Dr.
José Luis Rodríguez
Asesor
del CIEM
En el próximo 7º Congreso del PCC se
procederá a una evaluación y actualización de los Lineamientos que han guiado
la aplicación de la política económica y social del país en los últimos 5 años.
Una
primera información al respecto indica que se ha cumplido el 21% de los mismos,
un 77% se encuentra en proceso y un 2% no se ha cumplido. Sin embargo, si bien
esta información da una idea del esfuerzo realizado no resulta suficiente para examinar
en qué se ha avanzado más o qué transformaciones son las que han recibido la
mayor atención. Desde luego que no resulta posible en este trabajo hacer una
valoración detallada de todos y cada uno de los 313 lineamientos aprobados,
pero si es factible identificar en qué medida se ha encontrado respuesta a lo
que en los propios Lineamientos se identifican como soluciones de corto plazo y
también evaluar algunos lineamientos específicos que resultan de vital
importancia.
En
efecto, las soluciones a corto plazo abarcan aquellas “…encaminadas a eliminar
el déficit de la balanza de pagos que potencien la generación de ingresos
externos y la sustitución de importaciones y, a su vez, den respuesta a los problemas
de mayor impacto inmediato en la eficiencia económica, la motivación por el
trabajo y la distribución del ingreso, y creen las necesarias condiciones
infraestructurales y productivas que permitan el tránsito a una etapa superior
de desarrollo.”[1]
Centrando la atención en estos aspectos, lo
primero que resulta evidente –aunque eso no quiere decir que se perciba
claramente- es el enorme avance logrado en el reequilibrio financiero externo
mediante la renegociación y pago de la deuda externa, así como el impulso a la
inversión extranjera directa.
Para
llevar a cabo esta política se partió de identificar una secuencia donde el
incremento de los flujos financieros externos resultan el elemento clave para
desatar un proceso esencial para el crecimiento en las actuales condiciones
basado en inversiones crecientes, lo que permitiría incrementar a mediano plazo
los niveles de consumo como resultado de mayores ingresos generados por ese
crecimiento superior.[2]
En efecto, en la economía cubana actual se alcanzó una tasa de crecimiento de
solo 2,7% en los últimos cinco años, cuando se requiere un ritmo estable
superior al 5% anual, lo cual demanda a su vez una tasa de inversión superior
al 20%. Sin embargo, el país no posee una capacidad de ahorro interno suficiente
–la tasa de inversión en relación al PIB ha promediado solo alrededor del 10%
en los últimos años-, por lo que resulta indispensable incrementar la inversión
extranjera directa para alcanzar el crecimiento previsto.
No
obstante, alcanzar ese incremento en la inversión foránea resulta imposible si
no se pagan las deudas vencidas y se retoman nuevos créditos en mejores
condiciones,[3]
por lo que resulta indispensable restaurar primero la confianza de los
acreedores en el país liquidando hasta donde sea posible esos adeudos, que se consideraban
por analistas internacionales en torno al 27% de la deuda total, la que a su
vez en el 2011 se estimaba en 22 716[4]
millones de dólares –un 32,4% del PIB- con un servicio pagado ese año en torno
a 2 595 millones –un 3,7% del PIB- y unas reservas internacionales calculadas
en 7 403 millones.[5]
Pasando rápidamente revista a lo ocurrido, en 2013-2015 se dieron pasos
acelerados en esa dirección. Así se acordó la cancelación del 90% de la deuda
con la antigua URSS, que según cifras rusas, alcanzaba los 35 000 millones de
dólares, pactándose el pago restante a 10 años en condiciones favorables;
también en 2014 se renegoció la deuda con México por 487 millones de
dólares, que se canceló en un 70% con facilidades para su pago durante 10 años;
finalmente en diciembre de 2015 se renegoció la deuda con el Club de París por
11 100 millones de dólares, la que se condonó en un 70%, con un pago restante
durante 18 años en cuotas gradualmente crecientes. Otras cancelaciones de adeudos
bilaterales se han venido negociado también con Francia y España.
Mediante este proceso se logra –por un lado- la condonación de una
proporción significativa de deuda vencida y –por otro lado- la incorporación de
menores adeudos a partir de lo renegociado, al tiempo que se añaden los
compromisos de pago por los nuevos créditos obtenidos en mejores condiciones. A
partir de este proceso se aprecia que la deuda estimada en 2015 llegaba a 24
108 millones de dólares –un 28,7% del PIB-, con un servicio planificado a pagar
de 5 661 millones -6,7% del PIB- y unas reservas internacionales calculadas en
11 603 millones. En resumen, puede decirse que el país elevó el pago del
servicio de su deuda 2,2 veces en cinco años, mientras que su deuda se
incrementaba solo 6,2%, cubriendo una proporción menor del PIB[6],
mientras que sus reservas internacionales se incrementaban un 56,7%.
A
partir de todo lo anterior y a pesar de la permanencia del bloqueo económico de
Estados Unidos, el país comienza a beneficiarse de los resultados de esta
política. Así por ejemplo, en el 2015 se planificó un pago de servicio de la
deuda de 5 661 millones de dólares y una retoma de créditos por unos 5 555
millones, para un 98% de nuevos créditos en mejores condiciones; pero ya en el
plan 2016 se previó un pago de 5 299 millones con una retoma de 6540 millones,
es decir, un 23% más que lo pagado.[7]
Desde
luego, avanzar en el camino de la recomposición de nuestras finanzas externas
se ha debido realizar pagando un costo por estas transformaciones. En tal
sentido no debe pasarse por alto que, buscando el mayor ahorro posible, se redujo
el peso de las importaciones en relación al PIB de un 32,4% en 2008 a un 17,2%
en 2014, lo que unido a un incremento del valor de las exportaciones de bienes
en un 69,7% permitió mantener una
balanza comercial total positiva, considerando un nivel similar de las
exportaciones de servicios en estos años. Sin embargo, a finales de 2014 se
reconoció que había que aumentar nuevamente las importaciones, tomando en
cuenta que para que el país crezca un 1% las importaciones deben hacerlo entre
2 y 3%. No hacerlo lleva a la fuerte contracción del PIB que se produjo ese año
y hacerlo con inteligencia explica en buena medida el crecimiento de 4% en
2015.
En paralelo se ha trabajado desde 2013 por
expandir y mejorar cualitativamente la inversión extranjera directa (IED). Este
proceso se ha acelerado a partir de la creación de la Zona Especial de
Desarrollo de Mariel (ZEDM) (2013), la promulgación de una nueva Ley de Inversión
Extranjera (2014) y la emisión de la Cartera de Oportunidad de Proyectos para
la Inversión Extranjera (2014 y 2015).
Incluso puede decirse que lo previsto en los
Lineamientos de 2011 y que se recoge en los numerados del 96 al 107, ha sido
superado. En este sentido se ha pasado de considerar la IED como complemento a
la inversión doméstica, a valorarla como elemento fundamental del proceso
inversionista como un todo y esto se cuantifica cuando se ha afirmado que se
requieren de 2 000 a 2 500 millones de dólares anualmente de capital extranjero.
La nueva Ley resulta más completa y flexible
que la Ley 77 de 1995, al tiempo que se recogen con mayor precisión las
prioridades económicas del país. Un ejemplo de lo anterior se refleja en la
definición de aquellos sectores en los que se considera que la propiedad
mayoritaria de las acciones (51%) debe estar en manos del Estado cubano, esto
es en la extracción de recursos naturales, la prestación de servicios públicos,
el desarrollo de la biotecnología, el comercio mayorista y el turismo. Esta
precisión brinda un mayor espacio para negociar las inversiones mayoritarias de
capital extranjero e incluso 100% de capital foráneo en diversos sectores de la
economía.
Por su parte la ZEDM marca una diferencia
importante en relación a las zonas francas creadas en los años 90 en tanto que
cuenta con ventajas infraestructurales y operacionales de importancia, así como
un régimen salarial que resulta más atractivo para la fuerza de trabajo
necesaria para su operación, aun cuando se mantiene la no contratación libre de
la fuerza de trabajo,[8]
elemento que resulta abierto a la polémica todavía en estos momentos. Su
desarrollo puede decirse que marcha razonablemente –con 13 inversiones ya
aprobadas- si se tiene en cuenta el bloqueo económico de Estados Unidos y la
necesaria maduración de este tipo de negocios en el mundo entero, que promedia
5 años.
La emisión por primera vez de la Cartera de
Oportunidad de Proyectos para la Inversión Extranjera en 2014 fue un significativo
paso de avance para identificar detalladamente las prioridades económicas del
país. Ya la versión de 2015 incluyó 326 negocios por un valor potencial a
invertir de 8 120 millones de dólares, que si bien no agota las potencialidades
de la IED en Cuba –estimada internacionalmente en estos momentos sobre el doble
de ese valor- tampoco debe pasarse por alto que representa solo los primeros
pasos para la promoción de negocios con capital extranjero y que requiere de un
completamiento indispensable.
El impacto favorable de lo sucedido a partir
del 2011 en nuestras relaciones financieras externas difícilmente puede ser
exagerado, incluyendo la positiva repercusión del inicio del proceso de
normalización de relaciones con Estados Unidos, especialmente por su efecto en
terceros países. Así, en 2014 viajó a Cuba una delegación de hombres de negocio
mexicanos que identificaron 50 posibles proyectos de inversión en Cuba, de los
cuales ya se comienzan a registrar varios en la ZEDM; en el verano de 2015 una
delegación de inversionistas españoles nos visitó y se anunció de que
dispondrían de 40 millones de euros para estudiar el mercado cubano, donde se
valoraba una inversión de unos 400 millones de euros adicionales. Por último,
el gobierno ruso otorgó el pasado año un crédito por 1 200 millones de euros para
la rehabilitación de centrales termoeléctricas y otros objetivos priorizados y
se anuncia la creación de un fondo de inversiones para continuar ampliando los
negocios con Cuba.
También vale la pena apuntar que la agencia
calificadora de riesgos Moody’s, mejoró –por primera vez- la evaluación de
riesgo crediticio de Cuba de estable a positiva en diciembre de 2015.
Tomando en cuenta la importancia de la IED y
el impacto que potencialmente tiene para el desarrollo del país, debe mejorar
la promoción efectiva de los proyectos, tomando en cuenta lo que representará
como limitante la permanencia previsible en el mediano plazo del bloqueo
norteamericano, así como las insuficiencias infraestructurales y la baja eficiencia en la gestión económica del país.
En tal sentido resulta indispensable la superación de estos aspectos de
carácter interno, tomando en cuenta que los mismos se consideran incidentes como
riesgos en la valoración de los inversionistas.
Un segundo grupo de soluciones a alcanzar
–aun de mayor complejidad que lo referido a los aspectos ya abordados-
comprende todo aquello que incide en la elevación de la eficiencia económica
–esencialmente mediante el crecimiento de la productividad del trabajo- unido a
los factores de motivación por el trabajo y distribución del ingreso. Estos
aspectos se tocan de una u otra forma en los lineamientos 40 a 42, 66 a 71 y
167 a 172.
El incremento de la productividad del
trabajo resulta esencial para un proceso de desarrollo y se apoya básicamente
en inversiones que permitan multiplicar el rendimiento de la fuerza de trabajo.
Sin embargo, en las condiciones de los últimos años la tasa de formación bruta
de capital a precios corrientes –que es donde se concentran las principales
inversiones- bajó de 10,9% en 2009 a 7,6% en 2014, aunque se estima una ligera
recuperación en 2015.
De tal modo, los incrementos de
productividad que se obtienen en este período reciente se deben mayormente a
una reorganización de la fuerza de trabajo, factor de un alcance menor que el
aumento de las inversiones.
En este sentido se comenzaron a adoptar
medidas para reducir el subempleo estatal y al mismo tiempo se flexibilizó el
empleo de los trabajadores por cuenta propia en 2010 y de las cooperativas no
agropecuarias a partir de 2013. Hasta 2014 se redujo el empleo estatal en
14,7%, se disminuyó el número de ministerios un 34% y un 27% el número de
empresas, aunque una parte de estas pasaron a ser unidades empresariales de
base (UEB).
Así el empleo en el llamado sector no
estatal –que incluye al sector privado y el cooperativo - aumento del 16,2% del
total de trabajadores al 27%. Sin embargo, su aporte al PIB se mantuvo en el
12% solamente tomando en cuenta la baja intensidad de capital de los negocios
que operan en este segmento económico, lo cual revela que el mismo cuenta como
una solución de empleo e ingresos para una parte de la población, pero no poseen
los recursos de inversión suficientes para convertirse en el sector que arrastre
el crecimiento del país.[9]
Por otra parte, se ha reconocido que el
salario, como el elemento de mayor peso en el ingreso de la población, resulta
determinante para estimular el crecimiento de la productividad del trabajo. Un
primer problema en este sentido es que para el 73% de los trabajadores que
labora en el sector estatal el salario[10]
real no ha recuperado aún el nivel de 1989 debido al crecimiento más rápido de
los precios minoristas.
En segundo lugar, se ha previsto que cada
año el salario medio tenga un crecimiento inferior a la productividad,[11]
lo cual debe frenar el crecimiento de presiones inflacionarias por esta vía.
Esta proporción ha ido lográndose gradualmente en la macroeconomía, ya que si
bien del año 2000 al 2010 el salario medio creció un 87% mientras que la
productividad lo hizo al 46%, ya entre 2009 y 2013 estos ritmos fueron de 9,8 y
10,7% respectivamente. Una evolución favorable comienza apreciarse en el sector
empresarial estatal, donde en el 2015 ya el 22% de las entidades pagaron
salarios superiores a 1 000 CUP mensuales, cuando el salario medio del país fue
de 640 CUP. Sin embargo, los salarios del sector presupuestado –que hace pocos
años cubría el 51% de los empleos estatales- solo pueden establecerse mediante
decisiones de tipo político, dado que sus resultados no son medibles como la
producción material de bienes y servicios. En tal sentido el aumento salarial
al personal de la salud pública en 2014 fue un ejemplo de decisiones adecuadas
en ese sentido, pero sectores como la educación y la ciencia hoy presentan una
tendencia creciente a la emigración de personal de alta calificación hacia
otros empleos en el sector no estatal o en el exterior, muchas veces de menor
calificación pero mejor retribuidos. Ante el Estado se abre la disyuntiva de, o
bien mantener una política restrictiva de los gastos públicos en aras de una
política fiscal equilibrada y no inflacionaria; o se adoptan decisiones que
permitan frenar la salida de mano de obra calificada en sectores que garantizan
la reproducción del llamado capital humano y la capacidad de innovación a
mediano y largo plazo, como elemento vital para el desarrollo del país.
Toda esta situación de cambios en diferentes
direcciones ocurre en medio de la presencia ingresos no salariales producto de
sistemas de estimulación en divisas[12]
–en no pocas ocasiones mayores que los ingresos salariales en CUP- así como de
remesas. En relación a estas últimas solo existen estimados, ya que los envíos transcurren
mayoritariamente por vías no bancarias,[13]pero
se aprecia claramente que alrededor del 50% las mismas constituyen capital de
trabajo para los sectores privado y cooperativo[14]
y presentan un nivel de impacto en no más que el 25% de la población cubana.[15]
La
situación actual refleja también un deterioro en la distribución de los
ingresos que se generó inicialmente a partir de los efectos de la crisis del
Período Especial. Adicionalmente las decisiones adoptadas en cuanto al reconocimiento
de la existencia objetiva de mayor espacio para las relaciones monetario
mercantiles, si bien promueve un uso más racional de la fuerza de trabajo,
amplia la oferta de bienes a la población y genera ingresos más altos a los
empleados en el sector privado y cooperativo, también genera una mayor
diferenciación social.
En
efecto, el coeficiente GINI que mide la desigualdad[16]
pasó de un valor estimado en 0,25 a finales de los años 80 a valores en torno a
0,40 y 0,45 durante el Período Especial y los cálculos más recientes permiten
suponer que no se han reducido estos valores.
La
atención a las desigualdades en los Lineamientos se enmarca en una política de
reducción o eliminación de los gastos sociales -según se expresa en el
lineamiento Nº 143- y está concentrada en lo referido al envejecimiento de la
población, personas impedidas de trabajar que no cuentan con apoyo familiar y
atención a las personas necesitadas en sus necesidades alimentarias.[17]No
obstante, la racionalización del gasto social no ha conseguido preservar la
compensación de las desigualdades que han permanecido a partir de los efectos
acumulados –no completamente superados del Período Especial- y los costos de la
implementación de diversas medidas en el proceso de actualización del modelo
económico y social.
En
este sentido destaca el incremento de solo 9,8% en el valor de las pensiones
medias entre 2009 y 2014, frente a un crecimiento del 9,2% en el índice de
precios al consumidor[18].
Luego del incremento de las pensiones mínimas aprobado en 2005 la otra medida
para elevar estos ingresos fue la aprobación de la recontratación de los
jubilados con derecho a recibir la pensión más el salario completo, decisión aprobada
en años recientes. Otros elementos que indican el cambio en la satisfacción de
un grupo de necesidades sociales se encuentran en la reducción de los gastos y
los beneficiarios de la asistencia social, así como en el descenso en el ritmo
de construcción de viviendas, que bajo de un promedio de 52 943 entre 2005 y
2010 a 28 559 de 2011 a 2015.
En
resumen, aun cuando no se cuenta con un cálculo preciso de a cuánto ascienden
los ingresos reales del 73% de los trabajadores que laboran en el sector
estatal, ni existe un acuerdo entre los especialistas sobre cómo medir la
pobreza en Cuba –reconociendo las significativas diferencias entre un pobre en
nuestras condiciones con esa categoría en otros países que no brindan la
protección social que ofrece Cuba- sí
existen evidencias de que se requiere una revisión de un grupo de medidas
adoptadas en el ámbito social para dar respuesta a las desigualdades que aún
persisten, ponderando adecuadamente sus costos económicos frente a los impactos
sociales en la población.[19]
El
tercer eje de las soluciones a corto plazo referido a la creación de
condiciones infraestructurales y productivas para elevar el crecimiento
económico se ha concentrado en el transporte, la generación eléctrica y los
recursos hidráulicos.[20]
En el
transporte se ha priorizado el transporte de carga por camiones y especialmente
los ferrocarriles. También el país dio un salto de calidad con la conclusión de
la primera parte de la terminal de contenedores y la modernización del puerto
de Mariel, inversión superior a los 1 000 millones de dólares, con amplias
perspectivas de desarrollo. Sin embargo no se ha logrado avanzar mucho en el
transporte de pasajeros y específicamente el vinculado al turismo reclama una
atención urgente dada la dinámica acelerada en el crecimiento de los visitantes
al país. En relación al transporte
estimados internacionales calculan una cifra de 20 000 millones de dólares para
rehabilitar el sector en un proceso de varios años.
La
rehabilitación de la capacidad de generación eléctrica ha continuado
desarrollándose y hoy se cuenta con un programa para transitar a las fuentes
renovables de energía, que deben elevar su participación en la generación de un
4 a aproximadamente 24% en los próximos 15 años, a un costo estimado en 3 700
millones de dólares, de una inversión total calculada en más de 6 000 millones
para todo el sector electroenergético.
Las
inversiones para un uso más eficiente de los recursos hidráulicos han devenido
una necesidad para la seguridad nacional tomando en cuenta los efectos de la
sequía producto del cambio climático. Actualmente se cubre alrededor del 16% de
la superficie regable en la agricultura, donde se ejecutan importantes
inversiones en la rehabilitación de canales y para el uso productivo del agua
como es el caso del Trasvase Este-Oeste en la zona oriental del país, inversión
en ejecución por más de 300 millones de pesos. También se han emprendido
importantes inversiones en acueductos, como es el caso de la rehabilitación
total del existente en Santiago de Cuba, elemento de mucha importancia para el
ahorro del líquido.
Además de las direcciones principales en la búsqueda de soluciones a
aspectos clave del desarrollo del país, vale la pena mencionar la importancia
del lineamiento Nº 55 referido a la necesaria reunificación monetaria y
cambiaria, proceso que permitirá dar un salto en la conducción de la economía,
pero que reviste una alta complejidad. En tal sentido la medida –anunciada en
octubre de 2013- transita por un proceso preparatorio de tres años que se han
requerido indispensablemente para asegurar que ningún actor económico ni la
población sean afectados por su implementación, especialmente en la devaluación
prevista para su primera etapa. En este sentido se trata de una decisión que
conlleva una elevada responsabilidad para la cual debe dedicarse el tiempo
necesario si quiere asegurarse su aplicación exitosa.
Finalmente,
la conducción de la política económica en los últimos cinco años ha demandado
ingentes esfuerzos para implementar lo más orgánicamente posible cambios
simultáneos en la política fiscal, de inversiones, monetaria y de créditos en
medio de una reestructuración en de la propiedad y el manejo incipiente de un nuevo marco de relaciones –aun en ciernes- entre
planificación y mercado, todo ello con nuevas regulaciones migratorias
aprobadas en 2013.
Este
recuento se produce –además- iniciando un complejo proceso de normalización en
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, donde estos no renuncian a
intervenir para lograr un cambio político en Cuba, ahora haciendo uso de
diversos mecanismos en lo que se ha calificado como una compleja partida de
ajedrez.
Este
proceso ha impactado positivamente en nuestras relaciones económicas
internacionales, no tanto por las decisiones directamente adoptadas por la
administración norteamericana actual, que no ha modificado esencialmente el
bloqueo económico contra Cuba, si no por la reacción favorable que ha suscitado
en terceros países, creando un ambiente positivo para avanzar, sin olvidar los
esfuerzos realizados por nuestro país para cumplir en todo lo posible sus compromisos
financieros internacionales.
Las perspectivas
de hoy son mucho mejores que hace cinco años atrás, lo que no quiere decir que
no se requieran ajustes y rectificaciones indispensables, pero ante una
coyuntura internacional incierta en muchos aspectos, Cuba no ha hecho una sola
concesión de principios y se mantiene firme en su tránsito hacia un
socialismo próspero y sostenible del
cual podamos sentirnos orgullosos.
BIBLIOGRAFIA
-Espina, Mayra (2015) “Reforma económica y política
social de equidad en Cuba” en Mayra Espina y Dayma Echevarría (Coordinadoras)
Cuba: los correlatos socioculturales del cambio económico, Ruth Casa Editorial
y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2015.
-Murillo, Marino (2014) “Intervención en la
ANPP el 19 de diciembre de 2014” transmisión por el canal de TV CUBAVISION el
22 de diciembre de 2014.
-Murillo, Marino (2015) “Intervención en la
ANPP el 29 de diciembre de 2015” transmisión por el canal de TV CUBAVISION el
30 de diciembre de 2015.
-Orozco, Manuel (2012) “América Latina y el
Caribe: Desarrollo, migración y remesas” Editorial Teseo, Buenos Aires, 2012.
-PCC (2011) “VI Congreso del Partido Comunista
de Cuba. Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución” La Habana, 18 de abril de 2011.
-Rodríguez, José Luis (2016) “El desbalance
financiero externo y la importancia de la reducción en los últimos años”
Cubadebate, febrero 13, 2016 en www.cubadebate.cu
-VOA (2015) “Cuba: Proyectan alza en el envío
de remesas” VOA, febrero 24, 2015 en www.voanoticias.com
[1] Ver PCC (2011, p. 10)
[2] Para el desarrollo de estos
aspectos el autor se apoyó en su artículo
“El desbalance financiero externo y la importancia de la reducción en
los últimos años” Cubadebate, febrero 13, 2016 en www.cubadebate.cu
[3] Esta política se detalla en los Lineamientos del 92 al 95.
[4] La deuda externa informada por la ONEI (2015) fue de 13 916 millones
de dólares en 2011, ya que solo se tomo en cuenta la deuda renegociada.
[5] Ver EIU (2016).
[6] Al respecto se ha señalado que en las condiciones de Cuba es posible
asegurar el repago de la deuda externa hasta una proporción de la misma de entre
el 40 y el 45% del PIB.
[7] Información basada en la
intervención del Ministro de Economía en la ANPP del 29 de diciembre de 2015,
transmitida por el canal CUBAVISION el 30 de diciembre de 2015; en datos de la
ONEI (2015) y de EIU (2016).
[8] Esta política se mantiene para toda la inversión extranjera en el país
y tiene como premisa mantener un nivel de protección a la fuerza de trabajo
calificada que labora en el sector estatal para evitar que –en un régimen de
libre contratación con el capital extranjero- se retribuya por debajo de su valor real. No obstante, se
mantienen criterios de diferentes economistas que apuntan a lograr estos
objetivos por otros mecanismos no administrativos y más eficientes.
[9] La intencionalidad de la política oficial frente al sector no estatal
concibe un crecimiento limitado del mismo. En ese sentido el lineamiento Nº 03
señala “En las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración
de la propiedad en personas jurídicas o naturales.”
[10] En las actuales condiciones hay que hablar diferenciadamente del
ingreso y el salario, pues existen formas no salariales de ingreso como los
estímulos en CUC, las remesas o el
autoconsumo en la producción agropecuaria que tienen un peso creciente en la
demanda solvente de la población.
[11] Ver el lineamiento Nº 41.
[12] A mediados de los años 2000 estos ingresos incidían en alrededor del
30% de los trabajadores estatales aunque en magnitudes muy diferentes. Esta
proporción se estima debe haber disminuido en los últimos años, pero todavía
conserva su significación en los ingresos de una parte de los trabajadores,
sobre todo aquellos del llamado sector emergente.
[13] Oficialmente se dio un estimado de ingreso por remesas al país de 1
700 millones de dólares en 2014 y esta cifra debe haber crecido en 2015
producto de las medidas derivadas del proceso iniciado el 17 de diciembre de
ese año con Estados Unidos.
[14] Ver Orozco (2012).
[15] Ver VOA (2015)
[16] Este coeficiente muestra valores entre 0 y 1. Mientras más cerca de 0
se encuentre el índice se considera más igualitaria la distribución y lo
contrario ocurre en la medida en que se acerca a valores próximos a 1.
[17] Estos aspectos se recogen en los lineamientos Nº 144, 166 y 175
respectivamente.
[18] Este índice solo cubre los precios en CUP.
[19] Ver Espina (2015).
[20] Estos aspectos se recogen en los lineamientos Nº 269 a 286, 242 a 248
y 300 a 303.
