentará la inflación por el canal de la oferta. Es decir, se obtendrá justo lo contrario a lo que se desea. Si hubo un fallo en la reforma pasada, no fue haber apostado por este actor económico, más bien fue no haber apostado de la misma forma por la empresa estatal, impidiendo que ganara autonomía y atándola a numerosas restricciones institucionales que la colocaron en una situación de desventaja estructural.

Por último, en relación con la integración del sistema de precios (privado y estatal), es importante entender que esta es la única vía de superar la segmentación del modelo productivo. Por sistema de precios se entiende no solo el precio de venta de los bienes finales, sino también de los salarios, el tipo de cambio, el tipo de interés y el precio de los insumos intermedios. Las empresas privadas y estatales necesitan relacionarse sobre el mismo sistema de precios para poder competir y colaborar sobre las mismas bases, por lo tanto, este objetivo es de una urgencia impostergable. Sin embargo, representa a la vez el desafío más complejo y técnico de la primera etapa de las transformaciones futuras debido a los incontables efectos de ajuste que genera.

Ahora bien, la función del Estado en el proceso de integración de precios es la de aplicar políticas redistributivas para evitar que ciertos sectores de la sociedad carguen con el costo de dichos ajustes, mientras los beneficios se concentran en otros. Intentar obviar o no administrar los efectos generados sería un importante error de diseño de política.

La función del Estado en el proceso de integración de precios es la de aplicar políticas redistributivas para evitar que ciertos sectores de la sociedad carguen con el costo de dichos ajustes

La experiencia de China y Vietnam sugiere que la mejor forma de integrar precios es a través de un mecanismo dual. Este supone que ─haciendo uso de su mayor autonomía─ las empresas estatales venden productos y compran insumos sobre la base de los precios que fija la economía no-estatal. Sin embargo, es dual porque la integración no ocurre para toda la cantidad vendida y comprada por la empresa; sino que, por el contrario, ocurre para los nuevos valores que la empresa crea una vez pactado un plan con el Estado a los viejos precios. Este tipo de instrumentos es particularmente útil para ayudar a mitigar los costes de ajustes mencionados arriba.

Para concluir, insisto en la idea de que la tríada institucional es la primera acción de un programa de reactivación mucho más amplio que supone la implementación de todo tipo de políticas productivas bajo el principio pragmático de «hacer todo lo que funcione» para aumentar la oferta. Es seguro que —para garantizar su éxito— ese programa deberá basarse, por una parte, en una nueva relación entre el Estado y sus empresas, a través del establecimiento de nuevo un marco institucional con funciones productivas y regulatorias claramente delimitadas. Por otra, en el uso de toda clase instrumentos económicos que apunten a la eliminación de obstáculos y distorsiones; donde el Estado fomente la expansión del sector productivo en su conjunto a través de políticas de financiamiento, internacionalización, estabilización macroeconómica, y muchas otras.

[1] Incluye el empleo en las empresas estatales y en las entidades del sector público tales como hospitales y escuelas.

[2] Se refiere a los salarios del sector estatal