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viernes, 28 de abril de 2017

¿Que deberían esperar los economistas de los funcionarios?


Por Pedro Monreal, El Estado como tal.

Frecuentemente, los ciudadanos exigen a los economistas que no discutan tanto y que acaben de “arreglar” la economía. Hay un pequeño detalle: los economistas no tienen poder para hacer eso que se les pide. 

Me refiero aquí a los economistas que hacen trabajo académico, es decir aquellos que se dedican a investigar para producir conocimiento. Es precisamente ese tipo de economista el que quizás es percibido como que “no escribe con claridad”, “discute demasiado”, “no influye tanto”, y “no resuelve” los problemas concretos. 

Las dos primeras cosas –escribir y discutir- es exactamente la naturaleza del trabajo que hacen. Viven por eso y de eso. Las otras dos –influir y resolver problemas prácticos- no son cosas que les “toca” hacer, sino que a veces se les permite hacer. Para que no haya dudas, eso depende de las decisiones de quienes tienen poder: los funcionarios y los políticos. 

No me refiero, por tanto, a los economistas –que no son pocos en Cuba- que trabajan como funcionarios (especialistas y dirigentes) y cuya tarea es otra: diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas. Tampoco me refiero a los economistas que trabajan en la esfera empresarial (estatal, no estatal, y extranjera). 

Si los economistas académicos forman parte de un proceso más amplio y muy complejo, en el cual las decisiones respecto a la utilización de la evidencia científica que ellos han producido es el resultado de relaciones de poder que ellos no controlan, ¿qué tipo de reacción deberían esperar de los funcionarios cuando les presentan una evidencia producida por la investigación que pudiera ser relevante para las políticas públicas? 

No me interesa discutir ahora en el plano normativo –“lo que debería ser”-, respecto al cual cualquiera pudiera hacer un discurso, sino a la manera concreta en que funciona esa compleja relación entre economistas y funcionarios y políticos. 

Sugiero intentar comprender esas posibles reacciones mediante la utilización de la tipología aportada por Fred Carden, investigador canadiense, basada en un estudio desarrollado durante ocho años con los datos de 23 proyectos de investigación financiados por el Centro Internacional de Canadá de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) en Asia, África y Latinoamérica, y que fue publicado en 2009 bajo el título “Del conocimiento a la política. Máximo aprovechamiento de la investigación para el desarrollo”. No encuentro en la red una versión en idioma español que esté disponible en acceso abierto, pero la versión original en inglés del libro (238 paginas) puede ser descargada aquí

A continuación, se identifican esquemáticamente los cinco “contextos de políticas” planteados por Carden, a los que he agregado en forma de preguntas –a modo ilustrativo- mis anotaciones relativas al caso de Cuba.

  1. Existencia de una demanda clara de evidencia por parte del gobierno.
Es el tipo de situación que el economista académico debe agradecer. En ese contexto, la construcción de una relación fluida de trabajo entre el académico y el funcionario es crucial. Normalmente, la investigación se necesita de manera expedita y por tanto tendrían ventaja los académicos que hayan estado trabajando sobre determinados temas, antes de que estos hubiesen adquirido prioridad política. Por lo general, es una situación que incluye el establecimiento de mecanismos precisos para evaluar el impacto del trabajo académico.
¿Es este el caso de los proyectos de investigación comprendidos en los Programas Nacionales de Ciencia y Técnica (PNCT) apoyados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)?
2. Interés del gobierno en la investigación, pero en condiciones en que el liderazgo del gobierno no existe en cuanto a conectar la investigación y las políticas.
Es una situación en la que el economista que esté interesado en encontrarle una “salida” práctica a su investigación debe ser capaz de entender cómo funcionan las relaciones de poder en el campo especifico de la política pública que intenta influir. Adicionalmente, la “comunicación científica” pudiera ser muy importante para tratar de convencer a los funcionarios que asuman el liderazgo en el proceso de “absorción” de la investigación.
¿Es este el caso de temas como el micro-financiamiento?
3. Interés del gobierno en la investigación, pero con carencia de capacidad estatal para aprovechar la investigación.
Es un contexto en que el economista académico debe tratar de encontrar la manera de demostrarle al funcionario que pueden obtenerse resultados relevantes en áreas específicas y con un empleo de recursos humanos y materiales relativamente modesto. Tratar de convencer al gobierno de hacer una gran inversión en un tema interesante para el cual los gobiernos no tienen capacidad actual, no sería muy efectivo.
¿Es este el caso de la utilización de los métodos del “pensamiento sistémico” (complejidad), por ejemplo, el empleo de “fractals” para estimar fluctuaciones de precios o respuestas del mercado ante regulaciones estatales?
4. Un tema nuevo logra activar la investigación, pero no motiva el interés de los funcionarios.
Un contexto de este tipo requiere que el economista trate de establecer “alianzas” por fuera de la comunidad académica, especialmente con los grupos sociales que pudieran ser beneficiados o afectados por ciertas políticas, para de conjunto, abogar frente a los funcionarios respecto a la necesidad de que estos se interesen en el tema. Obviamente, se trata de algo que no es fácil hacer en Cuba.
 ¿Es este el caso de la investigación relativa a las pequeñas y medianas empresas (PYMES)?
5. El gobierno trata la investigación y la evidencia producida por ella con desinterés, incluso con discordia.
Es un contexto en que al economista no le quedan muchas más opciones que abrirse el paso “a codazos”, o “esquivando”, para poder realizar sus investigaciones. Su trabajo pudiera consistir esencialmente en producir conocimiento en espera de un momento políticamente “favorable” que le permitiese comunicar directamente la evidencia a quienes se encargan de diseñar y de aplicar las políticas.
¿Es este el caso de los “puntos ciegos” que existen en temas cruciales como la pobreza y la desigualdad?
Personalmente, encuentro muy útil la tipología de Carden. Ojalá pudiera ser provechosa para otros colegas.

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