Sectores clave para el crecimiento y el bienestar de la población como la industria y la agricultura acusan un deterioro notable en sus volúmenes físicos de producción
Foto: Jorge Luis Baños/IPS
El sistema empresarial cubano –conformado por un mosaico de formas de propiedad– incluye como hecho más significativo de los últimos tres años la aparición y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes), que coexisten con un sector cooperativo (al que se incorporaron en 2013 las llamadas cooperativas no agropecuarias), así como asociaciones de diversa índole con el capital extranjero y las empresas estatales, actores económicos fundamentales de la economía cubana.
Dicho entramado, refrendado desde 2017 en la Conceptualización del Modelo de Desarrollo Socialista Cubano y en sus versiones posteriores, muestra una dinámica y características que lo diferencian sustancialmente del existente en los años iniciales de la reforma que comenzó en 2011.
Aún con sus problemas y las difíciles circunstancias externas, este proceso posee un alto potencial para contribuir a la salida de la crisis actual y enrumbar al país hacia el necesario crecimiento y desarrollo, si se convierte en eje central de las transformaciones en el modelo económico y se fomenta, regula e incentiva adecuadamente.
Se han producido no pocos llamamientos y decisiones del Gobierno para mejorar los resultados de las empresas estatales, y en los últimos tiempos, visitas a entidades empresariales de diversa índole para conocer experiencias positivas y exhortar a su posible generalización. Al mismo tiempo se aprecian contradicciones en el tratamiento de las mipymes, que oscila entre demonizarlas o resaltar algún beneficio.
En definitiva no se aprecia una visión clara y holística del todo empresarial como un sistema, ni siquiera del lugar y papel que dentro de ese sistema empresarial deberían jugar las empresas estatales, por lo que muchas de las acciones que se han emprendido– por demás aisladas y parciales– han resultado estériles y no originan avances sustantivos.
El presente trabajo, dividido en dos partes, tiene como objetivo proponer un enfoque transformador para el desarrollo del sistema empresarial en Cuba, cuyo eje central sean las empresas estatales direccionadas hacia el rumbo de la eficiencia y la eficacia. Para ello, con la intención de analizar el fenómeno de manera integral, se abordará el tema desde la perspectiva del modelo de funcionamiento de la economía, el impacto en los diferentes actores y las necesarias modificaciones para lograr los propósitos de un tejido empresarial robusto y dinámico que aporte realmente al crecimiento económico del país.
Tal propósito incluye en primer término la presentación de un diagnóstico del modelo y cómo se manifiesta para actores estatales y no estatales. En segundo lugar, una breve sistematización de propuestas de cambio realizadas por diversos autores, para entonces aproximarnos a una propuesta que beba de ellas y de la experiencia internacional. Por último, unas reflexiones finales.
Situación actual del sistema empresarial
La empresa estatal detenta el papel protagónico del modelo económico cubano como parte de un tejido empresarial –dígase un «reparto de actores»– diferente al de hace más de una década. Al respecto, baste señalar algunos ejemplos:
- El Estado detenta aproximadamente 80% de la superficie agrícola del país, pero solamente gestiona alrededor del 30% de dicha superficie.
- Según cifras divulgadas en las sesiones de julio del 2023 del parlamento cubano, había 327 negocios con capital extranjero en actividades como el turismo, la minería, la producción y comercialización de rones, productos de aseo, higiene y la industria alimentaria, entre otros. Si bien no trascendieron detalles en cuanto a sus aportes a los principales indicadores económicos del país, es presumible suponer que sean relevantes.
- Los actores privados y cooperativos son predominantes en cultivos como la caña de azúcar, frijoles, viandas y hortalizas.
- El surgimiento de entidades de interfaz entre el sector productivo y del conocimiento, más los proyectos de desarrollo local, constituyen espacios donde hoy se despliegan iniciativas empresariales no estatales en diversos sectores, incluyendo empresas de base tecnológica.
- La presencia de la actividad privada en el sector turístico con ofertas de alojamiento, restauración y recreativas.
- El cambio de enfoque respecto a las actividades autorizadas a ejercer en el Trabajo por Cuenta Propia (TCP) y la posterior aprobación de las mipymes, han diversificado la participación del actor económico privado en sectores donde la hegemonía de la empresa estatal era casi absoluta.
Según datos oficiales, la evolución del tejido empresarial en los últimos tres años, a partir de la creación de las mipymes, se ha comportado como sigue:
.jpg)
Las cifras del periodo muestran un incremento muy superior del sector empresarial no estatal respecto al estatal, determinado por la explosión de mipymes privadas, las que han crecido en número 36 veces. A todo este panorama habría que agregar a los trabajadores por cuenta propia, estimados en unos 500 000, quienes, si bien son personas naturales, muchos funcionan de hecho como empresas familiares con hasta tres empleados.
La cantidad de cooperativas crece ligeramente producto del aumento de las llamadas cooperativas no agropecuarias, por demás estancado desde 2022. Ello compensa un tanto la disminución de estas entidades en el sector agropecuario, que en el periodo que abarca la tabla fue de casi 150.
En el tejido empresarial estatal, durante el último cuatrimestre de 2021, se incorporaron dos nuevas figuras jurídicas: las mipymes y las empresas filiales, que acusan los mayores crecimientos en el periodo, en primer lugar las segundas.
Las empresas filiales han surgido como alternativa para mitigar las consecuencias de la conversión masiva e inadecuada –en algunos casos– de empresas a Unidades Empresariales de Base (UEB), la que tuvo impactos desfavorables sobre su autonomía operacional, incentivos, personalidad jurídica y capacidad ejecutiva. Las figuras “tradicionales “, léase empresas y sociedades mercantiles, acusaron crecimientos de un ocho y diez por ciento respectivamente.
En cuanto a la composición por actividades, los datos más recientes disponibles del sector estatal empresarial muestran lo siguiente:
Los datos del gráfico anterior revelan que más de una tercera parte del sector empresarial estatal (36.5%) se concentra en el comercio y el rubro de servicios empresariales, actividades de alquiler e inmobiliarias. Este último rubro agrupa la cifra más alta de sociedades mercantiles del país (79, para casi un 28% del total de 284), las que en su mayoría se encuentran adscritas al Grupo de Administración Empresarial (49, para un 62%).
Casos particulares a comentar
Para el comercio habría que apuntar que su sistema empresarial es el de mayor cantidad de empresas estatales (433) en Cuba y una alta complejidad organizativa –particularmente en el comercio interior– que presenta serios problemas de eficiencia en tanto –con semejante magnitud de empresas– arrastra el comportamiento desfavorable de la reducción sostenida de la oferta total del comercio interno, dada la contracción tanto de las importaciones que hace el Estado como de la oferta procedente de la producción nacional.
Por su parte el sector agropecuario cuenta con la tercera mayor cifra de empresas estatales (286), y el Ministerio de la Agricultura es el organismo que abarca la mayor cantidad de grupos empresariales de alcance nacional (12), según los datos de la ONEI. Los problemas de eficiencia señalados anteriormente también se manifiestan aquí.
El modelo actual de gestión en la actividad agropecuaria no se corresponde con el peso que ha adquirido el sector no estatal, por lo que se requiere, entre otras cosas, redefinir el papel de la empresa estatal en la cadena de valor de la producción de alimentos.
Según investigaciones de especialistas dedicadas por más de 30 años a estudiar este tema, el modelo actual de gestión en la actividad agropecuaria no se corresponde con el peso que ha adquirido el sector no estatal, por lo que se requiere, entre otras cosas, redefinir el papel de la empresa estatal en la cadena de valor de la producción de alimentos.
Baste decir que se trata de un sector estratégico para el país, donde las entidades no estatales son determinantes en la producción, que su desempeño acusa un notable deterioro acumulado, con un bajo porciento de inversiones estatales, y que las 63 medidas proclamadas para impulsar la actividad no han dado resultados que se reflejen en una mejoría de la alimentación de la población.
Sistema empresarial y sus vínculos
El modelo económico predominante de funcionamiento que ha regulado el accionar del sistema empresarial y sus vínculos se caracteriza por:
- Asignación centralizada de recursos bajo un enfoque discrecional y administrativo.
- Ineficacia e inexistencia de mercados, en principio cambiario y de insumos
- Mecanismo deformado de precios, con precios administrados y poca flexibilidad (tasa de cambio, tasa de interés, salarios, insumos de combustible, agua, etc.).
- Restricciones financieras blandas que implican subsidios y subvenciones no justificadas y estimulan la ineficiencia y el inmovilismo en las empresas estatales que los reciben sistemáticamente.
- Las empresas estatales no quiebran, por las razones descritas en el punto anterior
- Limitada competencia entre todos los actores, incluso entre actores estatales. Existencia de monopolios artificiales.
- Altas barreras para la entrada de nuevas empresas (sobre todo estatales y algunas actividades prohibidas para las no estatales)
- Empresa estatal sometida a muchas entidades gubernamentales que ejercen por separado funciones de dueños, donde decisiones de naturaleza empresarial son tomadas fuera de la empresa, afectando su reproducción y funcionamiento. Así, una buena parte de los resultados finales de nuestras empresas estatales, en última instancia, no dependen de la efectividad en su gestión.
Las empresas estatales en Cuba no han escapado a la misma lógica que se manifestó en otras economías centralmente planificadas con este tipo de empresas. Tres aspectos caracterizan dicha lógica y sus efectos negativos sobre el desempeño de las mismas: restricciones financieras blandas, los problemas de agencia y principal y el efecto trinquete.
El término “Restricciones Presupuestarias Blandas” (RPB) se refiere a un conjunto de fenómenos que fueron identificados por el economista húngaro János Kornai hacia la década de los 70. Como norma, las empresas enfrentan una restricción presupuestaria que se origina a partir de que deben cubrir todos sus gastos con sus ingresos y patrimonio inicial. Esta restricción es “blanda” si existen otras organizaciones (externas a la empresa) que están dispuestas a cubrir todo o parte del déficit que aquellas pueden generar.
En cuanto a la Teoría de Agencia, en el socialismo, las empresas tienen un dueño, todos los ciudadanos (el principal original), que delega las decisiones sobre la administración de aquellas en el Estado (el agente intermedio), quien a su vez encarga a otras personas –empresario/directivo– para que las dirijan (los agentes últimos). Por tanto, el fenómeno de la separación está presente, ya que la propiedad social se materializa, a través del Estado como un representante de la ciudadanía. Pero sucede que existen muchas instituciones que operan como dueños interviniendo de un modo u otro en el accionar de las empresas, amén de que no media un contrato entre gerente y dueño.
El llamado efecto Trinquete que viene dado por un proceder en el proceso de planificación centralizada en el cual las unidades de base informan capacidades subestimadas y presentan necesidades sobrestimadas, mientras los niveles superiores de dirección asignan recursos por debajo de lo solicitado y exigen metas superiores a las propuestas por las entidades.
Los principales argumentos para la posición de cada parte provienen básicamente del desempeño durante el año anterior, que debe ser –bajo este enfoque cortoplacista donde temas que trascienden el corto plazo quedan mutilados– perennemente superior y ejecutarse con mayor eficiencia, léase con un menor empleo de recursos. Cada parte, al argumentar su posición, es consciente de la posición e intereses de la otra, con lo cual el proceso se convierte, en realidad, en un acto de regateo y negociación, cuyo resultado final, no obstante, será decidido centralmente de forma administrativa.
Tales características impiden que las empresas estatales se encuentren motivadas para mejorar los niveles de producción y rendimiento, más bien generan zonas de confort no exentas de presiones sobre los directivos por las urgencias que genera el no cumplimiento de las metas propuestas en el plan. Y se enraíza una suerte de cultura de la espera y de no asumir riesgos, esperando que se les diga qué deben hacer y cómo hacerlo.
Estos aspectos no han sido abordados de forma resuelta en el devenir de las empresas estatales cubanas. Y mientras no lo sean, se continuará transitando por medidas aisladas de mayor o menor calado, en dependencia de situaciones coyunturales. Pero sin contar de forma sostenible con un actor económico que en la práctica justifique su carácter de fundamental.
Un apretado recuento de los últimos 30 años de la empresa estatal apuntaba además que esta entidad ha estado sujeta a una suerte de autonomía “pendular” con etapas de mayor o menor flexibilidad de la autonomía empresarial para la toma de decisiones.
Así mismo, experiencias exitosas de gestión en el sistema empresarial cubano como fueron en su momento el Perfeccionamiento Empresarial en las empresas militares (que no logró cumplir las expectativas puestas en su generalización al sector civil) o las aplicadas en el sistema empresarial de la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana, tuvieron entre sus premisas el trabajar bajo excepciones en el marco regulatorio vigente para el resto de las empresas estatales.
Sigue pendiente Ley de Empresa
Recientemente, el gobierno dio a conocer en las sesiones del Parlamento cubano que la ley de la empresa estatal, cuyo contenido lleva un buen tiempo en discusión por un grupo de trabajo multidisciplinario y continúa en fase de anteproyecto, no será sometida al debate parlamentario. La situación actual del país como impedimento para su plena aplicación fue el argumento esgrimido para esta decisión, que posterga desde el punto de vista legal, la transformación de la empresa estatal. En fecha tan lejana como 2017 ya se hablaba de promulgarla, aunque en aquel entonces sobre bases inadecuadas.
Sectores clave para el crecimiento y el bienestar de la población como la industria y la agricultura acusan un deterioro notable en sus volúmenes físicos de producción.
El mecanismo anteriormente descrito sobre el funcionamiento de la economía no impacta de igual forma en entidades estatales y no estatales, en una situación catalogada por estudiosos del tema como una suerte de segmentación del modelo productivo del país y que no favorece su funcionamiento ni la interacción entre sus actores, con consecuencias tanto en lo macro como en lo microeconómico. Entre ellas se encuentran la mala asignación de recursos, escasez e irrentabilidad. Así, pueden mencionarse diferencias como las siguientes:
- Limitada oferta (volumen, surtido, tiempos de entrega) de las empresas estatales, que no presentan competencia a las no estatales, las que sí compiten entre ellas y también lo hacen con el sector estatal
- Las empresas estatales carecen de acceso directo a mercados (ya que el Estado les asigna los recursos más importantes). En cambio, las no estatales acceden al mercado informal de divisas (en tanto no existe otro), al mercado de insumos y también al mercado laboral
- Precios en las empresas estatales que, dado su mecanismo de formación, no expresan la realidad económica. En las no estatales, los precios están basados en la relación entre oferta y demanda
- Salarios estancados en las empresas estatales y altos en los no estatales
- Las Empresas estatales no quiebran, mientras que las no estatales sí
- La empresa estatal no posee autonomía real de gestión, a diferencia de lo que ocurre con la no estatal
- Los ministerios, globales y ramales, actúan como dueños. En cambio, en el sector no estatal, ya sean cooperativas, mipymes o TCP, se tiene muy claro quién manda.
Todo lo anterior, en combinación con otros factores estructurales de la economía cubana, como, por ejemplo, el insuficiente papel de la innovación como factor clave para la competitividad y una efectiva gestión empresarial, trae consigo lo siguiente:
- Fuertes limitaciones para lograr y mantener alianzas estratégicas y encadenamientos virtuosos y sostenibles entre las diferentes formas de propiedad.
- Un reducido número de empresas concentra los ingresos y las exportaciones en el sector estatal, las que, salvo la biotecnología y los servicios médicos, son de bajo valor agregado y no muestran crecimientos a la altura de lo que se requiere. Al respecto, datos divulgados este año indican que unas 20 empresas estatales concentran el 80% de las exportaciones del país y unas 260 son responsables del 80% de las ventas.
- Sectores clave para el crecimiento y el bienestar de la población como la industria y la agricultura acusan un deterioro notable en sus volúmenes físicos de producción. En el caso de la industria, por ejemplo, este indicador es aproximadamente la mitad del volumen físico reportado en 1989. Y en el caso de la agricultura se reportan reiteradamente, en los informes de cumplimiento del plan anual ante la Asamblea Nacional, incumplimientos en las cifras previstas de producción.
- El turismo, que sigue absorbiendo una parte importante de las inversiones del Estado, no logra mostrar una mejora de sus indicadores de eficiencia desde antes de la Covid: ocupación, repitencia e ingresos por visitantes. Y ha cedido espacios de mercado a la fuerte competencia en la región caribeña.
- Cerca de un 50% de las empresas estatales son vulnerables (entre pérdidas, subsidiados y baja rentabilidad). Si a esto se añaden los altos niveles de endeudamiento de no pocas empresas estatales con proveedores e instituciones financieras, la situación es aún más grave, en tanto apunta a quiebras o riesgos de quiebra.
Prevalece en la oferta de bienes de consumo aquella que proviene del sector no estatal con altos precios (sin apenas competencia y acceso solamente al mercado informal de divisas.
Muchos académicos han incursionado en el tema de las empresas estatales o no estatales, sin embargo, solo algunos han estudiado de modo sistemático el tema del cambio, fundamentalmente, en las empresas estatales y cooperativas, y más recientemente en el trabajo por cuenta propia y las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes).
El heterogéneo grupo de actores y sus diferencias en cuanto a formas de propiedad, origen, tiempo de existencia e importancia para la economía (en términos de aporte al PIB, al empleo y las exportaciones, entre otros factores), ha ocasionado que las empresas estatales acumulasen el mayor peso de los estudios y en un segundo plano las cooperativas, sobre todo las agropecuarias.
En los últimos años, obviamente, los estudios y publicaciones relativas a las mipymes se han incrementado.
Durante mucho tiempo, las investigaciones estuvieron centradas fundamentalmente en el proceso de mejorar la gestión, pero sin modificar las condiciones del micro entorno, a tono con las propuestas de modificación del gobierno.
En ese empeño figuran los estudios de autores como Ileana Díaz, Humberto Blanco, Luis del Castillo, Luis Marcelo Yera y de muchos otros profesores e investigadores de los Centros de Estudios de Técnicas de Dirección y de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, más los aportes significativos de todo el sistema de educación superior, las escuelas ramales para la preparación de directivos y especialistas de sus respectivos sectores, centros de investigación y entidades consultoras sobre gerencia empresarial a lo largo de todo el país.
Estos temas, en toda su diversidad, mantienen plena vigencia en la actualidad y continúan siendo objeto de investigaciones, eventos y publicaciones. En definitiva, está claro que una gestión y un liderazgo eficaces siguen siendo factor decisivo para el desempeño de cualquier organización, sea empresarial o no, pública, cooperativa o privada. Este factor contribuye a explicar las diferencias entre entidades similares de un mismo sector que obtienen buenos resultados, mientras otros no lo logran.
Sin embargo, a partir de la década de los 90 del pasado siglo XX comienza a observarse un cambio entre diversos autores en cuanto a las propuestas, en tanto centran su atención en el sistema de dirección económica y la necesidad de su transformación para lograr un mejor desempeño de las empresas cubanas.
Este proceso incluía las críticas y propuestas relativas al llamado Perfeccionamiento Empresarial de las empresas estatales, cuya generalización a todo el país comenzó a fines de los 90.
En ese empeño figuran el trabajo de Julio Carranza, Pedro Monreal y Luis Gutiérrez, con una propuesta de reforma en su libro “Cuba la reestructuración de la economía: una propuesta para el debate” (1995) y el de Julio Díaz Vázquez “Cuba: Gestión y Dirección de la Economía” (1959-2008), entre otros estudios orientados en esta misma dirección.
Particularidades de este proceso
Si centramos la atención en las investigaciones desde 2010 hasta la fecha que abordan el sistema de dirección, se pueden observar algunas particularidades:
Textos que estudian un aspecto particular del entorno regulatorio como pueden ser las juntas de gobierno, la separación de funciones estatales y empresariales, entre otros, a partir de los cuales se adentran en la funcionalidad del sistema.
También debe mencionarse un documento elaborado por la ANEC en el 2020 que fuera sometido a la dirección del país y que tuvo como antecedente los debates en su octavo Congreso (2019) sobre las trabas para el desarrollo del sistema empresarial estatal. En este estudio se argumentaron aspectos necesarios para la transformación, entre ellos:
- La descentralización de los mecanismos económicos. Otorgar real autonomía a las empresas estatales y definir claramente las funciones del Estado como dueño y como regulador.
- Sustituir el enfoque de control fundamentalmente administrativo por mecanismos indirectos de regulación como los incentivos económicos y financieros.
- Continuar las investigaciones y estudios para la implementación de una Ley de empresas, erradicando el enfoque de un único sistema de gestión para todas las entidades estatales y las consiguientes reglamentaciones homogéneas y excesivas. Las empresas deben decidir la forma de gestión más apropiada según sus particularidades.
- Reestructuración de las agrupaciones empresariales según las características de cada sector, el tamaño, el nivel de internacionalización, el grado de desarrollo tecnológico, entre otros criterios.
- Investigaciones que desde el ámbito microeconómico, entre 2020 y 2023, revelan las distorsiones que deben ser resueltas y sugieren acciones al respecto.
- Estudios entre 2010 y 2020 que abordan el sector no estatal en algunas de sus formas ya sean los trabajadores por cuenta propia o las cooperativas, y dossiers de revistas nacionales como Economía y Desarrollo, Universidad de La Habana y Cofin Habana que entre 2019 y 2013 recogen trabajos de varios integrantes de la Red de Emprendimiento e Innovación de la UH.
- Escritos que incluyen, con diferentes grados de profundidad, propuestas integradoras para las transformaciones, publicados entre 2020 y 2022.
- Textos presentados en los últimos tres años al Grupo Temporal del Ministerio de Economía y Planificación, como parte del Macroprograma “Gobierno, Institucionalidad y Macroeconomía”, en su programa de Regulación Económica.
- A todo este acervo habría que añadir aquellos estudios que, enfocados desde la economía política, refuerzan la necesidad de una mirada holística al sistema empresarial de Cuba. Y a otros economistas del patio, que desde la macroeconomía o del estudio de la economía cubana y su desempeño general, también han abordado aspectos del sistema empresarial.
Intentar citarlos a todos in extenso, además del riesgo de cometer omisiones involuntarias, rebasaría los límites de espacio y tiempo.
La sistematización de tales investigaciones, unida al estudio de la experiencia y resultados de las reformas de China y Vietnam y la propia conceptualización del modelo cubano de desarrollo, donde se proclama un sistema empresarial diverso en cuanto a sus formas de propiedad, con autonomía, diferentes formas jurídicas y modelos propios, y la no interferencia del Estado en la gestión empresarial, preservando su papel rector en la conducción de la economía, han permitido realizar una propuesta de reforma al sistema empresarial del país.
Estas ideas descansan en dos premisas:
Cualquier reforma que abarque el modelo de funcionamiento no se puede restringir sólo a actuar sobre el sistema empresarial, sino que debe abordar un conjunto de aspectos necesarios a transformar en su contenido y nexos con los restantes aspectos para lograr la integralidad y resultados deseados.
Las transformaciones que se proponen deberán ir acompañadas de cambios internos en la gestión de las empresas que les permitan –en esas nuevas condiciones– desarrollarse y ser más competitivas y resilientes, en el contexto del ecosistema de su sector de negocios. Agendas propias de desarrollo empresarial con temas como la transformación digital, el emprendimiento y la innovación, el desarrollo del capital humano, los sistemas integrados de gestión, entre otros, deberán guiar los esfuerzos de los colectivos laborales y sus directivos.
La propuesta que a continuación se expone contiene dos aspectos centrales, a saber: las modificaciones de las condiciones micro económicas y papel de los actores, y las instituciones para empresas estatales y no estatales.
El propósito de este primer aspecto es el ir cambiando de modo paulatino el entorno microeconómico, y comienza por definirlo de modo diferenciado, de forma tal que propicie un nuevo entorno institucional (nuevas reglas de juego) que caracterice cada grupo.
La clasificación de las empresas, propuesta por varios autores es una vía para ello. Tal clasificación tiene en cuenta el concepto de medios fundamentales de producción, el cual debe llevarse a la práctica en términos de cuáles actividades económicas los concentran y en qué proporciones se detenta la propiedad estatal.
Esto último debe ir de la mano de la delimitación de los espacios donde han de prevalecer los monopolios y sus empresas estatales correspondientes, la legitimación de la competencia entre actores, sean estatales o no. Esta tipología determinaría, además, las especificidades de las relaciones e intervención del Estado con sus empresas.
En este artículo se proponen dos tipos de entidades: Mercantiles y Monopolios. Sus características principales serían:
Empresas mercantiles: Son empresas productoras de bienes y servicios que operan en régimen de competencia, bajo cualquier forma de propiedad. Estas empresas deben poseer autonomía para obtener financiamiento, realizar inversiones con capital nacional y extranjero y actividades de comercio exterior, decidir sus clientes, proveedores, volúmenes de producción y modelo de negocio y gestionar sus recursos financieros, materiales y laborales. Incluyen la mayoría de las empresas estatales y todas las no estatales.
Empresas monopolio: Se trata de empresas estatales que proporcionan bienes y servicios en actividades relacionadas con los medios fundamentales de producción (servicios públicos, extracción de recursos naturales, entre otras), las que en su mayoría son esenciales e impactan tanto en la población, como en el desempeño de todo el sistema empresarial y de la actividad presupuestada. Dicho en otras palabras, la acción de estas entidades es transversal a toda la economía y la sociedad.
Estas empresas asumen decisiones de gestión económica, organización de la producción y el trabajo, gestión de proveedores y clientes, perfeccionamiento de sus estructuras, diseñan e implementan mejoras para la reducción de costos y aumento de la calidad, deciden sobre inversiones no nominalizadas.
Esta clasificación de empresas posibilitaría iniciar la implementación de un proceso de tránsito gradual, que implicará:
- Regular las empresas de modo diferenciado y para ello establecer políticas o medidas específicas según la clasificación en el orden financiero, crediticio, fiscal y salarial, entre otros.
- Ir hacía un sistema de precios que refleje el resultado económico empresarial y sirva para definir incentivos.
- Avanzar hacia la eliminación de los mecanismos administrativos de asignación de recursos. Creación de mercados de insumos, financiero y laboral.
- Operar bajo un régimen fiscal riguroso que, como norma, se caracterice por funcionar sin exoneraciones especiales.
- Contar con planes indicativos y estratégicos empresariales para su desarrollo, en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. De esta forma se incluiría explícitamente la dimensión empresarial en dicho Plan Nacional
- Poseer autonomía real, fiscalizada por el Estado, para la toma de decisiones.
- Establecer la posibilidad de quiebra de empresas estatales por pérdidas sostenidas y deudas que no se puedan solventar.
- Fomentar la creación de nuevas empresas.
- Propiciar el desarrollo de la gestión innovadora de las empresas.
- Restructurar y redimensionar el sistema empresarial estatal (evaluar la transferencia de empresas nacionales a los territorios; transformar y cerrar empresas; evaluar la conveniencia de mantener la estructura OSDE-Empresa-UEB para la totalidad del sistema).
Proceso de tránsito
El tránsito gradual de una asignación centralizada de recursos a otras vías de mercado para las empresas estatales, sería mediante un mecanismo de precios duales, el que operaría del modo siguiente:
El modo gradual de transitar de una asignación centralizada de recursos a otras vías de mercado para las empresas estatales sería mediante precios duales, léase el manejo de precios centralizados para determinados bienes y servicios acordados por el plan y por encima de estos compromisos, venta a precios de mercado, sobre la base de que estas empresas cuentan con acceso a los mercados ya mencionados.
Las empresas estatales elegidas continuarían con el mecanismo actual de asignación y precios. Deberán cumplir el plan (el plan está en función no de la demanda, sino de los recursos que se asignan) y después vender a precios de mercado cualquier cantidad de producción por encima, cuyos ingresos serían totalmente para la empresa.
Este fue el mecanismo que se intentó cuando se introdujo el encargo estatal y las ventas a precios por acuerdo, pero no prosperó dada la falta de la necesaria autonomía y de mercados para abastecerse.
En lugar de permitir que los precios estatales converjan rápidamente a los precios de mercado, hacer coexistir los precios administrativos y los de mercado durante un período de transición. Mantener un plan de la economía (donde se opere a precios establecidos por el Estado); pero otorgarles a las empresas autonomía para fijarlos libremente en los mercados a toda la producción por encima del cumplimiento del plan.
En otras palabras, crear un vector de precios promedios compuesto por precios administrativos y de mercado.
Los precios administrativos evitarán que el ajuste se exprese rápidamente. Los precios de mercado permitirían restablecer el sistema de señales y facilitar la articulación con el sector privado, activando así la respuesta productiva del sector estatal.
Para que este mecanismo funcione es necesario aplicar los principios tanto en la dirección de crear mercados, de insumos o divisas, que será la forma de asignar los recursos, así como la de otorgar la autonomía necesaria.
De igual forma pudieran existir Entidades Financieras no Bancarias que operarán financieramente con estas empresas, además de aquellos bancos que tengan las capacidades para hacerlo.
Un modelo de funcionamiento basado en mercados y precios, planificado estratégicamente y dirigido mediante políticas e incentivos, permite una plataforma de actuación común para todos los actores. No obstante, también sería necesario realizar otras acciones:
- Desarrollo del ecosistema emprendedor, para todas las formas de propiedad (políticas de fomento, capacitación, innovación, responsabilidad social o instituciones de apoyo.)
- Reestructurar el régimen fiscal para todos los actores.
- Ampliar el sistema financiero para todos los actores, incluyendo hacer más eficiente el actual.
- Crear empresas mixtas y otras formas de asociación entre las más diversas formas de propiedad y de capital.
- Transitar hacia un régimen jurídico general, válido para todos los actores.
- Establecer normas jurídicas de competencia, de quiebra y de protección al consumidor.
La ampliación del sector no estatal y las transformaciones de la empresa estatal, deben propiciar un régimen de competencia que habrá de promover la calidad por encima de los precios, al mismo tiempo que dicha ampliación posibilitaría ofrecer puestos de trabajo para los empleados que se desocupen en el proceso de reestructuración de las empresas estatales.
Lo anterior pasa por reducir las prohibiciones de actividades que puedan desarrollar los no estatales. Vale la pena en este punto recordar al Che, (Ernesto Guevara. 1928-1967) , quien proponía la concentración exclusiva como propiedad del Estado en unos pocos sectores, mientras el resto podría ser bien del Estado y particulares (en asociación o no) y otras solo de particulares. Este enfoque es el que en definitiva privilegia la Constitución de la República, cuando expresa que la propiedad sobre los medios fundamentales de producción es de todo el pueblo y el Estado actúa en representación de este.
La ampliación del sector no estatal y las transformaciones de la empresa estatal, deben propiciar un régimen de competencia que habrá de promover la calidad por encima de los precios, al mismo tiempo que dicha ampliación posibilitaría ofrecer puestos de trabajo para los empleados que se desocupen en el proceso de reestructuración de las empresas estatales.
Instituciones para empresas estatales y no estatales
Los cambios hasta aquí propuestos apuntan directamente a la solución de dos de los tres problemas de las empresas estatales (restricciones financieras blandas y el efecto trinquete), pero no lo relativo a los múltiples dueños ni sus interferencias, ni tampoco la institución que dictaría normas y políticas respecto a los actores no estatales.
La propiedad principal de nuestra sociedad es la de todo el pueblo, siendo la Asamblea Nacional la representación de ese pueblo en el poder y el Estado quien lo representa, por lo que se propone una Entidad de Propiedad del Pueblo, subordinada al Consejo de Estado y que rinda cuentas periódicamente a la Asamblea. La existencia de la misma permitiría que los ministerios ramales y globales se dediquen a las funciones estatales de regulación y que dicha entidad establezca las pautas para el sector empresarial estatal de común acuerdo con los objetivos estratégicos del país.
Este tipo de organizaciones existen en todos aquellos países que poseen propiedad pública, adoptando diversas modalidades organizativas.
De igual manera es necesario constituir instituciones que fomenten y regulen las cooperativas y las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (de conjunto con una red de agencias, si es necesario). Cada una debiera tener su propia institución, ya que la gestión de mipymes y cooperativas se realiza sobre bases diferentes, aunque en ambos casos operen como una empresa.
En la primera existe un dueño que decide con su equipo y se apropia de parte del beneficio, en tanto en las cooperativas todos los socios, que son todos los ocupados de la cooperativa, deciden, y las utilidades se distribuyen como anticipos. La función de una cooperativa tiene un carácter más social, por su forma de gestionarse y los valores que la caracterizan, y se relaciona por su naturaleza con los enfoques propios de la economía social y solidaria.
No es posible cerrar este punto sin plantear la necesidad de reestructurar las unidades presupuestadas que posee el país, de modo de reducir el aparato burocrático de la administración pública (Administración Central del Estado (OACE), Poder Popular y otras organizaciones) y reorganizar sus procesos mediante los avances en la transformación digital, para mayor rapidez y eficacia en la solución de los problemas y necesidades de la población y los negocios. Esta reestructuración, además, constituye una de las opciones para reducir, por la vía de los gastos, el elevado déficit fiscal que exhibe hoy la economía cubana.
A modo de conclusión
Las premisas y componentes de la transformación aquí expuestos sintetizan el quehacer de muchos economistas cubanos que han estudiado sistemáticamente el sistema empresarial del país desde diferentes ángulos, aportando no sólo evaluaciones críticas acerca de su desempeño y de las causas que las originan, sino también propuestas para su solución, como parte integrante de la reforma que requiere el modelo de funcionamiento de la economía nacional, reforma tan compleja como necesaria e ineludible.
Este proceso deberá transcurrir, se reitera, de forma gradual y bajo constante seguimiento y retroalimentación de sus resultados para asegurar su puesta en práctica y para acometer los cambios que, en un espíritu de mejora continua, se deriven de la marcha y resultados del proceso. Este se trata, también, de un cambio cultural, el más complejo de todos, el cual por su magnitud y alcance deberá vencer obstáculos (resistencias incluidas), en la asimilación y aplicación de su contenido.
Y aunque resulte obvio también resulta necesario reiterar acá, finalmente, que no será posible ni salir de la crisis actual ni alcanzar la sostenibilidad y prosperidad proclamadas en la visión de país que aparece en las Bases para el Plan de Desarrollo al 2030, si no contamos con un sistema empresarial robusto, competitivo, socialmente responsable y con aportes crecientes al crecimiento y el desarrollo del país. Un sistema empresarial donde todos sus actores cuenten e interactúen. Esa es la visión compartida de los autores de este trabajo. (2025).
