Otra reflexión del Foro de Economía Cubana, realizado los días 12 y 13 de noviembre sobre equidad fiscal en América latina.
Existe una reserva de productividad importante en las mujeres.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS
Al reflexionar y debatir sobre el vínculo entre política fiscal y equidad, en el caso de la equidad de género surgió la interrogante acerca de si la política fiscal puede tener impacto diferenciado en hombres y mujeres.
Al respecto, se compartió la idea de que “desde la perspectiva de la economía feminista, la política fiscal, así como cualquier otra política, produce efectos e impactos diferenciados en las vidas de las mujeres y los hombres, dado que se diseña y actúa sobre contextos aún muy marcados por ideas y estereotipos de género: ideas tradicionales y preconcebidas sobre el rol del hombre (el proveedor de ingresos del hogar) y la mujer, la que cuida del hogar y sus miembros) en la sociedad”.
Siendo así, la política fiscal por el manejo tanto de ingresos como de gastos, puede contribuir a la equidad de género. Según Rodríguez e Itriago (2019)[1] los análisis en Latinoamérica y el caribe han estado más orientados a los impactos sobre la equidad de género de las políticas del gasto público, que los de las políticas tributarias.
Sin embargo, existen alternativas a través de la política tributaria que pueden estimular el empleo femenino, visibilizar su aporte a la creación ya que muchas se encuentran en la informalidad y/o realizando trabajo doméstico no remunerado y labores de cuidado.
Cabe la posibilidad de aplicar sistemas impositivos diferenciados para mujeres “amas de casa” que deciden emprender un negocio por cuenta propia.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS
¿Es esta una problemática de interés para Cuba?
Absolutamente. Existe una convicción bastante difundida de que en Cuba hay escasez de fuerza de trabajo. Sin embargo, se asiste en los últimos años a una disminución de la tasa de actividad económica más acentuada en el caso de las mujeres. En otras palabras, existe una reserva de productividad importante en las mujeres, de las cuales solo 49.5 por ciento de las que se encuentran en edad laboral estaba empleada o buscaba empleo en 2018[2]. Esta misma proporción para los hombres es bastante superior, de 76,9 por ciento apreciándose una brecha en la participación de hombres y mujeres en el empleo formal. Esta situación es mucho más compleja en el caso de las mujeres rurales.
¿Cómo incorporarlas al empleo formal? ¿Cómo cuantificar su aporte real a la sociedad? Si bien estas respuestas no dependen únicamente de la política fiscal, ya que esta debe complementarse con otras políticas macroeconómicas y sociales, existe un potencial en ella que representa una oportunidad a aprovechar en el corto plazo en medio de todas las transformaciones que están teniendo lugar en Cuba como parte de la actualización de su modelo económico y social.
Desde el punto de vista de la tributación, sería conveniente por ejemplo, pensar en la posibilidad de aplicar sistemas impositivos diferenciados para mujeres “amas de casa” que deciden emprender un negocio por cuenta propia. Esta medida podría incentivar la formalización de actividades que hoy realizan estas mujeres en el mercado informal.
Un ejemplo clave, al cual merece la pena dedicar un análisis detenido, es la actividad de cuidado (de niños, ancianos, enfermos, personas con discapacidad).
Los cuidados son básicos en todas las etapas de la vida, pero existen grupos poblacionales que requieren cuidados especializados. La prevalencia de una cultura patriarcal, unida a la insuficiente oferta de cuidados por parte del estado, hace que buena parte de ellos se realice por mujeres, incapacitándolas de integrarse al trabajo formal.
Estimular los servicios de cuidado desde la política fiscal, en interacción con la política de créditos u otras, tendría un impacto positivo en las mujeres oferentes y demandantes, dado que estas últimas también podrían incorporarse al empleo. Adicionalmente, a ambos grupos, les garantizaría disfrutar del sistema de seguridad social cubano: certificados médicos, licencias incluidas la de maternidad, pensión por jubilación, entre los más significativos.
El Foro sobre equidad fiscal en América Latina propició variadas reflexiones y debates entre los especialistas participantes.
Foto: Ivet González_IPS
Otros estímulos fiscales pueden aplicarse a:
-Personas que por otras razones paguen impuestos (cuentapropistas o personas ya sujetas a pagos pro impuestos personales) y que contraten personal para trabajo doméstico. Existen experiencias de este tipo en países de América Latina, como Argentina (ver Rodríguez e Itriago, 2019). De este modo, se beneficiarían muchas mujeres que realizan esta labor en la informalidad.
-Deducciones fiscales a las empresas o cooperativas que financien servicios de cuidado interno como beneficio a sus trabajadoras y trabajadores, dada la insuficiencia de los servicios que se brindan por parte del estado.
La política fiscal también tiene un potencial por el lado del manejo del gasto público en términos de equidad de género. Si bien alrededor del 50 por ciento del gasto del presupuesto del estado se dedica a gasto social, apremia continuar investigando sobre su efectividad. No es suficiente con brindar servicios gratuitos y de carácter universal lo que ya significa un esfuerzo importante desde el estado, sino que debe velarse por su cobertura real y la calidad con que se brinda. En el caso específico de los cuidados, deben destinarse mayores recursos e iniciativas para su prestación en aras de aumentar la corresponsabilidad del Estado (de conjunto con las familias, el mercado, la comunidad) en esta área y de este modo favorecer a las mujeres que hoy suplen su carestía.
Finalmente, en momentos de “actualización” en un contexto de heterogeneidad social, no solo la política fiscal, sino todas las políticas económicas deben diseñarse con criterios de equidad. (2019).
[1] Rodríguez, Corina y Déborah Itriago (2019): ”¿Tienen los impuestos alguna influencia en las desigualdades entre hombres y mujeres?. Análisis de los códigos tributarios de Guatemala, Honduras, República Dominicana desde una perspectiva de género para hacer de la política tributaria un instrumento que limite las desigualdades entre hombres y mujeres”, agosto, www.oxfam.org
[2] Se refiere a la tasa de actividad económica que se mide como la relación entre la población económicamente activa (ocupados y desocupados) y las personas en edad laboral.
En el amplio programa de recuperación diseñado aún subsisten problemas como los insuficientes niveles de producción de leche –al cierre del 2018 se acopiaron 432 mil toneladas- para satisfacer las demandas de la industria
Un millón 720 mil 700 toneladas de arroz dedicados al consumo de la población se produjeron desde el 2012 hasta el pasado año, lo que significa para el país el ahorro de una cifra superior a los 242 millones de dólares en ese período de tiempo. (Foto: guerrillero.cu).
Por YAIMA PUIG MENESES
Cómo acompañar desde la industria y el desarrollo de diferentes programas el propósito de incrementar la producción de alimentos en el país, continúa siendo un tema constante en la gestión del Gobierno cubano. De ahí que en la tarde del lunes la agenda de trabajo del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, incluyó el análisis de este asunto, con particular énfasis en las acciones que se han realizado para recuperar la industria láctea y los avances que se constatan en el programa arrocero.
Si bien a finales de la década de los 80 se logró impulsar un amplio desarrollo de la industria láctea en el territorio nacional, las cifras de acopio de leche comenzaron a reducirse significativamente a principios de los años 90, en medio de las complejas circunstancias del Periodo Especial y que llevaron a al deterioro de esa industria, explicó Yanosky Calderín González, viceministro de la Industria Alimentaria.
Años después se inició un programa de recuperación de capacidades a partir del cual se pretende, de manera paulatina, revitalizar la industria láctea, que recibe de las provincias de Camagüey, Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas aproximadamente el 55% de la leche que se produce en el país.
Las inversiones se encaminan en lo fundamental –detalló el Viceministro del MINAL- a la reposición de equipos de refrigeración, sistemas de generación de vapor y medios de transporte, así como a la recuperación de sistemas de aire comprimido y el montaje de compresores de frío, condensadores evaporativos y bancos de hielo.
De igual manera, han sido reparadas 15 de las 31 líneas de yogurt de soya existentes y se han incrementado las capacidades para la producción de quesos, a lo cual se ha unido la preparación y capacitación del personal que se vincula a la producción de alimentos.
No obstante, en el amplio programa de recuperación diseñado aún subsisten problemas como los insuficientes niveles de producción de leche –al cierre del 2018 se acopiaron 432 mil toneladas- para satisfacer las demandas de la industria.
Entre otras acciones que se impone llevar a cabo, el funcionario mencionó la necesidad de aumentar las capacidades de envasado, en cantidad y surtidos, y aprovechar mejor el suero para la elaboración de diferentes alimentos. Como parte del programa de recuperación, se ha previsto además remodelar el Lácteo de Santa Clara e incluir en otros combinados líneas de producción de mantequilla, de quesos y de helados con envases de diferentes formatos.
El Presidente Díaz-Canel insistió en la necesidad de encadenar esta industria con la producción ganadera, en la cual se debe fomentar una mejor genética e incrementar las variantes de alimento nacional.
Asimismo, instó a seguir estimulando el programa de los maestros queseros y aprovechar las experiencias de diversos productores particulares, como en el caso del queso de cabra, e integrarlos también al quehacer de la economía.
En la jornada de chequeo, donde también estaban presentes el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y el vicepresidente del Consejo de Ministros, Jorge Luis Tapia Fonseca, se actualizaron cuestiones referidas a la producción de alimentos en el Ministerio de la Agricultura que, entre otros aspectos busca hacer frente a los efectos del cambio climático con la siembra de cultivos más resistentes a la sequía como yuca, plátano burro, quimbombó, calabaza y algunas hortalizas que requieren de poca humedad.
Al referirse a la evolución y sostenibilidad del programa arrocero, el titular del sector, Gustavo Rodríguez Rollero, significó que en él participan 14 empresas de 13 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud y agrupa a 22 mil 218 productores, de los cuales 20 mil 472 pertenecen al sector cooperativo y campesino.
El Programa Arrocero, estrechamente vinculado a la alimentación del pueblo y a la sustitución de importaciones por este concepto, manifiesta un incremento sostenido en los últimos años, aun cuando se requiere continuar la recuperación y modernización de diversas infraestructuras.
A partir de la proyección diseñada, en el año 2023 se deben lograr unas 450 mil toneladas de arroz y para el 2030 se proyectan 600 mil toneladas, lo cual representa el 86% de la demanda nacional que en la actualidad asciende a 700 mil.
Detalló el Ministro de la Agricultura que hasta la fecha se han ejecutado inversiones fundamentalmente en maquinaria agrícola, implementos, las industrias de secado y molinería, y en el transporte. En la actualidad los trabajos de mejora se han extendido a 11 secaderos de arroz; 9 plantas de beneficio, clasificación y tratamiento de semillas; 17 básculas de 80 toneladas para el pesaje; y 14 bases de almacenamiento de arroz cáscara seco con 38 silos.
Un millón 720 mil 700 toneladas de arroz dedicados al consumo de la población se produjeron desde el 2012 hasta el pasado año, que al precio de compra en el mercado mundial aprobado en el Programa de Desarrollo Integral del Arroz representan más de 894 millones de dólares y significa para el país un ahorro de una cifra superior a los 242 millones de dólares en los últimos 7 años.
Cifras, que más allá del indiscutible aporte a la sustitución de importaciones y al desarrollo económico del país, impactan también en la cotidianidad de las familias y respaldan la tan necesaria producción de alimentos de factura nacional, donde se aprovechen al máximo nuestras potencialidades.
El 26 de agosto del
2019 en un extenso comentario sobre los resultados del quinquenio 2013 al 2018,
según los indicadores de las Cuentas Nacionales publicadas por la ONEI señale:
¨La Industria
azucarera decreció en el periodo, a precios corrientes un 44%, y a precios
constantes un 33%. O sea, en términos físicos, la industria azucarera decreció
un tercio en el quinquenio¨.
Más adelante dentro
del mismo comentario escribí:
Lo de la producción
cañera es una vergüenza nacional. Todos los que durante años estuvimos
relacionados muy estrechamente con la producción cañera para producir azúcar,
sabemos que en Cuba hay suficientes tierras de buena calidad con regadío y
también de secano para sembrarlas de caña y que en tres años, como máximo,
estén produciendo caña suficiente para hacer zafras de 3 millones de toneladas
de azúcar. En realidad una caña bien sembrada con regadío, en 18 meses es capaz
de producir 120 mil arrobas por caballería (112 toneladas por hectárea). Es
inconcebible que la industria azucarera haya decrecido un tercio de su
producción del 2013 en el quinquenio, en términos físicos. Es el ejemplo máximo
que con métodos administrativistas y de control desde afuera, sin participación
económica en los resultados, de los cuadros dirigentes y trabajadores, no es
posible en las condiciones actuales, producir ya azúcar en nuestro País. Los
que pensaban lo contrario quizás no necesiten más pruebas.
Hablar de
exportaciones si no somos capaces de producir para exportar al menos tres
millones de toneladas de azúcar al año, nadie creerá en nosotros como
exportadores. Eso eslo que mejor ha
sabido hacer nuestro País como productor y exportador. No es posible que se nos
haya olvidado.
Si se hace todo lo
que hay que hacer, incluido estimular salarialmente a los productores agrícolas
e industriales, con precios estimulantes a los productores privados agrícolas,
e interesar económicamente en los resultados a los directivos agrícolas e
industriales, en moneda nacional, con la exportación, en el 2022 podremos estar
exportando 3 millones de toneladas de azúcar y eso significa producir casi 6
veces lo que se exporto en el 2018. A los precios actuales, 3 millones de
toneladas significan más de mil millones de dólares de exportación. Si se
logran 3 millones para el 2022 se pueden lograr 4 millones para el 2025 y eso
significaría crecer 8 veces con respecto al 2018.
Pero si a la hora
de planificar la producción cañera y azucarera del 2020, se empieza a calcular
que creciendo un 5% e incluso un 10% es un buen crecimiento, no se llegaría a
ese ritmo ni en diez años. Sin embargo, si se planificaran los 3 millones de
toneladas para el 2022, y se tratara de sembrar el grueso de la caña entre el frío de 2019/20 y el resto en la primavera del 2020, aunque se deje un poco
para el frió del 2020, se podría contar con la caña suficiente para producir 3
millones de toneladas para el 2022. No cuento la caña que hoy está en
producción, que por supuesto sería una reserva de cana para los 3 millones de
toneladas.
Pero para lograrlo
no podría ser un Plan burocrático. Habría que concentrar las fuerzas en ese
objetivo y estimular bien a los trabajadores y dirigentes de la producción. No
solo con dinero, también con atención y reconocimiento una vez logrado el
resultado propuesto.
Una breve historia
En 1964, yo era
miembro del Buró provincial del Partido en Matanzas. Un día el compañero Fidel
nos convocó al Buró provincial, al Delegado de la Agricultura y al Presidente
de la JUCEI entonces, que era el equivalente del Gobernador que queremos hoy.
Nos explicó todos los detalles sobre el Plan de producir 10 millones de
toneladas de azúcar para el año 1970. Explico las razones económicas y de
alcance internacional incluso, que convertían en estratégico ese enorme
esfuerzo productivo que el País y la Revolución tendrían que llevar a cabo.
De ahí paso a
explicarnos lo que correspondía a la provincia como tareaa cumplir. Había que sembrar 500 caballerías
de caña. Con regadío y en tierras de Cárdenas y Jovellanos, que ya él había
seleccionado, por las características de no estar sembradas de caña anteriormente, por tener regadío y que entre las dos áreas sumaban las 500 caballerías
que había que sembrar en la temporada de frío y tenerlas sembradas a más tardar
para el 15 de marzo. Que había que hacerles pruebas de PH pues algunas por los
cultivos que tenían anteriormente debían tener acidez. Que se tenía que lograr
alcanzar un rendimiento agrícola de 120 mil arrobas por caballería. Se extendió
en explicaciones agro-técnicas que el dominaba a la perfección.
El Buró del Partido
encargo de la tarea al Jefe del INRA y a tres miembros profesionales del Buró,
uno de los cuales era yo para que le diéramos apoyo político y organizativo a
la Agricultura.
Antes del 15 de
marzo del siguiente añoestaban sembradas las 500 caballerías. El
Comandante verifico el cumplimiento de la tarea. Esas 500 caballerías, que 18
meses después tenían 120 mil arrobas por caballería, 60 millones de arrobas,
jugaron su papel para que la provincia de Matanzas pudiese cumplir su Plan de producir
1 millón de toneladas de azúcar en la Zafra del 70.
26 de Noviembre de
2019
*Joaquín Benavides Rodríguez. Ocupó el cargo de Ministro- Presidente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (1980-1986). Fue Ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la Economía (1986-1991). Entre 1991 y 2003 ocupó el cargo de Viceministro de Economía del Ministerio de Transporte
El fondo de tierras de la Empresa Azucarera en Ciego de Ávila es de unas 83 000 ha. Y plantadas solo tienen unas 43 000 ha, alrededor de la mitad. Foto: Pastor Batista. Infografía: Sayli Sosa
Mucho antes del pitazo hay una “molienda” silenciosa, pero no menos estruendosa, que este año expone a las 32 400 hectáreas de caña que serán convertidas en azúcar. De esos granos, todavía sembrados, quisimos contar ahora. Ya el dulzor final nos llevará a nuevos reportajes
Por esos giros empecinados de la historia, la Ilusión alguna vez ha pretendido ser Desengaño, el nombre que antes tuvo esa franja de tierra donde 25 años han sido tiempo suficiente para que Alfredo Oropesa Díaz se resista a volver al pasado… por más que los rendimientos cañeros pretendan quitarle la razón.
Desengañarse lo llevaría, como corresponde, de un extremo a otro, de 276 toneladas por hectárea (t/ha) a 42; números obtenidos en tiempos y condiciones tan diferentes que la comparación solo serviría para recordarle lo que ya sabe de memoria: “cuando a la caña se le hace lo que lleva…”
Pues puede pasar esto: 276 t/ha en una pequeña parcela que sigue siendo el referente nacional porque sigue siendo, hasta hoy, el récord histórico del país. Así lo contaba en 2010 la revista de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC) aludiendo, incluso, a cañas de casi seis metros de altura. “Ilusión convertida en realidad”, lo titulaban entonces, pero otro podría ser el nombre si intentáramos el reporte actual.
“Lo que quedó sin cortar sirvió para hacer historia”, rememora el Presidente de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Ilusión, mientras narra el contexto de 2008, cuando se obtuvo el récord, y el de 2018, cuando las 42 t/ha pudieran explicarse desde los camiones llegando a Acopio con igual volumen y menos peso, con cañas cortadas en diciembre y potasio (importantísimo para el peso) arribando en junio; enrolladores parados por transformadores, y riego paralizado en dos de sus tres máquinas; cañas que sobrevivieron a la extrema sequía y al ciclón Irma y dan lo poco que les queda ya antes de ser demolidas…
Bastaría la prolijidad de Alfredo para entender la primera acepción de la palabra desengaño, según el Diccionario de la Lengua Española: “conocimiento de la verdad”.
Sin embargo, otros nombres no le hacen honor a la verdad de una provincia que exhibió en su última contienda rendimientos promedios de 41 t/ha. Jorge Montero Cerezo, director de Atención al Productor Agropecuario (APA) en la Empresa Azucarera Ciego de Ávila, admite que son bajísimos y que, bajo sistemas de riego, se rozan apenas las 50 t/ha, mientras otras provincias alcanzan tal cifra en condiciones de secano.
La confirmación llegaría, también, durante el último balance económico, efectuado el pasado mes de octubre, donde se le puso “color” a tal desempeño con medallas de oro (2), plata (1) y bronce (4) a las siete unidades productivas que alcanzaron rendimientos por encima de las 70, 60 y 50 t/ha, respectivamente: apenas siete de las 60 que en Ciego de Ávila se dedican al cultivo de la gramínea; siete, de las 79 que en el país sobrepasan esa meta.
Y si un dato faltaba para tasar con exactitud la “molienda” que enfrenta el sector avileño, que carga sobre sus hombros 21 unidades con rendimientos por debajo de 33 t/ha —y Montero refiere que por debajo de 30 el criterio a considerar es extinción—, ahí está el dato de las que sobreviven: a juzgar por el balance de octubre, solo 17 unidades pudieron distribuir utilidades; al resto… la cuenta, no les da, o les da apretá’.
Esta brigada pertenece a la mejor UBPC de la provincia, Comandante Guevara, y cada hombre, por norma, se lleva 15.00 pesos a casa cada día. Hay quien logra un poquito más. Foto: Nohema Díaz Muñoz
Las culpas excederían con creces los cinco millones de pesos que AzCuba admitió haber pagado al cierre de la pasada zafra por una caña que no era tal. Materia extraña le dicen a eso, a todo lo que llega al basculador del central y no se traduce luego en azúcar. Especies invasoras, hojas, cogollos, tierra, piedras…
Mas antes de que la caña sea entrenudos a las puertas de la industria, habría que “desnudar” primero, mucho de lo que hoy extraña a pocos.
Si esto dicen los que saben…
Entre el ocuje y el roble hay una diferencia que nada tiene que ver con la belleza, y solo uno de los 21 hombres de la brigada integral que surca la caña de la UBPC Comandante Guevara lo sabe con exactitud, porque su guataca es la más ligera. El roble lo cansa menos y al final lo caro le sale barato; una inversión contraria a la que experimenta su UBPC, por más que se haya alzado con el oro de 71 t/ha en el medallero de la caña. Se jactarán frente a otros, aunque contra sí no pueden, y Rodobaldo Marrero Aguiar, el jefe de Producción, lo esboza.
“Eso de que la inversión de la caña se paga a los cuatro cortes y todos los que hagas después ya son ganancia… está siendo cada vez más difícil, sobre todo desde que los autobasculantes empezaron a meterse en el campo. No hay caña de calidad después que esos bichos tan pesados le pasan varias veces por arriba a la cepa, aquí estamos que no queremos ni verlos”, dice en un medio tono que amplifica el presidente de la UBPC, Rigoberto Rodríguez Pérez.
Vea un autobasculante en faenas en los campos del Escambray espirituano
“Aquí dijimos que no entran más, llevamos como cuatro años denunciándolo y no nos hacen caso, y ya esto tiene otro nivel, porque estamos pagándolo muy caro. Nos dijeron que por Matanzas esas carretas tenían otro diseño, que el ancho era otro y las gomas no caían encima de los surcos; sin embargo, las de aquí arrasan y es mucha la caña que botan al descargar en los camiones de noche, a oscuras en medio del campo…”, explica Rigoberto.
Se suponía que esa especie de alzadora con varias toneladas de peso iba a facilitar el trasiego dentro del campo. Se suponía… solo que ahora el trasiego del corte se ha convertido en un problema para el retoño. Campos que antes admitían hasta 10 cortes con rendimientos que lo justificaban, ahora... “¿ahora? No, hija, no, ahora no se puede pensar a largo plazo y pa’ colmo todo se nos encarece cuando vamos a preparar la tierra donde demolimos”.
El “todo” yace en una larguísima lista de productos y servicios que subieron cuando la tonelada de caña ascendió de 150.00 pesos a 175.00. Israel Fardale Díaz, económico de la unidad, la muestra con sus excesos, pues la proporción no fue pareja. Mientras la tonelada de caña aumentó en 25.00 pesos, hubo productos que se multiplicaron por 10, 20, 30…
En un debate de Invasor con la mejor UBPC de la provincia, se expone sin tapujos toda la “maleza” que les impide crecer más. Foto: Nohema Díaz Muñoz
Por esa fecha se reestructuró el sector azucarero y surgió “el APA”, como le llaman todos, que no es otra cosa que una Unidad Empresarial de Base (UEB) de Atención al Productor Agropecuario (APA) que presta servicios a todas las unidades cañeras. Insumos y servicios se dispararon “a tono con el mercado internacional”, y en el surco solo se dispararon las opiniones. La norma diaria de los hombres de la Integral 21 es de 15.00 pesos y casi nadie logra doblarla y llevarse 30.00 pesos a casa. “Pregunta cuánto cobra un chofer de un jefe allí en la APA, ¿dale?”, instiga uno de ellos y todos lo secundan.
Yunier Cruz Romero, jefe del grupo de Caña y Riego de la UEB APA Ecuador, en el municipio de Baraguá, admite algo de la polémica: “La idea está muy bien, porque no hay maquinaria específica para cada cooperativa, pero es cierto que nuestros servicios son carísimos comparado con lo que se genera en las unidades”.
Por eso Rigoberto Rodríguez nunca va a entender semejante distorsión, sobre todo porque creía que la moderna maquinaria abarataría los costos y no que los llevaría a cuenta de lápiz, con márgenes cada vez más estrechos. Y es de ese equilibrio en las finanzas del que se desprenden las posibilidades reales de atender la caña. Y, al menos en la Comandante Guevara, con todo el prestigio que les da su oro, creen que a la vuelta de unos cinco años no quedará unidad cañera en Ciego de Ávila con utilidades. “Nos están exprimiendo”, confiesa el económico Fardale.
Es entonces cuando cumplir lo pactado con la industria se convierte en una camisa de (doble) fuerza, pues las relaciones contractuales con el ingenio establecen que si la unidad no entrega la caña que aseguró entregaría, debe pagarle a la industria el valor de las toneladas dejadas de moler. Así comienzan a pujar lo estimado y lo real. ¿Y quién gana?
Pero la pregunta a Jorge Montero Cerezo, director de Atención al Productor Agropecuario (APA) en la Empresa Azucarera no fue esa, fue más directa:
—¿Se corta caña de la que no debería (el famoso “dejar quedar”) para cumplir con los estimados y con los planes?
—Sí —dice entrecortado, sin renunciar, obviamente, a una explicación que se convierte también en pregunta—. ¿Y qué es peor, parar el central por falta de caña, porque no llegó la que se dijo, o cortar un campo que estaba programado para la campaña venidera?
Desde su punto de vista, y de acuerdo con los análisis que, asegura, se hacen en la Empresa, el “mal menor” de una práctica que no estimulan, le toca al campo. En cambio, la visión en la Comandante Guevara es “demoledora”.
Allí sacan la cuenta de cuánto tendrían que pagarle al central por haberse quedado por debajo del estimado y cuánto dejarían de ganar por cortar una caña que no está en el rendimiento máximo, mas puede aprovecharse un porcentaje.
Con esa diferencia “te tapas” y a la larga, cuando cumples, puedes pagarle la divisa a los trabajadores y no afectar las finanzas de ese año, distribuir utilidades… poder seguir viviendo; de lo contrario, ni presente ni futuro.
En esencia, esas son las operaciones que justifican hipotecar el porvenir, aunque la Comandante Guevara tiene caña para corto y largo plazos. Allí solo debaten los procederes a los que han tenido que acudir alguna vez, presionados por los números y el cumplimiento moral.
Lo ideal, advierten, es respetar la estrategia de corte, y sobre todo, hacer un estimado real, objetivo.
¿Y cómo se estima?, pregunta Invasor a Alexis Martí Iglesia, especialista en la Empresa Azucarera que atiende Programación y Estimado. La respuesta es el deber ser, advierte el entendido, quien adelanta que las bases productivas son la responsables (presidentes, administradores, jefe de Producción, de Maquinaria, técnicos, jefes de Lote…) de llenar una base de datos donde los números responden al potencial de esa variedad, la cepa, los cortes que ya tiene, el riego que recibió…
“Es el consenso el que tiene la palabra”, destaca, mientras ilustra en una extensa lista todas las bases productivas de Ciego de Ávila con sus estimados y reales. “Donde veas las grandes diferencias puede significar que lo hicieron a dedo, detrás de un buró, y después son las cosas… “
Una de esas cosas detectó, hace dos años, unas 1 600 ha que, desde la UEB Primero de Enero, se reportaron en papeles y en la práctica nunca estuvieron sembradas. Mientras “tocaban con la mano” los estimados, descubrieron el fraude y el escándalo fue la confirmación de la imperiosidad de apegarse a la tierra.
Sin embargo, el incumplimiento de la pasada zafra que dejó a esta provincia con unos 30 millones de dólares menos que no entraron por concepto de exportación de azúcar, no se debió a falta de caña o a estimaciones poco objetivas, asegura Alexis. “El problema es que hubo que entregar más caña al central para lograr el azúcar que se necesitaba y ni así fue posible. La caña no rindió lo esperado”.
No obstante, ninguno de los entrevistados habla, en primera instancia, de crecimientos horizontales, aun cuando la Empresa Azucarera reconozca un total de 30 000 ha vacías de las 83 000 ha que tiene en su fondo de tierra y el decrecimiento en sus áreas plantadas de unos 10 000 ha en los últimos cuatro años. La realidad, inobjetable, es que tenemos menos caña y casi ya una Bioeléctrica que necesita más del doble de la que hoy procesa el central Ciro Redondo.
Aunque otra, no menos evidente, como lo atestigua Iván Jiménez Darias, director adjunto de la Empresa Azucarera, es que debemos ir sembrando unas 14 000 ha para irnos recuperando y no hemos podido.
Los datos ofrecidos por el Departamento de Programación y Estimado muestran que las áreas plantadas cada año no alcanzan esas cifras (sin contar el porcentaje de pérdidas, que luego las reduce más) y en la Plenaria de Zafra, efectuada la semana pasada, se ubicaba a Ciego de Ávila entre las tres peores provincias en el acápite de siembra.
Jorge Montero admite que “no podemos sembrar más caña de la que podemos atender”, si bien las estadísticas del Departamento de Recursos Humanos no muestran a un sector con decrecimientos considerables en el último quinquenio. “Nos falta, sí, gente preparada, directivos en la base que sepan y sean líderes”.
Víctor Diéguez Ogando, jefe del Grupo de Riego y Drenaje, lo ilustra: “Regar no es echar agua, y eso es lo que muchos hacen. Obvian, incluso, que los suelos ferralíticos rojos, que son la mayoría, no retienen la humedad y creen que porque llovió no necesitan riego, por solo ponerte un ejemplo”, aclara.
En la actualidad, el 25 por ciento del total de caña posee riego (ya sea con máquina, goteo o enrolladores), y el 70 por ciento se caracteriza como eficiente; de ahí que Víctor no encuentra otra justificación, a no ser “el actuar del hombre”, para entender por qué, bajo semejantes condiciones, los rendimientos promedian las 50 t/ha, y no se acerquen a las 80 o 90 que, dice, deberían tener.
Sucede que, mientras fertilizantes y herbicidas sigan desfasados o ausentes —y la causa nos lleva otra vez a serias restricciones financieras— se hará muy difícil tasar el peso que corresponde a cada golpe que recibe la gramínea, pues se le propinan desde varios lados.
Los sistemas de riego se hacen incompatibles, tornillos de viejas máquinas no sirven a las nuevas y se dificultan las reparaciones. Foto: Nohema Díaz Muñoz
Durante el recorrido de Invasor por varias unidades, confirmamos lo que ya nos habían adelantado en la Empresa Azucarera. Muchos fertilizantes se aplicaron tarde o no se aplicaron porque no entraron. Ni siquiera Alexander de la Peña Rodríguez, el productor de más alto rendimiento del país en la pasada zafra, pudo confirmarnos en su finca de Baraguá que tiene “el paquete necesario” para esta contienda. Su cúspide “peligra” ahora.
Fuimos testigos de cómo en la UBPC Miguel Fadraga Hernández se batían con la ausencia de transformadores para poner en marcha sus máquinas de riego, o con qué ironía José Domínguez Bernal, en la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Carlos Rodríguez Careaga, nos pedía dos tardes, al menos, con el fin de ver si el tiempo le alcanzaba a decir todo lo mal que andaba por allá la caña. Nos sorprendíamos en la CCS Protesta de Baraguá, la mayor de las cañeras, por las plantaciones programadas para cortar en diciembre y cortadas definitivamente en abril, “¿estrategia?”, se preguntaban allí.
El rosario de opiniones emitidas en el balance económico de octubre —conforme al acta a la que este semanario tuvo acceso— exponía, asimismo, no pocas incongruencias que se sumaban al atraso considerable de la siembra que ya padecíamos antes de que la escasez de combustible frenara tal propósito.
Y si bien los directivos aseguran que desde hace tres años se ha mejorado la maquinaria de cultivo y siembra, hasta ahora todo indica que son los hombres quienes siguen cosechándoles los mayores escollos a la caña, y esa materia (humana) le es tan inherente que ya ni extraña. Se muele con ella. ( Tomado del Invasor)
CAMAGÜEY.- Con la producción de más de 700 mil 625 huevos hasta el cierre de octubre se sobrecumplen las expectativas de lo proyectado para el período en la moderna granja avícola automatizada del poblado de Las Clavellinas, a unos 15 kilómetros de esta urbe.
Desde la ubicación ahí a inicios de septiembre de los primeros rebaños de gallinas, hasta el momento, ya los animales han alcanzado su máximo potencial de puesta tras los 175 días necesarios para completar su adaptación y necesaria madurez biológica.
Según comentó Jesús Díaz Quinta, director de producción en la Empresa Avícola de la provincia, ahí suman 53 mil 700 animales de cuyos resultados depende en gran medida que el territorio culmine el actual año con la entrega al balance nacional de 127 millones 678 mil posturas, una notable recuperación luego del déficit de principios de año.
La moderna instalación ofrece condiciones óptimas de crianza, íntegramente automatizadas, porque la alimentación de la masa, la recogida del producto y la extracción de las excretas se ejecutan a través de canales, y mediante sensores se controlan los sistemas de iluminación, extracción de aire y paneles de enfriamiento
Solamente en lo que va de este y hasta día 24, todas las granjas del territorio camagüeyano suman más de nueve millones 600 mil huevos, lo cual demuestra una estable tendencia a la recuperación de las deficiencias presentadas en el primer trimestre del año en la distribución del alimento.
En esas fechas la escasez de las materias primas necesarias para la correcta elaboración de piensos de la alimentación de las aves, disminuyó los índices productivos de la provincia, pero con la moderna granja regresa la estabilidad, pues en octubre se produjeron 11 millones 720 mil 460 huevos en toda la provincia.
Con esos índices suman, ya producidos, un total de 107 millones 129 mil 200 huevos del plan del año, lo cual significa hasta el momento cuatro millones más de lo acopiado en igual período de 2018.
En el país, además de esta moderna granja, solamente existe otra instalación de su tipo en la provincia de Pinar del Río.
Comentario HHC: Esta es la vía a seguir en todos los sectores de la economía incluyendo los llamados presupuestados, incrementar la productividad del trabajo mediante el uso de la técnica mas avanzada existente, esto es lo que nos llevara a resolver nuestros problemas financieros porque nos hara competitivos a nivel internacional.
Por cierto el articulo no habla del empleo de la fuerza de trabajo cuanto se ahorraron que es esencial y tampoco de las posibilidades de exportación de huevos como vía para reinvertir en la planta en la mejora continua y estimular a los trabajadores por los resultados obtenidos.
En la experiencia mundial hasta en la salud y educación se puede incrementar la productividad del trabajo con la introducción de la ciencia y la técnica, nos ahorraríamos tiempo y dinero, y con el envejecimiento de la población fuerza de trabajo.
¿ Que vamos hacer con el casi un millón de trabajadores que tenemos en la agricultura que no producen ni la mitad de los alimentos que consumimos cuando tenemos todo el potencial para ser eficiente también en este sector?.
La Gaceta Oficial Ordinaria No. 14 publica hoy el Decreto-Ley No. 390, de octubre de 2019, Creación experimental de las unidades de servicios y trámites, cuyo máximo propósito consiste en simplificar y agilizar las gestiones, que realizan las personas naturales en un grupo importante de instituciones públicas
Esta experiencia pretende minimizar la carga burocrática que agobia a la población.Foto:Ariel Cecilio Lemus
La dilación de casi todos los trámites que realiza la población es, para muchos, «una enfermedad crónica», «un mal sin solución», a pesar de las medidas que constantemente se adoptan para agilizar tales gestiones y minimizar la carga burocrática que las acompañan. Los buenos ejemplos, hasta hoy, siguen siendo la excepción y el camino para convertirlos en regla todavía parece largo.
Sin embargo, la voluntad del país de allanar aquellos procesos por los cuales transitan las personas para resolver sus conflictos diarios llega a un peldaño superior con la publicación hoy, en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 14, del Decreto-Ley No. 390, de octubre de 2019, Creación experimental de las unidades de servicios y trámites, cuyo máximo propósito consiste en simplificarlos.
De acuerdo con la letra del propio Decreto-Ley, «resultaba necesario regular, de manera integradora y con carácter experimental, la creación, organización y los principios que rigen el funcionamiento de las unidades de servicios y trámites, como parte del proceso de actualización del modelo económico, que se desarrolla en el país y que requería la aprobación de una norma jurídica de superior jerarquía».
Según explicó a Granma Juan Manuel López Acevedo, jefe del Grupo de Información e Informática de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, la normativa establece en una primera etapa la creación, de forma experimental, de estas unidades en las provincias de Artemisa, Mayabeque y el municipio matancero de Cárdenas; y prevé avanzar escalonadamente en la generalización de dicha experiencia, luego de evaluar en el transcurso de 2020 los ajustes que se requieran.
Los antecedentes de este experimento, evocó, se remontan a 2013, cuando comenzó a funcionar en el municipio de Güines, perteneciente a la provincia de Mayabeque, una unidad de servicios y trámites bajo los preceptos descritos en el Decreto-Ley No. 390. Solo que la ampliación de esa práctica precisaba de un respaldo legal, materializado hoy con esta nueva norma.
Teniendo en cuenta que lo legislado entra en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, apuntó López Acevedo, ya se han creado las condiciones, en el caso de Artemisa, para su implementación inmediata en el municipio cabecera y se trabaja para su generalización en el resto de la provincia.
Respecto a Mayabeque –añadió–, cinco de sus municipios ya cumplen con los requisitos y se labora para su extensión a los demás territorios. En Cárdenas, entretanto, se preparan los medios en el consejo popular de Santa Marta.
LA UNIDAD AL DETALLE
Diseñadas con la participación de las universidades Agraria y Tecnológica de La Habana (Cujae), así como con los organismos, cuyos servicios y trámites tienen mayor impacto en la población, las unidades conciben su funcionamiento, al decir de Ángel Guerra Cáceres, especialista principal del Grupo de Información e Informática de la Comisión, en un esquema de ventanilla única.
En un primer momento, informó, se integran 106 tipos de servicios y trámites vinculados a ocho ministerios y el Instituto de Planificación Física.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: actividad de empleo, que incluye el trabajo por cuenta propia.
Ministerio de Justicia: Registros Civiles, de la Propiedad, de Actos de Última Voluntad y Central de Sancionados, así como Servicios Notariales.
Ministerio de Finanzas y Precios: cobro de multas y Registro de Contribuyentes.
Ministerio del Comercio Interior: Registro de Consumidores.
Ministerio de la Construcción: trámites y servicios asociados a la vivienda, excepto los litigios.
Instituto de Planificación Física: trámites asociados a la vivienda, el trabajo por cuenta propia y el servicio Catastral.
Ministerio de Salud Pública: licencia sanitaria.
Ministerio de Transporte: licencia operativa de transporte.
Ministerio de la Agricultura: Registros de la Tierra, Pecuario y Tractores.
Otros que se autoricen por el Consejo de Ministros.
Según Guerra Cáceres, la concepción y funcionamiento de estas unidades forman parte del proceso de informatización de la sociedad, y de manera particular se insertan en el desarrollo del gobierno electrónico.
Además, subrayó, su puesta en práctica resulta decisiva en la implementación de la política aprobada para la simplificación e integración de los trámites, debido a su impacto sustancial en la eficacia y calidad de los servicios, que brindan las instituciones públicas a las personas naturales.
Se trata, en palabras de López Acevedo, de un procedimiento sencillo: la persona realiza la solicitud de determinado trámite, cuya realización tendrá un término, por lo general inferior a los establecidos actualmente. Su próxima visita a la unidad será para recoger lo solicitado, sin obviar la posibilidad de darle seguimiento en línea al trámite en cuestión, mediante una aplicación para celulares denominada Gestram, o a través de una página web.
Reiteró que «dicha estructura de funcionamiento, desde un enfoque científico de sistema de trabajo por procesos, garantiza agilidad e integración de funciones, sin perder la especialización».
Para el diseño de este tipo de unidades, detalló López Acevedo, el primer paso fue realizado por ingenieros industriales, quienes definieron su organización, ya no desde el concepto actual de trámite vertical, sino desde una visión sistémica, a partir de la informatización de los procesos.
Asimismo, cumpliendo indicaciones del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se estudian otros servicios y trámites que puedan incorporarse.
Vale destacar, en opinión de Guerra Cáceres, que la concepción de estas unidades, subordinadas a las administraciones municipales, como parte del principio constitucional de empoderamiento de los territorios, además de modificar el tratamiento de los trámites, incluye mejoras en las condiciones de trabajo y de estancia para la población.
Se crean, de acuerdo con el Decreto- Ley No. 390, a razón de una por hasta 75 000 habitantes. No obstante, teniendo en cuenta las características poblacionales de determinados asentamientos, se pueden aprobar subunidades para la solicitud, tramitación, solución y entrega de los documentos.
La norma también contempla, entre sus fortalezas, la posibilidad de reclamar ante una posible vulneración de derechos de las personas.
Y, en correspondencia con una de sus Disposiciones Especiales, los jefes de los organismos y entidades nacionales, que dirigen los servicios y trámites previstos en esta experiencia, deben elaborar, dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto-Ley No. 390, los procedimientos que aseguren la simplificación administrativa (disminución de burocracia) y la integración de los procesos en una sola instalación, lo que permitirá disminuir los tiempos de respuesta y las gestiones.
APUNTES DEL DECRETO-LEY NO. 390
La simplificación e integración de los servicios y los trámites se sustentan en los principios siguientes:
Facilitar los servicios y disminuir los trámites, a partir de la integración y simplificación de los requisitos exigidos, los tiempos de respuesta y los modelos asociados a estos.
Implementar la responsabilidad, la colaboración, el intercambio de información y experiencias entre las instituciones y entidades estatales para la solución de los servicios y trámites.
Instrumentar las acciones organizativas y tecnológicas, que garanticen la seguridad jurídica y de la información.
Establecer e implementar un sistema coherente de gestión del capital humano, que abarque la selección del personal, su preparación integral, la evaluación del desempeño y las formas de pago, en correspondencia con la política salarial aprobada.
Implementar con sustento informático, sobre la base de indicadores de eficiencia, el sistema de gestión y control que garantice el cumplimiento efectivo de la actividad de los servicios y trámites que permita evaluar su calidad.
BASES CONCEPTUALES
El Decreto-Ley No. 390 se corresponde con lo expresado en los Lineamientos 97, 236 y 273, aprobados en el 7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba.
