Por: Oscar Figueredo Reinaldo, Lisandra Romeo Matos, Irene Pérez
En este artículo: Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Cuba, Economía, Poder Popular, Ramiro Valdés Menendez, Raúl García Barreiro
12 abril 2019 |
Comandante de la Revolución Ramiro Valdés; Santiago Lajes Choy, presidente de la comisión; Magda Ileana Pérez, vicepresidenta de la comisión y Raúl García Barreiro, ministro de Energía y Minas. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
El enfrentamiento por las administraciones y los trabajadores al robo de combustibles en entidades con acceso a ese recurso, además de las acciones de control por los órganos competentes, continúan siendo temas pendientes en Cuba, donde anualmente se pierden millones de pesos por ese concepto.
La situación en lo que va de año fue ampliamente analizada por los diputados de la comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional del Poder Popular, reunida en segunda sesión extraordinaria de su IX Legislatura, en el Palacio de Convenciones de La Habana.
Elaine Moreno, directora de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), informó a los legisladores que los principales delitos persisten en la comercialización minorista y que están relacionados con la sustracción de combustible a través de las tarjetas magnéticas, las pipas excepcionales (utilizadas principalmente en la agricultura) y los servicentros.
“En este calendario se han efectuado más de 500 acciones de control a la red de servicentros del país, detectándose 55 hechos de carácter grave y 17 presuntos delitos que se encuentran bajo investigación”, detalló.
Entre las deficiencias en dichas unidades la funcionaria citó desviaciones en los volúmenes fuera de los valores permitidos, además de problemas con la certificación del aforo y las varas de medición, y la apropiación indebida de productos tales como listados de tarjetas y combustible almacenado en envases dentro de dichos centros.
Otras entidades inspeccionadas por la ONURE fueron la Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC) y bases de transporte de subordinación local, donde se evidenció insuficiente control de tarjetas prepagadas.
En 19 de las 25 entidades de UFC visitadas, por ejemplo, se cuantificó una afectación de 242 mil 994 litros de diésel, y de más de 118 mil CUC y 76 mil 449 CUP. Mientras, en las bases de transporte, hubo pérdida de más de 28 mil litros de diésel y de 21 mil 473 CUC y ocho mil 801 CUP.
“El Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2018 una docena de medidas para enfrenfrentar ese flagelo, entre las que se encuentran personalizar todas las tarjetas magnéticas -por vehículos y responsables-, de manera que el control llegue hasta el consumidor final”.
En presencia del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y Raúl García Barreiro, titular de Energía y Minas, se explicó que otras problemáticas fueron la falta de planes de enfrentamiento al robo de combustibles, mientras que los análisis son superficiales y no se toman las medidas efectivas ante las fallas.
La directiva anunció que en relación con los transportistas privados, se implementará la obligatoriedad del uso de las tarjetas para todas las modalidades del experimento iniciado en La Habana en octubre último, y que concibe los servicios de taxis de alto confort o de lujo, libres y en rutas.
Según Moreno, se estudia una propuesta para que esas figuras compren el combustible a un precio único, con independencia de la modalidad que operen.
Los diputados conocieron también que continuará la aplicación de la reducción del 50 por ciento del combustible administrativo para las entidades calificadas de deficiente en las acciones de control.
Entre las nuevas indicaciones, detalló, está exigir a todas las entidades la utilización de la página web de FINCIMEX como herramienta de control, y realizar juicios ejemplarizantes -a divulgarse por los medios de comunicación- en los procesos que determine la Fiscalía General de la República.
“Por hechos asociados al combustible, ese órgano conoció 106 procesos penales (51 ordinarios y 55 sumarios). Los delitos de mayor incidencia son los de receptación y apropiación indebida, con el 75, 4 por ciento, con afectaciones económicas ascendentes a 115 mil pesos”.
“Esta es una responsabilidad de todos”, coinciden los diputados
Diputados de la comisión de Industria, Construcciones y Energía de la ANPP. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Al intervenir en el debate de la comisión, el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros enfatizó en que los máximos responsables son los organismos, que no cuidan de los recursos.
¿Qué nos está ocurriendo al interior de cada una de las entidades y la falta de control? interrogó Valdés Menéndez, quien advirtió que dicho tema se evalúa de manera superficial en los consejos de dirección, evidenciándose que “el área económica no participa, no controla ni supervisa, las cosas ocurren y siguen de largo esos porblemas”.
Más allá de las sanciones administrativas y jurídicas, abogó por que las medidas contra los infractores también sean de carácter político, pues muchos de los dirigentes que incurren son militantes del Partido.
El diputado José Cabrera, por el municipio Minas de Matahambre, en Pinar del Río, dijo que se reconocen las muchas acciones realizadas para erradicar el problema, pero insistió en que el denominador común y principal lastre no ha cambiado, y es la falta de responsabilidad, control y exigencia de los dirigentes en todos los sectores de la economía.
“En el consejo de direccion es superficial el tema, así como en las asambleas con los trabajadores y en las del Partido y la Juventud”, puntualizó.
Procedente de Ciego de Ávila, la legisladora Milagros de la Caridad demandó más integración de todos, además de centrarse más en la prevención, “desde los que tienen las responsabilidades administrativas hasta los trabajadores, además de involucrar a jóvenes y militantes.
Apuntes sobre la transportación de carga y de pasajeros en el 2019
El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila durante los debates sobre el transporte en la Comisión de Atención a los Servicios Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó a los diputados de la Comisión de Atención a los Servicios sobre las principales inversiones y tareas que se llevarán a cabo en el 2019 para revertir paulatinamente la situación del sector.
Entre las acciones más significativas está el restablecimiento de varios itinerarios de la transportación de pasajeros por ferrocarriles en el segundo semestre del año, identificó.
Al iniciar su ponencia ante el parlamento, el titular dijo que por su impacto en la vida económica del país, se continuará trabajando en el perfeccionamiento de la operación puerto-transporte-economía-interna.
“No es posible que nos demos el lujo de pagar más de 20 millones de dólares por sobrestadía de buques, debido a la ineficiencia de los diferentes componentes de esta cadena. Además existe un grupo importante de transportaciones de la economía como el cemento, los alimentos, así como fertilizantes y combustibles que se le debe garantizar una movilidad con eficiencia”.
Alertó además que se transportaron solo por ferrocarril el 17% de las más de 73 millones de toneladas de carga.
También llamó la atención sobre el uso de portadores energéticos e hizo especial énfasis en el combate al robo de combustibles. “Impulsaremos el programa de la utilización de GPS y otro sistemas que nos permitan tener mayor trazabilidad”, comentó.
En el caso de la transportación de pasajeros destacó la adquisidor de los 80 coches de pasajeros que ya se trasladan hacia Cuba. “Esto permitirá dar una mejor cobertura a las trasportaciones nacionales y con mayor calidad, reestablecer los servicios que hace muchos años no se prestaban como es el tren Habana-Holguín”.
Sobre el propio tema dio a conocer que con los coches que hoy se utilizan, y luego de un proceso de remodernización, estos serán puestos en explotación para cubrir la ruta Habana-Pinar del Río.
Una de las novedades dilucidadas fue que se avanzará en la en la automatización completa de la comercialización de pasajes, “hasta llegar incluso hasta su compra directa por esta vía. Ya se prueba una aplicación para que los clientes puedan revisar las capacidades en los ómnibus en que desean viajar”, puntualizó el ministro.
Rodríguez Dávila detalló que se sigue trabajando en el remozamiento y reparación de las terminales provinciales y nacionales; a la vez que es prioridad la preparación y capacitación de los más de 200 mil transportistas que hoy circulan por nuestras calles. “No podemos permitir que se dediquen cuantiosas cifras en inversiones e infraestructuras y luego las personas se dediquen a maltratar y dañar lo que con tanto sacrificio se compró. No habrá tolerancia con esto”, sentenció.
Sobre el experimento con los transportistas privados en La Habana reconoció que no se alcanzaron los objetivos planificados y por tanto el programa está en revisión por parte del organismo. “Lo vamos a rectificar teniendo en cuenta los criterios de todos. En el caso de las Gazellas no cambiaremos lo que funcione bien, definiremos con racionalidad lo que sea necesario regular, atenderemos las necesidades de todos y seremos firmes con las ilegalidades”.
Otro asunto importante que en las últimas semanas nos ha tenido conmocionados son los accidentes de tránsito, dijo el ministro. “Téngase presente que en el 2018 murieron dos cubanos cada día por tragedias de transportación masiva”, acotó.
Más adelante el ministro del transporte señaló que se continuará la adquisición de medios automotores y la producción de ómnibus, semi ómnibus y triclos.
Sobre el propio asunto insistió que Cuba mantiene su política sobre el uso de fuentes renovables de energías y señaló de muy positivo los resultados de la explotación de los medios en La Habana.
El combate a las ilegalidades no es un asunto de consignas
Gladys Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Ante el actual escenario económico que atraviesa la Isla, Gladys Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República insistió en la necesidad de continuar la prevención y el enfrentamiento de las indisciplinas, la corrupción y los hechos delictivos. “Es un fenómenos complejo que necesita del enfrentamiento diario. No es un asunto de consignas sino de mucho trabajo”, dijo.
Al referirse al análisis que por estas días ha tenido lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, a propósito del trabajo en comisiones de la Asamblea Nacional, precisó que el objetivo de la contraloría no es tener más pérdidas o personas detenidas; “el objetivo cimero es evitar el robo para que los recursos se utilicen óptimamente en beneficio del pueblo”.
Bejerano Portela dio a conocer que el 73% de los implicados en hechos de corrupción en el 2018 se sometieron a procesos penales y cumplen su condena en dependencia del grado del delito. “Las personas que no tuvieron implicaciones con los tribunales se les aplicaron sanciones administrativas porque su intervención en los hechos delictivos es menor; ellas no se apropiaron de riquezas del estado o su implicación está relacionada con negligencias”, explicó.
También destacó que el sistema de control interno no es solo para luchar contra el delito, sino que su eficacia tributará en la eficiencia de las empresas. “No se puede pensar en tener buenos resultados sino existe un control de los recursos, sino se contabilizan los inventarios en almacenes, si los procesos no están regulados”.
Aclaró además que todo el daño económico no es delito, sino que otros elementos como el incumplimiento del plan se incluyen en esta categoría.
“Los perjuicios económicos constituyen los efectos provocados al patrimonio público, por el incumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros, así como los servicios sociales planificados no ejecutados. En el ejercicio práctico de las acciones de control podemos afirmar, que no todos los daños y perjuicios económicos, clasifican como hechos delictivos o de corrupción, dado que, a los efectos de la esta resolución, los incumplimientos en el Plan de la economía y el Presupuesto del Estado, por no alcanzar los niveles de producción, ventas, ingresos tributarios y no tributarios, aportes”.
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