La desigualdad social en Cuba preocupa en varios sentidos y para evitar rodeos quizás sea conveniente enfocarla directamente desde el ángulo político. Al menos dos preguntas surgen inmediatamente: ¿Es inevitable la desigualdad en el contexto de la actualización del modelo económico en Cuba? ¿Cuáles serían los actores políticos que deben y que pueden definir los niveles de desigualdad “adecuados” para el país?(1)
Para esclarecer esas preguntas es necesario adoptar como premisa el nivel de conocimiento del que disponemos ahora. En ese sentido, sugiero prestar atención al hecho comprobable de que nadie ha logrado presentar hasta el momento el argumento científicamente razonado, y basado en datos de la realidad, que explique por qué un mayor nivel de desigualdad social es una necesidad para un modelo económico descentralizado en Cuba.
No bastaría con enunciar una supuesta vinculación “lógica” entre las variables del análisis (descentralización/apertura y desigualdad) y tampoco sería suficiente referirse a una posible correlación entre esas variables. Haría falta explicar el fenómeno en términos de causalidad y eso no parece haberse hecho para el caso de Cuba, o al menos el resultado de esa investigación no ha sido divulgado públicamente. En rigor, este es un terreno en el que la investigación social contemporánea no permite hacer conclusiones generalizadoras sino todo lo contrario: la explicación de las dinámicas de desigualdad exigen estudios específicos para cada país.
En ese sentido, el caso de América Latina es aleccionador. Existe un estudio de la UNICEF sobre la desigualdad, con datos de 141 países, que señala que aunque la región es la que presenta mayores índices de desigualdad a nivel mundial, esta se redujo en -1.3 por ciento durante el período 2000-2008, cuando 16 de los 21 países de la región que fueron estudiados redujeron el índice de desigualdad(2). Sin embargo, la diversidad de situaciones que se presenta al interior de la región pone claramente de relieve la impracticabilidad de establecer causalidades “fuertes” que tengan validez general, inclusive dentro de la región. Cuatro países latinoamericanos (Brasil, Perú, Argentina y Chile) se encuentran entre los 20 países del mundo que registraron las mayores reducciones del índice de desigualdad entre 2000 y 2008 (reducciones mayores al 3 por ciento), pero las causas por las cuales se produjo una dinámica similar de reducción de desigualdad dentro de ese subgrupo no pueden ser explicadas por una similitud de modelos económicos y sociales dentro del conjunto, porque ese no es el caso (3).
Hay algo disonante en el argumento que se hace respecto a considerar que un mayor nivel de desigualdad sería un aspecto ineludible del futuro de Cuba cuando, por otra parte, América Latina parece estar desandando ese camino (4). En el caso de Cuba, una cosa es tomar nota de que el punto de partida que se tiene para proponer una política de cambio contiene un determinado patrón de desigualdad que aunque normativamente pueda objetarse es algo que ya existe; y otra cosa bien distinta es asumir que ese punto de partida debe ser prolongado en el tiempo, o inclusive agudizarse, porque se piense que la realidad así lo impone. A falta de una argumentación científica esto último sería simplemente una opinión entre varias posibles.
Proyectada hacia el futuro, la desigualdad deja de ser un punto de partida y se convierte en una condición que quizás pudiera ser modificada, sobre todo si se parte de que normativamente se le rechaza. Entonces lidiar con la desigualdad es una cuestión que debería orientarse por el criterio de la posibilidad de transformar esa realidad (la desigualdad) y no asumirla a priori como algo dado que no es realista cambiar.
Qué hacer respecto a ese tipo de posibilidad es algo que se decidirá en la esfera política. Entonces cabe preguntar: ¿cuál sería el fundamento conceptual para asumir que la actualización del modelo económico debe ser compatible, en la práctica, con un sistema político relativamente “bloqueado” a la redistribución social, específicamente en cuanto a reducir el nivel de desigualdad?(5)
La desigualdad es relativa, pero nunca es algo abstracto. Siempre se es desigual respecto a otros, en algún aspecto concreto de la vida o simultáneamente en varios de ellos: ingresos corrientes, riqueza acumulada, dinámicas de género y de etnia, estatus legal, calidad del empleo, posición social, alimentación, educación, vivienda, o acceso a la toma de decisiones, por citar algunos casos.
La desigualdad casi nunca es un accidente social y, generalmente, se construye desde el poder: desde el poder económico y desde el poder político. El 10 por ciento más rico de una sociedad dada no acaba teniendo un ingreso cuatro veces mayor que el subconjunto más pobre de la población -como ocurre como promedio en América Latina (6)-simplemente por una cuestión de suerte, de esfuerzo personal, o como resultado de alguna “ley” o “fuerza” económica ineludible. Tal distribución es el resultado de una estructura económica y social concreta y de la “agencia”(7) de los individuos que operan dentro del sistema político que funciona en los marcos de esa estructura.
Warren Buffet –el hombre más rico de Estados Unidos después de Bill Gates- expresó no hace mucho tiempo que “en realidad ha existido una lucha de clases durante los últimos veinte años y mi clase ha ganado esa guerra”(8). En eso el señor Buffet tiene toda la razón y también lo ha explicado muy claramente: “Somos nosotros quienes hemos visto reducirse más dramáticamente nuestras tasas de impuestos”. O sea, que esa creciente desigualdad social con la que el señor Buffet, de manera precisa y con resonancias leninistas, mide la victoria de su clase sobre las demás, ha sido un resultado de la política pública, no simplemente del mercado.
Mis tres preguntas para el caso de Cuba serían las siguientes:
- ¿Disponemos de evidencia confiable que nos permita verificar si se ha producido en Cuba un incremento de la desigualdad de ingresos? (Nota: delimito la discusión a esa dimensión de la desigualdad para simplificar el debate.)
- ¿Ha producido recientemente las ciencias sociales cubanas alguna explicación de causa-efecto, basada en evidencia empírica de alcance nacional, que permita vincular procesos económicos y políticos nacionales con eventuales procesos de desigualdad en el contexto actual?
- ¿Qué tipología de posicionamientos doctrinales pudiera identificarse en Cuba respecto a la desigualdad de ingresos y cuál pudiera ser la función de tales tomas de posturas en el debate político sobre la actualización?
Mis respuestas a las dos primeras preguntas son negativas. Respecto a la tercera pregunta, creo que es precisamente uno de los temas sobre los que Cuba Posible nos ha invitado a ofrecer respuestas. Por el momento, me limitaré a hacer explícita mi posición. De todas maneras, cabrían primero algunos comentarios respecto a las dificultades que parecen existir para poder hacer ciencia social en Cuba en relación con el tema de la desigualdad social.
Pudiera argumentarse, incluso, que la pobreza es el tema social políticamente más importante y sensible en Cuba. No obstante, mi apreciación es que en el caso de Cuba la pobreza, especialmente la que pudiera considerarse como pobreza “crónica” o “extrema” (condiciones prolongadas de privación)(9), es fundamentalmente un problema de desigualdad. Es decir, que la situación de pobreza debería explicarse esencialmente como resultado de una condición de desigualdad social vinculada al “desempoderamiento” de esas personas. Se trataría, entonces, de ver la pobreza no desde una perspectiva de carencias básicas, ni como un problema de estándares (“líneas de pobreza”), ni desde una perspectiva “minimalista” de vulnerabilidad, ni como un concepto normativo, sino como un fenómeno que debe ser apreciado desde una perspectiva “relacional” (como proceso social constituido por flujos de acciones e interacciones) (10). Considero que se requiere reemplazar el enfoque tradicional de pobreza por un enfoque alternativo, en este caso por el enfoque de exclusión social (11), que permite explicar la pobreza desde una óptica de conflicto social y de poder. En términos más simples: es necesario explicar la pobreza rechazando la despolitización de lo social (12).
El poder de los números (cuando estos están disponibles).
El gobierno cubano no le concede importancia, al menos públicamente, a la medición de la desigualdad de ingresos. No parecen estar disponibles para Cuba las series oficiales actualizadas respecto al indicador más ampliamente utilizado para medir la desigualdad de ingresos (índice de Gini) y, mucho menos, existe una medición oficial de tipo más innovador, como el coeficiente de Palma. Tal ausencia de datos coloca a las ciencias sociales cubanas en una posición insostenible en materia de estudios de desigualdad. En el mejor escenario, el análisis científico se ve limitado a estudios de casos (algo valioso aunque de utilidad restringida), pero la mayoría de las veces esa carencia de análisis riguroso abre paso a la especulación y a opiniones no suficientemente fundamentadas.
Es decir, que no podemos saber con precisión científica aceptable qué es lo que ocurre con la desigualdad en Cuba porque la desigualdad no se mide en el país ya que las instituciones públicas encargadas de hacerlo no se ocupan de ello. Una desigualdad que es intuida, pero que no es medida, no puede ser la base de una investigación social abarcadora sobre el tema. Ya lo he dicho antes, pero me parece importante insistir en que la carencia de investigación favorece el ascenso de una noción que no tiene fundamento científico, como la de afirmar que la desigualdad puede ser beneficiosa para el crecimiento económico, algo que en época reciente ha sido cuestionada, incluso, por aquellos que, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las promovieron anteriormente. A estas alturas debería quedar claro que esa es una noción ideológica, no científica.
En segundo lugar, debería tomarse nota de que esta carencia de datos y de análisis rigurosos hace difícil identificar una posición concreta respecto al nivel de desigualdad que debe ser asumido en los marcos de un proyecto político específico, por ejemplo: en el contexto de la actualización del modelo económico en Cuba. ¿Estaríamos en condiciones de poder discutir y de llegar a un posible acuerdo –al menos a nivel de las ciencias sociales- acerca de si el patrón de distribución de ingreso “deseable” o “tolerable” de la actualización debe parecerse más al de América Latina, al de Rusia, al de China o al de Europa del Este?; ¿Dónde nos colocamos –cuantitativamente hablando- en una discusión concreta sobre una posible “meta” de desigualdad que deba ser monitoreada como parte de la aplicación de la política económica? (13); ¿Qué número le ponemos?
No obstante, necesitamos reconocer que esos datos no los vamos a tener por el momento. Igualmente, iniciar una discusión sobre ese tema, haciendo referencia a patrones de distribución de ingreso de sociedades que son muy distintas de la cubana, pudiera parecer impreciso y en cierta medida lo es. Sin embargo, considero que por lo menos tiene la ventaja de superar el actual diálogo abstracto –hasta ahora muy genérico- respecto a la necesidad de mantener determinados equilibrios no precisos entre desigualdad y crecimiento económico.
Sin tener que ir a una discusión más detallada, el coeficiente de Palma indica que donde más desigualdad existe en el mundo es en África del Sur, con un coeficiente de 5,2. Por otra parte, donde menos desigualdad existe es en Japón, con un coeficiente de 0,9 (14). El coeficiente en América Latina es de 4,0; en Estados Unidos es 2,1; en China es de 2,0; en Rusia es de 1,6; en Europa del Este es 1,2; y en los países nórdicos es de 1,0. En modo alguno estoy tratando de predisponer al lector respecto a conclusiones posibles pues se trata de un tema sobre el cual es necesario hacer más investigaciones y que sobre todo requiere de explicaciones específicas para cada caso, apoyadas en muy diversas y complejas combinaciones de factores.
Sin embargo, si me preguntasen ahora mismo cuál tipo de patrón de distribución pudiera ser considerado como “tolerable” para iniciar la discusión sobre una posible “meta” de desigualdad para la actualización, sugeriría un coeficiente de Palma en el diapasón marcado entre el patrón Nórdico (1,0) y el de Europa del Este (1,2). No conocemos el estándar de distribución del ingreso de Cuba y, por tanto, no podemos compararlo ahora con otros casos. No obstante, por algún lado tendremos que comenzar a hacer una discusión concreta y retener estos patrones pudiera ser de utilidad.
¿Qué nos dicen las ciencias sociales sobre la desigualdad contemporánea?
La medición de la desigualdad ha sido objeto de permanente debate y de incesantes intentos por mejorarla. Las reflexiones sobre el tema han sido particularmente intensas en el marco de la evaluación de los resultados de la “Metas del Milenio” de Naciones Unidas, que serán remplazadas por las nuevas “Metas de Desarrollo Sostenible” de la agenda de desarrollo internacional post-2015. Una buena parte de las discusiones han girado alrededor de la necesidad de perfeccionar un sistema de medición de la desigualdad que, en gran medida, se ha concentrado hasta ahora en un solo instrumento, el indicador Gini, que a juicio de muchos expertos es una herramienta útil pero insuficiente.
Entre las varias propuestas que se han presentado se destaca la desarrollada por el economista chileno José Gabriel Palma, la cual ha encontrado una recepción favorable entre muchos especialistas (15). Probablemente las dos principales virtudes del llamado índice de Palma son la simplicidad técnica de su construcción a partir de series de datos que ya existen, así como su ventaja de poder comunicar de manera sencilla en qué consiste el indicador, una característica que es muy importante para los índices que aspiran a ser útiles para el diseño y gestión de políticas públicas, pues los indicadores más apropiados son los que se basan no tanto en sus propiedades matemáticas sino en su capacidad para ser entendibles tanto por los políticos como por los ciudadanos. Todo proceso de rendición de cuentas debe apoyarse en un entendimiento claro de la información que revele los indicadores que se utilizan para monitorear la implementación de las políticas.
El índice de Palma se calcula a partir de la división de aquella parte del ingreso nacional bruto que va hacia el 10 por ciento de la población más rica del país entre la parte del ingreso nacional correspondiente al 40 por ciento de la población más pobre. Se trata entonces de una medición directa de fácil comprensión: expresa cuantas veces es más “próspera” la cúspide que la base de la pirámide social (16).
No obstante, más importante que la claridad comunicativa del indicador de Palma ha sido el efecto que este ha tenido en cuanto a facilitar una comprensión más precisa de las dinámicas de desigualdad de ingresos. El corolario del trabajo estadístico de Palma se resume en postular que para entender la desigualdad basta con fijarse en la manera asimétrica en la que “los extremos” de una sociedad (la cúspide y la base de la pirámide) se distribuyen el 50 por ciento del ingreso nacional. Esa conclusión ha sido sintetizada en la expresión: “la desigualdad está en los extremos”, la cual pudiera ser entendida como una recomendación acerca de no perder tiempo tratando de explicar la desigualdad analizando todos los segmentos de una sociedad dada, sino concentrando el análisis en “los extremos”.
Pero ello no se refiere simplemente a lo que ya es conocido desde hace mucho tiempo en relación con el hecho de que “los extremos” de una sociedad se apropian de partes disímiles del ingreso nacional. Si el trabajo de Palma se limitase a indicar ese punto, nada nuevo estaría diciendo. La originalidad del estudio y el impacto del mismo se debe a la identificación de una regularidad estadística que proporciona evidencia acerca de que en cada sociedad existe una franja de la población (“el medio”), ubicada entre “los extremos”, a la cual va el 50 por ciento del ingreso nacional, de manera muy estable(17).
A continuación se muestra una representación gráfica de la distribución de ingresos en “el medio” y en los “extremos”, que refleja la situación de los 132 países incluidos en el estudio de Palma. El eje horizontal representa los países y el eje vertical identifica la distribución porcentual del ingreso nacional bruto entre tres grupos de la población de cada país: la cúspide (D10), “el medio” (D5-D9), y la base de la pirámide social (D1-D4) (18).
En el gráfico, los países se han colocado a lo largo del eje horizontal en orden creciente del por ciento del ingreso nacional que va al subconjunto más pobre de la población (D1 a D4), es decir, la base de la pirámide social. Esto significa que los países con mayor desigualdad se ubican a la izquierda del eje horizontal (por ejemplo, África del Sur) y los que tienen menos desigualdad se ubican hacia la derecha (por ejemplo, Japón). Las sociedades con mayor desigualdad son aquellas en las que el 40 por ciento más pobre de la población se apropia de una parte relativamente pequeña del 50 por ciento del ingreso nacional que se supone que debería ser repartido entre la cúspide y la base de la pirámide social (19).
El estudio de Palma parece indicar que si queremos entender la desigualdad no necesitamos estudiar todo el conjunto de la población. Pudiéramos simplificar las cosas dejando de lado “el medio”, donde existe relativa estabilidad distributiva, y concentrándonos en entender los factores específicos de cada país que pudiesen explicar por qué y cómo se producen las disparidades entre “los extremos”.
Las implicaciones que esto pudiera tener para el diseño de políticas redistributivas es evidente: si el objetivo es reducir la desigualdad, entonces el acento de las políticas (no solo de la política social sino, sobre todo, de la política económica) debería ponerse en tratar de reducir la parte del 50 por ciento del ingreso nacional de la que se apropia la cúspide de la pirámide social (el 10 por ciento más rico de la población).
Cuatro hipótesis sobre la desigualdad en el caso de Cuba
Se hace forzoso entender que la desigualdad en Cuba requiere del análisis científico. Comprender el asunto no se resuelve con opiniones ni con conversaciones sobre el tema. No se trata que cada persona deba entender los detalles del análisis científico, sino que se reconozca que el “por qué” y el “cómo” de la desigualdad necesitan explicaciones científicas de causalidad. Las posibles soluciones vendrán de la política y por ello es importante que cualquier debate político pueda estar adecuadamente informado por conocimiento validado por la ciencia, aun cuando debe quedar claro que las ideas científicas son solamente una de las formas del conocimiento que intervienen en el diseño y la aplicación de las políticas públicas.
Si se toma en serio la investigación científica, entonces hay que partir de reconocer que esta no es un asunto de gustos, preferencia u opiniones. La evidencia que produce la ciencia no es un discurso sobre algo. Es cierto que la evidencia puede conducir a malas inferencias pero ese es otro problema. La evidencia desempeña una función muy particular en la mecánica del conocimiento y el proceso de su producción asigna un papel muy importante a las hipótesis, que pueden ser entendidas como propuestas de explicación de un fenómeno a partir de una observación de la realidad. La función de la ciencia es precisamente comprobar si las hipótesis son verdaderas o falsas.
¿Cuáles pudieran ser entonces cuatro hipótesis de trabajo sobre la desigualdad en Cuba que debieran ser examinadas desde una perspectiva científica?:
Hipótesis # 1: El patrón de desigualdad observado en el resto del mundo (revelado por el índice Palma) también es válido para Cuba: el 50 por ciento del ingreso nacional se distribuye en “el medio” y el otro 50 por ciento es disputado por “los extremos”.
Hipótesis # 2: Existe una creciente desigualdad de ingresos en Cuba como consecuencia de un mayor peso relativo del mercado.
Hipótesis # 3: Existe una creciente desigualdad de ingresos en Cuba como consecuencia de una integración económica desventajosa o deficiente de la base de la pirámide social (40 por ciento de la población con menos ingresos)
Hipótesis # 4: Existe una creciente desigualdad de ingresos en Cuba como consecuencia de la exclusión (en buena medida debido a la “expulsión”) de un número considerable de trabajadores del tipo de mercado laboral que es capaz de ofrecer lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina como “trabajo decente”(20).
Una primera observación general es que si el gobierno cubano desea apoyar el análisis científico sobre la desigualdad entonces debería ocuparse inexcusablemente de la creación de la base estadística que les permitiese a los científicos hacer su trabajo. En términos más simples: son necesarias las estadísticas oficiales sobre la desigualdad. En ausencia de ello, ninguna de las hipótesis anteriormente apuntadas pudiera ser evaluada.
A continuación agrego algunas breves notas complementarias sobre las hipótesis descritas. La hipótesis #1 posibilitaría comenzar a arrojar luz acerca de quiénes constituyen “los extremos” sociales en Cuba (el 10 por ciento más rico y el 40 por ciento más pobre), quiénes representan “el medio”, cuánto habría cambiado esa estructura social respecto a la época anterior a la crisis, así como tratar de comprender la manera en que pudieran manifestarse eventuales contradicciones distributivas en la política nacional (21).
En segundo lugar, la hipótesis #2 tendría que comenzar considerando si resulta plausible considerar al “mercado” en sí mismo como la causa directa de una creciente desigualdad en Cuba, pues nos llevaría a la conclusión de que un espacio relativamente más favorable para el libre juego de la oferta y la demanda provocaría directamente que el 10 por ciento más rico de la población de Cuba logre desposeer de una parte del ingreso nacional al 40 por ciento más pobre de la población. En este caso, también sería interesante conocer si se necesitaría de algo mucho más contundente que el juego del mercado para generar un impacto redistributivo positivo para el país.
En tercer lugar, la hipótesis #3 tendría que considerar el papel de la calidad de los diferentes tipos de activos económicos que pudieran causar el enriquecimiento sistémico del 10 por ciento más rico de la población y el empobrecimiento sistémico del 40 por ciento más pobre de la misma. En ese sentido sería relevante considerar que se estaría frente a una situación de desposesión crónica de activos de calidad en la base de la pirámide social porque quienes se encuentren allí solamente podrían vender su fuerza de trabajo en ocasiones de manera ilegal, o porque poseerían medios primitivos para ejercer la actividad mercantil (22). Si esa hipótesis se demostrase, pudiera estarse entonces frente a una modalidad de integración económica de una parte sustancial de la población –asumiendo que efectivamente esta población “funcione” en el mercado- que presentaría contradicciones importantes con un modelo socialista, y entonces plantearía un problema serio en cuanto a la alienación del trabajador (23).
En cuarto lugar, la hipótesis #4, lejos de poder explicarse por una situación de pérdida relativa de ingreso debido a una inserción desventajosa o deficiente (como en el caso de la hipótesis #3) de hecho estaría ubicando la explicación de la desigualdad como una consecuencia de la exclusión social, definida esta como “desempoderamiento” de sectores sociales en mercados básicos como el laboral y el de capitales (24). De ser válida esa hipótesis, pudieran existir serias dudas respecto a la prevalencia de un modelo socialista.
La realidad es que no disponemos de datos concretos ni de análisis alguno que nos permitan pronunciarnos hoy con precisión respecto a la validez de esas hipótesis. Estas necesitan ser investigadas y los posibles mecanismos de causalidad de desigualdad tendrían que ser explicados rigurosamente. En cualquier caso, llamo la atención acerca de que pudiéramos estar ante una desigualdad que necesite ser explicada a partir del funcionamiento de los mercados como “campos de poder”, o sea, que estaríamos hablando de un fenómeno esencialmente político y no solamente económico (25).
¿Paralizando el cambio?
Filosóficamente hablando, el cambio social es indetenible, pero ese no es plano de análisis que me interesa discutir aquí. En su lugar, sugiero enfocar la discusión acerca del cambio social específico que actualmente ocurre en Cuba y las direcciones que se proponen para hacerlo “avanzar” mediante “la actualización del modelo”.
El cambio social que al final logra materializarse raramente se ajusta al plan que se vendió públicamente al inicio y usualmente termina defraudando las expectativas de mucha gente. Y eso se repite una y otra vez en la historia, incluyendo la de nuestro país.
Entender un programa de cambio social, como el asociado a la actualización del modelo económico en Cuba, puede ser complicado y puede tomar tiempo. La complejidad se acentúa cuando se tiene en cuenta que el análisis económico, quizás percibido como más técnico, es relativamente más favorecido que el análisis político, al cual el primero trata de suplantar, aunque creo que no muy satisfactoriamente. En mi modesta opinión el análisis político es más importante que el económico para descifrar la marcha del cambio social actual en Cuba. Me refiero a la aplicación de instrumentos de análisis que permitan entender cómo opera el programa de cambio al nivel de la política concreta, más allá de los discursos, congresos partidistas, y documentos públicos.
La desestimación de la importancia del análisis político, la imposibilidad de realizarlo, o la incapacidad para hacerlo con calidad, tiene el efecto de mantener en la sombra importantes áreas que deben ser iluminadas, como los intereses, los incentivos y las instituciones que modelan y explican la manera en que los actores del cambio funcionan y el modo en que determinadas prácticas políticas afectan el cambio. Poder entender los actores sociales específicos en Cuba y no solamente las “grandes estructuras” es crucial. Comprender que los actores del cambio no tienen “vía libre” pues operan dentro de restricciones que en buena medida son establecidas por las instituciones es importante, pero también lo es entender la manera en que esas estructuras e instituciones si bien son límites, ellas mismas pueden proporcionar a los actores los recursos que en determinadas condiciones les permiten hacer cambios no previstos. Para “aterrizar” el argumento, me refiero, por ejemplo, al tipo de dinámica compleja y no lineal que pudiera experimentar el Partido Comunista de Cuba (PCC), algo que debería ser entendido en el contexto del cambio actual.
Algunos proyectos de cambio que se han sucedido en Cuba desde la irrupción de la crisis hace ya 25 años han puesto en desventaja a muchas personas, aunque es necesario mantener una perspectiva balanceada que permita simultáneamente considerar que mucha gente hubiese estado considerablemente peor de no haber existido una serie de programas sociales de inspiración igualitaria que se mantuvieron, e inclusive nuevos programas que se agregaron durante la crisis, como por ejemplo: los que surgieron en el marco de la llamada “Batalla de Ideas”. Respecto a este último asunto también sería necesario hacer un balance fundamentado en una investigación rigurosa, pues es probable que lecciones valiosas de esa experiencia, que pudieran ser cruciales para combatir la desigualdad, no estén siendo incorporadas en las actuales propuestas de cambio.
Como he expresado antes, habría que investigar el tema, pero hay por lo menos un punto sobre el que modestamente opino: la importancia de concebir la política social sobre la base de la participación activa de los ciudadanos para resolver “problemas de bienes colectivos”(26) y no como tutelaje burocrático para “gestionar” carencias. La política social no debe ser pensada como un “apagafuegos” de la política económica. La política social es también un espacio de construcción de confianza colectiva entre los ciudadanos, y entre los ciudadanos y sus representantes públicos, y ello puede tener una alta utilidad política (27).
Me interesa también llamar la atención acerca de que la parte de la población cubana que vio degradada su posición social durante la crisis no terminó en una posición de pobreza y de desigualdad de manera voluntaria o accidental. Existen casos en que fueron colocados en su nuevo estatus social mediante algún tipo de política pública. No estoy juzgando intenciones, estoy describiendo sucintamente un proceso respecto al cual invito a revisar dos ejemplos concretos.
Quizás baste mencionar dos grupos de ciudadanos que han sufrido procesos de “desempoderamiento” notorios durante el “Periodo Especial”: los trabajadores y habitantes de antiguas zonas azucareras liquidadas durante la llamada restructuración acelerada de la industria azucarera a partir del año 2002, que significó el cierre definitivo de 70 de los 156 centrales azucareros existentes; y los inmigrantes internos, especialmente de la región oriental, que han sido afectados por las restricciones del Decreto-Ley 217 de 22 de abril de 1997, que instauró las “Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana”. Son dos casos relevantes y aleccionadores de “desempoderamiento” contemporáneo en Cuba que la antropología social cubana ha documentado de manera excelente (28).
Estamos hablando aquí de procesos que no son solamente, ni fundamentalmente, económicos, sino eminentemente políticos. A fin de cuentas se trata de procesos condicionados por políticas públicas que han reducido el control de esas personas sobre sus vidas y que prácticamente han anulado sus capacidades para definir sus propias agendas.
Desde esa perspectiva, cabe la duda de que si algo así sucedió antes de que se adoptase formalmente la apelación a un socialismo “menos igualitario”(29), ¿qué podría ocurrir después de ser aceptado? Esto me trae a la mente el sarcasmo de Marx cuando describió la marcha triunfal del capitalismo: “…el otrora poseedor de dinero abre la marcha como capitalista; el poseedor de fuerza de trabajo lo sigue como su obrero; el uno, significativamente, sonríe con ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: que se lo curtan”.
No estoy diciendo que sea eso lo que vaya a ocurrir. En materia de sociedad, el futuro no es predecible. Pero para entendernos claramente, la pobreza y la desigualdad ya han estado produciendo, entre otros males, fenómenos de anomia social, escapismo, transgresión, emigración y desmovilización política en el país. Eso no es una posibilidad abstracta que pudiera ocurrir o no en Cuba, sino una realidad que padecemos desde hace algún tiempo.
Considero que hay un tipo de cambio que habría que paralizar, cuanto antes mejor: aquel que pudiera conducir a que le curtan el pellejo a un número mayor de cubanos. Me refiero a la importancia de tratar de detener propuestas de cambios que consideren que la desigualdad es el pago de peaje necesario para llegar al progreso económico en Cuba.
Sugiero considerar tres razones para intentar detener esa clase de cambio. Primero, una razón moral, el ethos solidario que ya he expresado en un texto anterior, de manera que no agrego nada más (30). Segundo, entender que la visión que inspira ese tipo de cambio se basa solamente en opiniones que no han podido ser sustentadas rigurosamente y que, por tanto, no es posible sostener racionalmente ese postulado. Tercero, paralizar esa dirección del cambio, constituye un exigencia de realismo político. En general, no existe sociedad quebrada por la desigualdad en la que funcione bien la democracia. Una gran parte de la población cubana ha sufrido la arremetida de la desigualdad durante demasiado tiempo y no es realista asumir que esa parte de la población se sienta inclinada a apoyar un programa político que considere una acrecentada desigualdad social como el estado normal de las cosas (31).
Los problemas de desigualdad social en Cuba se supone que sean remediados por la política, pero ¿quiénes deben definir los niveles de desigualdad “adecuados” del país?; ¿quiénes pueden tratar de implementar políticas públicas orientadas por tales niveles?; ¿quiénes aceptarían tales criterios y políticas?; ¿quiénes discreparían?; ¿quiénes se organizarían políticamente para oponerse a la aplicación de esos criterios?; ¿cuál visión lograría imponerse y cómo se aplicaría?; y ¿cómo gestionar los costos políticos eventualmente derivados de la aplicación de las decisiones? Considero que es ahí, y no en otra parte, donde se ubican los principales retos del país en el terreno de la desigualdad.
Ese tipo de cambio es perfectamente interrumpible y existen soluciones alternativas que pudiesen ser desarrolladas. Sin embargo, la posibilidad de que ocurra o no, se decidirá en el terreno de la política. Eso ya lo sabemos y esperamos que la decisión se beneficie de un amplio proceso participativo.
¿Qué hacer entonces desde las ciencia sociales?: investigar y producir conocimiento de calidad; pedirle a las instituciones oficiales que se ocupen de medir la desigualdad; tratar de darle “densidad” científica al debate público sobre la desigualdad (aportando evidencia y análisis rigurosos); alertar sobre el peligro social de la creciente desigualdad; sacar el debate sobre la desigualdad de una especie de neutralismo políticamente correcto que lo empobrece, y politizar la discusión de lo social. Esas parecen ser algunas de la áreas importantes para tratar de contribuir, de manera modesta, a desarrollar el conocimiento que permita nutrir una conciencia que pueda detener los componentes del cambio que pudieran favorecer la “marcha triunfal” hacia una mayor desigualdad social en Cuba.
Notas al pie:
1. Aunque los términos agente y actor se emplean frecuentemente de manera intercambiable, prefiero utilizar el término de actor pues me parece que le reconoce márgenes de decisión y de acción más amplios al individuo, es decir reconoce su autonomía y capacidad de creación e innovación. Por otra parte, el concepto sociológico de agente considera al individuo como un reproductor de prácticas que en general se desarrollan según la posición que ocupa el individuo en un espacio social. Ver, Oscar Fernández, “Pierre Bourdieu: ¿Agente o Actor?”, Tópicos del Humanismo, No. 90, 2003, San José, Costa Rica.
2. El estudio se basa en el índice de Gini. Ver, Isabel Ortiz y Matthew Cummins. “Global Inequality: Beyond the Bottom Billion – A Rapid Review of Income Distribution in 141 Countries”. UNICEF Social and Economic Policy Working Paper. April 2011. (obviamente Cuba no es uno de los países del estudio). Disponible en http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Global_Inequality.pdf
3. Debe considerarse que la reducción de la desigualdad en la región durante el período más reciente 2000-2008 había estado precedida por un incremento de la desigualdad en la década anterior, que significa que durante el periodo más amplio que va desde 1990 a 2008 la desigualdad en América Latina creció en 1,5%. Más importante aún es tomar en cuenta que esas reducciones recientes (2000-2008) del índice de Gini se han producido sobre una base muy alta de desigualdad histórica en la región, un tema del que se han ocupado durante mucho tiempo las ciencias sociales y sobre el que existe una copiosa literatura científica. Además, cabe destacar que el índice de Gini, al que se le reconoce utilidad, ha sido también criticado en el contexto de un proceso de búsqueda de otros indicadores de desigualdad de ingreso. Ese es un asunto que se abordará más adelante en este trabajo.
4. No estoy diciendo que exista una decisión política generalizada en la región respecto a reducir “en serio” la desigualdad. Me refiero a la dinámica más reciente que parecen mostrar los datos anteriormente citados pero me queda claro que los indicadores agregados pueden ocultar más de lo que son capaces de revelar, de manera que tomo con cautela las recientes tendencias estadísticas de desigualdad en América Latina.
5. Este es un punto importante. Aun cuando un partido político asuma la postura de que no hay nada que hacer, o muy poco que hacer, en cuanto a reducir la desigualdad, puede ocurrir que el sistema político (que es más amplio que un partido dado, por mucho poder que este pueda tener) no tiene necesariamente que comportarse como un sistema político bloqueado a la redistribución. Pudieran aparecer dinámicas políticas que modificasen la correlación de fuerzas. Para citar un caso de moda, ahí está la reciente experiencia de Grecia en cuanto al manejo político de los programas de austeridad.
6. Ver, Palma, José Gabriel. “Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of the ‘Inverted-U’: the share of the rich is what it’s all about”. Cambridge Working Papers in Economics (CWPE) 1111, January 2011. Disponible en http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe1111.pdf
7. Utilizo aquí el concepto de “agencia” en el sentido más ampliamente empleado en las ciencias sociales como capacidad de los seres humanos para tomar decisiones y actuar con la intención de producir un efecto; como la habilidad de actuar de manera intencional, de intervenir con un propósito. También definida como la capacidad socioculturalmente mediada de actuar.
8. Entrevista concedida por Warren Buffet a CNN el 30 de septiembre de 2011. Reportada por The Washington Post. http://www.washingtonpost.com/blogs/plum-line/post/theres-been-class-warfare-for-the-last-20-years-and-my-class-has-won/2011/03/03/gIQApaFbAL_blog.html
9. Tal y como muchos investigadores y funcionarios cubanos han sostenido desde hace tiempo, las situaciones agudas de pobreza en Cuba no se ajustan exactamente a las definiciones corrientes de pobreza “crónica” ni a las situaciones de pobreza extrema que se encuentra en la realidad de muchos países, pues aunque las condiciones más graves de pobreza en Cuba pudieran compartir algunas características básicas de las definiciones estándares de pobreza “crónica” o de la realidad de la pobreza de otros lugares, el hecho comprobable es que la existencia de políticas de corte igualitarista en Cuba, especialmente en el caso de la educación, la salud, el aseguramiento de parte de la alimentación (aunque insuficiente), y otros programas sociales, le confieren particularidades especificas a la pobreza “crónica” en Cuba.
10. Una sucinta y clara explicación de la perspectiva sociológica relacional puede ser consultada en Christopher Powell and François Dépelteau (compiladores). Conceptualizing Relational Sociology: Ontological and Theoretical Issues. Palgrave McMillan, New York, 2013.
11. Me adhiero al enfoque de exclusión social propuesto por Juan Pablo Pérez Sáinz. Ver de este autor, Sociedades fracturadas: la exclusión social en Centroamérica. San José, C.R: FLACSO, 2012; y Pérez Sáinz, J.P. y Mora Salas, M. La persistencia de la miseria en Centroamérica. Una mirada desde la exclusión social, San José, Fundación Carolina/ FLACSO. 2007.
12. Obviamente no se trata simplemente de “narrar” lo social añadiendo términos de la esfera política, ni de discursear en abstracto sobre el asunto. Lo que se necesita es investigar acerca de lo social utilizando la teoría, la metodología y los instrumentos de los que disponen las ciencias sociales para hacer análisis político.
13. El término de “meta” de desigualdad es utilizado aquí en el sentido de poder disponer de un marcador cuantificable de desigualdad que pueda ser monitoreado durante la implementación de la política económica con el propósito de tratar de funcionar por debajo de ese nivel y que permita alertar a tiempo si se necesitan medidas correctivas. Obviamente no nos referimos aquí a “meta” como un objetivo que deba ser explícitamente alcanzado porque se le considere deseable. Todo lo contrario.
14. El coeficiente de Palma se calcula a partir de la división de la parte del ingreso nacional bruto que va hacia el 10% de la población más rica del país entre la parte del ingreso nacional correspondiente al 40% de la población más pobre.
15. Un interesante análisis sobre el trabajo del economista chileno José Gabriel Palma acerca de la desigualdad de ingresos puede ser consultado en Alex Cobham y Andy Sumner . 2013. “Is It All About the Tails? The Palma Measure of Income Inequality.” CGD Working Paper 343. Washington, DC: Center for Global Development.
http://www.cgdev.org/publication/it-all-about-tails-palma-measure-income-inequality
16. En este caso, la “prosperidad” es medida por los ingresos. Ver, Palma, José Gabriel. “Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of the ‘Inverted-U’: the share of the rich is what it’s all about”. Cambridge Working Papers in Economics (CWPE) 1111, January 2011. Disponible en http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe1111.pdf
17. La regularidad del patrón de desigualdad detectado en el análisis de Palma es significativa pero lógicamente se observan desviaciones respecto a la media en ciertos casos particulares. Por ejemplo, en América Latina hay 4 casos en los cuales la proporción del ingreso nacional que va que “el medio” es inferior al 50% (Brasil, Chile, Colombia y Haití). Ver Palma, op. Cit. pag. 21.
18. En la metodología utilizada por Palma (con la población total dividida en diez “deciles”), “el medio” se define por los “deciles” del 5 al 9 (D5 a D9), mientras que “los extremos” están formados por dos grupos: el “decil” más rico (D10) y el 40% más pobre de la población, que abarca los “deciles” del 1 al 4 (D1 a D4).
19. El caso de América Latina presenta una situación complicada para el 40% más pobre. Así, en seis países de la región, incluyendo Brasil y Colombia, el por ciento del ingreso nacional correspondiente a ese grupo de la población apenas alcanzó el 10% del ingreso nacional. Ver Palma, op. cit. pag. 19.
20. La definición aportada por la OIT es la siguiente: “El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”. Consultar http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
21. Supongo que sería quizás una buena manera de revisitar la cuestión de las clases sociales en Cuba, un tema al que normalmente los analistas le pasan por el lado, como de puntillas, pero respecto al cual sería oportuno hacer una discusión más precisa, algo que no es capaz de proporcionarnos la referencia, demasiado abstracta y despolitizada, respecto al surgimiento en Cuba de una sociedad “más diversa”, lo que a fin de cuentas parece ser una especie de código neutral para referirse a un cambio social en el que eventualmente reaparecen clases sociales que coexisten con grupos de desclasados y de “re-clasados” (sé que este último término no es correcto en castellano pero con el mismo quiero aludir a personas que pudieran haber cambiado de clase social en el marco de la crisis).
22. Como contraste, pudiera ser que el 10% más rico de la población contase a su favor con activos económicos –propios o en usufructo- de características muy específicas (p.ej. tierras, viviendas, capitalización de remesas, o algunos tipos de conocimiento y habilidades difícilmente reproducibles) que fuesen mucho más redituables en los marcos de la actualización.
23. Agradezco el señalamiento del colega Dimitri Prieto en relación con la importancia de considerar el tema de la alienación del trabajador en el contexto de las discusiones sobre la desigualdad en Cuba.
24. El sociólogo Juan Pablo Pérez Sáinz explica la exclusión social como resultado del desempoderamiento. En el caso específico del desempoderamiento en el mercado laboral “este se expresa, en el campo de condiciones de explotación, en el trabajo sin ningún tipo de estatuto no mercantil; y tampoco hay que olvidar el fenómeno del desempleo; este implica que la capacidad laboral no es reconocida en el mercado de trabajo”. Juan Pablo Pérez Sáinz. Sociedades fracturadas: la exclusión social en Centroamérica. San José, C.R: FLACSO, 2012. Pag. 33.
25. Juan Pablo Pérez Sáinz. Sociedades fracturadas: la exclusión social en Centroamérica. San José, C.R: FLACSO, 2012. Pag. 30.
26. Aquí se definen los “problemas de bienes colectivos” no solamente como aquellos que en general requieren solucionar cuestiones de beneficio general sino sobre todo aquellos para los que se promueven soluciones con independencia de las posibles contribuciones y beneficios individuales de los que participan en el proceso. Una campaña de alfabetización sería un caso típico. Resolver problemas de integración juvenil por la vía de incorporarlos al trabajo social también sería otro caso.
27. Estoy consciente de que sugerir que se mire de manera rigurosa la experiencia de los programas de la “Batalla de Ideas” pudiera ser no muy popular, pero lo que fundamentalmente digo es que se trata de un tema legítimo de investigación social. No tendría sentido convertir en un “agujero negro” un proceso de dimensiones y de alcance considerables que desempeñó durante más de una década un papel central en la política social del país.
28. Sobre el caso de las poblaciones de antiguas áreas azucareras puede consultarse el esmerado estudio de Ana Vera titulado “Guajiros del siglo XXI” y para el caso de la inmigración interna recomiendo el detallado trabajo de Pablo Rodríguez Ruiz “Los marginales de las alturas del Mirador. Un estudio de caso”.
29. La fórmula ha sido planteada como “un socialismo próspero y sostenible, menos igualitario y más justo”.
30. Pedro Monreal, “¿Puede “hacerse” Patria con desigualdad?: una observación y cinco preguntas”. Cuba Posible, Junio de 2015. http://cubaposible.net/articulos/puede-hacerse-patria-con-desigualdad-una-observacion-y-cinco-preguntas-2-aa5-6-8-2-6
31. Aquí anoto que el asunto es complejo debido a un posible impacto de los procesos de comunicación social, que como se sabe tienen sobrada capacidad para distorsionar la realidad.
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