Producción y comercialización agropecuaria: recientes medidas y posibles impactos

Ante el alza creciente de los precios de los productos agropecuarios, al Estado le corresponde rectificar las fallas del mercado, sin dejar de lado el estudio de la cadena productiva de valor y sus diferentes eslabones, la valoración de costos y ganancias y el análisis de las barreras que dificultad el proceso productivo en un sector estratégico como el de la agricultura.

CON LUPA Armando Nova González, economista e investigador cubano   

Foto: Jorge Luis Baños

La tendencia creciente de los precios de los alimentos en el mercado interno se  manifiesta de forma sensible en el mercado minorista, con implicaciones económicas, sociales y políticas. Dicha tendencia parte de una insuficiente producción nacional de productos agropecuarios, que no satisface  la demanda. 

Ante esta situación, surgen interrogantes: ¿por qué no se produce más?, ¿cuáles son las causas o la relación de causas-efectos?, ¿qué significa la expresión de  caro o barato respecto a los niveles de ingresos de la población? Es en el sector agropecuario  donde más transformaciones se han realizado y anunciado, ¿ello se corresponde o no con los resultados obtenidos hasta el presente?, ¿se conciben bajo un enfoque sistémico las medidas implementadas o por implementar en el sector agropecuario?

Estudios e investigaciones han abordado algunas de estas interrogantes y al respecto se ha tratado de ofrecer explicaciones, sugerencias, posibles soluciones. Sin embargo, se requiere profundizar en varias de las causas que se han unido en el desencadenamiento del alza de los precios minoristas.

Entre ellas están las que se encuentran al comienzo del ciclo productivo (cadena) y condicionan desde el comienzo el buen desempeño productivo, junto a otras que se manifiestan a lo largo de la cadena, en sus diferentes eslabones. Una de ellas es la falta de un enfoque sistémico, que parte desde el comienzo y su efecto se manifiesta a lo largo del ciclo y hasta puede generar contradicciones antagónicas, de no ser considerado.

A manera de ejemplo se pudiera citar que en el  eslabón final de la cadena se ha iniciado,  mediante la Ley 318, la descentralización del proceso de comercialización de los productos agrícolas (mayorista-minorista); sin embargo,   en el punto de inicio  del ciclo (producción), no se ha sido consecuente con la descentralización; es decir, no se ha creado un mercado mayorista de insumos, equipos y servicios, situación ya señalada en trabajos y estudios anteriores.

Resulta importante que el productor pueda acudir a comprar de forma oportuna, a precios que se correspondan con las necesidades del ciclo productivo, ya que la agricultura trabaja con  seres biológicamente vivos, que son parte de la Naturaleza. Hay que tener  presente que los precios conforman un sistema, que uno incide en el otro a lo largo del ciclo y que, dentro de ese ciclo y como parte del sistema de precios, también inciden en los de otras tiendas distribuidoras o comercializadoras de productos, entre ellos los alimenticios (entiéndase las tiendas recaudadoras de divisas, que  popularmente se identifican como la shopping  y se  convierten en puntos de referencia para los precios).

Sin duda, la aplicación del enfoque sistémico es un aspecto complejo, pero hay que abordarlo y aplicarlo, definitivamente. Lo  anterior convoca a tener presente  e identificar las variables que, de una forma u otra, inciden sobre el comportamiento productivo hasta cerrar el ciclo.

Resulta adecuado precisar que la acción del mercado por sí sola no resuelve las desproporciones ni logra el equilibrio. Se aboga por una relación  de complementariedad entre la planificación y el mercado. Este último posibilita que afloren los problemas a la superficie y sean  percibidos  e identificados, para  realizar los ajustes, modificaciones  y cambios necesarios, en complementariedad con la planificación.

En su libro La riqueza de las naciones (1776), Adams Smith proclamó la doctrina de la “mano invisible” en el  mercado. Sin embargo,  después de más de dos siglos de experiencias, el reconocido economista Paul Samuelson (1915-2009), en su obra Curso de economía moderna (1983, capítulo 3, “Los mercados y el Estado en una economía moderna”), expresó: “… hoy reconocemos las limitaciones y el alcance de esta doctrina. Sabemos que el mercado a veces nos abandona, que existen fallos del mercado. Los dos más importantes (…) son la ausencia de competencia perfecta y la presencia de externalidades”.

Samuelson,  en su obra citada, señala que el propio Smith reconoció que “…  las virtudes atribuidas al mecanismo del mercado solo existen cuando están presentes los pesos y contrapesos de la competencia perfecta” y añade: “Cuando hay pocos vendedores, existen pesos y contrapesos inadecuados para  garantizar que el  precio sea determinado por los costos; y, en ese caso, puede desvanecerse la verdad de la doctrina de la ‘mano Invisible’”.  Al referirse a las externalidades, Samuelson subrayó: “La mano invisible también puede llevar por mal camino a la encomia, cuando las actividades económicas se difunden fuera del mercado” y señala ejemplos –como la contaminación del aire– a los cuales se pueden sumar el suelo, el agua, originados por las empresas, entre otros aspectos.

Sin duda, al Estado le corresponde rectificar las fallas del mercado (la planificación en complementariedad con el mercado); evitar los monopolios y oligopolios; desarrollar programas sociales para alcanzar el máximo nivel de equidad posible; redistribuir,  en sus diversas modalidades, los ingresos que se obtienen por la vía de los impuestos; propiciar el desarrollo económico sobre bases de eficiencia; velar por los márgenes de ganancia, en cada eslabón y a lo largo del ciclo de la cadena de valor,  entre otros aspectos.

El propio Samuelson señala: “… no debemos enamorarnos demasiado de la belleza del mecanismo del mercado, considerándolo como la perfección misma, la esencia de la armonía providencial y fuera del alcance de las manos humanas”.

La actual existencia  de la dualidad monetaria y cambiaria, sin duda,  añade complejidad a que los precios sean determinados por los costos reales; no obstante, eso no impide la realización de estudios y valoraciones  en la cadena de valor y para cada  uno de los eslabones que la conforman. Se  pueden elaborar diferentes alternativas, basadas en diversos tipos de tasa de cambio  para el ámbito empresarial, inclusive partiendo de la actual tasa vigente para el sistema empresarial, como punto de referencia. Ello ayudaría a identificar inconsistencias y problemas.

El estudio de la cadena de valor y sus diferentes eslabones debe ir acompañado de la valoración y análisis  de los costos  incurridos y la determinación –por cada eslabón y por el total de la cadena de valor–  del margen o porcentaje de ganancia que le correspondería a cada eslabón (la parte del nuevo valor creado para cada sujeto económico, sea productor, transportista, intermediario, prestador de algún servicio, entre otros) y, finalmente, a lo largo de la cadena de valor.

Resulta apropiado  señalar que este porcentaje de ganancia pudiera tener un límite máximo  determinado y oficialmente fijado por el Estado, de acuerdo con los resultados de los estudios realizados y aplicado a los costos incurridos en cada eslabón, sin considerar los costos o gastos acumulados de los eslabones que lo precedieron.

Por lo general,  el sector  agropecuario se caracteriza porque muchos agricultores producen igual producto o productos en magnitudes no determinantes. De hecho,  suele ser lo  más cercano a un mercado de competencia perfecta, siempre y cuando los productores participen a  lo largo de la cadena  productiva y no se manifiesten formas  monopólicas u oligopólicas. En el sector agropecuario cubano se revela una diversidad de formas productivas[1]; lograr su participación a lo largo del ciclo (cadena), ya sea de forma directa o mediante su representante en el mercado, permitiría el efecto esperado: que ningún productor tenga dominio del mercado e imponga precios.

Teniendo presente lo ya señalado, al Estado le corresponde observar, actuar y propiciar que dicho mercado agropecuario se manifieste o exprese como  un mercado lo más cercano a la competencia perfecta.

En los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE), los precios de los productos pudieran fijarse a un tope máximo y, como parte del sistema de precios, ello incidiría sobre el resto de los precios de las otras formas comercializadoras identificadas. Esto implicaría una opción para la población en general, particularmente para los estratos de bajos ingresos, basada en similitud de calidad en relación con el resto de las formas comercializadoras  y sistematicidad en la oferta.

Estos precios máximos fijados deben cubrir los costos incurridos en su producción y a lo largo de todo el ciclo (producción- distribución-cambio-consumo), así como proporcionar un margen de ganancia adecuado, de lo contrario se convertirían en un subsidio por parte del Estado, no estimularían a los productores ni aquellos eslabones que integran la cadena y hacen posible que la mercancía logre su realización y se reinicie el ciclo.

Las medidas descentralizadoras han logrado una diversificación, sobre todo, en la comercialización (no correspondida al inicio de la cadena productiva, como anteriormente se ha señalado), pero ello ha posibilitado que los compromisos de ventas al Estado se hayan reducido de un rango del 75-80 por ciento a un nivel promedio de 51 por ciento, aproximadamente. Si las medidas sobre fijación de precios o precios topados aplicadas a los MAE[2] llevan implícitas en los contratos  establecer compromisos de ventas y entrega elevados al Estado,  para todas las formas productivas,  eso significaría retornar a un punto de partida sobre el cual ya se ha transitado sin éxito.

La producción es una y, si se priorizan las ventas-entregas a las formas comercializadoras estatales, las no estatales dispondrían de menos productos. Entonces, la limitación de la oferta por las vías no estatales conduciría a un incremento de precio en estas formas no estatales, en perjuicio  de la población. Ello podría conducir, además, a desvíos de productos de las formas estatales a las no estatales, por el incentivo de mayores  ingresos-ganancias.

Retornar a niveles elevados o cercanos a 75-80 por ciento para canalizar las ventas minoristas por las vías o formas estatales, como se ha mencionado, es un camino ya recorrido, sin resultados apropiados. Estos altos niveles de centralización y monopólicos han dado lugar a situaciones desfavorables,  tales como: desestímulo al productor,  pérdida de cosecha en la plantación por no recogida a tiempo, pérdida de  productos en los lugares de acopio, niveles de subsidios asumidos por el Estado, precios no consecuentes con calidades, cadena de impagos al productor, desviación de productos hacia el mercado subterráneo, entre otros.

Los resultados anteriores, unidos a otras causas, han contribuido al detenimiento del desarrollo de las fuerzas productivas, particularmente en el sector agropecuario cubano.

La historia económica de la humanidad  ha confirmado que  la agricultura se ha manifestado como un punto estratégico y de inicio para una serie de importantes transformaciones en el desarrollo económico-social de la humanidad. Es por la agricultura por donde se han iniciado los cambios más significativos de la humanidad; desde dos momentos o estadios, identificados como el Paleolítico y el  Neolítico (hace más de  2.500 años). Es precisamente en el Neolítico cuando se desarrolla la revolución económica y tecnológica  más importante, solo comparable  con la Revolución Industrial acontecida en Inglaterra (1760-1830).

Es durante el estadio Paleolítico, en el primer modo de producción de la humanidad identificado como  la comunidad primitiva,  que se  origina la  primera  división social del trabajo. Y esto ocurre, precisamente, en la agricultura, con la separación de la  actividad agrícola de la ganadera. La  segunda división social del trabajo se desarrolla con la especialización en la agricultura y otros oficios. Es conocido que  la Revolución Industrial comenzó por Inglaterra, pero este proceso tuvo un importante precedente, la Revolución Agraria  que constituyó el preámbulo necesario para el surgimiento y desencadenamiento de la  Revolución Industrial.

El sector agropecuario cubano no se encuentra exento de esas particularidades. Las medidas más inmediatas y que constituyeron punto de partida fundamental,  a partir de la Revolución  de 1959,  fue la promulgación de la Primera Ley de  Reforma Agria, seguida de la segunda Ley de Reforma Agraria. En la pasada década de los noventa, cuando Cuba entró en una fuerte etapa de crisis económica, identificada como “período especial”, las trasformaciones comenzaron con la distribución de tierras, creación de cooperativas agropecuarias (UBPC),  reapertura del mercado libre agropecuario (mayor presencia de formas productivas). Más recientemente, en el actual proceso de trasformaciones, desde 2007, también comienzan por el sector agropecuario.

Se considera que, entre las numerosas medidas implementadas en la agricultura, la entrega de tierra en condiciones de usufructo es la más importante. No obstante, en ocasiones se ha señalado que esta medida es una condición  necesaria, pero no suficiente, pues tiene  que ir acompañada de toda una serie de medidas no puntuales y de carácter sistémico.

La identificación de las cadenas productivas –y con ello la cadena de valor–, así como el análisis  de cada uno de sus eslabones para los diferentes  productos de origen agropecuario, es una necesidad impostergable para el estudio  del comportamiento de los precios y el nuevo valor creado a lo largo del ciclo.

En reiteradas ocasiones se recurre a la expresión: “¡hay que producir más!”,  pero es necesario encaminarse hacia cómo hacerlo. Se sugiere que el camino más adecuado para iniciar el “cómo” se traduce en:

• Descentralizar más, de forma sistémica, a lo largo del ciclo, prioritariamente al inicio.
• Facilitar el ciclo (producción, distribución, cambio, consumo). Evitar medidas restrictivas.
• No desentenderse del comportamiento del mercado.

En busca de la realización de la propiedad[3], lo anterior se puede expresar de forma concreta en:

• Crear un mercado mayorista de insumos, equipos y servicios, donde el productor pueda comprar lo que necesita para poder cerrar exitosamente el ciclo (ante la insuficiencia o falta de capital, una alternativa es la participación de la inversión extranjera, para lo cual se requeriría solicitar ofertas de participación y realizar las valoraciones necesarias).
• Que el productor pueda discutir: precio, destino en un proceso interactivo contractual e interrelacionado con la demanda, teniendo presente lo social.
• Que las diferentes formas productivas (CCS, CPA, UBPC, empresa estatal, productores privados, usufructuarios de tierras) abarquen en lo posible todos los eslabones de la cadena: producción (incluye semilla, viveros), beneficio, transporte, conservación, mercado minorista (comercialización), con vistas a reducir costos y eliminar intermediarios innecesarios.
• De acuerdo a la necesidad, lugar, territorio, logística, crear cooperativas comercializadoras de segundo grado que pertenezcan y representen a los productores (cooperativas de primer grado, usufructuarios, productores privados).
• Que el análisis de los precios se fundamente sobre la base del estudio de la cadena de valor.
• Lo anterior debe conducir hacia la implementación de un modelo de gestión económica totalmente nuevo.

La economía cubana necesita –y a la vez le resulta estratégico– resolver el problema agrícola, para con ello dar solución a la alimentación, también como fuente de materias primas para la industria, entrega al turismo y  la generación de fondos exportables. Lograr un desarrollo económico-social creciente y sostenible depende,  en gran medida, de la solución del problema agrario cubano. (2016).

 Notas

[1]CCS: Cooperativas de Créditos y Servicios; CPA: Cooperativa de Producción Agropecuaria; UBPC: Unidades Cooperativas de Producción Agropecuaria; Usufructuario: Productor individual, privado, beneficiado por la entrega  de tierras ociosas (no utilizadas),  por medio de los  Decretos Leyes 259 y 300,

[2] Ver: “Comercialización de productos del agro: mover el dominó”, por Raquel Sierra, Tribuna de La Habana, 17 de enero, 2016.

 [3]El derecho del productor de poder decidir qué debe producir, a quién vender lo producido, a qué precio;  acudir a un mercado de insumos, medios de producción y servicios para comprar los medios necesarios y en el momento oportuno, a precios que se correspondan con lo recibido por las ventas de su producto final (cadena de valor), con el objetivo de lograr el cierre exitoso del ciclo productivo, y teniendo presente lo social.