Apuntes hacia una sociedad de economía social y gestión popular

La sociedad cubana demanda cambios profundos para que en ella prosperen la justicia distributiva en lo económico, la equidad social y la calidad de vida a partir del ejercicio de oportunidades de desarrollo para todos, con garantía al ejercicio ciudadano de sus derechos respecto a la soberanía nacional y la participación protagónica y decisoria de la población organizada, territorialmente, en movimientos sociales y grupos de pensamiento, entre otras cuestiones importantes.

CON LUPA Ovidio D´Angelo Hernández, psicólogo cubano 

 

El cuentapropismo se expresa actualmente en variantes que van desde el trabajo simple y artesanal hasta pequeñas y medianas empresas con empleo variable de trabajo asalariado. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Paradojas e interrogantes

Nuestra sociedad se mueve hacia metas trazadas en los lineamientos para la actualización del modelo económico y social. Si en ellos se abrieron nuevos cauces económicos, la cuota de incertidumbres, imprecisiones y confusión de objetivos finales, bajo una visión clara de a qué tipo de sociedad se aspiraría, marcan su trazado y su actual derrotero práctico.

Unido a ello, los cambios necesarios en el contexto de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que se vienen realizando en lo que parece será un largo proceso de normalización, contribuyen a acentuar las expectativas hacia bifurcaciones y trayectorias aún indefinibles en sus alcances.

Ante esta situación, el modelo económico, político y social de nuestro país, más insertado en las relaciones mundiales predominantes, sufrirá inevitables transformaciones; algunas de las más importantes dependerán de los cursos de acción de los sectores sociopolíticos de nuestra sociedad.

Ellas pasarían por las alternativas de parecerse cada vez más a un mundo globalizado, de sistemas más o menos unipolares, de orden democrático formal y relaciones capitalistas clásicas, o se encaminarán a la reconstrucción novedosa de una sociedad democrática y popular de nuevo tipo, de emancipación ciudadana, que determine el curso de sus procesos de gobierno hacia una justicia distributiva, con valores de equidad y fraternidad real en todos los ámbitos económicos y sociales. ¿Será esta utopía posible?

En estos breves apuntes quisiera abordar una serie de situaciones, posiblemente paradójicas, e interrogantes inexplicables sobre las que se debería volver en trabajos de análisis histórico-lógicos rigurosos, con mayor profundidad, para aclarar los rumbos posibles.

La ampliación de las formas económicas actuales de “cuentapropismo” —en realidad con multitud de variantes que van desde el trabajo simple y artesanal (personal, familiar o asociado), hasta pequeñas y medianas empresas con empleo variable de trabajo asalariado—, ¿no deberían diferenciarse y las que tienen fuerza de trabajo asalariada, basarse en nuevas formas de equidad entre capital y trabajo, que conservaran una ética distributiva favorable a ambos?

Aun reconociendo la importancia y necesidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mpymes) – privadas o colectivas—, ¿no estarán generando formas más amplias de propiedad privada, en parte ya existentes, en las cuales, por su forma de generación y operación, entrarían muchas cooperativas creadas desde empresas estatales previas?

Esta situación, ¿no estaría creando unos posicionamientos (objetivos-subjetivos) favorecedores de relaciones sociales capitalistas, basadas en el individualismo e interés por la ganancia a ultranza, sin consideraciones necesarias de las cualidades del trabajo como formador de valor y plusvalor que incrementa el capital?

Marx, en El Capital, analizaba el proceso mediante el cual la pequeña producción mercantil o artesanal pasaba a convertirse en forma de apropiación “propiamente” capitalista. ¿No es esta forma de apropiación —basada en la naturalización del poder del capital-dinero sobre el trabajo creador de riquezas y plusvalor— una de las causas de la desigualdad social generada y potencial en gran parte de las sociedades contemporáneas?

En un sentido un poco inverso, la referencia —a secas— de “anticapitalismo”, ¿no debería aclararse para no favorecer el imaginario de contraposición a formas de producción-servicios mercantiles, que son legítimas en tanto generan posibilidades de propiedad y usufructo privado favorecedores de condiciones de vida personales o familiares, o creando opciones al desarrollo de producciones asociadas autónomas? ¿Pero no habría que promover esto en condiciones de mayor equidad —de cogestión o autogestión colectivas—, al nivel de la producción simple o artesanal, o en formas de propiedad mixta estatal-privada (o “solo” privadas) mayores?

Más allá del monto de ingreso salarial posible, ¿no debería tener el trabajador, entonces,  la misma posibilidad de compartir ganancias —según su esfuerzo—, una vez que ello se acompañara de la amortización del capital inicial, según cuotas justas, por el inversor? ¿No haría esto posible que la participación de los trabajadores en la gestión se compartiera como cogestión con el capital?

¿No cambiaría eso la forma, también más recientemente naturalizada a nivel internacional, del llamado capital humano (CH), que lo despoja de su carácter esencial de tipo especial de relaciones sociales en la que —según los hallazgos valiosos de Marx— se genera plusvalor del trabajo hacia el capital? O sea, que con el nuevo concepto de CH ¿se estaría manifestando de forma eufemística y “neutral” un tipo de relación de explotación del trabajo a favor de la ganancia?

La metamorfosis del dinero como productor de ganancia, en sí mismo (a través del préstamo o usura, inversión, etc., naturalizada históricamente desde tiempos remotos), ¿lo hace aparecer como legítimo multiplicador de ganancias?

Más allá del análisis de la acumulación originaria del capital, otras fuentes posteriores de su incremento, más o menos legitimadas o no (hereditarias, etc.), ¿podrían hacer necesario el empleo de esos fondos de incrementos sustantivos, pero no para reproducir las mismas relaciones sociales sino para distribuir sus productos del trabajo de manera consensuada y socialmente más justa?

¿No generaría la aplicación de esa justicia distributiva un sentimiento de identidad, responsabilidad, compromiso y pertenencia real al emprendimiento (pequeña, mediana o gran empresa), en vez de una situación de subordinación y alienación de las condiciones de trabajo, de producción y del producto final a las exigencias del capital y, con ello, una mejor condición humana?

Finalmente ¿devendría esa situación más humanizadora y fraterna, evitaría la proliferación de desigualdades sociales extremas y una nueva concepción del principio liberal de propiedad, ahora más compartida y beneficiosa para todos?

Paradójicamente, aunque las medidas propiciadoras del cuentapropismo (y en parte del nuevo y viejo cooperativismo del país) apuntan a resolver la ineficiencia del Estado, la carencia de diversidad de productos y servicios, la mejoría de ingresos personales, la centralización de la economía, etc., son cuestiones que ocurren sin que las pequeñas y medianas empresas, en general, estén impregnadas de una visión de ejercicio de responsabilidad social de beneficio a las comunidades —salvo el aspecto impositivo que deben cumplir y que el Estado opera para los gastos nacionales (ya se trate de una buena o mala distribución).

Entonces, ¿estarían imbuidas de una connotación solidaria, co-gestionaria y distributiva y seguirían la pauta naturalizada de las relaciones capital-trabajo, entre dueño-patrón (ya sea “bueno o malo”) y sus empleados (que con mejores o peores condiciones de trabajo y salario contribuyen al enriquecimiento del primero, generando el plusvalor que aumenta su capital inicial)?

¿No se estará promoviendo una relación social —y unas subjetividades asociadas— a favor del individualismo y en desmedro del “otro” trabajador y ciudadanía en general, que tienda a generar más capitalismo en su acepción clásica, en vez de una sociedad de mayor justicia y equidad?

¿De ello escaparían las nuevas inversiones mixtas o privadas de gran capital, las que a veces, en sus países, son obligadas por ley a ejercer formas de responsabilidad social y de gestión corporativa horizontal, que no han pasado por la mente de los diseñadores de políticas económicas del patio?

Por cierto,  esas inversiones extranjeras imprescindibles en grandes cantidades en el momento actual ¿no estarían requiriendo una mayor capacidad de negociar y consensuar esa responsabilidad social, las condiciones salariales y de trabajo equitativas y justas, teniendo en cuenta que, además de las debilidades y situación socioeconómica crítica actual, el país cuenta con algunas fortalezas para la atracción de esas inversiones en condiciones de justicia social?

¿Resulta alentadora la fórmula de cooperativas urbanas: generalmente impuestas desde la disolución de una empresa estatal que, lejos del cultivo de una cultura de los principios solidarios, autónomos y democráticos del cooperativismo, se asemejan en muchos casos a la gestión de las antiguas empresas estatales centralizadas, en conjunción incongruente con el interés por un mayor aumento de precios para obtención de más ingreso y una posición de autoridad-sumisión, característica de los procesos de alienación capitalista y burocrático-estatal?.

¿La empresa estatal o las instituciones públicas no están ajenas al proceso participativo autogestionario o cogestionario, de justicia distributiva  y autonomía relativas, de donde parecen ser las gerencias —con la representación formal de los trillados “factores” (sindicato y partido)— las destinadas a ejercer la toma de decisiones fundamentales a su nivel? ¿Nada que ver con el real control obrero y social de la producción?

¿El énfasis en responsabilidad social cooperativa y comunitaria no estaría dado por un ejercicio de compromiso fraternal que debería ser propio de una economía social orientada a la solidaridad, en un proyecto socialista de nuevo tipo? Inclusive, ¿esto no debería ser un principio para todos los actores económicos, ya se trate de cooperativas, emprendedores privados en las diferentes categorías, la empresa estatal o la mixta, en un contexto renovador de la sociedad socialista?

¿Este principio de responsabilidad social solidaria no debería comprometer a los actores socioeconómicos (de todas las formas de propiedad y gestión), a una distribución de las ganancias entre sus trabajadores, a su participación en la toma de decisiones internas y al apoyo a las acciones de transformación comunitaria y ecológica?

¿Cómo los posicionamientos y expectativas de las personas, la expresión de las subjetividades y prácticas sociales, los valores del imaginario colectivo de la localidad están impactando el proceso de cambios o son impactados por él, y hacia dónde visualizan expectativas de su mayor efectividad económica, social y ética? ¿Cuáles procesos de agenciamiento y participación protagónica interconectada se deberían promover en los actores locales, institucionales, económicos, organizacionales, poblacionales, para lograr esos objetivos?

La realidad es que estamos ante la emergencia de una sociedad multiactoral en lo económico —cuestión puesta de manifiesto por diversos especialistas. Es una nueva realidad inevitable, pero que puede tener sus trayectorias hacia una u otra dirección, en dependencia de las políticas concertadas socialmente que las favorezcan.

¿Ello no obliga a registrar y actualizar los conceptos que, desde las posiciones de la economía política marxista original y posterior —junto a la reevaluación de aspectos de otras corrientes de pensamiento—, abordan los procesos de propiedad privada y apropiación capitalista, capital humano y otros, por ejemplo?

De igual manera, la apuesta al libre emprendimiento, ¿no debería tener en cuenta las diversidades de esos conglomerados cuando se trata de una relación capital-trabajo y de una ética distributiva equitativa, no solo observar y promover los aspectos técnico-organizativos de su eficiencia y eficacia, que pudieran traducirse en más capitalismo tradicional y alienante, sino el carácter de sus interacciones y protagonismo participativo y solidario en las decisiones colectivas?

 El contexto mundial

Todo lo planteado parecería producto de una imaginación ilusoria y no realista de los procesos económicos que ocurren hoy a nivel internacional: los precios de los productos de exportación e importación, la super-monopolización de la producción y comercialización por grandes transnacionales, la especulación financiera de las bolsas de valores, las presiones e intereses de los lobbys político-económicos de los países poderosos sobre las economías del mundo…entre otros muchos factores.

No obstante, algunos procesos alentadores, como parte de las necesidades y toma de conciencia de sectores de la población, han hecho emerger múltiples acciones de carácter solidario y cooperativo, de diferente carácter, incluso en muchos países capitalistas desarrollados. La batalla ha comenzado más o menos silenciosamente, en otros países, apoyados por movimientos sociales, pero podría ser un camino a seguir.

Incluso, desde hace décadas, la necesidad de incremento de la productividad de las empresas capitalistas generó procesos organizativos contra-jerárquicos: círculos de calidad, grupos semiautónomos de trabajo flexible, etc. Las estructuras corporativas se volvieron, en muchos casos, más horizontales y participativas, con cadenas de valor más extensas, de múltiples actores, sobre todo pequeños y medianos emprendedores, más estimuladoras de oportunidades, socialmente hablando.

No obstante, en los países desarrollados (o hasta en los arribantes Rusia y China, por ejemplo) pesa la polarización de clases con la apropiación, por las supergerencias corporativas de grandes ganancias. La lucha de las mayorías de clases trabajadoras y medias en contra del uno por ciento de la sociedad privilegiada se mantiene constante en los países capitalistas, aunque sin dirección definida.

En este contexto de naturalización de relaciones capitalistas predominantes en el mundo, con la vista puesta en las tasas de interés y ganancia, todo proceso de desarrollo equilibrado, justo y equitativo se hace más difícil…pero no imposible.

Nueva sociedad en conectividad y desarrollo social y humano

Se parte de una posición filosófica esencial, que remite a las elaboraciones emancipatorias de una relectura de Marx, Gramsci, Freire y otros pensadores de las corrientes socio-críticas y complejas, encaminándose a una visión de sociedad en la que los procesos instituyentes de orientaciones de solidaridad social tienen un peso fundamental.

De ahí que un concepto de “Sociedad de economía social para el desarrollo solidario emancipatorio” (Sedsde) se enmarque en las tramas complejas de relaciones que abarcan todas las esferas y campos de acción: económicos, políticos, sociales, jurídicos, psicológicos, culturales, ambientales, etc. Ello responde a una concepción política y del desarrollo multidimensional, sobre la base de la articulación de enfoques macro-meso-micro-social, de manera hologramática, que estaría dando cuenta de las dificultades actuales y potencialidades de los procesos emergentes en la economía y la sociedad en general, pero también de sus reenfoques y direccionamientos con una visión clara de futuro ético emancipatorio.

No es posible interpretar los eventos de las prácticas cotidianas sin considerar el movimiento de los mega-procesos políticos-económicos-sociales que ocurren en el país y el contexto internacional; de igual manera que no puede tenerse una idea clara de sus interrelaciones y direccionamientos sin considerar aquellas subjetividades y prácticas cotidianas emergentes y sus perspectivas en los ámbitos de la desigualdad social, empeoramiento de la calidad de vida, limitaciones en los proyectos de vida personales y colectivos, expectativas migratorias (ilusionismo del “sueño americano, unido al deterioro de las condiciones de vida nacional), etc.

Es particularmente importante en todo este proceso actual de cambios en el país la consideración de la dimensión política, que transversaliza todos los campos de acción social e implica la elaboración de conceptos básicos y prácticas, renovadores de las esencias del sistema socialista –relación sociedad-mercado, sociedad civil-gobierno, formas de propiedad y gestión en la esfera socioeconómica, participación ciudadana en las decisiones clave, equidad y justicia social, entre otras.

Las nuevas elaboraciones deberían promover un “socialismo de progreso y sustentable”[1], a partir de la construcción de una ciudadanía participativa, anti-hegemónica, protagónica, responsable y decisoria, que avance hacia unas relaciones sociales y de trabajo contrapuestas a:

—la lógica del capital (como relación de explotación de trabajo asalariado, que aliena al trabajador de los medios de trabajo y de vida, en aras de la ganancia de unos privilegiados),

—la lógica imperial (que se funda en la dominación de las naciones pobres o subdesarrolladas por las naciones más ricas y sus corporaciones transnacionales) y

—la lógica de la burocracia (que se basa en el dominio de élites autorreferentes que ejerzan su dominio autocrático en todos los niveles de la sociedad).

En esta propuesta analizamos algunas de las manifestaciones actuales de los cambios socioeconómicos, sus posibles avances, incoherencias o limitaciones respecto a una visión política general de avance del socialismo, en la que podría ser útil una discusión acerca de principios de varios posicionamientos teóricos divergentes en sus posibilidades de articulación constructiva para el nuevo orden social, oponiendo a las lógicas anteriores, en consecuencia, una lógica emancipatoria.

En otro plano, una sociedad de economía social de tendencia solidaria predominante (que no estatal necesariamente, salvo empresas estratégicas operadas con control obrero y popular), aún en sus diversas formas de propiedad privada con participación colectiva decisoria y justicia distributiva, necesitaría convertirse en una sociedad de gestión popular democrática.

La sociedad es un organismo complejo –lo que ya casi es una verdad de Perogrullo, pero a veces no tenida en cuenta suficientemente—, donde los cambios en el sistema económico repercuten o hacen emerger cambios en todos los órdenes de la sociedad; lo recíproco también ocurre. De manera que todos los factores de la organización social tienen que tomarse en cuenta para diseños novedosos y coherentes.

No solo la prosperidad económica genera felicidad, si bien es importante y básica; todos los modos de acción popular, todos los subsistemas sociales están interconectados en sus interinfluencias. Lo macrosocial opera en el nivel micro social, de la misma forma ocurre lo inverso. Muchos procesos no pueden ser diseñados desde arriba, deben tener espacios de auto organización creativa desde las bases de la sociedad. Lo contrario es paralizante para todo el orden social, si bien se requieren normas generales y de derecho consensuadas para un funcionamiento adecuado.

Una Sedsde basada en los componentes multiactorales económicos señalados anteriormente, debería lograr un balance entre la gestión reguladora del Estado y las formas auto organizativas de construcción de los presupuestos locales, territoriales y nacionales, bajo la forma participativa y decisoria de la población y sus movimientos o grupos sociales.

Por tanto, esta Sedsde ¿no tendría que disponer de los mecanismos jurídicos, de garantías y derechos ciudadanos suficientes para aportar e impugnar las propuestas políticas y económico-sociales que se generen en todos los niveles de la sociedad, inclusive al nivel del estamento superior del funcionariado?

De hecho, ¿no sería esta Sesdse una nueva formación económico-social realmente socialista – en términos marxistas – , que resurge de los escombros del socialismo real y de las nuevas formas capitalistas horizontales, de los regímenes políticos más avanzados en formas democráticas ciudadanas y populares (ya sean provenientes de los pueblos indígenas del continente suramericano o de los pueblos nórdicos de Europa, en imbricaciones sintetizadoras —bricolajes— posibles)?

¿No se requeriría remontar las trabas, en una sociedad tal, que impidan que se ejerza la libre expresión argumentada, la deliberación de posiciones éticamente constructivas y la conciliación y concertación de intereses de los distintos grupos sociales y de pensamiento político en el camino hacia esas nuevas formas de relaciones emancipatorias?

¿No sería una sociedad tal la mejor forma de expresar los valores ancestrales del “buen vivir”: el vivir sano, en el disfrute de la conjunción de unos con otros y con la naturaleza, en la novedad del mundo y sus misterios por descubrir, sin ascetismos extremos, pero con una justa austeridad y sin posiciones individualistas, egoístas, consumistas; de amor en vez de odio hacia nuestros semejantes?

Tales relaciones verdaderamente humanas ¿no requieren entonces de la articulación de los diseños económicos, organizativos, sociopolíticos, ideológicos a manera de entretejido inseparable, en la complejidad de los tiempos actuales?

La pregunta final podría ser: ¿y cómo se hace real esa utopía, ya que somos tan diversos, opuestos en ocasiones, con ideologías y religiones a veces beligerantes y ancladas en diferentes tradiciones planetarias?

Claro que la respuesta simple podría parecer, cuanto menos, risible si no cargada de ignorancia y estupidez. Pero, ¿valdría la pena intentarlo (como se diría en las enseñanzas hindúes) con la meditación y la acción….colectivas?

Estas serían algunas de las preguntas de fondo que, articulando las tramas sociales en que se insertan los actores de la comunidad, estarían intentando deconstruir y reconfigurar, en el mejor sentido positivo de avance hacia esa Sesdse, en consonancia con los objetivos propuestos.

Afirmaciones

El auspicio por los actores sociales de la localidad y un Gobierno local participativo, de espacios de reunión de emprendedores y otros actores locales público-privados-colectivos, podría iniciar una modalidad de afrontamiento conjunto que puede resultar provechosa.

De manera que podría ser posible revertir los procesos de centralización y ordenamiento burocrático en el plano territorial, si se ofrecen nuevas posibilidades a las instituciones de gobierno y actores locales en el manejo de sus recursos y opciones de desarrollo, con mayor espacio para la auto organización social interconectada a la gestión de gobierno. Si bien, en parte, esta es una de las direcciones expresadas, parcialmente, en los Lineamientos, la práctica muestra el escaso nivel de su realización e integralidad actual.

En esas nuevas condiciones estarían dadas las oportunidades para la autogestión y desarrollo integral comunitario, desde la participación activa e interesada, individual y socialmente, de sus pobladores. Podría ser que las formas autogestionarias económicas, en estrecha vinculación con los grupos gestores comunitarios, asociaciones productivas y sociales, consejos populares y gobiernos locales más autónomos, fueran las fórmulas que propiciaran, entonces, tanto la mejora de las condiciones sociales de vida de la población como su sentido de pertenencia y de participación comunitaria.

El concepto de autogestión social, que constituye una dirección importante en esta concepción,  se orienta a su despliegue en los procesos instituyentes de las prácticas cotidianas y la subjetividad social vinculadas a la conducción de los procesos institucionales, económicos y sociales por los propios actores significativos, en coordinación con las instituciones meso y macro-sociales.

En esta línea, el logro de la autotransformación social supone trabajar activamente en la formación de competencias proactivas que promuevan sujetos sociales que, por su posicionamiento en los sectores potenciales de desarrollo de las instituciones, tienen la posibilidad de empoderarse para el redimensionamiento de su acción social y ejercer la función de la crítica y acción social profunda en relación con los programas, plataformas y visiones de los diferentes sectores y actores sociales.

En consecuencia, este enfoque transformador promueve un tipo de interacción social basada en el respeto mutuo, el razonamiento, la cooperación, la aportación constructiva y la coherencia ética, en los que se despliega en su totalidad la persona y la colectividad como conglomerados del ser humano social, lo que tributa a valores esenciales de autonomía, solidaridad y compromiso social auténtico.

Se trata, entonces, y articulada con los conceptos anteriores, de la necesidad de un cambio profundo en lo socioeconómico y político social, de la re-creación de modos institucionales y sociales que propicien la creación de una nueva cultura reflexiva—creativa y emancipatoria que fomente la identidad a partir de la diversidad, que tienda hacia una sociedad para el libre desarrollo de personas  que se sientan identificadas con sus raíces y valores nacionales y culturales. Lo que  supondría otra calidad de “participación” responsable, reflexiva, creativa y solidaria en toda la extensión del proceso de elaboración, toma de decisiones y su control social a todos los niveles.

La formación de esa conciencia-praxis crítica, instituyente de nuevos tipos de relaciones sociales, conformaría el imaginario social y las instituciones nuevas que propicien una construcción emancipatoria individual y social.

La expresión de la conciencia crítica en el sentido emancipatorio que referimos implica formas de participación social plenas, posibilidad de asociatividad amplia para ejercerlas, responsabilidad social por la totalidad y por el entorno inmediato; ello sugiere la generación de capacidad de la comunidad e instituciones sociales como conjunto de actores interesados en todas las acciones llevadas a cabo por los distintos sectores económicos y sociales.

Vista de esta manera, la construcción de nuevas subjetividades-praxis sociales puede tomar sus contenidos de los contextos institucionales diferentes en los cuales emergen para fomentar su crítica y creatividad sistemáticas, con lo que se requiere la elaboración de normas de compromiso, consenso—concertación y responsabilidad social solidarias muy especiales.

La gestión popular requiere de un real poder popular ciudadano, ni totalmente autónomo ni subordinado, sino en la conjunción de Estado-sociedad civil (en su espectro más constructivo de una nueva sociedad, no repetitivo de modelos anteriores, aunque desde la diversidad, la heterogeneidad, la diferencia, el diálogo, la deliberación y la concertación de posiciones).

Se recalca popular y ciudadano porque lo popular no tiene que ser difuso, si bien es diverso, sino concretarse en los derechos civiles, sociales y de última generación que hagan posible el mandato popular y la subordinación del Estado a los estamentos organizados de la sociedad civil, aunque en conjunción permanente.

Ello implica la transparencia e información sistemática de la gestión, la consulta de cuestiones importantes para la localidad, territorio, país. La rendición de cuentas con deliberación a todos los niveles, la remoción posible, el cambio de políticas, el empleo sistemático de mecanismos de denuncia de irregularidades (por medios individuales y colectivos), de mecanismos de referendos, etc.

Se trata, entonces, de una sociedad que cumpla los requisitos de justicia distributiva en lo económico, promueva la equidad social y la calidad de vida a partir del ejercicio de oportunidades de desarrollo para todos (lo que incluye la efectividad, renovación y apertura a la creatividad de muchas instituciones sociales), que garantice el ejercicio ciudadano de sus derechos respecto a la soberanía nacional, la participación protagónica y decisoria de la población organizada, territorialmente y en movimientos sociales y grupos de pensamiento, entre otras cuestiones importantes.

Esta será una sociedad socialista equilibrada, que promueva la autonomía de las personas y los colectivos, que se sienta interesada en el desarrollo social y comprometida con él; que no tolere los privilegios indebidos ni los abusos de poder reales o potenciales y, junto a ello, dirigida al logro de la mayor felicidad posible de todos sus ciudadanos en un entorno emancipatorio. (2016)

[1] Lanzada como consigna oficial de las festividades trabajadoras del 1ro. de Mayo.