Solo con una reestructuración a fondo del sector empresarial estatal se podrían liberar recursos fiscales para aumentar los salarios sin generar inflación.
El gobierno cubano sorprendió decretando un significativo aumento de salarios a la mitad de los trabajadores del sector estatal. Anticipando los efectos inflacionarios de tal decisión, decretó además la fijación de topes de precios, incluyendo mercados que supuestamente debían operar bajo la lógica de la oferta y la demanda.
Ambas decisiones han sido bien recibidas por gran parte de la población, la cual percibe que ello puede finalmente representar una mejora en el poder adquisitivo de sus ingresos. Ciertamente, los funcionarios y los profesionales responsables de diseñar y ejecutar las políticas públicas y hacer que funcionen los servicios públicos (educación, salud, seguridad, asistencia social, cultura, deporte, vivienda y defensa) habían quedado relegados y no formaban parte de los “ganadores” en el proceso de reformas. La brecha de sus ingresos promedios se había ampliado hasta diez veces menos que los ingresos promedios percibidos en el sector privado y cooperativo.
Tal desigualdad constituye una de las fuentes de resistencia a los cambios. Justamente los profesionales que deben poner en marcha las transformaciones se ven como “perdedores relativos” en el proceso de reformas. En repetidas ocasiones el propio gobierno llamó la atención a la burocracia de estar frenando los cambios. La migración hacia el sector privado o hacia el exterior viene descapitalizando el sector público dejándolo con una fuerza de trabajo desmotivada y que veía irse cada día profesionales de experiencia y con altos niveles de educación. La Contraloría de la República desde su creación no ha dejado de identificar una proliferación de hechos de corrupción en el sector público (aunque todavía muy distante de las prácticas en el resto de América Latina). En las repetidas visitas a las provincias y en el último Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el reclamo principal que recibió el presidente Díaz-Canel fue justamente el aumento del nivel salarial.
El aumento de salarios responde a todas estas presiones y busca subsanar las desigualdades de ingresos que se convierten en un obstáculo a los cambios. La popularidad del presidente, por el momento, se ha disparado.
Las consecuencias inflacionarias de las medidas y las preocupaciones sobre la manera en que se podrá financiar el aumento del gasto fiscal se presentan de forma triunfalista en los medios oficiales. Mientras que en las redes sociales y en los medios de prensa no oficiales, de forma casi unánime, los economistas cubanos han manifestado las preocupaciones y el desacuerdo sobre este aumento salarial sin respaldo productivo y financiero, y destacan el impacto negativo que progresivamente los topes de precios van a tener sobre el funcionamiento de los mercados.
El consenso de los economistas resalta cómo los topes de precios, al afectar el funcionamiento de los mercados y emitir señales preocupantes al sector privado y cooperativo, desincentivan las inversiones y las respuestas productivas que se necesitan para expandir la disponibilidad de bienes y servicios de consumo, para adaptar la oferta a la demanda, y poder controlar la inflación sin tener que recurrir a mecanismos administrativos que tantas veces han probado su ineficiencia.
Hay sobre todo dos hipótesis que se pueden plantear para explicar por qué el gobierno decide ahora avanzar con estas acciones, a pesar de que el déficit fiscal ya estaba en valores límites, y a pesar de que en estos momentos su capacidad financiera es reducida y poco puede hacer para impulsar una mayor oferta de bienes de consumo e importaciones que contrarreste la expansión de la demanda.
Una es simplemente que el gobierno sucumbió a las tensiones distributivas, que de verdad piensa que puede controlar la inflación con los topes de precio, y que está mal asesorado en cuanto al funcionamiento de los mercados y la lógica de los equilibrios macroeconómicos. Se busca recabar apoyo político en el corto plazo sin tener mucha claridad en los impactos económicos de segundo orden.
La otra hipótesis plantea que esta es solo una primera acción de un paquete de medidas estructurales que próximamente se pondrán en marcha. Esta es justamente la principal defensa que el propio gobierno ha expresado en los medios oficiales, que viene un paquete de 22 medidas a continuación del aumento salarial. Aunque no hay total claridad sobre la mayoría de las medidas, hay quienes piensan que este es el preludio de la unificación monetaria.
Si fuera el caso, no se entiende bien la secuencia de las acciones, por qué empezar por un aumento de salarios y tener que recurrir a un dañino tope de precios. La segunda hipótesis le haría bien a la economía solo bajo la premisa que de que el equipo económico del gobierno reconoce los verdaderos factores que determinan los bajos salarios en el sector estatal, y valora el papel que debe tener la pequeña y mediana empresa en la salida del estancamiento/recesión de la economía y en la reforma monetaria.
A estas alturas, solo parece posible sostener un aumento de los ingresos en el sector estatal mediante una reforma monetaria estructural que saque de juego a la proporción de empresas estatales ineficientes que no se han querido cerrar o fusionar y se mantienen subsidiadas con una tasa de cambio sobrevaluada. Mantener a flote tales empresas improductivas es lo que desgasta las finanzas del estado, es el factor que deprime la productividad media en el sector estatal y determina los bajos salarios.
Solo con una reestructuración a fondo del sector empresarial estatal se podrían liberar recursos fiscales para aumentar los salarios sin generar inflación. Esta acción debería acompañarse de una mayor liberalización del sector privado y cooperativo que pueda compensar la destrucción de empleos estatales.
Pero puede ser que el gobierno aplique efectivamente las 22 medidas, pero que estas se queden en el margen, que vayan a repetir recetas que ya fracasaron en el pasado, que no vayan a la raíz de los problemas, sino que nuevamente intenten organizar de forma diferente el mismo predominio y monopolio del sector estatal.
En suma, si el gobierno no pone en marcha reformas que garanticen una respuesta positiva de la oferta productiva y la reestructuración de las empresas estatales improductivas, se cumplirán las predicciones inflacionarias de los economistas y será poca o nula la reducción de las tensiones distributivas.
Los trabajadores del sector público podrían ver cómo el aumento del salario nominal se lo come poco a poco la inflación. Los negocios que se inserten y aprovechen el aumento de precios en los mercados informales, y los que mejor logren burlar los controles administrativos, serán los ganadores del aumento salarial. La economía terminaría con igual o más desigualdad de ingresos, con más inestabilidad monetaria, con más informalidad, y con unos profesionales del sector público que seguirán ganando poco de las reformas, más enfadados y frustrados por la escasez y los impactos de la inflación.
Pavel Vidal Alejandro
Economista cubano. Actualmente es profesor de la Universidad Javeriana en Cali. Previamente trabajó en el Banco Central de Cuba y en el Centro de Estudios de la Economía Cubana. Especialistas en temas macroeconómicos, de política monetaria y el empleo de econometría aplicada de series temporales. Consultor de instituciones internacionales y en Colombia. Profesor invitado en universidades de Estados Unidos y Europa.
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