En este artículo: Cuba, Economía, Finanzas, Gobierno, Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Presupuesto, Sociedad
13 julio 2019
Dictamen sobre la liquidación del Presupuesto del estado del año 2018
El desempeño de la economía en 2018 se caracterizó por tensiones financieras, derivadas del recrudecimiento del bloqueo impuesto por EE.UU., el endeudamiento externo e ineficienicas en los procesos productivos, lo cual impactó en la ejecución presupuestaria del país, según valoró Mesi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios (MFP), al presentar ante el Parlamento la liquidación del Presupuesto durante el pasado año.
No obstante, elevar la racionalidad en la ejecucion de los montos permitió garantizar la sostenibilidad de servicios básicos a la población, las labores de recuperación de los daños ocasionados por eventos meteorológicos y la financiación a los principales programas sociales y políticas públicas aprobadas.
De acuerdo con el informe aprobado por los diputados, el Presupuesto registró un déficit fiscal de 8 mil 91 millones 300 mil pesos, inferior al aprobado en 3 mil 314 millones de pesos, marcado fundamentalmente por una inejecución de gastos de un 4%. Incide el incumplimiento del plan de inversiones, en tanto los ingresos se sobrecumplen en un 1%.
Los ingresos tributarios constituyeron el 74% del total de los recursos financieros recaudados, lo que demuestra la estabilidad del sistema tributario como principal fuente de recursos para el financiamiento de los gastos, tal y como se señala en el informe.
Aunque la recaudación del impuesto sobre Utilidades mostró un crecimiento del 7%, no alcanzó los niveles planificados y se dejaron de captar 186 millones de pesos, en lo que incidió además que 59 empresas cerraron con pérdidas, cuando solo dos de ellas habían previsto resultados negativos.
Los aportes de las formas de gestión no estatales representan el 12% de los ingresos. Con excepción de la contribución a la Seguridad Social estos recursos se destinan a los presupuestos municipales, donde participan en un 29%.
En cuanto a los trabajadores por cuenta propia, el informe indica que “persiste la morosidad en los aportes y la acumulación de deudas tributarias, en lo que urge la aplicación de medidas aprobadas para su enfrentamiento y solución”.
El superávit se produce cuando hay exceso de ingresos sobre gastos, lo contrario al déficit.
Dictamen sobre la liquidación del Presupuesto del estado del año 2018
La Comisión de Asuntos Económicos, después de haber debatido la información del Ministerio de Finanzas y Precios sobre la liquidación del presupuesto, conocer los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a este proceso y las acciones de control y fiscalización efectuadas por los diputados, emite de conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, el siguiente dictamen:
Como se ha expresado la gestión de la economía en el año 2018 se desarrolló en un escenario caracterizado por fuertes restricciones financieras derivadas del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos, el endeudamiento externo, la recuperación de eventos climatológicos adversos, así como ineficiencias aún presentes en los procesos productivos y de servicios.
Los ingresos netos en este difícil contexto ascendieron a 57 mil 406 millones de pesos, con un sobrecumplimiento de 532 millones de pesos, que representan un 0.9 por ciento y mantienen el crecimiento sostenido de los últimos años, insuficiente de acuerdo con el potencial existente.
Del total de las fuentes, los ingresos tributarios y no tributarios que provienen del sector estatal son los fundamentales, en particular los de la empresa estatal socialista como el principal aportador y sustento de los logros sociales de la Revolución. Ratifica ello, la importancia de atender y resolver los problemas de ineficiencia e indisciplinas aún presentes.
Como muestra de esto último, 59 empresas registran pérdidas al cierre del año, cuando solo 2 habían planificado resultados negativos, por lo que urge lograr un uso más eficiente de los recursos financieros en las prioridades definidas por el país, apreciándose además deficiencias en la planificación.
Los ingresos de las formas no estatales presentaron una tendencia al crecimiento y representan el 12 por ciento del total. No obstante, se ratifica la necesidad de perfeccionar los métodos de fiscalización para enfrentar la subdeclaración de los tributos, la aplicación más efectiva de las medidas aprobadas para el enfrentamiento a la morosidad en los aportes y la acumulación de deudas tributarias de la cual cerca de un 50 por ciento pertenecen a este sector. Se requiere mayor exigencia, promover el aporte en la cuantía y oportunidad requerida, así como el incremento de la cultura y disciplina tributarias, de forma que se garantice captar todos los recursos del presupuesto.
Los ingresos tributarios registran un incumplimiento de 596.3 millones de pesos, lo que significa el 1.4 por ciento, incidiendo fundamentalmente los impuestos sobre Ventas, Utilidades y Fuerza de Trabajo.
La información evidencia un sobrecumplimiento de los ingresos no tributarios en un 7.6 por ciento, a partir de recibirse pagos pendientes del año anterior de los servicios médicos externos y el comportamiento favorable de los aportes por el Rendimiento de la Inversión Estatal que realizan las empresas.
Es evidente la reserva existente para la recaudación de ingresos debido a las deficiencias en el proceso de planificación y de los resultados en la gestión empresarial. Se impone perfeccionar los mecanismos de conciliación y análisis entre los factores que participan en la elaboración del plan.
El 51.5 por ciento de los ingresos que se captaron procedentes del impuesto sobre la venta de materiales de la construcción fueron destinados al subsidio a personas de bajos ingresos con necesidades para realizar acciones constructivas en sus viviendas y un 8,5 por ciento se transfirió al presupuesto central como reserva con igual propósito que no fue ejecutada totalmente. En el año se gastaron 846 millones de pesos para este subsidio, el 94 por ciento de lo destinado a dicho programa. Adicionalmente se asignaron 32 millones de pesos de la reserva central, a las provincias de Pinar del Río, Camagüey y el municipio especial Isla de la Juventud, requiriéndose de mayor oportunidad en la solicitud y asignación de estos recursos.
Fueron beneficiados más de 16 mil personas en el año, lo cual ratifica que es uno de los programas más sensibles y de mayor impacto social de la Revolución; sin embargo, quedaron sin distribuir por las provincias a los municipios 41 millones de pesos, en lo que influyeron fundamentalmente las provincias de Artemisa, Holguín, Camagüey y Santiago de Cuba, por lo cual los consejos de la administración deben agilizar la entrega de estos financiamientos. Especial atención deberá prestarse al financiamiento inmovilizado en poder de los subsidiados en los bancos comerciales.
Esta actividad fue objeto de fiscalización por diputados de varias comisiones, señalando subsidios pendientes de entregar, carencia de materiales de construcción, falta de conciliación entre las dependencias internas de la administración y las estructuras de la vivienda, inadecuado funcionamiento de las comisiones para el control y seguimiento de la tarea y problemas organizativos en la documentación, entre otras deficiencias que generan causas y condiciones que favorecen el delito y las ilegalidades .
Se recaudaron mil 137 millones de pesos de Contribución Territorial para el Desarrollo Local, aprobándose por los consejos de la administración un total de 523 millones de pesos, para la solución de problemas de sus territorios con impacto favorable en la población, pero distante de generar nuevas inversiones que, a futuro, incrementen los ingresos de municipios y provincias.
En relación con los gastos se ejecutaron 65 mil 498 millones de pesos, el 95,9 por ciento de lo planificado. En ello incidieron los incumplimientos en las inversiones materiales por atrasos en las importaciones y arribo de los equipos, en los cronogramas de ejecución de obras, y la dilación en los procesos de contratación, asuntos en los que debemos continuar trabajando para alcanzar la eficiencia necesaria.
En la actividad presupuestada se ejecutaron 37 mil millones de pesos, lo que representa el 61,5 por ciento del total de gastos corrientes, destinando estos recursos a los servicios básicos a la población. A la salud pública y la asistencia social se dedica el 28 por ciento de este presupuesto. Cada día se gastan en Cuba más de 29 millones de pesos en este sector, lo que permite mostrar indicadores de países desarrollados; más de mil 289 instalaciones garantizaron la atención primaria de salud en alrededor de 132 millones de consultas médicas y estomatológicas, así como los servicios hospitalarios.
Se favorecieron con el aumento de 70 pesos de las prestaciones monetarias que reciben, 99 mil 114 núcleos familiares protegidos por la Asistencia Social.
Se destinan diariamente a la educación alrededor de 22 millones de pesos, el 22 por ciento de los gastos de la actividad presupuestada. Con ello se garantizó la continuidad de estudios de más de un millón 827 mil estudiantes de todos los niveles de enseñanza.
En la actividad presupuestada es necesario utilizar normas de consumo y unitarias de gastos que contribuyan a una mayor eficiencia y racionalidad del gasto público.
Como respaldo al proceso inversionista, se destinaron a los Presupuestos Locales mil 101 millones de pesos, fundamentalmente al Programa de la Vivienda, lográndose la terminación de 15 mil 193, lo cual requiere un mayor control y exigencia en su ejecución.
Las actividades científicas y tecnológicas ejecutaron 890 millones de pesos, lo que representan como promedio diario más de 2 millones 400 mil pesos, el uno por ciento del Producto Interno Bruto. Se precisa perfeccionar el registro y análisis del gasto destinado a estos fines.
Por transferencias corrientes a la actividad no presupuestada se ejecutaron 23 mil 348 millones de pesos, en correspondencia con el plan de la economía. De ellos, 14 mil 356 millones estuvieron destinados en lo fundamental al financiamiento a la exportación y sustitución de importaciones, para aquellas empresas que con los ingresos que generan estas actividades, solo cubren parcialmente los costos de producción, entre las que se encuentran: azúcar, carne de cerdo, arroz y frijoles para el balance, leche, maíz para alimento animal y café.
Para subsidiar los niveles de precios minoristas de la canasta familiar normada que no cubren los costos, se destinaron 3 mil 609 millones de pesos, lo que permitió no incrementar los precios a la población y no afectar a las empresas de comercio minorista.
El presupuesto de la Seguridad Social ejecutó gastos por más de 6 mil 200 millones de pesos, el 99 por ciento, registrando un déficit de 994 millones de pesos subvencionado por el presupuesto central. Se respaldaron un millón 670 mil pensionados, con una tendencia al incremento de beneficiados y de las pensiones; fue financiada centralmente la medida de incremento de la pensión mínima a 242 pesos que benefició a 445 mil 748 personas protegidas por el régimen general.
Los presupuestos de los Órganos Locales del Poder Popular alcanzaron un superávit de 6 mil 28 millones de pesos, superior en un 5 por ciento a lo previsto, incidiendo la inejecución de los Gastos Corrientes y de Capital en 187 millones de pesos. Cierran con déficit inferior al planificado las provincias de Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba, el resto alcanzan superávit. Obtuvieron déficit 36 municipios de los 41 que lo planificaron, apreciándose una tendencia a mejorar los resultados locales con respecto al año anterior.
A partir de los daños provocados por el paso del huracán Irma y otros fenómenos meteorológicos ocurridos en años anteriores, fueron ejecutados 264 millones de pesos. Con estos recursos se financió la bonificación del 50 por ciento del precio de los materiales de la construcción vendidos a las personas damnificadas por la destrucción total o parcial de sus viviendas y el pago por la asistencia social a personas naturales por el importe de los materiales de la construcción y otros bienes.
Sobre el Sistema de Tesorería del Presupuesto del Estado, al cierre del año 2018, los saldos disponibles en las cuentas bancarias de los órganos, organismos y entidades ascienden a 3 mil 487 millones de pesos, como resultado de una inadecuada administración de los recursos financieros en las entidades presupuestadas y en las unidades de registro de tesorería. Este importe se constituye en anticipo de caja del año actual.
La ejecución presupuestaria registró un Déficit Fiscal de 8 mil 91 millones 300 mil pesos, el que resulta inferior al aprobado, dado fundamentalmente por la inejecución de los gastos en un 4 por ciento, determinado en parte por ineficiencia en su gestión.
Sobre la Deuda Pública, al resultar el Déficit Fiscal inferior al planificado, se redujo el endeudamiento previsto en 2,3 por ciento respecto al año precedente, lo que desacelera la tendencia creciente de los últimos años.
Los resultados de las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República en la ejecución presupuestaria expresan que persisten deficiencias que requieren máxima atención. Entre las principales se encuentran:
- Falta de exigencia y control por parte de los titulares y administradores de presupuesto y de rigor en el cumplimiento de la Ley 125 del Presupuesto del Estado para el año 2018.
- Indisciplinas contables y financieras, falta de análisis desde los registros primarios.
- Insuficiente utilización de las normas unitarias de gastos y de consumo material.
- Deficiente control y gestión de los recursos materiales y financieros, incluidos los procesos de contratación, insuficientes reclamaciones ante el incumplimiento de lo pactado, tarifas y precios excesivos.
- Falta de rigor en las verificaciones presupuestarias.
- Fluctuación del personal técnico e insuficiente preparación en las Direcciones Globales de la Economía en provincias y municipios, así como en las áreas económicas en las unidades de base.
- La solución de las deficiencias presentes debe constituir un imperativo del trabajo, fortaleciendo el papel de la contabilidad y el control interno.
Las comisiones de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, consideran que el presupuesto liquidado responde a la Ley aprobada; requiriéndose pasar a un nivel superior en su planificación, ejecución y control, para lo cual cada implicado debe adoptar las medidas necesarias.
Por todo lo antes expuesto, dichas comisiones proponen a la Asamblea Nacional del Poder Popular, aprobar la siguiente recomendación:
Evaluar en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos previa al próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular:
- La marcha del programa aprobado por el Ministerio de Finanzas y Precios, en su condición de organismo rector, para el fortalecimiento de la contabilidad en las entidades del país.
- El trabajo realizado por los ministerios de Finanzas y Precios y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, para identificar y perfeccionar el registro y análisis del gasto destinado a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
- Los resultados del sistema de control y supervisión que aprobaron las organizaciones de dirección empresarial atendidas por el Ministro de la Agricultura para garantizar que los recursos financieros que transfiere el Presupuesto del Estado para financiar los subsidios por sustitución de importaciones, se correspondan con los niveles de producción reales.
- El cumplimiento por la Oficina Nacional de Administración Tributaria del programa de medidas aprobado para el fortalecimiento de la administración tributaria y la disciplina en el interés de enfrentar la evasión fiscal.
Las comisiones de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, consideran que se cumplieron los propósitos y objetivos fundamentales para los cuales se concibió el Presupuesto del Estado para el año 2018, que garantizó la vitalidad, estabilidad y continuidad del proceso económico y social del país, por lo que propone a la Asamblea Nacional del Poder Popular que se apruebe el informe de liquidación del Presupuesto del Estado del año 2018 con la recomendación expuesta en este dictamen.
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