Sobre la labor de los auditores en la recuperación dialoga BOHEMIA con Gladys Bejerano Portela, contralora general de la República. También hablamos aquí acerca de los donativos recibidos por Cuba y su destino. Finanzas para enfrentar los desastres
Venezuela fue el primer país en llegar con 7,3 toneladas destinadas a los damnificados. El lote contenía colchones, agua y alimentos enlatados. (Foto: bohemia.cu).
Por DELIA REYES, CARIDAD CARROBELLO y los estudiantes de Periodismo ADIEL GUEVARA, DAYÁN GONZÁLEZ y JOSÉ MANUEL PÉREZ
Fotos: YASSET LLERENA y MARTHA VECINO
Tanto los huracanes Ike, Paloma, Sandy, Matthew, como recientemente Irma, movilizaron a la Contraloría General de la República. En cada zona de defensa se activaron los auditores, preferentemente de la misma localidad, para realizar una labor preventiva, refiere Gladys Bejerano Portela, contralora general
“Si en tiempos normales no podemos darnos el lujo de perder ni un solo centavo, ni un solo recurso, en una situación como esta perderlos es un crimen imperdonable”, valora la también vicepresidenta del Consejo de Estado.
El auditor trabaja apegado a la legislación, acentúa, pero de una manera dialéctica, según las características de cada lugar, y tiene el hábito de contar y medir, ese es su estilo. Él alerta, recomienda y verifica. “El que controla, como ha insistido Raúl, tiene que organizar, educar, y exigir que se cumpla lo establecido”.
Bejerano Portela explica que tienen un programa basado en las normas cubanas de auditoría que incorpora las legislaciones que emite el país ante desastres.
-¿Tras el paso del huracán han detectado violaciones?
-En los primeros momentos hubo ciertas indisciplinas, pero se actuó muy rápido, por la Fiscalía y los tribunales, y las organizaciones políticas y de masas. Porque el enfrentamiento es prevención. Los problemas actuales son más bien de lentitud en los trámites, algunos lugares donde no llega la cantidad de materiales suficientes. Pero cuántos casos y cuántas necesidades hay. Se está haciendo un grandísimo esfuerzo en la producción, se trabaja muy duro en las fábricas, pero las afectaciones fueron en 12 provincias a la vez. Nunca había pasado así.
“La batalla en Cuba es larga, porque estamos hablando de más de 14 000 derrumbes y más de 150 000 viviendas afectadas, y los materiales de la construcción no alcanzan para recuperar inmediatamente esas afectaciones”.
-En Camagüey y otras provincias salieron a relucir problemas organizativos en los trámites y la entrega de recursos.
Gladys Bejerano Portela insiste en prevenir y enfrentar las conductas delictivas y controlar que los recursos del Estado lleguen verdaderamente a quienes los necesitan.
-Recibí la información de Camagüey. Los auditores realizaron cinco visitas de supervisión a los municipios de Esmeralda, Nuevitas, Sierra de Cubitas; fueron a cinco zonas de defensa, e igual cantidad de oficinas de trámites y puntos de ventas; y entrevistaron a damnificados.
“Todas las zonas de defensa están activadas. Los puntos de trámites comenzaron a funcionar en los primeros días de octubre, aunque la entrada de materiales es insuficiente, fundamentalmente los asociados a las facilidades temporales.
“La cantidad de damnificados atendidos en dichas oficinas de trámites hasta mediados de octubre era de 175, cifra poco representativa teniendo en cuenta la cantidad real. En Sierra de Cubitas hubo problemas al elaborar las fichas técnicas, demoras y errores en la clasificación de los daños. No se relacionaron adecuadamente los materiales para los casos de derrumbes parciales, lo cual denotó falta de preparación.
Según los datos recibidos por la vicepresidenta del Consejo de Estado, las oficinas de trámites se constituyeron según lo establecido. En Nuevitas no contaban con las condiciones de trabajo adecuadas, no tenían la lista de damnificados actualizada y era poco representativa la cantidad de ventas en efectivo. No todos los puntos de venta estaban funcionando porque carecían de materiales de construcción.
Toda esta información, explicó la entrevistada, la discuten los auditores con el presidente del Consejo de Defensa Provincial y le dan seguimiento. En todos los territorios actúan de manera similar.
A su juicio, el país se ha ido preparando más y mejor ante la ocurrencia de desastres naturales. “La zona de defensa es lo más maravilloso que se ha hecho. Creo que ha sido enorme el esfuerzo colectivo”.
Las condiciones de Cuba, una Isla expuesta permanentemente a las inclemencias de la naturaleza, argumenta la Contralora, nos obligan a seguir guapeando, quizás por eso somos tan aguerridos. “La Revolución y Fidel nos prepararon para eso. Fíjate, nacimos para vencer, no para ser vencidos. Tenemos ese espíritu, por eso lo que el ciclón destruyó, ahora va a quedar más lindo que antes”.
DONACIONES: Cuba recoge lo que siembra
Un desastre como el que ocasionó el huracán Irma suele generar el apoyo de pueblos, gobiernos y organismos internacionales, entre otros. Esas muestras de solidaridad se producen, además, porque la patria de Fidel siempre ha estado dispuesta a dar su mano a los necesitados, sin medir sacrificios ni pedir beneficios a cambio.
Tras el paso de Irma, los cubanos recibieron las primeras toneladas de ayuda humanitaria procedentes de la República Bolivariana de Venezuela, que después se fueron multiplicando en varias cargas, puntualizó en entrevista exclusiva a BOHEMIA, Magalys Estrada Díaz, directora general de Colaboración Económica del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex).
No transcurrieron muchas horas y disímiles gobiernos de la región y del mundo en general enviaron buques o aviones con materiales de construcción, agua, alimentos y enseres que complementan los recursos que Cuba dedica a resarcir las afectaciones causadas por el evento meteorológico.
Cabe mencionar a China y su donación de más de un millón de dólares en efectivo; a Panamá y sus varios envíos, el gesto de República Dominicana, que a pesar de haber sido afectada por Irma destinó un barco para trasladar hasta la Mayor de las Antillas aproximadamente 90 toneladas de materiales, y de igual forma aportes solidarios de Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Rusia, Uruguay, Suriname y Nicaragua, explicó la funcionaria.
Los donativos para el pueblo cubano, ya sean externos o internos –agregó–, se han entregado a los damnificados sin costo alguno, pues así lo norma la Resolución No. 700, de 2017, del Ministerio de Finanzas y Precios.
A la par, fueron creadas sendas cuentas en CUC y CUP para que los ciudadanos cubanos que deseen ayudar a los damnificados depositen su contribución. Dentro de los donativos figura asimismo dinero depositado por personas u organizaciones extranjeras, en una cuenta creada para ese fin.
La Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja también han contribuido, igual que diferentes instituciones del Sistema de las Naciones Unidas, a pesar de que Cuba, debido a sus índices socioeconómicos, no clasifica entre los países priorizados para ayuda humanitaria. El gobierno cubano distribuye las donaciones en las zonas más afectadas y en los casos en que el donante pide dirigirlas a un lugar determinado así se hace.
LA RUTA DE LOS RECURSOS
El cálculo del daño económico del Ike (2009) fue de siete mil 325 millones de pesos, pero los gastos asociados a las pérdidas y a la recuperación del Irma le sobrepasan, apunta Alejandro Gil, viceministro primero del Ministerio de Economía y Planificación.
Tras el azote del huracán Irma a Cuba, en medio de una destrucción extendida a casi todas las regiones del país y sobre todo al importante polo turístico del norte, la atención y distribución de recursos a la población y a la recuperación de sectores y servicios básicos como la producción de alimentos, el agua, la electricidad y el saneamiento, se convirtió en prioridad.
En esta labor ha sido fundamental el Ministerio de Economía y Planificación, como parte del órgano económico-social, estructura del Consejo de Defensa Nacional para temas de la economía y la sociedad ante desastres. Lo explica, en entrevista exclusiva concedida a BOHEMIA, el viceministro primero del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Alejandro Gil Fernández.
-¿Cuál es la función del MEP cuando ocurren eventos meteorológicos que afectan al país?
-En el órgano económico-social su papel es conductor y juega un rol principal, en dependencia del tipo de desastre. No es lo mismo el huracán Mathew que el Irma, pues en el primero se pudieron dirigir todos los recursos hacia la zona afectada, ya fueran fuerzas, medios e incluso los dirigentes fundamentales del país; en el caso del último ha sido casi la totalidad del país, o sea, doce provincias.
Con Irma ha sido necesario realizar un balance de las prioridades y establecer un sistema de asignación centralizada, teniendo en cuenta que la recuperación siempre es gradual, pues aunque el país dispone de una reserva de recursos como colchones, tejas de zinc, fibroasfalto, fibrocemento y otros productos de la construcción, queda clara la dificultad de satisfacer de inmediato las demandas de todos los territorios. En estos casos, la función del MEP es la asignación coherente de los recursos a los diferentes territorios.
Ahora bien, en Cuba se establecen sistemas de trabajo donde actúan los Consejos de Defensa Provinciales. Incluso, esta vez se decidió, por parte del presidente del Consejo de Defensa Nacional, Raúl Castro Ruz, activar las tres regiones estratégicas: Occidental, Central y Oriental. Nosotros hemos mantenido permanente comunicación con los consejos de defensa y con las regiones estratégicas para poder evaluar la asignación de la manera más racional posible.
De inmediato se dispuso de los inventarios operacionales, a la vez que se potenció la capacidad productiva del país, y toda la materia prima disponible, en función de la producción de tejas.
Recursos como las cubiertas ligeras se han ido destinando en primer lugar a la recuperación de las viviendas de la población y a las instalaciones turísticas. También, a la satisfacción de otras demandas económicas estatales como la avicultura, cuyas naves fueron muy dañadas y, con ello, la producción de huevos; asimismo, a instalaciones sociales como hospitales y escuelas.
Las producciones de cemento y acero se van a seguir entregando según el plan de la economía.
-¿Cómo se han distribuido las donaciones?
-El proceso de recepción y destino de las donaciones ha sido el siguiente: primero, recibimos un parte del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) sobre las posibles ofertas. Posteriormente realizamos un seguimiento diario en el MEP de todo lo que está llegando al país, con funcionarios de nuestro ministerio y representantes de Comercio Interior, Salud Pública, Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, Ensume (distribuidora del material gastable de salud), Emcomed (distribuidora de medicamentos por BioCubaFarma), entre otras entidades.
En el caso de equipos donados para la construcción, como buldóceres, camiones y otros, los recibe el Ministerio de la Construcción y después quedan a cargo de la Comercializadora Escambray, de ese sector. Si es equipamiento hidráulico no doméstico, como bombas de agua de gran tamaño, es el Instituto de Recursos Hidráulicos quien lo gestiona todo. Igualmente, los recursos industriales eléctricos como generadores, son enviados a la Unión Eléctrica (UNE).
Cabe aclarar que siempre es respetada la voluntad del donante cuando los suministros llegan con un destino específico.
Quedó establecido por una norma del Ministerio de Finanzas y Precios, que estas no se cobran. Son una ayuda, pero no deciden la recuperación. Lo determinante son los recursos estatales, la reserva del país, la capacidad que tengamos de producir y de entregar lo necesario a los afectados.
Un elemento importante es que los donativos, como los colchones, fueron entregados como prioridad a las personas bonificadas con el 100 por ciento del costo. No tiene sentido que a quienes poseyeran solvencia económica para pagar se les entregara gratis esta donación y a las familias que debían ser beneficiadas con la bonificación les vendiéramos este tipo de recurso proveniente de la reserva.
Los módulos de aseo, de cocción y sábanas se han entregado gratis a las familias exentas de pago por su situación económica o por la magnitud de los daños que sufrieron, sobre todo en casos donde la vivienda fue totalmente arrasada.
Eso no es tan fácil de realizar en la práctica, pues la donación no viene en función de los daños, ni está para cubrir las necesidades de los más afectados desde un primer momento, pues no le podemos decir al bonificado en un 100 por ciento que espere para cuando entre el colchón de donación. A ese le fuimos dando los recursos ya existentes en el país.
–El mayor impacto de Irma sobre las viviendas e instalaciones estatales se centra en las cubiertas ligeras. ¿Existe alguna estrategia para sustituirlas paulatinamente por otras más seguras?
Diversos organismos internacionales también han aportado ayuda para los damnificados.
-Hay un programa de construcción de viviendas, pero evidentemente no se dispone de una estrategia totalmente definida para ir cambiando las cubiertas ligeras. Lo que sí vamos a hacer –como ha indicado el presidente del Consejo de Defensa Nacional– es estudiar a profundidad todas las experiencias que emanan del huracán Irma y el órgano económico-social va a evaluar alternativas.
Las cubiertas ligeras son muy cuestionadas no solo en el sector residencial, sino también en el estatal. Se están estudiando las experiencias y las discusiones técnicas sobre cuál debe ser el camino, para luego disponer estrategias. Lo que está claro es que cuando pasa el huracán no se puede esperar por las disposiciones en
cuanto a los sistemas constructivos a implementar; lo inmediato es solucionar el problema, aunque sea temporalmente poniendo tejas, o sea, cubiertas ligeras. Es lo más rápido y barato.
Luego se tomarían las decisiones definitivas, que no son sencillas porque, debido al estado del fondo habitacional en el país, no todas las viviendas tienen la solidez necesaria; en una casita de madera, o de paredes no resistentes, es imposible poner una placa. Ahora, las viviendas que se están haciendo nuevas para quienes han perdido las suyas, así como las células básicas habitacionales en los lugares de derrumbes totales, tienen en cuenta una solución más segura.
Cuanto se vaya a implementar en un futuro hay que razonarlo bien y lograr que sea realizable. Pero reitero que el presidente del Consejo de Defensa Nacional indicó estudiar todas las experiencias y evaluarlas en colectivo, pues de ahí saldrán programas para estar mejor preparados en un futuro.
-¿Ha sido este el evento meteorológico más fuerte que ha enfrentado el país?
-El huracán Ike, que en 2009 entró por la costa norte de Holguín, fue fuerte y con menores valores de riesgo en aquella época; o sea, que en toda la cayería norte había menos infraestructura turística. Aún no está concluido el cálculo del daño económico del huracán Irma, pero el Ike tuvo un monto de 7 325 millones de pesos. Tenemos la percepción de que ahora esos daños económicos son mayores, por los lugares donde pasó el fenómeno y las estructuras dañadas en las cayerías y zonas costeras. Los gastos no solo están asociados a las pérdidas, sino también a la recuperación.
-¿Pudiera tener un impacto de importancia en el Producto Interno Bruto (PIB) de este año?
-No se puede decir mecánicamente que por el impacto del huracán se registre un decrecimiento del PIB. Puede afectar porque disminuyen determinadas producciones o servicios, pero si hay más producción de tejas y de otros materiales de la construcción, y de alimentos en varias industrias locales, etc., el resultado cambia.
Es un tema muy técnico. El PIB es un medidor de la actividad económica en valores monetarios, y en un evento como este tiene ascensos y descensos. Por ejemplo, puede bajar la actividad turística, pero crecen las construcciones. Decrece la agricultura a mediano plazo, pero de momento aumenta porque se recupera. La circulación mercantil se incrementa por las ventas. O sea, que el PIB, puede tener opciones compensatorias.
FINANZAS CONTRA DESASTRES
Cuando todavía los últimos coletazos del huracán Irma despeinaban zonas del norte occidental de Cuba, en el oeste ya comenzaba la recuperación. Pero no solo se encargó el Estado de sustituir postes eléctricos, limpiar calles y reconstruir edificios; un engranaje extraordinario se echó a andar para que las maldades de Irma fueran borradas rápida e integralmente.
Sobre una parte fundamental de las decisiones encaminadas a resarcir daños, responde a BOHEMIA Adalberto Carbonell, director general de política fiscal, del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).
-¿Cuáles han sido los procedimientos ante la ocurrencia de desastres y qué se debe hacer que hacer para perfeccionarlos?
Adalberto Carbonell, director general de política fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios, expresa que ante los desastres naturales los procedimientos financieros, tributarios, contables y de seguro favorecen a personas y empresas.
-Desde hace varias décadas el MFP ha emitido las normas legales que han establecido los procedimientos financieros, tributarios, de seguros, para enfrentar situaciones de desastres como las que causan huracanes, terremotos y otros fenómenos. Se han ido actualizando con experiencias nuevas y siempre buscan un consenso con los organismos implicados, en el que resultan vitales las observaciones y criterios del Estado Mayor de la Defensa Civil.
En el programa televisivo Mesa Redonda, del 3 de octubre de 2017, explicamos la actualización -hasta ese momento más reciente- adoptada por este ministerio el 6 de septiembre. Fue antes de Irma, pues se venía trabajando con las experiencias del huracán Sandy en Santiago de Cuba y el Mathew en Baracoa. Se había reformado para incorporar a la norma no solo los criterios y observaciones de los organismos y la Defensa Civil, sino también las experiencias de los últimos huracanes.
Por ello se emite la Resolución 645 que conllevaba una actualización. Pero luego nos dimos cuenta de que contenía un error en uno de sus artículos, pues aunque en el caso de las donaciones no se le cobraría al damnificado el artículo donado, si debían pagar por la transportación y el margen comercial.
La decisión se sustentaba en que las empresas encargadas de la recepción, traslado y comercialización, tenían gastos y debían ser resarcidas. En la norma se establecía cobrar al damnificado, pero eso no debía ser. Dos días después se rectificó y se estableció que ese gasto lo asumiría el Presupuesto del Estado.
La disposición legal vigente (Resolución No. 700, de 2017, del Ministerio de Finanzas y Precios) incluso pudiera actualizarse con las experiencias de Irma, porque ha existido una estrategia más abarcadora, en casi todo el país. Experiencias como la creación del Punto de Venta y la Oficina de Trámites deben establecerse jurídica y metodológicamente para futuros eventos de este tipo.
-¿Por qué las modificaciones en cuanto a política tributaria? ¿Ocurre de igual modo en otros países? ¿Cómo afecta los aportes al Presupuesto del Estado?
-El Estado establece las modificaciones a la política fiscal porque la situación es atípica. Hace ese sacrificio porque en un momento de desastre como este actividades como la gastronomía o el arrendamiento de habitaciones, por solo mencionar dos, tienden a cesar. No es justo continuar cobrándole al cuentapropista por una actividad que no está realizando a causa de una situación puntual.
De acuerdo con experiencias anteriores, el Estado hace la bonificación o establece plazos en los que el cuentapropista no tiene que aportar, pues no ha podido desarrollar su actividad o esta se ha visto afectada. Son prácticas de flexibilidad y parten de la justicia.
Todas estas bonificaciones afectan al Presupuesto. Por ejemplo, si un bloque vale diez pesos y se bonifica en 50 por ciento, la persona paga cinco a la empresa pero el Estado debe pagar los otros cinco, para que la empresa no se afecte. Eso genera un gasto no previsto en la Ley del Presupuesto, pues cuando se elaboró era imposible saber que Irma iba a pasar.
Sin embargo, esos gastos tienen un efecto compensatorio. ¿Por qué? Porque cuando hay eventos de este tipo la economía se dinamiza, aunque parezca contradictorio. Por ejemplo, ahora se ha incrementado la producción y venta de materiales de construcción. El aumento de la oferta, por el crecimiento de la demanda, hace que el aporte por concepto de impuesto sobre las ventas sea mayor. Ese es el efecto compensatorio, no al ciento por ciento, pero tal vez a un 50 por ciento.
-Se habla de la protección a las personas naturales tras los huracanes, pero ¿cómo se protege financieramente a los personas jurídicas (empresas)?, ¿hay fondos destinados a esto?
-Las personas jurídicas, las empresas, en su flujo financiero tienen que establecer obligatoriamente una provisión de pérdidas de contingencia. Deben destinar, a ese fondo por pérdidas, el cinco por ciento de las utilidades generadas por la actividad económica que realizan. En caso de que no fuese suficiente para reparar daños, tienen entonces que acudir al resto de las utilidades, y si estas no fuesen suficientes, recurrir al crédito bancario.
Desde 2011 se definió que el presupuesto estatal no financia inversiones empresariales. La empresa es autónoma y si necesita dinero ahí tiene al banco. De hecho tienen, del 50 por ciento de las utilidades, una cantidad destinada a amortizar el crédito bancario. De manera excepcional, el Estado podría cubrir las reparaciones, pero, repito, de manera excepcional.
Donde el Estado financia es en las entidades presupuestadas, que son más de 2 000 en Cuba. Para la reparación de estas, como escuelas o centros deportivos, por ejemplo, se recurre en primera instancia a las reservas del municipio; si no es suficiente, a la provincia y, finalmente, a las instancias nacionales. Para ello existe un fondo, llamado Reserva Central del Presupuesto del Estado, que es de 300 millones de pesos.
-¿Considera que las medidas del MFP son suficientes para evitar la especulación en casos de desastre como este?
-La política de precios de Cuba hoy está descentralizada, por lo que los gobiernos territoriales y los organismos tienen la facultad para fijarlos en la mayoría de los casos. Algunos precios son centralizados, como el del combustible.
Lo que sí fija este Ministerio es la tasa de utilidad, la cual no puede ser mayor del 15 por ciento. Casi siempre las entidades establecen ese límite máximo y por eso tenemos que estar monitoreándoles constantemente.
Por otro lado, cuando una empresa compra recursos a otra, tiene derecho a que el precio del producto sea justo y, en caso de que no se pongan de acuerdo, deben recurrir al MFP para que actúe como juez. Pero, a decir verdad, eso sucede muy poco, o casi nunca, porque en la mayoría de los casos las empresas no defienden suficientemente sus intereses.
