A propósito de algunas “interpretaciones” sobre nuestros dos últimos artículos.

Por Julio Carranza Valdés

     Luis Gutiérrez Urdaneta

Sorprendentemente hemos identificado algunas interpretaciones equivocadas a propósito de nuestros dos últimos artículos: “La transformación de la economía cubana hoy: lo urgente y lo estratégico”, 17 Julio 2026 y “Volver sobre las urgencias y el horizonte estratégico“ 17 de agosto de 2026. Esto puede deberse a una lectura rápida e imprecisa de estos textos, donde es esencial entender los matices y también, probablemente, a diferencias fundamentales entre los paradigmas de los autores y algunos lectores, lo cual es natural en cualquier debate.

Lo que hemos propuesto, basado en la evolución de la crisis y la actual situación de una parte creciente del pueblo, impactada por diversas carencias, alimentos, agua, medicinas, transporte, higiene pública, etc, es la necesidad primordial e impostergable de proteger a la población y eso requiere de medidas temporales excepcionales, ni más ni menos de las que la situación exija.

Hemos tenido el cuidado de no afectar con nuestra propuesta el avance y el horizonte estratégico de la necesaria reforma de apertura de mercados y diversidad de formas de propiedad en curso, que aunque aún sin suficiente integralidad y orden, se mueve en la dirección que por años hemos propuesto, defendido y argumentado con firmeza y responsabilidad y lo seguiremos y seguimos haciendo aún en estos últimos artículos.

De hecho, cuando, en el último de ellos, propusimos lo de compras parciales centralizadas al sector privado mayorista, que es quien ha estado importando más productos esenciales, sobre todo alimentos como el aceite y otros, aún fuertemente golpeado hoy por la política norteamericana de bloquear las navieras, lo cual se suma a lo del petróleo y todo lo demás, decimos que sea a través de compras donde los precios sean concertados y reconozcan tanto los costos como la adecuada ganancia al sector privado, con pagos asegurados y garantías de cambio por divisas para continuar el ciclo. También a través de licitaciones, todo lo cual es, por cierto, práctica usual en muchos países del mundo para atender emergencias u otros objetivos económicos o sociales inherentes a las funciones del estado.

Los bienes resultado de esas compras, el estado los vendería a la población necesitada (previa clasificación de esta, lo cual es imprescindible), de manera racionada y a precios que podrían incluir subsidios que serían asumidos totalmente por el estado, no por la empresas sean estas privadas o estatales. El resto de los bienes continuarían su curso normal a la red minorista con precios de oferta y demanda para la otra parte menor de la población que no necesita esa asistencia.

Nunca hemos propuesto ni mencionado acciones confiscatorias, como alguna de estas “interpretaciones” han expresado y muchísimo menos una vuelta a la centralización burocrática ni al establecimiento de un “estado policiaco”, como otra de esas “interpretaciones”, que ahora criticamos, por mala voluntad o superficialidad, también expresaba. Desde luego que es válido y lícito en cualquier debate hacer las preguntas y expresar las consideraciones que se entiendan, lo que no es lícito en un debate franco, es poner en boca de otros lo que no han expresado, construir un muñeco de paja para después criticarlo se le ha llamado a ese ardid.

Claro que es muy válida la pregunta de cómo el estado financiaría esto, a la cual también tratamos de dar respuesta en el artículo.

El financiamiento dependería de varios factores: de la disponibilidad de las divisas que hoy se venden en el mercado cambiario oficial y/o de las reservas estatales que existen precisamente para ser usadas en casos de urgencias (no disponemos de cifras al respecto), de los productos y cantidades que se determine en función, como ya señalamos, de un censo transparente pero urgente de las personas o instituciones más necesitadas y del precio que resulte de la negociación o de las licitaciones que se realicen. Así como de un mayor control de la amplia brecha de evasión fiscal actualmente existente, de donde saldrían mayores recursos para el presupuesto nacional. Todo esto, obviamente, también supone rápidas medidas sobre el sector bancario y monetario y una política fiscal progresiva y controlable, nada de esto funciona bien hoy. Desde luego que para decidir estas política es necesario contar con la información y hacer los cálculos correspondientes, para establecer el alcance que estas pudieran tener.

Por otra parte, existen herramientas financieras de pagos diferidos, aunque estas solo sería aconsejable emplearlas en última instancia, con la anuencia del oferente y un compromiso de pago al más alto nivel, puesto que dependen de una credibilidad actualmente afectada.

La reforma integral y profunda que necesita la economía cubana ha de ser irrenunciable y ha de avanzar de la manera más rápida posible, las 176 medidas recientemente aprobadas son fundamentales para la transformación, aunque aún no constituyen por sí mismas el programa de reestructuración necesario, de esto hemos hablado en extenso en otros textos. Ahora bien, las necesidades fundamentales de la población y su protección, son, han de ser, la primera responsabilidad del gobierno y ante una crisis es imprescindible tomar medidas temporales excepcionales y proporcionales. Honrar efectivamente la justicia social, así como la soberanía de la nación es un principio irrenunciable, aún en las peores circunstancias, si eso se pierde nada tendría sentido.

19 de agosto 2026