Déjà Vudú

JOSEPH E. STIGLITZ

NUEVA YORK – Después de haber fracasado en la “substitución y derogación” de la Ley de Asistencia Asequible de 2010 (“Obamacare”), la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y la mayoría republicana del Congreso se dirigen hacia la reforma tributaria. Ocho meses después de asumir el cargo, la administración sólo ha sido capaz de ofrecer un esbozo de lo que tiene en mente. No obstante, lo que sabemos es suficiente como para sentir una profunda sensación de alarma.

La política fiscal debe reflejar los valores de un país y abordar sus problemas. Hoy en día, Estados Unidos – y gran parte del mundo – se enfrentan a cuatro problemas centrales: el ensanchamiento de la desigualdad de ingresos, la creciente inseguridad laboral, el cambio climático y el crecimiento anémico de la productividad. Estados Unidos enfrenta, además, la necesidad de reconstruir su infraestructura que está en deterioro y la necesidad de fortalecer su sistema de educación primaria y secundaria cuyo rendimiento se ubica por debajo del esperado.

Sin embargo, lo que Trump y los republicanos están ofreciendo en respuesta a estos desafíos es un plan tributario que proporciona una abrumadora porción de los beneficios no a la clase media – una gran proporción de cuyos miembros, en los hechos, puede que pague más impuestos – sino que los proporciona a los millonarios y multimillonarios de Estados Unidos. Si anteriormente la desigualdad se constituía en un problema, la promulgación de la reforma fiscal propuesta por los republicanos hará que dicho problema empeore muchísimo.

Las corporaciones y empresas estarán entre los grandes beneficiarios, un sesgo que se justifica con la fundamentación que asevera que esto estimulará la economía. Pero los republicanos, con mayor énfasis que los demás, deberían comprender que los incentivos son importantes: por lo que sería mucho mejor reducir los impuestos para aquellas compañías que inviertan en EE.UU. y creen empleos, e incrementar dichos impuestos para aquellas que no lo hagan.

Al fin y al cabo, no se está en una situación en la que las grandes corporaciones de Estados Unidos se encuentran hambrientas por dinero en efectivo; ellas están sentadas sobre una silla que contiene un par de millones de millones de dólares. Y, la falta de inversión no se debe a que las ganancias, ya sea las ganancias antes o después de impuestos, sean demasiado bajas; las ganancias corporativas después de impuestos como una proporción del PIB casi se han triplicado durante los últimos 30 años.

De hecho, debido a que la inversión incremental es financiada en gran medida por deuda, y los pagos de intereses son deducibles de impuestos, el impuesto corporativo reduce el costo de capital y los retornos de la inversión proporcionalmente. Por lo tanto, ni la teoría ni la evidencia sugieren que la ganga propuesta por los republicanos con respecto a los impuestos corporativos irá a incrementa la inversión o el empleo.

Los republicanos también sueñan con un sistema fiscal territorial, mediante el cual las corporaciones estadounidenses sólo tributarían sobre los ingresos que generen en Estados Unidos. Sin embargo, esto únicamente reduciría los ingresos y alentaría aún más a que las compañías estadounidenses desplacen la producción hacia jurisdicciones con impuestos bajos. Una competencia cuyo objetivo sea llegar a los niveles más bajos de impuestos corporativos solamente se puede evitar mediante la imposición de una tasa mínima a cualquier corporación que se dedique a hacer negocios en EEUU.

Los Estados y municipios estadounidenses son responsables de la educación y de gran parte del sistema de salud y bienestar del país. Y, los impuestos estatales sobre la renta son la mejor manera de introducir un mínimo de progresividad a nivel subnacional: los Estados que no tienen un impuesto sobre la renta típicamente se basan en impuestos regresivos a las ventas, mismos que imponen una pesada carga a los pobres y a los trabajadores. Por lo tanto, quizás no sea sorprendente que la administración de Trump, que cuenta con plutócratas indiferentes ante la desigualdad, llegue a querer eliminar la deducibilidad de los impuestos estatales de los impuestos federales, alentando de esta forma a que los Estados se desplacen hacia un sistema que enfatice los impuestos a las ventas.

Abordar la panoplia de los otros problemas que enfrenta Estados Unidos requerirá de más, no de menos, ingresos federales. Los incrementos en los niveles de vida, por ejemplo, son el resultado de la innovación tecnológica, que a su vez depende de la investigación básica. Sin embargo, el apoyo del gobierno federal a la investigación como porcentaje del PIB se sitúa en la actualidad en un nivel comparable al que tenía hace 60 años.

Si bien Trump el candidato criticó el crecimiento de la deuda nacional de Estados Unidos, hoy en día Trump, el presidente, propone recortes de impuestos que añadirían millones de millones a la deuda en los próximos diez años – no los “tan sólo” 1,5 millones de millones de dólares que los republicanos afirman que se añadirían, gracias a algún milagro de crecimiento que llevaría a obtener más ingresos fiscales. No obstante, la lección clave de la economía “vudú” del lado de la oferta de Ronald Reagan no ha cambiado: recortes fiscales como éstos no conducen a un crecimiento más rápido, sino que solamente conducen hacia ingresos más bajos.

Esto es así especialmente ahora, cuando la tasa de desempleo supera por poco el 4%. Cualquier aumento significativo de la demanda agregada sería emparejado con un correspondiente aumento de las tasas de interés. La “mezcla económica” de la economía, por lo tanto, se desplazaría alejándose de la inversión; y el crecimiento, que ya de por sí es anémico, se ralentizaría.

Un marco alternativo aumentaría los ingresos y potenciaría el crecimiento. Incluiría la reforma real del impuesto corporativo, eliminando los trucos que permiten a algunas de las compañías más grandes del mundo pagar impuestos minúsculos, en algunos casos mucho menos del 5% de sus ganancias, dándoles una ventaja injusta frente a las pequeñas empresas locales. Establecería un impuesto mínimo y eliminaría el trato especial de las ganancias de capital y los dividendos, obligando a los muy ricos a pagar al menos el mismo porcentaje de sus ingresos en impuestos que los demás ciudadanos. Y, se introduciría un impuesto sobre el carbono, para ayudar a acelerar la transición hacia una economía verde.

También se puede utilizar la política fiscal para dar forma a la economía. Además de ofrecer beneficios a quienes invierten, llevan a cabo investigaciones y crean empleos, los impuestos más altos sobre los terrenos y la especulación inmobiliaria reorientarían el capital hacia un gasto que incremente la productividad – que es la clave para la mejora a largo plazo de los estándares de vida.

Es de esperar que una administración de plutócratas – la mayoría de los cuales obtuvo su riqueza de actividades dirigidas a la búsqueda de rentas más que al empresariado productivo – se auto recompensase. Sin embargo, la reforma fiscal propuesta por los republicanos es un regalo más grande para las corporaciones y los ultra-ricos de lo que la mayoría había previsto. Evita las reformas necesarias y dejaría al país con una montaña de deudas; se necesitarían décadas para revertir las consecuencias – baja inversión, crecimiento estancado de la productividad y desigualdad ensanchada.

Trump asumió el cargo prometiendo “drenar el pantano” en Washington, D.C. En cambio, el pantano se ha ampliado y profundizado. Con la reforma fiscal propuesta por los republicanos, este pantano amenaza con engullir la economía de Estados Unidos.

Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.

Joseph E. Stiglitz, recipient of the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2001 and the John Bates Clark Medal in 1979, is University Professor at Columbia University, Co-Chair of the High-Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress at the OECD, and Chief Economist of the Roosevelt Institute. A former senior vice president and chief economist of the World Bank and chair of the US president’s Council of Economic Advisers under Bill Clinton, in 2000 he founded the Initiative for Policy Dialogue, a think tank on international development based at Columbia University. His most recent book is The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe.