Campanadas de solidaridad (II)

Bohemia

La atención a los damnificados y el control sobre los recursos que entrega el Estado son tareas permanentes en la recuperación

En el punto de venta Alzadora, de Caibarién, se despachaban tejas de fibrocemento a quienes “supuestamente” las habían pagado con anterioridad.

Por DELIA REYES, CARIDAD CARROBELLO y los estudiantes de Periodismo ADIEL GUEVARA, DAYÁN GONZÁLEZ y JOSÉ MANUEL PÉREZ

Fotos MARTHA VECINO y YASSET LLERENA

A golpe de martillo, Yordenis Machado, Daniel Duarte y Edel Castañeda, obreros de la Unidad Empresarial de Base de Construcciones en Jatibonico, habilitan lo mejor posible una eventual casita para Ada Batista Agramonte, vecina del reparto La Campana, en el Consejo Popular Mayajigua, municipio espirituano de Yaguajay.

“No tengo cómo agradecer la ayuda de estos muchachos. ¡Hacen maravillas! Utilizan hasta el último pedacito de tabla para levantarme el ranchito”, dice Ada, y reparte un humeante café.

A este terruño, el más afectado de la provincia, los materiales para levantar las facilidades temporales de los damnificados por derrumbe total de viviendas no habían podido llegar a tiempo, ni a todos, en los momentos que estos reporteros visitaron el lugar. Los destrozos en el país fueron tales que, según estimaciones preliminares del Consejo de Defensa Nacional, el huracán arrasó con 14 657 hogares y afectó a otros 16 646. Pero los estragos del ciclón no dejaron a las autoridades cruzadas de brazos.

Las manecillas del reloj casi marcan las ocho de la noche. En el amplio salón del gobierno municipal de Yaguajay están los directivos de las principales entidades de la provincia de Sancti Spíritus: Unión Eléctrica, Comunicaciones, Recursos Hidráulicos, Vivienda, Salud, Educación, Cultura, Alimentaria, Industrias, Comercio Interior, Transporte, Construcción, Viales, Agricultura, Flora y Fauna, Comunales, Turismo…

José Ramón Monteagudo Ruiz, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), pregunta, a cada uno, sobre el apoyo de sus respectivos organismos a la construcción de facilidades temporales a quienes el huracán Irma les arrasó sus viviendas.

En el municipio camagüeyano de Minas, se constató como aprovechan los locales vacíos para construir nuevas viviendas para los damnificados.

“La estrategia es vincular cada organismo a esas familias afectadas, ayudarles a levantar un lugar transitorio, con los recursos propios, recuperando todo lo que se pueda. Si algo se ha potenciado en estos momentos, es la solidaridad de los espirituanos”, enfatiza Monteagudo.

Cuánto tardará la construcción de las nuevas viviendas para los damnificados, es difícil precisarlo, reconoce Raúl Pérez Carmenate, vicepresidente del CDP en tierra avileña. “Son tantas las afectaciones que no me atrevería a dar un pronóstico. En la provincia hay más de 3 970 derrumbes totales, sobre todo en las zonas costeras de Júcaro, al sur, y Chambas, al norte, en el Consejo Popular Máximo Gómez, que incluye Punta Alegre y Punta San Juan.

“Ya comenzamos a recibir recursos, y están en todas las tiendas, acero, áridos, cemento y bloques, para iniciar la construcción de estas viviendas afectadas por derrumbe total. Una parte, las destinadas a familias donde hay personas discapacitadas, encamadas, casos sociales críticos, la asumirá la empresa constructora del Poder Popular; la otra, en las parcelas definidas por el Instituto de Planificación Física (IPF), se harán con esfuerzo propio y el apoyo de la comunidad”, precisa el vicepresidente.

Duros de pelar

A la “marinera”, descalzo, sin camisa y con los pantalones remangados, Eduardo Zamora recupera cada trozo de madera de las ruinas de su antigua casa. “Me falta poco para cumplir 90 años, pero aún tengo fuerzas para guapear. Ni el ciclón Ike, ni ese demonio de Irma han podido vencerme”, afirma con picardía el vecino de Playa Nazabal.

En este litoral del municipio villaclareño de Encrucijada el mar retoza hoy insistente contra los arrecifes. Aunque las inmensas olas y los fuertes vientos generados por el huracán tragaron de una engullida su morada, igual que otras cinco cercanas, en el momento de la visita de BOHEMIA todavía las familias afectadas no habían recibido los recursos para levantar, al menos, un lugar donde resguardarse.

Las Petropalmas, es decir, casitas de tablas de palma, avanzan aceleradamente en la provincia de Camagüey.

El presidente de la zona de defensa, Ramón Rosas López, asegura: “Tenemos 44 derrumbes totales en el Consejo Popular y solo han entrado ocho módulos de facilidades temporales”. Se estudian las soluciones a estos vecinos del litoral de acuerdo con la estrategia de alejar el asentamiento de la costa.

A unos 50 pasos del nonagenario Eduardo, Odalis Quintana Broche aún pena por lo que Irma le arrebató. “Sigo buscando la puerta trasera, la cafetera nueva y muchas cosas más”, dice. Una parte del techo de su casa cedió ante las marejadas. Por eso ya recibió, a mitad de precio, tejas de fibrocemento y bloques, y tiene otros materiales pendientes.

En Caibarién, también al norte de Villa Clara, donde los vientos alcanzaron 250 kilómetros por hora, sí hay cómo afrontar los derrumbes totales. Reinaldo de Armas Zurriba, presidente de la zona de defensa 06, afirma que tienen los 57 módulos de facilidades temporales, tejas de fibroasfalto, madera rolliza, sacos de cemento y puntillas de dos tipos.

Deibis Perdomo agradece la ayuda prestada por el Estado para adquirir las tejas a mitad de precio, pero al momento de la visita de los reporteros al lugar, todavía no se había actualizado su ficha técnica para el resto de los materiales que necesita.

No obstante, “aunque los recursos están desde el primer momento, las personas no han querido comenzar a levantarlas, algunos permanecen en casa de familiares y otros en el centro de evacuación. Hay quien se queja porque las tejas de fibroasfalto son muy frágiles. Debemos ser muy persuasivos con ellos, aunque antes tenían algo peor”, enfatiza.

El pescador Héctor Oropesa no se sentó a mirar los celajes después que el ciclón le derrumbara totalmente su vivienda en Júcaro, localidad avileña. “Somos seis en el núcleo familiar, con tres menores, y no podíamos seguir albergados en casa de mi hermano. Nos entregaron 50 tejas, listones, puntillas. En pocos días ya teníamos donde dormir”. Para revestir los laterales de la casita aprovechó unas planchas de zinc maltrechas encontradas a la orilla de la playa.

Danay Páez Valdivia, delegada de circunscripción del mencionado territorio avileño, asegura que para los derrumbes totales de vivienda allí ya han entrado algunos recursos.

Sensibles al dolor ajeno

Con los ojos cerrados, Josefa de la Caridad Álvarez conoce el camino hasta la Oficina de Trámites habilitada en Punta Alegre, municipio de Chambas. “Tengo una situación familiar difícil, mi esposo discapacitado y dos hijas jimaguas embarazadas. Antes de que pasara el huracán, el Consejo de Administración Municipal me había aprobado un subsidio para construir una célula básica habitacional, que nunca llegó a concretarse porque entonces pasó Irma y dejó la casa hecha polvo.

Los vecinos me ayudaron a levantar una facilidad temporal. Tengo la propiedad del terreno, los planos de la nueva casa, y no vivimos en la zona costera. Pero aquí me han peloteado de un lugar al otro y nadie me ha dicho qué hacer”, expresa Josefa, quien es además delegada de la circunscripción 25.

En Punta Alegre, tanto Fernando Rey Peñaranda, vicepresidente de la zona de defensa, como Iyoleisy Vega Burgos, jefa de la Oficina de Trámites, manifestaron que “por decisión de la provincia los subsidios anteriores al huracán quedaron paralizados. No se reciben en la oficina, ni se les está entregando ningún recurso”.

Sin embargo, otro es el criterio de Raúl Pérez Carmenate, vicepresidente del CDP. “Esa no es la indicación. Ese caso tiene prioridad doble desde un inicio, porque tenía el subsidio aprobado, y ahora fue afectado con derrumbe total de su vivienda. Por lo tanto, no se puede parar, sino darle los recursos inmediatamente”.

Al comentar con Gladys Bejerano Portela, contralora general de la República, la situación de esa familia avileña y la respuesta de las autoridades del municipio de Chambas, manifiesta su desaprobación: “Creo que es una barbaridad. También pasa en la vida cotidiana, no solo en caso de ciclón, hay personas que se cuadran y toman una decisión y afectan a los otros. Y no le veo ninguna lógica.

Con el apoyo solidario de los organismos se habían terminado en Sancti Spíritus más de 1 332 facilidades temporales con materiales recuperados, y otras 366 utilizando los módulos gratis entregados por el Estado.

“Pero, además, ella tiene un subsidio. Si existe alguien entre los damnificados con un cuadro crítico desde el punto de vista social, entonces, con transparencia, se deben reunir a todos los responsables y darle prioridad”, advierte Bejerano Portela.

El control tiene momento fijo

A la entrada del punto de venta Alzadora, en Caibarién, donde son atendidos los damnificados de las zonas de defensa 04 y 06, Carmen Chávez Anaya, afectada por derrumbe parcial de vivienda, expresa: “Llevo días viniendo a hacer la cola para comprar las 35 tejas de fibrocemento que me entregaron y todavía nada. Hoy entraron, pero el administrador las está vendiendo a personas que, según él, las pagaron por adelantado. Es un abuso”.

En el patio del punto de venta, los reporteros constatan que, efectivamente, había tejas de fibrocemento y quienes las cargan son personas que pagaron por estos, días atrás. Así lo reconoce Lester Pérez Rodríguez, administrador del lugar.

El hecho, además de ser una violación, pues ningún punto de venta está autorizado a vender lo que no tiene, puede enmascarar otras marañas, valora la Contralora General de la República.

Una buena experiencia de los camagüeyanos fue colocar en lugares visibles la información a la población.

Para el correcto funcionamiento de los puntos de venta, los que ya existían, y los nuevos abiertos después del huracán, “las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE) de Comercio Interior dieron indicaciones precisas, mediante seminarios, de cómo operarlos, cómo hacer las transferencias, y tienen auditores chequeando en Encrucijada, Isabela, Remedios y Caibarién”, precisa Dolores Pedraza Valle, contralora jefa provincial en Villa Clara.

“Tenemos a nuestros inspectores en los lugares más afectados, para alertar, minimizar el riesgo, tapar las grietas”. Pedraza Valle enfatiza en que la entrega de los recursos a los damnificados se realice de manera ordenada y transparente, porque el esfuerzo de la Revolución es muy grande y nadie puede empañarlo.

De los créditos y pagos

Aunque en la Oficina de Trámites, en el Consejo Popular Lugareño, municipio de Minas, Camagüey, estaba a la vista en la entrada del local la información sobre las formas de pago a las que podían acceder los damnificados, Yusmara Jerez Blanco desconocía que podía alternar un crédito con una bonificación.

“Soy ama de casa, soltera, con tres hijos menores, y no tengo de dónde sacar los 1 673 pesos que me cuestan las tejas y los otros materiales para arreglar el techo”. Finalmente una persona accedió a asumir su deuda completa, aunque una parte podía ser bonificada o subsidiada por el Estado.

En Isabela de Sagua, Villa Clara, también se presentaron damnificados que no tenían cómo pagar y no se les podía entregar un crédito porque no trabajaban. Sobre estos casos, Dolores Pedraza Valle, contralora de Villa Clara, esclarece que las condiciones para otorgarlos se han flexibilizado, los intereses del banco son muy bajos, y se está dando la posibilidad de que una misma persona, con solvencia, asuma dos créditos para damnificados.

“Este trámite con el banco se realiza en 24 horas, como está establecido para que sea ágil. Pero nos dimos cuenta de que hay demoras en los centros de trabajo. Y con esto no puede haber burocracia, hay que soltar lo que se esté haciendo para atender a los damnificados. Hay que ponerse en el lugar del otro”, enfatiza Pedraza Valle.