Por Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University, was Chairman of President Bill Clinton’s Council of Economic Advisers and served as Senior Vice President and Chief Economist of the World Bank.
NUEVA YORK – Recientemente se llevó a cabo la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en la capital de Etiopía, Addis Abeba. La conferencia se celebró en un momento en que los países en desarrollo y los mercados emergentes han demostrado su capacidad de absorber grandes cantidades de dinero de manera productiva. De hecho, las tareas que estos países están emprendiendo – realización de inversiones en infraestructura (carreteras, electricidad, puertos, y mucho más), construcción ciudades que un día van a llegar a ser el hogar de miles de millones de personas y desplazamiento hacia una economía verde – son realmente enormes.
Al mismo tiempo, no escasea el dinero que está esperando ser puesto a un uso productivo. Hace apenas unos años, Ben Bernanke, el presidente de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos, habló de un exceso de ahorro mundial. Y, no obstante, los proyectos de inversión con alta rentabilidad social padecían por escases de fondos. Eso sigue siendo cierto hoy en día. El problema, en aquel entonces al igual que ahora, fue y es que los mercados financieros del mundo en vez de cumplir con su objetivo de realizar una intermediación eficiente entre el ahorro y las oportunidades de inversión, asignan mal el capital y crean riesgo.
Hay otra ironía más. La mayoría de los proyectos de inversión que necesita el mundo emergente son de largo plazo, al igual que lo son gran parte de los ahorros disponibles – es decir, los millones de millones en ahorros que se encuentran en cuentas de jubilación, fondos de pensiones y fondos soberanos. Pero nuestros cada vez más miopes mercados financieros se interponen entre los dos.
Mucho ha cambiado en los 13 años que transcurrieron desde la Primera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo International que se celebró en Monterrey, México, en el año 2002. En aquel entonces, el G-7 dominaba la formulación de políticas económicas a nivel mundial; hoy en día, China es la economía más grande del mundo (en términos de paridad del poder adquisitivo), con un nivel de ahorro que supera en alrededor de un 50% al nivel de EE.UU. En el año 2002, se pensaba que las instituciones financieras occidentales eran magos en la gestión del riesgo y la asignación de capital; hoy en día, vemos que son magos en la manipulación de los mercados y otras prácticas engañosas.
Atrás han quedado los llamamientos que instan a los países desarrollados a que cumplan con su compromiso de dar al menos un 0,7% de su ingreso nacional bruto (INB) en ayuda al desarrollo. Unos cuantos países del norte de Europa – Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia y, sorprendente, el Reino Unido – en medio de su austeridad auto-infligida – cumplieron su promesas en el año 2014. Sin embargo, Estados Unidos (país que dio 0,19% de su INB en el año 2014) se queda muy, muy lejos.
Hoy en día, los países en desarrollo y los mercados emergentes dicen a EE.UU. y a los otros países: Si no van a cumplir sus promesas, al menos, no sean un estorbo en el camino y déjennos construir una arquitectura internacional para una economía mundial que también beneficie a los pobres. No es sorprendente que las hegemonías existentes, encabezadas por EE.UU., estén haciendo todo lo posible por frustrar tales esfuerzos. Cuando China propuso crear el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras para ayudar a reciclar algunos de los excesos de ahorro mundial dirigiéndolos hacia lugares donde el financiamiento es muy necesario, EE.UU. trató de torpedear el esfuerzo. La administración del presidente Barack Obama sufrió una dolorosa (y muy vergonzosa) derrota.
EE.UU. también está bloqueando camino del mundo hacia un estado de derecho internacional para la deuda y las finanzas. Si los mercados de bonos, por ejemplo, van a funcionar bien, se debe encontrar una manera ordenada para resolver los casos de insolvencia soberana. Sin embargo, hoy en día, no existe tal manera. Ucrania, Grecia y Argentina son ejemplos del fracaso de los acuerdos internacionales existentes. La gran mayoría de países ha pedido la creación de un marco para la reestructuración de las deudas soberanas. EE.UU. continúa constituyéndose en el principal obstáculo para ello.
La inversión privada es también importante. Pero las nuevas disposiciones sobre inversión incluidas en los acuerdos comerciales que el gobierno de Obama está negociando en ambos océanos implican que cualquier inversión extranjera directa viene acompañada por una marcada reducción en la capacidad de los gobiernos para regular el medio ambiente, la salud, las condiciones de trabajo e incluso la economía.
La posición de Estados Unidos en relación con el tema más debatido en la conferencia de Addis Abeba fue particularmente decepcionante. A medida que los países en desarrollo y los mercados emergentes abren sus puertas a las multinacionales, se hace cada vez más importante que puedan imponer impuestos a estos gigantes, gravando las ganancias generadas mediante la actividad empresarial que se produce dentro de sus fronteras. Apple, Google y General Electric han demostrado ser genios para evitar impuestos que excedan lo que ellos emplean para la creación de productos innovadores.
Todos los países – tanto los desarrollados como los en desarrollo – han estado perdiendo miles de millones de dólares en ingresos fiscales. El año pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio a conocer información sobre las decisiones fiscales de Luxemburgo que expusieron la magnitud de la evitación y evasión fiscal. Si bien un país rico como EE.UU. pudiese soportar el comportamiento descrito en las denominadas Fugas de información de Luxemburgo o “Luxembourg Leaks”, un país pobre no puede hacerlo.
Fui miembro de una comisión internacional, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, cuya labor es examinar maneras que reformen el sistema tributario actual. En un informe presentado a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, acordamos por unanimidad que el sistema actual está averiado, y que algunos pequeños ajustes no lo repararán. Hemos propuesto una alternativa – similar a la manera en la que las corporaciones son gravadas dentro de EE.UU., con ganancias asignadas a cada Estado sobre la base de la actividad económica que ocurre dentro de las fronteras estatales.
EE.UU. y otros países avanzados han estado presionando para que se realicen cambios mucho más pequeños, mismos que irían a ser recomendados por la OCDE, que es el club de los países desarrollados. En otras palabras, los países de los que provienen los políticamente poderosos evasores y evitadores de impuestos son los países que se supone tienen que diseñar un sistema para reducir la evasión fiscal. Nuestra Comisión explica por qué las reformas de la OCDE fueron, en el mejor de los casos, pequeños ajustes a un sistema fundamentalmente defectuoso y son simplemente inadecuadas.
Los países en desarrollo y los mercados emergentes, encabezados por la India, argumentaron que el foro adecuado para debatir tales temas mundiales era un grupo ya establecido en las Naciones Unidas, el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación, y que era necesario elevar el nivel de su situación jurídica y financiamiento. EE.UU. se opuso de manera tenaz: quería mantener las cosas como en el pasado, que la gobernanza mundial sea lleva a cabo por y para los países desarrollados.
Las nuevas realidades geopolíticas exigen nuevas formas de gobernanza mundial, en las que la voz de los países emergentes y en desarrollo resuene más alto y con mayor peso. EE.UU. impuso su parecer en Addis Abeba; sin embargo, también mostró que se encuentra en el lado equivocado, una postura que será juzgada por la historia.
Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.
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