Las empresas estatales deben situarse en el centro de la estrategia.
Foro de negocios durante la Trigésimo segunda edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV), recinto expositivo de Expocuba, en La Habana, Cuba 08 de noviembre de 2014. Foto: Jorge Luis Baños_IPS
El proceso de actualización del modelo económico y social comienza en 2010. Después de transitar diversas etapas, en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) se aprueban dos documentos trascendentes: la Conceptualización del modelo económico y social y el Plan al 2030, con la visión de país.
Al analizar ambos documentos, pareciera que la conceptualización es la estrategia, ya que define los objetivos estratégicos (visión de país), los principios y las principales transformaciones requeridas, mientras el plan 2030 es el medio para alcanzarlo. El plan define seis ejes estratégicos que vienen siendo como los puntos clave transversales a cualquier sector. Se declara que tienen un carácter sistémico, pero esa sinergia no se ve reflejada en los objetivos generales, ni en los específicos de los ejes (que son bastante ambiguos) y mucho menos en la elección de los 11 sectores estratégicos, expresión de la falta de claridad en el enfoque estratégico para el país.
Una ausencia significativa son los actores productivos, esenciales para el logro de la sostenibilidad y prosperidad que enarbola la visión de país. Sin duda, los equilibrios macro económicos son indispensables, ellos incentivan al sector empresarial, pero los niveles de eficiencia, eficacia y productividad que tanto se necesitan dependerán también de la forma en que se estructuren, gestionen, interrelacionen y sean reales depositarios de la propiedad (cualquiera que esta sea) en todo el sistema empresarial.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS
Recientemente se aprobó una nueva Constitución de la República que refrenda las diversas formas de propiedad y otorga a la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción el valor de forma principal sobre la cual se basa la sociedad socialista.
Antes de presentar un esbozo de la situación actual de la empresa estatal, se impone esclarecer qué se entiende por ese tipo de organización, según la Conceptualización del modelo económico y social (PCC, 2017). Los rasgos planteados son:
- Entidades empresariales propiedad de todo el pueblo. El Estado actúa en beneficio del propietario (el pueblo).
- Personas jurídicas con deberes y derechos.
- Encargadas para la producción de bienes y servicios de carácter mercantil, obtener utilidades y cumplir responsabilidades sociales.
- Cubre sus gastos con los ingresos.
- La empresa desempeña un papel activo en la elaboración, ejecución y control de los planes y presupuestos.
- El Estado regula los destinos de las utilidades y está facultado para autorizar la retención de parte de estas por las empresas.
- Dotadas de autonomía para la administración o gestión empresarial.
- El Estado norma sus relaciones con las empresas y las atiende. No interfiere en la necesaria autonomía en la gestión de las entidades. Adopta las decisiones principales y estratégicas que le competen como titular y evalúa y controla integralmente los resultados.
Dos aspectos problemáticos a destacar: la propiedad y la autonomía.
Foto: Jorge luis Baños_IPS
Si el pueblo es el propietario ¿en qué momento y de qué forma cumple su rol? ¿Mediante la Asamblea Nacional del Poder Popular? Pero solo 50 por ciento de sus integrantes es propuesto por el pueblo en las circunscripciones, según la Ley Electoral ANPP (1992). Tampoco se ha delimitado claramente la función del Estado como dueño, ni qué entidad actúa como tal (¿designada, juntas de gobierno?). Las Juntas de Gobierno no la integran trabajadores, ni siquiera el sindicato.
El Estado es el que “adopta las decisiones principales y estratégicas que le competen como titular y evalúa y controla integralmente los resultados” (PCC, 2017,). ¿De qué entidad?, ¿de las empresas o del país? Pareciera que de las empresas, ya que se refiere a la sección dedicada a ellas en la conceptualización y se corresponde con el Artículo 66, del Decreto Ley 281: “La empresa que aplica el Sistema de Dirección y Gestión de Empresas tiene gestión económica, financiera, organizativa, técnica, productiva, comercial, laboral y contractual, con autonomía controlada en cumplimiento de lo establecido por el gobierno y el Estado” (Consejo de Ministros, 2007). ¿Debe ser el Estado, como dueño, el que defina la estrategia y las decisiones “principales” (nada acotadas) de las empresas?
La Constitución de la República define lo siguiente sobre la empresa:
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Un aspecto es ejercer la función de regulador de la economía y crear las condiciones institucionales para que las empresas operen y otro ser dueños. En este el enfoque es sobre cómo se utilizan los recursos puestos a disposición de la empresa: cuánto va a rendir, cuánto va a crecer y cómo satisface necesidades individuales y sociales en un país socialista. Mientras, la empresa se dedica a gestionar de la forma más eficiente y eficaz los recursos e identifica oportunidades de posicionamiento en los mercados, de innovación y emprendimiento para crecer. Son especializaciones diferentes y deben ser ejercidas por entidades diferentes, que conozcan y posean las habilidades para desempeñar satisfactoriamente sus actividades.
Este documento clasifica a la empresa estatal como socialista, no así la conceptualización y, en la modesta opinión de esta autora, debería ser empresa estatal en el sistema socialista, de lo contrario la no estatal sería capitalista. Además, no se expresa con claridad que sea propiedad de todo el pueblo. El resto de los aspectos que se mencionan son generales y dependen de la norma jurídica y las reglas de juego que se promulguen para el proceso operatorio de las empresas.
En relación con aspectos menos conceptuales, es importante señalar que la cantidad de empresas se ha reducido en 50 por ciento desde el año 2000 y, según la entrevista a Yovana Vega Mato[1]: “En el período 2011 hasta 2017 hubo una reducción de 400 entidades y muchas fueron extinguidas y fusionadas porque tenían pérdidas”. Las empresas con pérdidas pasaron de 403 en 2010 a 43 en 2018; estas se han extinguido, fusionado o pasado a Unidades Empresariales de Base (UEB)” ¿Extinción o quiebra? Y más adelante dice: “(había empresas) que no se justificaban como empresas por sus dimensiones y niveles de operaciones. Presentaban procesos de dirección económica y de controles sumamente mayores a la generación de riquezas. En su mayoría, estas fueron las que se convirtieron en Unidades Empresariales de Base (UEB). Pareciera ilógico que empresas con pérdida se fusionen (se transfiere el cáncer) y otras — cuyos procesos eran sumamente mayores a la generación de riqueza– se conviertan en UEB, que es donde se crea la riqueza ¿no es un contrasentido?
Según la entrevista, las empresas muestran magníficos indicadores (aunque no homogéneos para todos los sectores); sin embargo, el Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos tres años ha crecido a bajos niveles y más de su 45 por ciento es aportado por la industria manufacturera (sin azúcar), el comercio y la salud pública (a precios de mercado). Las dos primeras actividades han decrecido en los tres últimos años (hasta 2017) y poseen 37 por ciento del total de las empresas. Esto no significa que todas ellas sean ineficientes, pero definitivamente una buena parte de ellas debe serlo.
Recientemente se ha planteado que se aprobaran 22 medidas para mejorar la eficiencia de las empresas:
- Desarrollo de institución financiera para propiciar el desarrollo empresarial.
- Operar esquemas cerrados de financiamientos para las que están en condiciones. Las ya definidas son las empresas de alta tecnología.
- Incrementar el pago de las utilidades a los trabajadores.
- Así como un conjunto de medidas para empresas de alta tecnología.
Estas medidas son difíciles de enjuiciar sin la norma jurídica que las acompañe. Lo que sí se observa es su falta de enfoque sistémico y tampoco se comprende por qué las prerrogativas aprobadas para empresas de alta tecnología no se asumen para las exportadoras, incluyendo el turismo, ante la inminente necesidad de ingresar recursos frescos y haber demostrado su efectividad en la pasada década de los noventa. Nada se precisa sobre la necesidad de reestructuración de los Grupos Empresariales.
Por otra parte, de nuevo el gran ausente es la empresa privada. Se habla de flexibilizar el trabajo por cuenta propia: pareciera que nada nuevo, otra vez una curita. Si bien en febrero se anunciaron medidas que ayudarían a los encadenamientos entre el sector privado y el estatal, lo cierto es que hasta el momento no existe la norma jurídica que permita la realización de tales medidas, ni que defina bajo qué términos se llevarían a efecto.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS
No es menos cierto que al menos es una vía legal de obtener ciertos insumos, pero habría que ver bajo qué condiciones de precio, calidad y otros detalles, para poder hablar de una solución real. Al mismo tiempo, la existencia de la norma no significa que el comportamiento de los actores la siga, ya que hay normas implícitas, no escritas, que en ocasiones son más fuertes. Así, muchos empresarios plantean que tener contratos con cuentapropistas implica más controles, dirigidos a auditar las relaciones con el sector no estatal, lo que sucede incluso con las cooperativas.
La economía es sistémica y aplaudimos estas medidas. Sin embargo, no acaban de transformar tales emprendimientos en empresas, lo que de lograrse significaría reconocerlas con todos sus derechos y deberes.
Razones para que las empresas no mejoren su desempeño hay muchas: se puede enfatizar en el bloqueo, la difícil situación de las finanzas externas, fenómenos meteorológicos y otras. Sin embargo, también habría que señalar la sobrevalorada tasa de cambio que desincentiva la economía, la centralización del mecanismo económico, un sistema de dirección basado en el control mediante el plan –es decir, el plan como medio de control y no de dirección–, así como otras regulaciones que dificultan que las empresas puedan ser creativas, emprendedoras, innovadoras y, por tanto, que desaten las fuerzas productivas. Todos aspectos indispensables a modificar como parte del mecanismo económico del país.
Cuatro aspectos para el cambio
Lo primero es reestructurar los grupos empresariales. Foto: Archivo IPS
Las propuestas de cambios para la empresa estatal podría estar referida a cuatro aspectos: gobernanza corporativa, inversiones y productividad, innovación y mercado y relaciones sociales. Ellas se aproximan a los siguientes ejes del plan 2030: gobierno eficaz, transformaciones productivas, potencial humano, ciencia, técnica e innovación y equidad y justicia social.
Gobernanza corporativa: Lo primero es reestructurar los grupos empresariales, como ya se ha comprendido por las autoridades. El dilema es cómo se realizará este nuevo proceso. En opinión de esta autora, es casuístico, para nada homogéneo o igual para todos y se debe tener presente el portafolio de competencias que dominan las organizaciones subordinadas a cada Grupo, de modo de poder decidir si la estructura se conduce por compatibilidad tecnológica o de mercado.
Las empresas deben poseer solo aquello que aporta al valor para el cliente o la sociedad, el resto de las actividades deben traspasarla a entidades de cualquier tipo de propiedad. De igual forma, en este proceso debe precisarse qué organizaciones quedan subordinadas a nivel nacional y cuáles a nivel territorial, muy relacionado con el alcance de sus producciones o servicios, tipos de encadenamientos y variantes. Uno de los objetivos a alcanzar con esta reestructuración es la reducción de los monopolios, ya que estos no son expresión de eficacia, ni eficiencia e innovación.
Es nuestro criterio que, teniendo en cuenta lo antes expuesto, donde sea conveniente crear corporaciones debe analizarse qué tipo de modelo seguir, si el de grupo o de islas. En cualquiera de los dos casos, las funciones de los grupos deben ser de facilitadores, negociadores y coordinadores para generar condiciones que les permitan a las empresas crear y mantener su ventaja competitiva.
La gobernanza, en sí misma, se basa en la teoría de agencia, la relación contractual entre el principal (dueño) y el agente (gestor o directivo), los intereses de ambas partes y los aspectos de riesgo, asimetría de la información y control que trae asociado. Entonces, ¿Cómo organizar las relaciones entre dueño y agentes? Dueños el pueblo, la asamblea de accionistas sería la Asamblea Nacional del Poder Popular, a quien se le rinde cuentas (sobre todo de lo estratégico) por una organización centralizada a la que se subordinan Grupos y empresas independientes.
Los Consejos o Juntas Directivas serían las Juntas de Gobiernos, pero se debe cambiar la nomenclatura y forma de elección de sus miembros. Discutirían la estrategia, las inversiones y las utilidades y sus destinos. Por último, el Consejo de Administración o de Dirección de las empresas, con total autonomía de gestión para proponer estrategias y lograr los objetivos aprobados. Deben existir contratos claros para cada agente, así como para los órganos colectivos. Los principios, formas de organización, composición de sus miembros y forma de integrarlos deben ser parte de los estatutos específicos para cada empresa.
El incremento de la productividad debe estar basado en mejoras tecnológicas y del concepto de negocio, así como en la motivación de los trabajadores. Foto: Archivo IPS
Inversiones y productividad: la estrategia de la empresa debe aportar a la estrategia de desarrollo del país y discutirse en las Juntas de Gobierno. La estrategia debe ser la brújula de la empresa y la base para la elaboración del plan, el cual solo debe tener como directivo el encargo estatal, las exportaciones y algún indicador de rendimiento.
La empresa debe buscar fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras y generar asociaciones con capital privado o estatal, nacional o extranjero, sobre la base de la legislación de empresa, de inversión extranjera y de quiebra que se establezca.
El incremento de la productividad debe estar basado en mejoras tecnológicas y del concepto de negocio, así como en la motivación de los trabajadores; en ello, el salario, el estímulo y los beneficios son muy importantes. Si el salario es la expresión de la cantidad y calidad del trabajo aportado y tiempo real laborado, como indica el Código del Trabajo, entonces no debe ser sancionado por el cumplimiento de determinados indicadores de nivel empresarial y no específico de cada trabajador, ni limitado más que por la disponibilidad de fondos para ello. El estímulo, a partir de las utilidades y otros beneficios, debe ser decidido por las empresas.
Es indispensable crear un ambiente de competencia entre empresas estatales y entre estas y el sector no estatal, así como de cooperación y alianzas cuando sea oportuno, que no permita precios de monopolio y, por tanto, que facilite a la población poder elegir entre diversidad de productos.
La innovación es la base de la ventaja competitiva y esta la que permitiría competir en el mercado. Foto: Jorge Luis Baños_ IPS
Innovación y mercado: el posicionamiento en el mercado interno y externo y las posibles necesidades estratégicas del país pueden ser incentivos para la innovación. Cualquier modelo de emprendimiento corporativo está relacionado con la estrategia y el mercado. Se requiere una estructura organizativa que estimule la creación de redes y alianzas con otras empresas y centros generadores de conocimiento. También se debe desarrollar una cultura del aprendizaje, de modo que el conocimiento se socialice dentro de la organización, y proponerse un sistema de innovación abierta que aproveche también el conocimiento externo, todo con un enfoque hacia los objetivos estratégicos u oportunidades del mercado.
Las empresas deberían replantearse sus modelos de negocios y evaluar la posibilidad de utilizar tecnología digital o un enfoque circular, lo cual reduce la necesidad de fuerza de trabajo y los residuos, respectivamente. La innovación es la base de la ventaja competitiva y esta la que permitiría competir en el mercado.
Hotel Royal Hicacos, ciudad turística de Varadero, en Matanzas. Foto: Jorge Luis Baños_IPS
Relaciones sociales: crear mecanismos de participación de los trabajadores y rendición de cuentas de los ejecutivos, sobre todo en los aspectos estratégicos, es indispensable para que los trabajadores se sientan realmente como dueños. Sobre este particular se habla mucho, pero se especifica poco sobre las formas que se pudieran adoptar. En ocasiones, la vía que se propone es asociativa o por acciones, pero sin todo el fundamento. No obstante, la autonomía, si bien debe crear margen a la participación, debe organizarse sin formalidades, en comités consultivos de trabajadores seleccionados democráticamente (integrados por quienes tienen más experiencia en el sector, conocimiento técnico de especialistas retirados y en activo).
El desarrollo y prosperidad del país requieren definición en el patrón de especialización que permita determinar el propósito estratégico a largo plazo y las visiones de mediano plazo, viables y específicas. Ello permitiría que la planificación fuera la expresión del desarrollo proporcional, que las políticas macro y meso se enfocaran hacia los sectores de negocio realmente estratégicos y la justicia social. Que el mercado tuviera el espacio para la actuación de las empresas de cualquier tipo de propiedad. Un sistema de dirección económica y social en el cual la empresa sea el centro y se conjuguen todas las funciones de dirección es condición necesaria para el logro de cualquier cambio en el sistema empresarial.
Si bien los experimentos en la economía no son en general beneficiosos, se pudiera pensar en un sector de “empuje”, que incluya turismo, inversión extranjera y todas las empresas que se encadenen con ellas, así como las exportadoras y de alta tecnología, a las cuales se les otorgue condiciones de descentralización y autonomía.
Las condiciones institucionales, con un enfoque de negocio y equidad, deben permitir que las empresas estatales, junto a todo tipo de entidad de cualquier forma de propiedad, puedan desempeñarse con autonomía. Las empresas reestructuradas, siguiendo principios de negocio y no administrativos, deben gestionarse mediante la definición precisa de las reglas de juego para el gobierno corporativo, donde se legitime al pueblo como dueño.
Las cuatro dimensiones estudiadas para las empresas estatales interactúan y se refuerzan mutuamente. El gobierno corporativo crea las bases de la dirección empresarial e impacta en las restantes dimensiones. La innovación debe incrementar la productividad y las condiciones de vida de los trabajadores. Por su parte, la cohesión social apoya el gobierno e impulsa la productividad y la innovación. La productividad implica sostenibilidad, recursos para inversiones e innovación. (2019)
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Notas:
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