Cuba ante el cambio de modelo económico

Por Luismi Uharte, Kaos en la Red

¿Cambio de modelo? Desde el año 2007 el gobierno cubano está aplicando una serie de medidas económicas que han generado un fecundo debate tanto dentro como fuera de la isla. En la denominación oficial del proceso de transformaciones económicas destaca la idea de “actualización del modelo”, con el claro objetivo de intentar diferenciarse de las transiciones al capitalismo de la URSS y de la Europa del Este. Se pretende, por tanto, transmitir la visión de que lo que se está “actualizando” es el socialismo.

Sin embargo, también es cierto que una gran parte del stablishment intelectual cubano coincide en que el cambio económico es profundo. José Luis Rodríguez, ex ministro de Economía, reconoce que las transformaciones económicas “son las de mayor complejidad en toda la historia revolucionaria”. Juan Triana, uno de los economistas más prestigiosos en la actualidad, señala que el cambio es holístico y que viene acompañado de “profundas transformaciones institucionales”. Rafael Hernández, conocido intelectual, afirma que el cambio es también político e ideológico.

¿Por qué? La palanca fundamental para impulsar el cambio económico es el amplio consenso sociológico respecto al agotamiento del modelo. Esta percepción (explícita o implícitamente) es transversal desde la base hasta la elite política y académica. Antonio Romero, de la Universidad de La Habana, recuerda que las máximas autoridades del país promovieron el cambio por los “problemas estructurales” que caracterizan a la economía cubana. El propio Raúl Castro declaró que se había acabado el tiempo “de bordear el abismo”.

Mientras en los noventa la crisis económica se interpretó como producto de factores externos (caída del campo socialista y endurecimiento del bloqueo de EE.UU.), ahora se considera principalmente un problema interno. Jorge Sánchez Egozcue, del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), enumera alguno de los problemas endémicos del modelo, los cuales fueron reconocidos por el Partido Comunista Cubano: excesiva centralización, paternalismo estatal, subsidios masivos a niveles insostenibles, fuerte descapitalización industrial y agrícola…

Fases del cambio. El cambio más reciente comienza en 2007 pero el proceso se originó hace 25 años. La primera fase se inició en los años 90, en el marco del llamado ‘Periodo Especial’ y las medidas fundamentales fueron: apertura a la Inversión Extranjera y creación de empresas mixtas, legalización del trabajo privado por cuenta propia (autoempleo), surgimiento de nuevos sectores estratégicos (turismo, biotecnología, servicios médicos), impulso a la cooperativización del agro, despenalización del dólar y regularización de las remesas que enviaban los cubanos del exterior.

Una segunda fase se abre a finales de la década cuando, según Omar Pérez Villanueva, investigador del CEEC, se produce un proceso de recentralización empresarial y se paralizan las licencias para el cuentapropismo, en el marco del acercamiento a Venezuela y la intensificación del conflicto con Washington (gobierno de Bush).

La tercera fase empieza a abrirse paso con la llegada de Raúl a la presidencia (2006-2007). Juan Triana divide esta última fase en varias etapas. Un primera, hasta el 2009, dedicada a “resolver urgencias”: aumentar la producción agrícola y reducir la importación de alimentos a través de la entrega de tierra a campesinos privados; generar más fuentes de trabajo por medio de la legalización de nuevos empleos por cuenta propia; y eliminar una serie de prohibiciones históricas (entrada a hoteles, compra-venta de vivienda, teléfonos celulares…).

Un segundo momento (2010-2011) en el que tras un debate en el que participaron millones de personas la Asamblea Nacional y el PCC aprueban los ‘Lineamientos de la Política Económica y Social’, una hoja de ruta para el cambio. Posteriormente, se produce el histórico discurso de Raúl Castro, cuando plantea que “queremos un socialismo próspero y sostenible”.

Socialismo “próspero y sostenible”. La aspiración del presidente de construir un país ‘próspero y sostenible’ supone el reconocimiento de que el socialismo presente adolece de dos ingredientes básicos de todo sistema.

El innegable problema migratorio –de profesionales y de jóvenes- es aceptado como uno de los factores que evidencia la falta de un horizonte próspero para un porcentaje importante de la población. A su vez, la prosperidad se asocia cada vez más al logro de un salario que permita afrontar los gastos regulares de la vida cotidiana, lo cual no es posible con la mayoría de los sueldos estatales.

Paralelamente, la dificultad para hacer sostenible el modelo económico queda patente si nos atenemos a los bajos niveles de productividad. Miguel Figueras, Premio Nacional de Economía 2007, destaca que la productividad industrial está un 50% por debajo de la de los años ochenta.

La mayoría de los economistas señalan que será fundamental en los próximos años acelerar el crecimiento económico. Un planteamiento que a algunos sectores de la izquierda europea puede parecerles extemporáneo pero que en Cuba cobra absoluta centralidad por dos razones: el limitado volumen de riqueza a repartir y las expectativas de mejorar el nivel de vida, absolutamente legítimas, de la mayoría abrumadora de la ciudadanía cubana. Los esfuerzos exigidos desde el confortable exterior pueden resultar sumamente frívolos e irritantes para el cubano de a pie.

El impulso al crecimiento lo asocian con el aumento de la inversión y concretamente con la Inversión Extranjera, otro de los temas polémicos. La falta de acceso a la financiación internacional tradicional (agencias multilaterales) presiona aún más al gobierno para buscar socios extranjeros dispuestos a invertir en la isla. La construcción de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, a pocos kilómetros de la capital, con el apoyo directo de capital brasileño, aspira a convertirse en un polo de atracción de inversión y de desarrollo de nuevas industrias tecnológicas, según Triana.

¿Cómo? Los mecanismos principales para impulsar el nuevo modelo serían la descentralización, la desestatización parcial y un nuevo paradigma de distribución de la riqueza. La descentralización de la gestión, según Ariel Terreros, periodista económico, es un aspecto clave del proceso, no para privatizar sino para ser más eficientes.

Esta se materializaría en 2 sentidos: transfiriendo poder de decisión a las empresas públicas para hacerlas más participativas, competitivas y autosuficientes; otorgando mayor poder a los municipios. En este sentido, resulta muy alentadora la experiencia piloto de gestión local autónoma y descentralizada que se está desarrollando en los municipios de Artemisa y Mayabeque y que pretende después extenderse al resto del país.

La desestatización parcial o desconcentración de la propiedad es otro de los pilares. Dos tipos de propiedad no estatal se consideran necesarios y complementarios en los ‘Lineamientos de la Política Económica y Social’. Por un lado, el cooperativismo, en su concepción de propiedad social y por tanto como alternativa para construir otro tipo de socialismo. Para Gilberto Valdés, del Instituto de Filosofía, existe una voluntad política de otorgar prioridad a las cooperativas frente al sector privado en el proceso de desestatización.

El plan de extensión de cooperativas se inició en 2013 y su objetivo principal es la creación de cooperativas más allá del sector agrario. Hasta el momento, la mayoría de las cooperativas (unos cientos) han surgido en el sector servicios (restaurantes, transportes…) y su presencia en la industria es muy baja.

Por otro lado, se debe resaltar que la cooperativización está sufriendo notables retrasos ya que su aprobación está sujeta a una lógica extremadamente burocrática y centralizada, pues en última instancia el visto bueno lo da el consejo de ministros, asegura Manuel Orrio, analista político. Fernando Ravsberg afirma que las licencias para abrir un negocio particular se otorgan habitualmente con más rapidez (alrededor de 15 días) que para legalizar una cooperativa, que suele tardar varios meses.

El otro actor relevante en el nuevo esquema de propiedad es el cuentapropista. En realidad estamos hablando del sector privado, tanto en su concepto de autónomo autoempleado como el de pequeño empresario. Si en los años 90 el cuentapropismo fue considerado un mal menor, ahora se concibe como un agente funcional para el desarrollo, lo cual supone un cambio drástico de visión.

El número de trabajadores por cuenta propia ha aumentado sustancialmente en los últimos 4 años, tras la apertura de licencias a diversos oficios, pasando de 150.000 a casi medio millón de personas en la actualidad. J.L. Rodríguez precisa que el empleo no estatal representa el 26% y en un futuro cercano puede alcanzar el 35%. En el sector agrícola, incluso, se prevé que el Estado solo produzca el 20% de las tierras, quedando el resto en manos de cooperativas y privados, manifiesta el sociólogo Juan Valdés Paz. De cualquier manera, el Estado seguirá teniendo la propiedad y por tanto el control de los sectores estratégicos de la economía.

El nuevo modelo plantea a su vez un nuevo paradigma de distribución de la riqueza, donde el esquema de redistribución altamente centralizado y estatal será sustituido por una nueva ecuación en la que van a tener más peso los salarios, los impuestos y una política social redefinida. Esto significa que el salario debe convertirse en la vía principal de acceso al bienestar social y que la recaudación de impuestos (por actividades económicas) va a tener cada vez mayor importancia.

Finalmente exige una política social acorde al tiempo presente, donde el subsidio universal (p.ej. libreta de abastecimiento) se ha convertido en un mecanismo injusto debido a las importantes diferencias sociales existentes entre unos estratos sociales y otros. La experta en temas de desigualdad, Mayra Espina, identifica a los grupos vulnerables que deberán ser objeto de atención particular en los próximos años: por género (mujeres), por color (negros y mulatos), por territorio (zonas rurales y oriente del país), por ubicación laboral (empleados estatales y pensionistas).

Perspectivas. A corto plazo, lo más probable es que el proceso de descentralización y desestatización parcial avance sin prisa pero sin pausa. Por tanto, el ritmo continuará siendo suave, lo cual, según Hernández no es necesariamente una deficiencia, teniendo en cuenta “los desastres de Europa del Este”.

Pero a su vez, como bien recuerda Triana, no hay que olvidar que “la cotidianeidad se impone”. “Los tiempos de la gente son el día a día y tienes que resolver sus problemas cotidianos. No puedes estar diciendo: dentro de 50 años tendremos…La población desconecta si tu modelo no le sirve”. En síntesis, Cuba se enfrenta a un cambio de modelo económico inédito desde la Revolución del 59, y el ritmo del proceso se convierte en un arma de doble filo, en un artefacto extremadamente difícil de gestionar.

Luismi Uharte. Doctor en Estudios Latinoamericanos