Principios rectores para la transformación económica de Cuba

 Por Omar Everleny, Cuba Economic Review

Dr. en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana

La profundidad de la crisis cubana —expresada en desequilibrios macroeconómicos, deterioro productivo, escasez persistente y debilitamiento institucional— confirma la necesidad de una transformación económica de gran alcance. Las sanciones del Gobierno de Estados Unidos han agravado las restricciones externas, pero los problemas actuales también responden a errores de conducción económica y a fallas estructurales del modelo vigente.

La salida no puede reducirse a ajustes parciales ni a medidas administrativas inconexas. Cuba necesita avanzar hacia una economía de mercado regulada, abierta e inclusiva, sustentada en la estabilidad macroeconómica, la competencia, la plena coexistencia de distintas formas de propiedad, el Estado de derecho y la protección social. En términos generales, se trata de construir una economía social de mercado adaptada a las condiciones cubanas.

Ese proceso no debe improvisarse. Requiere prioridades claras, una secuencia de políticas realista y principios rectores que orienten tanto la estabilización inicial como las reformas estructurales posteriores. Los principios que siguen buscan ofrecer una base de discusión para dicho programa de transformación.

Estabilizar para ganar tiempo, reformar para crecer

Cualquier programa de transformación económica en Cuba debe partir de una premisa básica: el país necesita estabilizarse para poder reformarse, pero no puede estabilizarse de manera sostenible sin reformar las bases que produjeron el estancamiento. La estabilización y la reforma no son etapas aisladas; deben entenderse como dos dimensiones de un mismo proceso.

La fase inicial debe centrarse en frenar el deterioro de los principales desequilibrios macroeconómicos y sociales: déficit fiscal, emisión monetaria sin respaldo, inflación, recesión, escasez de combustibles, alimentos y medicamentos y pérdida de confianza en el sistema bancario. Sin un mínimo de estabilidad, la economía seguirá operando en condiciones de fragilidad extrema y será muy difícil implementar cambios de mayor alcance.

La estabilización debe enviar señales creíbles a la población, a los productores, a los ahorristas y a los inversionistas potenciales. Esto supone reconstruir la confianza en la moneda, los bancos, la política fiscal y la capacidad del Estado para cumplir con reglas previsibles. También exige transparencia sobre la situación fiscal, monetaria y financiera del país, así como sobre los costos reales de las medidas adoptadas.

Al mismo tiempo, estabilizar no puede significar solo administrar la escasez. Cuba no recuperará una trayectoria de crecimiento si no cambia las instituciones, los incentivos y las reglas que han conducido al estancamiento productivo. Algunas instituciones deberán transformarse, otras desaparecer y otras crearse para sostener un nuevo modelo económico. Entre las reformas necesarias figuran una nueva ley de empresas, un marco moderno para la inversión extranjera y normas que garanticen la competencia, la transparencia y la seguridad jurídica.

Una vez superada la fase más caótica de la crisis, la prioridad debe desplazarse hacia la transformación estructural: elevar la productividad, modernizar sectores estratégicos y crear condiciones para que los actores económicos puedan invertir, producir, importar, exportar y competir. Esto implica estimular el crecimiento del sector privado, cerrar o reestructurar empresas estatales inviables, otorgar autonomía real a las empresas públicas eficientes y atraer inversión extranjera bajo reglas claras, estables y no discriminatorias.

Priorizar la oferta, la productividad y la reconstrucción de capacidades productivas

La emergencia social obliga a atender de inmediato el consumo esencial de la población. Sin embargo, un programa de transformación no puede centrarse únicamente en la demanda. El problema central de la economía cubana es la contracción de la oferta, la baja productividad y la destrucción progresiva de las capacidades productivas. Por tanto, la política económica debe orientarse a producir más, producir mejor y reducir costos.

La escasez de alimentos ilustra con claridad este problema. En la actualidad, una parte importante de la oferta disponible llega a través de importaciones privadas, con altos costos y precios elevados. Esas importaciones han contribuido a aliviar ciertos desabastecimientos, pero no sustituyen la necesidad de reconstruir la producción nacional. Una mayor producción interna permitiría ampliar la oferta, reducir las presiones inflacionarias, crear empleo y mejorar de manera sostenible los salarios reales.

El aumento de los ingresos nominales sin expansión de la oferta alimenta la inflación y deteriora el poder adquisitivo. Por ello, la recuperación del salario real debe apoyarse en incrementos efectivos de la productividad y en una mayor disponibilidad de bienes y servicios. La política económica debe crear incentivos para producir, invertir, contratar mano de obra, innovar y competir.

Para lograrlo, el Estado debe desmontar las trabas que limitan la producción. En la agricultura, esto implica reducir la burocracia, eliminar restricciones a la comercialización, descentralizar la toma de decisiones, ampliar el acceso al crédito y permitir que los productores respondan a señales de mercado. También debe reducirse el peso de los monopolios estatales y de las restricciones constitucionales o legales que inhiben la acumulación productiva, la inversión privada y el crecimiento empresarial.

La estrategia de oferta debe concentrarse en sectores con capacidad de arrastre sobre el resto de la economía: energía, alimentos, turismo, cadenas de suministro y servicios asociados a la modernización productiva.

Protección social y construcción institucional

La transformación hacia una economía social de mercado solo será viable si combina apertura económica, disciplina macroeconómica y protección social efectiva. La protección social y la construcción institucional no son procesos separados: se refuerzan mutuamente y determinan la legitimidad del cambio.

Cuba tiene una tradición de políticas sociales amplias, aunque muchas de sus capacidades se han deteriorado. La salud pública, el acceso a vacunas y medicamentos, la educación, la cultura y las pensiones forman parte de un legado que debe preservarse y reconstruirse. Sin embargo, esa protección no puede basarse en promesas generales ni en subsidios universales insostenibles. Debe evolucionar hacia un sistema más focalizado, transparente y capaz de llegar primero a quienes más lo necesitan.

La protección social será indispensable para mantener el apoyo ciudadano a las reformas. Un proceso de estabilización y reestructuración puede generar costos de corto plazo, incluidos cierres de empresas inviables, cambios en los precios relativos y reasignación de empleo. Sin un colchón social creíble, esos costos pueden traducirse en rechazo político y en un deterioro de la cohesión social.

Para que la protección social funcione, se requieren instituciones confiables. Un sistema de subsidios sin registros actualizados puede excluir a hogares vulnerables o beneficiar a personas que no necesitan asistencia. Por ello, el país debe desarrollar capacidades administrativas modernas: registros públicos, digitalización, mecanismos de auditoría, controles contra la corrupción y canales de reclamación accesibles para la ciudadanía.

La construcción institucional también exige profesionalizar el sector público, mejorar los incentivos de los funcionarios, fortalecer la transparencia y garantizar el cumplimiento de la ley. Un Estado de derecho adaptado a las circunstancias de la transición debe asegurar reglas estables, límites al poder discrecional, independencia de los mecanismos de control y una protección efectiva de los derechos económicos y sociales.

La protección social no debe verse solo como un gasto. Es una inversión institucional y política que permite sostener reformas difíciles, proteger a los más vulnerables y evitar que la transición se traduzca en exclusión. En una economía social de mercado, el mercado debe generar eficiencia y crecimiento, mientras que el Estado garantiza las reglas, la competencia, la estabilidad y la protección frente a riesgos sociales.

Secuencia, coherencia y factibilidad

Un programa de transformación económica debe definir con precisión qué medidas se adoptan primero, cuáles dependen de otras y cuáles requieren condiciones previas para ser efectivas. La secuencia importa. No todas las combinaciones de políticas producen los mismos resultados, y un orden equivocado puede agravar la inestabilidad en lugar de corregirla.

La experiencia del llamado Ordenamiento ofrece una lección relevante. El aumento de salarios y precios administrados se aplicó en un contexto de oferta restringida, baja productividad y escasa capacidad de respuesta empresarial. El resultado fue una aceleración inflacionaria que erosionó rápidamente el poder adquisitivo de los ingresos. Antes de expandir los ingresos nominales de manera generalizada, debió fortalecerse la capacidad productiva, liberalizarse con mayor consistencia la actividad empresarial y crearse condiciones para la expansión de la oferta.

La coherencia exige que las políticas no se contradigan entre sí. No se puede pretender controlar de manera sostenida los precios sin ampliar la oferta. Tampoco se puede estimular la creación de empresas mientras se restringe su acceso a insumos, divisas, importaciones, crédito o mercados. Del mismo modo, no puede atraer capital externo —incluido el de cubanos residentes en el exterior— sin modificar el marco legal vigente, garantizar la seguridad jurídica, permitir la repatriación de utilidades y establecer mecanismos confiables de resolución de disputas.

La factibilidad obliga a reconocer los límites políticos, administrativos, financieros y sociales. No todo lo necesario puede ejecutarse en la primera fase. Un programa realista debe distinguir entre medidas de emergencia, reformas institucionales inmediatas y transformaciones de mediano plazo. También debe considerar la capacidad del Estado para implementar las políticas, el tipo de apoyo externo requerido y el grado de aceptación social de los costos iniciales.

La población cubana ya ha soportado un ajuste severo: caída del consumo, deterioro de los servicios públicos, escasez de alimentos y medicinas, apagones prolongados, falta de transporte y pérdida de ingresos reales. Por eso, cualquier estabilización adicional debe diseñarse con sensibilidad social y con mecanismos explícitos de protección. La estrategia debe combinar tres criterios: una secuencia clara, una arquitectura de políticas coherente y una evaluación rigurosa de lo que puede ejecutarse en cada etapa.

Estos principios no sustituyen un programa económico detallado, pero sí establecen criterios para evaluarlo. Un modelo de economía social de mercado solo será viable si combina disciplina macroeconómica, libertad económica, competencia, seguridad jurídica, inclusión social y capacidad institucional. Sin esa combinación, la transformación corre el riesgo de reducirse a un nuevo ciclo de medidas parciales, insuficientes para superar la crisis estructural del país.