CUBA: ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO-SOCIAL (II)

Por Dr Julio A  Diaz Vazquez,  

Periodo Especial en Tiempos de Paz: 1990-2006.

Entre 1990 y el 2011, es posible distinguir, al menos cuatro ciclos, dentro de los más de veinte años que Cuba ha venido intentando remontar la más grave de las crisis económicas habidas en la etapa revolucionaria¹⁵. El primer momento se extendería hasta 1993, calificado como “administración de la crisis”. El descenso del Producto Interno Bruto (PIB), superó el 35%, la capacidad importadora del país cayó en un 88%. Fueron pasados todos los productos a un régimen generalizado de racionamiento, congelarse los precios, y subsidiarse las empresas con pérdidas. En tanto, se mantuvo y fortaleció la prioridad a los servicios educativos, salud y seguridad social.

El segundo, iniciado en 1994 y lo extendemos hasta el 2002, que unos llamaron de reanimación, y otros, con criterios más optimistas de recuperación económica  irreversible. En 1994-1999, la economía creció a un ritmo promedio anual superior al 4%; y entre el 2000-2002, a un 3,6%. Fue destacado que dentro de la opción socialista, el país contó con una estrategia flexible que dio respuesta al doble bloqueo, al impuesto por los Estados Unidos, desde 1960, y recrudecido mediante las Leyes Torricelli y Hems Borton, y al surgido del ajuste geopolítico que significó la desaparición de la URSS, y cortar las autoridades rusas los lazos económicos con Cuba¹⁶.

Dentro del conjunto de medidas implementadas para remontar la crisis destacaron la apertura al capital extranjero, la despenalización de la tenencia de divisas, los cambios en el uso de la tierra al aprobarse el usufructo permanente y gratuito a los colectivos obreros para formar Unidades Básica de Producción Cooperativa (UBPC), y la entrega de terrenos ociosos a individuos y familias para cultivos en fincas forestales y producciones exportables. Volvieron a abrirse los MA, locales para la venta de bienes artesanales, y se autorizó el ejercicio del trabajo por cuenta propia en la gastronomía y otras actividades.   

Fue transformado el BN en Banco Central (BC) y creada la Banca Comercial. Los ajustes para equilibrar las finanzas internas se aplicaron con criterios sociales. Los aumentos de precios recayeron en los bienes suntuarios y otros como cigarros y tabacos, bebidas alcohólicas, etc. En la eliminación de los servicios gratuitos las afectaciones fueron mínimas  para los núcleos de menores ingresos. Se introdujo un sistema tributario y de tarifas aduaneras donde también primó el interés social y económico. El presupuesto del Estado que llegó alcanzar un déficit del 35%, disminuyó a cifras que oscilaron entre el 2%-3,5% del PIB.

Los mercados de productos alimenticios contaron, en primer lugar, con la libreta de abastecimiento, ¹⁷ que garantizó a precios subvencionados productos que satisfacían para unos doce-catorce días del mes, las calorías y proteínas necesarias para una familia. Las distintas variantes de MA, estatales, de precios topados (con límites), de productores privados, organopónicos (vegetales), ferias, etc., fueron complementos para adquirir productos alimenticios; además de los servicios de venta de alimentos ligeros o comidas en los establecimientos de los “cuentapropistas”.     

También existen ofertas estales de bienes de amplio consumo popular en mercados paralelos; diversidad o remanentes de mercaderías informales o negras, esto es, artículos de origen ilícito o cuyo comercio no está permitido (café, quesos, etc.); y las alternativas que ofrecen las diferentes cadenas de tiendas recaudadoras de divisas que suplen las necesidades de productos alimenticios fuera de la libreta y los MA, así como medios de higiene personal, ropa, calzado, útiles para el hogar, quincallería, ferretería, efectos electrodomésticos, enseres de oficina, etc.

Entre los ajustes figuró la racionalización de OACE; reducidos de cincuenta a treinta y dos los de alcance nacional (1992) y simplificarse sus estructuras. Con ello, se tendió a una mayor descentralización, otorgándole más independencia a las empresas. La reforma (1992) de la Constitución de la República¹⁸ consagró los cambios que se introdujeron en el funcionamiento de la economía; quedó abolido el monopolio del comercio exterior; la planificación pasó de los equilibrios mediante los balances materiales, a la concentración en los aportes en divisas e importancia de las finanzas en la regulación y control económico.

También hay que destacar que el actual sistema político en su núcleo duro tiene  cuestiones fundamentales como: Excluye toda oposición política, en la dirección del sistema por el PCC, y en el liderazgo de Fidel Castro Ruz. Además, se modificaron todos los capítulos y más de la mitad del articulado de la Constitución de 1976.  Quedó suprimida la noción de dictadura del proletariado, así como el carácter clasista del Estado. El PCC se define como organización de vanguardia de todos los cubanos y dirigente de la sociedad y del sistema político. Se reformó el Poder Popular; el voto es universal, secreto y directo para los elegidos a las Asambleas en todos los niveles. Los órganos de la administración Estatal fueron separados de las respectivas Asambleas en todas las instancias¹⁹.    

Otro de los ajustes introducidos contempló la emisión de un peso convertible (CUC), en reemplazo de los distintos certificado-divisa que circulaban en el país. Desde (10/1995) opera una red cambiaria nacional para la compra de monedas extranjeras a personas naturales; y venta-compra de CUC en pesos (CUP) por la Casa de Cambio S.A (CADECA). También se autorizó la apertura de cuentas de ahorro, a la vista y a plazo fijo, en dinero convertible, a tasas de interés de mercado y por tipo de depósito. Existen dos tasas de cambio; para el sector empresaria un CUP por un CUC; y 24-25 (CUP) por un CUC, para la población cuando vende o compra respectivamente. Por consiguiente, el país cuenta con dos signos monetarios, uno “duro” (CUC) y otro “blando” (CUP).

Por otra parte, en la segunda parte de 1a década de 1990 se introdujeron, de modo experimental, en la gestión de las empresas, los métodos que por años había aplicado las FAR en su esfera empresarial. En la base del Perfeccionamiento Empresarial (PE) ²⁰, el eslabón fundamental del sistema recae en la empresa. La cual debe autofinanciarse, combinarse en un todo integral, adaptar toda la estructura específica a cada unidad, aun cuando se desempeñe dentro de una misma rama. A la vez, de manera puntual, se uniformó la política salarial entre las empresas del PE y las que no están incluidas en el proceso²¹.

Visto como proceso continuo para  mejorar la gestión y dirección empresarial, y con esto elevar la eficiencia de la economía, el PE muestra al cabo de más de una década de introducido resultados que pueden calificarse de pobres. En un análisis realizado en el 2008 arrojó que, de 2 732 empresas existentes en el país, estaban incorporadas al PE solo 797 para un 29% del total.

Los años del 2003-2007, abren el tercer tiempo en el Período Especial, al ponerse en práctica un programa caracterizado como “Batalla de Ideas”, que implicó, entre otras medidas, a la gestión empresarial y la dirección de la economía,  acentuó la recentralización en la toma de decisiones que desde finales de la segunda mitad de los años 90 del pasado siglo se operó en la gestión de la economía, comenzando por las actividades ligadas al comercio exterior y por un control directo sobre los recursos asignados a las empresas. El trabajo por cuenta propia, autorizado por  Decreto-Ley en 1993, sufrió oscilaciones  seguidas de tendencias a su reducción; luego de alcanzar 156 000 licencias en 1999, a finales del 2007 solo trabajaban 138 000.

En el comercio exterior se elevaron las exportaciones de servicios especializados -- salud, educación, deportes y otros --, especialmente, hacia Venezuela, lo cual influyó positivamente en el balance de cuenta corriente del país. El PIB (2003-2007) creció a un promedio anual del 8,2%. En el 2005-2006 se elevó el incremento hasta el 11.2% y el 12.1% respectivamente; aunque los crecimientos no se reflejaron en el consumo de los hogares²². Mientras, el balance de las finanzas estatales se mantuvo dentro de límites aceptables.

Por otro lado, el desarrollo de los acomodos o ajustes introducidos en el desempeño de la economía cubana reseñados (1990-2006), estuvo acompañada de variadas interpretaciones. Sin embargo, ninguna de ellas ha reparado que, en ningún documento gubernamental o partidista, exposición o pronunciamiento de dirigente alguno del Partido-Estado, habló de “apertura” o “reforma”. Los elementos de mercado incorporados se consideraron impuestos desde fuera o de forzosos, sin carácter integral o contenido institucional, aupados bajo la consigna de “Salvar la Patria, la Revolución y el Socialismo”. Hubo cuidado de no dotar de carácter irreversible al conjunto de adecuaciones y medidas aplicadas.   

Finalmente, hay razones más que suficientes para considerar que las políticas económicas, las correcciones en el orden institucional y la gestión y dirección de la economía, desde 1990-2006, impulsados por los efectos de la mayor crisis económica que ha conocido la sociedad cubana desde el triunfo de la Revolución, no rebasaron los ajustes puntuales, y al mismo tiempo carecieron de integralidad.

Actualización del Modelo Económico-social: 2007….

Una cuarta etapa en el manejo de la crisis en el Período Especial, puede considerarse que comienza el (26/7/2007), cuando el Presidente Raúl Castro Ruz expuso en un profundo análisis la situación económica del país y reconoció la necesidad de “introducir los cambios estructurales y conceptos que resulten necesarios (…) con sentido crítico y creador sin anquilosamientos”²³.  Variados fueron los factores que coincidieron para agravar la situación económico-social en el país; entre ellos contaron los climáticos – poderos y repetidos huracanes, sequías, etc. --, el entorno internacional, en especial la crisis estructural sistémica por la que atraviesa el sistema capitalista, la caída de los precios de los productos exportables, así como el incremento de las restricciones para obtener créditos.

Mención aparte merece el encono que hoy adopta el bloqueo económico instrumentado por los Estados Unidos, en lo comercial, financiero, sumado a la agresión mediática y digital que implementa en la actualidad. Tampoco puede pasarse por alto la baja eficiencia que, por años, muestra el desempeño de la economía interna del país.

Los eventos adversos señalados encontraron reflejo en el PIB. En el 2008, el incremento del PIB, fue de 4,1%; en el 2009, 1,4%; en el 2010, solo del 2,1% y en el 2011, 2.7%. Así, en el 2008-2011, la caída en este indicador arrojó como promedio, un crecimiento aproximado de 2,6%, cifra por debajo del 4% que, según estimados de especialistas, necesita el país para superar la descapitalización de la base productiva y la infraestructura. El déficit del presupuesto estatal superó los límites permisibles del 3%; osciló en guarismos del 6%, 5% y 3,8%. Por ello, desde el 2008 comenzó a estructurarse una nueva política fiscal.

Para revertir los desequilibrios fiscales se han aplicado, entre otras, medidas como la cancelación gradual de subsidios, la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Social, elevó la edad de jubilación a 60 años para las mujeres y 65 para los hombres; se reordenaron y delimitaron las funciones de los OACE, reducción de inversiones e importaciones, así como estrictas medidas de ahorro energético. Está planteado en el corto, mediano y largo plazo un proceso de racionalización del empleo en los OACE y las empresas que, hasta su total conclusión, debe afectar a más de un millón puestos de trabajo, lo  que representa casi la cuarta parte de la masa de de trabajadores del país.

En contrapartida fue autorizada la extensión del trabajo por cuenta propia (TCP) hasta 181 actividades. El número de trabajadores autónomos aumentó  (9/2010) de 157 000, hasta  ((9/2011) los 338 000; mientras, la cantidad de licencias canceladas, oscila alrededor del 25%. En las autorizaciones más demandadas figuran la elaboración y venta de alimentos, transportistas, y el arrendamiento de viviendas (en CUC y CUP). Últimamente, se han suavizado las disposiciones que norman el TCP, atemperando la política impositiva, autorizando la contratación de fuerza de trabajo o elevando de 12 hasta 50 la cantidad de sillas en los paladares. Pesa como limitación para la consolidación de este sector emergente, la ausencia de un mercado mayorista y la  apertura de canales para microcrédito.

También es objeto de redefiniciones y eliminación la política de gratuidades que, debe en el tiempo, quedar acotada a la educación y salud. Se ha reconocido que la economía, con su actual vulnerabilidad, no puede seguir financiando el "modelo de protección social" cubano. Es paradójico que el mayor porcentaje empleados del país labore en la esfera de servicios y no en la productiva. Mediante la gradualidad será suprimida la libreta de abastecimientos; se aplican precios duales para algunos bienes – huevos, frijoles, arroz, etc. --, otros salen a la venta en el mercado paralelo, a precios superiores -- cigarros, tabacos, azúcar, arroz de importación, pasta de dientes, jabón etc. Se liberó (en CUC) el acceso para residentes cubanos a los servicios hoteleros telefonía celular, computadoras personales, reproductoras de DVD, etc. 

Sin embargo, hay coincidencia entre los entendido que el “nudo gordiano” en la superación del “Período Especial” radica en la transformación estructural del sector agropecuario. El Decreto Ley 258 (2008), autorizó la entrega de tierras ociosas a trabajadores privados y cooperativistas; el objetivo está dirigido a incrementar la producción agrícola y pecuaria, sustituir importaciones de alimentos – entre el 70%-80% del consumo--, y elevar las exportaciones. Destaca que hoy los agricultores privados, con algo más del 24% de las tierras cultivables, aportan el 57% de los alimentos; poseen el 60% de la masa vacuna.        

El fondo de tierras ociosas se elevó a 1. 800.000 hectáreas, de ellas se han cedido  1. 131.000 hectáreas a 146.000 usufructuarios; reportándose en producción un 79%; dato interesante, el 30% del nuevo campesinado son menores de 35 años. Esta cifra incluye la entrega de 80. 000 nuevas fincas forestales. Sin embargo, es reconocido que los resultados productivos de los suelos que, estaban inactivos, aún no son significativos. Mientras, no faltan opiniones que insisten en lo imprescindible de aligerar los "mecanismos diabólicos" de transporte y distribución, creados por empresas y ministerios que ya han demostrado su ineficiencia, así como acortar la distancia entre el productor y el consumidor.

En el aparato productivo y en la gestión empresarial se introducen cambios significativos. Ante todo, se restablecieron los esquemas de financiamiento en divisas cerrados; las entidades que generan ingresos en monedas convertibles retienen parte de sus entradas para cubrir sus necesidades de insumos y otras obligaciones internas. En perspectiva, entre otras transformaciones, está previsto que las empresas estatales se financien mediante el sistema bancario, lo que implica que tendrán que hacer frente, con sus resultados económicos, a las deudas contraídas. En el 2011-2015 el país cuenta con un plan quinquenal, después de años de planificación anual y programas específicos.

Por otra parte, un paso importante en el proceso de forja de un consenso nacional en lo concerniente a delinear los contornos futuros de los cambios  que, desde el 2007, han venido dándose en el país, resultó (16-19/4/2011) el VI Congreso del PCC. Los Lineamientos de la Política Económica y Social, en la Resolución sancionada por los delegados al Congreso destacó que el Informe es consecuente con el pensamiento y la acción del compañero Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución, quien ha conducido a nuestro pueblo durante más de medio siglo y continúa contribuyendo a la lucha con sus valiosas reflexiones y orientaciones.

El debate previo por toda la población del documento elaborado por la Comisión de Política Económica del VI Congreso arrojó que, de los 291 lineamientos, 16 fueron integrados en otros, 94 quedaron con la misma redacción, en 181 se modificó su contenido, y se incorporaron 36 nuevos; consta el proyecto final con 313 lineamientos. La mayor cantidad de proposiciones se concentró en la Política Social y Políticas Macroeconómicas, sumando ambas el 50,9% del total. Sumados, la Política para la Construcción, Viviendas y Recursos Hidráulicos, Política para el Transporte y Modelo de Gestión Económica, en estos cinco capítulos, de un total de 12, se concentró el 75% de las opiniones recogidas²⁴.

La versión modificada por la discusión nacional y las realizadas en las sesiones del Congreso fue aprobada. El documento final subrayó que en la “actualización del modelo económico-social” primará la planificación, la cual tendrá en cuenta las tendencias del mercado. Principios que deben armonizarse con una mayor autonomía de las empresas estatales y el desarrollo de otras formas de gestión. El “Modelo” delineado integrará y promoverá, además de las compañías estatales socialistas, sustrato principal de la economía nacional, variantes de la inversión extranjera, las cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructuarios, los arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia, así como otras modalidades que contribuyan  a elevar la eficiencia económica. Las terapias de choque están descartadas.

Por otro lado, en distintos campos clasifican las transformaciones operadas en el desempeño social, económico e institucional, en el entorno que toma la actualización del nuevo “Modelo” que gesta el país. Entre otras adecuaciones, el Consejo de Estado, ha sido liberado de actividades ajenas a su naturaleza como son la subordinación de entidades científicas, comerciales y otras que no corresponden a sus atribuciones de representar a la ANPP, entre una reunión y otra; la Secretaria del CECM solo está circunscripta a las cuestiones afines a sus funciones; los trabajadores sociales, integrados a uno de los  contenidos de la Batalla de Ideas, pasaron a la estructura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, etc.

El VI Congreso del PCC dio un paso importante en el ordenamiento social, al delimitar que el Estado regula lo que concierne al ciudadano, pero no tiene porque  intervenir en las relaciones entre dos individuos. Esta glosa tomó cuerpo en el Decreto Ley 292, del CECM, en vigor desde (1/10/ 2011) que  dictó  las normas para "la transmisión de la propiedad de vehículos por compra-venta o donación" entre cubanos residentes y moradores extranjeros o temporales. La legislación cubre las transacciones entre entidades comerciales y personas naturales, las específicas que incluyen a ciudadanos que salen definitivamente del país, y las que ocurren entre personas naturales.

Recibirán autorización para adquirir carros nuevos en las agencias de venta los cubanos que obtengan ingresos en divisas o CUC por su trabajo en funciones asignadas por el Estado o en interés de éste, para lo cual deben tener permiso del Ministerio de Transporte. La anuencia se  entregará una vez cada cinco años; los  extranjeros residente permanentes o temporales podrán comprar los autos en Cuba o importarlos, con un límite de hasta dos durante su estancia en la Isla.

Fueron promulgadas otras disposiciones que, en el mismo sentido, sistematizaron la compra-venta de viviendas; es valorada la asignación de áreas adicionales, por encima del límite codificado por el Decreto-Ley 259; e igual situación se plantea para la regulación de la política migratoria del país. En este último punto, son variadas las objeciones para reclamar normas más acordes con las tendencias internacionales. Unas razones enjuician el carácter comercial; otras tocan criterios acerca de la categorización de las salidas externas: temporales, residentes permanentes en el exterior, emigración definitiva, derecho a la entrada y salida del país, etc. 

A la vez, entre los pasos dados en el apresto de señales para el despliegue de las tareas derivadas de los Lineamientos aprobados, está el inicio de la recalificación y preparación de los cuadros y dirigentes, mediante cursos en las materias de  gerencia empresarial y entidades del sector público. Igualmente, la provincia de La Habana, quedó demarcada en dos nuevas jurisdicciones (provincias de Artemisa y Mayabeque), donde son desarrollados experimentalmente esquemas organizativos más racionales.       

Sin embargo, como las deliberaciones en el Congreso se centraron en la Política Económica y Social, diseñada para “actualizar el modelo económico” vigente, el Partido dispuso abordar otras cuestiones conceptuales y sociales que atañen a la evolución futura del país, en la Primera Conferencia Nacional del PCC,  efectuada (28/1) del 2012. Dentro de los puntos tratados es posible resaltar, entre otros:    

-Promover la cultura del diálogo y el debate en los ámbitos político, público e institucional; que concite al el respeto y la confianza como premisas para dialogar, debatir, criticar y asegurar un estilo cada vez más participativo y democrático en la toma de decisiones. A partir de los méritos, resultados y cualidades personales, el PCC trabajará para promocionar a cargos principales a mujeres, negros, mestizos y jóvenes.

-Se aboga por el enfrentamiento resuelto a los prejuicios raciales, de género, ante creencias religiosas, orientación sexual, u otros que limiten el ejercicio del derecho de los ciudadanos, entre ellos, ocupar cargos públicos, participar en organizaciones políticas, de masa y en la defensa de la Patria.  También la Conferencia abordó el “silenciado tabú” de la violencia de género e intrafamiliar y la que se manifiesta en las comunidades acordando acciones para combatirla.

-En la lucha contra la corrupción, el PCC combatirá las manifestaciones de indisciplina social e ilegalidades, poniendo el acento central en que todos cubanos somos iguales ante la Ley; para ello, se fortalecerá el control popular y la oposición ante cualquier expresión de impunidad. Asimismo, la Conferencia reafirmó que los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución constituyen el documento rector en la “actualización del modelo económico cubano”. Hace énfasis en la necesidad de promover en el pueblo la cultura económica, jurídica, tributaria y medioambiental.

-La Conferencia analizó y aprobó la propuesta de limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos fundamentales en el Partido, Estado y Gobierno. Además, redefinió algunas de las funciones del PCC; entre ellas, responder en todo el país a necesidades, quejas y denuncias de la población, así como elevar la formación política-ideológica de la militancia. En la política cultural fue reafirmado que, “Palabra a los Intelectuales” (1961) constituye el texto determinante de la política cultural en Cuba.

-Asimismo, se ratificó la voluntad del PCC de comunicar, de manera oportuna, objetiva, sistemática y transparente su política sobre los problemas, dificultades, insuficiencias y adversidades a enfrentar, eliminado las nocivas manifestaciones del secretismo. No quedó fuera de lo aprobado la necesidad de hacer mayor uso de las investigaciones sociales y estudios socio-políticos y de opinión en todos los ámbitos y sectores sociales del país. Se planteó trabajar en conceptualizar los fundamentos teóricos del “modelo económico-social cubano”.

-Finalmente, se enfatizó que lo medios de comunicación masiva reflejen por intermedio audiovisuales, la prensa escrita y digital, la realidad cubana en toda su diversidad en cuanto a la situación económica, laboral y social, género, color de la piel, creencias religiosas, orientación sexual y origen territorial. Tampoco quedó fuera de lo discutido, aprovechar las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones como herramientas para desarrollar el conocimiento, la economía y la actividad ideológica; exponer la imagen de Cuba y su verdad, así como combatir las acciones de subversión contra nuestro país.

Continuará

La parte I se puede encontrar aquí