Por Carmelo Mesa-Lago, Cuba Posible
Tres eventos de importancia han ocurrido en Cuba en 2018: 1) la salida en
abril de Raúl Castro como presidente de la nación (aunque manteniendo su puesto
de Primer Secretario del Partido Comunista) y el arribo parcial de una nueva
generación con el nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente, un
civil-tecnócrata que nació después de la revolución; 2) el proceso de aprobación de una
nueva Constitución que reemplazará a la de 1976; y 3) nuevas regulaciones al
sector privado para trabajadores por cuenta propia y usufructuarios de la
tierra (la anunciada unificación monetaria no se llevó a cabo). Por otra parte,
después de una caída o virtual estancamiento económico en 2016, hubo una ligera
recuperación en 2017, seguida de un descenso en 2018.
Este artículo traza la evolución de la economía cubana entre 2007 y 2018,
el decenio bajo la dirigencia de Raúl Castro y sus reformas estructurales, en
especial evaluando el desempeño en los dos últimos años, identificando las
causas del enfriamiento, y explorando las perspectivas para 2019, esto último a
la luz de las reformas estructurales, el arribo a la dirigencia de la
generación que no participó en la revolución y la Constitución en ciernes. Se
hace una evaluación de las cifras oficiales de crecimiento, se analizan
aspectos macroeconómicos internos y externos del desempeño económico y los
sectores clave, y se identifican factores positivos y negativos que pueden
incidir en la evolución económica de 2019. Las fuentes son principalmente las
estadísticas oficiales cubanas, de la CEPAL y publicaciones económicas
especializadas, textos legales, discursos de los dirigentes, opiniones de
economistas cubanos y extranjeros, y la prensa nacional e internacional; el
artículo está actualizado hasta el 30 de noviembre de 2018. La política social
no se trata aquí, pero puede consultarse mis últimos ensayos sobre el tema.
I. el crecimiento económico en 2017-2018: una
evaluación
La economía cubana alcanzó una cima de 12% de crecimiento en 2006,
descendió a 7,3% en 2007 y promedió 2,3% anual entre 2008 y 2017, muy por
debajo del 5-6% estimado para generar un desarrollo sostenido (Gráfico 1). Las
cifras ofrecidas por el gobierno cubano cambian con frecuencia, por ejemplo, el
crecimiento del PIB en 2016 primero se reportó como -0,9% pero varios meses
después aumentó a 0,5%, una diferencia de 1.4 puntos porcentuales. La evolución
de la economía cubana en 2017 y 2018 estuvo caracterizada por predicciones y
resultados similares.
Gráfico 1.
Crecimiento Económico Anual (PIB) a Precios Constantes en Cuba, 2006-2018
El ministro de economía anunció el 21 de diciembre de 2017 que el PIB de
Cuba había crecido 1,6% frente a un meta de 2%, esto después de una caída de
0,9% en 2016 (corregida después a un incremento de 0,5%), por ello declaró una
recuperación.
Después ONEI aumentó la tasa de crecimiento a 1,8%. En el primer semestre del
año, que usualmente es el de mejor desempeño (temporada alta de turismo, zafra
azucarera, etc.), el estimado oficial de crecimiento fue 1,1%, de forma que en
el segundo semestre debió aumentar 2,5% para promediar 1,8%. Sin embargo, en el
segundo semestre Cuba enfrentó varios factores adversos: a) una fuerte sequía
seguida del huracán Irma que produjo daños equivalentes a 9% del PIB; b) las
medidas negativas de Trump contra el turismo; c) un descenso en la producción
de petróleo y gas; d) la continuada reducción del suministro de petróleo,
comercio y compra de servicios profesionales cubanos por Venezuela (la merma en
el suministro petrolero—interno y externo— obligó a comprar US$100 millones en
el exterior lo cual fue insuficiente para cubrir el déficit); e) el declive en
los precios mundiales del azúcar y el níquel, y el aumento del precio mundial
del petróleo; f) la paralización y en algunos casos reversión de las reformas
económicas (posposición de la unificación monetaria); y g) las persistentes
restricciones al crédito externo agravadas por el incumplimiento de los pagos
de cartas de créditos vencidas.
Frente al aumento oficial de 1,8% en 2017, tres de las cuatro entidades que
estiman la tasa de crecimiento de Cuba (The Economist Intelligence Unit, Moody’s
y Cuba Standard) ofrecieron cifras negativas, entre -0,3% y -1,4%, mientras que
la CEPAL dio 0,5%, menos de un tercio de la cifra cubana. Debe notarse que los
estimados de la CEPAL usualmente son mayores que las cifras cubanas, así para
2016 dio 0,4% versus -0,9% de Cuba.
Entre
los factores que contribuyeron al crecimiento económico, el ministro de
economía y planificación señaló un aumento de la producción agrícola de 3%
cuando en realidad hubo una caída de 1,5%. Varios economistas cubanos
en la Isla se mostraron escépticos sobre la cifra oficial. Omar Everleny Pérez
Villanueva cuestionó qué actividades en el segundo semestre pudieron impulsar
ese salto porque la producción material estuvo estancada y argumentó que, aún
si fuese cierta la cifra se necesitaría un crecimiento anual promedio mayor al
4% “del cual todavía estamos lejos”. Pedro Monreal advirtió que,
con la limitada información disponible no era posible asignar valores cuantitativos
a la “explicación” que pudieran ofrecer las principales variables económicas al
crecimiento del PIB en 2017; aun aceptando la cifra oficial, no podría alegarse
que ha ocurrido una recuperación pues el promedio anual en 2016-17 sería 0,35%. Lázaro Peña, basado en un
modelo econométrico, argumenta que ni los sectores productivos ni el turismo
pudieron explicar el crecimiento de 1,6%.
Es incongruente que Cuba estime el PIB de 2017 a
fines de diciembre de ese año, cuando las cifras macroeconómicas de 2016
todavía no habían sido publicadas en enero de 2018, o sea, más de un año
después. Más aún, el Panorama Económico
Social de Cuba 2017, en que la Oficina
Nacional de Estadística e Información (ONEI) da las primeras cifras, usualmente
en mayo, no se publicó en 2018; por último, el Anuario Estadístico de Cuba 2017 no colgó los capítulos
macroeconómicos y de comercio exterior hasta octubre 2018, mientras que el financiero
aún estaba pendiente a fines de noviembre de dicho año.
Lo acontecido en 2018 es un reflejo del año
anterior. El 22 de julio de 2018, el presidente Díaz-Canel reportó a la
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), un crecimiento “discreto” de 1,1%
en el primer semestre, la mitad de la meta de 2% (exactamente igual que en
2017) por “factores adversos”. No explicó qué sectores habían promovido dicho
crecimiento. Advirtió que “la situación financiera continúa tensa… forzando la
adopción de medidas adicionales para controlar los recursos en el segundo
semestre”, debido al incumplimiento de los ingresos planificados por
exportaciones, turismo y producción azucarera, así como los daños provocados
por la sequía, el huracán Irma de 2017 que causó daños por US$13.585 millones y
lluvias torrenciales traídas por la tormenta Alberto en mayo. En agosto agregó que los
problemas citados habían perjudicado los arribos de materias primas, equipos e
insumos, lo que afectaría al segundo semestre.
Los factores perjudiciales a la economía en 2017
se agravaron en 2018. La zafra azucarera fue aún menor que la anterior y una de
las más bajas en la historia, a más que el precio mundial descendió (la cosecha
apenas cubrió la demanda interna y el compromiso de exportación con China). No se sabe cuál fue la
producción de níquel, pero el precio mundial ha sido a la baja. El número de
turistas en enero-agosto de 2018 fue 184.978 menor que en dicho período en 2017,
debido a la caída de los visitantes de EEUU por la política de Trump (también
hubo merma en la emisión de los otros emisores principales, salvo un aumento de
los visitantes cubano-americanos); aunque aumentaron los visitantes de cruceros
estos gastan mucho menos que los turistas que arriban por avión. En octubre
Trump amplió la lista de empresas cubanas manejadas por las fuerzas armadas que
están prohibidas para turistas estadounidenses. La economía venezolana se
deterioró mucho más; se proyecta una caída de 12%, una inflación de un millón por
ciento, y severa escasez de alimentos y medicamentos, por lo que es probable
que continúe la mengua en la compra de servicios profesionales cubanos (la
mayor fuente de divisas de Cuba), el suministro de petróleo y el intercambio comercial.
El huracán Irma que azotó a Cuba a comienzos de septiembre de 2017 destruyó
muchas cosechas, con efectos dañinos en 2018; además hubo fortísimas
lluvias en mayo que perjudicaron varias cosechas.
Inicialmente, la CEPAL predijo un crecimiento económico
cubano de 1,5% en todo el año. Se repite el argumento
anterior: si en el primer semestre más favorable, la economía creció en 1,1%,
en el segundo semestre tendría que crecer 1,9% para promediar 1,5% lo que no
concuerda con las cautelas expresadas por el presidente Díaz-Canel y el
análisis anterior. Además, ¿cómo se hizo dicha predicción con la severa escasez
de estadísticas cubanas? De los 35
cuadros en el Anexo Estadístico en que Cuba puede ser comparada, solo
aparece en 10 y en la gran mayoría de ellos no hay data para 2017-2018. Los 25
cuadros en que no aparece Cuba, incluyen indicadores clave como la formación
bruta de capital fijo, la balanza de pagos, los términos de intercambio, los
indicadores monetarios, los ingresos por remesas, la inversión extranjera, el
balance fiscal, etc. CEPAL da el índice de precios al consumidor (IPC) a
diciembre de 2017 en dos cuadros contradictorios: -3.0% y -0.7% (mi cálculo
basado en cuadros I-4 y A-32), para junio de 2018 las respectivas cifras son
-0,1% y 1,0%. Por otra parte, una publicación periódica profesional que proyecta la
economía cubana, estimó una caída en el segundo trimestre y predijo que el PIB
en 2018 sería alrededor de cero o ligeramente negativo, mientras que el índice
de confianza de negocios cayó dos puntos, sugiriendo pesimismo entre inversionistas
y empresarios.
El Consejo de Ministros de octubre de 2018 informó que la tasa de crecimiento
planeada era ligeramente mayor al 1% debido al incumplimiento de ingresos en
turismo, zafra azucarera y minería; la CEPAL entonces redujo
la proyección de crecimiento de Cuba de 1,5% a 1,1%, la cuarta menor en América
Latina. Al final del tercer
trimestre de 2018, una de las entidades más profesionales en el análisis de la
economía cubana pronosticó una tasa de crecimiento de 0,3%, con un rango entre
-0,2% y 0,8%.
II. análisis de los aspectos
fundamentales de la economía entre 2007 y 2018
La formación bruta de capital como porcentaje del
PIB es un factor importante en el crecimiento económico y descendió a precios
corrientes de 14,8% en 2008 a 9,6% en 2016 con un repunte a 10,3% en 2017; en
1989 era 25,6%, la cifra que oficialmente se considera necesaria para generar
un crecimiento adecuado y sostenible (Cuadro 1). La formación bruta de capital
fijo en Cuba fue 9,8% del PIB en 2017 comparada con un promedio de 17,9% en América Latina y el Caribe, la tasa
cubana fue la menor en la región. El déficit fiscal que
había disminuido a 1,3% en 2013, creció a 6,7% en 2017 y se proyecta a 11,9% en
2018; el promedio del déficit
fiscal en América Latina en 2017 fue 3,1%, solo Brasil y Venezuela tenían un
déficit mayor que Cuba. Pavel Vidal informa que
para mantener un mínimo crecimiento económico y evitar más inflación, el
gobierno ha acumulado una burbuja financiera a través de bonos públicos en
poder de los bancos estatales, pero cuando los bancos agoten su capacidad de
comprar dichos bonos, el gobierno volverá a recurrir a la impresión monetaria
que alimentará la inflación; más aún, no hay un mercado competitivo que
determine el interés de los bonos y este es fijado por el gobierno al 2,5% por
debajo del de lo que sería la tasa de mercado, lo cual significa que el
ministerio de finanzas está recibiendo fundos a tasas subsidiadas. La inflación aparece como
deflación en 2008-2009 y en 2016 (casi -3%) pero crece a 0,6% en 2017; anteriormente
he argumentado que esta cifra no es confiable porque adolece de tres fallas: el
gobierno fija la gran mayor los precios, los cuales no son determinados por el
mercado; además, nunca ha relevado la canasta de precios y servicios, así como
sus pesos, empleada para estimar el IPC; y este solo incluye los precios en CUP
y excluye los precios en CUC, por ejemplo, en tiendas estatales (TRD) en que se
vende una buena parte (creciente) de los bienes de consumo de la población. Por otra parte, la
liquidez monetaria en manos de la población o excedente monetario (efectivo en
circulación más ahorro: M2), ascendió 88% entre 2007 y 2016 (25.584 a 48.187
millones de CUP) y como porcentaje del PIB saltó de 36,8% a 52,7% en dicho
período y probablemente continuó creciendo en 2017-2018. Nótese que esas cifras
también se limitan a precios en CUP y excluyen los precios en CUC, de forma que
esta medida alternativa de presión inflacionaria ha sido aún mayor.
Agricultura
La producción agrícola en Cuba continúa estancada:
como porcentaje del PIB era 4% en 2007 y 3,7% en 2017 y promedió 3,8% anual entre
2008 y 2017, mientras que la tasa de crecimiento anual descendió de 19,6% en
2007 a -1,5% en 2017 (la primera caída en siete años) y promedió 1,8% anual en
el período. El valor de las exportaciones agrícolas aumentó 2,2% entre 2012 y
2017 pero el de las importaciones creció 10,9% y dicho valor como participación
en el total de las importaciones ascendió de 12% a 18% en el período. En 2017, Cuba importó US$1.800
millones en productos agrícolas, un 60% de los cuales podría producirse en el
país, por ejemplo, en 2017 importó 414.000 toneladas de arroz, la mitad del
consumo nacional. La principal reforma
agraria bajo Raúl Castro fue el usufructo: traspaso del cultivo de tierras
estatales ociosas a campesinos, cooperativas y granjas estatales, con el Estado
manteniendo la propiedad de la tierra. Este proceso comenzó en 2008, se
flexibilizó en 2012 y en 2018; aunque no hay aún estadísticas del último año,
las que existen para el período 2009-2017 indican que ese programa no logró
incrementar la producción.
El Cuadro 2, muestra el desempeño de los
principales productos agrícolas entre 2009 y 2017 y lo compara con 1989, el año
anterior a la crisis económica después de la caída de la URSS; la serie indica
la cúspide de la producción en negrita. Con respecto a la última, la producción
agropecuaria y pesquera en 2016 había descendido en once de 13 cultivos (solo
creció en tabaco en rama), con la caída oscilando entre 13% y 76% en cinco de
ellos (arroz, maíz, cítricos, leche de vaca y pescado-marisco). Entre 1989 y
2016 hubo aumentos notables en cinco productos (tubérculos plátanos,
hortalizas, frijoles y otras frutas) y declives en siete (arroz, maíz,
cítricos, tabaco en rama, leche de vaca, cabezas de ganado y pescado-marisco) y
era igual en la producción de huevos. En el primer semestre de 2018, las ventas
de productos agropecuarios menguaron 12% respecto al mismo período de 2017.
Industria y minería
En 2017, e índice de la producción manufacturera era
32% inferior al nivel de 1989, 77% en azúcar y 21% en el resto del sector y mermó
por segundo año consecutivo (-1,8%). La producción minera menguó de 0,6% a 0,5%
del PIB en 2007-2017 y descendió por quinto año consecutivo (-1,4%). El Cuadro 3
presenta la serie de los once productos minero-manufactureros clave en 2007-2017,
y la compara con 1989; como en el cuadro anterior se denota la cúspide de
producción en negrita. Respecto a la cima, nueve productos menguaron (entre 30%
y 91% en seis: níquel, azúcar, acero, cemento, textiles y fertilizantes), y dos
crecieron marcadamente: electricidad y medicamentos. La comparación con 1989
indica que aumentó la producción de gas natural y petróleo—la última mermó por
el agotamiento de los pozos y el fracaso de la prospección en aguas profundas—y
medicamentos, en menor escala la electricidad, los puros y el níquel, mientras
que decrecieron cinco productos: azúcar, acero, cemento, textiles y
fertilizantes.
Las principales fuentes de divisas son la venta de
servicios profesionales, las remesas, el turismo (ver abajo), la exportación de
medicamentos y la de níquel—a menor nivel le siguen el azúcar y el tabaco. El
valor de la exportación de medicamentos creció 13% entre 2010 y 2012 pero solo
7% entre 2012 y 2014 (US$592 millones); el Anuario
2017 no da cifras sobre dichas exportaciones para 2015-2017 ni tampoco sobre la
producción interna en 2016-2017, la cual probablemente cual disminuyó. La producción de níquel
menguó 30% entre 2007 y 2016 y en el último año decreció 6%, el Anuario de 2017 no dio la cifra para ese
año y probablemente cayó porque el plan para 2018 es de 50.000 toneladas y en
enero-junio se informó de una caída de 6%. El Anuario tampoco ofrece el monto y valor de las exportaciones
niquelíferas en 2016-2017; no obstante, se ha estimado que el valor de dichas
exportaciones declinó 68% entre 2011 y 2016 (US$464 millones), debido a la merma
en la producción;
el precio mundial subió ligeramente en 2017. Las exportaciones azucareras
generaron US$468 millones en 2017 (11% del valor anual de las exportaciones en
los años 80, y 36% del valor anual de las exportaciones en los años 90 durante
la crisis), mientras que las de tabaco generaron US$241 millones, 1,5% menos
que en 2013.
Turismo
El mejor desempeño de la
economía cubana ha sido en el turismo internacional, que es la tercera fuente
de divisas (los servicios profesionales y las remesas son las dos principales).
El turismo se desarrolló en el decenio de los 90 para contrarrestar la crisis;
el número de visitantes aumentó ocho veces entre 1989 y 2017, y subió 117% entre
2007 y 2017 (Cuadro 4). Un aceleramiento desde 2015 fue motivado por la
normalización de relaciones entre los EEUU y Cuba a fines de 2014, bajo la
presidencia de Obama, que facilitó los vuelos aéreos y viajes a la Isla. El
ingreso bruto por el turismo (sin descontar el valor de las importaciones para
el sector)
también creció, pero a un ritmo inferior que el de los visitantes: 37% entre
2007 y 2016 debido a que el gasto promedio por turista declinó 26% en dicho
período (lo opuesto ocurrió en República Dominicana, Cancún, Jamaica y Costa
Rica). El número de habitaciones
más que se duplicó entre 1989 y 2007, y se elevó 28% entre 2007 y 2016. Alrededor
del 65% de todas las habitaciones están gestionadas por cadenas hoteleras
internacionales (45% de las habitaciones son españolas); el porcentaje de las
habitaciones pertenecen al sector privado ha crecido, se estima que en 2018
eran 24.000 que serían 34% del total. Recientemente se ha
ampliado la infraestructura turística con la edificación de hoteles
especialmente de cinco estrellas en La Habana; no obstante, la ocupación
promedio básicamente no ha crecido en el período y promedió 58.6%, aunque se
aprecia una caída en 2009-2011 y una recuperación después.
Los turistas extranjeros en 2017, mayormente
fueron: 24% canadienses, 13% estadounidenses, 9% cubano-americanos, y entre 4%
y 5% alemanes, ingleses, italianos, franceses y españoles. El número de
turistas de EEUU creció 579% entre 2014 y 2017, por el descongelamiento y, esto
también favoreció el aumento de todos los emisores, salvo Canadá por causa del
aumento de precios en los hoteles y el debilitamiento del dólar canadiense. En el cuarto trimestre de 2017 y el primer
semestre de 2018 ocurrió una disminución del turismo (208.296 menos) por cuatro
razones: el huracán Irma de septiembre de 2017 que causó serios daños en las
instalaciones especialmente en los cayos de la costa norte, la prohibición por
Trump a los turistas estadounidenses de alojarse y comer en restaurantes gestionados
por las fuerzas armadas, la alerta del gobierno de EEUU de no viajar a Cuba por
el peligro de los ataques sónicos contra diplomáticos y la eliminación de 2.574
vuelos aéreos norteamericanos (194.591 asientos) por menor demanda (la
ocupación en los vuelos declinó de 61,3% a 52,4% entre enero-septiembre de 2017
e igual período de 2018). Todos los emisores disminuyeron
en los tres primeros trimestres de 2018, salvo los cubanoamericanos que
aumentaron un 17%.
Una causa del declive del turismo no procedente de
EEUU es la caída en la calidad de los servicios especialmente en las
instalaciones estatales. En el Hotel Playa
Pesquero de cinco estrellas gestionado por Gaviota en Holguín (donde se celebró
la Feria Internacional del Turismo en 2017), contrajeron gastroenteritis 12
turistas británicos en 2014, 29 en 2015, 34 en 2016, 41 en 2017 y 37 en 2018;
se han presentado varias demandas contra Thomas Cook y la primera resultó en un
pago de casi US$200.000. Otros casos han sido reportados en el Hotel Memories
Paraíso Azul en los cayos del Norte de las Villas, Playa de Oro en Varadero,
Memories Varadero Flamenco Beach, Sol del Río de Luna y Mares Holguín, etc.
Por otra parte, las nuevas restricciones impuestas
por Trump no afectan a los viajeros estadounidenses en cruceros los cuales se
han expandido notablemente. En el primer semestre de 2018 (comparado con el
primero en 2017), los visitantes estadounidenses cayeron 23,5%, pero -50% por vía
aérea versus +115% por vía marítima; además, disminuyeron los visitantes
canadienses y europeos, aunque crecieron las llegadas de cubanoamericanos (en
total hubo una caída de 5,7%, pero de 9,4% en arribos aéreos versus un aumento
de 20,9% en arribos marítimos). Pero hay una seria desventaja
para la economía cubana de los cruceros comparados con los aviones: los
visitantes aéreos gastan un promedio de US$766 comparado con US$50 que gastan
los que arriban por cruceros, porque la estadía promedio es de uno o dos días
versus siete días por avión, y en los cruceros ya tienen cubiertos alojamiento,
comidas y a menudo excursiones en tierra; se estima que Cuba ha perdido US$297
millones por dicha causa. Además, la mayoría del transporte aéreo se hace
crecientemente por compañías extranjeras, así en 2012 Cuba ingresó US$288
millones de transporte por líneas nacionales, pero sólo US$162 millones en
2016.
En el tercer trimestre de 2018 se registró un
incremento de un 5% en el número de turistas respecto al mismo período en 2017
pero aún sin recuperar el nivel anterior al descenso. En septiembre 2018 el
gobierno anunció que no logrará la meta de 5 millones de turistas en 2018 y
anunció 4.750.000, 1% mayor que en 2017; el plan para 2019 contempla 5,1
millones de turistas (un incremento de 7% sobre 2018) e ingresos de “más de
3.000 millones de dólares” (un supuesto aumento de 17%). Lo último es insostenible
ya que en 2017 hubo ingresos de US$3.318 millones y, al menos que el ingreso se
redujese considerablemente en 2018, implica una reducción. Esto refleja el
cambio de turistas que arriban vía aérea hacia cruceros.
Comercio exterior
Cuba no publica las estadísticas completas de la
balanza de pagos, solo lo hace sobre la cuenta corriente y excluye la cuenta de
capital y financiera, además el último año disponible del balance de la cuenta
corriente fue 2015; por último, hay serias dudas sobre la consistencia de la
data oficial. Por razones que se explican abajo, en años recientes la cuenta
corriente ha sido positiva y entre 2011 y 2014 aumentó 116% (de US$1.437
millones a US$3.112 millones) pero descendió 54% en 2015 (US$1.436 millones).
Bajo la revolución ha ocurrido un déficit
sistemático en la balanza comercial de bienes; el Cuadro 5 muestra que en el
período 2007-2017 dicho déficit alcanzó un cénit histórico de US$10.372
millones en 2008 y después disminuyó porque, a pesar de que las exportaciones
menguaron constantemente desde 2011, las importaciones fueron recortadas, lo
cual causó falta de insumos y escasez de bienes de consumo. En 2017, las
exportaciones de bienes estaban 55% por debajo del nivel de 1989 y de 2011,
mientras que las importaciones habían respectivamente aumentado en 25% y
disminuido en 27%, por lo cual el déficit de bienes creció 261%, respecto a
1989 y se estancó en cuanto a 2011. La dualidad monetaria y cambiaria son
serios obstáculos al aumento de las exportaciones debido a que sus distorsiones
impiden conocer cuales son las exportaciones rentables.
A partir del siglo XXI, sin embargo, Cuba comienza
a exportar servicios profesionales (principalmente médicos, enfermeras,
maestros, etc.) y esto se acentúa basado en un tratado celebrado con Venezuela
quien compra la mayoría de dichos servicios (se estima de manera gruesa que en
un 75%). Como resultado, ocurre un superávit en el saldo de comercio de servicios
que alcanza su cima en 2013. Este excedente no solo compensa el déficit de
bienes, sino que genera un superávit en el saldo global de bienes y servicios
(salvo en 2008 por causa del enorme déficit en bienes) y dicho saldo alcanza
una cúspide en 2014. Debido a la grave crisis económica de Venezuela, el
referido superávit disminuyó en 38% entre 2014 y 2016, con un ligero ascenso en
2017. El Cuadro 5 calcula el valor de la venta de servicios profesionales
(restando a los ingresos por exportaciones totales de servicios, el ingreso de
los servicios turísticos) y muestra que aquellos mermaron en 23% entre 2013 y
2016 (hubo un ligero repunte en 2017). Los servicios
profesionales son la fuente principal de divisas de Cuba, pero su aporte al PIB
cayó de 13,8% a 8,3% entre 2012 y 2017, una de las causas del ya explicado
descenso en el PIB. Otros compradores de servicios profesionales como Brasil
(ver III), Ecuador y Argentina han cambiado sus gobiernos, terminado o recortado
dichas compras o indicado su intención de hacerlo, Angola y Argelia también las han rebajado,
mientras que Kenia y Mozambique revocaron acuerdos. Por todo ello, es probable que el
ingreso por servicios profesionales disminuya aún más en 2018.
A la reducción en la compra de servicios
profesionales cubanos por Venezuela, se agrega un fuerte recorte en el comercio
de bienes entre los dos países. La cima se alcanzó en 2012, cuando llegó a 44%
del intercambio total de mercancías cubano (exportaciones más importaciones),
pero en 2016 había declinado a 17,6%; lo cual resultó en un desplazamiento de
Venezuela del primer a segundo lugar, mientras que China ascendió a primer
socio de Cuba en el intercambio comercial, pero con sólo un incremento de 5,7% en
el intercambio comercial respecto al valor de 2007 y su participación en el
intercambio total sólo fue de 20,5% (para un combinado de 38% entre los dos
países, comparado con 53% en 2012). Además, téngase en cuenta que en 2012 las
exportaciones cubanas a Venezuela eran de US$2.484 millones mientras que las
importaciones de Venezuela sumaban US$6.079 por lo que el déficit comercial era
de US$3.595 millones (44% del déficit cubano total) y no se sabe exactamente
como Cuba lo paga; mientras que, en 2016, el déficit con Venezuela menguó a
US$940 millones una reducción de 74% (12% del déficit cubano global). (Cuadro 6).
En 2017 se revirtió la situación, pues la
participación de Venezuela en el intercambio total se mantuvo en 17,6% mientras
que la de China disminuyó a 16,1% por lo cual Venezuela volvió a ser el primer
socio comercial de Cuba. Debe notarse que el intercambio comercial con China en
2017 mermó 22% respecto a 2016 y estaba 17% por debajo de 2011 cuando alcanzó
su cima, las importaciones chinas se redujeron debido a atrasos de pago de Cuba.
Por último, ha ocurrido un declive del suministro
de petróleo venezolano a Cuba, el cual se sufraga con la venta de servicios
profesionales. En la cima de la relación bilateral, Venezuela exportaba a Cuba
105.000 barriles de petróleo diarios (bpd); en 2017 el suministro descendió a
55.000 bpd. Según acuerdos entre ambos países, Cuba sufraga la importación de
petróleo y sus derivados con la venta de servicios profesionales; en 2012, en
la cresta de la relación, a Cuba le quedaban US$1.700 millones tras descontar
el valor de los envíos petroleros. Pero esto oculta que el precio de los
servicios vendidos por Cuba estaba inflado (un médico cubano era pagado siete
veces lo que recibía un médico venezolano), por lo que había un subsidio
disfrazado. Además, una suma considerable de petróleo crudo procedente de
Venezuela se procesaba en la refinería de Cienfuegos, echada a andar con una
inversión de Venezuela y los productos refinados se reenviaban a Venezuela y
quedaba un remanente que Cuba exportaba con una jugosa ganancia en divisas; ese
suministro se redujo a la mitad en 2016 y dañó el refinamiento y las exportaciones. Se agrava la situación porque
la producción de petróleo cubana decreció en 13% entre 2010 y 2016.
Esto ha resultado en un programa de austeridad y recortes en el
suministro de energía para las empresas, a su vez afectando a la producción.
Remesas
Después de los ingresos por venta de servicios
profesionales al extranjero, la mayor fuente de divisas de Cuba son las
remesas, seguidas de cerca por el turismo, pero el gobierno no publica cifras
sobre su valor. Estimados hechos por varios años consecutivos del valor de las
remesas en efectivo indican que estas aumentaron consistentemente en 143%, desde
US$1.447 millones en 2008 a US$3.515 millones en 2017, ninguna otra fuente de
divisas puede compararse a este salto, de hecho, las otras se han estancado o
disminuido. Los ingresos anuales por remesas en efectivo representan la mitad
de los ingresos totales, superior al volumen de los salarios de los sectores
estatal y no estatal. La apertura del
presidente Barack Obama entre 2015 y 2016, que eliminó las restricciones al
envío de remesas, fue un factor en el aceleramiento de su envío; las políticas punitivas
de Trump (que han afectado al turismo) no han tocado las remesas por lo que
continúa su expansión.
Una comparación de las remesas por habitante en
ocho países latinoamericanos con gran número de emigrantes ordena a Cuba en
quinto: Costa Rica US$806, El Salvador US$627, República Dominicana US$482,
Guatemala US$404, Cuba US$308, Honduras US$243, México US$172 y Nicaragua
US$160.
Pago de la deuda externa
ONEI no publica estadísticas completas sobre la
deuda externa total y los flujos de capital (préstamos, créditos y otras
transacciones financieras), solo sobre la deuda corriente que refleja
transacciones financieras y comerciales y sus saldos (“deuda activa”), además
el último año disponible es 2015 cuando ascendió a US$15.857 millones; la cifra
para 2017 no se sabrá hasta dentro de casi tres años dada la demora con la que
Cuba publica dichas estadísticas. El gobierno cubano ha logrado concesiones
notables para reducir su deuda externa: en 90% con Rusia (la deuda era de
US$35.000 millones) 47,2% con China, 70% con México, y 80% con bancos
japoneses. En 2015, La Habana firmó un acuerdo con 14 de los 20 países miembros
del Club de París para renegociar la deuda acumulada desde 1986 ascendente a
US$11.100 millones; del total se condonaron todos los intereses y cargos por US$8.500
millones y se redujo la deuda a US$2.600 millones a pagar en 18 años (hasta
2033).
Cuba abonó US$40 millones en 2016, US$60 millones en 2017 y US$70 millones en
2018 por motivo del servicio de la deuda; el monto a pagar aumenta a través del
tiempo (basado en una tasa de interés creciente sobre la deuda desde 1,6% en
2016 a 8,9% en 2033) de forma que se hace más oneroso y requiere que la
economía crezca para poder afrontar la carga creciente, lo cual se ha visto no
ha ocurrido. El fallo de un pago conllevaría la imposición de un interés
punitivo de 9%. Los pagos que Cuba ha hecho en 2016-2018 han mejorado la
credibilidad financiera externa del país y son fundamentales para obtener
crédito externo, que necesita mucho la economía, pero han forzado una reducción
de las importaciones “no esenciales”, incluyendo insumos para la economía y
bienes de consumo, lo cual tiene efectos adversos en la producción y el consumo
de la población, unidos a recortes en el suministro de energía a las empresas.
Los 14 países han renegociado sus deudas de forma bilateral con el gobierno cubano
y, bajo los términos de la renegociación, se permite hacer cambio de deuda (swap)
por participación de capital (inversión); hasta ahora España y Francia—dos de
los acreedores mayores—han negociado diez swaps por un total de US70 millones,
una proporción pequeña de la deuda con dichos países.
Pendiente está la deuda con la Argentina originada
en dos préstamos de US$1.200 millones cada uno otorgados en 1973 y 1985, por un
total de US$2.400 millones; se estima que con los intereses y penalidades podría
oscilar ahora entre US$8.000 y US$11.000 (la última cifra igual a la deuda con
el Club de París); un serio obstáculo es determinar exactamente el monto de la
deuda.
Dos emisarios del presidente Macri se entrevistaron en La Habana en 2018 con el
ministro de economía cubano para incrementar el comercio y renegociar la deuda
remanente.
Por otra parte, Cuba ha pospuesto pagos a varios
de sus suministradores y socios de inversión; esta deuda ascendía a US$3.449 en
2015, no hay una cifra global sobre el monto actual. Además, Cuba tiene deudas
con bancos privados acumuladas desde 1986 que era de US$1.858 millones en 2015; los tres principales acreedores
(Standford Trust Ltd.,
Adelante Exotic Group and CRF I Ltd.) agrupados en el
Club de Londres, detentan US$1.400 millones de dicha deuda, adquirida a
través del mercado secundario, y en febrero hicieron a Cuba una oferta similar
a la del Club de París, pero el gobierno ignoró la propuesta; el grupo acreedor
ha contratado a un exitoso abogado para negociar el pago sin descartar un
litigio judicial.
Como se dijo, Cuba también renegoció su deuda con
otros países, que condonaron la mayoría de aquella pero a cambio del pago de
una suma pendiente de US$6.866 millones: US$3.170 millones China, US$3.200
Rusia, US$350 Japón y US$146 millones México; además hay una deuda estimada en
US$11.336 millones con Venezuela que obviamente no se pagará; por último Cuba le debe US$682
millones a Brasil y en 2018 se atrasó en el pago de US$17,3 millones, por lo
que ha pedido una reestructuración, la cual es difícil con el nuevo gobierno
conservador brasileño.
En su discurso de despedida como presidente Raúl
amonestó: “No puede permitirse que nuevamente caigamos en una espiral de
endeudamiento, y para evitarlo hay que… no asumir compromisos que no seamos
capaces de honrar con puntualidad en los plazos acordados”.
Inversión
extranjera directa (IED)
Desde que se promulgó la ley de inversión
extranjera en 2014 y se le hicieron algunos ajustes, se han aprobado 175
proyectos por valor de US$5.500 millones; en 2018 se acordaron 40 nuevos
proyectos por US$1.500 millones, para un promedio anual de unos $1.350 millones
y están en negociación avanzada otros 30 proyectos. Esto es un avance, pero
inferior a los US$2.500 millones anuales que oficialmente se requieren para
alcanzar un desarrollo económico sostenido, más aún, solo unos US$500 millones
anuales se han materializado (incluyendo créditos y donaciones), una quinta
parte del total requerido. Por ejemplo, en 2014 Cuba aprobó la inversión en
cinco campos de golf por un valor cercano a US$2.500 millones con
inversionistas ingleses, chinos y españoles, pero no se iniciado ninguno. Los obstáculos identificados
por la lentitud son: la burocracia que demora el proceso, el temor al mercado,
la mentalidad obsoleta llena de prejuicios contra la inversión extranjera, las
trabas a los empresarios foráneos para contratar y pagar directamente al
personal, la dualidad monetaria y cambiaria, la falta de conocimiento,
entrenamiento y motivación suficiente de las empresas cubanas y el embargo de
los EEUU reforzado por Trump. El gobierno cubano ha
tomado algunas medidas para acelerar el proceso de aprobación de la IED, como
la flexibilización de algunas normas para evaluar a los inversores, la
eliminación de estudios de factibilidad engorrosos y el anuncio de la creación
futura de una ventanilla única de inversión extranjera, todo esto sin corregir
los problemas fundamentales bien conocidos. Además se cambió la
definición de la IED dentro de la estrategia económica, de complementaria a
factor esencial para el desarrollo.
Además de lo anterior, está la inversión
extranjera en la de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM). En la última,
establecida hace cinco años con una inversión de alrededor de US$800 millones
del Banco de Desarrollo del Brasil (BNDES) ejecutado por la compañía brasileña
Odebrecht (después manchada por un escándalo de corrupción), se han autorizado inversiones
de 41 usuarios procedentes de 19 países que suman US$1.660 millones, de un
total de más de 400 propuestas, pero sólo 15 han comenzado sus operaciones y
dos cuentan con permisos para iniciar sus proyectos. El ritmo anual de
aprobación de negocios ha crecido: uno en 2014, diez en 2015 y en 2016, 12 en
2017, y 10 hasta octubre de 2018. No obstante, en la
subregión de Centroamérica y el Caribe, sólo Haití registra una proporción
menor de inversión directa extranjera que Cuba como porcentaje de la inversión
total, así como Monserrat y Curazao en la proporción de la IDE respecto al PIB. En 2016, tres países
centroamericanos y caribeños tenían un monto de IED que oscilaba entre US$2.407
y US$5.401 millones: República Dominicana, Costa Rica y Panamá.
Una novedad es el fondo creado por Inversiones
CEIBA y que obtuvo US$39 millones en su primer día de actividad en la Bolsa de
Acciones de Londres; las ganancias se usarán para mejorar y expandir
propiedades existentes y edificar un hotel de 400 habitaciones en Trinidad.
iii. perspectivas para 2019
En el análisis de las perspectivas económicas de
Cuba en 2019 se evalúan cuatro aspectos clave que pueden incidir en el
crecimiento y el desempeño económicos: los cambios en las reformas
estructurales efectuados en 2018; el acceso de una nueva generación al poder, la
Constitución en discusión; y factores internos y externos, positivos y
negativos que incidirán en la economía en 2019.
Las
reformas estructurales: Cambios mayormente nocivos
En publicaciones anteriores he descrito, evaluado
el desempeño e identificado los avances y obstáculos de las reformas
estructurales implementadas por Raúl Castro entre 2007 y 2017. En 2016 se informó que
solo se había cumplido el 21% de los Lineamientos sobre las reformas, mientras
que 77% estaban “en proceso” y en resto no había avance; a mi menor entender no
se han actualizado estas cifras en 2017 y 2018; además se agregaron 50 nuevos
Lineamientos. Continúa sin abatir el predominio del plan central y la propiedad
estatal sobre el mercado y la propiedad no estatal. Las medidas tomadas en 2018
intentan facilitar la inversión extranjera, pero sin cambiar ninguna de sus
barreras clave, y a controlar más aún al sector no estatal a fin de evitar la
concentración de la riqueza y la propiedad. Estas políticas asombran frente a
la realidad de una economía estancada, estrangulada por restricciones externas,
como se ha demostrado aquí, así como de perspectivas no halagüeñas como se
analizará en esta sección.
En su último discurso como presidente del Consejo
de Estado y al momento de entregar dicho cargo a su sucesor, Raúl Castro
justificó la necesidad de las medidas. Refiriéndose a su lema “sin prisas, pero
sin pausas”, advirtió que “la prisa nos condujo a serios errores”, dio lugar a
improvisaciones e ingenuidades debido a la incompleta valoración de los riesgos
asociados a la aplicación de varias medidas; no hubo el necesario control y
seguimiento, lo cual impidió la corrección oportuna de “las desviaciones
presentadas”, tales como indisciplina, evasión tributaria, “en aras del
enriquecimiento personal”, requiriendo “modificar varias regulaciones”.
La ampliación del sector no-estatal hasta llegar a
30,4% de la fuerza laboral en 2017 y un estimado de 7% del PIB fue una de las reformas
estructurales más importantes de Raúl Castro, pero hacia el final de su mandato
y al inicio del nuevo gobierno se dictaron políticas que en su mayoría revierten
ese avance.
Trabajo por cuenta propia. El número de
trabajadores por cuenta propia, que disminuyó ligeramente en 2015, aumentó de
499.000 en ese año a 590.000 en octubre de 2018. Dentro de este grupo, los
ingresos de los más lucrativos generaron 9,3% el PIB en 2016 y 12% en 2017, y
ellos hacen un aporte tributario creciente. El gobierno reconoce que
la ampliación del sector no estatal, especialmente el trabajo por cuenta
propia, ha resultado en un incremento de los ingresos tributarios de 1% a 8%
entre 2013 y 2018; el sector no estatal aportó el 11% de los ingresos
presupuestarios en 2017.
A pesar de su importancia y quizás por causa de la
misma, en agosto de 2017 el gobierno suspendió “temporalmente” el otorgamiento
de licencias a 27 actividades por cuenta propia. Casi un año después, en julio
de 2018 promulgó 20 normas jurídicas (cinco decretos-leyes, un decreto y 14
resoluciones, que toman 129 páginas, uno de los paquetes legales más extensos
bajo la revolución) que regulan el cuentapropismo. Raúl afirmó que la
ampliación del trabajo por cuenta propia, “lejos de significar un proceso de
privatización liberal de la propiedad social [estatal], permitirá al Estado
desprenderse de la administración de actividades no estratégicas para el
desarrollo del país”. Tres economistas cubanos
concuerdan en que las regulaciones persiguen controlar la expansión del sector
no estatal, debido a que puede concentrar la propiedad y la riqueza (un
principio contrario a los Lineamientos del Partido), a más de limitar la
competencia que hace al Estado, así como extraer más ingresos tributarios del
mismo. Además, las regulaciones no acaban con el limbo legal en que se mantiene
a la micro y pequeña empresa cubana.
Las regulaciones son un paso atrás respecto a los
pequeños negocios: 1) reducen el número de ocupaciones autorizadas en 39%, de 201 a 123, debido
mayormente a agrupación de varias en una sola; 2) paralizan
temporalmente el otorgamiento de licencias a 28 ocupaciones, entre ellas las
que generaran mayor empleo y ganancias, a más de competir contra servicios gubernamentales
como arrendadores de viviendas y sus gestores, pequeños restaurantes y
cafeterías, más algunas que el gobierno considera de su exclusividad como
profesores de idiomas, música y repasadores, pero otras inocuas como sastres,
herreros, peluqueros, organizadores de fiestas y reparadores de bisutería; 3) terminan
la concesión de licencias a cinco ocupaciones como vendedor mayorista o
minorista de productos agropecuarios, incluso carretilleros porque estos fueron
acusados en 2017 de provocar una subida de precios; 4) otorgan solo una
licencia a cada cuentapropista, con lo cual eliminan las cadenas (una persona
gestionando dos paladares); restringen el número de
clientes en los paladares a 50 (un retroceso pues se habían aumentado a 100); 5)
aumentan el número de multas y sanciones, así como las medidas confiscatorias
de equipo, maquinaria, herramientas y materias primas de cuentapropistas que
infringen las normas; 6) desincentivan la contratación de personas en los
pequeños negocios mediante el impuesto a la fuerza laboral que carga una tasa
creciente impositiva según aumenta el número de empleados; 7) suprimen la
autorización a un contratista privado para establecer una relación de negocios
con una entidad estatal para realizar una construcción. Se estima que estas
medidas reducirán en 22% el número de licencias otorgadas a los cuentapropistas
en 2018.
Nuevos ordenamientos para taxistas privados en 2018, regulan sus precios, hacen
obligatoria una tarjeta de combustible y fijan rutas en ciertos casos.
Otra de las regulaciones obliga a los
cuentapropistas a tener una cuenta bancaria para llevar a cabo sus
transacciones; esto es positivo respecto a la transparencia, pero también es
una vía para poder controlar mejor los ingresos de los cuentapropistas y reforzar
el pago de sus impuestos, a más que los bancos no dan abasto con la carga que
tienen y demoran la autorización. En octubre de 2018, el
Consejo de Ministros denunció la evasión fiscal por subdeclaración de ingresos
e irregularidades en la justificación de gastos, así como ejercicio ilegal de
actividades del cuentapropismo. Para contrarrestar dicho problema, el Consejo
aprobó nuevas medidas que coartan aún más al sector no estatal, especialmente
al cuentapropismo: incrementar el retiro de autorizaciones y el cierre de
establecimientos; imponer mayor rigor en las multas; hacer públicos casos de
evasión fiscal con sentencias firmes; detectar de forma sistemática el
ejercicio ilegal del trabajo por cuenta propia, e incrementar el control fiscal
contra la subdeclaración fiscal en los valores de compraventa de viviendas y
autos. En octubre de 2018, la
inmobiliaria de militares cubanos Almest terminó todos los contratos que tenía
con el sector privado y prohibió que se efectúen en el futuro.
Las nuevas políticas generarán efectos económicos
adversos:
reducirán la contribución del sector privado al PIB y al empleo, perjudicarán a
los turistas extranjeros que pagarán más por hoteles y comidas (esto pudiera
ser una causa para que los turistas no regresen), serán un desincentivo para la
inversión extranjera al ver reducida su relación beneficiosa con las pequeñas
empresas, disminuirán el acceso de los
consumidores nacionales a productos agrícolas y servicios, y podrían incentivar
el traspaso de cuentapropistas a la economía sumergida. El objetivo de lograr
mayor aporte fiscal del sector privado podría ser compensado por la reducción
del sector y los desincentivos; de hecho, la suspensión temporal de licencias
en 2017 por algo menos de un año provocó una pérdida de US$900 millones de
ingreso fiscal por dicho sector. Además, la prohibición al
sector privado de importar del extranjero, ha proliferado el contrabando:
usando las remesas que reciben, los cubanos viajan y compran en Panamá y Guyana
alrededor de UD$250 millones anuales en mercancías—libres de impuestos—porque
no se venden en la isla, no pueden ser importados o sus precios son
exageradamente altos en las TRD; un estimado muy superior es de US$2.390. Será virtualmente
imposible determinar el impacto de las nuevas políticas en el PIB por la
notable ausencia de estadísticas oficiales, a pesar de la expansión en el
control centralizado del sector privado.
Usufructo. A pesar de las leyes de
2008 y su flexibilización en 2012, el número de usufructuarios de tierras
ociosas estatales menguó de 312.752 en 2013 a 274.635 en 2017. Frente a este problema se
dictaron nuevas regulaciones para el usufructo, divulgadas en 2017 pero no
promulgadas hasta mediados de 2018: expansión de la parcela entregada a
individuos que reciban tierras por vez primera de 13,42 hectáreas a 26,84
hectáreas y por un tamaño indefinido a las cooperativas; incremento de la
duración del contrato individual de diez a 20 años y de 25 años a tiempo
indefinido para las cooperativas; ampliación de la superficie de inversión
(bienhechurías) de 1% de la tierra en usufructo a 3% a fin de producir
determinadas cosechas o para cría de ganado mayor. Por otra parte, se mantiene
la prohibición de vender o arrendar la tierra; se autoriza la extinción parcial
del usufructo cuando el gobierno requiera emplear parte del terreno para fines
de utilidad público o interés social; se añade como causa de extinción del
contrato la utilización de financiamientos ilícitos y cuando se acumulen deudas
con un banco u otros acreedores y se compruebe la imposibilidad de liquidarlas. Ya la ANPP había aprobado
una ley a fines de 2017 que introducía en 2018 un impuesto gradual sobre la
tierra entregada que se mantuviera ociosa, hubiera sido abandonada o tuviese
muy baja productividad.
Como se ha visto, la flexibilización del usufructo
en 2012 no resultó en una mayor producción agrícola global, ya que el producto
del sector continuó estancado. Las nuevas medidas por si solas (sin cambiar el
ineficiente sistema de propiedad, acopio, circulación e incentivos)
probablemente tampoco conseguirán ese objetivo.
Cooperativas no agrícolas y de servicios (CNAS). El número de CNAS
creció muy poco entre 2014 y 2015, cuando eran 367, aumentó a 439 en 2017, pero
declinó a 434 en 2018. El número de estos cooperativistas subió
sistemáticamente de 2.300 a 18.600 entre 2013 y 2017; no obstante es el grupo
menor pues sólo representan 0,4% de la fuerza laboral comparados con 3,8% de
usufructuarios y 12,8% de cuentapropistas.
Las CNAS en 75% se han creado por el mandato gubernamental
de convertir una empresa estatal en cooperativa (los trabajadores que no
acepten quedan desempleados), en vez de una decisión voluntaria de los
trabajadores para formar la cooperativa (25%); las segundas son las más
exitosas, por lo cual globalmente los resultados no han sido los esperados. Además,
las nuevas medidas expanden la vinculación de las CNAS—que antes solo se
vinculaban a granjas estatales y otras cooperativas de producción y servicios
(UBPC, CPA, CCS)—agregando empresas estatales, con lo cual se incrementa la
centralización, y aún no se han aprobado las cooperativas de segundo grado (por
ejemplo, cooperativas para la recolección de cosechas y venta en el mercado en
vez de hacerlo por entidades estales) previstas en la norma original de 2016;
por último, las CNAS siguen en estado “experimental” manteniendo la
incertidumbre sobre su futuro.
Otras medidas. El anuncio de Raúl de
que la unificación monetaria y cambiaria comenzaría en 2018 no se efectuó
debido a las enormes barreras que enfrenta y la débil economía. Después de años de
discusiones e intentos fallidos para crear un mercado mayorista tan necesario
para el sector privado, todavía no se ha creado, hay un experimento del MINCIN
para vender productos muy demandados a las CNAS; en la agricultura se
reinstauró el acopio que arrastra los males del pasado, como atrasos en los
pagos a los productores y pérdida de cosechas por falta de transporte.
Debido al impacto nocivo de la tormenta Alberto de
2018 sobre las cosechas, algunas provincias impusieron temporalmente un tope de
precios a la venta de los productos en los mercados agropecuarios de oferta y
demanda, puntos de venta y carretilleros, a más del racionamiento en los
mercados estatales paralelos, bodegas y tiendas recaudadoras de divisas (TRD). Esta medida había sido
precedida en 2016 por un debate sobre los precios altos de los productos del
agro, a la que siguió el establecimiento de topes de precios con resultados
adversos.
Una nueva disposición del MINCIN cambia la fijación de los precios de 48
productos en las TRD, desde un mercado regulado en que prima el precio hacia un
mecanismo administrativo, lo cual reforzaría la centralización; oficialmente se
dice que procura evitar el acaparamiento, pero sin proveer evidencia, además
sugiere una vuelta al racionamiento que fue una de las gratuidades combatidas y
reducidas por Raúl.
Una nueva regulación del Banco Central de Cuba
(BCC) y del sistema financiero aprobada en octubre de 2018, no implica una
reforma comprensiva del sistema bancario y deja la misión del BCC sin cambios.
No obstante, introduce una armonización de la política económica que debe ser
acordada por el ministro de economía y planificación, el ministro de finanzas y
precios y el BCC, además fija límites al financiamiento del déficit fiscal,
aunque sin prohibirlo, y reduce la impresión monetaria para financiar el
financiamiento público. El sistema financiero es revisado con siete tipos de
instituciones con roles separados; las entidades financieras extranjeras
continúan sin poder efectuar operaciones financieras en el país, pero se
permite a inversores foráneos participar en la banca nacional y el sistema
financiero.
La trasferencia parcial
de la dirigencia a la nueva generación
Adelantándose a su desaparición biológica y a
diferencia de Fidel, Raúl inició un proceso lento de transferencia
generacional; la medida principal fue limitar a dos períodos consecutivos de
cinco años el desempeño de cargos políticos y estatales principales; él fue el
primero en aplicarse esa medida, antes
de que ella se incorporara al proyecto de nueva Constitución. En abril de 2018, cuajó la transferencia
generacional parcial en la dirigencia cubana; por primera vez un ciudadano
nacido después del período insurreccional y sin el apellido Castro ocupó la
presidencia: Miguel Díaz-Canel que hace frecuentes viajes a todo el país y se
reúne con la gente, sin embargo, no tiene un programa propio, sino que continúa
implementando las medidas de Raúl y del Partido aprobadas antes de su
nombramiento.
El director de la revista Temas
Rafael Hernández disiente: “en lugar de un presidente preso del ‘clan Castro’…
condenado a la inmutabilidad política… se presenta ya un gobierno nuevo, que
responde a una definida matriz de cambio”. Esta sección examina
esta discrepancia de criterio con variada evidencia, pero sólo el futuro dará
la respuesta.
La nueva Constitución introduce el puesto de
Primer Ministro “a cargo del gobierno de la República”, elegido a propuesta del
presidente y aprobado por la ANPP; esto abre la posibilidad de una división en
el poder ejecutivo y queda por ver si el puesto de presidente se limitará a una
figura simbólica como existe en muchos países. Entre los 22 miembros del nuevo Consejo
de Estado, 54,6% permanecen y 45,4% son nuevos integrantes; entre los 22 miembros
del nuevo Consejo de Ministros se ratificaron 17 y se nombraron nueve. Lo anterior indica que
la “renovación” de la dirigencia ha sido parcial y que predominan los miembros
de la antigua dirigencia.
El primer vicepresidente del Consejo, el
afrocubano Salvador Valdés Mesa (72 años) es un antiguo dirigente sindical que
ha ocupado diversos puestos en el partido y organizaciones de masas, al
terminar su mandato de 10 años tendrá 82. Un “histórico” que
continúa de vicepresidente del Consejo es Ramiro Valdés (85 años); otro “histórico”,
el ortodoxo José Ramón Machado Ventura (88 años) dejó la vicepresidencia del
Consejo, pero es el segundo secretario del Partido Comunista (el primer
secretario es Raúl con 87 años). Los dos mandatos consecutivos en el Consejo
implican 10 años, mientras que el próximo congreso del Partido será dentro de tres
años en 2021, de manera que, al vencerse sus mandatos respectivos, Valdés
tendría 95, Machado 91, Raúl 90 y Valdés Mesa 82; como ha ido ocurriendo en
años recientes, es probable que alguno de ellos muera o se incapacite antes de
terminar su mandato. Uno de los cuatro nuevos vicepresidentes del Consejo,
Gladys Bejarano la Contralora General tiene 71, los otros tres oscilan entre 48
y 52 años. Un mayor traspase generacional se observa en los miembros del
Consejo. Por otra parte, el nuevo ejecutivo del Consejo de Ministros promedia
67 años (ocho menos que antes), la ANPP se ha rejuvenecido pues su edad
promedio es de 49 años (cinco menos que antes), mientras que el Comité Central
del Partido tiene un promedio de 54 años; no obstante, los que
detentan las secretarías del Partido siguen teniendo una alta edad.
El tema de la continuidad a sido una constante en
la retórica oficial secundado por los medios de comunicación cubanos. Al tiempo
de convertirse en presidente, Díaz-Canel reafirmó: “Vengo a cumplir el programa
que nos hemos impuesto con los Lineamientos del Socialismo y la Revolución”.
Durante el tiempo que Díaz-Canel fue designado como sucesor por Raúl, mantuvo
un perfil muy bajo, sólo se refirió a la necesidad de expandir el acceso al Internet y una exhortación a la
prensa para que fuese más crítica; para mantenerse como el candidato debía ser
muy discreto a fin de no enajenar a su mentor, a las fuerzas armadas y al
Partido. Pero en febrero de 2017 hizo una presentación para cuadros del Partido
en que se reveló como ortodoxo tanto en términos económicos como políticos; el
video no fue filtrado hasta agosto de ese año. El politólogo Amuchástegui predice que
Díaz-Canel no será el Deng Xiao-ping de la Revolución cubana, “ni se vislumbra
en un horizonte a mediano plazo”. En su primer discurso ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas el pasado septiembre, el presidente declaró: “El
cambio generacional de nuestro gobierno no debe ilusionar a los adversarios de
la revolución. Somos la continuidad, no la ruptura”.
Normas
económicas en la nueva Constitución
En julio de 2018, la ANPP discutió y aprobó un proyecto
de Constitución para reemplazar a la de 1976, el cual fue redactado por 33
diputados bajo la dirección de Raúl y que legaliza la situación de facto
resultante de las reformas estructurales implementadas por él. En agosto
comenzó a discutirse el borrador y se han publicado o colgado en el Internet cientos
de comentarios y propuestas; se espera que basado en esta consulta se revise el
proyecto y se devuelva a la ANPP para su aprobación y posterior sometimiento a
un referendo; el proyecto deja 11 artículos de la antigua Constitución,
modifica 113 y elimina 13. Mantiene el carácter
socialista del sistema político, económico y social, así como el papel central
del Partido como “la fuerza política rectora de la sociedad”. El papel del
mercado se “considera y regula”, no se especifica cuál es su rol en la
economía.
Se elimina del texto el término “comunista” (que técnicamente no puede
referirse a una etapa en la evolución marxista del socialismo a la que ningún
país ha llegado), así como la frase de Marx “la explotación del hombre por el
hombre”, pero se ratifica la enmienda constitucional introducida en 2002 de que
el sistema socialista es irrevocable.
La mayoría de los expertos concuerda en que el
cambio de los derechos de propiedad en la Carta Magna, mantiene la esencia del
modelo estatizado de centralización cubano (“conceptualización del modelo”) con
la empresa estatal como la forma superior de propiedad (a pesar de su notoria
ineficiencia), un modelo que ha fracasado en el mundo. Díaz-Canel corrobora la
continuidad: “Tengo la convicción de que no habrá cambios en nuestros objetivos
estratégicos y que el carácter irrevocable del socialismo será ratificado” en
el referéndum de 2019.
Los aspectos que discutiremos se encuentran en el
Título II, “Fundamentos Económicos”, el cual reitera el predominio de la
propiedad estatal sobre los medios fundamentales de producción y la
planificación como base de la dirección de la economía. Las formas de propiedad
son ordenadas por su jerarquía y el Estado promueve las que tienen mayor rango
o “carácter social”: 1) la propiedad “de todo el pueblo” (representada por el
Estado); 2) la cooperativa; 3) la mixta, que combina dos o más formas; 4) la
perteneciente a organizaciones políticas, sociales y de masas; 5) la privada,
limitada a ciertas formas de producción; y 6) la personal sobre bienes, no
medios de producción. El economista cubano Ricardo Torres comenta: “La
superioridad de una forma de propiedad sobre otra no debería ser un asunto
jurídico… No hay evidencia empírica en Cuba o en otros contextos, que soporte
la preeminencia de una forma sobre otra.” El ex director de la
Junta Central de Planificación Humberto Pérez, coteja las citadas preferencias
con el capítulo 2 del documento sobre la Conceptualización del Modelo—que
debería ser seguido por la Constitución—demostrando como múltiples de sus
cláusulas disponen que todas las formas de propiedad “funcionan bajo similares
condiciones”.
Respecto a “la propiedad de todo el pueblo”, Marta
Moreno, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana ha
dicho que “es importante lograr [un] sentido de permanencia sobre los medios
fundamentales de producción, para que no se siga percibiendo este concepto como
algo ajeno”.
El politólogo cubano Julio César Guanche afirma: “el proyecto enfatiza la
gestión estalinista—no pública ni común—de la propiedad”. A través de ella, el
Estado que debe ser agente—representante—, se convierte en principal “lo que le
permite operar, en la práctica como propietario... La propuesta habla siempre
de empresa estatal, no de empresa pública... Lo público es lo que
pertenece a todos los miembros de la sociedad. Con ello se asegura que el
Estado no es el único actor… y se precisa la necesidad del control social sobre
la propiedad de ‘todos’”. De hecho, lo que ha ocurrido es la “expropiación
burocrática de la propiedad social, un mal persistente en la sociedad cubana”. El economista cubano
Esteban Morales va más allá: “La burocracia estatal administra los bienes de
la sociedad y ello lleva implícito la posible desviación, la de usufructuar
esos bienes, como si fueran de su absoluta propiedad.” Es paradójico
que Cuba prohíba la concentración de la propiedad privada pero no su
concentración en un actor estatal exclusivo. Marx combatió la acumulación de
poder capaz de privar a los demás de la capacidad de gobernar su propia vida,
un alegato contra el monopolio de poder económico procedente de cualquier forma
de propiedad.
Humberto Pérez considera que la “propiedad de todo
el pueblo” en los hechos resulta tan indirecta y lejana que para los individuos
se convierte en una abstracción. La ausencia del sentimiento de dueños y
sentido de pertenencia por parte de los trabajadores y funcionarios conlleva a
la falta de una participación real y suficiente en el manejo de la dirección,
con resultados adversos en la actividad económica, como baja productividad.
“Para sentirse dueños es necesario que los dirigentes y trabajadores de las
entidades económicas [estatales] puedan ejercer determinadas facultades de
decisión, de manera real y directa, … y que reciban en lo personal el efecto de
las ganancias o pérdidas que tenga dicha entidad, como sucede a todo dueño.”
El proyecto no especifica a que formas de
producción está limitada la iniciativa privada. De hecho, por un largo tiempo
se ha discutido la necesidad de una norma legal que establezca los derechos y
deberes de los trabajadores por cuenta propia—los únicos dentro del sector no
estatal, junto a los pequeños campesinos dueños de sus tierras, que pueden
tener propiedad privada—y garantice su funcionamiento siempre que cumplan con
la ley; este notable vacío genera incertidumbre e inseguridad y permite
acciones y abusos burocráticos contra dicho grupo.
El proyecto autoriza la venta o trasmisión de la
tierra “con las limitaciones que establece la ley”; actualmente, solo puede
venderse la tierra por los pequeños campesinos que son propietarios y limitada
a sus familiares o al Estado; se especula que el cambio deja abierta la puerta
para la venta fuera del círculo familiar. Una importante garantía
internacional al derecho de propiedad privada, es recibir una compensación
justa en caso de expropiación por razones de interés público o social; en su
lugar el texto constitucional utiliza el término “debida indemnización” que es
muy vago y deja un alto grado de discrecionalidad al gobierno. Cuando el Estado ejerce
su opción de compra preferente de la tierra debe pagar su “justo precio”, pero,
en ausencia de un mercado que fije los precios, resulta difícil que se pueda
determinar ese precio “justo”.
Las formas de propiedad pueden ser nacionales y
extranjeras; el proyecto preserva la notable discriminación entre ambas pues en
la inversión extranjera se autoriza la propiedad privada y en la nacional no,
de manera que los ciudadanos cubanos tienen menos derechos de propiedad en su
propio país que los extranjeros. Pérez nota esta discriminación y propone que
la Constitución garantice la inversión del sector no estatal al igual que hace
con la inversión foránea. Según Torres, la
referida contradicción no puede explicarse por la ideología puesto que la
Constitución acepta el mérito de la propiedad privada extranjera, de ahí que el
argumento es esencialmente político: evitar que los ciudadanos puedan a través
de la inversión privada aumentar su patrimonio, por ello el principio
ideológico-político de evitar la concentración de la riqueza y la propiedad se
aplica solo a los cubanos, los extranjeros si pueden hacer fortuna. Pudiera aducirse que
parte de la inversión extranjera carece de 100% de la participación de la
propiedad, ya que el Estado puede tener una participación diversa, sin embargo
los emprendedores cubanos estarían bien contentos con tener cualquier
proporción de la inversión foránea.
Sobre la concentración de la propiedad y la
riqueza en el sector no estatal, se arguye que este precepto es muy
generalizado, ya que una sola propiedad pudiera generar más ganancias que
varias propiedades, dependiendo de la actividad que se realiza; el mecanismo
adecuado para enfrentar esta situación es un sistema tributario que impone un
tributo superior a los que tienen más ganancias. En otro artículo he
demostrado que el actual régimen tributario cubano es marcadamente regresivo ya
que su principal fuente de ingreso son los impuestos indirectos en vez del
impuesto sobre el ingreso personal.
A diferencia de las críticas anteriores, se
reprocha al proyecto que tiene un sesgo privatizador. Por ejemplo, se aduce que
parte de los bienes de propiedad social listados en la Constitución vigente han
sido suprimidos en la propuesta (fábricas, bancos, centrales azucareros), por
lo cual pudieran ser vendidos (legislación posterior decidiría cuales de estos
podrían privatizarse). “Uno de los vacíos del
proyecto que más señala la población durante los debates es que no hay una
definición de los medios fundamentales de producción”, por lo que hay un amplio
espectro de dichos medios y “el texto no define expresamente [cuales son] los
sectores a ser gestionados solo por la iniciativa privada”. Tampoco puntualiza el régimen bajo el que funcionará el comercio exterior que
durante la revolución ha sido ejercido totalmente por el Estado; el artículo 18
de la Constitución vigente, el cual consagra la dirección y regulación estatal
del comercio exterior, fue suprimido en el proyecto constitucional.
Por último, “una porción significativa del producto social es privatizado de
facto, vía corrupción, en una red que comienza en el lugar de producción o
importación, con sucesivos intermediarios en entidades estatales, hasta llegar
al mercado negro, donde alimenta la acumulación originaria de los negocios
privados. La privatización ilegal de los bienes comunes no funciona sólo …
entre sectores de producción, sino también … entre trabajadores de diferente
rango... Hay lugares donde están todos puestos de acuerdo. El jefe es quien
posee los medios de producción (su decisión, su firma, sus redes) y se queda
con más”.
Todos los preceptos y garantías de la Constitución
están, limitadas a “lo establecido por la ley”, una seria contradicción
jurídica, puesto que la Carta Magna tiene el rango superior en el sistema de
derecho y no puede ser supeditada a una norma inferior. Este agujero legal
permite al gobierno, en cualquier situación no contemplada constitucionalmente que
no le convenga, poder garantizar los intereses del Estado y del Partido.
Factores internos y
externos que influenciarán el desempeño económico en 2019
Este análisis se basa en la matriz DAFO que
incluye factores internos (debilidades y fortalezas) y factores externos
(amenazas y oportunidades) adaptándola de la
empresa a la economía. La información proviene del texto de este trabajo y data
adicional.
Factores internos
Las debilidades son más comunes que las fortalezas
y cualitativamente son más severas (indicadores macroeconómicos fundamentales).
Debilidades:
- ·
el estancamiento económico en 2016-2018 (promedió 1,1% en
el período),
- ·
la tendencia al crecimiento del déficit fiscal, 12% en
2018, el mayor desde la crisis de los 90,
- ·
una formación de capital bruto que ronda 10% del PIB
cuando se necesita 25%,
- ·
el probable aumento de la inflación y un excedente
monetario creciente (53% del PIB, el mayor desde la crisis de los 90),
- ·
el continuado estancamiento en la producción agrícola—en
2017 cayó 1,5% forzando la importación de US$1.800 millones en alimentos—, el
descenso en la producción de once productos agropecuarios y pesqueros,
- ·
la insuficiencia siembra cañera para la zafra de
2018-2019 que perjudicará la producción,
- ·
el declive en la producción de petróleo desde 2010, mermó
6,5% en 2017, así como el descenso en 16% de la producción de gas natural después
de alcanzar su cima en 2015, y la probable mengua en la extracción de níquel en
2016 y 2017,
- ·
el decrecimiento de la zafra azucarera de 2018, que ha
sido una de las más bajas en la historia, el declive en 2% en la fabricación de
puros en 2017 después de alcanzar su cúspide en 2016, y la probable merma en la
producción de medicamentos en 2016-2017 (los tres productos, más el níquel, son
las principales exportaciones de bienes),
- ·
el revés en las reformas estructurales con normas mucho
más estrictas al trabajo por cuenta propia, las que pueden reducir su contribución
al empleo, aporte fiscal y al PIB,
- ·
el continuado status como “experimentales” de las CNAS y
la no creación de dichas cooperativas de segundo grado,
- ·
la posposición de la unidad monetaria y cambiaria que
difícilmente podrá implantarse en 2019 debido al enfriamiento económico, el
referido déficit fiscal y la potencial inflación que provocaría la unificación,
así como las muy escasas reservas internacionales,
- ·
el cambio de la dirigencia, pero manteniendo una mayoría
de los antiguos líderes en el Consejo de Estado y en el Consejo de Ministros,
así como en las dos secretarias del Partido (tres dirigentes históricos tendrán
entre 90 y 95 años cuando concluyan sus mandatos), mientras que el presidente
ratifica el continuismo,
- ·
el proyecto de la nueva Constitución preserva los
elementos fundamentales del sistema de planificación centralizada y el
predominio de la empresa estatal, que reconoce pero no especifica el rol del
mercado y ordena la propiedad privada en quinto lugar, con las anteriores
formas consideradas preferentes y promovidas por el Estado.
Fortalezas:
- ·
la tercera reforma al usufructo que flexibiliza sus
condiciones,
- ·
el nombramiento de un presidente de la nueva generación,
nacido después del período insurreccional, un civil tecnócrata, y la parcial
renovación de la dirigencia,
- ·
una membresía más joven en la ANPP, el Consejo de Estado,
el ejecutivo del Consejo de Ministros y el Comité Central del Partido,
- ·
la introducción del derecho a la propiedad privada en la
Constitución, así como del límite de dos mandatos en los puestos principales
del gobierno y el partido, y un tope de 60 años para ser elegido presidente,
- ·
la edificación de nuevos hoteles de cinco estrellas y la
expansión del número de habitaciones (aunque aparentemente hubo una caída en
2014),
- ·
la recuperación gradual del índice de producción
industrial (aunque en 2017 todavía estaba 32% por debajo del nivel de 1989),
ayudado por el continuado incremento de la generación eléctrica a pesar de la
reducción del suministro petrolero,
- ·
la nueva regulación del sistema financiero que introduce
algunos cambios positivos,
- ·
la reparación de dos de las principales unidades de la
refinería de Cienfuegos que estaban paralizadas,
Factores
externos
Los factores externos juegan un papel mayor que
los internos y las amenazas exceden con creces a las oportunidades.
Amenazas:
- ·
la tendencia decreciente en el excedente del balance
global de bienes y servicios, desde 13,5% del PIB en 2013 a 8,3% en 2017,
- ·
el cambio del arribo de turistas desde avión hacia
crucero, porque estos gastan menos (reducción en el ingreso bruto en 2019), a
más del deterioro en la calidad de los servicios,
- ·
el recorte en las importaciones por el constante crecimiento
del pago de deuda externa (US$80-90 millones en 2019) que afectan la producción
y el consumo,
- ·
los atrasos en los pagos a suministradores de bienes y
materias primas que afectan al suministro y al crédito externo,
- ·
el litigio judicial del Club de Londres para reclamar una
deuda de US$1.400 millones acumulada desde 1976,
- ·
la continuación de la política agresiva de Trump contra
Cuba que incluye la expansión de entidades turistas prohibidas y la potencial
autorización a cubano-americanos a establecer demandas judiciales contra
compañías que controlan propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba,
- ·
la caída en 11,41% del precio mundial del azúcar (la peor
en octubre-noviembre), debido al sobreabastecimiento mundial,
- ·
la merma en 21% del precio mundial del níquel en
noviembre de 2018 respecto a 2014 (Filipinas que abastece la mitad de la oferta
mundial cerró fábricas por el bajo precio), por causa del incremento en los
inventarios y la reducción del crecimiento económico chino que es el principal
comprador mundial—los precios en 2019 dependerán en gran medida del
comportamiento económico de China,
- ·
la agravación de la crisis en Venezuela en 2018: caída de
12% en PIB, inflación de un millón por ciento, mengua en la producción petrolera
en 1,5 millones de barriles en los últimos años, declive en 20% del precio mundial
del petróleo entre inicios de octubre y fines de noviembre 2018,
- ·
la incautación de activos de PDVSA, en mayo de 2018
Conoco Phillips comenzó a embargar sus activos los activos de dicha compañía
estatal en el Caribe para cobrar un laudo arbitral de US$2.000 millones, lo
cual impidió el acceso a instalaciones en la refinería en Curazao y la terminal
en Bonaire, desde las cuales Venezuela despachaba casi una cuarta parte de sus
exportaciones,
- ·
el riesgo de que si triunfan varias demandas judiciales
en EEUU contra PDVSA podrían incautarse las gasolineras Citgo en territorio
estadounidense, una fuente clave de divisas,
- ·
el desplome en 17,5% de los títulos de deuda externa de
PDVSA venezolana por posible cierre de dicha compañía estatal y su reemplazo
por otra empresa a fin de evitar el embargo sobre activos en el exterior,
- ·
el impacto adverso de las variables anteriores en el
intercambio comercial con Venezuela (de 44,1% del total en 2012 a 17,6% en
2017), su compra de servicios profesionales (ya notada) y el suministro de
petróleo (a menos de la mitad),
- ·
la disminución de los médicos y personal de salud en
Venezuela de 30.000-40.000 en el auge a 21.700 en 2018, el programa Barrio
Adentro ha dejado en parte de operar por falta de insumos,
- ·
las deudas pendientes de US$2.400 millones con Argentina
y de US$682 millones con Brasil (hubo un atraso en el pago de la última en
2018), que se agravan con gobiernos conservadores en esos dos países,
- ·
la terminación del contrato cubano con Brasil “Más Médicos”
que afecta a 11.400 galenos por el presidente electo Jair Bolsonaro, una pérdida de alrededor
de US$400 millones anuales, similar al valor de las exportaciones de níquel o
azúcar en 2017,
- ·
la desaceleración del intercambio comercial con China, el
valor menor en 2018 desde la crisis financiera global de 2008-2009.
Oportunidades:
- ·
la aprobación, entre 2014 y 2018, de 215 proyectos de IED
para un promedio anual de US$1.350 millones, de los cuales US$500 millones se
han materializado, la autorización de 41 usuarios en la ZEDM, de un total de
más de 400 propuestas, por un total de US$1.660 millones, de aquellos 15 han
comenzado sus operaciones, se necesitan US$2.500 millones de IED anual,
- ·
la flexibilización en el procedimiento para aprobar
inversiones extranjeras,
- ·
el aumento sostenido de las remesas externas que
constituyen la segunda fuente de divisas,
- ·
el probable incremento en el número de turistas como
indica la tendencia,
- ·
el pago de la deuda externa negociada, después de las
condonaciones de la mayor parte de dicha deuda, que han mejorado la posición crediticia
externa de Cuba,
- ·
la creación del primer fondo de inversión (CEIBA)
destinado a inversiones en la isla,
- ·
los convenios con China en noviembre de 2017: US$164
millones para adquirir equipos de construcción para el turismo y energía
renovable y una donación de US$129 millones para proyectos de ciberseguridad,
- ·
el aumento en 95% del intercambio comercial con Rusia en
2018, después de una disminución y estancamiento de cuatro años, el incremento
fue de 20% respecto a 2007,
- ·
los varios convenios firmados con Rusia a fines de
noviembre de 2018: modernización de la producción de energía eléctrica y acero,
suministro de medios de transporte ferroviario, exploración de depósitos de
petróleo bituminoso, y recuperación de la producción de cítricos—a diferencia
con China, se desconocen los montos de dichos proyectos que están en estudio a
continuar en el primer semestre de 2019,
- ·
la firma de un convenio con Vietnam para reanudar un
proyecto de varios años a fin de incrementar la producción de arroz—a pesar de
dicho convenio, la producción de arroz cubana menguó 40% entre 2013 y 2017,
- ·
la firma de un convenio con una compañía minera
canadiense para aumentar la producción doméstica de metales,
- ·
la elección del presidente López Obrador en México que
podría otorgar créditos a Cuba y concertar swaps,
- ·
una potencial alza en el precio mundial del azúcar si ocurre
un déficit de 2 millones de toneladas en la producción azucarera mundial en
2019-2020 por la reducción de producción en Brasil y la Unión Europea (precios
futuros más altos) aunque India podría compensar con incremento de producción,
- ·
el envío a fines de 2018, de 500 médicos especialistas de
medicina general a Venezuela, aunque el balance neto
se ha reducido considerablemente.
Resumiendo, el análisis de los cuatro factores
indica que la economía cubana en 2019 probablemente continuará estancada, sin
una mejoría tangible en el desempeño de sus aspectos clave, limitada por la
actual institucionalidad que se preserva y estrangulada por los factores
externos. Para cambiar ese derrotero sería esencial acelerar las reformas
estructurales; el efectivo traspaso institucional no se vislumbra hasta el
futuro cuando terminen los actuales mandatos, mientras que la nueva
Constitución será una camisa de fuerza para los cambios fundamentales que se
necesitan.
Carmelo
Mesa-Lago: es catedrático distinguido emérito de economía y estudios
latinoamericanos en la Universidad de Pittsburg, autor de 95 libros y más de
300 artículos, alrededor de la mitad sobre Cuba.
Palabras
clave: Cuba,
economía, crecimiento, agricultura, industria, turismo, comercio exterior, deuda
externa, inversión extranjera, Venezuela, perspectivas 2019.
Carmelo Mesa-Lago, El estado actual del bienestar social en Cuba, La Habana, Cuba
Posible, 2017; “Social Welfare and Strcutural Reforms in Cuba, 2006-2017”, Cuba in Transition, Washington DC: ASCE,
Vol. 28, 2018.
Ricardo Cabrisas, “La economía
cubana crece 1,6% en 2017”, Cuba Debate,
La Habana, 21 diciembre, 2017.
Cuba Standard, Economic
Trend Report Third Quarter 2017 y Fourth
Quarter 2017; The Economist Inteligence Unit-EIU, Country Report Cuba, Londres, 8 diciembre, 2017; Moody’s Investor
Service, Government of Cuba—Caa stable, 7
diciembre, 2017; CEPAL: Balance
preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2016 y 2017, Santiago,
diciembre, 2016, 2017.
Citado por Mario Pentón: “Las cuentas alegres del
gobierno cubano sobre la economía no convencen”, 14ymedio, 23 diciembre, 2017.
“Crecimiento económico cubano en
2017: ¿Qué pasó? ¿Qué vendrá?”, ElEstadocomotal,
La Habana, 26 diciembre, 2017.
Para detalles ver Carmelo Mesa-Lago y Mario
González-Corzo, “Agrarian Reform and Usufruct Farming in Socialist Cuba:
Evaluation, Results and Policy Recommendations”, submitted to Journal of Economic Policy Reform, July
17, 2018.
José Luis Perelló, “El turismo en
Cuba comienza a recuperarse (resumen del primer semestre)”, Excelencias News Cuba, 30 julio, 2018 y
mensaje 13 noviembre 2018; Emilio Morales, “La industria turística cubana en el
ojo de la tormenta”, Miami, Havana Consulting Group, julio, 2018.
Sesión sobre “Dualidad monetaria
y unificación de la moneda”, ponencias de Luis Luis, Rafael Romeu, y Armando
Linde, comentarios de Pavel Vidal y Ernesto Hernández-Catá, 28vo. Congreso de
ASCE, Miami, 26 julio 2018.