En 1961 cuando se decidió construir el socialismo en Cuba, los soviéticos, pioneros en este campo, ya llevaban 45 años de experiencia, lo que los convertía en los maestros indiscutidos en esa materia, calificación que duró a lo sumo hasta que cumplieron 73 años de existencia, cuando dejaron de serlo como tales. Puede ser que ellos piensen que habían estado equivocados. Yo pienso que fracasaron. Los cubanos ya tienen 58 años de experiencia propia, además de haber podido contemplar lo que ha acontecido en todos los demás países que se definieron como socialistas, y de los cuales solo quedan cuatro. Y ya a finales de la primera década del siglo XXI, por segunda vez, llegaron a la conclusión de que deben reformular su socialismo para hacerlo más eficiente.
¿Hacia dónde deben mirar los cubanos para buscar nuevas ideas? ¿Hacia los que una vez fueron socialistas, para descubrir en qué y cómo se equivocaron? ¿Hacia los que siguen siendo socialistas, para discernir como cada uno de ellos ha logrado mantener vigente su propio diseño y concepción de socialismo? Pienso que básicamente deben mirar hacia ellos mismos y aplicar uno de los principios que definen, según Fidel, lo que es un proceso revolucionario: “Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado”. Por consiguiente, cuando en Cuba se dice socialismo se está haciendo referencia a como lo conciben los propios cubanos.
Pero, ¿cambiar qué? Hay dos maneras de cambiar: una se aplica a algo que ya existe, ya sea eliminándola o modificándola, y otra introduciendo algo nuevo en el contexto social, que a veces exige eliminar aspectos existentes por haber devenido incompatibles con lo nuevo. Problemática compleja que lleva a que el resultado final tenga una configuración diferente de la que existía y que se está cambiando, lo cual motiva en algunos la duda sobre si no se estará perdiendo el rumbo revolucionario, porque revolución no es un momento estático sino un proceso de cambio y por tanto un movimiento transformador y, como lo definió el General Raúl Castro en el 2011, “hacia lo ignoto”. Años atrás esta concepción era considerada revisionista, porque atentaba contra la realidad existente considerada como inmutable, según el pensamiento marxista vigente en los países socialistas de Europa, que el Che criticó y catalogó de escolástico y que lo sucedido en ellos 25 años después lo confirmó.
Tres cambios propuestos en la estructura económica de Cuba en el Proyecto de Nueva Constitución Nacional marcan un antes y un después del proceso revolucionario cubano:
- - Reconocimiento de la necesidad de la vigencia del mercado en la economía socialista cubana, conjuntamente con la planificación económica nacional.
- - Reconocimiento de la necesidad de contar con la inversión extranjera en Cuba para acelerar el desarrollo económico del país.
- - Reconocimiento de la necesidad de contar con un área económica privada en la economía cubana, que implica reconocer la existencia de la relación capitalista de producción en el socialismo y por consiguiente la compra de fuerza de trabajo por empresarios privados.
Hasta recientemente decir mercado en Cuba era equivalente a decir que operaran en el país fuerzas económicas espontáneas, sin control, y que además eran condición necesaria para que resurjiera el capitalismo. Cuando más, se reconocía oficialmente la existencia del valor de los productos, toda vez que tenían un precio y que hasta lo que se daba gratuitamente, como la educación y el cuidado de la salud, tenían un costo aunque no tuvieran precio. No obstante, aunque había preocupación por un equilibrio financiero en la gestión presupuestaria estatal y por la cantidad de dinero en circulación, lo fundamental en la gestión empresarial estatal era el cumplimiento del plan anual en términos físicos y no en valores.
Reconocer la necesidad de contar con la solución social de asignación de los recursos por el mercado en adición a la planificación es, por una parte, aceptar su funcionalidad a los efectos de asignar inteligentemente los recursos de la sociedad y, además, consustancial a la existencia de un sector económico privado que opera guiándose por las informaciones que le aporta el mercado. Pero también implica inevitablemente inventar una metodología cubana que permita conjugar simultáneamente las informaciones del plan con las que aporta el mercado. Caso típico de como una nueva medida obliga a modificar las formas hasta ahora vigentes para el manejo de la economía nacional. Las empresas estatales ya no solamente deberán actuar en función de cumplir su plan sino que también deberán ser rentables, vale decir manejar eficientemente los recursos de que dispongan como una obligación constitucional.
Después de haberse estatizado todas las empresas que existían en Cuba, el Estado y unos 130.000 pequeños campesinos asumieron la responsabilidad de satisfacer, dentro de lo posible, todas las necesidades de los cubanos. Ahora el proyecto de Constitución Nacional propone autorizar tanto la inversión extranjera en Cuba como la de los cubanos, considerándolo una necesidad. Con ello se crean dos “mercados” del trabajo, uno estatal y el otro privado. El trabajador cubano podrá elegir y elegirá el que más le convenga. Pero para ello habrá que autorizar las importaciones de medios de producción, equipos y materias primas necesarias para estas entidades privadas, que serán financiadas con sus propios recursos en divisas que provendrán, por una parte, de las que los empresarios privados cubanos logren adquirir en el mercado monetario internacional no formal, el de la calle, o de fuentes en el exterior, y por otra parte en los casos de empresas extranjeras que vendan dentro del mercado nacional, mediante el cambio de moneda cubana por divisas del Banco Central de Cuba. Esta nueva realidad exigirá crear las soluciones correspondientes, lo que implica reconsiderar cómo organizar el control del comercio exterior de Cuba por el Estado, que hasta el presente monopoliza exportaciones e importaciones.
El Proyecto de Constitución Nacional considera explícitamente que la organización actual de la economía debe cambiar y que de ahora en adelante el Estado se reservará la producción y comercialización de bienes y servicios en la medida de que lo considere conveniente, dejando lo demás al sector privado. ¿Dejarle qué? Pues todo lo que los cubanos decidan que es socialmente necesario en adición a lo que produzca y comercialice el Estado, expresándolo mediante su decisión y capacidad de compra. No obstante, esta situación conlleva una cuestión fundamental que necesariamente debe aclarar la nueva Constitución. ¿Quién y cómo se decide lo que es socialmente necesario? ¿Funcionarios gubernamentales o el propio pueblo? La solución conlleva definir un principio al respecto: ¿se puede producir y comercializar únicamente lo que las autoridades autoricen, o bien, se podrá producir y comercializar TODO lo que no esté prohibido? La respuesta a esta pregunta es lo que definirá el grado de libertad económica en el nuevo socialismo cubano, en el sentido de lo que decía una pancarta que llevaba un chileno durante una marcha en favor del Gobierno de Salvador Allende: “Libertad es participar”.
Unas cosas son consecuencia de otras y en este caso la actividad económica privada dirigida espontáneamente por el mercado, pese a la voluntad manifiesta en el Proyecto de Constitución de que se “considere y regule el mercado en función de los intereses de la sociedad”, seguirá las direcciones que indiquen las relaciones entre ofertas y demandas, a menos de que la burocracia estatal intervenga en ello. ¿Quién o quienes estarán a cargo de considerar y regular el mercado? ¿Y para qué? ¿Para decidir bajo criterios subjetivos, que serán presentados como resultados de análisis objetivos, de qué es lo que esa burocracia considerara que son las verdaderas producciones privadas socialmente necesarias que deberán ser comercializadas? ¿Otra vez funcionarios públicos apropiándose del derecho de pensar y de decidir del pueblo cubano? Cuestión muy de fondo que debe quedar perfectamente dilucidada y no expresada de manera vaga como responsabilidad de la “planificación de la economía”, como si ello fuera un demiurgo que vela por la felicidad de todos.
Y llegamos a la observación, si no la más importante --a nuestro juicio-- en materia de liberalización de la economía, sí lo es en términos de justicia social para muchos cubanos: Ya hay y habrá más ricos, como resultado de la actividad empresarial privada en este país que conformarán una minoría, con relación a la inmensa mayoría de trabajadores asalariados. ¿Cuántos ricos y hasta qué nivel de riqueza? Una parte de sus ganancias irá a parar al Estado por la vía del pago de impuestos, para financiar el consumo social gratuito, en una proporción que no desaliente sus actividades que, no lo olvidemos nunca, no están prohibidas y son socialmente necesarias. Pero habrá ricos, unos más y otros menos. Eso es inevitable si se autoriza la actividad económica privada y la compra de la fuerza de trabajo. Las cosas son así, una implica inevitablemente la otra y por tanto la decisión es muy simple: ¿habrá o no habrá actividad económica privada con sus inevitables consecuencias? No se puede ocultar con frases y palabras vagas esta alternativa que, tal como están redactadas en el Proyecto de Constitución, terminará en nuevas regulaciones burocráticas, lo que para algunos funcionarios es la esencia del poder estatal.
Millones de mujeres y de hombres están leyendo, discutiendo y opinando sobre el Proyecto de Nueva Constitución. Son muchos y entre todos ellos conocen mejor que nadie la realidad concreta que les toca vivir, a la par que tienen sus esperanzas de que mejore --desde esos campesinos de la Sierra que protagonizan esos bellos y reveladores documentales de la Televisión Serrana, hasta intelectuales y artistas como los que leen el blog de Silvio--. Solo pretendo llamar la atención sobre aspectos que considero de trascendencia para, como dice Taladrid, quienes los lean saquen sus propias conclusiones.
La Habana, 1 de septiembre del 2018
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