Por Pedro Monreal . El Estado como tal
El Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero, subrayó en la Mesa Redonda del 23 de marzo dedicada al enfrentamiento de la pandemia de COVID-19 la importancia de “producir más alimentos en esta situación” y adelantó que el 25 de marzo se reuniría el Consejo de Ministros para analizar nuevas medidas económicas.
La primera de las medidas económicas que debería adoptarse sería un urgente programa de seguridad alimentaria, con un horizonte temporal inicial de tres meses y posterior extensión.
De hecho, la información parcial permite identificar declaraciones recientes de altos funcionarios cubanos, incluyendo el Presidente de la República, que apuntarían en ese sentido.
¿Por qué se necesitaría ahora un programa específico en materia alimentaria como parte del enfrentamiento del COVID-19?
La razón parece evidente. Además de la salud pública, existe solamente otro sector que absolutamente debe seguir continuando su funcionamiento en medio de una emergencia sanitaria: la alimentación.
El estado de la alimentación de los ciudadanos cubanos se enfrenta ahora a una amenaza múltiple. Por una parte, el efecto pernicioso de la epidemia en el funcionamiento de las cadenas de suministros necesarios para el sistema alimentario nacional, así como el impacto negativo de la pandemia en una crisis económica global que reduce las disponibilidades de divisas que se necesitan.
Por otra parte, aunque no se ha llegado a esa fase, existe la probabilidad de que las medidas sanitarias pudieran implicar algunas modalidades de “confinamiento” (algunos le llaman “cuarentena”), en cuyo caso se produciría una paralización temporal -quizás extensa- de muchas actividades económicas y sociales del país.
En ese escenario, el sistema alimentario tendría que operar bajo condiciones especiales que, eximiéndolo del “confinamiento”, le permitiría cumplir una función irremplazable: garantizar la alimentación diaria de 11 millones de cubanos.
¿Se limitaría el programa urgente de seguridad alimentaria a los próximos tres meses?
Una de las ventajas de un programa urgente de seguridad alimentaria sería que, aunque se establecería inicialmente como respuesta a una emergencia sanitaria (la pandemia de coronavirus), el programa tendría la utilidad adicional de que también respondería a las necesidades de más largo plazo de tener que enfrentar una crisis económica cuya gravedad exigiría una atención especial a la alimentación de los ciudadanos cubanos.
No debería perderse de vista que, además de la actual emergencia sanitaria, parece inevitable que Cuba entre en una recesión económica cuyo nivel es difícil de estimar ahora, pero que pudiera ser una crisis relativamente severa.
En ese sentido, conviene hacer una precisión importante: en lo inmediato habría que asegurar las importaciones. En este punto no cabe hacerse ilusiones ya que el eventual incremento del peso de los alimentos producidos nacionalmente, que pudiera ser incentivado por el programa, se produciría de manera progresiva y por tanto la satisfacción de las necesidades inmediatas de alimentos debe incluir, cuando menos, el aseguramiento de los niveles actuales de importación.
¿Cuál sería el margen de maniobra del sistema alimentario cubano en un contexto de crisis doble (emergencia sanitaria y recesión global)?
A los efectos prácticos, no se dispone de holgura.
En el actual contexto de la pandemia, los países desarrollados disponen de cierta holgura entre una fase a la que llaman de “ruptura temporal de inventarios”, motivada en buena medida por la avalancha de compradores hacia los comercios, y la “penuria alimentaria” que ocurriría cuando comenzaran a faltar alimentos de manera absoluta y en gran escala.
En un país como Francia, por ejemplo, se calcula que la actual emergencia sanitaria tendría que prolongarse durante más de ocho meses para que se llegase a la fase de “penuria”. Sin embargo, Cuba se encuentra en una situación radicalmente diferente.
¿Cuáles características del sistema alimentario cubano no deberían perderse de vista?
Habría que tener en cuenta cuatro elementos:
- A diferencia de otros países en los que el problema tradicional del sector agropecuario es el exceso de oferta, el problema del agro cubano es su habitual incapacidad para generar la oferta adecuada.
- El agro cubano es el sector con menor productividad del país, se encuentra descapitalizado, es el mayor empleador del país, y cuenta un potencial de activos no utilizados que es mayor que el de cualquier otro sector económico (principalmente se desaprovecha tierra cultivable).
- La cadena alimentaria cubana, que además del agro incluye el acopio, la industria procesadora, el transporte, la distribución y el consumo, se caracteriza no solamente por tener eslabones muy débiles (por ejemplo, el acopio), sino también por tener una relación inestable entre sus eslabones.
- El sistema estatal de distribución de alimentos subsidiados y racionados cubre una parte de las necesidades de alimentos y el resto de la alimentación debe ser adquirida en mercados con niveles de precios que no tienen relación lógica con los salarios y las pensiones.
¿Qué pudiera hacer el Consejo de Ministros?
El Consejo de Ministros pudiera transformar rápidamente en un programa de seguridad alimentaria las soluciones identificadas que tuvieran la posibilidad de funcionar en los próximos tres meses y agregar otras que no hayan sido identificadas, pero que son urgentes.
Es decir, no se trataría ahora de pensar en las soluciones “estructurales” ni de desgastarse con la “envoltura ideológica” de las medidas. Debería ponerse a un lado -dada la urgencia de las respuestas que se necesitan ahora mismo- todo lo relacionado con términos imprecisos como el “perfeccionamiento” de las entidades estatales, las reticencias respecto a las PYMES y las obcecaciones con el “enriquecimiento”.
¿Cuáles pudieran ser las principales directivas del programa?
- Divisas: Asignar las divisas necesarias para asegurar el nivel actual de importaciones de alimentos, al menos durante los tres primeros meses. Es una directiva imprescindible. El presidente cubano ha mencionado recientemente la “importación rápida de productos”.
- Sector privado: Priorizar el rápido aseguramiento que se requiere para garantizar niveles productivos superiores en el sector privado porque es allí donde se garantiza hoy una parte crucial de la producción agropecuaria, que es el eslabón de base de la cadena alimentaria. Deberían legalizarse rápidamente las PYMES que, de facto, operen en la cadena alimentaria. Es una directiva eminentemente pragmática: la producción privada en el agro es un “pájaro en mano que vale más que cien volando”.
- Asignación de recursos: Redistribución urgente de recursos inicialmente asignados a otros sectores que no podrán utilizarlos en la actual coyuntura, tanto los componentes de capital operativo (principalmente divisas para importar insumos, asignación de medios de transporte, combustibles, y fuerza de trabajo), así como recursos para la inversión para aproximadamente duplicar el porciento que representa la inversión en el agro en relación con la inversión total, aumentándola hasta un nivel del 10%.
- Incentivos al productor: Incrementar el incentivo a los productores mediante una modificación radical de la gestión de precios de acopio (incremento de los precios pagados al productor) y establecimiento de precios mínimos de apoyo (precios “piso”), en vez del enfoque actual de topes de precios (precios “techo)
- Relaciones de mercado: Pasar el funcionamiento de la cadena alimentaria a una relación de oferta y demanda, inicialmente con regulaciones mínimas enfocadas en impedir acaparamiento y especulación. El Estado compensaría mediante subsidio, en el eslabón de consumo final, las diferencias de precios con las que se desee beneficiar al consumidor.
- Racionamiento y subsidio de la canasta básica: El Estado aseguraría en los tres primeros meses la distribución racionada y con precios subsidiados de una canasta básica de alimentos que debería ser sustancialmente mayor que la actual. Implicaría una reducción temporal del peso que tendrían otros mercados en la alimentación de una población en riesgo creciente.
- Medidas especiales en el contexto de emergencia sanitaria: Se adoptarían las medidas necesarias en materia de las excepciones que se aplicarían respecto a posibles confinamientos de circulación a los participantes claves de la cadena alimentaria y de las actividades de aseguramiento, así como estrictas disposiciones de higiene para trabajadores, medios y sobre todo los productos, ya que de ninguna manera pudieran afectarse las normas sanitarias de los alimentos. Un detalle importante: la justificadísima preocupación con preservar la salud del personal médico en medio de una epidemia también vale para los trabajadores que producen y distribuyen alimentos.
¿Qué otros aspectos puntuales pudieran ser considerados?
- Debería identificarse, con la mayor precisión posible, la eventual reubicación en actividades de la cadena alimentaria de un número de trabajadores temporalmente “excedentes” en otros sectores y estudiantes, especialmente en momentos “picos” de cosechas. Ello implicaría adoptar facilidades e incentivos para estimular la reubicación laboral.
- La suspensión temporal de actividades docentes y laborales pudiera producir una modificación en los patrones de consumo de alimentos (menos comida elaborada y mayor cocción en los hogares) y por tanto en el surtido de alimentos y de sus formas de distribución durante una emergencia sanitaria que pudiera llegar a tener modalidades de confinamiento.
- Añadir al mecanismo vigente de compras en divisas la adquisición por parte de los participantes en la cadena (no solamente los agricultores) de equipos, partes, e insumos (pesticidas, fertilizantes, etc.).
- Priorizar la industria de conservas, especialmente a nivel local.
No hay comentarios:
Publicar un comentario