La desigualdad del ingreso y la experiencia de América Latina

Autor(es): 

Carmelo Mesa-Lago, Temas

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Resumen: 

América Latina es la segunda región del mundo con mayor desigualdad del ingreso; esta se ha reducido algo en el siglo xxi pero aún es negativa y hay indicios de una reversión reciente. El artículo resume las teorías económicas sobre la distribución del ingreso; explica los indicadores para medir la desigualdad y los compara en 18 países latinoamericanos, mostrando sus tendencias; identifica las causas de la desigualdad y analiza las políticas públicas para enfrentarla; y examina el caso de Cuba dentro del contexto regional.

Los expertos concuerdan en que la desigualdad debe analizarse de forma multidimensional (Espina, 2010; Zabala et al., 2015), tomando en consideración cómo se manifiesta en el ingreso, el territorio, el género, la raza, el sistema tributario, el acceso a los servicios sociales, etc. Este artículo se centra en la desigualdad en la distribución del ingreso —que abarca salarios, dividendos, rentas, intereses, pensiones, transferencias—, entre un porcentaje pequeño de personas u hogares, y una mayoría de ellos que recibe una entrada proporcionalmente mucho menor. Aunque relacionada, no hay que confundirla con la desigualdad de la riqueza, que consiste en la distribución del capital —como propiedad inmobiliaria y mobiliaria, negocios, inversiones en acciones y bonos, ahorros, fondos de retiro, depósitos bancarios— entre la población, luego de sustraer las obligaciones.[1]

Según todos los organismos técnicos regionales e internacionales, América Latina es el área del mundo con mayor desigualdad en el ingreso, después de África subsahariana. Este indicador se ha ido reduciendo desde comienzos del siglo xxi, pero sigue siendo negativo (CEPAL, 2012). La distribución del gasto es menos desigual que la del ingreso, debido al papel positivo que usualmente desempeña el Estado en el gasto social.

Este artículo resume las teorías económicas sobre la distribución del ingreso; explica los indicadores para medir la desigualdad y los compara entre dieciocho países latinoamericanos que ofrecen información, lo que permite mostrar sus tendencias. Asimismo, identifica las causas de la desigualdad, y analiza las políticas públicas para enfrentarla. Al final se trata el caso de Cuba dentro del contexto regional.

Teorías sobre la distribución del ingreso

En la teoría económica clásica, la distribución del ingreso es producto de las fuerzas de mercado, a las cuales hay que dejarlas solas; su extremo es el laissez-faire: «dejad hacer, dejad pasar, el mundo camina por sí solo». En la teoría neoclásica, la desigualdad resulta de la diversa productividad de grupos de trabajadores: profesionales altamente pagados y trabajadores sin cualificación mal pagados. Según los neoclásicos, perseguir una distribución óptima del ingreso envuelve «un juicio de valor». Los neoliberales argumentan que la concentración del ingreso es saludable porque permite la acumulación de capital, aumenta la inversión, genera crecimiento económico y crea más empleo. Además, promueve el «goteo» (trickle-down) porque sube el ingreso de los grupos medio y pobre, por lo que se revierte en bienestar social general. Si el Estado se entromete y reduce la desigualdad, se rompe ese círculo «virtuoso»: surgen desincentivos para la inversión y creación de empleo y se desacelera el crecimiento. Tres Premios Nobel de Economía, entre otros economistas (Amartya Sen, Joseph Stiglitz y Paul Krugman), han probado que el «goteo» no funciona en la práctica y han hecho aportes valiosos en el campo de los análisis sobre la desigualdad económica.

El principio clave de los clásicos y neoclásicos de que el Estado debe abstenerse de intervenir en la economía (su rol ha de ser «subsidiario» del mercado), suscitó y agravó la Gran Depresión. Esta indujo la subsiguiente intervención estatal en la mayor parte del mundo, influenciada por el keynesianismo, que proponía que la creación de empleos y otros programas contracíclicos romperían el círculo vicioso de una recesión-depresión, al proporcionar ingresos a los desocupados para estimular la demanda y la producción. En los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt lanzó el New Deal (Nuevo Trato): el Estado tomó la iniciativa en obras gigantescas de infraestructura y creación de empleo; estableció la seguridad social (seguros de pensiones y desempleo), otorgó subsidios a los granjeros y reguló a los grandes bancos y compañías. El keynesianismo perduró hasta los gobiernos de Margaret Thatcher en Reino Unido (1979-90) y Ronald Reagan en los Estados Unidos (1981-89), que lograron el regreso al neoliberalismo apoyado por los organismos financieros internacionales (OFI).

La gran recesión que comenzó en 2008 indujo la crítica a las políticas de los OFI, el «rescate» por el Estado, una mayor regulación, etc. Stiglitz, que recibió el Nobel por su obra sobre desigualdad distributiva, argumentó que esta engendra excesivo poder económico-político en los más ricos (beneficiados por recortes de impuestos y menos regulación), a la par que la clase media y baja es aporreada por la rebaja del gasto social; además, la globalización ha contribuido a una mayor desigualdad y debilitado el crecimiento. Si la distribución se torna muy desigual, una parte importante de la población reduce su consumo por carecer de recursos, mengua la demanda y se afectan el empleo y el crecimiento, un círculo vicioso que alimenta la desigualdad. Una economía de mercado necesita de la regulación y supervisión del gobierno, en vez de un Estado «subsidiario», como clama el neoliberalismo. Los países que han implementado políticas sociales públicas apropiadas han creado empleo y crecimiento, y reducido la desigualdad (Stiglitz, 2012; Krugman, 2014). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha reafirmado que una reducción de la desigualdad en el ingreso fomenta el crecimiento (2014).

La teoría marxista sostiene que el capitalismo produce una creciente desigualdad en el ingreso, debido a que las empresas sustituyen a los trabajadores por máquinas para reducir costos, con un aumento de la productividad por trabajador y de las ganancias capitalistas, pero también provoca un alza del desempleo, mientras que los salarios se mantienen bajos por el excedente de mano de obra. El resultado final es la concentración del capital en cada vez menos manos y la expansión de la miseria, lo cual eventualmente conduce a la revolución del proletariado. En la primera etapa del socialismo se aplicaría la fórmula «de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo» por lo que se mantendrían las diferencias del salario monetario, aunque habría un «salario social» en expansión (beneficios sociales otorgados por un Estado que iría desapareciendo con el tiempo). En la etapa superior del comunismo, se aplicaría la fórmula «de cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades», pero esta solo se intentó por un breve período en la URSS (Comunismo de guerra) y en la China de Mao (El gran salto adelante) con resultados adversos.

Los países escandinavos han logrado combinar de manera óptima el mercado y el papel del Estado, lo cual ha propiciado el crecimiento económico, el empleo pleno y la equidad social basada en el Estado de Bienestar.

Medición de la desigualdad. Comparaciones en América Latina

La desigualdad puede medirse por hogares y para toda la población. Normalmente, la primera es más baja que la segunda, porque dentro de un hogar puede haber personas con diverso ingreso con un efecto compensatorio.[2] La medición de la desigualdad más usada es el coeficiente de concentración Gini: un valor de 1 es desigualdad absoluta (una persona tiene todo el ingreso y el resto cero), mientras que uno de 0 es igualdad absoluta (todos reciben el mismo ingreso). Las mediciones normalmente se basan en encuestas en hogares. El Gini se representa por la curva Lorenz, que muestra la desviación de la línea de igualdad perfecta: a mayor desviación, mayor desigualdad. Esta también se estima comparando los quintiles (20%) o deciles (10%) de la población con su porción del ingreso.

Otros índices de desigualdad son los de Theil y Atkinson.[3] El primero, como el Gini, estima la distancia de una población respecto al estado igualitario perfecto, o sea, todos con el mismo ingreso: según sea mayor el número, mayor el desvío de la línea de equidad absoluta. Pero el Theil tiene una ventaja sobre el Gini: permite medir la desigualdad espacial, o sea, desagregar en grupos o componentes; por ejemplo, distinguir entre los estados o provincias de un país, y dentro de cada uno de ellos. Por otra parte, el Gini es más usado porque es más visible, por la curva Lorenz, y más fácil de entender por mucha gente (Conceiçao, Galbraith y Bradford, 2000). El índice Atkinson, el más complejo de todos, permite evaluar la desigualdad sobre la base del bienestar social, así como el impacto de políticas de desarrollo en él, lo que no pueden hacer los otros dos. Pero presenta ciertos problemas: demanda una exacta especificación de bienestar social y es más débil que las estimaciones en que predomina la distribución, por lo cual requiere comprobaciones con otras medidas (Bellú y Liberati, 2006).

Las encuestas aportan información para dieciocho de los veinte países latinoamericanos entre 1990 y 2014. Las comparaciones son afectadas de manera significativa por varios problemas: 1) la diversa veracidad de las encuestas: hay evidencia de que algunas cifras oficiales subestiman la realidad; 2) su actualidad, porque en algunos países datan de 2014, pero en otros, de 2013 y en Nicaragua de 2009; 3) la ausencia de encuestas disponibles en Cuba y Haití; 4) el cambio de metodología que hace que los valores más recientes no sean comparables con años previos en Colombia, Costa Rica y Venezuela; y 5) la limitación de la muestra a la población urbana en Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Los países se colocan entre los dos extremos, como coeficiente de 1. Su promedio en América Latina descendió de 0,542 a 0,486 entre en 2002 y 2013 (CEPAL 2014). El primer segmento del Cuadro 1 muestra el rango del Gini en la región: 1) los países de menor desigualdad (0,379 a 0,447) eran Uruguay, Venezuela, El Salvador, Perú y Ecuador; 2) le seguía un grupo intermedio (0,491 a 0,519): Bolivia, Argentina, México, Chile, Costa Rica, Panamá y República Dominicana; y 3) los más desiguales (0,536 a 0,564) eran Paraguay, Colombia, Brasil, Guatemala y Honduras.

La comparación del Gini indica que en la gran mayoría de los países la desigualdad alcanzó su cénit ya sea en 1998-99 o en 2001-03, con una tendencia creciente. En el siglo xxi hubo un crecimiento económico adecuado en la región, acompañado de una mejora distributiva: entre 2001-03 y 2011-12, todos los países lograron una reducción en el Gini. Una excepción fue Costa Rica, que empeoró y pasó de ser el país menos desigual al onceno lugar.[4] Por el contrario, Uruguay exhibe un descenso constante en todo el período y tenía el Gini menor en 2012-14. Este índice se redujo en alrededor de 1% anual en diez países y no aumentó con la crisis financiera global de 2008-09 (CEPAL, 2012). En nueve naciones entre dieciséis con información continuó el descenso hasta 2013-14: Uruguay, El Salvador, Perú, Chile, Panamá, Colombia, Brasil, Guatemala y Honduras. Sin embargo, entre 2011 y 2013-14 acaecieron aumentos del Gini en Venezuela, Ecuador, Bolivia y México, mientras en Costa Rica, República Dominicana y Paraguay se produjeron incrementos en 2012 y 2013-14 (Cuadro 1). En 2014-15 ocurrió una desaceleración económica, lo cual probablemente impulsó el crecimiento del Gini y una reversión en la mejoría en la distribución.

Se alega que la desigualdad en la región, medida por este método, subestima la situación real por tres razones: 1) se basa en encuestas de ingresos salariales y no de gastos; 2) los ingresos excluyen el 1% más rico y, al agregarlo, a partir de declaraciones de impuestos, aumenta la desigualdad; y 3) no tiene en cuenta la diferencia en las canastas de consumo de los ricos y los pobres. Estos ajustes incrementan el valor del Gini, pero exhiben la misma tendencia analizada antes (Banco Mundial, 2014).

En la medición de la desigualdad, comparando los quintiles más rico y más pobre, en 2012, se vio que 20% de los hogares más ricos captaba 47% de los ingresos totales, mientras que 20% de los más pobres recibía solo 5% (CEPAL, 2014). El segundo segmento del Cuadro 1 exhibe un rango de desigualdad en la población por deciles, en 2013: el 10% más rico captaba entre 7 y 28 veces lo que recibía el 10% más pobre. Con este método, los tres países más iguales y los tres más desiguales se ordenaban tal como lo hacen con el Gini; había otros con igual o similar ordenamiento, pero hay cambios notables en algunos: Bolivia desciende del lugar 6 al 11, mientras que Paraguay asciende del 14 al 5.

Los índices Theil y Atkinson son más complejos que el Gini y pudieran agravar los cinco problemas apuntados en este, aparte de que el último requiere comprobaciones. En la mayoría de los países los ordenamientos del Gini y el Atkinson o bien son iguales (por ejemplo, los tres más y menos desiguales) o solo difieren en un punto, salvo Bolivia y Panamá (Cuadro 2). El índice Theil muestra más variedad con el Gini en siete países.

Mientras en América Latina hubo una mejora en la distribución al menos hasta 2012, sucedió lo opuesto en muchos países desarrollados. Durante los últimos cincuenta años, en la OCDE (que comprende treinticuatro naciones desarrolladas), la desigualdad creció siete veces y el promedio del ingreso del 10% más rico de la población es ahora nueve veces el promedio del 10% más pobre. En los últimos treinta años, la desigualdad del ingreso ha crecido también en los Estados Unidos: 1% de los ciudadanos controla 40% de la riqueza del país, y la desigualdad es muy superior al promedio de la OCDE (2014). Como se ha dicho, los países escandinavos han logrado combinar el crecimiento con una mayor equidad distributiva.

Causas de la desigualdad en la distribución del ingreso

Aunque hay diferencias entre los países, ocho factores contribuyen a la desigual distribución del ingreso en la región:

1. El principal es la desigualdad originada en el mercado de trabajo, debido a la disparidad del ingreso de los ocupados. Además, el trabajo informal, aunque diverso, tiende a recibir un ingreso bajo y oscilante y suele estar desprotegido por la seguridad social. El salario mínimo es bajo y estancado.
2. La desigualdad educativa (a menor educación, mayor ingreso, y viceversa). En las naciones menos desarrolladas, la mitad de los ocupados mayores de veinticinco años solo ha estudiado seis; con frecuencia el grupo de mayor ingreso envía a sus hijos a escuelas privadas (de mejor calidad), y los más pobres van a escuelas públicas.
3. La ausencia de protección del grupo de bajo ingreso por la seguridad social: sin acceso a pensiones, ni seguro de desempleo ni atención de salud. Esto último provoca un alto «gasto de bolsillo», especialmente gravoso para este sector.
4. La «brecha de equidad» al momento de nacer: la riqueza heredada conlleva una importante ventaja (oportunidades tempranas en la vida, mejor educación, capital para invertir) respecto a aquellos cuyos ascendientes carecen de riqueza, por lo que arrancan con una desventaja relativa.
5. Un sistema tributario regresivo, que carga de forma desproporcionada al grupo de ingreso bajo. Por ejemplo, predominan los impuestos al consumo o la venta —que golpean más duro a ese segmento— en vez de los progresivos sobre las utilidades y el ingreso personal.
6. La discriminación por género: menor salario a las mujeres por igual trabajo, pensiones más bajas, no remuneración por la crianza de los hijos, etc.; y diferencias por etnia o raza. Los afrodescendientes y los indígenas tienen menor educación y menos ingreso y acceso a servicios sociales.
7. La disminución de la sindicalización, que ha reducido el poder negociador de los trabajadores frente a los empleadores en la mayoría de las Américas.
8. El cambio tecnológico y las asimetrías en la globalización, que contribuyen a la desigualdad mundial y dentro de los países, pues los beneficios del crecimiento no son distribuidos equitativamente. El enorme desarrollo de China y otras naciones con bajo costo en mano de obra ha insertado a miles de millones de trabajadores en la economía global, reforzando la competencia y reduciendo el valor del trabajo no calificado y los precios, pero aumentando el valor del trabajo calificado, lo cual expande la brecha (ver otras causas en Zabala et al., 2015).

Políticas para disminuir la desigualdad en el ingreso

El 76% de la merma en la desigualdad en América Latina se atribuye a una menor disparidad del ingreso laboral de los ocupados, especialmente entre los más y menos calificados afectados por la globalización. Los salarios constituyen una parte fundamental de los ingresos; por ello, la reducción en su disparidad (por ejemplo, un salario mayor en los servicios no calificados) mejora notablemente la distribución. La clase media en expansión abarca entre 40% y 70% de la población latinoamericana y ejerce un efecto positivo en esta última variable. Igualmente, la expansión del empleo formal en algunos países y los programas de creación de empleo.

Las políticas sociales impulsadas por el Estado son cruciales: 1) mejor acceso a la educación, en especial a la primaria y secundaria, lo cual merma las desigualdades educativas; 2) programas para reducir la pobreza que dan recursos a los más necesitados, por ejemplo, provisión de un «ingreso no laboral», como las transferencias en efectivo condicionadas —Bolsa de Familia (Brasil), Chile Solidario (Chile), Bono de Desarrollo Humano (Ecuador), Comunidades Solidarias Rurales (El Salvador), Oportunidades (México), Red de Oportunidades (Panamá), Abrazo (Paraguay), Perú Juntos (Perú), etc.—; 3) redes mínimas de protección social de grupos étnicos importantes, antes preteridos (Bolivia, Ecuador, Perú); 4) introducción, extensión o mejora de la pensión asistencial focalizada en los pobres (Argentina, Bolivia —magra pero universal—, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay); 5) aumento del salario mínimo; 6) expansión del acceso a la salud pública (que reduce el gasto de bolsillo) y mejora en la calidad del servicio; y 7) otorgamiento y/o aumento de las pensiones contributivas bajas con aporte fiscal en Argentina, Chile y Uruguay (Barrientos, 2013; Martínez-Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2016).

También es importante el gasto social: entre 1990-91 y 2012-13 aumentó de 51,6% a 65,4% del gasto público y de 13,8% a 19,1% del PIB (esto ocurrió incluso durante la gran recesión), lo cual reduce la desigualdad en la distribución. La eliminación de las desigualdades en el ingreso por género reduciría el Gini entre 2 y 8 puntos porcentuales según el país (CEPAL, 2015a).

Hay que mejorar la estructura impositiva con una reforma tributaria que incluya/aumente el gravamen progresivo a la renta (cuya tasa sube según el ingreso), así como uno a la herencia, y usar parte de dichos recursos para financiar políticas sociales. Chile ha aprobado reformas tributarias y educativas; en 2015 una Comisión presidencial sobre pensiones propuso cincuenta y seis recomendaciones que están siendo estudiadas por una comisión de ministros. Estas medidas habrán de reducir la desigualdad. Otra acción positiva ha sido la mayor participación de la mujer y los jóvenes en el mercado de trabajo. Por último, la recepción de remesas externas por grupos de bajo ingreso ha mejorado la distribución en algunos países como El Salvador (CEPAL, 2012, 2013; Muñoz, 2013; OCDE, 2014).

En los Estados Unidos, Barack Obama (2015) presentó un plan para reducir la desigualdad en el ingreso: aumento del salario mínimo, acceso gratis a universidades comunitarias, subsidios fiscales para guarderías infantiles, igual salario a la mujer por el mismo trabajo del hombre, abono de siete días por enfermedad del trabajador, reducción de impuestos a la clase baja y media, recalificación de trabajadores en ocupaciones nuevas, y aumento de impuestos al 1% más rico de la población y a las corporaciones con gran inversión foránea. En enero de 2016, el mandatario sometió su proyecto de presupuesto al Congreso, con las medidas citadas, pero estas fueron rechazadas por ambas cámaras, en las que los republicanos tienen mayoría. Los dos candidatos demócratas a la presidencia propusieron en sus campañas las mismas medidas, con énfasis en la reducción de la desigualdad, aunque con enfoques diversos: Bernie Sanders recomendó el inmediato acceso gratuito a la enseñanza superior y la cobertura de salud a toda la población, mientras que Hillary Clinton planteó una expansión gradual; el primero apoyaba un aumento del salario mínimo mayor que el propuesto por la segunda.

Cuba: discusión teórica, políticas, mediciones y efectos de las reformas

En Cuba, entre 1964 y 1966, tuvo lugar un debate sobre la mejor vía para avanzar en el socialismo.[5] Una facción liderada por Che Guevara aspiró a saltar la etapa socialista y entrar en la comunista, fundamentada en crecientes incentivos morales, la reducción de las diferencias salariales y la creación del «hombre nuevo»; mientras que otra, encabezada por Carlos Rafael Rodríguez, argumentó que había que ir más despacio y que los incentivos materiales debían predominar, así como que cierta desigualdad era necesaria para incrementar el esfuerzo y la producción. En 1966-70 se intentó la primera vía, con medidas como el igualitarismo salarial, la reducción de estímulos materiales e incremento de los morales, la expansión del racionamiento y de los servicios sociales gratuitos, además del trabajo voluntario. Se congelaron los salarios altos y se subieron los bajos, con la meta de igualarlos. De ese modo, la diferencia entre el salario más bajo y el más alto se redujo de 3,6 por 1 a 2,6 por 1, para convertirse en la menor de la región.

Esta política melló los incentivos y el esfuerzo laboral: no vale la pena esforzarse si el ingreso es bajo, parecido al de los otros trabajadores y no está referido a la productividad sino a escalas salariales relacionadas con normas de producción impuestas centralmente. Además, el salario medio era suficiente para comprar todos los bienes racionados disponibles, con el trabajo de solo dos semanas. Todo esto provocó el ausentismo de una quinta parte de la fuerza de trabajo, lo cual, junto con el fracaso de la Zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, en 1970, indujo una recesión.

En vista de lo anterior, en la etapa 1971-1985 ocurrió un viraje que criticó el igualitarismo y defendió la necesaria diferencia en el salario, de acuerdo con la fórmula socialista de distribución del ingreso. Otro intento de igualitarismo, pero menos fuerte, sucedió durante el Proceso de rectificación, de 1986-1990. Pero esta política también provocó resultados económicos adversos, agravados después por la desaparición de la URSS, que desembocaron en la severa crisis de los 90 y el llamado Período especial en tiempo de paz.

En 1989, Cuba probablemente era el país con ingresos más igualitarios en América Latina y entre muchos socialistas de Europa oriental por las razones siguientes: bajísimas diferencias entre salarios/ingresos (un minúsculo sector privado en la agricultura); virtual pleno empleo; un sector informal muy pequeño y restringido; distribución de bienes de consumo magra, pero basada en el racionamiento; restricciones enormes a la herencia; educación y salud universales y gratuitas; pensiones a casi todos los trabajadores, así como amplia asistencia social y aislamiento de la economía globalizada debido a la concentración del comercio externo/inversión con la URSS y otros Estados del CAME, además de con China. El sistema tributario descansaba de forma predominante en impuestos a las ventas y la circulación (regresivos), pero esto era compensado con creces por los factores progresivos en la distribución, ya explicados.

En medio de la crisis de los 90 comenzaron reformas modestas que, por primera vez, expandieron las desigualdades en el ingreso; y los necesarios cambios estructurales iniciados en 2007, y que continúan hasta el presente, son racionales económicamente, pero tienden a acentuar la desigualdad en el ingreso. Además, en los Lineamientos (2011), las referencias al tema de la desigualdad son mínimas y no se comprometen a actuar sobre ella con una política social que introduzca instrumentos de equidad (Mesa-Lago, 2012, 2014). Se han implementado políticas positivas, focalizadas como subsidios para la compra de materiales de construcción a grupos de bajo ingreso y/o afectados por los huracanes, y también se estimula la creación de empleo. Por otra parte, la política de microcréditos ha tenido poco efecto debido a sus fuertes exigencias, que no pueden ser cumplidas por esos grupos (Espina, 2015).

Entre los efectos adversos a la igualdad se encuentran: la eliminación de gratuidades, muy justificada para el grupo de altos ingresos, pero perjudicial para los más pobres; igualmente, la extracción de la libreta de racionamiento de artículos que se vendían a precio de costo o menos, y su venta a precio de mercado, tres o cuatro veces superior. Los recortes en salud y educación (tanto en el presupuesto como en su acceso y facilidades) son obviados por los de altos ingresos «por la izquierda» («incentivos» informales al personal sanitario o «repasadores» educativos). El 85% de la población es dueño de su vivienda, pero se generarán desigualdades por la reducción de las construidas por el Estado y el aumento de las edificadas de forma privada, así como por la compraventa, a altos precios, de viviendas en áreas muy apreciadas, y bajos en otras menos deseables.[6] Los salarios medios estatales han aumentado nominalmente (en especial en algunos sectores como la salud), pero ajustados a la inflación, aún están 70% por debajo del nivel de 1989; la pensión media se ha congelado y es la mitad que en 1989. Frente a la expansión de la población vulnerable, ha disminuido notablemente la asistencia social; hay beneficiarios indebidos que han sido justamente excluidos, pero la caída en 2006-2014 fue de 5,3% a 1,5% del presupuesto y de 2,7% a 0,4% del PIB.

El sistema tributario, a pesar de cierto progreso por la reforma de 2012, aún genera 58,2% del ingreso fiscal de impuestos indirectos (45,6% de ellos a la circulación o ventas) y 41,8% de directos (solo 5,5% a los ingresos personales y 15,1% a las utilidades)[7] (basado en ONEI, 2015, 2016c). Expanden la brecha en la desigualdad los aumentos notables del ingreso en ciertas ocupaciones del sector privado, así como el hecho de que alrededor de un tercio de la población no recibe remesas externas (Mesa-Lago, 2012, 2015; García y Cruz, 2015; Zabala, 2015; Espina, 2015).[8]

Cuba nunca ha publicado estadísticas de distribución del ingreso. En 1990 tuve una entrevista con estadígrafos de JUCEPLAN y les pregunté por qué no validaban la usual opinión de que Cuba tenía el coeficiente Gini menor en la región; esto sería muy fácil —argumenté— porque las fuentes fundamentales del ingreso eran salarios, pensiones y subsidios estatales cuya información tenían. La respuesta fue que no estaban interesados. Varios economistas extranjeros hicieron estimados gruesos del Gini cubano, que mostraron una reducción entre 1953 y 1986, pero un aumento de 64% entre 1989 y 1999, de 0,250 a 0,407 (Brundenius, 1979; MacEwan, 1981; Brundenius y Zimbalist, 1989; Fabienke, 2001). Aun así, el último era el más bajo de la región (ver Cuadro 1). Pero este cálculo se basó solo en el ingreso en pesos (CUP) y excluyó el de pesos convertibles (CUC) y por concepto de remesas; de incluirse, el Gini sería mayor (Espina, 2006). En 2002 estimé que la disparidad extrema entre los ingresos se había incrementado quince veces respecto a 1995, sin incluir a los cuentapropistas (Mesa-Lago, 2003).[9]

Pedro Monreal (2015) plantea que sin datos del Gini u otros indicadores de desigualdad dados por el gobierno no es posible hacer un análisis empírico de este tema en Cuba y que toda labor es «intuitiva», porque carece de evidencia. Concuerdo en que la ausencia de cifras es un obstáculo, pero no un impedimento para hacer un trabajo serio, pues de seguir ese criterio, poco se hubiese avanzado en los estudios económicos y sociales sobre Cuba, debido a los importantes vacíos de datos existentes.

La única estadística disponible es la diferencia en el salario estatal medio, entre provincias y entre actividades económicas, lo cual minimiza la desigualdad pues se basa en la media y excluye los salarios/ingresos del sector privado.[10] En 2015, la diferencia extrema era de 1,2 entre las provincias de Ciego de Ávila y Guantánamo, y de 2,4 entre las actividades de la industria azucarera y de la cultura-deporte (ONEI, 2016c). En el Cuadro 3 hago una comparación en 2015 entre medias/promedios en el sector estatal y estimaciones conservadoras de ingresos por remesas y actividades privadas, convertidos a CUC. La comparación se asienta en el ingreso inferior estatal (la prestación asistencial promedio que es 1,0); la razón de las remesas es 6,1 veces, y las razones de arriendo de vivienda a turistas y paladar de lujo son 1 156 y 2 597 veces, respectivamente. Si comparamos los dos últimos ingresos con el salario medio estatal, las razones son 236 y 529 veces.

Los estimados de ingresos en el sector privado en el Cuadro 3 se realizaron de la siguiente manera: 4) basado en tres mil millones de dólares anuales de remesas en efectivo (sin contar el envío de paquetes), dividido entre la población total de 11,2 millones, por 65% que recibe remesas; 5) basado en mansión en Miramar con siete habitaciones y siete baños, sala, comedor, cocina, piscina y servicios, que cobra cinco mil dólares semanales brutos, asumiendo 50% de ocupación anual, y descontando gastos de personal, mantenimiento, servicios públicos e impuestos; 6) basado en una paladar con cincuenta sillas, asumiendo 50% de ocupación anual, y descontando insumos, empleados, mantenimiento, servicios públicos e impuestos. Los ingresos de arriendos y paladares son conservadores porque se han calculado suponiendo 50% de ocupación y gastos bastantes altos. Con una ocupación de 90% y gastos menores, las razones podrían duplicarse. En junio de 2016 había una villa en arriendo en Miramar que cobraba 7 000.00 CUC por semana y paladares que ganaban un millón de CUC al año.

Perspectivas

América Latina logró avances importantes en disminuir la desigualdad del ingreso hasta, al menos, el año 2012. La desaceleración económica de China, la lenta recuperación en Europa, los problemas en las economías emergentes, la caída brusca en los precios de la materia prima (incluyendo el petróleo) y el temor a un probable aumento de la tasa federal de interés en los Estados Unidos, combinados con políticas económicas no exitosas en varios países, cambiaron el panorama. Por primera vez en la última década, la región creció a un ritmo inferior al de OCDE en 2014 y 2015. En el último año, la tasa de variación del PIB fue negativa (-0,4%, influenciada por -7% en Venezuela y -2% en Brasil) debido a las causas apuntadas, más un aumento de la inflación (especialmente en Venezuela), del déficit fiscal, de desempleo abierto y la salida de capitales, así como descensos en la inversión extranjera directa (IED), el ingreso fiscal y las remesas externas (CEPAL, 2015b). Respecto a 2016, la CEPAL proyectó, en diciembre de 2015, una ligera subida del PIB regional en 0,2%, pero en abril-junio de 2016 los OFI redujeron sus predicciones previas y proyectaron una merma entre -0,3% y-1,3% del PIB, así como un alza sustancial de la inflación y del desempleo (Banco Mundial, 2016; BID, 2016; FMI, 2016).[11] La CEPAL (2016b) informó una caída de 9% en la IED en 2016. Estas circunstancias adversas podrían inducir un retroceso en la reducción de la desigualdad en el ingreso; ya en 2014 ocurrió un incremento de ella en siete países de un total de diesiséis con información (Cuadro 1).

Para proteger los avances en la distribución del ingreso y la vida de millones de latinoamericanos es esencial continuar con políticas sociales redistributivas, financieramente sostenibles a largo plazo, pues se ha demostrado que una menor desigualdad en la distribución fomenta el crecimiento económico y el bienestar social.

El tema que hemos abordado es objeto de crecientes estudios y publicaciones profesionales en Cuba, sin embargo no se ha podido avanzar en la medición de la desigualdad en la distribución del ingreso porque no hay cifras oficiales disponibles y los estimados gruesos existentes son anteriores al siglo xxi. No obstante, este artículo aporta evidencias de que, después de ser una de las economías más igualitarias de la región a fines del decenio de los 80, ha aumentado la desigualdad en la distribución del ingreso desde las reformas modestas de los 90, y se expande con las estructurales desde 2007. El consenso de los economistas y científicos sociales dentro y fuera de la Isla es que se requiere de políticas ad hoc para reducir ese indicador, las cuales no deberían postergarse hasta alcanzar las metas económicas. La propia historia de la Revolución y la experiencia de parte de América Latina muestran que se puede.

Citas

[1]. Este artículo se basa en uno previo del autor (Mesa-Lago, 2015), que ha sido ampliado y actualizado con nuevas estadísticas, información y estudios sobre el tema, al que se añadió la sección de Cuba.

[2]. Las mediciones se simplifican aquí para que sean entendidas por todos los lectores, pero son mucho más complejas en realidad.

[3]. También está el índice de Palma, que contrasta el porcentaje del ingreso que capta el 10% más rico de la población con el que recibe el 40% más pobre (ver el comentario de Monreal, 2015).

[4]. Las cifras costarricenses en 2011-2014 no son comparables con las de años previos (por un cambio de método), pero la desigualdad venía creciendo desde los años 90, y se advertía un retroceso en los notables avances previos.

[5]. Esta sección, hasta 2001, está basada en Mesa-Lago, 2002, 2003.

[6]. Según Revolico.com, en La Habana, febrero de 2016, se vendía una casa por 900 000.00 CUC en Miramar y otra por 7 000.00 CUC en Marianao.

[7]. Se experimentó una mejoría entre 2012 y 2015: los impuestos a las ventas y servicios (regresivos) menguaron de 55,8% a 52,1%, mientras que los de las utilidades e ingresos personales (progresivos) aumentaron de 15,6% a 20,6%; el impuesto a los ingresos personales subió de 3,0% a 5,5% (basado en ONEI, 2015a, 2016a).y 3,7% en Bolivia, pero cae 10% en Venezuela, 4% en Brasil y en Ecuador.

[8]. Espina (2010) ha analizado desigualdades por género, raza y territorio que expanden la desigualdad en el ingreso.

[9]. Basado en ONEI (2001: 79-80, cuadro 7), estimé la pensión y el salario más bajos; a partir de entrevistas en Cuba y con visitantes recientes a la Isla, identifiqué quince ocupaciones y obtuve respuestas similares sobre sus salarios/ingresos, mayormente en CUP y algunos en CUC. Las diferencias con 1985 se basaron en anuarios estadísticos de esa época.

[10]. No se publica información sobre ganancias, ingresos y salarios en el sector privado, cooperativas agrícolas y no agrícolas y de servicios, usufructuarios, pequeños campesinos privados, etc.

[11]. Hay diferencias notables entre los países; por ejemplo, el PIB aumenta 6% en Panamá, 5% en República Dominicana, 4,4% en Nicaragua.

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