LA HABANA. Además de los cambios socioeconómicos que desde hace años se implementan en Cuba, se han realizado “ajustes” que miran de frente —de algún modo— al sistema político del país, específicamente a sus prácticas gubernamentales. Por primera vez en 2011 se volteó la mirada hacia esas instancias desde la creación de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en 1976.
En 2011 el Parlamento cubano anunció la decisión de perfeccionar el funcionamiento de los órganos del Poder Popular. A manera de ensayo se escogió a las entonces recién creadas provincias de Artemisa y Mayabeque.
El experimento, que según el cronograma del momento concluía en diciembre de 2017 para su posible extensión al resto del país, consistía entre otras cosas en separar la dirección de los Consejos de Administración y de las Asambleas provinciales y municipales del Poder Popular. Por antigua disposición constitucional (artículo 117), ambos órganos tenían como Presidente a una misma persona.
También se pretendía transformar las estructuras organizativas de las asambleas municipales, las administraciones y el sistema empresarial local, además de la reducción de cargos.
Según se publicó en 2011, “como resultado de un estudio previo, fueron identificadas un grupo de deficiencias e insuficiencias que entorpecen el ejercicio cabal de estas responsabilidades por una misma persona”.
El propio Jefe de Estado y de Gobierno de Cuba Raúl Castro ha reconocido que “nuestra democracia es participativa como pocas, pero debemos estar conscientes de que el funcionamiento de las instituciones del Estado y del Gobierno aún no alcanza el nivel de efectividad que nuestro pueblo exige con todo derecho”.
Ante esta premisa y como parte del perfeccionamiento de las prácticas gubernamentales y de los órganos del Poder Popular, el 1 de junio de 2012 entró en vigor el Decreto 301 del Consejo de Ministros, sobre las Funciones Estatales y de Gobierno en las entonces recién creadas provincias de Artemisa y Mayabeque.
Un mes después, el 23 de julio, la ANPP extendió la duración del experimento de 18 a 24 meses, cuyo término se ubicaba a inicios de 2014. Luego, en julio de ese año, se decidió otra vez prorrogar la valoración de los resultados hasta diciembre de 2016.
Durante 2016 también fueron secreto a voces los procesos judiciales en que estuvieron involucradas las direcciones de varios municipios artemiseños. Pero, una vez más, ninguno de estos salió a la luz pública. Los rumores modelaban acciones como contratos para realizar servicios en detrimento del presupuesto local y en beneficio de los bolsillos de algunos funcionarios, tanto de la administración como del gobierno.
Cuando habían pasado 6 años, en septiembre de 2017 —fecha en que según el cronograma inicial concluiría el experimento—, fue aprobado por el Consejo de Ministros un nuevo cargo en la estructura del Poder Popular que se estaba transformando: Vicepresidente de la Asamblea para el órgano de la Administración, que quedó establecido mediante el acuerdo 8223, y fue extendida su aplicación a todo el país en febrero de 2018.
Para esta última fecha los resultados del experimento no se habían hecho públicos. Solo 4 años antes, en diciembre de 2003 y según documentos a los que Progreso Semanal tuvo acceso, se realizó una encuesta en varios municipios de Artemisa y Mayabeque.
Según ese estudio, para ese entonces todavía quedaban “vacíos en cuanto a quién es responsable por quién, en lo que incide, de una parte, que los actuales presidentes en su mayoría vienen de la estructura anterior, donde el peso mayor en sus funciones era de administración y, de otra, que aún no contaban con los nuevos documentos rectores que esclarecieran las funciones de las Asambleas. En este sentido, se notaba un avance desigual entre la Administración y la Asamblea, en tanto la primera cuenta con documentos rectores y la segunda no”.
También existían criterios sobre que la Administración no se sentía subordinada a la Asamblea y sobre la “excesiva crítica” de esta hacia el trabajo administrativo, sobre todo cuando los que actualmente encabezan las Asambleas poco antes eran también responsables de los problemas que en ese momento reclamaban.
Otro de las contrariedades identificadas en el estudio fue la “autonomía limitada para decidir sobre su propio patrimonio”, porque la aprobación de estas propuestas sigue dependiendo del organismo rector.
Las administraciones también consideraron una limitante su relación con las responsabilidades hacia la población, pues siguen dependiendo de unidades estatales de producción para garantizar servicios, y estas a su vez responden a Grupos Empresariales Provinciales.
Antecedentes
El Estado cubano se ha organizado sobre la base de la unidad de poder o unidad de acción política. Esta alta concentración de facultades se aprecia en el propio titular o Presidente del órgano de representación permanente de la ANPP, el Consejo de Estado, en tanto es jefe del Estado y del Gobierno y primer Secretario del Partido, a la vez que jefe de las Fuerzas Armadas y preside el Consejo de Defensa Nacional. Esta estructura ha sido modificada en la recientemente debatida, refrendada y proclamada nueva Carta Magna cubana.
A nivel local, la dualidad de funciones generaba otros males conocidos. Tamara Valido Benítez, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Mayabeque, dijo que los ciudadanos no veían las Asambleas como lo que verdaderamente son. “La mayoría de las veces dedicábamos mucho más tiempo a lo administrativo que a la comunicación con la población”.
“En Cuba, la historia demuestra que al municipio le han faltado alas para ejecutar su propio vuelo, la centralización ha mediado sus caracteres más sobresalientes en cada momento histórico, atando el despliegue de la iniciativa propia”, aduce la investigadora Lissette Pérez Hernández en su artículo “Diseñando un camino a partir de los antecedentes y retos de la descentralización del municipio cubano”, publicado en la compilación Qué municipios queremos, de la Editorial UH, La Habana, en 2013.
La concentración de poderes en los niveles superiores ha llevado a focalizar la gestión en los indicadores que tributan al desarrollo nacional y sectorial. Por esta razón el registro del resultado económico se realiza con un enfoque sectorial y no territorial, lo que produce un “enmascaramiento” de los bienes y servicios generados por la localidad, y la acumulación de sus problemas, que suelen quedar sin solución, e inversiones con poco impacto en los objetivos del desarrollo sustentable.
“La escasa autonomía municipal y, por consiguiente, las limitadas capacidades de resolución de necesidades por parte de los delegados electos, ha generado una creciente falta de motivación hacia el control de la gestión gubernamental en el ámbito local cubano, conllevando la deslegitimación progresiva de las instituciones representativas y su sistema”, acota el jurista Marcos fraga en su artículo “La descentralización de la toma de decisiones políticas como presupuesto para un efectivo control popular de la gestión gubernamental en el ámbito municipal cubano”.
Luego de más de siete años desde su anuncio no se conocía prácticamente ningún resultado, favorable o no, de esa experiencia; no supimos por qué subsistió un silencio aturdidor sobre la aplicación del Decreto 301 —siendo garantía del socialismo vigilar por la gestión transparente de la actividad de gobierno—; o cuál fue el impacto real de esos cambios para la población de ambas provincias.
En junio de 2018 finalmente se aprobó en la ANPP el Dictamen sobre el experimento. Pero en ese momento solo se recomendó “continuar el perfeccionamiento del modelo puesto en práctica, culminar el estudio e incluir las nuevas modificaciones en la nueva constitución”. Más de ocho años después, que sepamos, todavía no se ha decidido extender la experiencia al resto de los municipios del país.
Nota: En la investigación de este trabajo colaboraron las periodistas Nery Ferreira y Yery Menéndez.
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